La zona afectada por el incendio de La Mierla en Guadalajara es una de las comarcas ganaderas más importantes de Castilla-La Mancha. Los ganaderos con ganado en la zona afectada están “nerviosos” y desesperados por la impotencia de ver cómo no pueden acceder a las zonas donde están los animales para darles de comer y beber.

Carlos Cerrada tiene mil cabezas de cabras y ovejas en Prádena de Atienza, una parte están en una nave cerca del pueblo y otra en un vallado fuera. “Los que tengo en el vallado no sé si se habrán quemado o no, pero el problema es que están mis animales sin comer ni beber ya tres días y se van a morir todos de hambre y de sed”, dice desde la zona del fuego en declaraciones a Agroalimentaria.

Ha intentado acceder a ellos por todas las vías, “he llegado hasta la pista de Cañamares, está la Guardia Civil y no me dejan, ‘si pasa usted lo denunciamos y si se pone un poco pesado lo esposamos y va derecho al calabozo’, me han dicho. Y por Gascuña tampoco puedo ir porque también está cerrado”. A este problema se suma que los animales “están pariendo, me voy a encontrar allí lo que no está escrito”.

Carlos ha pedido media hora para entrar a llevar agua y comida y salir, pero no ha sido posible ya que la situación, según ha dicho él mismo, en esta zona va a peor. “Que me quedo sin animales como me llamo Carlos Cerrada”, verbaliza.

Animales en los pueblos para protegerlos

En la misma situación están una veintena de ganaderos en la zona de Jadraque. “Estamos mal y cabreados porque hay mucho descontrol, la Guardia Civil que no nos deja pasar a dar de comer a nuestro ganado. Viene humo y fuego por todos los lados y nadie nos dice cómo está el tema”, asegura Fernando Moreno.

Este ganaderos tiene vacas, una parte de su ganado está pegado al centro de la Nava de Jadraque con collares de vallado virtual, “cerradas en grupos pegados a los cascos urbanos, la zona más segura”.

Otra parte las tiene en el pantano de Alcorlo, “las hemos dejado a su aventura, están sueltas en el campo, las tenemos cogidas con vallados virtuales”.

El problema ya no es el fuego, lo que más les preocupa es la falta de alimento y agua, sobre todo con el calor que hace en la zona. “No nos dejan pasar a alimentarlas, he bajado a por un camión de pienso esta mañana, pero nos tiene bloqueados y nos han dicho que no nos dejaban pasar ni comida ni agua ni nada”, asegura.

“Hace ya dos días que no podemos acercarnos, el ganado sin comer puede pasar tiempo pero sin beber no” y no parece que la situación vaya a cambiar. “Acabo de hablar con el delegado del Desarrollo Sostenible para ver si nos dejaban pasar porque ayer nos dijeron que sí, pero al final nos han denegado el permiso. Estamos muy enfadados, no vemos ayuda”, afirma desde la zona del incendio.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado más de 10,4 millones de euros de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, de los que 2,3 millones se destinan a 384 beneficiarios de Castilla-La Mancha

En concreto, con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, de los que el 81% son jóvenes, que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular.

Agricultura destaca que en la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, concretamente a un total de 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de más de 9 millones de euros.

Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1,18 millones de euros , a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.

También se han concedido derechos a 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.

En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, ha señalado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Castilla-La Mancha se mantiene libre de la enfermedad de Newcastle, una infección viral que aves domésticas y silvestres, que sí ha afectado a algunas explotaciones avícolas de Castilla y León.

Así lo aseguraba la la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, en una reunión que ha mantenido con el sector. “En este momento no hay ningún foco en Castilla-La Mancha, ni tampoco sospecha de ningún caso”.

En la actualidad, en la Comunidad Autónoma se está llevando a cabo el Programa Nacional de Vigilancia de la Enfermedad de Newcastle, un programa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que está basado tanto en una vigilancia activa como pasiva. Su misión es detectar de forma precoz cualquier posible foco que pudiera haber y garantizar la ausencia de presencia de la enfermedad en las explotaciones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está manteniendo contactos con el sector avícola regional para analizar la situación y hacer seguimiento de los focos de enfermedad de Newcastle declarados en Castilla y León, con el objetivo “de analizar la evolución de la enfermedad, anticiparnos a cualquier caso que pudiera venir para dar una respuesta de manera coordinada y eficaz y disminuir en la medida de lo posible el impacto que pudiera tener en nuestras explotaciones”, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

A este encuentro asistieron la Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha (AVICAM), encabezada por su presidente, su director-coordinador y el vocal de la Junta Directiva, Vicente Arriscado, David García y Juan Julián Sánchez, respectivamente; la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) Avicultores de La Mancha, representada por Sergio Espínola; la ADSG Aves Cedillo del Condado, en cuyo nombre participó María Dolores Gálvez; la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos, que representó Eduardo Barco; y, por último, como veterinario de la empresa Camar Agroalimentaria asistió Julio García.

Con todos ellos se evaluó la situación actual y el estudio de posibles medidas que puedan contribuir a la prevención y contención de la enfermedad en caso de que llegara a detectarse algún foco en Castilla-La Mancha.

La directora general ha explicado que en este encuentro se abordaron diversas propuestas planteadas por el propio sector. Entre ellas, la posibilidad de estudiar la vacunación obligatoria como herramienta de control de la enfermedad, así como la puesta en marcha de autorizaciones excepcionales que permitan el enterramiento de cadáveres en las propias explotaciones ganaderas con el fin de reducir los movimientos asociados al transporte de animales y minimizar los riesgos de propagación del virus, “siempre, por supuesto, garantizando las condiciones sanitarias para las personas y las condiciones medioambientales”.

Lydia Benítez ha subrayado al respecto que “cualquier decisión que pueda adoptarse se hará siempre de manera consensuada y en coordinación con el sector avícola, manteniendo un contacto constante con los profesionales y empresas implicados”. Además, ha destacado que “estas reuniones responden a la necesidad de estar preparados ante cualquier eventualidad, evaluando con antelación las posibles herramientas de actuación para poder responder con rapidez y eficacia si la situación así lo requiriese”.

Para finalizar, desde la Dirección General de Ordenación Agropecuaria se pide máxima concienciación e implicación del sector, llevando a cabo una comunicación fluida, rápida y transparente de cualquier sospecha por leve que sea, tanto con los veterinarios habilitados, figura fundamental en este tipo de situaciones, como con los servicios oficiales.

De la misma manera, se insiste en la importancia de las medidas de bioseguridad que son la primera y más eficaz herramienta de lucha contra este tipo de situaciones. También se insta al conjunto del sector, desde la Administración hasta las explotaciones, a colaborar y tomar cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la continuidad de las explotaciones y la seguridad sanitaria de las ganaderías.

Pérdidas en la producción, problemas de fertilidad, falta de pastos y agua o mayor índice de mortalidad son algunas de las consecuencias para los animales de las altísimas temperaturas que sufre todo el territorio nacional y que están afectando directamente a los ganaderos de Castilla-La Mancha sin excepciones, desde el vacuno de leche, la avicultura, el ovino o a la apicultura.

El calor “afecta directamente al bolsillo”. Es el resumen que hace de la situación César Gómez, un ganadero de Velada en la provincia de Toledo que tiene una explotación de 360 cabezas de vacas de raza frisona-holstein para la producción de leche.

El sector lechero es uno de los que más sufre estas oleadas de intensidad térmica. “El calor nos afecta muchísimo porque las altas temperaturas lo que provoca es una bajada de la producción de leche, y nosotros vivimos de eso”, asegura.

La raza frisona se refiere a un tipo de vaca que fue seleccionada en Países Bajos y Alemania porque es “más lechera del mundo”, pero está acostumbrada a temperaturas más bajas. Cuando sube el calor, “el animal baja la producción mucho porque está pendiente de regular su temperatura corporal y, como consecuencia, ingiere menos materia seca, porque comer más lo que hace es subir su temperatura”, señala. Y si come menos, también produce menos leche. “Los animales se pasan todo el día jadeando, intentando regular su temperatura y no comen”.

“Es una odisea que las vacas se queden preñadas en verano”

Pero además, el calor afecta también a la fertilidad de las vacas y complica la reproducción. “Con estas temperaturas el organismo reproductivo de las vacas funciona muy mal; es una odisea conseguir que las vacas se queden preñadas en verano”, asegura.

Las pérdidas, según César Gómez, se pueden cifrar entre un 10 y un 30% de la producción de leche dependiendo de cada animal. Una vaca en esta explotación produce entre 36 y 37 litros al día, una leche que se destina a la fabricación de yogures para la factoría de Danone.

El problema es que el calor llega cada año antes, dura más tiempo y con temperaturas más altas. “Cuando tuvimos la primera ola en junio los animales ya bajaron la producción y eso no se vuelven a recuperar, aunque los días más intensos de calor baja más. La gente mayor de esta zona dice que estos calores tan altos y prolongados no los hemos tenido nunca, a finales de mayo los animales ya empiezan a sufrirlo aunque el bajón no lo dan hasta algo más tarde”, advierte.

Para intentar mitigar esta situación han instalado en la zona de alimentación y en la zona de espera antes del ordeño vaporizadores de agua y grandes ventiladores con el fin de mejorar la sensación térmica de los animales, además de que dispongan de buenas zonas de sombra. “Se hace una inversión para intentar minorar el impacto del calor, se las refresca con el agua, ducharlas para que estén más frescas, bajen su temperatura corporal y tenga un impacto menor en la producción”.

El ovino de carne en extensivo también sufre con el calor aunque en menor medida, ya que estos animales están acostumbrados a adaptarse a las estaciones, señalan desde el ámbito ganadero.

Animales con “jornada partida” para alimentarse en los pastos

Vicente Caja, ganadero en Buenache de la Sierra (Cuenca), asegura que “el calor nos afecta siempre pero la ganadería extensiva esta más tiempo en campo”, y lo que hacen en adaptar sus horas de descanso y alimentación. “Ahora, en la sierra de Cuenca, pasan todo el día acostadas en las frondas y la noche se la pasan rondando por las lomas en busca del alimento”, aunque el calor también afecta a los pastos.

“Podemos decir que ahora tienen la jornada partida, porque su misión es la de alimentarse y comen por la mañana pronto y con la fresca por la noche, y el resto del tiempo están acostadas a la sombra”, dice. “Durante el invierno se adaptan el invierno y hacen jornada intensiva para aprovechar la luz porque dura poco el día”, apunta.

“Aquí calor de verano ha hecho siempre, y frío en el invierno y temporales y sequía”, es decir, estos animales están acostumbrados a adaptarse a las condiciones en cada momento.

El calor les afecta pero en estas condiciones les impacta menos que en otras zonas donde no hay tanta sombra y tiene que poner artificialmente unas zonas al resguardo del sol o a los animales que están en intensivo.

Otro problema añadido de las altas temperaturas es que “con el calor proliferan más las moscas y hay que estar más pendiente de quitar más las larvas y cuidar más a los animales para evitarles problemas”, señala.

La apicultura también lo sufre

Uno de los sectores ganaderos que más se ve afectado por la situación térmica es la apicultura.

Beatriz Rico, joven apicultora con una explotación en Torrecilla de la Jara (Toledo), explica cómo funciona una colmena: “Dentro de la colmena lo ideal es mantener una temperatura de 35 grados” y las abejas lo consigue tanto en verano como en invierno ventilando la colmena mediante el movimiento de las alas.

“Con estas temperaturas tan altas necesitan llevar mucha agua a la colmena y ventilar, pero gastan mucha energía en ventilar y eso les acorta la vida”, asegura a Agroalimentaria.

Esto aumenta la mortalidad de las abejas. Pero además, “la reina reduce la puesta de huevos en verano, antes solo estaba el parón invernal pero ahora, con estos calores, tenemos el parón invernal y el parón de verano, la masa crítica de abejas se reduce, y se reducen las colonias”, describe.

Para mitigar el calor lo que hacen los apicultores es llevar agua cerca de la colmena para que no tengan que buscarla lejos de la colonia, teniendo en cuenta también que el calor seca los riachuelos y regatos y estos insectos encuentran más dificultades para encontrar agua. Algunos apicultores también pintan la parte de arriba de la colmena de cal, para que al ser blanca refleje la luz y no haga tanto calor.

Por otro lado, la prolongación y la intensificación de las temperaturas también recorta el periodo de floración. “La flora se pierde antes y en lugar de pasar dos meses que solían pasar sin recolectar ahora nos vamos a los dos y medio o tres meses sin poder recoger el néctar”, apunta.

El año con una primavera muy lluviosa ha sido además “raro” para la apicultura, comenta porque “los parones de muchos días de lluvia las afecta negativamente”.

Impacto en la producción avícola, de cerdo o de conejo

En otras explotaciones ganaderas con gran peso en Castilla-La Mancha, como en la avicultura, los problemas por las pérdidas de calor están viniendo por falta de fertilidad o por unos huevos de menor tamaño, con la cáscara más fina que dificulta su salida al mercado, según han apuntado las organizaciones agrarias.

Además, el riesgo de mortandad es mucho más elevado al ser un animal de menor tamaño, a pesar de los esfuerzos que realizan los ganaderos en regular la temperatura de las naves para mantener niveles de calor aceptables.

En el caso de los conejos, la situación también es similar, con pérdidas de producción que han llegado a rondar el 20% y pérdidas de peso, repercutiendo a la baja en los rendimientos, según ha señalado Unión de Uniones.

Por otra parte, la organización destaca que también el sector porcino se ve afectado, con animales que padecen estrés térmico que se traduce en apatía y escasa alimentación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para que se pueda anticipar el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) antes del 16 de octubre, sí así lo determina la Unión Europea, tal y como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En rueda de prensa a preguntas de los medios en Toledo, ha reaccionado de este modo después de que el diera su visto bueno el pasado martes para que los Estados de la Unión Europea puedan aumentar y adelantar la distribución de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes.

El Parlamento Europeo aprobaba el pasado martes la posibilidad de que los Estados miembros puedan aumentar del 70% al 75 % los anticipos de los pagos directos de la PAC y abonarlos inmediatamente después de que presenten la solicitud, en lugar de esperar al 16 de octubre, como establecen las normas vigentes. La propuesta, que salió adelante con 576 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones, deberá ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE.

“Claro que lo contemplamos”, ha afirmado el consejero, aunque ha querido puntualizar que es un proceso “complicado” porque se pide el adelanto de estas ayudas antes del 16 de octubre y al mismo tiempo se atrasa el cierre de campaña de la tramitación de la PAC.

“Atrasamos el plazo de la PAC, con lo cual ya no podíamos revisar los expedientes. Si anticipamos en este caso el anticipo del 70%, tendríamos que entender que los funcionarios se van a dar una 'pechá' de trabajo, como se dice en mi pueblo, importantísima”, ha manifestado el consejero.

Si se atrasa el periodo de establecer la solicitud de los expedientes y se adelantan los anticipos, “por medio hay necesidades administrativas, revisiones de expedientes, que exige la propia Unión Europea y que tienen que determinar si los expedientes están perfectamente desarrollados o si tienen algún tipo de incidencia”, ha afirmado.

Además, hay que dar además posibilidad y plazo para que los agricultores y los solicitantes tengan esa posibilidad de poder solucionar esas incidencias, ya que, si no, no podrían cobrar a tiempo las subvenciones los anticipos que se han determinado.

En este punto, ha recordado que el año pasado Castilla-La Mancha fue la única comunidad de España que el 16 de octubre pagó el anticipo de la PAC en el 70 por ciento.

Caminos Rurales

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha avanzado que este martes se va a publicar la orden de bases para la mejora de caminos rurales.

Es una subvención que vendrá posteriormente con la convocatoria que se realizará en los próximos días, “muy demandada” por muchos municipios de la región.

Todos los municipios que aparezcan en el anexo 1 de estas bases de convocatoria serán los que tendrán opción a poder acceder a las ayudas que se establecerán en la convocatoria y que se financiarán con cargos del Feader, en los que participa la Administración General del Estado y la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este caso, se subvencionará el 100% de los gastos elegibles que vienen definidos en esas bases y tienen el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

La organización agraria ENBA aboga por “no cerrar los ojos” ante la “preocupante situación” del sector de carne de vacuno y de Eusko Label. En un comunicado, ENBA ha denunciado “la preocupante evolución de la carne en general y del sector cárnico integrado en Eusko Label”, un panorama ante el cual “no se puede cerrar los ojos”. Para ENBA hay que “realizar una reflexión profunda sobre el Eusko Label, con la participación de ganaderos, cooperativas, puntos de venta y administraciones, y con las conclusiones, realizar el posterior replanteamiento en Eusko Label”.

Euskadi ha perdido un 45,4% de las explotaciones ganaderas dedicadas a carne de vacuno de Eusko Label desde el año 2020. Ese año, justo en el arranque de la crisis de la COVID-19, había 662 explotaciones con 37.971 cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne de Eusko Label, mientras que al cierre de mayo de este año hay 455, con 27.806 cabezas de ganado, según se desprende de una información enviada al Parlamento Vasco.

ENBA considera que “la grave situación de la carne y del Eusko Label se basa en la falta de rentabilidad de los ganaderos y por ello, éste debe ser el objetivo de todos, tanto de los agentes del sector primario como de las administraciones, garantizando la rentabilidad para todos los eslabones de la cadena cárnica y en especial, para los ganaderos”. En este sentido, ha señalado que “si bien el Eusko Label cuenta con la adhesión y protección de los consumidores, es evidente que el Label es especialmente válido para los puntos de venta (tanto para las cadenas distribuidoras como para las carnicerías), pero no tanto para los ganaderos”.

A juicio de ENBA, “los baserritarras productores de carne de label trabajan por debajo del precio que reciben, fuera de aquí, los productores de carne genérica (sin marcas de calidad)”, por lo que “la rentabilidad de los ganaderos, el replanteamiento de Label y la estructuración de toda la cadena cárnica serían las prioridades del plan sectorial de carne que se está tramitando desde hace más de un año”.

El CEO de la empresa avícola conquense Rujamar, Rubén Martínez, ha anunciado una alianza con otra de las potencias del sector agroalimentario de la provincia, Incarlopsa, para construir una fábrica de piensos en Montalbo.

La nueva sociedad, denominada Pienso de Cuenca, tendrá una capacidad de producción de 60.000 toneladas, lo que la convertirá, según Martínez, “si no en la que más, en una de las más grandes de España” y que servirá principalmente “para cubrir principalmente nuestras necesidades, de nuestras aves, cerdos y sus terneros y luego, por qué no, para poder vender a terceros”.

El empresario ha hecho este anuncio durante la inauguración de las nuevas oficinas de Rujamar en la calle Fernando Zóbel.

Hasta la fecha esta sede se encontraba en San Lorenzo de La Parrilla pero hace dos años el Consejo de Administración aprobó el traslado a la capital.

Martínez ha explicado que, a pesar de conservar su apego con el pueblo en el que nació el proyecto, trasladarse a la capital “es un orgullo y, para la búsqueda de talento permanente, es un escenario más favorecedor”.

Además, ha apuntado que se han desplazado “por la bioseguridad”, ya que así no hay opción de enseñar las instalaciones avícolas a las visitas, lo que evita.

Nuevos proyectos

Rubén Martínez ha recordado que, en estos momentos, tienen un proyecto en marcha Mondéjar (Guadalajara), una granja experimental en Honrubia 1, y el desarrollo de 350 hectáreas en Honrubia II, donde han terminado la primera fase que les permite albergar 220.000 gallinas camperas y ya están iniciando la segunda fase que duplicará esa capacidad.

Además, confía en poder “dar el pistoletazo de salida en breve” y la futura granja de San Clemente, una de las más grandes de España, mientras que “cada vez está más cerca” su llegada a Canarias“.

En el acto, además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha intervenido la alcaldesa en funciones de Cuenca, Saray Portillo, que ha celebrado la llegada de Rujamar para poner su granito de arena al tejido productivo de la ciudad.

El dictamen para la Estrategia del Relevo Generacional en la Agricultura europea, que hoy ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante el Comité de las Regiones que se ha celebrado en el Parlamento Europeo, se ha aprobado por unanimidad.

Esta es la primera vez que un presidente de Castilla-La Mancha defiende un dictamen ante el pleno, según ha señalado el propio Page momentos antes de entrar en la sesión donde también ha recordado que, precisamente, hoy se cumple 11 años de su primera Investidura como presidente de la región.

García-Page ha recordado en su intervención ante el Comité de las Regiones el “amplísimo  consenso” que había alcanzar este dictamen en comisión, “tras un proceso intenso de escucha y de participación de organizaciones agrarias, administraciones, entidades y responsables públicos”.

El ponente ha resumido el relevo generacional como “un reto síntesis de todos los que nos podemos plantear en el medio rural, el reto de los retos. Muchos de los retos que tiene el campo y la política europea pasan por la incorporación de jóvenes”, ha dicho.

Según ha expuesto, la propuesta que ha salido adelante plantea “una apuesta decidida por la PAC tal y como la venimos conociendo, en contra de las posiciones iniciales que la Comisión Europea mantiene para la PAC”, y que se “dedique un 10% de sus fondos de la Política Agraria a la incorporación de jóvenes al campo”. Sobre este tema ha puesto sobre la mesa la necesidad de una rectificación de la Comisión en la política agraria, para “volver a un planteamiento ambicioso, asumiendo que cualquier gasto adicional que tenga que hacer la Unión Europea en relación con otras políticas no lo sea a costa del campo, de nuestro campo y de la ganadería”.

Además, “se establecen estrategias obligatorias para estímulos fiscales para los jóvenes, ayudas para la adquisición de maquinaria e instalaciones, para ayudarles en el comienzo y los siguientes cinco años”. Para el presidente Page, esta política es la misma que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha y por eso “abanderamos la estrategia nacional de incorporación de jóvenes, la mitad de los que se incorporan en toda España se produce en Castilla-La Mancha. Esto nos hace ser líderes y abanderar un dictamen para que nuestra policía sea la común en toda la UE”, ha dicho.

En su ponencia ha ofrecido también algunas cifras de la situación actual para un problema “grave”, ya que “solo un 12% de las personas que se dedican al sector agrario y ganadero están por debajo de 40 años”. Por ello, -ha dicho- “esta propuesta no solo se basa en la apuesta por la soberana alimentaria sino que también es un grito de auxilio para la pervivencia del mundo rural en perfecto conciliación con el mundo urbano”.

Para acabar, momentos antes de la votación, ha reseñado que apoyar a los jóvenes también es “una forma de rentabilizar la inversión que durante años y años ha venido haciendo la UE en la Política Agraria Común. Sería triste que después de tanto dinero invertido, el final de todo ese esfuerzo termine en la no incorporación de jóvenes”.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha planteará en Europa que la inversión que se destina a políticas relativas al relevo generacional incluidas dentro de la Política Agraria Común se duplique hasta llegar al 10 por ciento. Así lo ha confirmado, junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; en la jornada sobre oportunidades de financiación europea que ha desarrollado hoy la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido, José Manuel Caballero ha explicado que la posición que defenderá en Europa la región, con el liderazgo del presidente García-Page, pasa por reforzar los recursos destinados al relevo generacional en el sector agrario. Ha señalado que “mientras la propuesta de la Unión Europea contempla destinar un 5 por ciento de la Política Agraria Común (PAC) a estas políticas, Castilla-La Mancha plantea elevar esa cifra hasta el 10 por ciento, con el objetivo de garantizar que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad agraria se quede sin apoyo por falta de financiación”.

Asimismo, ha subrayado que el relevo generacional no debe limitarse únicamente a la continuidad de las explotaciones familiares, sino que también debe facilitar la incorporación de jóvenes que no proceden del sector agrario ni del medio rural, pero que ven en él una oportunidad de empleo y de proyecto de vida. Esta será, tal y como ha confirmado, una de las propuestas que el presidente García-Page defenderá la próxima semana ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones que tendrá lugar en Bruselas.

Esta intervención del presidente García-Page en el pleno del Comité Europeo de las Regiones supone, tal y como ha explicado Caballero, “la culminación de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace meses con el sector agroalimentario de la región y de toda Europa, tal y como nos encargó el Comité Europeo de las Regiones al ser Castilla-La Mancha una referencia de éxito en la aplicación de políticas de relevo generacional”.

Además, ha señalado que “vamos a defender un mayor presupuesto plurianual porque creemos que el que se ha presentado no tiene ninguna ambición ni puede afrontar los retos y las necesidades que tenemos por delante”. En este sentido, ha reconocido que “aunque el panorama internacional ha cambiado y hay que invertir en defensa, en ningún caso esta inversión puede menoscabar los derechos de nuestro sector agrario ni nuestra soberanía alimentaria”.

Una nueva gran empresa entra en la nómina de grandes compañías sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata de El Corte Inglés, que ha sido multada con una pequeña suma, apenas 3.000 euros, por incumplir los plazos de pago con sus proveedores.

La cadena de grandes almacenes se suma así a una lista en la que ya están otras empresas de la gran distribución, como Carrefour, Alcampo o Dia. Esa información es pública porque, desde hace algo más de tres años, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) –que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación– desvela los nombres de quienes incumplen esta normativa, que busca las prácticas justas entre todos los eslabones del sector de la alimentación, desde agricultores a ganaderos, hasta la distribución, pasando por la industria y las cooperativas. Desde entonces, han sido multadas más de 450 empresas, por un total de casi 4 millones de euros.

La AICA publica el nombre de las empresas y el motivo genérico de los castigos, es decir, por qué se han saltado la ley, pero no da detalles concretos de cuáles han sido las infracciones, cuándo se cometieron o quién fue la contraparte perjudicada. Sí explica que la sanción corresponde a la cuantía exigida en el momento en que se convierte en firme. En el caso de El Corte Inglés, la AICA apunta que los 3.001 euros de multa se deben a un “incumplimiento de los plazos de pago”, sin dar más detalles. Esos tiempos, según perfila la legislación, obligan a abonar las facturas a los proveedores en un máximo de 30 días, en el caso de los alimentos frescos; y de hasta 60 días, cuando se trata del resto de productos de alimentación.

En el siguiente gráfico se resumen, una a una, todas las empresas sancionadas por infracciones a la Ley de la Cadena desde 2023.

En estos más de tres años de sanciones por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria ya han aparecido otros nombres de 'híper' y supermercados, aunque la gran mayoría de empresas expedientadas corresponde a la industria y al sector primario. En cuanto a esas grandes compañías, entre ellas está, por ejemplo, Dia, que ha sido multada en cinco ocasiones. La más alta, 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. También figura Carrefour, en una ocasión, con 3.000 euros; y Alcampo, en tres, la de mayor cuantía, por 39.000 euros.

Además, en este segundo trimestre de 2026, en los datos que publica la AICA, figura otra multinacional, Dealz, pero que como tal ya no opera en España, porque cesó su actividad hace casi tres ejercicios. En este caso, se le ha impuesto 33.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. Dealz formaba parte del grupo Steinhoff y estaba especializada en la venta de productos de alimentación y droguería a un precio prácticamente fijo, de 1,5 euros por producto. Actualmente, la mayor parte de sus locales son de otra enseña de la misma multinacional, denominada Pepco, que está enfocada en la venta de ropa y de textil a precios económicos. 

Incremento progresivo de las multas

Otra de las características de las últimas sanciones publicadas por la AICA es que las sumas impuestas han ido aumentando, aunque sea poco a poco. Precisamente, lo bajos que son los castigos es una de las críticas del sector agricultor y ganadero, porque entiende que no son suficientemente altas para ser disuasorias.

Por ejemplo, en la primera mitad de este año, superan, en conjunto, los 1,3 millones de euros. Como comparación, en el primer ejercicio completo, 2023, la totalidad de multas rebasó por poco los 500.000 euros. 

Además, en estos tres meses se ha incrementado el número de castigos por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”. En total, figuran ocho de las 28 infracciones por este motivo acumuladas en más de tres años. Si se mira la imagen global, la mayoría de las sanciones se deben a incumplir los plazos de pago (más de 260) y, después, a no formalizar por escrito los contratos, cerca de 80.

Esta última es una de las principales quejas del sector respecto a la aplicación de la Ley de la Cadena. “No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen 'no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto' o se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”, explicaba hace unos días elDiario.es el nuevo secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora.

A pesar de ello, su valoración de esta ley es positiva. “Veníamos del vacío más absoluto, por lo tanto, bienvenida sea. Es que no teníamos ni una sola norma. Nosotros abogamos por un mercado con normas, por una relación comercial que tenga normas establecidas. ¿Lo que tenemos es suficiente? No, hay que avanzar, también con las comunidades autónomas y las consejerías, para trabajar más en las denuncias”. De momento, el Gobierno intentó reforzar la capacidad de la AICA, para convertirla en un organismo similar a la Agencia Tributaria, pero la votación no salió adelante en el Congreso por el rechazo del Partido Popular y de Vox y, desde entonces, no ha vuelto a plantearse ese refuerzo.

Es uno de los pilares de la política común europea y cumple 40 años desde que comenzó a aplicarse en España. Para el sector agrícola y ganadero, la Política Agraria Común (PAC) ha sido un factor clave para el desarrollo de la producción agroalimentaria y para el despegue de las exportaciones. Sin embargo, que haya sido una herramienta de transformación esencial no evita que también tenga un lado oscuro: que el reparto de las ayudas haya contribuido a ampliar las diferencias entre las grandes y las pequeñas explotaciones. Además, la Comisión Europea (CE) tiene actualmente sobre la mesa el diseño del nuevo marco financiero de la PAC entre los años 2028 y 2034 y los productores temen un recorte presupuestario y una renacionalización de la política agraria, que lleve a los Estados a primar unos sectores sobre otros en función de sus intereses.

“Recuerdo que en enero de 1986 había dos temores, la introducción del IVA, que según algunos iba a ser un desastre; y que íbamos a ser invadidos por las naranjas marroquíes. Pues ni una cosa ni la otra”, aseguró el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un acto sobre los 40 años de la PAC en España. “Hemos transformado el sector en estos años, se ha adoptado un marco jurídico común y un apoyo financiero, con derechos y con obligaciones”, resumió.

Ese aniversario de la PAC ha llevado a los actores del sector primario a hacer balance. En el caso del Ministerio de Agricultura, a través de un informe donde desglosa qué ha supuesto la PAC para España. Entre otras variables, destaca que el “sector agroalimentario ha multiplicado por ocho su facturación” en estas décadas. “Las exportaciones han pasado de los niveles testimoniales de 1985 a superar los 78.000 millones de euros en 2025”. “España ha pasado de ser el octavo exportador de la entonces Comunidad Económica Europea, formada por 12 países, a consolidarse como el cuarto de 27 Estados miembros de la actual Unión Europea”. 

Un cambio de modelo: de pequeñas a grandes explotaciones

El sector ha cambiado. Nadie lo duda. Ha pasado de mirar hacia dentro de nuestras fronteras a volcarse en el exterior. También, a cambiar el perfil y las características de la producción agrícola y ganadera. El análisis que realiza Agricultura reconoce que, en 1982, había en España más de 2,37 millones de explotaciones, con un claro predominio de aquellas que tenían un pequeño tamaño y eran familiares. Más del 77% tenían menos de cinco hectáreas. El Ministerio explica que, “al comparar esa situación con la realidad más reciente, se observa que el número de explotaciones censadas ha disminuido considerablemente hasta un total de 771.047, pero ahora más de la mitad de las explotaciones en España, el 59,8%, tiene un tamaño igual o superior a 100 hectáreas y el 74,56% del total tiene más de 50 hectáreas, como consecuencia de un mayor grado de profesionalización y un proceso de modernización y aumento de la mecanización y automatización de los procesos productivos”.

De esta forma, “actualmente, la distribución por tamaño de las explotaciones evidencia dualidad”, indica Agricultura. “Por un lado, las explotaciones de 100 hectáreas o más que, aunque son una minoría en número (57.208 explotaciones), gestionan 14 millones de hectáreas, que son más del 60% de toda la Superficie Agrícola Útil nacional”. “En el extremo opuesto, existen casi 190.000 explotaciones de menos de 2 hectáreas, que apenas suman 198.000 hectáreas en total, lo que refleja la persistencia de un minifundismo residual frente a la hegemonía de los grandes latifundios mecanizados”.

También ha cambiado el modelo laboral. Hace 40 años, “el sector primario todavía era un pilar fundamental en la generación de empleo en España”. Daba trabajo a casi dos millones de personas, más del 17% del total. “El campo era, en gran medida, un sector de autoempleo”, explica Agricultura en su análisis. “En 2025, la cifra de ocupados es significativamente inferior, cayendo hasta las 763.650 personas, que representan apenas un 3,4% de la población activa total”. “Esta reducción del 60,7% en el número de trabajadores agrícolas contrasta con el crecimiento exponencial en el resto de los sectores de la economía, que ha duplicado el número de ocupados en el mismo periodo”, asume Agricultura.

Hay menos explotaciones y son significativamente más grandes, al mismo tiempo que se ha empujado al alza la renta agraria. En 1985, el campo representaba menos del 7% de la renta nacional. Aportaba 1,48 billones de pesetas, el equivalente a unos 8.800 millones de euros, sin contar la inflación. En 1990, la renta agraria ascendió a más de 13.700 millones de euros; y, en el 2000, superó los 21.000 millones. “En el periodo más reciente, la renta agraria ha mostrado un repunte significativo, alcanzando los 36.560,50 millones de euros en 2024 y con una previsión de 41.262,10 millones para 2025”, sin dar por cerrados aún los datos de ese ejercicio. “En paralelo, la renta nacional bruta disponible alcanzó los 1,57 billones de euros en 2024”, resume el Ministerio encabezado por Luis Planas. 

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la renta agraria respecto a la renta nacional bruta disponible. Esta última, básicamente, mide todos los ingresos con los que cuenta un país. 

El análisis de Agricultura también pone de relieve cómo la PAC ha derivado, durante muchos años, en el alto peso de esas ayudas en la renta de los agricultores y ganaderos, lo que “muestra esta dependencia que tiene el sector” de los fondos comunitarios.

Hace cuatro décadas, “el apoyo público [la aportación de esos fondos] era marginal, representando solo el 4,7% de la renta”, refleja el mencionado análisis. “La reforma de 2003 marcó un punto de inflexión cuantitativo, elevando las ayudas al 22,8% en 2006. Para 2010, las subvenciones alcanzaron el 26%, consolidándose como un colchón indispensable para la rentabilidad frente a las crisis de precios”, constata el Ministerio. “El máximo histórico relativo se registró en 2020, cuando las ayudas supusieron el 27,2% de la renta (7.513,79 millones de euros), impulsadas por los fondos Next Generation tras la pandemia” y, en contraste, “en 2025 se observa un escenario” de “con incertidumbre: aunque la renta agraria alcanzó un máximo nominal histórico de 41.262,1 millones de euros, el peso de las subvenciones bajó al 14,1%”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución del peso de las ayudas de la PAC en la Renta Agraria en España.

Cuatro décadas de luces y sombras

Con todo el balance anterior, las organizaciones agrarias tienen claro que la PAC ha sido positiva para el campo español, pero es significativamente mejorable. “Ha servido para modernizar el sector, para complementar la renta de agricultores y ganaderos y hacer sostenible nuestras explotaciones, pero necesita una revisión profunda para no ser una fuente de desigualdad en el reparto de las ayudas”, explica el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. Constata que la PAC ha permitido una transformación clave que “permite seguir produciendo alimentos en un horizonte de esperanza”, pero lo peor de estas décadas es “el desigual reparto, entre las grandísimas explotaciones, que son un sumidero de ayudas y que gradualmente han ido a costa de las medianas y pequeñas explotaciones”.

También el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, recordaba hace unos días en una entrevista con elDiario.es que la PAC “no son solo ayudas directas”, sino que “ha mejorado nuestra forma de producir y de comercializar. Sin ella las explotaciones familiares, profesionales, pero con poca base territorial, estaríamos en una situación de mucha más indefensión”. 

Ahora toca diseñar en Bruselas el nuevo marco económico de esta política común. Y el sector teme dos variables para la nueva la PAC hasta 2034. Por un lado, un recorte presupuestario. Por otro, que Bruselas deje vía libre a los Estados a ampliar las ayudas a los sectores que consideren oportuno. “Estamos en un escenario de cambio, de un nuevo periodo marco, y ahí tienen que estar en el centro las explotaciones familiares y profesionales, para que sean las verdaderas beneficiarias de esta política agraria común”, recalca Cano. “Son las que necesitan más apoyo para seguir siendo viables y mantener su actividad”.

En el último marco de la PAC, entre 2023 y 2027, a España le correspondieron más de 47.700 millones de euros. Para el conjunto de la UE, el presupuesto superó los 386.000 millones. Esta semana, la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) criticó que, actualmente, la propuesta de la presidencia chipriota para el marco financiero de la PAC supone un recorte del 5% de su valor real.

De cara a ese nuevo marco, hay que “evitar la renacionalización de la PAC con fondos nacionales. No estoy de acuerdo”, recalcó Luis Planas ante el sector primario. “Si son políticas comunitarias deben serlo, porque si un país puede poner todos los fondos [que quiera] en el vino, por ejemplo, vamos en contra del mercado interior. Algunos dicen que la PAC es una política antigua. No es verdad. Es tradicional, pero sigue siendo igual de importante” que cuando se puso en marcha.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha detallado hoy los pagos que se harán a los próximo días a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tal y como anunció el presidente regional, Emiliano García-Page.

El consejero, que ha asistido a una de las clases prácticas de un curso de la Escuela de Pastores que se está desarrollando esta semana en una explotación de Molina de Aragón, ha anunciado que este mismo viernes se realizará un pago de ayudas agroambientales por algo más de seis millones de euros. De esta cantidad, hasta 5,6 millones corresponden a pagos compensatorios por zonas de montaña, que llegarán a 2.701 personas beneficiarias. El resto del importe hasta alcanzar los seis millones corresponde con las ayudas al viñedo de secano, que en total recibirán más de 112.000 euros, y a la conservación de razas autóctonas amenazadas por erosión genética, a la que se destinan otros 250.000 euros.

También ha adelantado que a partir del día 26 de este mes, la Consejería pagará cerca de cinco millones de euros de las ayudas al bienestar animal en ovino y caprino extensivo y semiextensivo de la campaña 2025, a un total de 1.577 ganaderas y ganaderos de la región. Con estas ayudas se compensa por realizar, de forma voluntaria, actuaciones tendentes a mejorar el bienestar de su cabaña ganadera y dar lugar a una mejora de la calidad de la producción ganadera.

El calor temprano que está afectando a las cosechas de cereales y olivar, la escasez de agua, la sobrepoblación de conejos y la falta de mano de obra han sido los principales problemas que han centrado el debate en la Asamblea de Asaja Toledo que se ha celebrado hoy con la asistencia de 300 asociados.

Tras la aprobación de las cuentas y el presupuesto, en el turno de ruegos y preguntas han surgido los principales temas que preocupan a los agricultores y ganaderos de la provincia. Según el resumen que ha hecho la presidenta provincial de la organización agraria, Blanca Corroto.

“Las preocupaciones más grandes que tenemos es que en el tema del cereal, ya que veníamos de un invierno bastante bueno en producción, pero estas últimas calores de finales del mes de mayo han hecho que el cereal no haya terminado de granar bien”, ha señalado.

Durante la Asamblea se ha hecho balance de la actual campaña de siega, que se encuentra en su recta final en la provincia con unos resultados peores de los esperados, aunque con diferencias según las zonas. Así, este año se han sembrado 240.630 hectáreas de cereal, unas 20.000 menos que el año pasado, lo que demuestra, a juicio Corroto, “el desencanto de los cerealistas ante la escalada de los gastos de producción y la tendencia a la baja de los precios en origen”.

Algo parecido está pasando con el olivar, que tras las abundantes lluvias del invierno, se está viendo afectado por las tempranas altas temperaturas. “Venía muy bien, con mucha fuerza, con mucho renuevo, pero el calor ha pillado en muchas zonas de la provincia abriendo la flor” y esto ha provocado que la flor se haya secado y caído, por ello augura que “algunas zonas va a teneralgunaa merma”.

Planificación hidríca

Como siempre, el problema de la necesidad de agua ha centrado el debate. En este caso Corroto, ha destacado las alegaciones que desde la organización han hecho a la propuesta para la próxima planificación hidrológica  tanto en el Tajo como el Guadiana. “No estamos de acuerdo en ningún recorte y sobre todo en el tema del Tajo”, y ha explicado que desde la organización “hemos exigido la retirada de la declaración provisional de riesgo de sobreexplotación aplicada a las masas de agua subterránea de Algodor, Ocaña y Sonseca, algo que afecta a pozos de bajo consumo, de menos de 7.000 m3, claves para nuestros leñosos. Hemos pedimos su retirada porque no se basan en estudios científicos serios”. Según Corroto, estos pozos “estaban solicitados desde antes que se aprobara el plan hidrológico, son pozos para un riego de apoyo para los cultivos leñosos, sobre todo olivar y viñedo”.

Y ha añadido que desde la organización se ha pedido que “las inversiones en modernización de regadíos pendientes, como las de la Acequia del Jarama o el Alberche, se ejecuten ya. Y, en el caso del Guadiana, es imprescindible dotar de presupuesto real los planes comprometidos y regularizar las captaciones”.  

Conejos

En cuanto a la sobreabundancia de conejos y los daños que causan en las cosechas, Corroto ha reiterado que “estamos cansados de esta inacción, llevamos más de 20 años trabajando con este tema de los conejos”.

“Valoramos positivamente las últimas medidas que ha sacado la Consejería de Desarrollo Sostenible, aunque son insuficientes”, ha dicho y ha recordado que están “esperando esa famosa orden de ayudas que ya anunció que van a publicar a primeros de junio, estamos a 16 de junio y todavía no han publicado esa orden”.

Se ha referido también a ADIF y al Ministerio de Fomento que “no  están haciendo nada. Eso es una inacción total y absoluta”, en las zonas de su competencia.

Precisamente, sobre este tema, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, que ha asistido también a la Asamblea, ha avanzado la próxima celebración de una reunión con representantes de las organizaciones agrarias de la provincia para abordar la problemática derivada de la sobrepoblación de conejos y estudiar posibles vías de colaboración y apoyo a los agricultores.

“ Quiero anunciar que vamos a celebrar una reunión con las asociaciones agrarias que sufren este problema para poder llegar a acuerdos y valorar alguna ayuda económica”, ha señalado.

Falta de mano de obra

Otro de los problemas que preocupa al campo es la falta de mano de obra, un tema que también ha salido. Corroto, tras señalar que la organización está “a favor de la regularización de los inmigrantes”; sin embargo, ha mostrado sus dudas sobre que vaya a resolver el problema de falta de trabajadores para recoger la próxima vendimia.

En este caso ha señalado que “Como este decreto no obligaba a que hubiera un empleador detrás del trabajador, sino que también se puede regularizar a través de un certificado de vulnerabilidad, nos estamos dando cuenta que el 90 % de estas regularizaciones es a través de este certificado de vulnerabilidad”, lo que puede dar lugar a que las personas regularizadas no se queden en el sector agrario y se vayan a otros sectores.

Barato y la negociación de la PAC

También el presidente nacional de ASAJA Pedro Barato ha asistido a la asamblea y ha asegurado que se va avanzando en la negociación de la futura PAC, y “hay situaciones que van cambiando aunque siguen faltando 45.000 millones de euros dentro del presupuesto global”.

Barato ha destacado que ya se “quitan algunos conceptos” como la reducción gradual de las ayudas públicas, que la renta básica para los jóvenes pase del 3 al 8 por ciento o que se contemplen peticiones de Asaja como la definición de agricultor activo.

No obstante asegura que las negociaciones van “bastante lentas” y mostrar sus dudas de que la nueva PAC entre en vigor en el 2027, como ya ocurriera con la de 2020 que no entró en vigor hasta el 2023.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado hoy que “este mes de junio llegaremos a liquidar 90 millones de euros más en la Política Agraria Comunitaria, con los que habremos superado el desembolso de la PAC en toda la región, que fue de 650 millones”, un dato que, a su juicio, “pone de manifiesto que la PAC que estamos ahora gestionando estuvo mejor negociada que la anterior y nos reta a pelear con uñas y dientes para que se venga abajo la propuesta de la Comisión Europea en relación con la Política Agraria Comunitaria”.

Así lo ha dado a conocer el presidente durante la inauguración de la ampliación del centro de producción de la compañía ‘Pernod Ricard’ en Las Labores (Ciudad Real), a cuyos responsables ha felicitado por su éxito y eficiencia basados en “su forma de hacer el trabajo”. Asimismo, García-Page ha reconocido en este acto supone “un perfecto hermanamiento” de ambos países, España y Francia, “que ahora pondremos un poco en paréntesis con el Mundial”, ha bromeado.

García-Page, que se ha felicitado de que Castilla-La Mancha sea “una gran despensa agroalimentaria del planeta, pero básicamente lo es en España y lo es en el mundo”, ha recordado que la región cuenta con un sector agroalimentario “que pesa más en la riqueza regional y estamos batiendo récords de riqueza históricos, es decir, en la tarta de la riqueza, el campo, la agricultura, la ganadería y toda la industria de transformación, pesa hoy más que hace diez o veinte años”.

Asimismo, ha puesto en valor que el campo castellanomanchego se haya convertido “en una gran industria extraordinaria” con altas cotas “de innovación”, algo a lo que ha ayudado “y mucho” la Unión Europea con ayudas como la PAC. En este sentido, ha recordado que el próximo mes de julio, en Bruselas, “tenemos un hito importante, porque Castilla-La Mancha defenderá uno de los pilares que justifican que la Política Agraria Comunitaria no puede venirse abajo”.

Por ello, ha confiado en que “los esfuerzos que se están haciendo desde muchos sectores, el sector del campo, los sindicatos agrarios, desde luego los sectores económicos y, por supuesto, los políticos, empezando por Castilla-La Mancha, van a terminar rindiendo”, hasta el punto de que “la mitad del desastre que supuso la primera propuesta de la Comisión Europea, la mitad ya se ha ido salvando”, ha considerado, “y creemos objetivamente que podemos avanzar hasta el punto de conseguir una razonable PAC que en esta tierra significa muchas cosas, pero significa también la garantía para Europa de tener autonomía y soberanía alimentaria”.

Las organizaciones agrarias Asaja y UPA, las “más representativas por ley de Castilla-La Mancha”, con el apoyo de Cooperativas Agroalimentarias, presentarán hoy mismo en las Cortes de Castilla-La Mancha un documento conjunto para recabar el apoyo de los grupos parlamentarios, PP, PSOE y Vox, para evitar que se consolide el cuarto ciclo de planificación hidrológica tal y como está planteado y actuar en Bruselas para que se prorrogue la Directiva Marco del Agua.

El presidente regional de Asaja, José María Fresneda, y el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, han ofrecido hoy una rueda de prensa conjunta en la que han manifestado su intención de “intentar consensuar una posición común para estar peleando lo que queda de año y el año que viene para que no se plasme la próxima planificación hidrológica en los términos iniciales. Creo que nadie le está haciendo un favor al campo si no planteamos esta unidad desde hoy”, ha dicho Fresneda.

“Les pedimos a los políticos que tenga altura de miras, que se ponga al frente y trabajemos para devolver esta planificación a los corrales y sacar una que se tenga en cuenta a nuestra región”, han señalado.

“Lanzamos este mensaje ante la máxima alarma desde las organizaciones agrarias, y queremos trasladarlo al conjunto de la sociedad y ahora a nuestros representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, el regadío es fundamental para la región, las 585.000 hectáreas de regadíos que es el motor económico en nuestra tierra, la actividad agraria es la primera para mantener pueblos abiertos, para fijar población”, ha señalado Morcillo, asegurando que si esta planificación se lleva a cabo “llevaría al traste con miles de explotaciones, miles de hectáreas que pasarían del regadío al secano”.  

Las organizaciones rechazan que el agua se plantee como “un motivo de enfrentamiento entre la clase política y les hemos pedido que el agua lo aparten de su discurso” y piden “unidad social porque es ”un tema lo suficientemente importantes que puede amenazar el futuro del campo y de la comunidad autónoma“.

Cuenca a cuenca

Julián Morcillo ha hecho un resumen de la situación para la región ya que “en todos los procesos que se plantean son desequilibrados con Castilla-La Mancha”.

“Vemos -ha dicho- que hay una dirección más o menos orquestada y lleva una misma línea, sobre todo el tratamiento que se hace con nuestra región, la planificación genera un desequilibrio territorial importante con Castilla-La Mancha”.

En lo que se refiere a la Comunidad, “se hace un ataque sin precedentes a nuestra agricultura con reducción superficies de riego, reducción de dotaciones de riego, planteamiento de extinción de derechos de agua y la única alternativa que encontramos para la región es la reducción de superficie de riego para pasar al secano”, ha resumido.

En el Tajo, “todos somos conscientes de cuáles son los intereses y siempre priman los intereses del Levante y Castilla-La Mancha queda en segundo plano. En el Júcar y el Segura ocurre lo mismo, lo primero son los intereses del Levante, se planifica pensando en las necesidades del Levante y en poco o nada se tiene en cuenta a nuestra región”, ha señalado.

El Guadiana, la cuenca más importante para Castilla-La Mancha, donde está el 58% del regadío de la región y se asienta un tercio de la población, lo que plantea la Confederación “es enviar al secano el 34% de la superficie actual, 115.000 hectáreas de nuestro regadío. Las consecuencias económicas serían terribles: 213 millones de euros al año en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros, y una pérdida patrimonial directa para los agricultores que asciende a 1.500 millones de euros por el descenso del valor de sus terrenos al pasar de riego a secano”.

En el Júcar, “creemos que es una burla del acuerdo del año 98”, en este nuevo proceso “se plantean cosas tan extrañas como que el acuífero de la mancha oriental, que tiene unos recursos renovables 398 hectómetros cúbicos y nos van a dejar utilizar 226 nada más. El Júcar es un río el 71% está en nuestra región y siguen manteniendo colgado del Júcar atender a otras cuencas con unas dotaciones del 630 hectómetros cúbicos”.

Morcillo ha recordado que el único trasvase que tiene la región no es el del Tajo, “del Júcar ahora mismo salen a otras cuencas 630 hectómetros cúbicos y se mantienen de forma provisional el que cuencas que son intracomunitarias de  la Comunidad Valencia estén colgadas a los recursos del Júcar”.

En el Segura, “desde la Confederación se aseguran los recursos para Murcia a través de la desalinización con lo cual van a redotar sus regadíos incluso a poner nuevas hectáreas y en Castilla-La Mancha nos plantean como única alternativa que reduzcamos dos tercios el agua que hoy estamos utilizando, con unas pérdidas en producción agraria de 100 millones de euros en valor bruto,  unas pérdidas patrimoniales de 626 millones de euros para nuestros agricultores, en una cuenca que sólo en Castilla-La Mancha se generan entre 550 a 637 hectómetros cúbicos y utilizamos hoy 132 en todos los usos y nos plantea reducir dos tercios”, ha detallado.

“Ni un paso atrás”

Calificando todo esto como “la amenaza más importante que tiene en estos momentos la región, Fresneda ha manifestado que ”vamos a muerte en esto, y no vamos a dar un paso atrás“.

Por su parte, Morcillo ha señalado que en este proceso de planificación “estamos ante el primer documento, y ya hemos conseguido llamar la atención de por dónde vienen los tiros”. Considera que ahora “hay que hacer labor de convencer a los políticos de que lo que viene es tan perjudicial que se lo tiene que tomar en serio y aquí no vamos a permitir regates cortos de la política”.

Considera que este proceso a finales de 2027 o 2028 tiene que terminar con “con una negociación política y a ella tenemos que llegar bien armados con documentos bien construidos, y que el que tenga que negociar a escala de presidente de esta región, cuando llegue a negociar sepa que tiene un trabajo detrás. Si eso va por buen camino, habrá que llamar a la sociedad para decirle que aquí hay que movilizarse porque lo que nos viene nos afecta a todos, la agricultura utiliza el 90% del recurso, pero hay empresa que no pueden instalarse en Castilla-La Mancha porque no tienen acceso al agua”, ha concluido.

La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga, en San Juanes. Sin embargo, este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente, ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones de sokamuturra organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, el Ayuntamiento de Eibar debatirá en un pleno extraordinario una moción presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibae a través de los grupos municipales EH Bildu y de la coalición de Podemos, IU y Equo.

Desde la plataforma, detallan que “mediante estos grupos y también el PNV”, quien apoya que se debata de manera urgente, se ha forzado una sesión extraordinaria para su debate, aún sin fecha concreta. Por ello, han querido agradecer a los partidos su “apoyo en este camino”. “En tan solo un fin de semana más de 600 personas han firmado una petición para reclamar la cancelación de la sokamuturra y no tenerlas en cuenta supondría una imposición”, reconocen desde la plataforma animalista, quienes han enviado una carta al alcalde, Jon Iraola, y al concejal de Cultura, Andoni Zabala para que “den marcha atrás” y han convocado una movilización el próximo 16 de junio a las 19:00 en la Plaza Unzaga contra esta “decisión unilateral”.

“Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

La moción presentada, además de la cancelación de la sokamuturra, propone además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se insta al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. “En la ciudad armera se llegó a un consenso que excluía este tipo de actividades basadas en el maltrato animal. Reclamamos a Iraola y Zabala valentía para alejarse de la influencia de su partido, puesto que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, es un eibarrés reconocido por su afición taurina. La protección animal debe estar por encima de las siglas políticas, les instamos a volver al consenso alcanzado, ya que recuperar la sokamuturra supone un retroceso en Eibar”, reprochan los activistas, haciendo referencia a la afición de Andueza por los festejos taurinos, que él mismo reconoce en su libro 'Los toros, desde la izquierda', publicado en 2020.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota. También alternativas populares como las del txosnagune o las del recién cerrado gaztetxe. Es irónico que mientras la Ertzaintza desalojaba el gaztetxe, alcaldía decidía recuperar la sokamuturra”, lamentan.

Según denuncian, el intento de recuperación de la sokamuturra “no es un hecho aislado”. “Hace aproximadamente unaño, en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Eibar aprobó la cesión gratuita durante 10 años de un local municipal a una peña taurina. La imposición ahora de tres sokamuturras supone un segundo paso en la reintroducción y fortalecimiento de la tauromaquia en un municipio que llevaba casi una década avanzando hacia unas fiestas sin animales. La ciencia ha demostrado que los animales utilizados en estos espectáculos sufren física y psicológicamente: miedo, estrés, intentos de huida, caídas y una situación de absoluta indefensión. No son objetos de entretenimiento. Son animales capaces de sentir. Denunciamos también que este tipo de espectáculos responde a intereses económicos muy concretos de sectores minoritarios vinculados a las ganaderías de lidia, que buscan aumentar el número de eventos y sus beneficios con el apoyo de determinados responsables políticos. Es un modo de actuar que también estamos viendo en otros ámbitos, como la próxima aprobación de la llamada ley taurina infantil en el Parlamento Vasco”, lamentan.

Por ello, exigen que se cancelen las sesiones de sokamuturra organizadas para el 21, 24 y 25 de junio durante las fiestas de San Juan y que se plantee otra actividad que no incurra en maltrato animal. “Queremos fiestas modernas, participativas, igualitarias y sin sufrimiento. Fiestas en las que todas las personas podamos disfrutar sin utilizar animales como diversión. Existen muchas alternativas culturales, deportivas y populares para celebrar sin violencia. Esta petición no es un disparate, se basa en la ciencia. El maltrato animal no tiene cabida en Eibar y el alcalde, Jon Iraola, debe dar marcha atrás en este retroceso en la defensa del bienestar animal”, concluyen los colectivos animalistas.

Por su parte, desde el PSE-EE critican la “hipocresía” de EH Bildu en relación con la sokamuturra y exigen “coherencia política”, debido a que es una actividad que también se desarrolla en municipios gobernados por la coalición de la izquierda abertzale, como Azpeitia o Tolosa. “Pedimos a EH Bildu que deje a un lado la hipocresía. Si EH Bildu está tan en contra de este tipo de actividades, quizá debería empezar por pedir su retirada en aquellos municipios donde gobierna y donde también se celebran. La coherencia política debe aplicarse en todos los sitios, no solo cuando toca hacer oposición en Eibar”, aseveran.

El Gobierno asturiano ha escuchado la petición de los representantes municipales y de la Asociación de Ganaderos de Mieres para que les apoyara con alguna solución que les permita ver algo de luz en el contencioso que mantienen con León tras la resolución judicial que les impide subir a más de 1.500 cabezas de ganado al Puerto de Pinos, situado en el término municipal leonés de San Emiliano.

El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, les ha ofrecido como alternativa que las reses puedan pastar en 450 hectáreas repartidas entre dos montes de propiedad autonómica ubicados en los municipios de Oviedo/Uviéu y Quirós.

Marcelino Marcos así se lo ha trasladado en la reunión que mantuvo ayer, martes, con el alcalde y el concejal de Medio Rural y Ganadería de Mieres, Manuel Ángel Álvarez y Luis Ángel Vázquez, respectivamente, y con el secretario regional de COAG Asturias y presidente de los ganaderos de Puerto de Pinos David Pérez. Al encuentro asistió también el director general de Gestión Forestal Javier Vigil.

Compensar la carencia de pastos

El consejero pidió a los asistentes que valorasen si estos dos pastizales son susceptibles de aprovechamiento para compensar la carencia de pastos para sus rebaños, al igual que también se deberá estudiar si esta medida puede generar un conflicto con otros ganaderos.

El titular de Medio Rural del Principado ha ofrecido “la máxima colaboración” del Principado a los representantes municipales en los pasos que vayan a dar por la vía jurídica.

Mieres sigue batallando

Marcelino Marcos ha asegurado que esta fórmula permitirá dar una solución a un problema “urgente” derivado de una situación “no deseada” en cuya resolución está trabajando el Ayuntamiento de Mieres, propietario de los terrenos ubicados en el término municipal de San Emiliano, en Babia (León).

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu dictó un auto de ejecución forzosa por el que se impide la subida del ganado asturiano al Puerto de Pinos y se advierte al Ayuntamiento de Mieres de que puede incurrir en responsabilidades penales por acción u omisión si desobedece el mandato judicial.

El consistorio recurrió el auto judicial tras sostener que ha paralizado desde hace dos años las concesiones de pastos en cumplimiento de una sentencia de hace dos años de este mismo juzgado.

Mientras la renta agraria española creció un 12,9% en 2025 respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura, Aragón continúa perdiendo agricultores y ganaderos profesionales a un ritmo “preocupante” para las organizaciones agrarias profesionales. En apenas siete años han desaparecido 1.896 autónomos agrarios, una cifra que equivale a más de cinco profesionales abandonando sus campos o sus granjas cada semana desde 2018. Detrás de las estadísticas se esconden historias personales que se repiten en numerosos pueblos aragoneses. Es el caso de Javier —nombre ficticio a petición del afectado—, agricultor de una comarca cerealista de Zaragoza que decidió cesar su actividad en 2024 tras más de tres décadas trabajando sus tierras. La sucesión de campañas marcadas por el aumento incesante de los costes de producción, los bajos precios de mercado y la falta de relevo familiar acabaron inclinando la balanza hacia el cierre de la explotación.

“Los números cada vez salían peor. Cuando terminabas una campaña y hacías cuentas, veías que habías trabajado todo el año para ganar menos que hace diez años. Mis hijos tienen otros trabajos y no querían continuar. Llegó un momento en que no compensaba seguir”, explica. Su caso no es excepcional. Las organizaciones agrarias coinciden en que buena parte de las bajas registradas corresponden a explotaciones familiares que no encuentran sucesión o que optan por arrendar sus tierras a explotaciones de mayor tamaño.

Los datos presentados en rueda de prensa por la organización agraria UAGA en su balance agrario de 2025, reflejan una tendencia que preocupa a todo el sector. En noviembre de 2025 Aragón contaba con 17.008 trabajadores autónomos agrarios, frente a los 18.904 registrados en 2018. La caída se ha acelerado en los últimos años: solo desde enero de 2023 se han perdido 729 profesionales. La reducción afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque estas últimas continúan representando apenas una cuarta parte de los titulares de explotación. En noviembre de 2025 había registradas 4.185 agricultoras y ganaderas autónomas frente a 12.823 hombres.

Más producción, pero menos personas

Aunque las explotaciones que permanecen activas han logrado mejorar sus resultados en determinados sectores gracias a mejores cosechas y a una cierta recuperación de precios en algunos mercados, cada vez son menos las personas que viven directamente de la agricultura y la ganadería. Una paradoja que preocupa a las organizaciones agrarias.

El secretario general de UAGA-COAG Aragón, José María Alcubierre, ha advertido en varias ocasiones durante el último año de que la rentabilidad sigue siendo el principal problema estructural del campo aragonés. Tras presentar el balance agrario de 2025, Alcubierre ha resumido la situación con una frase contundente: “Ha sido un buen año de producción, pero no de ingresos”. Una circunstancia que, según la organización, dificulta el relevo generacional y acelera el abandono de explotaciones familiares.

Desde UAGA recuerdan que detrás de cada baja en el Régimen Especial Agrario no solo desaparece una actividad económica, sino “también una familia vinculada al territorio, una explotación que deja de generar empleo” y con ella, se reduce la capacidad para fijar población en el medio rural.

El resto de organizaciones profesionales agrarias comparten esta misma preocupación. Desde ASAJA Aragón, por ejemplo, vienen alertando desde hace años sobre el envejecimiento de los titulares de explotación y las dificultades para incorporar jóvenes al sector. Su presidente, Fernando Luna, incide en que los costes de producción, la burocracia y la incertidumbre normativa están desincentivando la entrada de nuevas generaciones.

En términos similares se expresan desde la organización UPA Aragón, que insiste en que el problema no es únicamente económico, y pone el acento en el hecho de que las pequeñas y medianas explotaciones familiares soportan cada vez mayores exigencias administrativas mientras ven que su capacidad de negociación frente a los grandes distribuidores es cada vez menor.

Desde ARAGA, en este mismo sentido, recuerdan el papel esencial de los agricultores y ganaderos en el sostenimiento de la actividad económica en el medio rural y en el mantenimiento de su población para vertebrar el territorio. 

Desde ARAGA entienden que “si bien el abandono de la actividad agroganadera es un problema que debe preocuparnos, este podría paliarse en cierta medida facilitando el proceso de incorporación de jóvenes agricultores”, apunta la organización. Se trata de un colectivo que “no solo tiene muchas dificultades de acceso a la tierra, sino que además tiene que lidiar con una administración que tarda varios años no solo en resolver los expedientes de incorporación, sino también en hacer los pagos de las ayudas”, lamenta ARAGA. Unas ayudas que son “fundamentales” para hacer viable un negocio en el sector primario para cualquier joven que desee desarrollar un proyecto de vida en torno a la agricultura o la ganadería. 

El reto del relevo generacional

Las organizaciones agrarias coinciden en alertar que el principal desafío para los próximos años pasa por facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganadero, y reclaman la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), medidas que garanticen precios justos y una mayor rentabilidad de las explotaciones.

La incorporación de nuevas tecnologías, la diversificación de cultivos y la modernización de regadíos son oportunidades para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, quienes las tienen que aplicar insisten en que ninguna estrategia será suficiente si la actividad agraria deja de resultar atractiva desde el punto de vista económico. “Sin ingresos, nadie quiere trabajar”, añade Javier. 

Porque mientras las cifras de renta agraria muestran una imagen positiva del sector, los datos de afiliación cuentan otra historia. Exponen en cifras la realidad de un campo que produce más, pero con cada vez menos agricultores y ganaderos al frente de las explotaciones, especialmente, mujeres.

Explotaciones más grandes y menos agricultores

La pérdida de profesionales no implica necesariamente una reducción de la superficie cultivada. De hecho, buena parte de las tierras que abandonan los agricultores que se jubilan entran a formar parte de explotaciones vecinas. Visto a ojo de águila, esta absorción de tierras genera un proceso de concentración de la tierra cada vez más visible.

Nuevamente, organizaciones agrarias y profesionales del sector primario advierten de que este fenómeno puede mejorar la eficiencia económica en determinadas zonas, pero también tiene consecuencias sociales importantes y negativas en las zonas rurales más alejadas de núcleos urbanos y en las más despobladas. Menos titulares supone menos actividad económica directa que deriva en una reducción progresiva de la población vinculada al sector primario y a los pueblos.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, más del 40% de los titulares de explotación en España supera ya los 65 años, mientras que los menores de 40 representan un porcentaje muy reducido. Una tendencia que también se refleja en Aragón y que preocupa especialmente en las zonas más despobladas.

De los tribunales a los despachos. El contencioso que mantiene enfrentado al Ayuntamiento de Mieres, en Asturias, con la Junta de Castilla y León por el uso de Puerto de Pinos ha dado otra vuelta de tuerca. El alcalde mierense, Manuel Ángel Álvarez, se ha reunido con el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, para pedir un apoyo explícito del Gobierno asturiano hacia el colectivo de ganaderos locales tras el varapalo que ha supuesto la última resolución judicial que impide que utilicen una zona de pastos que es propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero está ubicada en el término municipal de San Emiliano, en Babia (León).

El encuentro sirvió para que el consejero Marcelino Marcos y el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, tuvieran información de primera mano sobre la evolución de este conflicto por parte del alcalde, Manuel Ángel Álvarez, quien acudió a la reunión acompañado del concejal de Medio Rural, Luis Ángel Vázquez.

Búsqueda de soluciones

Marcelino Marcos ha reconocido que es “muy difícil” la posibilidad de dar ayudas directas a los ganaderos, si bien sí se ha mostrado dispuesto a estudiar las “limitadas” posibilidades que tiene el Principado para ayudar al sector ganadero mierense.

Así, el compromiso inicial va dirigido hacia la búsqueda de una solución “inmediata” para que los ganaderos puedan ubicar en torno a 1.500 cabezas de ganado en alguna superficie susceptible de aprovechamiento y se pueda mantener la actividad.

“Es un conflicto juridico”

“No es un conflicto político, es un conflicto jurídico”, ha advertido el consejero, quien ha cuestionado que se pueda pedir al Principado que se dirija a la Junta de Castilla y León para solucionar el problema.

“Si estuviéramos al revés y la razón la tuvieran los ganaderos de Mieres, ¿alguien cree que el Principado o el Ayuntamiento de Mieres iba a ceder para beneficiar a los ganaderos de León?”, se ha preguntado.

Mieres recurre el auto judicial

El alcalde de Mieres ha confirmado que desde el consistorio se ha recurrido el auto de expropiación forzosa dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu que impide a los ganaderos locales usar la zona de pastos de Puerto de Pinos y ha recordado que desde hace dos años, en cumplimiento de una sentencia dictada por el mismo juzgado, se paralizaron las concesiones de pastos.

Manuel Ángel Álvarez trasladó al consejero de Medio Rural que el ayuntamiento está cumpliendo las sentencias y actuando de buena fe en su apuesta clara por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia.

“Es sorprendente”

“El fallo de la pasada semana resulta sorprendente ya que insta al Consistorio a hacer algo sobre lo que no tiene competencia”, reconoce.

El alcalde de Mieres ha hecho hincapié en la necesidad de lograr que se imponga “el sentido común y la responsabilidad” ante la estrategia de crispación y enfrentamiento que, según expone, están impulsando algunos sectores minoritarios.

Garantizar el uso de los pastos

Manuel Ángel Álvarez ha insistido en que el equipo de gobierno seguirá trabajando para garantizar la normalidad y el uso de los pastos, conforme a la ley y los derechos legítimos como propietarios de Pinos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu dictó la semana pasada un auto de ejecución forzosa mediante el cual se impide la subida del ganado asturiano al Puerto de Pinos y donde se advierte al Ayuntamiento de Mieres de que podría incurrir en responsabilidades penales por acción u omisión si desobedece el mandato judicial.

UPA ha hecho un llamamiento a la unidad para exigir un reparto equilibrado de las reservas hídricas y soluciones concretas que eviten el abandono del medio rural ante las nueva planificación hidrológica en las cuencas que afectan a Castilla-La Mancha.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM), Julián Morcillo, ha denunciado en rueda de prensa, como viene haciendo hace unos meses, el nuevo proceso de planificación. Según Morcillo, las medidas propuestas constituyen un ataque directo y sin precedentes al equilibrio territorial y a la sostenibilidad económica de la región.

“Necesitamos una defensa como región, no vamos a permitir una política de regate corto. Lo que viene es muy jodido y exige poner freno a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego”, ha dicho.

El responsable de la organización agraria ha hecho un balance de las alegaciones de UPA a los Esquemas de Temas Importantes de las cuencas que afectan a la región, según ha señalado la organización en un comunicado.

El Guadiana: Un «atentado» económico y social

Así ha calificado la propuesta para la cuenca del Guadiana como un atentado para una zona que concentra a un tercio de la población de la comunidad autónoma. Con un total de 340.000 hectáreas de regadío, que representan el 58% de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha, el plan pretende condenar al secano al 34% de estas tierras.

Las consecuencias económicas serían terribles: 213 millones de euros al año en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros, y una pérdida patrimonial directa para los agricultores que asciende a 1.500 millones de euros por el descenso del valor de sus terrenos al pasar de riego a secano.

Júcar: Un atentado a los acuerdos históricos

En lo relativo a la cuenca del Júcar, Morcillo ha hecho una mención especial a la labor técnica de la JCRMO (Junta Central Regantes Mancha Oriental), llamando «atentado y burla» la ruptura del acuerdo político establecido en el plan de 1998; un hecho que en su día ya provocó la mayor manifestación en defensa del agua que se recuerda en Albacete. Desde la organización consideran inexplicable que un recurso renovable como el acuífero de la Mancha Oriental vea recortada su asignación desde los 398 hasta los 226 hectómetros cúbicos.

El plan recoge también una reducción en la sustitución de bombeos, que pasaría de 107,5 a 80 hectómetros cúbicos. Ha criticado duramente las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien afirmó que la región salía bien parada si el reparto se hiciese por habitantes: «Es un insulto a la inteligencia que se nos dijese eso en Albacete. ¿Dónde pone eso en la norma de planificación?», ha denunciado, recordando que la región genera 860 hectómetros cúbicos de recursos propios.

Asimismo, se exige abordar con urgencia el ámbito territorial de la demarcación, con rechazo a que se mantengan «colgadas de forma provisional» las cuentas de cuencas intracomunitarias valencianas dentro del Júcar. Morcillo ha defendido que los 630 hm³ destinados a Valencia, Sagunto, la Marina Baja o el Vinalopó, junto con la Albufera y los 163 hm³ asociados a su laguna artificial, deben ser gestionados directamente por la Comunidad Valenciana a través de alternativas como la desalinización, sin perjudicar a la cuenca cedente.

Segura: Recortes crónicos y alternativas inviables

La situación en la cuenca del Segura repite el mismo patrón de discriminación, pues mientras se busca redotar los regadíos del Levante y otorgar derechos a nuevas hectáreas en esa zona, los consumos actuales castellanomanchegos se verán reducidos: de 100,9 a apenas 33,2 hectómetros cúbicos. Este recorte provocará una caída del valor bruto de la producción de 100 millones de euros y una pérdida patrimonial estimada en 626 millones de euros, «una alternativa totalmente inviable».

Alegaciones del Gobierno regional

Ayer mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha presentaba el centenar de aportaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región: Tajo, Segura, Júcar, Guadiana, Guadalquivir, Duero y Ebro.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacaba que “ha sido un verdadero trabajo colaborativo de muchas personas y colectivos relacionados con el agua y creo que hemos conseguido realizar una buena propuesta con los asuntos más importantes para Castilla-La Mancha de cada demarcación”.

Son cerca de 200 propuestas que han realizado los 71 participantes en las mesas de trabajo sobre planificación. “Es también el reflejo del trabajo, del diálogo, del aprendizaje compartido y de la capacidad de cada persona y entidad para aportar sus conocimientos y experiencia con un objetivo común, como es mejorar la gestión y el futuro hídrico de nuestra región”, ha afirmado Mercedes Gómez.

Las propuestas se distribuyen entre las distintas cuencas hidrográficas con un enfoque común, basado en los principios recogidos en el Pacto Regional del Agua, pero adaptado a las problemáticas específicas de cada territorio. De hecho, según ha informado la consejera, la mayor parte de las propuestas se recogen en las demarcaciones del Guadiana, con 30; el Tajo, con 22; y el Júcar y Segura, con 18.