Uno de los vecinos del número 18 de la calle Mercaderes de Pamplona ha denunciado a F.V., propietario de todas las viviendas del bloque, por haberle agredido tras esperarle en las inmediaciones del portal. El episodio llega tras un año de presiones del dueño del edificio para que abandonen las viviendas, al que “la comunidad de vecinos denunció por acoso inmobiliario” a mediados de marzo de este año.

“Te voy a echar, vete haciendo las maletas. Te voy a arruinar la vida”, fueron las palabras que el joven escuchó mientras “se disponía a entrar en el portal” de su casa. Al girarse, se dio cuenta de que “se trataba de” F.V., dueño de la vivienda que tiene alquilada, que “sin previo aviso”, se abalanzó sobre él “empujándole contra el portal y agarrándole la cabeza con fuerza a la altura de las orejas” mientras se la apretaba. “A los segundos F.V. se apartó de él”, pero se abalanzó “volviendo a agarrarle la cabeza con fuerza con ambas manos y golpeándole”.

En la denuncia presentada en la Policía Municipal y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, también se describe que F.V. estaba acompañado de J.J.C., empleado que ya ha protagonizado algunas tensiones bajo los intereses de la empresa constructora, según describieron testigos a este medio. Según se detalla, las agresiones cesaron cuando el joven comenzó a “pedir ayuda gritando” y advertir que “iba a llamar a la policía”, momento en el que ambos comenzaron “a reírse de él”. “¿A quién vas a llamar? ¿A los municipales o a la Policía Foral?”, le preguntaron de forma burlesca, para luego amenazarle una vez más de que le iba “a arruinar la vida”.

El denunciante no “pudo defenderse” al tener un brazo inmovilizado por una “férula”, tras haberse roto la mano derecha el pasado mes, y portar en el otro brazo un “maletín de trabajo bastante pesado”. Tal y como consta en la denuncia, el constructor navarro y su empleado ya se presentaron una vez en su puesto de trabajo para intimidar y amenazar al inquilino, advirtiéndole que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a su familia. Por ello, ante el temor de “lo que pueda pasar, ya que le da miedo que F.V. pueda agredirle”, el joven ha solicitado “una medida de alejamiento”.

“Únicamente quiere que este lo deje en paz”, relata el testimonio dado en la sede policial, reflejado en la denuncia. El denunciante asegura que nunca ha habido impagos en el alquiler “ni ningún incumplimiento del contrato” por su parte. Tampoco por parte del compañero con el que comparte el piso, añade. De hecho, el propietario les comunicó hace menos de un mes por correo electrónico que su vivienda se había vendido, aunque no dio más detalles y el supuesto nuevo propietario no se puso en contacto con ellos. A pesar de los intentos de este periódico de contactar con el presunto agresor, no ha sido posible hablar con él.

Amenazas, obras eternas y problemas sin fin

Los vecinos relataron a este periódico que el “acoso inmobiliario” comenzó en abril de 2025, cuando la empresa les comunicó que debían marcharse porque se ponía en venta el edificio. A pesar de que todos los inquilinos tenían contratos en vigor. Dos meses antes, se había publicado en un medio local que el Ayuntamiento de Pamplona había concedido licencias turísticas a todo el bloque de viviendas.

Ante la negativa por “estar bien” en sus casas y no querer mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, los residentes aseguran haber sufrido casi un año de presiones para que abandonasen el edificio, como obras que consideran innecesarias, problemas en servicios como el ascensor (parado desde octubre), deficiencias en las condiciones de habitabilidad y amenazas por parte de F.V. y su empleado.

La propietaria de uno de los trasteros del edificio también describió una mala experiencia con el constructor navarro y su empleado. La empresa vació “por error” sus dos trasteros y, cuando avisó que acudiría por la via penal, J.J.C. le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”.

Denuncia por acoso inmobiliario

El Ayuntamiento de Pamplona, preguntado por el asunto el mismo día de la publicación del reportaje, calificó las prácticas descritas como de “carácter mafioso y poco aceptables”. Aunque admitió que “la capacidad que tiene el Consistorio” para intervenir en este tipo de situaciones “es limitada”, al tratarse de un asunto “estrictamente civil”, explicó Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.

No obstante, declaró un compromiso de “respaldo y asesoramiento” si se interponía una denuncia formal y afirmó no conocer ningún caso similar en la ciudad. Asimismo, recalcó la “preocupación de este gobierno” sobre la “actividad relacionada con los pisos turísticos”, pese a que fue el propio Ayuntamiento quien concedió las licencias. Finalmente, la comunidad de vecinos del edificio interpuso la denuncia contra el propietario a mediados de marzo de este año.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al agitador ultra Bertrand Ndongo tras pedirle disculpas por haber acudido hace tres años a fotografiar a sus hijos, menores de edad, a la entrada del colegio. Aunque “agradece” la disculpa, García le replica que desde entonces ha continuado acosándola: “Como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”.

García lo denunció en su momento ante la Policía. La política, entonces candidata de Más Madrid, relató que un grupo de padres le alertó de que un hombre estaba haciéndoles fotos a ella y sus hijos el 1 de marzo de 2023, a las 9.00 horas de la mañana, a las puertas del colegio. Se acercó a Ndongo y le preguntó por el motivo de las fotografías. Este alegó que “a él también le acosan llamándole pederasta y que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas”. Buscaba comprobar “si era cierto que llevaba a sus hijos a un colegio concertado”, algo de lo que ahora —dice Ndongo— se siente “asqueado”.

“Agradezco la disculpa, pero viniste a acosarme al colegio de mis hijos hace tres años. Desde entonces has tenido oportunidades para disculparte y sin embargo seguiste acosándome en manifestaciones y actos porque como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”, ha respondido la ahora ministra. Y añade: “Serían más sinceras las disculpas si aprovecharas para pedírselas a Carla Antonelli y a todas las que has perseguido y acosado durante estos años”.

Ndongo publicó el miércoles un post en el que se refería, sin citarlo, a Vito Quiles después de que los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla hayan denunciado su acoso. “No se puede perseguir a nadie hasta la puerta de su casa. Sigo asqueado de mí mismo por cuando fui al colegio de los hijos de Mónica Garcia, por orden de mi medio, a comprobar si estudiaban en un colegio público. Nunca me olvidaré de la cara de la Ministra, triste y enfadada. Crucé todos los límites. Me salté mis propios principios. Es algo que no deseo ni a peor enemigo”, decía Ndongo.

En enero, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria aprobó dos informes en los que considera que los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo incurrieron en infracciones graves del reglamento: el primero por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y el segundo por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. La Mesa de la Cámara Baja tiene que decidir si les impone la sanción y su duración, que puede extenderse entre once días y tres meses.

El exalcalde del municipio sevillano de La Algaba Diego Manuel Agüera ha recuperado su militancia en el PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de la localidad sevillana, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. De hecho, hace unos días pedía su vuelta al conjunto al “haber decaído la medida cautelar de baja de militancia” que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

Según expresaba Agüera en un comunicado, consultado por esta agencia, su intención es “gozar de todos los derechos como afiliado” en su “querida” organización. No obstante, respecto a su futuro político y en referencia a una posible vuelta a la alcaldía (mantiene el acta de concejal) aseguraba que no tenía “nada decidido”, una posición que, por el momento, parece no haber sufrido cambios. “Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido”, apostillaba entonces.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

Para muchos, las redes sociales han pasado de ser un nexo de unión entre personas y colectivos repartidas por todo el mundo a un caladero de críticas y odio. De forma fugaz se van difundiendo discursos cíclicos, en los que las figuras públicas, para bien o para mal, son objeto de discusión. Así le ha ocurrido al actor irlandés Barry Keoghan, que ha denunciado que se ha convertido en objeto de burla a lo largo y ancho de la red.

En una entrevista que Keoghan ha concedido a la revista estadounidense Entertainment Weekly, el intérprete ha confesado que las constantes críticas que ha recibido por su físico le han generado una gran ansiedad: “Hay muchos insultos sobre mi aspecto”, ha detallado. El acoso en redes es algo a lo que lamentablemente Keoghan está acostumbrado, pero ha confesado que la situación ha escalado en los últimos meses.

El actor irlandés teme que el acoso acabe afectando a su carrera. Acaba de estrenar proyecto con Peaky Blinders: El hombre inmortal, y ahora se encuentra inmerso en el proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles, en el que encarnará a Ringo Starr. Antes de eso, participó en películas como The Killing of a Sacred Deer, The Batman o Saltburn.

“Cuando eso empieza a filtrarse en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”, ha explicado, incidiendo en que el acoso en redes sociales podría acabar interfiriendo en su libertad creativa como intérprete.

“Hay mucho odio en internet”, lamenta el actor, que ha abandonado las redes sociales después de que su aspecto físico se haya convertido en objeto de discusión. El odio vertido por usuarios anónimos no solo le han afectado en su vida online, también asegura que le han convertido en un recluso: “Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir”. La exposición constante a comentarios negativos sobre él, denuncia, se ha traducido en problemas de autoestima y ansiedad.

“Se está convirtiendo en un problema. No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo. De hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas”, ha abundado.

Ahora, el actor se ha retirado de forma parcial de las redes sociales, un equilibrio delicado, puesto que se encuentra involucrado en numerosos proyectos. Por el momento, solo consulta para ver “cómo se reciben” las reacciones de estrenos y eventos importantes. A menudo, ha lamentado, encuentra reacciones a sus apariciones públicas que son “nada agradables”.

Las hemerotecas se han llenado este mes de marzo de titulares acerca de violencias digitales que, en algunos casos, han traspaso las pantallas y se han materializado también en forma de acoso y agresiones físicas. A las denuncias públicas y policiales de Rita Maestre, Ione Belarra, Irene Montero, Tesh Sidi y Antonio Giraldo (así como de la periodista Sarah Santaolalla el pasado febrero) se suman procesos judiciales contra un hombre que enviaba mensajes homófobos a jóvenes por Instagram desde La Rioja o contra los futbolistas que han difundido un vídeo sexual de una jugadora de 14 años en Bizkaia.

Esta misma semana, la Universidad de Murcia ha divulgado una investigación basada en entrevistas a más de mil mujeres que confirma que un 61% de ellas ha sufrido presiones sexuales online y que constata el impacto de la violencia digital en su salud mental, en forma de ansiedad, baja autoestima y miedo a que el acoso se materialice también en la vida física. Una consecuencia es que las mujeres restringen su participación en espacios digitales.

También en marzo, el Gobierno de España y el de México han anunciado medidas para frenar las violencias en línea. Pedro Sánchez ha presentado la Huella del Odio y la Polarización (HODIO), una herramienta para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales. Por su parte, el ejecutivo que preside Claudia Sheinbaum ha firmado un acuerdo con las principales plataformas digitales (Meta, Google y TikTok) para que incorporen mecanismos de protección de las mujeres: desde campañas para incentivar denuncias a contenidos de sensibilización o la creación de rutas para retirar contenido violento o íntimo no consentido.

Si hace una década el debate público se centraba en las violencias entre la juventud como nativa digital (ahí aprendimos conceptos como grooming o sextorsión), la preocupación gira ahora sobre las acciones más o menos coordinadas desde la llamada manosfera para intentar amedrentar a feministas con proyección pública, como activistas, comunicadoras y políticas. Sin embargo, la victimización constante también se ha traducido en una acumulación de acciones para documentar, contextualizar, prevenir y acompañar los casos de violencias machistas en línea.

Algunos han dado sus frutos: por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condena como un delito de odio las expresiones racistas y misóginas que Justo Huertos Rubio emitió por redes sociales en contra de la comunicadora y activista antirracista Quinndy Akeju. La sentencia demostró que cuando se investigan las violencias, el anonimato deja de ser garantía de impunidad.

Adaptar leyes, reclamar responsabilidad

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 un informe, Las violencias de género en línea, que registró en el Congreso de los Diputados ese año junto con la revista feminista Pikara Magazine y el apoyo de las entidades Calala y Front Line Defenders. Esta acción de incidencia estuvo motivada especialmente por el acoso continuado en redes sociales que habían sufrido colaboradoras de la revista feminista, como Irantzu Varela, Brigitte Vasallo, Silvia Agüero Fernández o Alicia Murillo.

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 el informe 'Las violencias de género en línea': “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales

Ocho años después, aunque lamenta que la iniciativa quedase en un cajón y no recibieran respuesta alguna, Serra valora el carácter pionero de esa demanda de protección que dirigieron al Estado: “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales”.

El siguiente hito en el que participó esta jurista fue conseguir en 2020 que la ley catalana contra las violencias machistas incluyera en su ámbito de actuación las violencias hacia las mujeres en redes sociales y en la esfera pública. “Eso ha significado que en Catalunya todos los agentes implicados en la atención a las violencias han tenido que ser formados sobre esta tipología de violencias. Yo he formado a profesionales de los servicios de intervención especial, a médicos y a psicólogas forenses; los Mossos de Esquadra han sacado su propia guía; hemos creado la línea Fembloc que ofrece asesoramiento tecnológico legal y psicosocial. Hemos abierto camino y hemos intentado que otras leyes se hicieran eco de esta dimensión tecnológica”, condensa.

El siguiente hito fue introducir mediante la llamada ley del solo sí es sí modificaciones de artículos de otras normas, como la de Enjuiciamiento Criminal, de forma que las juezas y jueces de instrucción puedan ordenar la retirada de contenidos sexuales difundidos sin consentimiento como primera medida de protección. También del Código Penal para poder castigar no solo al primer divulgador sino a quienes republiquen esos materiales.

Sin embargo, lamenta que el gran escollo con el que chocan esos avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, Serra valora el paquete de medidas que anunció en febrero Pedro Sánchez, que incluye la persecución penal a los CEO de plataformas digitales que permitan la difusión de contenidos ilícitos y falsos.

El gran escollo con el que chocan los avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial

La jurista insta a no esperar a que se desarrollen en España las competencias de las nuevas leyes europeas sobre IA o sobre servicios digitales, y apela a la proactividad de diversos actores, desde la Agencia Estatal de Protección de Datos a la Inspección de Trabajo o el sistema de salud, así como incluir las violencias digitales en distintas normas, resume para elDiario.es.

Redes de apoyo

Las históricas huelgas de 2018 y 2019 marcaron un clímax en las luchas feministas, que han sido respondidas con una intensa reacción misógina y supremacista, articulada en redes sociales con participación de actores de extrema derecha o los llamados incels. En España, el Instituto de las Mujeres publicó el pasado mes de diciembre un informe en el que analiza el uso por parte de estos internautas del término “Charo” para ridiculizar, desacreditar e intentar silenciar a mujeres feministas de izquierdas.

Se trata, sin embargo, de una ofensiva globalizada que han instado a atender desde la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión a organismos internacionales de derechos humanos. Ya en 2018, Amnistía Internacional llamó a actuar con perspectiva interseccional contra la violencia de género facilitada por las tecnologías, consideradas como “abusos contra los derechos humanos en virtud del derecho internacional”. Uno de sus hallazgos fue que las mujeres racializadas tenían un 34% más de probabilidades que las mujeres blancas de ser mencionadas en “contenido abusivo o repetido de carácter nocivo u hostil” y que ese porcentaje se disparaba hacia un 84% en el caso de las mujeres negras.

En México, la colectiva feminista Luchadoras MX ha desplegado un área de Internet Feminista que incluye una Línea de Apoyo contra la Violencia Digital desde la que brindan a las mujeres y disidencias que sufren estas violencias “información, orientación legal, mecanismos de reporte, contención emocional, contención emocional, canalización con autoridades y otras colectivas”.

Los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”.

La forma de acompañar cada caso se adapta a las decisiones y los ritmos de las personas (desde la denuncia al descanso en la actividad digital), pero señalan como coincidencia la importancia de no dejar a las afectadas solas: “Poder contar con redes de apoyo y comunidades que escuchen sin juzgar, que acompañen, que contengan y que validen las emociones que surgen frente a la violencia hace una gran diferencia. Es en esos espacios donde poco a poco se puede volver a tomar aire, ordenar lo que se siente y empezar a recuperar la propia voz”, destacan las responsables de la Línea de Apoyo, Gisel Santos y Paola Rivera Niño.

Desde Luchadoras comparten la preocupación de que la “tecnología avanza más rápido que la capacidad de generar avances regulatorios nacionales e internacionales eficientes, por lo que es importante documentar y no quitar el dedo del renglón ante este fenómeno”. Algunas de las transformaciones que han identificado han sido la generación de nuevas dinámicas que propician una escalada en la intensidad de agresiones como el uso de bots o cuentas automatizadas para coordinar ataques, o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para propósitos humillantes o desacreditantes (los llamados deepfakes).

Añaden que los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”. En la línea de Serra, concluyen que “ya no se trata solo de una agresión interpersonal, sino de una estrategia dentro de conflictos políticos más amplios sobre género, democracia y derechos”.

Más conciencia

La psicóloga Isa Duque, impulsora del proyecto de divulgación Psico Woman, asegura que en las charlas que ofrece al alumnado de secundaria (centradas en el amor pero abiertas a plantear otras inquietudes) apenas están saliendo la cuestión de las violencias digitales, mientras que se repiten las dudas sobre ligoteo y salud mental. “Lo que más salen son temas de control a través del móvil: qué hago si mi pareja me dice a quién puedo seguir y a quién no, qué hago si descubrió que sigue a su ex en redes y lo vivo como una traición…”, añade.

“Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto y autora de la guía de ciberviolencias 'Ponle nombre', que publicó Emakunde

Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto (Bizkaia), es una de las autoras de la guía de ciberviolencias Ponle nombre, que publicó el pasado diciembre el Instituto Vasco de las Mujeres, Emakunde. Una guía dirigida a chicas y chicos jóvenes para promover la identificación de distintas formas de violencia digital, poniendo el foco no sólo en la protección sino en la responsabilidad para no difundir o emitir contenido misógino, e incluyendo también apartados sobre LGTBIQA+fobia, racismo y gordofobia.

Linares cuenta con más de una década de experiencia estudiando y divulgando sobre las violencias digitales en la comunidad educativa. Identifica que las forma de violencia se han ido sofisticando con los años (en tanto que se han sofisticado también los usos de las plataformas digitales), pero prefiere poner el foco en los aprendizajes y recursos desarrollados, desde las pautas de autoprotección a los mecanismos de denuncia impulsados por redes feministas: “Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica.

Celebra que en la comunidad autónoma vasca ha quedado atrás la fase en la que era la policía la encargada de dar charlas sobre ciberviolencias sexuales en las aulas, con enfoques que promovían el miedo y la culpabilización. “Ahora van a las aulas educadoras de consultorías que no siempre están suficientemente formadas en ciberviolencias pero trabajan con perspectiva de género”, cuenta. El siguiente paso, desde su punto de vista, es pasar de esas charlas puntuales por parte de personas externas a una transversalización en el currículum y una implicación de todos los agentes educativos, desde las familias a los servicios sociales. También en este punto, Linares se muestra optimista: “El profesorado está concienciado, dispuesto a colaborar, pero nos tenemos que coordinar para formarlo de manera que no se tope con la mochila de tener que saber también de ciberviolencias. En algunos pueblos se está debatiendo y trabajando en comunidad cómo criar a las niñas y niños en protección digital”.

En ese sentido, no comparte las medidas como la anunciada en febrero por Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años: “¿Qué pasa, que con 17 años ya no vas a ser machista y a producir contenido violento? Hay que trabajar desde la infancia (especialmente con los chicos) para que, si ven ese contenido, les dé tanto rechazo que lo puedan denunciar, y para que se puedan vincular con otros contenidos y tonos sobre masculinidades, feminidades y diversidad”.

¿Y las violencias benevolentes?

La guía sobre ciberviolencias de Emakunde elaborada por Zaloa Lafuente, Estíbaliz Linares e Iratxe Rodríguez dedica un apartado al body shaming, que define como “comentarios, insultos u odio contra todos los cuerpos que rompen con los ideales de belleza establecidos”, y a la gordofobia, entendida como “rechazo y violencia que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas”. Sobre esto último, añade que esta violencia presente en la vida offline “coge mucha fuerza en las redes sociales” y se basa en prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida

Magda Piñeyro, divulgadora y asesora sobre gordofobia, género y diversidad corporal, autora de dos libros sobre el tema, detalla las violencias explícitas gordófobas presentes en redes sociales: “Véase los insultos, amenazas, burlas o el fatshaming, que es como se llama a la exposición púbica de vídeos no consentidos de personas gordas caminando, en gimnasios o comiendo”. Sin embargo, añade una segunda capa, la gordofobia benevolente: “Toda esa amplia gama de comentarios bienintencionados, como las invitaciones a hacer ejercicio, hacer dieta o consultar a nutricionistas”.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida”.

Las recomendaciones de la guía de Emakunde no se dirigen a las personas gordas sino al resto de la ciudadanía: “Antes de recomendarle a alguien que cambie sus hábitos de vida, piensa si de verdad te importa su salud o te molesta su cuerpo. ¿Le harías la misma recomendación a alguien que sube una foto fumando o bebiendo?”.

El Tribunal de Instancia de Zaragoza ha condenado a J. M. M. A., un técnico auxiliar del Ayuntamiento, por un delito de coacciones en su modalidad de acoso hacia una agente de la Policía Local con la que coincidía en el edificio del Seminario. El fallo judicial considera probado que el acusado sometió a la víctima a un patrón de “conducta insistente y reiterado” que alteró “gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. La resolución judicial destaca que, pese a que la mujer comunicó el hostigamiento a través de mensajes donde pedía que “no se acerque” y afirmaba sentirse “acosada e intimidada” , el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

La sentencia subraya que esta situación se mantuvo debido a una “inacción para evitar el asunto desde su raíz”, llegando a considerar a que el acoso “se permite y se incita por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando” –el máximo responsable policial en el edificio del Seminario–. Así lo señala al hacerse eco de las “contundentes consideraciones y conclusiones” de un informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral.

Fuentes municipales explican que, al conocerse los hechos, se abrió un expediente disciplinario al acusado y que los mecanismos “funcionaron correctamente”. El procotolo se inicio en junio del 2022, cuando la víctima lo comunicó, y se finalizaron las conclusiones en diciembre de ese mismo año. El 4 de enero de 2023, el Ayuntamiento aprobó de forma cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

Según la resolución, a raíz del divorcio de la agente en 2020, el acusado empezó a “interesarse más por ella”. Desde septiembre de 2021, J. M. M. A. “propiciaba de manera insistente encontrarse con la denunciante y buscar su cercanía física”. Para ello, el encausado la buscaba “prácticamente a diario” allí donde se hallaba o preguntaba a otros agentes en qué zona del edificio prestaba servicios.

La sentencia relata que el acusado “no cesaba de ir casi a diario al cuarto de seguridad”, accediendo incluso a su interior pese a ser una “estancia reservada a agentes policiales”, donde llegó a arrodillarse ante la víctima “pidiéndole que le hablase y exigiéndole explicaciones”. También consta la entrega de una nota donde le decía que ella era una “persona muy especial” junto a un “emoticono con forma de corazón”. Pese a que la denunciante le envió mensajes advirtiéndole que no le insistiera más, que se sentía “acosada e intimidada” y que “no estaba autorizado” a acudir a sus puestos de trabajo, J. M. M. A. hizo “caso omiso” a estas peticiones y a las advertencias verbales de sus jefes en una reunión mantenida en abril de 2022. Esta “prolongada situación sufrida” ocasionó que la víctima tuviera que “cambiar sus hábitos en el trabajo y estar permanentemente en alerta”, derivando en un diagnóstico de “síndrome de estrés postraumático y ansiedad”.

Fuentes del entorno de la agente señalan que ha estado “cinco años luchando sola” y apuntan a que lo que ha “vivido ha sido un infierno”. “Lleva cinco años encerrada sin poder salir de casa”, explican. A su vez, lamentan que no ha recibido “nada de ayuda del entorno policial”. “Estaba convencida de que si no denunciaba acabaría pasando una desgracia”, indican las mismas fuentes.

“Inacción” del entorno laboral

La sentencia critica la “inacción” del entorno de trabajo para evitar este “hostigamiento psicológico con componente sexual del denunciado hacia la denunciante”. Ante la reiteración de los comportamientos de acoso por parte del condenado, el Servicio de Prevención y Salud Laboral recoge en su informe de diciembre de 2022 que se permitió “y se incitó por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando, a pesar del evidente malestar psicológico de la trabajadora”. Añaden que el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

Este mismo informe recoge que el denunciado reconoció que tenía “obsesión” por la denunciante. Desde Prevención también constatan que el ambiente laboral “ha resultado intimidatorio y hostil para la denunciante al no identificarse las conductas de acercamiento del denunciado como inadecuadas en un entorno laboral” y que, cuando denunció, no se pusieron medios “para darle la debida protección para desarrollar su trabajo con dignidad”.

Según se expone, la agente y el ahora condenado tuvieron una reunión con sus respectivos jefes “en la que se reconoció que el tema era serio y que podía dar lugar a responsabilidades”. En esa reunión fue advertido y “se habría comprometido a poner fin a los contactos, pero sin que de esa reunión salieran instrucciones u órdenes concretas”. La víctima pidió la baja cuando comprobó que él seguía acercándose a su puesto: “Siendo especialmente frustrante para esta que su superior se quedase con él riéndose, en lugar de ampararla”. Fue ahí cuando acudió al Servicio de Prevención y Salud Laboral y fue derivada a la mutua médica, donde se le dio la baja. En la sentencia se traslada que fue ella “la que resulto cambiada de puesto de trabajo y no al revés”, lo que “acrecienta la victimización y frustración de la perjudicada”.

En junio de 2022, la trabajadora informó de los hechos en base al protocolo contra el abuso sexual, según explican fuentes municipales a este diario. Este protocolo finalizó en diciembre y, el 4 de enero de 2023, se aprobó como medida cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

En el escrito judicial se recoge un testimonio de un testigo que asegura que no se le impidió acceder a espacios reservados para la policía donde pudo ver los cuadrantes con los horarios de la víctima. Explica también que hubo una reunión y los compañeros “no recibieron instrucciones escritas para no dejarle acceder”. El mismo testigo confirma que a “la denunciante se la veía angustiada”.

Apertura de expediente

Fuentes municipales explican que, cuando se conoció el informe de Prevención, se abrió un expediente disciplinario al ahora condenado, pero que se paralizó al interponerse la querella, tal y como establece el protocolo. Aseguran que se tomó como medida preliminar que el acusado no pudiera estar en contacto con la denunciante mientras el expediente siguiera abierto. Todo esto sucedió antes del traslado de la agente. Las mismas fuentes explican que el Ayuntamiento no es parte en esta causa y que, al producirse la sentencia, se ha reactivado el expediente disciplinario interno. Cuando se resuelva, “se le aplicará un régimen sancionador de empleo y sueldo”.

Finalmente, el magistrado ha impuesto a J. M. M. A. una pena de “siete meses de prisión” con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, además de la “prohibición de que se aproxime” a la persona de la agente, a su domicilio o a su lugar de trabajo a una distancia “inferior a 200 metros” por un tiempo de “tres años”. Igualmente, se le impone la “prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio” durante el mismo periodo, la condena al pago de las “costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular”, y la obligación de indemnizar a la víctima en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los “días de curación y eventuales secuelas”.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor. Como consecuencia de estos hechos, el pasado 23 de febrero Agüera renunció a su cargo.

Según el auto, adelantado por Cadena SER y al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, por lo que ha procedido a acordar el “sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en íi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, expresó el edil al renunciar. Asimismo, aseguró que había denunciado este hecho “ante la Justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

La denuncia fue presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a su vez a a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público.

Me llamo Marta, aunque llevo unos veinte años subiéndome a las cabinas de discotecas, eventos y festivales bajo el nombre de Eme DJ. Me dedico a poner música para que la gente baile y sienta cosas, sin mucho más misterio. También invierto bastante tiempo en hablar de la cara B de esta profesión: la salud mental, la precariedad de los que no salen en letras grandes en los carteles y mi proyecto Depresión en la Cabina en el que visibilizamos los problemas derivados de ser DJ y funcionamos como grupo de apoyo online. 

Hace unos días, un clip de 40 segundos extraído de una entrevista de dos horas en un podcast me convirtió en el blanco de las redes. En ese fragmento me atrevía a cuestionar el turbocapitalismo de los macrofestivales y decía que no me parecía normal que un cabeza de cartel cobrase medio millón de euros mientras la clase obrera de la noche cobra mal, tarde o en “exposición”.

Supongo que quienes llenaron la sección de comentarios con cientos de insultos esperaban que me hiciera pequeñita, que cerrara la boca o que pidiera perdón por existir. Ha pasado justo lo contrario: leerlos ha sido jodidamente terapéutico.

Lejos de hundirme, me han dado la razón. Han demostrado, punto por punto, todo lo que está podrido en esta industria y cómo reacciona una parte de la sociedad cuando una mujer toca el chiringuito de los privilegios y habla de dinero. No les jode tanto lo que dices; les jode que seas tú quien lo dice. Y para intentar callarte, usan siempre el mismo manual de instrucciones. 

El primer paso es de cajón:

“Esta tía no sabe ni lo que habla. Mira, el deejay funciona así...”.

He pinchado en festivales inmensos, he hecho warm-ups para artistas internacionales y conozco bien las cabinas de los antros más oscuros. Pero da igual. Para un señor aleatorio en Internet, sigo siendo “esta tía” a la que hay que explicarle cómo funciona la industria en la que lleva media vida partiéndose la espalda. La condescendencia es la herramienta favorita para anular la experiencia femenina. Necesitan bajarte a la categoría de alumna para poder sentirse cómodos y mantener su autoridad intacta.

Cuando ven que no pueden darte lecciones técnicas porque tienes más horas de vuelo que ellos, atacan al físico.

“Solo con verle la cara de bollo...” o “Valiente escombro habéis puesto ahí”.

Cuando una mujer plantea un argumento estructural sobre economía o cultura de club y se quedan sin herramientas intelectuales para rebatirlo, atacan el cuerpo. Si no encajas en la fantasía de la “DJ florero” con poca ropa, te castigan por atreverte a ocupar espacio visual y sonoro. Tu opinión no vale porque, para ellos, tú no eres un producto consumible. No estás ahí para adornar su fiesta, así que te conviertes en una diana.

Y por si fallan las dos primeras, siempre les queda la vieja confiable:

“No pagues tu frustración con los demás”.

Si un hombre critica el sistema, es un visionario, un líder, un punk. Si lo hace una mujer, es una resentida o envidiosa. Invalidar una queja legítima reduciéndola a un arrebato emocional o a “envidia” es gaslighting de manual. Les aterra tanto que cuestiones su mundo perfecto de DJs millonarios y ley de la oferta y la demanda que prefieren convencerse de que simplemente estás frustrada.

Leer todo esto me reafirma.

Pienso en las chicas que están empezando ahora. En las que a lo mejor sienten pánico a subir sus mezclas, a pinchar delante de la gente o a opinar por miedo a que las llamen “escombros” o las traten con esta condescendencia. Y se me quitan las ganas de callarme.

La pista de baile siempre nació como un espacio de resistencia y disidencia para los que no encajábamos. Defenderla significa aguantar el ruido de estos señores hasta que, poco a poco, dejen de tener público.

Me habéis dado la razón en todo. Yo sigo a lo mío. Nos vemos en la pista.

El primer tuit se publicó el 29 de agosto de 2019: “Eres la típica malfollada a la que nunca le han dado polla”. Lo que siguió fue un aluvión de mensajes durante cuatro años para “humillar”, en palabras de la Fiscalía, a una experta en videojuegos, conocida por denunciar las actitudes machistas del sector. El acusado se sienta en el banquillo este miércoles.

La Audiencia de Barcelona escuchará a una víctima de una realidad que no suele verse en una sala de vistas en España: el acoso machista de un incel a una mujer del sector de los videojuegos. Originaria de Estados Unidos, la comunidad incel está formada por hombres jóvenes y machistas que culpan a las mujeres de su falta de relaciones sexuales.

Como toda comunidad de Internet, pero guiados por el odio a las mujeres, los incels han construido un lenguaje propio. Algunas de estas expresiones se encuentran en los mensajes que el joven acusado profirió a la denunciante entre 2019 y 2022, e incluso los nombres de las cuentas que usaba, tal y como relata el abogado de la víctima, Daniel Amelang, en su escrito de acusación.

“El mundo del videojuego todavía sigue siendo parte de una tecnocultura machista tóxica muy fuerte, y el hecho de que empiecen a llegar mujeres les genera un rechazo muy fuerte y se coordinan para echarlas”, explica la filósofa de la tecnología e investigadora Eurídice Cabañes.

El joven está acusado de enviar, al menos, 13 mensajes en Twitter y 14 a través de Instagram a la víctima. De culpar a la denunciante del coronavirus se pasa a una escalada en la agresividad de los mensajes, con referencias explícitas a violarla o dejarla embarazada. También se arremete contra el feminismo de la denunciante y sus críticas al sesgo machista de algunos videojuegos.

Entre los términos empleados en los mensajes, se encuentran palabras habituales de los incels, como “cucks” (cornudos en inglés, pero que esta comunidad emplea para describir a los hombres que apoyan políticas igualitarias); “chad” (ejemplo de hombre atlético que despierta el deseo en las mujeres); “kek” (una forma de reírse); “alfa y beta” (la diferenciación entre hombres dominantes y sumisos); o “golden” (la referencia incel para describir el equilibrio entre dos personas).

La violencia que recibió la denunciante no fue solo verbal: el acusado también envió una fotografía de su pene sin el consentimiento de la experta en videojuegos.

La Fiscalía no tiene dudas: a través de sus mensajes públicos y privados, el acusado pretendió “menoscabar la dignidad” y “denigrar” a la denunciante “y a las mujeres por el mero hecho de serlo”, además de perjudicarla en el ejercicio de su profesión. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel para el acusado por un delito de incitación al odio o bien por el delito de acoso y una indemnización de 3.000 euros.

La acusación particular de la víctima eleva la petición de pena a tres años de cárcel por un delito de odio por motivos misóginos y otro de acoso, además de una indemnización de 20.000 euros. La denunciante, recalca el abogado Amelang, se vio “vejada de forma grave y sostenida en el tiempo” ante toda la comunidad gamer por parte del acusado, y tuvo que contactar con la entidad Fembloc, de lucha contra las violencias digitales.

Las consecuencias para la denunciante fueron severas: se vio obligada a reducir su presencia en redes y a desactivar los mensajes privados, y tampoco participó en medios de comunicación tradicionales “para llamar menos la atención y minimizar el riesgo de que continuara el acoso”, sostiene su abogado.

Lo ocurrido a esta experta en videojuegos llega a un juicio, pero el acoso digital es una realidad para muchas mujeres jugadoras. Así lo expone el último estudio sobre diversidad en el videojuego en España de la asociación cultural Arsgames, del que Cabañes fue una de sus autoras: el 59% de las jugadoras ocultan su género para evitar el acoso, y el 77% lidian con comportamientos no deseados.

Todo ello pese a que en 2024, por primera vez, las mujeres representaron la mayoría del público jugador en España, alcanzando los 11,1 millones, un 50,5% del total tras un crecimiento del 77% desde 2019 en el número de jugadoras, según el estudio.

Cabañes recuerda la “responsabilidad” de las empresas a la hora de atajar los acosos machistas en el videojuego. “Igual que no se nos ocurriría permitir a un restaurante actitudes sexistas, tampoco pueden ocurrir en el espacio digital”, destaca la experta, que lamenta que algunos juegos que todavía no cuentan con formas de protección contra el acoso.

La experta pone como ejemplo lo ocurrido con el Gamergate, la campaña de ciberacoso machista de hace una década a distintas mujeres en la industria de los videojuegos, que perdió peso durante unos meses pero cuyos métodos fueron “precursores” de ataques como el asalto al Capitolio de EEUU. “El videojuego es un campo de innovación donde se puede redirigir a los hombres que ya son misóginos para que pasen a la acción”, resalta Cabañes.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha iniciado acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, por los “insultos” proferidos contra él con el fin de “preservar su honor” y defenderse de lo que considera una “campaña de desprestigio”.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia en diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él y que finalmente ha sido expulsado por el PSOE, ha solicitado en el Juzgado Civil del Tribunal de instancia de Gandia un acto de conciliación previo a interponer una querella por los presuntos delitos de injurias graves y calumnias.

En su escrito al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, el alcalde expone que Morant se ha dirigido a él en diversos medios como “putero y acosador laboral y sexual”, y añade que es conocedora de que se trata de “hechos infundados”, pero ha hecho esas manifestaciones “en términos electoralistas”.

Asimismo, pide que Morant reconozca en el acto de conciliación que “son inciertos los hechos imputados” y le indemnice con 50.000 euros por los daños que le han causado sus acusaciones, y advierte de que si no lo reconoce y no le indemniza presentará una querella por injurias graves y calumnias.

El alcalde ha señalado en un comunicado que los “gravísimos y reiterados insultos” de Morant hacia él buscan acabar con su carrera política y también le ocasionan “un enorme daño personal, familiar y profesional”, además de que han supuesto “un grave daño para la militancia” de la Agrupación Socialista de Almussafes.

Consultada la dirección del PSPV-PSOE por la Agencia EFE sobre estas acciones judiciales han señalado que por el momento no van a hacer declaraciones. 

El acusado de aprovecharse de dos mujeres, empleadas de su local, a una de las cuales tuvo trabajando sin contrato, acosó laboralmente y robó dinero, y a la segunda, también le hurtó dinero y una joya ha aceptado 12 meses de prisión por el delito de trato degradante así como el pago de una indemnización de 5.000 euros por los perjuicios morales ocasionados a la víctima y las cantidades adeudadas como trabajadora.

Así se ha saldado el juicio previsto para este miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja. Como informan desde el TSJR, el juicio ha empezado a celebrarse esta mañana sin que hubiera acuerdo de conformidad. Sin embargo, tras declarar víctima y testigos, las partes han hablado en el receso y han llegado a un acuerdo.

Ante ello, el Fiscal y la Acusación Particular han retirado las acusaciones del delito contra los Derechos de los Trabajadores y la de Hurto. El delito de coacciones lo han rebajado de grado y lo han dejado en un delito de Trato Degradante. También se han retirado las acusaciones por una segunda víctima que se recogía en el escrito del fiscal.

El Tribunal, teniendo el cuenta que el acusado no tiene antecedentes penales, ha acordado suspender la pena durante dos años. La suspensión está condicionada a que no cometa delito durante el tiempo de la suspensión y a que abone la indemnización y las costas procesales. Previamente, el Ministerio Fiscal solicitaba un total de 7 años y 3 meses de prisión para el hombre.

LOS HECHOS

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, fue en el año 2024 cuando el acusado, dueño del Bar 'Juan Lobo Smash God Burger' de Logroño, llevó a cabo estos hechos “abusando de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban extranjeros sin permiso de residencia legal y necesitados de encontrar un trabajo para obtener unos ingresos económicos”.

Así, mantuvo durante febrero de 2024 “conversaciones con N.B.H., con autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales sin permiso a trabajar, de nacionalidad marroquí, en situación de vulnerabilidad y con necesidad tanto de obtener unos ingresos económicos como un pre contrato laboral con la finalidad de poder solicitar el permiso de residencia y de trabajo”.

Acordaron que la víctima empezara a trabajar a partir del 1 de marzo de 2024 en el local del acusado “con su compromiso de facilitarle el precontrato que tanto ansiaba N.B.H.”, a quien, además, facilitó una habitación con un coste de 330 euros mensuales.

Sin embargo, una vez que la víctima empezó a trabajar para el acusado, “éste empezó a poner excusas para redactarle el contrato”, “le impuso jornadas de al menos 11 horas diarias y en ocasiones hasta 13 horas” y “no le abonaba cantidad alguna por el trabajo realizado”, pese a haber pactado un salario de 1.330 euros mensuales, de los que se le descontaría el alquiler de la habitación en la que vivía la víctima.

Finalmente, “y después de mucho insistirle”, la víctima consiguió que el acusado le firmara su contrato, tras lo cual, “el acusado le dijo que no era necesario que lo llevara a extranjería ya que él no iba a informar favorablemente ni a darle de alta”.

Esta situación laboral se mantuvo “hasta el día 4 de mayo de 2024 cuando el acusado le envió un WhatsApp diciendo al acusado, que no volviera a trabajar, sin dar más explicaciones” y pagándole “después de insistirle, por los meses de marzo y abril del 2024, exclusivamente la cantidad de 1.250 euros”.

A ello se suma que en un día sin determinar “entre 6 y el 14 de mayo de 2024”, el acusado “accedió con la llave que tenía al interior de la habitación donde vivía N.B.H., sin el consentimiento de ésta, y, con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos, cogió un monedero con 100 euros”.

Además, mientras la mujer estuvo trabajando para el acusado “éste, con ánimo de atentar contra la indemnidad sexual, de alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana ajena y de menoscabar la libertad y sentimiento de seguridad ajeno, le decía multitud de frases” con referencias a su físico y referencias sexuales, aprovechando incluso “para ”tocar“ o ”rozarse“ con ella ”en cada oportunidad que tenía“.

Por otro lado, “el acusado firmó un contrato en calidad de cocinera con G.B. el día 17 de abril de 2024, dando de alta a dicha trabajadora el día 22 de dicho mes”, de nuevo ofreciéndole una habitación por importe de 330 euros mensuales, a la que esta segunda mujer accedió tras pagar la mensualidad correspondiente más una más de fianza.

Y de nuevo, el día 13 de mayo de 2024, “el acusado, actuando con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos y con la llave que tenía en la habitación donde vivía G.B., entró en ella, revolvió todo los elementos propiedad de esta, los dejó en otra habitación cercana, cogió 600 euros y una pulsera de oro y abandonó el lugar”.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, todos estos hechos suponían tres delitos en el caso de la primera víctima: uno, contra los derechos de los trabajadores; otro, de hurto; y un tercero, de acoso laboral, mientras que, en el caso de la segunda mujer, se contempla otro delito de hurto. De todo ellos, es responsable el acusado sin que concurran circunstancias modificativas de su responsabilidad.

El PSOE quiere que la justicia tome cartas en el asunto por el hostigamiento del agitador ultra Vito Quiles contra profesionales de la información y, en concreto, contra la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que sufriera su provocación al salir de un acto en el Senado, donde fue invitada por los socialistas. El partido de Pedro Sánchez quiere, además, que el Senado se pronuncie dado que la trifulca tuvo lugar en sus dependencias y obligará al PP a retratarse.

El portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha anunciado que presentarán una denuncia contra Quiles por la “agresión” a Santaolalla, que ha ampliado la demanda que presentó en enero por el acoso que sufrió entonces en las instalaciones de Prado del Rey. El lunes se repitieron los hechos a la salida del Senado, cuando le acompañaban una decena de personas, la mayoría senadores socialistas. “No me lo han contado, he sido testigo: fue hostigada, acosada y en un acto de provocación con empellones y empujones de clara agresión física y poniendo en peligro su integridad personal y la de varios senadores”, ha dicho Espadas en una rueda de prensa.

“El peso de la ley debe recaer sobre quienes ayer hicieron algo de lo que no solo deben avergonzarse, sino deben asumir su culpa y su responsabilidad. Todo esto está perfectamente grabado y documentado”, ha señalado Espadas en referencia a las cámaras del Senado.

La comparecencia ante los medios se ha producido después de la reunión de la Junta de Portavoces en la que el socialista ha reclamado al resto de grupos que denuncien los hechos, como hizo el PSOE cuando senadoras del PP recibían correos amenazantes, según ha recordado. “Espero que el PP esté a la altura”, ha dicho Espadas.

El PSOE ha pedido la “condena y rechazo unánime a una actitud como esta violenta en una sede parlamentaria” e impulsará una declaración institucional que requiere del visto bueno de todos los grupos para adoptarse. La derecha rechazó recientemente una moción en la que se denunciaba el acoso contra periodistas.

“Se ha ganado sobradamente ser persona non grata en el Senado”, ha agregado Espadas sobre Quiles tras reclamar al presidente, Pedro Rollán, que inicie trámites como ha hecho el Congreso para sancionar al agitador de EdaTV.

Los inquilinos del portal número 18 de la calle Mercaderes en Pamplona barajan denunciar a la empresa dueña del bloque, propiedad de Fernando Vidaurre, por acoso inmobiliario tras casi 11 meses de presiones. El periplo comenzó a finales de abril de 2025, cuando les anunciaron la venta de los pisos y la necesidad de que los desalojasen, a pesar de que todos ellos tenían contratos en vigor. Desde entonces, los vecinos alegan haber vivido obras innecesarias, desactivación del ascensor, amenazas y en ocasiones no se les han garantizado las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, según ha podido conocer elDiario.es/Navarra, no es el primer caso en el que el dueño de Vidaurre Group, constructora de numerosas obras a grandes instituciones (como el Centro Bioma de la UNAV, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros; o el proyecto Iberia Loreto 1, encargado por el Ayuntamiento de Madrid por 12 millones) genera descontentos entre los vecinos del Casco Viejo de Pamplona.

Los vecinos que aún resisten en el bloque del número 18 de la calle Mercaderes, una de las más icónicas de Pamplona por ser escenario de los encierros, recuerdan bien el día que comenzó todo: 28 de abril de 2025, día del apagón nacional. El empleado y portavoz de Fernando Vidaurre, propietario de la empresa VDR (Vidaurre Group), dueña del edificio, les convocó a una reunión en su sede, ubicada en la calle San Agustín, para decirles que “iban a vender el edificio y tenían que marcharse”, según han relatado los inquilinos. “Intentaron engañarnos para que firmásemos nuestra salida, pero no firmamos y avisamos a todos los vecinos que no lo hicieran”, recuerdan algunos de ellos.

Según han explicado los propios moradores, algunos de los inquilinos llevan viviendo desde 2021 y “la última persona entró en abril de 2025”, el mismo mes de la notificación. Además, algunos tienen “contratos de siete años” de vigencia por “ser la propietaria una persona jurídica”, explican.

Dos meses antes, en febrero del pasado año, se hacía pública la noticia en un periódico local de que el edificio había conseguido, a través de un recurso presentado al Ayuntamiento de Pamplona, once licencias turísticas (correspondientes a las once viviendas que componen el inmueble). Según el Sindicato Socialista de la Vivienda, vinculado a GKS, antes de la compra del edificio por parte del Grupo Vidaurre en 2019, las viviendas fueron apartamentos turísticos gestionados por el Hotel Avenida desde 2012. Con el cambio de dueño, el edificio se siguió explotando turísticamente hasta la pandemia, momento en el que se reconvirtió para el alojamiento de viviendas convencionales.

“Los vecinos [del edificio] conocíamos el sindicato porque lleva tiempo activo en Iruñea”, señalan los inquilinos, que se pusieron en contacto con la organización para resolver las dudas sobre sus situaciones. “Ha supuesto una seguridad a la hora de conocer nuestros derechos como inquilinos” y así poder seguir adelante, afirman. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario no puede echar a los inquilinos únicamente porque quiera vender la vivienda, ya que la venta no extingue bajo ningún concepto el contrato de alquiler, sino que el comprador quedaría sujeto al contrato vigente y sus plazos establecidos. Además, si el propietario desea alcanzar un acuerdo para que los inquilinos abandonen la vivienda antes, este solo es posible si los inquilinos aceptan voluntariamente, ya que no existe obligación legal de que lo hagan. Por tanto, si quieren permanecer en la vivienda hasta la finalización del contrato, tienen derecho a hacerlo. En el caso de que el propietario quiera vender el inmueble vacío, deberá esperar a que finalice el contrato o negociar una salida anticipada con los inquilinos, sin poder imponerla unilateralmente conforme a lo previsto en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.

Las nuevas reuniones que mantuvieron los vecinos y el propietario en mayo para negociar una posible salida, no fueron fructíferas. El dinero que les ofrecieron “no era justo”, explica uno de los vecinos. “Durante ese tiempo, estuvimos buscando viviendas, pero no encontramos ningún otro lugar con unas condiciones parecidas. O eran muy caras, o están lejos, o no son de larga estancia”, dicen. Ante la negativa de abandonar las viviendas —que en ese momento eran cinco puertas de las once que tiene el edificio—, porque “estaban bien” en sus casas y no querían mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, el empleado de Vidaurre Group les advirtió: “Estáis bien hasta que no lo estéis, porque en el edificio las cosas empiezan a fallar. No es presionar, es lo que va a pasar”. En otra ocasión, los vecinos recuerdan que Fernando Vidaurre les advirtió que “tenía sus armas” si no pactaban con él.

Según los afectados, Vidaurre y su representante se negaron a que el sindicato mediase en las “negociaciones”, además de vetar la entrada de la organización a las reuniones mantenidas durante el año pasado. Respecto a las instituciones oficiales, algunas de las vecinas explican que acudieron a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y se sintieron “totalmente infantilizadas y humilladas”. “También hemos llamado por teléfono [a otros organismos] y no nos han aclarado nada”.

Durante el verano, a una de las casas se le averió el agua caliente. Sin embargo, los propietarios se negaron a arreglarla durante meses, corriendo finalmente la reparación a cargo de los vecinos, que todavía no han recibido reembolso de los gastos. Según relatan los inquilinos, “hay un gran cambio de actitud y atención” desde que los propietarios comenzaron la campaña y ahora. Antes, “la comunicación era fluida” y las respuestas ágiles. Pero, desde el comienzo de la situación, la propiedad “usa el desgaste” e ignora a los vecinos, a pesar de que está obligada a mantener la habitabilidad de la vivienda. Lo mismo pasó en otro piso con la calefacción, averiada a finales de verano. “Nos trajeron radiadores enchufables, pero seguía haciendo frío”, declaran las inquilinas, que durante la ola de frío de diciembre (cuando las temperaturas rozaron los 3 grados bajo cero) el domicilio no superaba los 15 grados, según declaran. También tenían miedo de pedir la reparación por si no la finalizaban. “Es calefacción radiante y hay que levantar todo el suelo. Como quieren que nos vayamos, lo mismo nos dejan sin suelo y no lo reparan”.

En septiembre de 2025, los vecinos conocieron a Fernando Vidaurre en una reunión para intentar llegar a un acuerdo y exponerle sus condiciones. Sin embargo, el propietario no aceptó y, además, les avisó de que se realizarían obras de reparación de unas humedades ubicadas en el portal. Poco después, ya en el mes de octubre, bajaron los plomos del ascensor y comenzaron a picar el techo y las paredes del portal. Según cuentan los vecinos, en seis meses los obreros han aparecido en el lugar menos de media docena de veces. Ante las preguntas de los vecinos sobre la duración de las obras y, sobre todo, la gestión de los residuos —como los cascotes y fragmentos de pared, que quedaban esparcidos por el suelo e imposibilitaban deambular por el portal—, la respuesta por parte de Vidaurre Group fue nula. Les dijeron que “la empresa estaba buscando la humedad” y que no dependía de ellos, pues “los obreros no pertenecían a la empresa”. Sin embargo, los vehículos que manejaba el personal de la “reparación” pertenecían a la compañía de Fernando Vidaurre.

En la memoria de obras, presentada por el propietario al Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, se describe que “en las zonas comunes del edificio se han detectado humedades que con el tiempo han ido a más”, provenientes de “los locales contiguos (medianeros)” del edificio. Sin embargo, en la página siguiente de este mismo informe, donde se detalla la obra, se describe que la intervención es un “tratamiento de humedades por capilaridad”. De la misma manera, en los bloques colindantes —correspondientes al número 4 de la calle Calderería y a Mercaderes 16— no se han realizado obras relacionadas con humedades, según el registro de licencias del Consistorio. Tampoco han tenido este tipo de problemas en el local de hostelería que ocupa el bajo de Mercaderes 18, según ha explicado el encargado, que corrobora la versión de los vecinos de que “el portal se encontraba en perfecto estado”. También, respecto a esta intervención, hay registrada en el Ayuntamiento una incidencia relacionada con una mala gestión de los residuos por hallarse esparcidos por todo el habitáculo que compone el portal y la salida.

Ante la duda de que las obras encargadas por Fernando Vidaurre tuvieran como único fin amedrentarles, los vecinos encargaron a un perito un análisis técnico. Las conclusiones, tras varias páginas que explican el arduo análisis que se hizo in situ y de los restos, fueron muy rotundas, concluyendo que “nada” indicaba “la necesidad de acometerlas”. Además, en las conclusiones del informe también se refieren a la desactivación del ascensor, reflejando que “se desconoce la causa por la que no está en funcionamiento, ya que no se han observado afecciones en su entorno”; y añaden que las obras “se están realizando de forma intermitente”, pudiendo “dar lugar a incidentes” por “el tránsito de personas permanente [al ser un portal de acceso a viviendas]”.

Junto con el Sindicato Socialista de la Vivienda, los inquilinos convocaron el 3 de noviembre de 2025 una rueda de prensa frente al portal para “denunciar la situación” que vivían particularmente de “acoso inmobiliario”, pero “más allá de su situación particular”, exponer la problemática del “negocio turístico” en el Casco Viejo de Pamplona. Ese mismo día, según los inquilinos, Fernando Vidaurre supo de la convocatoria antes de celebrarse, pues poco antes de la llegada de los medios limpiaron los escombros y cascotes para meterlos en bolsas, que agolparon en el portal. Una vez terminada, Vidaurre llamó a una de las vecinas, que había actuado como portavoz, “gritando y de muy mala manera” para decirle que “lo que decía era mentira”, relata la joven. Además, la vecina declara que el arrendatario le avisó de que iba a llamar al director de un periódico local (que había cubierto la convocatoria) para que borrase la noticia y, por lo visto, así ocurrió. Poco después del inicio de la campaña, Fernando Vidaurre también se personó delante de la farmacia donde trabaja uno de los inquilinos —que había secundado la protesta— y, según cuenta él mismo, “lo amenazó”, diciendo que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a él y a su familia. Otra vecina también alega que Vidaurre llamó a su trabajo preguntando por ella. “Lo hacen para que sepas que te han fichado”, hipotetiza.

Una de las vecinas recuerda que “tuvo mucha ansiedad durante esos días” porque “se ha vendido una historia que no es del todo cierta”. “Hemos sentido muchas veces frustración”. Sin embargo, alega que, a pesar de la incomodidad de la situación, seguían sin encontrar una alternativa viable y se quedaron “simplemente por dignidad y convicción”. “No puede ser que porque quieran hacer negocio nos tengamos que ir de nuestras casas”.

Menos de dos semanas después, el 14 de noviembre, se celebró una asamblea en el Casco Viejo pamplonés “para hablar del tema”, tanto de la situación que vivían los vecinos, como otros casos similares en el barrio. “Acudió mucha gente y hablaron de su situación”, muchas de ellas similares, relatan los asistentes. “Sentimos mucho cariño”, declaran. Un mes después, se convocó una movilización en el Casco Viejo, junto con los vecinos del bloque número 18 de la calle Mercaderes, para denunciar “el negocio inmobiliario” y sus “consecuencias negativas”.

No fue hasta principios de febrero, cuando los obreros comenzaron a recoger el equipo de obra (como los puntales o plásticos) y a reconstruir la pared y el techo del portal. Cabe decir que la fecha coincidía con el vencimiento de la licencia de obra por “humedades”. También “empezaron a hacer obras en los pisos vacíos [en total 6] y activaban el ascensor [que llevaba apagado desde el inicio de las obras por las supuestas humedades] mientras trabajaban”, aunque después lo volvían a apagar, declara una vecina. Por esas fechas, el 11 de febrero de este año, aparecía una pancarta en el segundo piso del inmueble donde anunciaban la venta de los pisos. Un anuncio que el Sindicato Socialista de la Vivienda interpretaba como una victoria. En una rueda de prensa, la organización afirmaba que, “gracias a la presión y la lucha de los vecinos y del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria”, Vidaurre renunciaba a “construir pisos turísticos”. Sin embargo, en las diversas veces que se ha llamado al número que se expone en el cartel —también desde distintos números de teléfono y tramos horarios— siempre ha saltado un contestador automático.

Por su parte, Fernando Vidaurre, preguntado por este periódico, ha alegado que todo forma parte de una “extorsión personal”. Según declara, la versión expuesta por los vecinos es “mentira” y ya “han conseguido lo que ellos querían”, pues ha renunciado a las licencias turísticas. Ha defendido la existencia de humedades en todo el edificio y ha anunciado que irá a por los vecinos “judicialmente” si dicen “una injuria más”. “Lo tengo todo preparado”, sostiene. Según cuenta, dispone de “toda la documentación” que avala sus declaraciones, pero ha rechazado facilitarla para contrastar la información, como fotos del “portal con humedades”, “el hueco del ascensor inundado” o “correos de la comunidad del edificio contiguo” quejándose por la humedad que causa el número 18 de Mercaderes. “Yo solo quiero irme de ahí. Desaparecer y que sean felices. No soy un especulador”, declara el empresario a este medio. “Voy a vender los pisos uno a uno a inversores. Los voy a vender como empresario, porque tengo derecho”.

Incidente con un trastero

En este mismo edificio, hubo en 2022 otro percance grave relacionado con el empresario. Vidaurre Group vació dos trasteros que no eran de su propiedad. “Rompieron nuestra cerradura y pusieron otra” sin dejar rastro de “todas nuestras cosas”, recuerda la propietaria. El empleado y representante del empresario, el mismo con el que los inquilinos han mantenido el contacto, explicó a la propietaria que “pensaban que los objetos eran de turistas”. Según cuenta ella, Fernando Vidaurre “nunca se puso en contacto” con la afectada “ni para pedir perdón, ni para hacer ninguna propuesta”.

La dueña de los pequeños inmuebles, vecina también de la calle Mercaderes, aunque no del portal 18, compró estos trasteros en 2013. En agosto de 2022 tras “meses sin ir por la pandemia y enfermedades”, tal y como relata la vecina, su hija “fue a coger la bici y no le entraba la cerradura”, aunque pensó que “la llave estaría mal”. Una vez comprobaron que se había cambiado bombín, preguntaron a Vidaurre Group qué había ocurrido muy extrañadas. “Tenían medios para saber que esos trasteros eran de mi propiedad” y no “hicieron nada por comunicarnos” cualquier cambio “en ningún momento”, reclama la propietaria

Después de un buen rato y avisar a la empresa de que iban a llamar a la Policía Municipal, la vecina recuerda que el representante de Vidaurre les dijo por llamada que habían vaciado el trastero “por un error”. “Nos dijeron que habían reformado el portal para justificarlo, pero no lo habían hecho”, apostilla la vecina. Según la Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, en 2021 solo se realizó una “reforma de pintura en la fachada” desde los balcones, no habiendo constancia de que se hubiera reformado el portal por aquellas fechas.

Además, la empresa de Vidaurre tardó casi dos semanas en darle las llaves. Mientras, la propietaria interpuso una denuncia en la Policía Nacional detallando todo lo que había en los dos trasteros. “Había cosas de todo tipo, muchas de ellas buenas, como la bici, muebles antiguos, mesas de marquetería, equipos de música, material de camping, de playa, maletas...”, todo con un incalculable “valor personal y sentimental”, incluido todos “los recuerdos de infancia de sus hijos”.

Al recibir las llaves, Vidaurre Group solo les dio dos copias, alegando que la otra estaba en paradero desconocido y “la tenían que localizar”, según cuenta la vecina. En el trastero “había un extintor, una mesa del bar de al lado y una fregona con su cubo”, recuerda. Abrir el trastero y que no quedase rastro de sus cosas fue un “shock total”, recuerda la afectada. Avisó a la empresa para informar sobre los objetos y, al volver al día siguiente, “no había nada”. “Habían vuelto a entrar sin permiso y la llave esa que estaba perdida, no lo estaba tanto”, explica la mujer, que procedió a cambiar las cerraduras para que “no hubiera copias por el mundo”.

Según ella, el “encargado de Vidaurre” le admitió en una reunión que “habían tirado todo” al contenedor de escombros “porque estaban de obras” y “pensaban que eran cosas de los turistas”. Aunque “un trabajador del bar de abajo dijo que había cosas que tiraron y otras que se las llevaron en furgonetas”, matiza la vecina. En la reunión que tuvo con el empleado de la empresa de Vidaurre, este le hizo una oferta de compra por los trasteros, aunque, según la dueña, la cifra fue “una desfachatez”. “Nos ofrecieron por los dos trasteros el precio que pagamos por solo uno [casi 10] años antes”.

Cuando la propietaria le avisó que acudiría a la vía penal —por recomendación de la Policía Nacional que la había atendido y su abogado— el empleado de Vidaurre Group le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”, le advirtió supuestamente este. Durante el juicio, Vidaurre argumentó que las vecinas “tenían que haber ido con más frecuencia”, explica la demandante, a lo que ella misma se pregunta: “¿pero qué obligación tenemos nosotros de ir al trastero cuando tú nos lo digas?”. Además, el empresario declaró que había sido él quien había cambiado la cerradura final de las puertas, a pesar de que la propietaria conservaba las facturas del cambio de bombín. Finalmente, la demanda no dio sus frutos por la vía penal y acudieron a la civil, donde se “conformaron con 6.000 euros”, aunque la dueña había tasado sus enseres por un valor muy superior. “Aceptamos el acuerdo por el temor a quedarnos con los 800 euros que ofrecían ellos, no se hizo justicia para nada”, lamenta. El asunto acabó en febrero de 2025, tres años después del incidente.

Los vecinos del edificio de Mercaderes 18 conocieron la historia de la propietaria del trastero y su hija porque ellas siguen utilizando el pequeño inmueble para guardar otras cosas. “Fui un día a por la bici, vi que estaba todo el portal sucio y pregunté a las vecinas, que me contaron lo que pasaba”, relata la hija de la propietaria. “Entonces les conté nuestra historia y establecimos contacto”. Además, en la asamblea el 14 de noviembre, también “hubo una vecina, que vivió en este edificio, que tuvo una experiencia horrorosa” con Vidaurre, relatan.

En esa reunión, la propietaria del trastero y su hija se sintieron reconfortadas. “A la mujer [que anteriormente vivió en el edificio] se le removía el estómago al saber que [supuestamente, Vidaurre] seguía haciendo lo mismo”. Ahora, afirman que “siguen dando su apoyo” a los vecinos de Mercaderes 18 por “la pesadilla” que vivieron ellas. “[Con nosotras, la empresa de Vidaurre] tuvo la misma actitud que ha tenido con estos chicos”, describe la vecina con pena.

Los inquilinos del edificio consideran que organizarse “ha sido un acierto” y ha ayudado mucho. “A la hora de tomar decisiones nos ha dado una posición de poder diferente”, apostilla una de las vecinas del bloque, que también ha dado valor al soporte moral que ha supuesto. “Cuando nos hemos sentido más vulnerables siempre nos ha reconfortado hablar y darnos fuerzas entre nosotros”, aunque antes no se conocieran “más allá de vernos en el ascensor”. Según aseguran los vecinos, la ayuda del Sindicato Socialista de la Vivienda les ha permitido matizar “todas las verdades a medias (o directamente mentiras) que nos han ido tratando de colar los propietarios”. Además, “está claro que solos no hubiéramos tenido medios para convocar una rueda de prensa y darle tanta visibilidad a la situación del Casco Viejo”, afirman. Aunque también es cierto que, conforme la situación seguía avanzando, ha habido ciertas discrepancias entre la organización y algunos vecinos. A pesar de ello, los inquilinos tienen una cosa clara: “[Vidaurre] nos ha hecho sentir que no podíamos hacer nada, pero luego hemos visto que, realmente, se podía hacer mucho”.

El exconcejal socialista Iván Álvarez Raja, que ha sido suspendido cautelarmente de militancia tras haber sido denunciado por su presunta autoría en un caso de acoso a una compañera de partido, ha asegurado este sábado que aún desconoce a qué obedece el expediente abierto por la dirección federal del PSOE ya que no le han facilitado datos ni de los hechos que se le imputan, ni de la persona que le acusa.

“¿Y la presunción de inocencia para cuándo?”. Con este título, el hasta ahora secretario de Ideas y Programas de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón/ Xixón (AMSG) encabeza el comunicado que ha remitido a elDiario.es Asturias donde mantiene que 24 horas después de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) y su propia agrupación comunicaran públicamente que se estaba investigando este caso aún no se le ha notificado el contenido de la denuncia, ni los datos de filiación de la persona que la formula.

La vulneración del honor

El exconcejal asegura que estas circunstancias, unidas a la publicación en “mas de una treintena” de medios de su nombre vinculado a un presunto caso de acoso sexual, le han colocado en una situación muy complicada.

“Considero vulnerados completamente mis derechos al honor y a la presunción de inocencia y además atado de pies y manos para defenderme porque, a pesar de que mi nombre está siendo arrastrado, a día de hoy no tengo ni el derecho a saber ni quién me denuncia, ni por qué. Comprenderán -añade- que así es imposible defenderse ni tan siquiera explicar a mi hija lo que está pasando”.

“Soy un socialista convencido”

Iván Álvarez Raja se declara “un socialista convencido y comprometido con todos los valores de la organización en la que milita desde hace más de 30 años. La igualdad y el respeto entre ellos”, señala.

Por ello, exige el mismo respeto para las personas que son denunciadas porque “la presunción de inocencia ha de prevalecer en todas las circunstancias y, lo mínimo, es poder defenderme en igualdad de condiciones, en tiempo y forma”, recalca.

La pena “de telediario”

El exconcejal estima que en su caso se ha aplicado la llamada “pena de telediario” y se remite al caso de otras publicaciones, ajenas a este medio, donde se recordaba una situación personal anterior.

Unas circunstancias que han derivado también en la pérdida de su trabajo. Iván Álvarez Raja es licenciado en economía por la Universidad de Oviedo y desarrollaba su labor como personal laboral en el grupo municipal tras acceder por concurso público.

Demostrar su inocencia

“Entiendo el contexto en el que la organización toma estas decisiones pero no puedo compartirlo. No lo hacía ya antes y creo que es necesario revisar y adaptar muchos de los protocolos para proteger a las víctimas. A todas. Independientemente de su género. Sin menoscabo de reconocer -afirma- que existe un problema social de primera magnitud de violencia contra las mujeres y que es necesario actuar y atajar con urgencia, pero no así, privándonos de los derechos más esenciales”.

El escrito concluye apelando a que el tiempo demostrará “la verdad y la inocencia”. Y dice que solo espera que “no sea demasiado tarde”.

El secretario de Ideas y Programas de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón (AMSG) y exconcejal socialista en el Ayuntamiento gijonés, Iván Álvarez Raja, ha sido suspendido de forma cautelar de militancia.

Aunque la dirección federal del PSOE, que ha procedido ya a la apertura de un expediente, no ha especificado oficialmente las razones que le han llevado a esta decisión, fuentes socialistas han confirmado a elDiario.es Asturias la noticia avanzada por la TPA de que se trataría así de aclarar los hechos por los que el hasta ahora miembro de la Ejecutiva de la agrupación gijonesa ha sido denunciado por los canales internos de la organización por una compañera de partido por un supuesto caso de acoso.

El informe interno

Las redes sociales se hicieron eco de esta denuncia interna aunque no llegaron a identificar al miembro de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón/Xixón contra el que iba dirigida.

Estas noticias llevaron a los socialistas gijoneses a elaborar un informe del que dieron traslado a Madrid y Ferraz les ha comunicado, en las últimas horas, su decisión de proceder a la apertura de este expediente de suspensión cautelar de militancia.

Tolerancia cero

La Federación Socialista Asturiana (FSA) y la Agrupación Municipal Socialista de Gijón han acordado este viernes ya, de manera oficial, emitir un comunicado donde fijan su posicionamiento.

En este escrito ambas se reafirman en “su compromiso inequívoco con la tolerancia cero ante cualquier conducta impropia en nuestras organizaciones. Esta actitud es la que nos permite presentarnos ante la sociedad como una fuerza política seria, responsable y coherente en su proceder”, sostienen.

El administrador del fondo Urbe Enginova ha negado este viernes ante el juez que quiera echar a los vecinos de un bloque del barrio del Poble-sec de Barcelona que lo han denunciado por acoso inmobiliario, si bien ha admitido que les ofreció dinero para que abandonaran el edificio, según han informado fuentes jurídicas.

Ante el juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha declarado este viernes como investigado el administrador del fondo Urbe Enginova, denunciado por 18 vecinos del bloque representados por el Col·lectiu Ronda, el Sindicat de Llogaters y el Sindicat de barri del Poble-sec. Se trata del segundo caso abierto en España por acoso inmobiliario gracias a denuncias de inquilinos.

Según han informado fuentes jurídicas, el administrador ha negado el acoso inmobiliario y ha mantenido que siente “preocupación” por el estado de los vecinos. Los denunciantes, representados por la abogada Paula Cardona, acusan al fondo de una “estrategia deliberada de degradación” del edificio para que los vecinos se marchen.

Uno de los peores episodios incluidos en la denuncia vecinal ocurrió el 6 de octubre del año pasado, cuando se estropeó el ascensor de la finca. Los inquilinos solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellos mismos con la empresa de mantenimiento, que envió un presupuesto de 2.000 euros a la propiedad y a los vecinos.

La empresa de ascensores aseguró que la avería se resolvería en 15 días, pero no ocurrió, y la finca pasó 39 días sin reparar el ascensor (hay varios vecinos con movilidad reducida). Los vecinos también acusan al fondo de contratar a una empresa de desokupaciones ilegales “para presionar e intimidar a los inquilinos” y acelerar su marcha del edificio.

Este viernes también ha declarado un responsable de la empresa de reparación de ascensores, que ha corroborado la denuncia vecinal. Según el técnico, envió a la empresa varios correos con presupuestos para arreglar el ascensor, sin recibir respuesta. El investigado se ha escudado en trámites burocráticos para explicar la tardanza en la reparación.

El fondo, según la denuncia, adquirió el edificio en febrero de 2025, y a partir de entonces los vecinos empezaron a recibir comunicaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados. Algunos arrendatarios ya han recibido las primeras demandas de desahucio, mientras que otros todavía tienen contratos en vigor.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana viernes en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que proceda al cese del nuevo gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las informaciones sobre un caso de acoso publicadas por el diario ABC. Tras conocer el “presunto caso de acoso” en el centro, el ministerio “condena de forma rotunda” lo que consideran “unos hechos impropios de una institución como el CNIO”.

Esta decisión se produce tras conocerse la queja formal que Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años, contra el nuevo gerente, que había llegado al centro para poner orden tras la crisis y contaba con un amplio respaldo entre la plantilla y la confianza del ministerio. El anuncio del cese coincide con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en contratos por valor de 25 millones de euros. En dicha trama, el denunciante cargaba contra el anterior gerente, Juan Arroyo, y situaba a Muñoz como una de sus personas de confianza.

Mensajes personales por Whatsapp

El escrito de Laura Muñoz, presentado ante el área de Recursos Humanos, buscaba amparo legal ante posibles represalias frente a la insostenible situación laboral que vivía con Bernabé, desde su toma de posesión en el cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. La denunciante detalla un patrón de acoso que se intensificó rápidamente, cuando el nuevo gerente comenzó a someterla a un trato excesivamente personal. Según Muñoz, Bernabé le enviaba información íntima a través de WhatsApp desde el gimnasio y alardeaba de su vida amorosa y sexual con frases como: “Este año llevo catorce”.

“A medida que mi labor profesional mermaba, aumentaba la comunicación de temas personales, incluso cuando iba a su despacho por algún motivo”, relata la denunciante. “Esta cuestión me ha producido confusión, ansiedad y un clima de incertidumbre constante. En una ocasión, el Gerente compartió conmigo por WhatsApp información íntima que me hizo sentir muy incómoda”.

Dos semanas después de oficializar su queja por acoso y poner los hechos en conocimiento del Patronato del CNIO, Laura Muñoz fue despedida, según ABC. Varios investigadores del CNIO han expresado a elDiario.es su malestar ante esta situación, dado que el nuevo gerente estaba avanzando y colaborando con la justicia para aclarar el entramado de irregularidades del que se acusa al exgerente Juan Arroyo. Con esta denuncia y su destitución, la tarea queda de nuevo en el aire.

El alcalde de la localidad sevillana de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Aguera (PSOE), ha renunciado este lunes a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad. A partir de la jornada de este martes, el primer teniente de alcalde, José Manuel, ejercerá de las funciones de la alcaldía.

“He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa”, ha indicado el mismo Aguera a través de un comunicado tras 14 años en el cargo, en el que ha incidido en que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, ha expresado el edil. Asimismo, ha asegurado que ha denunciado este hecho “ante la justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

La dimisión se produce a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada la pasada semana a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público que podrá acordar las diligencias que procedan para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

A Juan, profesor de Geografía e Historia en un instituto de secundaria de La Calzada, en Gijón, le vino a buscar un día una alumna. Le explicó que no se encontraba bien y que se había hecho cortes. “Me lo comunicó en el momento”, cuenta el docente. Esa conversación no fue casualidad, sino fruto de un vínculo previo.

Además de profesor de Geografía e Historia, Juan también es desde 2021 el coordinador de bienestar del centro, un cargo que asumió cuando su implementación pasó a ser obligatoria por ley. Lo hizo por “lealtad” a la entonces directora y porque “ya tenía buen trato con el alumnado”, explica en una videollamada con este medio. “Si no hay vínculo, la figura del coordinador no funciona. Y sin vínculo, el alumno no te va a decir nada. Al alumno no le tienes que preguntar. El alumno te lo tiene que contar”, señala. Como hizo esa alumna.

Ese mismo año, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) obligó a todos los centros educativos a contar con la figura del Coordinador de Bienestar. Se trata de un puesto que recae en docentes del propio centro y que, a excepción de algunas comunidades —Cataluña, Galicia y Canarias—, no cuenta con ningún tipo de retribución o compensación económica.

Según el último informe Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos, publicado la semana pasada por la ONG Educo, la implantación de la figura del Coordinador/a de Bienestar presenta grandes desigualdades territoriales en su regulación y aplicación.

Uno de los principales problemas es la falta de tiempo asignado para ejercer la función: en muchas comunidades la dedicación depende del criterio del centro y en varias no se establece ningún mínimo. Solo algunas autonomías —Canarias, Cantabria y Extremadura— fijan horas concretas en función del tamaño del centro, mientras que otras han ampliado recientemente la dedicación, como Asturias y Galicia. A día de hoy, Castilla y León es la única comunidad autónoma que no ha emitido ninguna normativa específica sobre esta figura.

Juan (nombre cambiado) le dedica actualmente unas tres horas semanales, dos más que cuando empezó. Aun así, lo considera “inabarcable: ni en una, ni en tres ni en 25”. Entre sus funciones está promover un entorno seguro y saludable, prevenir y detectar situaciones de riesgo, escuchar y acompañar al alumnado, coordinar actuaciones, activar los protocolos correspondientes y colaborar con otros profesionales, además de impulsar acciones de sensibilización y cuidado emocional, siempre garantizando la confidencialidad y el respeto.

Verónica es jefa de estudios y coordinadora de bienestar de una escuela pública de educación primaria en Madrid. Cuando se obligó por ley a que existiera esta figura, ella ya era la jefa de estudios. “Me lo asigné para quitarle burocracia a los compañeros, no tenía sentido sobrecargarlos si, al final cuando hay un problema la jefa de estudios está siempre”, explica. “Pero no tengo ninguna retribución ni liberación horaria”. Si bien considera que esta figura es importante, señala que quizás es más relevante que todo el claustro vaya a la una y que hubiera más tiempo para dedicar al trabajo de la coordinación de bienestar.

A todas las funciones del coordinador de bienestar se les suma la falta de un perfil profesional homogéneo, con requisitos poco definidos en muchos territorios, lo que genera desigualdad en la preparación y experiencia de quienes asumen el cargo. Además, aunque la formación es un criterio que la mayoría de normativas de las comunidades han intentado implementar, no es suficiente.

“Tenemos tanta burocracia que no podemos llegar a todo. Al final, lo haces porque te quedas en casa por la noche haciendo papeleo. Desde mi punto de vista, si todo ese tiempo se destinara a dar charlas al alumnado, preparar materiales para mejorar la convivencia o a la formación del profesorado, el impacto sería mucho mayor. Pero incluso la formación es complicada: muchas veces se ofrece fuera del horario lectivo y, si tienes hijos, organizarte resulta prácticamente imposible”, puntualiza Verónica.

Aumenta el acoso escolar

A inicios del curso escolar, un informe elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña advertía del aumento del acoso escolar, impulsado en gran medida por el ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial como nueva herramienta de agresión. “La tecnología empapa todas las formas de violencia a las que están sujetos los menores”, explica Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR.

Según el informe, la inteligencia artificial está presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso, principalmente a través de la creación de vídeos falsos, la manipulación de imágenes o la suplantación de identidad. “Todo esto genera nuevas formas de violencia, al tiempo que la violencia física entre escolares también crece”, señala Díaz, quien insiste en que “la tecnología se ha vuelto completamente transversal en todas las problemáticas que atendemos”. Según el mismo informe, en el 56,4% de los casos que gestiona la fundación, la tecnología está implicada de forma directa, ya sea como origen del problema o como el escenario en el que se produce.

“[El tema de las redes sociales] es un problema muy gordo”, coincide Juan. “El 80% de las situaciones que tenemos nosotros de situaciones de acoso, muchas veces vienen mediatizadas, empezadas, acabadas o en desarrollo mediante las redes sociales”, explica.

Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que iba a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Si bien esta medida ha generado un debate sobre la protección de la infancia en la que algunos sectores se han posicionado en contra, esta preocupación no es nueva en el ámbito educativo. Desde que el Consejo Escolar del Estado acordara en 2024 prohibir el uso de dispositivos móviles en toda la etapa obligatoria (a excepción de los usos educativos que pueda plantear el profesorado en Secundaria), prácticamente todas las comunidades autónomas han aprobado en los últimos años normativas que regulan el uso del teléfono móvil en las aulas.

“Creo que [la medida de Sánchez] llega tarde porque hoy día un chaval de 13, 14 o 15 años tiene controlado todo el tema de las redes sociales. Además, muchos se ocultan en el anonimato y esto facilita el acoso”, sostiene Juan.

Los sindicatos docentes llevan tiempo señalando que muchos casos de acoso escolar se originan fuera del centro educativo, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, lo que limita la capacidad de intervención de los institutos. Juan y Verónica coinciden en que el origen, en muchos casos, está fuera del aula, pero discrepa en que eso deba traducirse en inacción.

“Si el acoso lo ejercen alumnos de nuestro centro contra otros alumnos del centro, intervenimos, aunque haya ocurrido a las cinco, a las seis o a las siete de la tarde”, explica. A su juicio, la clave está en que esas conductas tienen un impacto directo en la vida escolar.

Juan asegura que su instituto ha sancionado comportamientos producidos fuera del horario lectivo cuando los comentarios o mensajes tenían como destinatarios a alumnos del centro. “Muchas familias al principio no lo entienden, pero nuestra obligación es proteger al alumnado y garantizar un entorno seguro. El alumno tiene que venir al instituto sabiendo que va a estar seguro aquí, pero también con la tranquilidad de que vamos a actuar si algo ocurre fuera”.

Desde su perspectiva, el bienestar del alumnado no puede limitarse al espacio físico del centro. “Una persona que recibe comentarios ofensivos por WhatsApp o por redes sociales se siente acosada igual. Ahí se está vulnerando un derecho fundamental: el derecho a un entorno seguro”, sostiene.

Juan reconoce que no siempre es fácil que toda la comunidad educativa comparta esta visión. “Es complicado, hay familias que al principio son reticentes, sobre todo cuando sus hijos son quienes acosan. Pero también hay que educar a los padres”, afirma.

Más recursos profesionales

Ante situaciones como las vividas por Juan cuando el alumno le contó que se había autolesionado –que muchas veces los coordinadores de bienestar y docentes se llevan a casa–, el profesor explica que es fundamental que las administraciones públicas aporten más recursos para hacerles frente: “Los casos de situaciones de acoso han avanzado, pero estos son sólo las primeras señales. También hemos percibido un aumento de lesiones autolíticas, ideaciones suicidas o situaciones que dejan al alumnado en vulnerabilidad total. Pero todo ello son situaciones que requieren ayuda de un profesional”.

“Yo no soy psicólogo, y creo que los psicólogos deberían estar más presentes en el ámbito educativo. No estaría mal que de las administraciones intentaran buscar esa psicología con profesionales. La figura del coordinador de Bienestar no puede y no debe sustituir nunca jamás a una situación profesional de psicólogo. Es imposible”, argumenta sin antes olvidar que “los propios coordinadores de bienestar necesitan un apoyo psicológico y muchos profesores necesitan un apoyo psicológico. Ningún docente tiene un apoyo psicológico de nada y ninguna administración, salvo la privada lógicamente”.

Mar de Niebla es una entidad social con una larga trayectoria de intervención comunitaria y educativa en el distrito de La Calzada, en Gijón. Tras la entrada en vigor de la LOPIVI y la designación de los coordinadores de bienestar en los centros educativos asturianos, la organización impulsó la creación de una red comunitaria de coordinadores de bienestar en los centros públicos del distrito.

El objetivo era generar un espacio de apoyo mutuo y coordinación ante la falta de recursos y la complejidad creciente de las situaciones que afrontan estas figuras. La red agrupa a profesionales de centros con realidades muy diversas —escuelas de Educación Infantil, colegios de Infantil y Primaria, centros solo de Primaria y tres institutos de Secundaria—. Juan es uno de los coordinadores que forman parte de esta iniciativa. “Gracias a la asociación Mar de Niebla vamos poco a poco sacando la cabeza. Al principio hubo mucha incertidumbre, sobre todo desde la administración, que no sabía muy bien cómo vertebrar esta figura”.

Para Juan, este trabajo en red no sustituye a los recursos que deberían garantizar las administraciones, pero sí actúa como un colchón imprescindible ante una realidad cada vez más compleja.

Este tipo de iniciativas comunitarias, subrayan desde Mar de Niebla, se están dando por suerte en otros barrios y territorios de distintas comunidades autónomas. La coordinación entre organizaciones y administraciones, señalan, resulta clave para sostener figuras como la del coordinador de bienestar. “El objetivo final es que, como en este distrito, se promueva una infancia y una adolescencia feliz”, concretan desde la organización.