No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.

Es difícil saber exactamente cuándo cambia una palabra. Pero cuando ocurre en política hay que estar atentos, porque casi siempre un desplazamiento semántico conlleva una nueva legitimación. 

Lo he pensado a propósito del acoso de Vito Quiles a Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas (Madrid) ocurrido el miércoles: no fue periodismo, sino política performativa, a la que ya nos tiene acostumbrados. 

Los periodistas escriben crónicas o análisis sobre hechos. Este agitador no escribe nada, aparece. Y con su cuerpo performa el mensaje. No lo formula, lo encarna: se planta ante la esposa del presidente del Gobierno para con ello decir que ese cuerpo es acosable. No todos los cuerpos lo son, es importante distinguir: por eso no hostiga a la mujer de Feijóo ni boicotea las ruedas de prensa de Miguel Tellado.

Ah, Tellado. Precisamente el portavoz del PP, preguntado por el asunto, afirma: “Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista”. Quiles está procesado por calumnias y se le piden nueve años de prisión en el caso de Facua. En otro proceso, le piden dos años por atentar contra la dignidad de una mujer con discapacidad intelectual. El Congreso está tramitando su expulsión por cinco infracciones graves. Pero para Tellado, “el agredido es un periodista”. Sin más.

Lo importante no es el verbo “agredir”, aunque lo parezca. La clave está en que lo llama “periodista”. Es el tipo de desplazamiento semántico que Víctor Klemperer documentó en numerosas palabras en la Alemania de los años 30. Sin esos movimientos de legitimación del PP, Quiles sería poca cosa, un bro cualquiera de las redes. 

Al equiparar su agresión con el trabajo de un periodista, está diciendo que esa profesión incluye hostigar, cámara en mano, a figuras de la izquierda. El significado de “periodista incómodo” se desplaza también. La incomodidad ya no es intelectual, sino física. 

Él sube a sus redes imágenes de sus hostigamientos a cuerpos acosables. Las mentes lo procesan como bazofia porque todo sucede en un ecosistema informativo roto. Gran parte de la industria del periodismo hace entretenimiento y otra parte fabrica distracciones. El acto performativo de Quiles incumple la deontología periodística, pero no las normas de las redes. Eso sí, necesitan la legitimación externa. Tellado se la da. Esa es la pendiente por la que se resbala el PP.

Klemperer anotó desplazamientos semánticos de numerosos vocablos, por ejemplo “fanático”. Se convirtió en una palabra con connotaciones positivas, no gracias a un decreto del filólogo Goebbels, sino porque fue apareciendo en contextos positivos: en una esquela, en la invitación a un evento. El colmo, señala Klemperer, fue cuando Goebbels habló de “fanatismo feroz”, como si hubiera un “fanatismo dócil”. Si necesitas adjetivar el fanatismo como “feroz” es porque su significado ya se ha vuelto neutro o positivo.

Tellado no es Goebbels, quiero dejarlo claro. Pero Klemperer vuelve a estar vigente porque nos ofreció un método para analizar cómo el lenguaje va instalando cambios inadvertidos en nuestra visión del mundo. La democracia aún tiene anticuerpos para defenderse del desbordamiento constante de los límites físicos en política. Pero me llama la atención que nadie en el PP esté leyendo a Klemperer. Háganlo: verán que algunos juegan con fuego. Y arriesgan demasiado.

Tal vez un día hablemos con naturalidad de “periodismo pacífico”, porque ya no podamos dar por sentado que las armas de los informadores son dialécticas y no físicas. Fanatisch se importó al alemán desde el francés fanatique durante la Ilustración: describía a quien se comportaba fuera de la razón, sin control. Cuando el nazismo consiguió convertirla en una palabra positiva, logró cancelar también la censura social a la conducta irracional. El desplazamiento de “periodista” no sólo normaliza la agresión, sino que desarbola la profesión y encanalla aún más la política.

Llevar un teléfono con un soporte del Temu no te convierte en periodista. Un nazi con un móvil y un micrófono sigue siendo un nazi. Incluso un periodista titulado que se comporta como un acosador y está a sueldo de un partido tampoco hace periodismo. Entender cuestiones básicas es difícil en un tiempo de antiintelectualismo en el que mucha gente no es capaz de atender un vídeo de más veinte segundos, donde no se distingue opinión e información y el líder de la extrema derecha colapsa cuando le piden que explique qué es ser español y te manda a la universidad para que te den respuestas. Los personajes que acuden a acosar a personajes públicos en su esfera privada, en sus domicilios o los abordan por la calle para insultarlos hacen tanto periodismo como el fascista Queipo de Llano cuando usaba los micrófonos de Radio Sevilla para amenazar a las mujeres de republicanos con violaciones por parte de la Guardia Mora. 

Al PP se le pasará la condescendencia, la equidistancia y la connivencia cuando comience a haber tipos, porque pasará tarde o temprano, que acosen a la mujer de Feijóo en su alojamiento humilde en El Viso o a la puerta de su chalé en Moaña que invade espacio público. El PP justifica la invasión de la esfera privada de sus adversarios políticos porque considera que le beneficia políticamente y porque se saben con el manejo de las esferas de poder que pueden sancionar ese comportamiento penalmente. Son muchos Peinados protegiendo el cortijo. Sus escuadristas con micrófono tendrán que hacer sangrar para ganarse una sanción mientras que un hipotético equivalente en el bando contrario acabaría en la Audiencia Nacional con una causa por terrorismo. 

El ático de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido pagado con las comisiones de su novio con Quirón y con el reconocido fraude fiscal vía abogado, tiene una gestapillo con cargo al erario público que informa a Miguel Ángel Rodríguez cada vez que un periodista, de verdad, se aproxima por allí para investigar los chanchullos de Quironesa y consorte. Nunca jamás se ha visto a nadie acosando al novio en la puerta de su casa, ni se han grabado vídeos en el acceso de su domicilio ni se ha abordado a la lideresa en su ámbito privado. Si siguen tensando la cuerda acosando a los adversarios políticos, financiando a los camisas negras de redes sociales y subvencionando sus libelos es cuestión de tiempo que alguien vea una oportunidad de negocio en hacer lo mismo con Ayuso, Abascal, Feijóo o comience a ir a la casa de Quiles, que todos sus enemigos ya tienen localizada hace mucho tiempo. Acabarán teniendo lo que realizan a los demás. La paciencia acaba agotándose.

Los periodistas de verdad no participarán en ese espectáculo grotesco de acoso, intimidación y violencia política, pero sería una buena noticia que empezara a haber las mismas prácticas contra líderes del PP y Vox, periodistas de derechas y extrema derecha y presentadores de programas de Telemadrid por parte de unos cuántos miembros del Black Block para que den un paso atrás y comprendan que existen ciertos comportamientos que en una democracia sana son inaceptables. Lamentablemente, la reacción solo lo entiende cuando lo sufre.  

La violencia política que el PP y Vox usan con mediación interpuesta a través de personajes tan limitados acabará en desgracia. Estos tipos no son conscientes de que es cuestión de tiempo que crucen una línea roja que acabe con ellos en la cárcel o agredidos por alguien con la mecha más corta o por algún escolta que sí cumpla con sus obligaciones de protección. Hay que ser muy listo para manejar los límites de la impunidad que estos parapropagandistas creen tener, y es difícil encontrar personajes más limitados intelectualmente que Quiles o Ndongo. Acabarán pisando el palito y se los dejará vendidos por parte de aquellos que ahora quedan a comer en el Senado con estos españoles de segunda categoría para quienes les usan como carnaza. Es una historia muchas veces vista antes. Se gozará cuando suceda. 

Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

Cuando Hanna Arendt asistió, en 1961, como periodista al juicio contra el nazi Adolf Eichmann se sorprendió por no descubrir a un sádico y sí encontrar en uno de los principales organizadores del Holocausto a un burócrata mediocre y anodino que simplemente seguía órdenes y era incapaz de pensar de forma crítica. De ahí surgió su estudio sobre La banalidad del mal en el que concluyó que el derrumbe moral de las personas no siempre nace de la crueldad o la vileza, sino de la ausencia de pensamiento. Toda una advertencia sobre lo que puede suceder cuando se abandona la responsabilidad de reflexionar. 

Vito Quiles, como Eichmann, cumple el papel de soldado diligente más atento a las órdenes que recibe que a las consecuencias éticas o penales de sus actos. O no. A saber. Lo que es seguro es que está convencido de que el acoso, el señalamiento, la intimidación y la violencia verbal que ejerce sobre políticos y periodistas que no orbitan en su misma tribu es una acción justificada ante la supuesta amenaza que todos ellos representan para la idea de España que tienen sus pagadores. 

De ahí que el PP de Feijóo, con Miguel Tellado y Ester Muñoz a la cabeza, defiendan con ahínco al agitador que el miércoles acorraló dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno y entiendan que su papel, además de legítimo es necesario y corresponde al de un buen español que cumple con su deber. 

“Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta. Las imágenes que todos los españoles hemos podido ver son unas en las que una militante socialista, agredía, y hay que ver de qué forma, a un periodista”, afirmó el secretario general del PP

Quiles es un operador de la derecha y la ultraderecha que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo que dice ejercer. El telonero de los mítines del PP no pregunta, ni analiza, ni explica, ni opina, ni busca la verdad. Lo suyo no es el periodismo. Es la provocación, el acoso, el matonismo y el fanatismo. Simplemente, es un pieza más al servicio de la causa del antisanchismo con una manifiesta incapacidad para pensar en las consecuencias de sus actos por muy violentos que sean. 

Con todo, lo grave es que ni Vito Quiles ni quienes le amparan -desde el periodismo y la política- no se reconocen como elementos perturbadores de la democracia, sino como garantes de una España en la que solo caben ellos y en la que empieza a abrirse paso, sin condena social, la inquietante posibilidad de que se cometan atrocidades.

La irresponsabilidad del PP al exigir explicaciones a las amigas de Begoña Gómez que intentaron reducir a Quiles para que cejara en su hostigamiento, en lugar de pedirlas al agitador que cumple órdenes de una empresa financiada por los gobiernos populares es una señal más de hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo en su campaña de acoso y derribo a este Gobierno. ¿Qué será lo próximo? ¿Serán Tellado o Múñoz los siguientes en perseguir a la esposa del presidente del Gobierno?

Si Quiles campa todavía a sus anchas por las dependencias del Congreso, con credencial de informador, es gracias a la defensa que el PP hizo en la Mesa de su labor como agitador. Y, aunque tiene un expediente sancionador abierto por violar las normas de acceso y conducta en la Cámara Baja y se arriesga a la pérdida temporal de su acreditación, sabe que su cercanía a la derecha y la ultraderecha, además de la complicidad de algunos de los agentes de seguridad que custodian las dependencias parlamentarias, le garantiza la entrada cuando quiera y cómo quiera. Tiempo al tiempo. 

Al menos, como Eichmann tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Y no solo una vez, ni dos.

En los últimos días hemos estado inmersos en la cobertura de uno de esos casos que nunca gusta contar en un periódico: el acoso entre menores de edad, agravado en la actualidad por las posibilidades de intensificar el daño que dan la tecnología y las redes sociales al alcance de cualquiera. Y una vez más hemos sido testigos en primera fila de cuánto queda por aprender a nivel mediático y social para no caer continuamente en los mismos errores y revictimizar a las personas que lo denuncian.

El caso que destapó mi compañera Bárbara Ferrer en elDiario.es se produjo en el seno de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega, un club puntero a nivel deportivo y supuestamente con una sensibilidad especial para la protección a la infancia. Así lo atestigua su propia página web, con un apartado específico para abordar este tipo de conflictos, con un espacio de denuncia 'seguro' y una persona dedicada a abordar las situaciones delicadas que puedan surgir en las actividades que organizan con la participación de cientos niños y niñas cada semana.

La realidad, por desgracia, suele ser más prosaica. Los hechos denunciados ante la Policía Nacional indican que cuatro chicas del equipo cadete femenino habrían sufrido “insultos, vejaciones y situaciones incómodas” por parte de jugadores y jugadoras de una categoría superior, con las que en ocasiones comparten entrenamientos, partidos y vestuario. Ante la denuncia de sus padres y madres, según ellos mismos lamentan, el club arrastró los pies y puso en marcha un 'protocolo' del que nunca más supieron.

Solo pedían una disculpa y medidas disciplinarias acordes a la gravedad del caso contra los presuntos agresores. Hay pantallazos que atestiguan los hechos, donde se recogen “insultos homófobos, machistas y gordófobos”. A cambio recibieron críticas veladas, señalamiento y un mensaje muy preocupante: “Las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, según les dijo un directivo del club. Ante lo que consideraron una nueva agresión, alguno de los padres acudió a la Policía y ahora el caso está judicializado y pendiente de la intervención de la Fiscalía de Menores.

La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo

Sin embargo, a pesar de que nadie ha negado los hechos, sí se ha intentado minimizar lo que han sufrido estas cuatro niñas y el club emitió un comunicado tras la publicación de la noticia por parte de este periódico que ha sido lo que ha recogido la inmensa mayoría de medios de comunicación de Cantabria, —con honrosas excepciones—, dando voz únicamente a una de las partes pero ocultando el contexto y sin un ejercicio mínimamente crítico de periodismo, en el que la voz de las víctimas siempre debe estar recogida.

Hace tiempo que en nuestro equipo de Redacción decidimos poner el foco en el acoso escolar y el bullying en distintos entornos como una prioridad editorial. Creemos que es necesario denunciar los casos, contar las historias de estos niños y niñas. Así hablamos con Martín, el niño “sin domingos ni recreos” que con diez años se encerraba en su habitación e intentaba dejar de respirar; o con Lucía, víctima de acoso escolar, que nos relató dos años de insultos diarios y marginación en el instituto, y que nunca se atrevió a contarlo públicamente hasta ese momento.

De ellos aprendimos —y lo estamos volviendo a ver en el caso de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega— que pese a los mensajes repetidos de que hay que denunciar y señalar a los agresores, muchas de las víctimas sufren más a partir de que su caso se hace público y las instituciones afectadas por esta lacra suelen intentar dar carpetazo al asunto y lavar los trapos sucios en casa, para que no les salpique. Es un error. La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo.

Para evitar que eso pase hay que combatirlo y darles voz. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Por nuestra parte, en ello estamos. Seguiremos firmes en este empeño y, si conoces algún caso, te invito a que nos lo cuentes para que lo investiguemos.

Junts ha denunciado que su diputada en el Congreso Marta Madrenas ha sido acosada este miércoles en Madrid por haber votado en contra del decreto de prórroga de alquileres, un episodio que fuentes del partido vinculan al «señalamiento» que hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su grupo durante el debate.

Según han explicado a EFE fuentes del partido que han presenciado los hechos, la escena ha ocurrido en los alrededores del Congreso, cuando un hombre se ha acercado a la diputada asegurando que la conocía «de haberla visto en la tele» y, acto seguido, ha empezado a increparla.

El hombre la ha seguido durante un trecho, mientras le gritaba que «por su culpa a millones de personas las iban a echar de su casa», y finalmente le ha escupido, si bien no ha llegado a alcanzarla.

Precisamente fue Madrenas quien este martes defendió desde la tribuna del hemiciclo el ‘no’ de Junts al decreto ley, que quedó derogado con los votos de Junts, el PP y Vox.

La diputada y exalcaldesa de Girona sostuvo que el decreto era «jurídicamente defectuoso», «económicamente incoherente» y socialmente «ineficaz» y lo enmarcó en una «operación de propaganda» con «sesgo ideológico» y «alergia sistemática a los propietarios».

El momento de mayor tensión en el pleno se produjo con la intervención de Rufián, que leyó el nombre de cada uno de los siete diputados de Junts para enfatizar que son los «responsables de que la gente viva hoy más angustiada».

Además, les dijo que la «bandera que comparten» con el PP y Vox es un billete de «50 pavos» que se sacó del bolsillo y colocó ante la tribuna de oradores.

Nogueras lamenta el «a por ellos» de Rufián

Fuentes de la dirección de Junts consultadas por EFE vinculan el episodio vivido hoy por Madrenas a la intervención de Rufián, a la que también se ha referido este miércoles su jefa de filas en el Congreso, Miriam Nogueras.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha acusado a Rufián de lanzar un «a por ellos» contra JxCat «al más puro estilo Vox».

«Esta actitud no la había visto en nadie que no fuese de Ciudadanos o de Vox», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, en unas declaraciones que ha compartido el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en la red social X.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de la isla de Tenerife a un hombre como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género a su expareja.

La Policía informa de que la investigación se inició tras recibir la denuncia de la víctima en la que manifestaba que, tras la ruptura sentimental, comenzó a sufrir conductas de seguimiento y control por parte de su expareja, lo que le generó una situación de temor e inquietud.

La denunciante relató que en una de esas ocasiones en las que “casualmente” se lo volvía a encontrar cuando ella se dirigía a su coche, el detenido la acompañó hasta este y se negó a abandonar el lugar aunque ella se lo pidió.

La afectada se dio cuenta de que el coche no arrancaba y tuvo que llamar a un familiar para que acudiese al lugar, momento en el que finalmente el investigado se marchó.

Posteriormente, un operario del servicio de grúa se percató de que la batería del vehículo había sido desconectada.

Ese mismo día, y tras recibir una alerta en su teléfono móvil, la denunciante realizó un registro en el automóvil, y encontró un dispositivo de localización oculto en la rueda de repuesto del maletero.

Por estos hechos, la víctima decidió interponer denuncia, en la que dejó claro su temor y sospechas aunque sin poder asegurar la autoría de su ex pareja.

La nota indica que durante la investigación policial se consiguió localizar una cámara de seguridad que captaba la zona donde la mujer había estacionado su vehículo ese día y los agentes pudieron observar a un hombre que accedía tanto al interior del maletero, donde apareció el dispositivo localizador como a la zona del motor, donde fue manipulada la batería.

La Policía pudo identificar al presunto autor, y logró posteriormente su localización y detención.

Tras su pase a disposición judicial, y gracias a las pruebas videográficas aportadas y como consecuencia al reconocimiento de los hechos por parte del detenido, la víctima obtuvo una orden de alejamiento.

Además se autorizó la colocación de un dispositivo telemático de control (pulsera electrónica) para el encausado a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas.

La Policía indica que con esta actuación coordinada y especializada de los agentes actuantes se ha logrado no solo la detención del presunto autor, sino la adopción de medidas cautelares judiciales de alto nivel de protección.

Familiares de jugadoras del equipo cadete femenino del Balonmano Torrelavega han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por bullying, tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que jugadores juveniles de la misma entidad deportiva se dedicaban presuntamente a difundir imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y a acompañarlas de “insultos homófobos, machistas y gordófobos”.

Padres y madres de varias de las jugadoras adolescentes afectadas —de entre 14 y 15 años— han relatado a elDiario.es los hechos, que se pusieron en conocimiento del club, según constatan, a principios del mes de marzo. “Les facilitamos como prueba hasta 67 pantallazos del chat, con insultos de todo tipo por parte de tres chicos y una chica del equipo juvenil, y un mes y medio después no se ha tomado ninguna medida al respecto ni nos dan ninguna información”, han denunciado.

Es más, la primera reacción del Balonmano Torrelavega dicen que ha sido alegar que los hechos habían tenido lugar “fuera del club”, al tratarse de un chat privado entre los propios jugadores, por lo que el club defiende que no era de su competencia lo que ocurriere en ese entorno digital en el que los supuestos acosadores —deportistas federados de la propia entidad— se han dedicado supuestamente a proferir descalificativos con el objetivo de ridiculizar a sus compañeras.

El club, cuyo equipo absoluto, el Bathco Balonmano Torrelavega, milita en la Liga Nexus Energía ASOBAL, cuenta en su página web con un apartado específico de 'protección a la infancia' dirigido a sus categorías inferiores. Además de un formulario de denuncia y el teléfono del denominado delegado de protección, Jordi Lluelles, —que es a su vez el segundo entrenador del equipo profesional y con el que este periódico ha tratado de ponerse en contacto hasta en cuatro ocasiones sin éxito—, en dicho apartado web existe un enlace a un amplio protocolo de actuación 'Frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia' que consta de 27 páginas.

En ese documento se hace alusión a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), recordando que la norma define como violencia: “Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital”.

Esta imagen pública de abogar por un espacio seguro e inclusivo en sus categorías inferiores contrasta, según los familiares de las adolescentes con los que ha consultado este periódico, con la escueta respuesta que han recibido por parte de la entidad deportiva, dado que tan solo se les ha comunicado que “se ha activado el protocolo”, pero que, “al ser confidencial” no pueden darles más información.

“Ha pasado más de mes y medio desde que informamos de todo esto y no nos han dicho nada”, ha explicado la madre de una de las jugadoras a elDiario.es. “Alberto Marchante, miembro de la directiva, me dijo literalmente que las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, ha añadido.

Es precisamente esta indiferencia, falta de información y la ausencia de cualquier medida al respecto lo que ha colmado su paciencia y les ha movido a dar un paso más allá. Primero se han dirigido a la Federación Cántabra de Balonmano y después han formalizado la denuncia ante la Policía Nacional, el pasado domingo 12 de abril, siguiendo la propia recomendación del ente federativo.

Porque tras tener conocimiento de los hechos, los familiares de las jugadoras han indicado que la Federación sí se puso en contacto con el Balonmano Torrelavega e instó a la entidad a actuar de inmediato. El coordinador de entrenadores del club convocó entonces a una reunión a una de las jugadoras afectadas y a sus padres, tras lo cual se supone que únicamente pusieron en marcha el mencionado protocolo.

La Ley del Deporte de España es muy clara en este sentido, ya que obliga a federaciones, clubes y demás entidades deportivas a “prevenir, detectar y actuar frente al acoso”, especialmente en el caso de menores, mediante protocolos específicos, canales de denuncia y medidas de protección a las víctimas. La norma busca precisamente garantizar entornos seguros en el deporte y prevé sanciones para quienes no adopten estas medidas o toleren situaciones de bullying.

Delito de odio

“Si hubieran tomado medidas internas, como expulsar del club por lo que queda de temporada a los acosadores o haber pedido algún tipo de disculpa a las niñas se hubiera evitado la vía judicial, pero ahora el asunto se ha elevado a la Policía y es probable que todos los menores involucrados sean llamados a declarar”, ha lamentado otro de los padres de una jugadora víctima de los hechos.

Este padre ha explicado a su vez a este periódico la “incomodidad” de su hija, al tener que compartir a menudo cancha y vestuario con una de sus presuntas agresoras, perteneciente al equipo juvenil femenino del Balonmano Torrelavega, cada vez que la convocan para entrenar o jugar con esta categoría inmediatamente superior a la suya.

Por el momento son cuatro las menores afectadas a las que se ha tomado declaración, según han concretado sus familiares, en el marco de, tal como les ha informado la Policía Nacional, “la investigación de un posible delito de odio”.

Para el club son “faltas de respeto”

A preguntas de este medio, Alberto Marchante, responsable de Responsabilidad Social Corporativa del club torrelaveguense y que actuó como interlocutor con las familias afectadas como miembro de la directiva, ha señalado que el papel ejercido desde la entidad ha sido el de mediador entre las familias. En su opinión, el caso “no se puede definir como bullying”, ya que, según ha argumentado a preguntas de elDiario.es, “el bullying se ejerce sobre una sola persona, no sobre varias”.

Marchante ha señalado también que “ha habido varias formas de reparación en casos puntuales”, al tiempo que ha admitido entender que haya familias que no estén conformes, pero, a su juicio, “el club no puede entrar a ese debate ya que estamos hablando de menores y sería perjudicial para todos”, situando en el mismo plano a las jugadoras víctimas de los insultos y a sus presuntos agresores.

Si bien ha explicado que el Balonmano Torrelavega ha participado en varias formaciones sobre prevención de la violencia en el ámbito del deporte base, impulsadas desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria, ha evitado definir exactamente los hechos denunciados por los familiares de las jugadoras del cadete femenino.

Tras varias repreguntas para tratar de explicar cómo han definido desde el club lo sucedido, Marchante lo ha descrito como “faltas de respeto en un entorno puntual”. A su vez, el responsable de RSC ha considerado que “para el club lo que es reparador es que tras la reunión con ambas partes—sin concretar las medidas tomadas por la entidad— es que se hayan extinguido esas conductas” ya que, a su modo de ver, “apartar a las personas del equipo no es lo más adecuado”.

En ese sentido, Marchante ha celebrado que “todos los involucrados se han dado cuenta de lo que no hay que hacer y en todos los casos ha habido arrepentimiento y asunción de las cosas”, lo que a su entender ha confirmado la primera imprensión del club, de que se trataba de “una situación potencialmente muy reconducible”. Igualmente ha asegurado no reconocerse en las palabras denunciadas por uno de los familiares de las jugadoras respecto a su papel de mediador: “No me identifico ni me reconozco en esas palabras”.

Finalmente, este miembro de la Junta Directiva del Balonmano Torrelavega ha dicho no tener conocimiento de casos similares anteriores en otras temporadas y ha concluido que “la mayor satisfacción es que esto no vuelva a suceder”.

Uno de los vecinos del número 18 de la calle Mercaderes de Pamplona ha denunciado a F.V., propietario de todas las viviendas del bloque, por haberle agredido tras esperarle en las inmediaciones del portal. El episodio llega tras un año de presiones del dueño del edificio para que abandonen las viviendas, al que “la comunidad de vecinos denunció por acoso inmobiliario” a mediados de marzo de este año.

“Te voy a echar, vete haciendo las maletas. Te voy a arruinar la vida”, fueron las palabras que el joven escuchó mientras “se disponía a entrar en el portal” de su casa. Al girarse, se dio cuenta de que “se trataba de” F.V., dueño de la vivienda que tiene alquilada, que “sin previo aviso”, se abalanzó sobre él “empujándole contra el portal y agarrándole la cabeza con fuerza a la altura de las orejas” mientras se la apretaba. “A los segundos F.V. se apartó de él”, pero se abalanzó “volviendo a agarrarle la cabeza con fuerza con ambas manos y golpeándole”.

En la denuncia presentada en la Policía Municipal y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, también se describe que F.V. estaba acompañado de J.J.C., empleado que ya ha protagonizado algunas tensiones bajo los intereses de la empresa constructora, según describieron testigos a este medio. Según se detalla, las agresiones cesaron cuando el joven comenzó a “pedir ayuda gritando” y advertir que “iba a llamar a la policía”, momento en el que ambos comenzaron “a reírse de él”. “¿A quién vas a llamar? ¿A los municipales o a la Policía Foral?”, le preguntaron de forma burlesca, para luego amenazarle una vez más de que le iba “a arruinar la vida”.

El denunciante no “pudo defenderse” al tener un brazo inmovilizado por una “férula”, tras haberse roto la mano derecha el pasado mes, y portar en el otro brazo un “maletín de trabajo bastante pesado”. Tal y como consta en la denuncia, el constructor navarro y su empleado ya se presentaron una vez en su puesto de trabajo para intimidar y amenazar al inquilino, advirtiéndole que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a su familia. Por ello, ante el temor de “lo que pueda pasar, ya que le da miedo que F.V. pueda agredirle”, el joven ha solicitado “una medida de alejamiento”.

“Únicamente quiere que este lo deje en paz”, relata el testimonio dado en la sede policial, reflejado en la denuncia. El denunciante asegura que nunca ha habido impagos en el alquiler “ni ningún incumplimiento del contrato” por su parte. Tampoco por parte del compañero con el que comparte el piso, añade. De hecho, el propietario les comunicó hace menos de un mes por correo electrónico que su vivienda se había vendido, aunque no dio más detalles y el supuesto nuevo propietario no se puso en contacto con ellos. A pesar de los intentos de este periódico de contactar con el presunto agresor, no ha sido posible hablar con él.

Amenazas, obras eternas y problemas sin fin

Los vecinos relataron a este periódico que el “acoso inmobiliario” comenzó en abril de 2025, cuando la empresa les comunicó que debían marcharse porque se ponía en venta el edificio. A pesar de que todos los inquilinos tenían contratos en vigor. Dos meses antes, se había publicado en un medio local que el Ayuntamiento de Pamplona había concedido licencias turísticas a todo el bloque de viviendas.

Ante la negativa por “estar bien” en sus casas y no querer mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, los residentes aseguran haber sufrido casi un año de presiones para que abandonasen el edificio, como obras que consideran innecesarias, problemas en servicios como el ascensor (parado desde octubre), deficiencias en las condiciones de habitabilidad y amenazas por parte de F.V. y su empleado.

La propietaria de uno de los trasteros del edificio también describió una mala experiencia con el constructor navarro y su empleado. La empresa vació “por error” sus dos trasteros y, cuando avisó que acudiría por la via penal, J.J.C. le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”.

Denuncia por acoso inmobiliario

El Ayuntamiento de Pamplona, preguntado por el asunto el mismo día de la publicación del reportaje, calificó las prácticas descritas como de “carácter mafioso y poco aceptables”. Aunque admitió que “la capacidad que tiene el Consistorio” para intervenir en este tipo de situaciones “es limitada”, al tratarse de un asunto “estrictamente civil”, explicó Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.

No obstante, declaró un compromiso de “respaldo y asesoramiento” si se interponía una denuncia formal y afirmó no conocer ningún caso similar en la ciudad. Asimismo, recalcó la “preocupación de este gobierno” sobre la “actividad relacionada con los pisos turísticos”, pese a que fue el propio Ayuntamiento quien concedió las licencias. Finalmente, la comunidad de vecinos del edificio interpuso la denuncia contra el propietario a mediados de marzo de este año.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al agitador ultra Bertrand Ndongo tras pedirle disculpas por haber acudido hace tres años a fotografiar a sus hijos, menores de edad, a la entrada del colegio. Aunque “agradece” la disculpa, García le replica que desde entonces ha continuado acosándola: “Como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”.

García lo denunció en su momento ante la Policía. La política, entonces candidata de Más Madrid, relató que un grupo de padres le alertó de que un hombre estaba haciéndoles fotos a ella y sus hijos el 1 de marzo de 2023, a las 9.00 horas de la mañana, a las puertas del colegio. Se acercó a Ndongo y le preguntó por el motivo de las fotografías. Este alegó que “a él también le acosan llamándole pederasta y que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas”. Buscaba comprobar “si era cierto que llevaba a sus hijos a un colegio concertado”, algo de lo que ahora —dice Ndongo— se siente “asqueado”.

“Agradezco la disculpa, pero viniste a acosarme al colegio de mis hijos hace tres años. Desde entonces has tenido oportunidades para disculparte y sin embargo seguiste acosándome en manifestaciones y actos porque como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”, ha respondido la ahora ministra. Y añade: “Serían más sinceras las disculpas si aprovecharas para pedírselas a Carla Antonelli y a todas las que has perseguido y acosado durante estos años”.

Ndongo publicó el miércoles un post en el que se refería, sin citarlo, a Vito Quiles después de que los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla hayan denunciado su acoso. “No se puede perseguir a nadie hasta la puerta de su casa. Sigo asqueado de mí mismo por cuando fui al colegio de los hijos de Mónica Garcia, por orden de mi medio, a comprobar si estudiaban en un colegio público. Nunca me olvidaré de la cara de la Ministra, triste y enfadada. Crucé todos los límites. Me salté mis propios principios. Es algo que no deseo ni a peor enemigo”, decía Ndongo.

En enero, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria aprobó dos informes en los que considera que los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo incurrieron en infracciones graves del reglamento: el primero por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y el segundo por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. La Mesa de la Cámara Baja tiene que decidir si les impone la sanción y su duración, que puede extenderse entre once días y tres meses.

El exalcalde del municipio sevillano de La Algaba Diego Manuel Agüera ha recuperado su militancia en el PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de la localidad sevillana, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. De hecho, hace unos días pedía su vuelta al conjunto al “haber decaído la medida cautelar de baja de militancia” que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

Según expresaba Agüera en un comunicado, consultado por esta agencia, su intención es “gozar de todos los derechos como afiliado” en su “querida” organización. No obstante, respecto a su futuro político y en referencia a una posible vuelta a la alcaldía (mantiene el acta de concejal) aseguraba que no tenía “nada decidido”, una posición que, por el momento, parece no haber sufrido cambios. “Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido”, apostillaba entonces.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

Para muchos, las redes sociales han pasado de ser un nexo de unión entre personas y colectivos repartidas por todo el mundo a un caladero de críticas y odio. De forma fugaz se van difundiendo discursos cíclicos, en los que las figuras públicas, para bien o para mal, son objeto de discusión. Así le ha ocurrido al actor irlandés Barry Keoghan, que ha denunciado que se ha convertido en objeto de burla a lo largo y ancho de la red.

En una entrevista que Keoghan ha concedido a la revista estadounidense Entertainment Weekly, el intérprete ha confesado que las constantes críticas que ha recibido por su físico le han generado una gran ansiedad: “Hay muchos insultos sobre mi aspecto”, ha detallado. El acoso en redes es algo a lo que lamentablemente Keoghan está acostumbrado, pero ha confesado que la situación ha escalado en los últimos meses.

El actor irlandés teme que el acoso acabe afectando a su carrera. Acaba de estrenar proyecto con Peaky Blinders: El hombre inmortal, y ahora se encuentra inmerso en el proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles, en el que encarnará a Ringo Starr. Antes de eso, participó en películas como The Killing of a Sacred Deer, The Batman o Saltburn.

“Cuando eso empieza a filtrarse en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”, ha explicado, incidiendo en que el acoso en redes sociales podría acabar interfiriendo en su libertad creativa como intérprete.

“Hay mucho odio en internet”, lamenta el actor, que ha abandonado las redes sociales después de que su aspecto físico se haya convertido en objeto de discusión. El odio vertido por usuarios anónimos no solo le han afectado en su vida online, también asegura que le han convertido en un recluso: “Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir”. La exposición constante a comentarios negativos sobre él, denuncia, se ha traducido en problemas de autoestima y ansiedad.

“Se está convirtiendo en un problema. No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo. De hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas”, ha abundado.

Ahora, el actor se ha retirado de forma parcial de las redes sociales, un equilibrio delicado, puesto que se encuentra involucrado en numerosos proyectos. Por el momento, solo consulta para ver “cómo se reciben” las reacciones de estrenos y eventos importantes. A menudo, ha lamentado, encuentra reacciones a sus apariciones públicas que son “nada agradables”.

Las hemerotecas se han llenado este mes de marzo de titulares acerca de violencias digitales que, en algunos casos, han traspaso las pantallas y se han materializado también en forma de acoso y agresiones físicas. A las denuncias públicas y policiales de Rita Maestre, Ione Belarra, Irene Montero, Tesh Sidi y Antonio Giraldo (así como de la periodista Sarah Santaolalla el pasado febrero) se suman procesos judiciales contra un hombre que enviaba mensajes homófobos a jóvenes por Instagram desde La Rioja o contra los futbolistas que han difundido un vídeo sexual de una jugadora de 14 años en Bizkaia.

Esta misma semana, la Universidad de Murcia ha divulgado una investigación basada en entrevistas a más de mil mujeres que confirma que un 61% de ellas ha sufrido presiones sexuales online y que constata el impacto de la violencia digital en su salud mental, en forma de ansiedad, baja autoestima y miedo a que el acoso se materialice también en la vida física. Una consecuencia es que las mujeres restringen su participación en espacios digitales.

También en marzo, el Gobierno de España y el de México han anunciado medidas para frenar las violencias en línea. Pedro Sánchez ha presentado la Huella del Odio y la Polarización (HODIO), una herramienta para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales. Por su parte, el ejecutivo que preside Claudia Sheinbaum ha firmado un acuerdo con las principales plataformas digitales (Meta, Google y TikTok) para que incorporen mecanismos de protección de las mujeres: desde campañas para incentivar denuncias a contenidos de sensibilización o la creación de rutas para retirar contenido violento o íntimo no consentido.

Si hace una década el debate público se centraba en las violencias entre la juventud como nativa digital (ahí aprendimos conceptos como grooming o sextorsión), la preocupación gira ahora sobre las acciones más o menos coordinadas desde la llamada manosfera para intentar amedrentar a feministas con proyección pública, como activistas, comunicadoras y políticas. Sin embargo, la victimización constante también se ha traducido en una acumulación de acciones para documentar, contextualizar, prevenir y acompañar los casos de violencias machistas en línea.

Algunos han dado sus frutos: por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condena como un delito de odio las expresiones racistas y misóginas que Justo Huertos Rubio emitió por redes sociales en contra de la comunicadora y activista antirracista Quinndy Akeju. La sentencia demostró que cuando se investigan las violencias, el anonimato deja de ser garantía de impunidad.

Adaptar leyes, reclamar responsabilidad

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 un informe, Las violencias de género en línea, que registró en el Congreso de los Diputados ese año junto con la revista feminista Pikara Magazine y el apoyo de las entidades Calala y Front Line Defenders. Esta acción de incidencia estuvo motivada especialmente por el acoso continuado en redes sociales que habían sufrido colaboradoras de la revista feminista, como Irantzu Varela, Brigitte Vasallo, Silvia Agüero Fernández o Alicia Murillo.

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 el informe 'Las violencias de género en línea': “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales

Ocho años después, aunque lamenta que la iniciativa quedase en un cajón y no recibieran respuesta alguna, Serra valora el carácter pionero de esa demanda de protección que dirigieron al Estado: “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales”.

El siguiente hito en el que participó esta jurista fue conseguir en 2020 que la ley catalana contra las violencias machistas incluyera en su ámbito de actuación las violencias hacia las mujeres en redes sociales y en la esfera pública. “Eso ha significado que en Catalunya todos los agentes implicados en la atención a las violencias han tenido que ser formados sobre esta tipología de violencias. Yo he formado a profesionales de los servicios de intervención especial, a médicos y a psicólogas forenses; los Mossos de Esquadra han sacado su propia guía; hemos creado la línea Fembloc que ofrece asesoramiento tecnológico legal y psicosocial. Hemos abierto camino y hemos intentado que otras leyes se hicieran eco de esta dimensión tecnológica”, condensa.

El siguiente hito fue introducir mediante la llamada ley del solo sí es sí modificaciones de artículos de otras normas, como la de Enjuiciamiento Criminal, de forma que las juezas y jueces de instrucción puedan ordenar la retirada de contenidos sexuales difundidos sin consentimiento como primera medida de protección. También del Código Penal para poder castigar no solo al primer divulgador sino a quienes republiquen esos materiales.

Sin embargo, lamenta que el gran escollo con el que chocan esos avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, Serra valora el paquete de medidas que anunció en febrero Pedro Sánchez, que incluye la persecución penal a los CEO de plataformas digitales que permitan la difusión de contenidos ilícitos y falsos.

El gran escollo con el que chocan los avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial

La jurista insta a no esperar a que se desarrollen en España las competencias de las nuevas leyes europeas sobre IA o sobre servicios digitales, y apela a la proactividad de diversos actores, desde la Agencia Estatal de Protección de Datos a la Inspección de Trabajo o el sistema de salud, así como incluir las violencias digitales en distintas normas, resume para elDiario.es.

Redes de apoyo

Las históricas huelgas de 2018 y 2019 marcaron un clímax en las luchas feministas, que han sido respondidas con una intensa reacción misógina y supremacista, articulada en redes sociales con participación de actores de extrema derecha o los llamados incels. En España, el Instituto de las Mujeres publicó el pasado mes de diciembre un informe en el que analiza el uso por parte de estos internautas del término “Charo” para ridiculizar, desacreditar e intentar silenciar a mujeres feministas de izquierdas.

Se trata, sin embargo, de una ofensiva globalizada que han instado a atender desde la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión a organismos internacionales de derechos humanos. Ya en 2018, Amnistía Internacional llamó a actuar con perspectiva interseccional contra la violencia de género facilitada por las tecnologías, consideradas como “abusos contra los derechos humanos en virtud del derecho internacional”. Uno de sus hallazgos fue que las mujeres racializadas tenían un 34% más de probabilidades que las mujeres blancas de ser mencionadas en “contenido abusivo o repetido de carácter nocivo u hostil” y que ese porcentaje se disparaba hacia un 84% en el caso de las mujeres negras.

En México, la colectiva feminista Luchadoras MX ha desplegado un área de Internet Feminista que incluye una Línea de Apoyo contra la Violencia Digital desde la que brindan a las mujeres y disidencias que sufren estas violencias “información, orientación legal, mecanismos de reporte, contención emocional, contención emocional, canalización con autoridades y otras colectivas”.

Los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”.

La forma de acompañar cada caso se adapta a las decisiones y los ritmos de las personas (desde la denuncia al descanso en la actividad digital), pero señalan como coincidencia la importancia de no dejar a las afectadas solas: “Poder contar con redes de apoyo y comunidades que escuchen sin juzgar, que acompañen, que contengan y que validen las emociones que surgen frente a la violencia hace una gran diferencia. Es en esos espacios donde poco a poco se puede volver a tomar aire, ordenar lo que se siente y empezar a recuperar la propia voz”, destacan las responsables de la Línea de Apoyo, Gisel Santos y Paola Rivera Niño.

Desde Luchadoras comparten la preocupación de que la “tecnología avanza más rápido que la capacidad de generar avances regulatorios nacionales e internacionales eficientes, por lo que es importante documentar y no quitar el dedo del renglón ante este fenómeno”. Algunas de las transformaciones que han identificado han sido la generación de nuevas dinámicas que propician una escalada en la intensidad de agresiones como el uso de bots o cuentas automatizadas para coordinar ataques, o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para propósitos humillantes o desacreditantes (los llamados deepfakes).

Añaden que los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”. En la línea de Serra, concluyen que “ya no se trata solo de una agresión interpersonal, sino de una estrategia dentro de conflictos políticos más amplios sobre género, democracia y derechos”.

Más conciencia

La psicóloga Isa Duque, impulsora del proyecto de divulgación Psico Woman, asegura que en las charlas que ofrece al alumnado de secundaria (centradas en el amor pero abiertas a plantear otras inquietudes) apenas están saliendo la cuestión de las violencias digitales, mientras que se repiten las dudas sobre ligoteo y salud mental. “Lo que más salen son temas de control a través del móvil: qué hago si mi pareja me dice a quién puedo seguir y a quién no, qué hago si descubrió que sigue a su ex en redes y lo vivo como una traición…”, añade.

“Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto y autora de la guía de ciberviolencias 'Ponle nombre', que publicó Emakunde

Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto (Bizkaia), es una de las autoras de la guía de ciberviolencias Ponle nombre, que publicó el pasado diciembre el Instituto Vasco de las Mujeres, Emakunde. Una guía dirigida a chicas y chicos jóvenes para promover la identificación de distintas formas de violencia digital, poniendo el foco no sólo en la protección sino en la responsabilidad para no difundir o emitir contenido misógino, e incluyendo también apartados sobre LGTBIQA+fobia, racismo y gordofobia.

Linares cuenta con más de una década de experiencia estudiando y divulgando sobre las violencias digitales en la comunidad educativa. Identifica que las forma de violencia se han ido sofisticando con los años (en tanto que se han sofisticado también los usos de las plataformas digitales), pero prefiere poner el foco en los aprendizajes y recursos desarrollados, desde las pautas de autoprotección a los mecanismos de denuncia impulsados por redes feministas: “Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica.

Celebra que en la comunidad autónoma vasca ha quedado atrás la fase en la que era la policía la encargada de dar charlas sobre ciberviolencias sexuales en las aulas, con enfoques que promovían el miedo y la culpabilización. “Ahora van a las aulas educadoras de consultorías que no siempre están suficientemente formadas en ciberviolencias pero trabajan con perspectiva de género”, cuenta. El siguiente paso, desde su punto de vista, es pasar de esas charlas puntuales por parte de personas externas a una transversalización en el currículum y una implicación de todos los agentes educativos, desde las familias a los servicios sociales. También en este punto, Linares se muestra optimista: “El profesorado está concienciado, dispuesto a colaborar, pero nos tenemos que coordinar para formarlo de manera que no se tope con la mochila de tener que saber también de ciberviolencias. En algunos pueblos se está debatiendo y trabajando en comunidad cómo criar a las niñas y niños en protección digital”.

En ese sentido, no comparte las medidas como la anunciada en febrero por Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años: “¿Qué pasa, que con 17 años ya no vas a ser machista y a producir contenido violento? Hay que trabajar desde la infancia (especialmente con los chicos) para que, si ven ese contenido, les dé tanto rechazo que lo puedan denunciar, y para que se puedan vincular con otros contenidos y tonos sobre masculinidades, feminidades y diversidad”.

¿Y las violencias benevolentes?

La guía sobre ciberviolencias de Emakunde elaborada por Zaloa Lafuente, Estíbaliz Linares e Iratxe Rodríguez dedica un apartado al body shaming, que define como “comentarios, insultos u odio contra todos los cuerpos que rompen con los ideales de belleza establecidos”, y a la gordofobia, entendida como “rechazo y violencia que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas”. Sobre esto último, añade que esta violencia presente en la vida offline “coge mucha fuerza en las redes sociales” y se basa en prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida

Magda Piñeyro, divulgadora y asesora sobre gordofobia, género y diversidad corporal, autora de dos libros sobre el tema, detalla las violencias explícitas gordófobas presentes en redes sociales: “Véase los insultos, amenazas, burlas o el fatshaming, que es como se llama a la exposición púbica de vídeos no consentidos de personas gordas caminando, en gimnasios o comiendo”. Sin embargo, añade una segunda capa, la gordofobia benevolente: “Toda esa amplia gama de comentarios bienintencionados, como las invitaciones a hacer ejercicio, hacer dieta o consultar a nutricionistas”.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida”.

Las recomendaciones de la guía de Emakunde no se dirigen a las personas gordas sino al resto de la ciudadanía: “Antes de recomendarle a alguien que cambie sus hábitos de vida, piensa si de verdad te importa su salud o te molesta su cuerpo. ¿Le harías la misma recomendación a alguien que sube una foto fumando o bebiendo?”.

El Tribunal de Instancia de Zaragoza ha condenado a J. M. M. A., un técnico auxiliar del Ayuntamiento, por un delito de coacciones en su modalidad de acoso hacia una agente de la Policía Local con la que coincidía en el edificio del Seminario. El fallo judicial considera probado que el acusado sometió a la víctima a un patrón de “conducta insistente y reiterado” que alteró “gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. La resolución judicial destaca que, pese a que la mujer comunicó el hostigamiento a través de mensajes donde pedía que “no se acerque” y afirmaba sentirse “acosada e intimidada” , el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

La sentencia subraya que esta situación se mantuvo debido a una “inacción para evitar el asunto desde su raíz”, llegando a considerar a que el acoso “se permite y se incita por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando” –el máximo responsable policial en el edificio del Seminario–. Así lo señala al hacerse eco de las “contundentes consideraciones y conclusiones” de un informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral.

Fuentes municipales explican que, al conocerse los hechos, se abrió un expediente disciplinario al acusado y que los mecanismos “funcionaron correctamente”. El procotolo se inicio en junio del 2022, cuando la víctima lo comunicó, y se finalizaron las conclusiones en diciembre de ese mismo año. El 4 de enero de 2023, el Ayuntamiento aprobó de forma cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

Según la resolución, a raíz del divorcio de la agente en 2020, el acusado empezó a “interesarse más por ella”. Desde septiembre de 2021, J. M. M. A. “propiciaba de manera insistente encontrarse con la denunciante y buscar su cercanía física”. Para ello, el encausado la buscaba “prácticamente a diario” allí donde se hallaba o preguntaba a otros agentes en qué zona del edificio prestaba servicios.

La sentencia relata que el acusado “no cesaba de ir casi a diario al cuarto de seguridad”, accediendo incluso a su interior pese a ser una “estancia reservada a agentes policiales”, donde llegó a arrodillarse ante la víctima “pidiéndole que le hablase y exigiéndole explicaciones”. También consta la entrega de una nota donde le decía que ella era una “persona muy especial” junto a un “emoticono con forma de corazón”. Pese a que la denunciante le envió mensajes advirtiéndole que no le insistiera más, que se sentía “acosada e intimidada” y que “no estaba autorizado” a acudir a sus puestos de trabajo, J. M. M. A. hizo “caso omiso” a estas peticiones y a las advertencias verbales de sus jefes en una reunión mantenida en abril de 2022. Esta “prolongada situación sufrida” ocasionó que la víctima tuviera que “cambiar sus hábitos en el trabajo y estar permanentemente en alerta”, derivando en un diagnóstico de “síndrome de estrés postraumático y ansiedad”.

Fuentes del entorno de la agente señalan que ha estado “cinco años luchando sola” y apuntan a que lo que ha “vivido ha sido un infierno”. “Lleva cinco años encerrada sin poder salir de casa”, explican. A su vez, lamentan que no ha recibido “nada de ayuda del entorno policial”. “Estaba convencida de que si no denunciaba acabaría pasando una desgracia”, indican las mismas fuentes.

“Inacción” del entorno laboral

La sentencia critica la “inacción” del entorno de trabajo para evitar este “hostigamiento psicológico con componente sexual del denunciado hacia la denunciante”. Ante la reiteración de los comportamientos de acoso por parte del condenado, el Servicio de Prevención y Salud Laboral recoge en su informe de diciembre de 2022 que se permitió “y se incitó por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando, a pesar del evidente malestar psicológico de la trabajadora”. Añaden que el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

Este mismo informe recoge que el denunciado reconoció que tenía “obsesión” por la denunciante. Desde Prevención también constatan que el ambiente laboral “ha resultado intimidatorio y hostil para la denunciante al no identificarse las conductas de acercamiento del denunciado como inadecuadas en un entorno laboral” y que, cuando denunció, no se pusieron medios “para darle la debida protección para desarrollar su trabajo con dignidad”.

Según se expone, la agente y el ahora condenado tuvieron una reunión con sus respectivos jefes “en la que se reconoció que el tema era serio y que podía dar lugar a responsabilidades”. En esa reunión fue advertido y “se habría comprometido a poner fin a los contactos, pero sin que de esa reunión salieran instrucciones u órdenes concretas”. La víctima pidió la baja cuando comprobó que él seguía acercándose a su puesto: “Siendo especialmente frustrante para esta que su superior se quedase con él riéndose, en lugar de ampararla”. Fue ahí cuando acudió al Servicio de Prevención y Salud Laboral y fue derivada a la mutua médica, donde se le dio la baja. En la sentencia se traslada que fue ella “la que resulto cambiada de puesto de trabajo y no al revés”, lo que “acrecienta la victimización y frustración de la perjudicada”.

En junio de 2022, la trabajadora informó de los hechos en base al protocolo contra el abuso sexual, según explican fuentes municipales a este diario. Este protocolo finalizó en diciembre y, el 4 de enero de 2023, se aprobó como medida cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

En el escrito judicial se recoge un testimonio de un testigo que asegura que no se le impidió acceder a espacios reservados para la policía donde pudo ver los cuadrantes con los horarios de la víctima. Explica también que hubo una reunión y los compañeros “no recibieron instrucciones escritas para no dejarle acceder”. El mismo testigo confirma que a “la denunciante se la veía angustiada”.

Apertura de expediente

Fuentes municipales explican que, cuando se conoció el informe de Prevención, se abrió un expediente disciplinario al ahora condenado, pero que se paralizó al interponerse la querella, tal y como establece el protocolo. Aseguran que se tomó como medida preliminar que el acusado no pudiera estar en contacto con la denunciante mientras el expediente siguiera abierto. Todo esto sucedió antes del traslado de la agente. Las mismas fuentes explican que el Ayuntamiento no es parte en esta causa y que, al producirse la sentencia, se ha reactivado el expediente disciplinario interno. Cuando se resuelva, “se le aplicará un régimen sancionador de empleo y sueldo”.

Finalmente, el magistrado ha impuesto a J. M. M. A. una pena de “siete meses de prisión” con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, además de la “prohibición de que se aproxime” a la persona de la agente, a su domicilio o a su lugar de trabajo a una distancia “inferior a 200 metros” por un tiempo de “tres años”. Igualmente, se le impone la “prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio” durante el mismo periodo, la condena al pago de las “costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular”, y la obligación de indemnizar a la víctima en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los “días de curación y eventuales secuelas”.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor. Como consecuencia de estos hechos, el pasado 23 de febrero Agüera renunció a su cargo.

Según el auto, adelantado por Cadena SER y al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, por lo que ha procedido a acordar el “sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en íi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, expresó el edil al renunciar. Asimismo, aseguró que había denunciado este hecho “ante la Justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

La denuncia fue presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a su vez a a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público.

Me llamo Marta, aunque llevo unos veinte años subiéndome a las cabinas de discotecas, eventos y festivales bajo el nombre de Eme DJ. Me dedico a poner música para que la gente baile y sienta cosas, sin mucho más misterio. También invierto bastante tiempo en hablar de la cara B de esta profesión: la salud mental, la precariedad de los que no salen en letras grandes en los carteles y mi proyecto Depresión en la Cabina en el que visibilizamos los problemas derivados de ser DJ y funcionamos como grupo de apoyo online. 

Hace unos días, un clip de 40 segundos extraído de una entrevista de dos horas en un podcast me convirtió en el blanco de las redes. En ese fragmento me atrevía a cuestionar el turbocapitalismo de los macrofestivales y decía que no me parecía normal que un cabeza de cartel cobrase medio millón de euros mientras la clase obrera de la noche cobra mal, tarde o en “exposición”.

Supongo que quienes llenaron la sección de comentarios con cientos de insultos esperaban que me hiciera pequeñita, que cerrara la boca o que pidiera perdón por existir. Ha pasado justo lo contrario: leerlos ha sido jodidamente terapéutico.

Lejos de hundirme, me han dado la razón. Han demostrado, punto por punto, todo lo que está podrido en esta industria y cómo reacciona una parte de la sociedad cuando una mujer toca el chiringuito de los privilegios y habla de dinero. No les jode tanto lo que dices; les jode que seas tú quien lo dice. Y para intentar callarte, usan siempre el mismo manual de instrucciones. 

El primer paso es de cajón:

“Esta tía no sabe ni lo que habla. Mira, el deejay funciona así...”.

He pinchado en festivales inmensos, he hecho warm-ups para artistas internacionales y conozco bien las cabinas de los antros más oscuros. Pero da igual. Para un señor aleatorio en Internet, sigo siendo “esta tía” a la que hay que explicarle cómo funciona la industria en la que lleva media vida partiéndose la espalda. La condescendencia es la herramienta favorita para anular la experiencia femenina. Necesitan bajarte a la categoría de alumna para poder sentirse cómodos y mantener su autoridad intacta.

Cuando ven que no pueden darte lecciones técnicas porque tienes más horas de vuelo que ellos, atacan al físico.

“Solo con verle la cara de bollo...” o “Valiente escombro habéis puesto ahí”.

Cuando una mujer plantea un argumento estructural sobre economía o cultura de club y se quedan sin herramientas intelectuales para rebatirlo, atacan el cuerpo. Si no encajas en la fantasía de la “DJ florero” con poca ropa, te castigan por atreverte a ocupar espacio visual y sonoro. Tu opinión no vale porque, para ellos, tú no eres un producto consumible. No estás ahí para adornar su fiesta, así que te conviertes en una diana.

Y por si fallan las dos primeras, siempre les queda la vieja confiable:

“No pagues tu frustración con los demás”.

Si un hombre critica el sistema, es un visionario, un líder, un punk. Si lo hace una mujer, es una resentida o envidiosa. Invalidar una queja legítima reduciéndola a un arrebato emocional o a “envidia” es gaslighting de manual. Les aterra tanto que cuestiones su mundo perfecto de DJs millonarios y ley de la oferta y la demanda que prefieren convencerse de que simplemente estás frustrada.

Leer todo esto me reafirma.

Pienso en las chicas que están empezando ahora. En las que a lo mejor sienten pánico a subir sus mezclas, a pinchar delante de la gente o a opinar por miedo a que las llamen “escombros” o las traten con esta condescendencia. Y se me quitan las ganas de callarme.

La pista de baile siempre nació como un espacio de resistencia y disidencia para los que no encajábamos. Defenderla significa aguantar el ruido de estos señores hasta que, poco a poco, dejen de tener público.

Me habéis dado la razón en todo. Yo sigo a lo mío. Nos vemos en la pista.

El primer tuit se publicó el 29 de agosto de 2019: “Eres la típica malfollada a la que nunca le han dado polla”. Lo que siguió fue un aluvión de mensajes durante cuatro años para “humillar”, en palabras de la Fiscalía, a una experta en videojuegos, conocida por denunciar las actitudes machistas del sector. El acusado se sienta en el banquillo este miércoles.

La Audiencia de Barcelona escuchará a una víctima de una realidad que no suele verse en una sala de vistas en España: el acoso machista de un incel a una mujer del sector de los videojuegos. Originaria de Estados Unidos, la comunidad incel está formada por hombres jóvenes y machistas que culpan a las mujeres de su falta de relaciones sexuales.

Como toda comunidad de Internet, pero guiados por el odio a las mujeres, los incels han construido un lenguaje propio. Algunas de estas expresiones se encuentran en los mensajes que el joven acusado profirió a la denunciante entre 2019 y 2022, e incluso los nombres de las cuentas que usaba, tal y como relata el abogado de la víctima, Daniel Amelang, en su escrito de acusación.

“El mundo del videojuego todavía sigue siendo parte de una tecnocultura machista tóxica muy fuerte, y el hecho de que empiecen a llegar mujeres les genera un rechazo muy fuerte y se coordinan para echarlas”, explica la filósofa de la tecnología e investigadora Eurídice Cabañes.

El joven está acusado de enviar, al menos, 13 mensajes en Twitter y 14 a través de Instagram a la víctima. De culpar a la denunciante del coronavirus se pasa a una escalada en la agresividad de los mensajes, con referencias explícitas a violarla o dejarla embarazada. También se arremete contra el feminismo de la denunciante y sus críticas al sesgo machista de algunos videojuegos.

Entre los términos empleados en los mensajes, se encuentran palabras habituales de los incels, como “cucks” (cornudos en inglés, pero que esta comunidad emplea para describir a los hombres que apoyan políticas igualitarias); “chad” (ejemplo de hombre atlético que despierta el deseo en las mujeres); “kek” (una forma de reírse); “alfa y beta” (la diferenciación entre hombres dominantes y sumisos); o “golden” (la referencia incel para describir el equilibrio entre dos personas).

La violencia que recibió la denunciante no fue solo verbal: el acusado también envió una fotografía de su pene sin el consentimiento de la experta en videojuegos.

La Fiscalía no tiene dudas: a través de sus mensajes públicos y privados, el acusado pretendió “menoscabar la dignidad” y “denigrar” a la denunciante “y a las mujeres por el mero hecho de serlo”, además de perjudicarla en el ejercicio de su profesión. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel para el acusado por un delito de incitación al odio o bien por el delito de acoso y una indemnización de 3.000 euros.

La acusación particular de la víctima eleva la petición de pena a tres años de cárcel por un delito de odio por motivos misóginos y otro de acoso, además de una indemnización de 20.000 euros. La denunciante, recalca el abogado Amelang, se vio “vejada de forma grave y sostenida en el tiempo” ante toda la comunidad gamer por parte del acusado, y tuvo que contactar con la entidad Fembloc, de lucha contra las violencias digitales.

Las consecuencias para la denunciante fueron severas: se vio obligada a reducir su presencia en redes y a desactivar los mensajes privados, y tampoco participó en medios de comunicación tradicionales “para llamar menos la atención y minimizar el riesgo de que continuara el acoso”, sostiene su abogado.

Lo ocurrido a esta experta en videojuegos llega a un juicio, pero el acoso digital es una realidad para muchas mujeres jugadoras. Así lo expone el último estudio sobre diversidad en el videojuego en España de la asociación cultural Arsgames, del que Cabañes fue una de sus autoras: el 59% de las jugadoras ocultan su género para evitar el acoso, y el 77% lidian con comportamientos no deseados.

Todo ello pese a que en 2024, por primera vez, las mujeres representaron la mayoría del público jugador en España, alcanzando los 11,1 millones, un 50,5% del total tras un crecimiento del 77% desde 2019 en el número de jugadoras, según el estudio.

Cabañes recuerda la “responsabilidad” de las empresas a la hora de atajar los acosos machistas en el videojuego. “Igual que no se nos ocurriría permitir a un restaurante actitudes sexistas, tampoco pueden ocurrir en el espacio digital”, destaca la experta, que lamenta que algunos juegos que todavía no cuentan con formas de protección contra el acoso.

La experta pone como ejemplo lo ocurrido con el Gamergate, la campaña de ciberacoso machista de hace una década a distintas mujeres en la industria de los videojuegos, que perdió peso durante unos meses pero cuyos métodos fueron “precursores” de ataques como el asalto al Capitolio de EEUU. “El videojuego es un campo de innovación donde se puede redirigir a los hombres que ya son misóginos para que pasen a la acción”, resalta Cabañes.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.