Un agente de la Ertzaintza que ejercía de árbitro en la Donosti Cup de fútbol aficionado tuvo que salir este pasado viernes escoltado de un encuentro en el campo de Zubieta tras ser “amedrentado y amenazado por su condición de ertzaina”, denuncian desde el Gobierno vasco.

Según la información remitida por el departamento de Seguridad, durante el encuentro el árbitro, tras consultarlo con el delegado de campo, iba a dar por terminado el partido antes de tiempo al considerar que el juego de los jugadores de ambos equipos estaba siendo demasiado violento. Minutos antes de finalizar el partido el árbitro ha mostrado una tarjeta roja a uno de los jugadores del equipo guipuzcoano que estaba jugando el partido, acción que ha hecho que tanto los jugadores titulares como los que estaban en el banquillo le rodeasen y comenzaran a increparle.

La víctima, al verse rodeada, ha levantado su brazo pidiendo que guardasen distancia mínima, lo que ha hecho que parte del público invadiese el campo uniéndose al acoso de los jugadores. El personal de seguridad ha tenido que proteger a la víctima para llevarlo hasta el vestuario y poder resguardarse.

Una vez en zona segura, la victima ha sufrido insultos como “arbitro zipayo”, “zipayo hijo de puta”, “puto zipayo” o “txakurrak” así como cánticos contra la Ertzaintza. Distintos recursos de la Ertzaintza se han personado en el lugar, que lo han desalojado y han ayudado a la víctima a abandonar el lugar.

El departamento de Seguridad ha condenado “enérgicamente” los hechos y ha mostrado “su solidaridad al agente que ha sido víctima del acoso y los insultos de parte del público y jugadores”. “Unos hechos inaceptables que atentan directamente contra la convivencia. El departamento de Seguridad quiere, además, pedir a la sociedad vasca que no tolere este tipo de conductas que recuerdan tiempos pasados. Asimismo, el departamento de Seguridad traslada su solidaridad a todos los y las agentes de la Ertzaintza que trabajan por una sociedad más justa”.

Los sindicatos policiales, así como la organización del torneo también han condenado el “acoso” sufrido por el agente, que han calificado de una “enrome gravedad”.

La jueza que investiga al alcalde de Móstoles por el acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala ha rechazado investigar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada, tal y como ha adelantado este miércoles El País, entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. La exconcejala acudió hace unos días al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Manuel Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido. En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran las grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se ha encontrado ahora con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

En su recurso, el alcalde reducía los incidentes descritos por la exconcejala como “discrepancias personales” sin ningún tipo de relevancia penal. El juzgado contesta que la querella, sin embargo, relata hechos que son “claramente constitutivos de ilícito penal” acompañados, además, de “un extensa prueba documental” e incluso la identificación de testigos. El auto ha sido fechado el 29 de junio, el mismo día en que la denunciante acudió al juzgado a ratificar su querella.

Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejala que ha denunciado al alcalde del PP de esta localidad de más de 200.000 habitantes. “La juez ha estimado nuestros alegatos de oposición al recurso del alcalde y ha establecido de manera taxativa que los hechos denunciados son constitutivos de ilícito penal, son hechos con relevancia penal y por ello procede la inoación de las diligencias previas acordadas”.

“Entendemos que es de pleno sentido común, los hechos que viene denunciando la querellante son muy graves y subsumen plenamente en los tipos con carácter indiciario y presunto”, valora el letrado. “No nos cabe duda que la juez acordará el resto de las diligencias solicitadas, entre ellas la declaración como investigado del alcalde de Móstoles y muy probablemente la testifical de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Calvià (Mallorca) ha detingut un home de 41 anys, entrenador d'automobilisme, per presumptament assetjar i agredir sexualment una menor de 15 anys.

Els fets denunciats s'haurien produït a principis d'aquest any, encara que la denúncia no va ser interposada fins a dates recents, segons ha informat Diario de Mallorca i han confirmat fonts de la investigació a elDiario.es.

Els agents de la Policia Judicial van arrestar aquest dimecres l'entrenador, a qui atribueixen la presumpta comissió d'un delicte d'agressió sexual. Les indagacions romanen obertes i l'Institut Armat continua recaptant informació sobre el succeït.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià (Mallorca) ha detenido a un hombre de 41 años, entrenador de automovilismo en Mallorca, por presuntamente acosar y agredir sexualmente a una menor de 15 años.

Los hechos denunciados se habrían producido a principios de este año, aunque la denuncia no fue interpuesta hasta fechas recientes, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes de la investigación a elDiario.es.

Los agentes de la Policía Judicial arrestaron este miércoles al entrenador, a quien atribuyen la presunta comisión de un delito de agresión sexual. Las pesquisas permanece abiertas y el Instituto Armado continúa recabando información sobre lo sucedido.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena a un acusado de un delito de acoso vecinal a un año de prisión y además le obliga a alejarse y no comunicarse con la denunciante durante dos años, y a pagar dos multas de 1.000 euros cada una así como la responsabilidad civil que se fije cuando el fallo sea firme.

La sentencia da por probado que el acusado entre junio de 2020 y febrero de 2022 protagonizó desde su domicilio constantes ruidos, gritos, amenazas e improperios dirigidos a la denunciante “con el fin de atentar contra su vecina colindante”.

La Sala considera que su objetivo final no era otro que afectar “su vida cotidiana, libertad de movimientos, integridad psíquica y legítimo disfrute de su descanso e intimidad familiar y domiciliaria”.

Por ejemplo, alrededor de las 2:30 del 18 de abril de 2021 el procesado hizo sobrevolar un dron sobre la ventana del dormitorio de la mujer mientras lanzaba frases de contenido sexual o amenazas como que le iba a pegar fuego a su vivienda, “para que te vayas relajando de una vez”.

La sentencia también cita que otra vez desde las 23.30 horas hasta las 04.30 de la madrugada estuvo tocando el claxon de su vehículo y puso música a un elevado volumen mientras le decía que estaba harto de sus denuncias y arremetía contra su afiliación política y que iba a denunciar a su marido, que es guardia civil.

En diversas ocasiones golpeaba violentamente las paredes contiguas, ponía música a un volumen “desproporcionado” lo que daba lugar a que aumentara el estado de ansiedad de la denunciante y su hija menor y le provocó migrañas, entre otros desequilibrios.

La sentencia da por probado que todo ello generó un importante estado de nerviosismo en la mujer, alteró su descanso nocturno y el de su hija de seis años.

La víctima tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico en la Unidad de Salud Mental y recibir medicación psicofarmacológica aunque en la actualidad no le constan secuelas.

En su momento el Juzgado de La Orotava tomó medidas cautelares como era la prohibición de que el acusado se comunicara con ella por cualquier medio hasta que no se emita una resolución judicial firme.

Ante la Audiencia el acusado alegó cuestiones de quebrantamiento de normas como que la magistrada que presidió el juicio no fue quien dictó y firmó la sentencia y que durante la vista se plantearon alegaciones que habían sido inadmitidas al principio de la sesión.

Entre ellas falta de concreción en los hechos denunciados lo que impidió ejercer su defensa, que se le acusaba de lesiones cuando el procedimiento se centraba en un presunto acoso y que tampoco se determinaron fechas y hechos de forma exacta.

La Audiencia explica que el cambio de magistrado se debió a una baja certificada por parte de quien dirigió el juicio y que el sistema informático utilizado en los juzgados permite este tipo de sustituciones.

También se considera que en el fallo han quedado explicados y detallados los distintos hechos ocurridos y que el acusado ha tenido la posibilidad de conocerlos por medio de denuncias y partes médicos, entre otros documentos.

La defensa cuestionó que la condena se base en el único testimonio de la denunciante y de guardias civiles de la profesión de su marido o de personal de un Centro de Salud donde trabaja ella, lo que según la Audiencia no es razón suficiente para rechazar sus testimonios.

No es normal meterse con alguien para hacerse el guay. No es normal tener miedo a ir al colegio. Ni jugar al Roblox, Fornite, Rocket League, Brawl Stars o GTA. Ni ser el raro de clase por no tener móvil con once años, ni llegar a casa y que los padres estén mirando el móvil.

Los alumnos y alumnas 'ayudantes' del CEIP Vicente Ochoa de Logroño han lanzado un vídeo a través de las redes sociales del centro con un mensaje muy claro e importante para sus familias y para la sociedad. A través de diferentes imágenes en las que aparecen ellos mismos con el encabezado “Tengo 11 años y no es normal”, van lanzando una serie de realidades que se han normalizado. Con ello quieren difundir el mensaje de que no se puede normalizar el mal trato entre compañeros y compañeras, ni en el colegio ni en los entornos digitales.

Es una llamada de atención a las familias, a quienes les piden directamente que controlen el uso de las pantallas y las conductas que se normalizan tanto en entornos privados como sociales. “Familias, escuchad bien este mensaje ya que vuestra labor es fundamental”, dice la publicación.

Dejan claro que no es normal hacer cosas que no quieres sólo para encajar, normalizar el insulto o sentir que nadie va a ayudarte. “Tengo once años y no es normal que este mensaje llegue tarde”, continúa el vídeo, “y no es normal que os pidamos que nos protejaís de las pantallas porque no queremos ser niños adictos”.

Con esta llamada a la acción, los alumnos ayudantes del Vicente ochoa recuerdan que la construcción de espacios libres de violencia no es un asunto exclusivo de las direcciones de los centros o del profesorado. Se trata de una responsabilidad comunitaria compartida entre las instituciones, el propio alumnado y unas familias que deben ejercer de primera línea de defensa emocional, garantizando el derecho fundamental de la infancia a crecer en un entorno de respeto y dignidad.

No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.

Es difícil saber exactamente cuándo cambia una palabra. Pero cuando ocurre en política hay que estar atentos, porque casi siempre un desplazamiento semántico conlleva una nueva legitimación. 

Lo he pensado a propósito del acoso de Vito Quiles a Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas (Madrid) ocurrido el miércoles: no fue periodismo, sino política performativa, a la que ya nos tiene acostumbrados. 

Los periodistas escriben crónicas o análisis sobre hechos. Este agitador no escribe nada, aparece. Y con su cuerpo performa el mensaje. No lo formula, lo encarna: se planta ante la esposa del presidente del Gobierno para con ello decir que ese cuerpo es acosable. No todos los cuerpos lo son, es importante distinguir: por eso no hostiga a la mujer de Feijóo ni boicotea las ruedas de prensa de Miguel Tellado.

Ah, Tellado. Precisamente el portavoz del PP, preguntado por el asunto, afirma: “Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista”. Quiles está procesado por calumnias y se le piden nueve años de prisión en el caso de Facua. En otro proceso, le piden dos años por atentar contra la dignidad de una mujer con discapacidad intelectual. El Congreso está tramitando su expulsión por cinco infracciones graves. Pero para Tellado, “el agredido es un periodista”. Sin más.

Lo importante no es el verbo “agredir”, aunque lo parezca. La clave está en que lo llama “periodista”. Es el tipo de desplazamiento semántico que Víctor Klemperer documentó en numerosas palabras en la Alemania de los años 30. Sin esos movimientos de legitimación del PP, Quiles sería poca cosa, un bro cualquiera de las redes. 

Al equiparar su agresión con el trabajo de un periodista, está diciendo que esa profesión incluye hostigar, cámara en mano, a figuras de la izquierda. El significado de “periodista incómodo” se desplaza también. La incomodidad ya no es intelectual, sino física. 

Él sube a sus redes imágenes de sus hostigamientos a cuerpos acosables. Las mentes lo procesan como bazofia porque todo sucede en un ecosistema informativo roto. Gran parte de la industria del periodismo hace entretenimiento y otra parte fabrica distracciones. El acto performativo de Quiles incumple la deontología periodística, pero no las normas de las redes. Eso sí, necesitan la legitimación externa. Tellado se la da. Esa es la pendiente por la que se resbala el PP.

Klemperer anotó desplazamientos semánticos de numerosos vocablos, por ejemplo “fanático”. Se convirtió en una palabra con connotaciones positivas, no gracias a un decreto del filólogo Goebbels, sino porque fue apareciendo en contextos positivos: en una esquela, en la invitación a un evento. El colmo, señala Klemperer, fue cuando Goebbels habló de “fanatismo feroz”, como si hubiera un “fanatismo dócil”. Si necesitas adjetivar el fanatismo como “feroz” es porque su significado ya se ha vuelto neutro o positivo.

Tellado no es Goebbels, quiero dejarlo claro. Pero Klemperer vuelve a estar vigente porque nos ofreció un método para analizar cómo el lenguaje va instalando cambios inadvertidos en nuestra visión del mundo. La democracia aún tiene anticuerpos para defenderse del desbordamiento constante de los límites físicos en política. Pero me llama la atención que nadie en el PP esté leyendo a Klemperer. Háganlo: verán que algunos juegan con fuego. Y arriesgan demasiado.

Tal vez un día hablemos con naturalidad de “periodismo pacífico”, porque ya no podamos dar por sentado que las armas de los informadores son dialécticas y no físicas. Fanatisch se importó al alemán desde el francés fanatique durante la Ilustración: describía a quien se comportaba fuera de la razón, sin control. Cuando el nazismo consiguió convertirla en una palabra positiva, logró cancelar también la censura social a la conducta irracional. El desplazamiento de “periodista” no sólo normaliza la agresión, sino que desarbola la profesión y encanalla aún más la política.

Llevar un teléfono con un soporte del Temu no te convierte en periodista. Un nazi con un móvil y un micrófono sigue siendo un nazi. Incluso un periodista titulado que se comporta como un acosador y está a sueldo de un partido tampoco hace periodismo. Entender cuestiones básicas es difícil en un tiempo de antiintelectualismo en el que mucha gente no es capaz de atender un vídeo de más veinte segundos, donde no se distingue opinión e información y el líder de la extrema derecha colapsa cuando le piden que explique qué es ser español y te manda a la universidad para que te den respuestas. Los personajes que acuden a acosar a personajes públicos en su esfera privada, en sus domicilios o los abordan por la calle para insultarlos hacen tanto periodismo como el fascista Queipo de Llano cuando usaba los micrófonos de Radio Sevilla para amenazar a las mujeres de republicanos con violaciones por parte de la Guardia Mora. 

Al PP se le pasará la condescendencia, la equidistancia y la connivencia cuando comience a haber tipos, porque pasará tarde o temprano, que acosen a la mujer de Feijóo en su alojamiento humilde en El Viso o a la puerta de su chalé en Moaña que invade espacio público. El PP justifica la invasión de la esfera privada de sus adversarios políticos porque considera que le beneficia políticamente y porque se saben con el manejo de las esferas de poder que pueden sancionar ese comportamiento penalmente. Son muchos Peinados protegiendo el cortijo. Sus escuadristas con micrófono tendrán que hacer sangrar para ganarse una sanción mientras que un hipotético equivalente en el bando contrario acabaría en la Audiencia Nacional con una causa por terrorismo. 

El ático de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido pagado con las comisiones de su novio con Quirón y con el reconocido fraude fiscal vía abogado, tiene una gestapillo con cargo al erario público que informa a Miguel Ángel Rodríguez cada vez que un periodista, de verdad, se aproxima por allí para investigar los chanchullos de Quironesa y consorte. Nunca jamás se ha visto a nadie acosando al novio en la puerta de su casa, ni se han grabado vídeos en el acceso de su domicilio ni se ha abordado a la lideresa en su ámbito privado. Si siguen tensando la cuerda acosando a los adversarios políticos, financiando a los camisas negras de redes sociales y subvencionando sus libelos es cuestión de tiempo que alguien vea una oportunidad de negocio en hacer lo mismo con Ayuso, Abascal, Feijóo o comience a ir a la casa de Quiles, que todos sus enemigos ya tienen localizada hace mucho tiempo. Acabarán teniendo lo que realizan a los demás. La paciencia acaba agotándose.

Los periodistas de verdad no participarán en ese espectáculo grotesco de acoso, intimidación y violencia política, pero sería una buena noticia que empezara a haber las mismas prácticas contra líderes del PP y Vox, periodistas de derechas y extrema derecha y presentadores de programas de Telemadrid por parte de unos cuántos miembros del Black Block para que den un paso atrás y comprendan que existen ciertos comportamientos que en una democracia sana son inaceptables. Lamentablemente, la reacción solo lo entiende cuando lo sufre.  

La violencia política que el PP y Vox usan con mediación interpuesta a través de personajes tan limitados acabará en desgracia. Estos tipos no son conscientes de que es cuestión de tiempo que crucen una línea roja que acabe con ellos en la cárcel o agredidos por alguien con la mecha más corta o por algún escolta que sí cumpla con sus obligaciones de protección. Hay que ser muy listo para manejar los límites de la impunidad que estos parapropagandistas creen tener, y es difícil encontrar personajes más limitados intelectualmente que Quiles o Ndongo. Acabarán pisando el palito y se los dejará vendidos por parte de aquellos que ahora quedan a comer en el Senado con estos españoles de segunda categoría para quienes les usan como carnaza. Es una historia muchas veces vista antes. Se gozará cuando suceda. 

Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

Cuando Hanna Arendt asistió, en 1961, como periodista al juicio contra el nazi Adolf Eichmann se sorprendió por no descubrir a un sádico y sí encontrar en uno de los principales organizadores del Holocausto a un burócrata mediocre y anodino que simplemente seguía órdenes y era incapaz de pensar de forma crítica. De ahí surgió su estudio sobre La banalidad del mal en el que concluyó que el derrumbe moral de las personas no siempre nace de la crueldad o la vileza, sino de la ausencia de pensamiento. Toda una advertencia sobre lo que puede suceder cuando se abandona la responsabilidad de reflexionar. 

Vito Quiles, como Eichmann, cumple el papel de soldado diligente más atento a las órdenes que recibe que a las consecuencias éticas o penales de sus actos. O no. A saber. Lo que es seguro es que está convencido de que el acoso, el señalamiento, la intimidación y la violencia verbal que ejerce sobre políticos y periodistas que no orbitan en su misma tribu es una acción justificada ante la supuesta amenaza que todos ellos representan para la idea de España que tienen sus pagadores. 

De ahí que el PP de Feijóo, con Miguel Tellado y Ester Muñoz a la cabeza, defiendan con ahínco al agitador que el miércoles acorraló dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno y entiendan que su papel, además de legítimo es necesario y corresponde al de un buen español que cumple con su deber. 

“Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta. Las imágenes que todos los españoles hemos podido ver son unas en las que una militante socialista, agredía, y hay que ver de qué forma, a un periodista”, afirmó el secretario general del PP

Quiles es un operador de la derecha y la ultraderecha que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo que dice ejercer. El telonero de los mítines del PP no pregunta, ni analiza, ni explica, ni opina, ni busca la verdad. Lo suyo no es el periodismo. Es la provocación, el acoso, el matonismo y el fanatismo. Simplemente, es un pieza más al servicio de la causa del antisanchismo con una manifiesta incapacidad para pensar en las consecuencias de sus actos por muy violentos que sean. 

Con todo, lo grave es que ni Vito Quiles ni quienes le amparan -desde el periodismo y la política- no se reconocen como elementos perturbadores de la democracia, sino como garantes de una España en la que solo caben ellos y en la que empieza a abrirse paso, sin condena social, la inquietante posibilidad de que se cometan atrocidades.

La irresponsabilidad del PP al exigir explicaciones a las amigas de Begoña Gómez que intentaron reducir a Quiles para que cejara en su hostigamiento, en lugar de pedirlas al agitador que cumple órdenes de una empresa financiada por los gobiernos populares es una señal más de hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo en su campaña de acoso y derribo a este Gobierno. ¿Qué será lo próximo? ¿Serán Tellado o Múñoz los siguientes en perseguir a la esposa del presidente del Gobierno?

Si Quiles campa todavía a sus anchas por las dependencias del Congreso, con credencial de informador, es gracias a la defensa que el PP hizo en la Mesa de su labor como agitador. Y, aunque tiene un expediente sancionador abierto por violar las normas de acceso y conducta en la Cámara Baja y se arriesga a la pérdida temporal de su acreditación, sabe que su cercanía a la derecha y la ultraderecha, además de la complicidad de algunos de los agentes de seguridad que custodian las dependencias parlamentarias, le garantiza la entrada cuando quiera y cómo quiera. Tiempo al tiempo. 

Al menos, como Eichmann tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Y no solo una vez, ni dos.

En los últimos días hemos estado inmersos en la cobertura de uno de esos casos que nunca gusta contar en un periódico: el acoso entre menores de edad, agravado en la actualidad por las posibilidades de intensificar el daño que dan la tecnología y las redes sociales al alcance de cualquiera. Y una vez más hemos sido testigos en primera fila de cuánto queda por aprender a nivel mediático y social para no caer continuamente en los mismos errores y revictimizar a las personas que lo denuncian.

El caso que destapó mi compañera Bárbara Ferrer en elDiario.es se produjo en el seno de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega, un club puntero a nivel deportivo y supuestamente con una sensibilidad especial para la protección a la infancia. Así lo atestigua su propia página web, con un apartado específico para abordar este tipo de conflictos, con un espacio de denuncia 'seguro' y una persona dedicada a abordar las situaciones delicadas que puedan surgir en las actividades que organizan con la participación de cientos niños y niñas cada semana.

La realidad, por desgracia, suele ser más prosaica. Los hechos denunciados ante la Policía Nacional indican que cuatro chicas del equipo cadete femenino habrían sufrido “insultos, vejaciones y situaciones incómodas” por parte de jugadores y jugadoras de una categoría superior, con las que en ocasiones comparten entrenamientos, partidos y vestuario. Ante la denuncia de sus padres y madres, según ellos mismos lamentan, el club arrastró los pies y puso en marcha un 'protocolo' del que nunca más supieron.

Solo pedían una disculpa y medidas disciplinarias acordes a la gravedad del caso contra los presuntos agresores. Hay pantallazos que atestiguan los hechos, donde se recogen “insultos homófobos, machistas y gordófobos”. A cambio recibieron críticas veladas, señalamiento y un mensaje muy preocupante: “Las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, según les dijo un directivo del club. Ante lo que consideraron una nueva agresión, alguno de los padres acudió a la Policía y ahora el caso está judicializado y pendiente de la intervención de la Fiscalía de Menores.

La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo

Sin embargo, a pesar de que nadie ha negado los hechos, sí se ha intentado minimizar lo que han sufrido estas cuatro niñas y el club emitió un comunicado tras la publicación de la noticia por parte de este periódico que ha sido lo que ha recogido la inmensa mayoría de medios de comunicación de Cantabria, —con honrosas excepciones—, dando voz únicamente a una de las partes pero ocultando el contexto y sin un ejercicio mínimamente crítico de periodismo, en el que la voz de las víctimas siempre debe estar recogida.

Hace tiempo que en nuestro equipo de Redacción decidimos poner el foco en el acoso escolar y el bullying en distintos entornos como una prioridad editorial. Creemos que es necesario denunciar los casos, contar las historias de estos niños y niñas. Así hablamos con Martín, el niño “sin domingos ni recreos” que con diez años se encerraba en su habitación e intentaba dejar de respirar; o con Lucía, víctima de acoso escolar, que nos relató dos años de insultos diarios y marginación en el instituto, y que nunca se atrevió a contarlo públicamente hasta ese momento.

De ellos aprendimos —y lo estamos volviendo a ver en el caso de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega— que pese a los mensajes repetidos de que hay que denunciar y señalar a los agresores, muchas de las víctimas sufren más a partir de que su caso se hace público y las instituciones afectadas por esta lacra suelen intentar dar carpetazo al asunto y lavar los trapos sucios en casa, para que no les salpique. Es un error. La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo.

Para evitar que eso pase hay que combatirlo y darles voz. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Por nuestra parte, en ello estamos. Seguiremos firmes en este empeño y, si conoces algún caso, te invito a que nos lo cuentes para que lo investiguemos.

Junts ha denunciado que su diputada en el Congreso Marta Madrenas ha sido acosada este miércoles en Madrid por haber votado en contra del decreto de prórroga de alquileres, un episodio que fuentes del partido vinculan al «señalamiento» que hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su grupo durante el debate.

Según han explicado a EFE fuentes del partido que han presenciado los hechos, la escena ha ocurrido en los alrededores del Congreso, cuando un hombre se ha acercado a la diputada asegurando que la conocía «de haberla visto en la tele» y, acto seguido, ha empezado a increparla.

El hombre la ha seguido durante un trecho, mientras le gritaba que «por su culpa a millones de personas las iban a echar de su casa», y finalmente le ha escupido, si bien no ha llegado a alcanzarla.

Precisamente fue Madrenas quien este martes defendió desde la tribuna del hemiciclo el ‘no’ de Junts al decreto ley, que quedó derogado con los votos de Junts, el PP y Vox.

La diputada y exalcaldesa de Girona sostuvo que el decreto era «jurídicamente defectuoso», «económicamente incoherente» y socialmente «ineficaz» y lo enmarcó en una «operación de propaganda» con «sesgo ideológico» y «alergia sistemática a los propietarios».

El momento de mayor tensión en el pleno se produjo con la intervención de Rufián, que leyó el nombre de cada uno de los siete diputados de Junts para enfatizar que son los «responsables de que la gente viva hoy más angustiada».

Además, les dijo que la «bandera que comparten» con el PP y Vox es un billete de «50 pavos» que se sacó del bolsillo y colocó ante la tribuna de oradores.

Nogueras lamenta el «a por ellos» de Rufián

Fuentes de la dirección de Junts consultadas por EFE vinculan el episodio vivido hoy por Madrenas a la intervención de Rufián, a la que también se ha referido este miércoles su jefa de filas en el Congreso, Miriam Nogueras.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha acusado a Rufián de lanzar un «a por ellos» contra JxCat «al más puro estilo Vox».

«Esta actitud no la había visto en nadie que no fuese de Ciudadanos o de Vox», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, en unas declaraciones que ha compartido el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en la red social X.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de la isla de Tenerife a un hombre como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género a su expareja.

La Policía informa de que la investigación se inició tras recibir la denuncia de la víctima en la que manifestaba que, tras la ruptura sentimental, comenzó a sufrir conductas de seguimiento y control por parte de su expareja, lo que le generó una situación de temor e inquietud.

La denunciante relató que en una de esas ocasiones en las que “casualmente” se lo volvía a encontrar cuando ella se dirigía a su coche, el detenido la acompañó hasta este y se negó a abandonar el lugar aunque ella se lo pidió.

La afectada se dio cuenta de que el coche no arrancaba y tuvo que llamar a un familiar para que acudiese al lugar, momento en el que finalmente el investigado se marchó.

Posteriormente, un operario del servicio de grúa se percató de que la batería del vehículo había sido desconectada.

Ese mismo día, y tras recibir una alerta en su teléfono móvil, la denunciante realizó un registro en el automóvil, y encontró un dispositivo de localización oculto en la rueda de repuesto del maletero.

Por estos hechos, la víctima decidió interponer denuncia, en la que dejó claro su temor y sospechas aunque sin poder asegurar la autoría de su ex pareja.

La nota indica que durante la investigación policial se consiguió localizar una cámara de seguridad que captaba la zona donde la mujer había estacionado su vehículo ese día y los agentes pudieron observar a un hombre que accedía tanto al interior del maletero, donde apareció el dispositivo localizador como a la zona del motor, donde fue manipulada la batería.

La Policía pudo identificar al presunto autor, y logró posteriormente su localización y detención.

Tras su pase a disposición judicial, y gracias a las pruebas videográficas aportadas y como consecuencia al reconocimiento de los hechos por parte del detenido, la víctima obtuvo una orden de alejamiento.

Además se autorizó la colocación de un dispositivo telemático de control (pulsera electrónica) para el encausado a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas.

La Policía indica que con esta actuación coordinada y especializada de los agentes actuantes se ha logrado no solo la detención del presunto autor, sino la adopción de medidas cautelares judiciales de alto nivel de protección.

Familiares de jugadoras del equipo cadete femenino del Balonmano Torrelavega han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por bullying, tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que jugadores juveniles de la misma entidad deportiva se dedicaban presuntamente a difundir imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y a acompañarlas de “insultos homófobos, machistas y gordófobos”.

Padres y madres de varias de las jugadoras adolescentes afectadas —de entre 14 y 15 años— han relatado a elDiario.es los hechos, que se pusieron en conocimiento del club, según constatan, a principios del mes de marzo. “Les facilitamos como prueba hasta 67 pantallazos del chat, con insultos de todo tipo por parte de tres chicos y una chica del equipo juvenil, y un mes y medio después no se ha tomado ninguna medida al respecto ni nos dan ninguna información”, han denunciado.

Es más, la primera reacción del Balonmano Torrelavega dicen que ha sido alegar que los hechos habían tenido lugar “fuera del club”, al tratarse de un chat privado entre los propios jugadores, por lo que el club defiende que no era de su competencia lo que ocurriere en ese entorno digital en el que los supuestos acosadores —deportistas federados de la propia entidad— se han dedicado supuestamente a proferir descalificativos con el objetivo de ridiculizar a sus compañeras.

El club, cuyo equipo absoluto, el Bathco Balonmano Torrelavega, milita en la Liga Nexus Energía ASOBAL, cuenta en su página web con un apartado específico de 'protección a la infancia' dirigido a sus categorías inferiores. Además de un formulario de denuncia y el teléfono del denominado delegado de protección, Jordi Lluelles, —que es a su vez el segundo entrenador del equipo profesional y con el que este periódico ha tratado de ponerse en contacto hasta en cuatro ocasiones sin éxito—, en dicho apartado web existe un enlace a un amplio protocolo de actuación 'Frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia' que consta de 27 páginas.

En ese documento se hace alusión a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), recordando que la norma define como violencia: “Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital”.

Esta imagen pública de abogar por un espacio seguro e inclusivo en sus categorías inferiores contrasta, según los familiares de las adolescentes con los que ha consultado este periódico, con la escueta respuesta que han recibido por parte de la entidad deportiva, dado que tan solo se les ha comunicado que “se ha activado el protocolo”, pero que, “al ser confidencial” no pueden darles más información.

“Ha pasado más de mes y medio desde que informamos de todo esto y no nos han dicho nada”, ha explicado la madre de una de las jugadoras a elDiario.es. “Alberto Marchante, miembro de la directiva, me dijo literalmente que las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, ha añadido.

Es precisamente esta indiferencia, falta de información y la ausencia de cualquier medida al respecto lo que ha colmado su paciencia y les ha movido a dar un paso más allá. Primero se han dirigido a la Federación Cántabra de Balonmano y después han formalizado la denuncia ante la Policía Nacional, el pasado domingo 12 de abril, siguiendo la propia recomendación del ente federativo.

Porque tras tener conocimiento de los hechos, los familiares de las jugadoras han indicado que la Federación sí se puso en contacto con el Balonmano Torrelavega e instó a la entidad a actuar de inmediato. El coordinador de entrenadores del club convocó entonces a una reunión a una de las jugadoras afectadas y a sus padres, tras lo cual se supone que únicamente pusieron en marcha el mencionado protocolo.

La Ley del Deporte de España es muy clara en este sentido, ya que obliga a federaciones, clubes y demás entidades deportivas a “prevenir, detectar y actuar frente al acoso”, especialmente en el caso de menores, mediante protocolos específicos, canales de denuncia y medidas de protección a las víctimas. La norma busca precisamente garantizar entornos seguros en el deporte y prevé sanciones para quienes no adopten estas medidas o toleren situaciones de bullying.

Delito de odio

“Si hubieran tomado medidas internas, como expulsar del club por lo que queda de temporada a los acosadores o haber pedido algún tipo de disculpa a las niñas se hubiera evitado la vía judicial, pero ahora el asunto se ha elevado a la Policía y es probable que todos los menores involucrados sean llamados a declarar”, ha lamentado otro de los padres de una jugadora víctima de los hechos.

Este padre ha explicado a su vez a este periódico la “incomodidad” de su hija, al tener que compartir a menudo cancha y vestuario con una de sus presuntas agresoras, perteneciente al equipo juvenil femenino del Balonmano Torrelavega, cada vez que la convocan para entrenar o jugar con esta categoría inmediatamente superior a la suya.

Por el momento son cuatro las menores afectadas a las que se ha tomado declaración, según han concretado sus familiares, en el marco de, tal como les ha informado la Policía Nacional, “la investigación de un posible delito de odio”.

Para el club son “faltas de respeto”

A preguntas de este medio, Alberto Marchante, responsable de Responsabilidad Social Corporativa del club torrelaveguense y que actuó como interlocutor con las familias afectadas como miembro de la directiva, ha señalado que el papel ejercido desde la entidad ha sido el de mediador entre las familias. En su opinión, el caso “no se puede definir como bullying”, ya que, según ha argumentado a preguntas de elDiario.es, “el bullying se ejerce sobre una sola persona, no sobre varias”.

Marchante ha señalado también que “ha habido varias formas de reparación en casos puntuales”, al tiempo que ha admitido entender que haya familias que no estén conformes, pero, a su juicio, “el club no puede entrar a ese debate ya que estamos hablando de menores y sería perjudicial para todos”, situando en el mismo plano a las jugadoras víctimas de los insultos y a sus presuntos agresores.

Si bien ha explicado que el Balonmano Torrelavega ha participado en varias formaciones sobre prevención de la violencia en el ámbito del deporte base, impulsadas desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria, ha evitado definir exactamente los hechos denunciados por los familiares de las jugadoras del cadete femenino.

Tras varias repreguntas para tratar de explicar cómo han definido desde el club lo sucedido, Marchante lo ha descrito como “faltas de respeto en un entorno puntual”. A su vez, el responsable de RSC ha considerado que “para el club lo que es reparador es que tras la reunión con ambas partes—sin concretar las medidas tomadas por la entidad— es que se hayan extinguido esas conductas” ya que, a su modo de ver, “apartar a las personas del equipo no es lo más adecuado”.

En ese sentido, Marchante ha celebrado que “todos los involucrados se han dado cuenta de lo que no hay que hacer y en todos los casos ha habido arrepentimiento y asunción de las cosas”, lo que a su entender ha confirmado la primera imprensión del club, de que se trataba de “una situación potencialmente muy reconducible”. Igualmente ha asegurado no reconocerse en las palabras denunciadas por uno de los familiares de las jugadoras respecto a su papel de mediador: “No me identifico ni me reconozco en esas palabras”.

Finalmente, este miembro de la Junta Directiva del Balonmano Torrelavega ha dicho no tener conocimiento de casos similares anteriores en otras temporadas y ha concluido que “la mayor satisfacción es que esto no vuelva a suceder”.

Uno de los vecinos del número 18 de la calle Mercaderes de Pamplona ha denunciado a F.V., propietario de todas las viviendas del bloque, por haberle agredido tras esperarle en las inmediaciones del portal. El episodio llega tras un año de presiones del dueño del edificio para que abandonen las viviendas, al que “la comunidad de vecinos denunció por acoso inmobiliario” a mediados de marzo de este año.

“Te voy a echar, vete haciendo las maletas. Te voy a arruinar la vida”, fueron las palabras que el joven escuchó mientras “se disponía a entrar en el portal” de su casa. Al girarse, se dio cuenta de que “se trataba de” F.V., dueño de la vivienda que tiene alquilada, que “sin previo aviso”, se abalanzó sobre él “empujándole contra el portal y agarrándole la cabeza con fuerza a la altura de las orejas” mientras se la apretaba. “A los segundos F.V. se apartó de él”, pero se abalanzó “volviendo a agarrarle la cabeza con fuerza con ambas manos y golpeándole”.

En la denuncia presentada en la Policía Municipal y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, también se describe que F.V. estaba acompañado de J.J.C., empleado que ya ha protagonizado algunas tensiones bajo los intereses de la empresa constructora, según describieron testigos a este medio. Según se detalla, las agresiones cesaron cuando el joven comenzó a “pedir ayuda gritando” y advertir que “iba a llamar a la policía”, momento en el que ambos comenzaron “a reírse de él”. “¿A quién vas a llamar? ¿A los municipales o a la Policía Foral?”, le preguntaron de forma burlesca, para luego amenazarle una vez más de que le iba “a arruinar la vida”.

El denunciante no “pudo defenderse” al tener un brazo inmovilizado por una “férula”, tras haberse roto la mano derecha el pasado mes, y portar en el otro brazo un “maletín de trabajo bastante pesado”. Tal y como consta en la denuncia, el constructor navarro y su empleado ya se presentaron una vez en su puesto de trabajo para intimidar y amenazar al inquilino, advirtiéndole que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a su familia. Por ello, ante el temor de “lo que pueda pasar, ya que le da miedo que F.V. pueda agredirle”, el joven ha solicitado “una medida de alejamiento”.

“Únicamente quiere que este lo deje en paz”, relata el testimonio dado en la sede policial, reflejado en la denuncia. El denunciante asegura que nunca ha habido impagos en el alquiler “ni ningún incumplimiento del contrato” por su parte. Tampoco por parte del compañero con el que comparte el piso, añade. De hecho, el propietario les comunicó hace menos de un mes por correo electrónico que su vivienda se había vendido, aunque no dio más detalles y el supuesto nuevo propietario no se puso en contacto con ellos. A pesar de los intentos de este periódico de contactar con el presunto agresor, no ha sido posible hablar con él.

Amenazas, obras eternas y problemas sin fin

Los vecinos relataron a este periódico que el “acoso inmobiliario” comenzó en abril de 2025, cuando la empresa les comunicó que debían marcharse porque se ponía en venta el edificio. A pesar de que todos los inquilinos tenían contratos en vigor. Dos meses antes, se había publicado en un medio local que el Ayuntamiento de Pamplona había concedido licencias turísticas a todo el bloque de viviendas.

Ante la negativa por “estar bien” en sus casas y no querer mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, los residentes aseguran haber sufrido casi un año de presiones para que abandonasen el edificio, como obras que consideran innecesarias, problemas en servicios como el ascensor (parado desde octubre), deficiencias en las condiciones de habitabilidad y amenazas por parte de F.V. y su empleado.

La propietaria de uno de los trasteros del edificio también describió una mala experiencia con el constructor navarro y su empleado. La empresa vació “por error” sus dos trasteros y, cuando avisó que acudiría por la via penal, J.J.C. le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”.

Denuncia por acoso inmobiliario

El Ayuntamiento de Pamplona, preguntado por el asunto el mismo día de la publicación del reportaje, calificó las prácticas descritas como de “carácter mafioso y poco aceptables”. Aunque admitió que “la capacidad que tiene el Consistorio” para intervenir en este tipo de situaciones “es limitada”, al tratarse de un asunto “estrictamente civil”, explicó Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.

No obstante, declaró un compromiso de “respaldo y asesoramiento” si se interponía una denuncia formal y afirmó no conocer ningún caso similar en la ciudad. Asimismo, recalcó la “preocupación de este gobierno” sobre la “actividad relacionada con los pisos turísticos”, pese a que fue el propio Ayuntamiento quien concedió las licencias. Finalmente, la comunidad de vecinos del edificio interpuso la denuncia contra el propietario a mediados de marzo de este año.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al agitador ultra Bertrand Ndongo tras pedirle disculpas por haber acudido hace tres años a fotografiar a sus hijos, menores de edad, a la entrada del colegio. Aunque “agradece” la disculpa, García le replica que desde entonces ha continuado acosándola: “Como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”.

García lo denunció en su momento ante la Policía. La política, entonces candidata de Más Madrid, relató que un grupo de padres le alertó de que un hombre estaba haciéndoles fotos a ella y sus hijos el 1 de marzo de 2023, a las 9.00 horas de la mañana, a las puertas del colegio. Se acercó a Ndongo y le preguntó por el motivo de las fotografías. Este alegó que “a él también le acosan llamándole pederasta y que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas”. Buscaba comprobar “si era cierto que llevaba a sus hijos a un colegio concertado”, algo de lo que ahora —dice Ndongo— se siente “asqueado”.

“Agradezco la disculpa, pero viniste a acosarme al colegio de mis hijos hace tres años. Desde entonces has tenido oportunidades para disculparte y sin embargo seguiste acosándome en manifestaciones y actos porque como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”, ha respondido la ahora ministra. Y añade: “Serían más sinceras las disculpas si aprovecharas para pedírselas a Carla Antonelli y a todas las que has perseguido y acosado durante estos años”.

Ndongo publicó el miércoles un post en el que se refería, sin citarlo, a Vito Quiles después de que los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla hayan denunciado su acoso. “No se puede perseguir a nadie hasta la puerta de su casa. Sigo asqueado de mí mismo por cuando fui al colegio de los hijos de Mónica Garcia, por orden de mi medio, a comprobar si estudiaban en un colegio público. Nunca me olvidaré de la cara de la Ministra, triste y enfadada. Crucé todos los límites. Me salté mis propios principios. Es algo que no deseo ni a peor enemigo”, decía Ndongo.

En enero, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria aprobó dos informes en los que considera que los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo incurrieron en infracciones graves del reglamento: el primero por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y el segundo por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. La Mesa de la Cámara Baja tiene que decidir si les impone la sanción y su duración, que puede extenderse entre once días y tres meses.

El exalcalde del municipio sevillano de La Algaba Diego Manuel Agüera ha recuperado su militancia en el PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de la localidad sevillana, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. De hecho, hace unos días pedía su vuelta al conjunto al “haber decaído la medida cautelar de baja de militancia” que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

Según expresaba Agüera en un comunicado, consultado por esta agencia, su intención es “gozar de todos los derechos como afiliado” en su “querida” organización. No obstante, respecto a su futuro político y en referencia a una posible vuelta a la alcaldía (mantiene el acta de concejal) aseguraba que no tenía “nada decidido”, una posición que, por el momento, parece no haber sufrido cambios. “Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido”, apostillaba entonces.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

Para muchos, las redes sociales han pasado de ser un nexo de unión entre personas y colectivos repartidas por todo el mundo a un caladero de críticas y odio. De forma fugaz se van difundiendo discursos cíclicos, en los que las figuras públicas, para bien o para mal, son objeto de discusión. Así le ha ocurrido al actor irlandés Barry Keoghan, que ha denunciado que se ha convertido en objeto de burla a lo largo y ancho de la red.

En una entrevista que Keoghan ha concedido a la revista estadounidense Entertainment Weekly, el intérprete ha confesado que las constantes críticas que ha recibido por su físico le han generado una gran ansiedad: “Hay muchos insultos sobre mi aspecto”, ha detallado. El acoso en redes es algo a lo que lamentablemente Keoghan está acostumbrado, pero ha confesado que la situación ha escalado en los últimos meses.

El actor irlandés teme que el acoso acabe afectando a su carrera. Acaba de estrenar proyecto con Peaky Blinders: El hombre inmortal, y ahora se encuentra inmerso en el proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles, en el que encarnará a Ringo Starr. Antes de eso, participó en películas como The Killing of a Sacred Deer, The Batman o Saltburn.

“Cuando eso empieza a filtrarse en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”, ha explicado, incidiendo en que el acoso en redes sociales podría acabar interfiriendo en su libertad creativa como intérprete.

“Hay mucho odio en internet”, lamenta el actor, que ha abandonado las redes sociales después de que su aspecto físico se haya convertido en objeto de discusión. El odio vertido por usuarios anónimos no solo le han afectado en su vida online, también asegura que le han convertido en un recluso: “Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir”. La exposición constante a comentarios negativos sobre él, denuncia, se ha traducido en problemas de autoestima y ansiedad.

“Se está convirtiendo en un problema. No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo. De hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas”, ha abundado.

Ahora, el actor se ha retirado de forma parcial de las redes sociales, un equilibrio delicado, puesto que se encuentra involucrado en numerosos proyectos. Por el momento, solo consulta para ver “cómo se reciben” las reacciones de estrenos y eventos importantes. A menudo, ha lamentado, encuentra reacciones a sus apariciones públicas que son “nada agradables”.