Amnistía Internacional (AI) ha pedido a todos los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente la violencia contra los periodistas que informan sobre Ceuta, así como que garanticen su seguridad.

“Esto es vital para que las sociedades tengan acceso a una información plural e independiente. La libertad de expresión y de información es un derecho humano que debe protegerse”, señala Daniel Canales, responsable de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos.

La organización recuerda que “Vox lleva años acusando sistemáticamente a algunos medios de manipuladores e incluso ha calificado recientemente a periodistas de RTVE como 'terroristas'. El señalamiento y el acoso contra periodistas fomenta el riesgo de que sufran algún tipo de violencia”.

Diversos profesionales de la información que cubren la actual crisis desde Ceuta han sufrido acoso, insultos e incluso agresiones físicas y verbales por parte de ciudadanos locales. Entre ellos está una reportera de elDiario.es a la que gritaron e insultaron porque hablaba con dos jóvenes que ni siquiera eran marroquíes.

También en otras ciudades los periodistas han sido hostigados mientras informaban en las manifestaciones a favor de la ciudad autónoma el pasado 2 de septiembre, por ejemplo en Madrid o en Pamplona.

AI relata que algunos de ellos les han trasladado que, en ocasiones, las fuerzas de seguridad no han actuado o bien han actuado tarde para protegerles, por lo que han visto “obligados a interrumpir sus coberturas o a abandonar los lugares desde donde tenían previsto informar”.

Los ataques a periodistas ya han sido condenados por cadenas de televisión como laSexta, cuyos profesionales recibieron insultos, empujones y amenazas. También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado estas agresiones.

Desde AI señalan que también deben condenarse “los actos y discursos racistas y xenófobos, que solo contribuyen a incrementar un clima de violencia y de odio”.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palma per suposadament assetjar, insultar i amenaçar-ne un altre per la seva orientació sexual.

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, al voltant de les 11.30 hores del passat dimecres, agents del Grup d'Atenció al Ciutadà (GAC) de la Policia Nacional van ser requerits pel 091 perquè es dirigissin a un establiment situat al districte Oest, on segons el requeridor era víctima d'amenaces i insults per part d'un home.

Un cop al lloc, diverses patrulles del GAC es van entrevistar amb un home que regenta un local i que va explicar als agents que des del passat mes de febrer era víctima d'insults i amenaces per part d'un home d'avançada edat. L'home es personava a les portes del seu negoci proferint insults i amenaces contra ell per la seva orientació sexual.

El jove va mostrar les denúncies interposades contra aquesta persona, afegint que en un primer moment el presumpte autor únicament li insultava per la seva orientació sexual, encara que en els últims mesos s'havia tornat més agressiu, amenaçant-lo i intentant accedir per la força al negoci.

El jove va mostrar un vídeo en què s'observava el presumpte autor al negoci amenaçant-lo i dient-li “quan et vegi al carrer et mataré, quan surtis et rebentaré...”, tot acompanyat d'insults homòfobs.

Mentre una patrulla realitzava les gestions amb la víctima, una altra patrulla va fer diverses batudes pels carrers adjacents al local, localitzant un home les característiques del qual coincidia amb les del presumpte autor, per la qual cosa va ser interceptat en aquell moment.

Els agents van interrogar el presumpte autor sobre els fets informats i denunciats pel jove, negant en tot moment aquest la seva autoria. Finalment, un cop identificat, els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, un delicte d'odi i contra la llibertat de les persones, per ser després traslladat fins a dependències policials.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente acosar, insultar y amenazar a otro por su orientación sexual.

Según ha indicado la Jefatura en un comunicado, sobre las 11.30 horas del pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policial Nacional fueron requeridos por el 091 para que se dirigieran a un establecimiento situado en el distrito Oeste, donde según el requirente estaba siendo víctima de amenazas e insultos por parte de un varón.

Una vez en el lugar varias patrullas del GAC se entrevistaron con un varón que regenta un local y que explicó a los agentes que desde el pasado mes de febrero estaba siendo víctima de insultos y amenazas por parte de un varón de avanzada edad. El hombre se personaba en las puertas de su negocio profiriendo insultos y amenazas contra él por su orientación sexual.

El joven mostró las denuncias interpuesta contra esta persona, añadiendo que en un primer momento el presunto autor únicamente le insultaba por su orientación sexual, aunque en los últimos meses se había vuelto más agresivo, amenazándole y tratando de acceder por la fuerza al negocio.

El joven mostró un video en el que se observaba al presunto autor en el negocio amenazándole y diciéndole “cuando te vea en la calle te voy a matar, cuando salgas te voy reventar...”, todo acompañado de insultos homófobos.

Mientras una patrulla realizaba las gestiones con la víctima, otra patrulla dio varias batidas por las calle adyacentes al local, localizando a un varón cuyas características coincidían con las del presunto autor por lo que fue interceptado en ese momento.

Los agentes interrogaron al presunto autor sobre los hechos informados y denunciados por el joven, negando en todo momento este su autoría. Finalmente una vez identificado, los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de odio y contra la libertad de las personas, para ser después trasladado hasta dependencias policiales.

El conspiranoico Santiago Royuela no se sentará en el banquillo por amenazar a un exdiputado del PP en Catalunya. La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado la causa abierta contra él apuntando a errores y retrasos judiciales en la gestión del caso que han llevado a la prescripción, pero con fallos en la investigación como un factor determinante para que no haya juicio. Sergio Santamaría, abogado y exparlamentario del Partido Popular, planteó un incidente de nulidad, pero el tribunal barcelonés lo ha rechazado y ha acordado el archivo definitivo. Royuela sigue investigado junto a su padre y el exjuez Fernando Presencia en una causa en la Audiencia Nacional.

Santiago Royuela es uno de los rostros más reconocidos de la conspiranoia digital española. Junto con su padre, el subastero Alberto Royuela, es uno de los grandes difusores del conocido como 'Expediente Royuela': el conjunto de documentos y teorías conspirativas sobre un supuesto entramado criminal afincado en España responsable de decenas de asesinatos de Estado y que también tendría cuentas en el extranjero. Unas teorías carentes de cualquier tipo de prueba que primero tuvieron como objetivo al fiscal José María Mena y que fueron evolucionando hasta apuntar a políticos, periodistas, jueces y fiscales.

Los Royuela no tienen pruebas de nada de lo que dicen, pero sí tienen un pasado estrechamente conectado con la extrema derecha. El patriarca Alberto Royuela fue líder de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Su hijo Santiago tiene varias condenas en su historial: una por intentar atentar con un explosivo casero contra el cantante Fermín Muguruza y otra por formar parte de una mafia vinculada a los Casuals, escisión de los radicales violentos blaugranas Boixos Nois.

El caso de Sergio Santamaría, diputado por Girona del PP en el Parlament de Catalunya, fue similar a muchos otros que tuvieron la mala suerte de llamar la atención de estos dos conspiranoicos de extrema derecha. Fue en 2022 cuando Santiago Royuela afirmó en uno de sus vídeos que tenía 1,2 millones de euros escondidos en el extranjero junto con otros políticos catalanes de diversos partidos, no solo del PP. El difusor del 'Expediente Royuela', en un movimiento inédito hasta la fecha en su historial de bulos, reculó brevemente y dijo que sus “topos” se habían equivocado al informarle sobre Santamaría. Pero un mes después volvió a la carga con más vídeos, más bulos e incluso audios amenazantes enviados directamente al teléfono del abogado y exdiputado del PP catalán.

Las amenazas eran explícitas. “Si me cuentas la verdad a lo mejor ayudarás a España, sé dónde te has podido llevar el dinero, agentes del CNI no se equivocan, voy a ir detrás de ti”, le llegó a decir en varios audios. Santamaría acudió a los tribunales y Royuela finalmente declaró como imputado ante un juzgado de Barcelona. Esa información sobre la falsa cuenta bancaria del político en el extranjero le llegó a través de un colaborador, Juan Martínez Grasa, que a su vez lo había sacado del Centro Nacional de Inteligencia, y este a su vez de los 'Pandora Papers'. Remató su declaración judicial intentando exculparse de las amenazas: “Yo también estaba consumiendo hachís, perdí la cabeza, sé que le llamé, pero no recuerdo nada”.

La magistrada de instrucción decidió procesar a Royuela, pero ahora ha sido la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona la que ha tumbado ese procesamiento y ha archivado el caso. En primer lugar, por unos retrasos judiciales que llevan hasta la Audiencia Nacional y el juez Manuel García-Castellón. En segundo lugar, porque la instructora del caso ni siquiera incluyó el contenido de las amenazas en su auto de procesamiento. Retrasos y errores judiciales que ahora se traducen en la impunidad del caso contra uno de los hijos de Royuela, defendido en este procedimiento por una de sus hermanas.

De García-Castellón al juzgado de Barcelona

El mayor problema judicial de Santiago Royuela, su padre y sus colaboradores no está en un juzgado de Barcelona sino en la Audiencia Nacional. Un juez investiga si los Royuela, su colaborador Juan Martínez Grasa y el exjuez Fernando Presencia, expulsado de la judicatura tras varias condenas por prevaricar, formaron una organización criminal para lucrarse con sus denuncias tan masivas como falsas. El instructor, después de varios años, acaba de prorrogar de nuevo la instrucción.

El tribunal central investiga si el exmagistrado y los Royuela se aliaron para difundir este tipo de bulos de forma masiva contra políticos, magistrados, fiscales y periodistas. Lo que el subastero y su hijo llevaban haciendo desde hacía años, pero con el añadido de pedir dinero a sus seguidores a través de la asociación de Presencia, llamada ACODAP, para financiar sus acciones judiciales. Los investigadores indagan sobre si Presencia y los Royuela desviaron miles de euros de sus simpatizantes.

La existencia de esa causa está directamente relacionada con el archivo de las diligencias en Barcelona por el hostigamiento a Sergio Santamaría. El exdiputado del PP presentó su primera denuncia dentro de plazo contra Royuela en el juzgado de la Audiencia Nacional que entonces ocupaba Manuel García-Castellón al entender que formaba parte de la misma actividad criminal de bulos y extorsión. El magistrado, hoy ya jubilado, inadmitió esa querella y Santamaría tuvo que acudir a los juzgados ordinarios de Barcelona para que, meses después, se abriera una investigación. Pero en ese tiempo, condicionado por la tramitación fallida ante la Audiencia Nacional, el caso caducó.

Un error judicial de la magistrada de Barcelona que finalmente instruyó el caso se suma a esta prescripción. En su auto de procesamiento ahora anulado, reprocha la Audiencia Provincial de Barcelona, ni siquiera reflejó el contenido concreto de las amenazas que Royuela envió por escrito y por mensaje de voz a Sergio Santamaría. “Dice literalmente que tenían contenido amenazante, pero no dice cuál era dicho contenido”, explica asombrado el tribunal barcelonés.

“Acabad con ella”. “Quiero ver cenizas. El tiempo que sea necesario. Lo que haga falta”. Son las declaraciones del ex consejero delegado de eBay y de su antiguo director de Comunicación sobre Ina Steiner, que desataron sobre ella y su marido David una de las campañas de acoso corporativo más increíbles que han podido ser documentadas: durante tres semanas, el equipo de seguridad de la multinacional envió a su domicilio paquetes que incluían cucarachas vivas, larvas de mosca, un feto de cerdo, una corona fúnebre y libros sobre cómo sobrellevar el duelo por la muerte de un cónyuge.

Los empleados de eBay también vigilaron físicamente los desplazamientos del matrimonio, tratando de que los Steiner se dieran cuenta de ello; intentaron instalar un localizador GPS en su coche, con el objetivo de anticiparse a sus movimientos; publicaron la dirección de su vivienda en redes sociales y plataformas de citas, organizando encuentros sexuales en su casa sin su conocimiento; y enviaron pornografía a nombre de David a sus vecinos, simulando que había habido un error con la dirección.

Todo por un boletín de comercio electrónico, aunque entonces ellos no lo sabían. “Una campaña sistemática, financiada con los recursos de una empresa de la lista Fortune 500, para aterrorizar emocional y psicológicamente a esta pareja de mediana edad... con el objetivo de disuadirlos de escribir cosas negativas en internet sobre eBay”, ha declarado uno de los fiscales encargados del caso.

El poder de una newsletter

Desde 1999, los Steiner habían formado una modesta comunidad de seguidores alrededor de EcommerceBytes. Se trata de un boletín enviado a través de correo electrónico donde se proporciona información útil para los vendedores minoristas de plataformas de comercio electrónico, como sus políticas sobre disputas o cómo limitar los gastos de envío.

Con Ina encargada de la redacción y David de la gestión comercial, la newsletter se convirtió en la ocupación principal del matrimonio de periodistas. Así fue hasta 2019, cuando Ina publicó diversos artículos críticos con la decisión de eBay de centrarse en las grandes cadenas de distribución en lugar de en los vendedores individuales que representaban el público de EcommerceBytes.

En ellos, Ina incluyó datos como el sueldo del CEO Devin Wenig (información pública obligatoria presente en las cuentas que la compañía, que cotiza en bolsa) o su decisión de replicar su taberna favorita de Nueva York dentro de la sede de eBay en California a pesar de que la compañía atravesaba una profunda crisis.

Los artículos llegaron a manos de Wenig, que junto con la entonces vicepresidenta de Operaciones Globales de eBay, Wendy Jones, y el ex director de Comunicaciones, Steven Wymer, ordenaron al equipo de seguridad de la multinacional que “acabara” con la publicación de Steiner. “Vamos a aplastar a esta mujer”, escribió Wymer a Wenig, en una serie de mensajes revelados por la investigación del Departamento de Justicia de EEUU tras la demanda del matrimonio.

Para entender por qué la cúpula de una de las mayores tecnológicas del mundo reaccionó de esta forma, hay que situarse en el contexto corporativo que atravesaba la multinacional. En la primavera de 2019, eBay se encontraba bajo la presión de un fondo de inversión activista (conocidos por forzar cambios radicales en la gestión, recortes de gastos y despidos de altos directivos), coincidiendo con una caída notable de los beneficios de la empresa. Al mismo tiempo, el boletín de los Steiner había alcanzado los 600.000 lectores y era seguido de cerca por ejecutivos del sector del comercio electrónico, lo que llevó a la directiva de la multinacional a percibirlo como una amenaza directa.

56 millones de dólares

Durante las tres semanas que duró la campaña de acoso físico, a la que se sumaron decenas de ataques contra su publicación en redes sociales, los Steiner no supieron quién estaba detrás de todo ello. Sin embargo, el rastro de eBay salió a la luz cuando la policía local de Natick (Massachusetts), su lugar de residencia, pudo registrar la matrícula de uno de los vehículos que había empezado a seguirlos.

Se trataba de un coche alquilado con una tarjeta que apuntaba a Silicon Valley. En concreto, a la entonces vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Globales de eBay, Wendy Jones. Fue entonces cuando la operación de intimidación salió a la luz.

Tanto Jones como Wenig y Wymer han afirmado que no conocían los detalles de la campaña que el equipo de seguridad de la compañía había desatado contra los Steiner. Sin embargo, han llegado a un acuerdo extrajudicial con la pareja por valor de 56 millones de dólares (unos 48 millones de euros). eBay abonará 46,15 de ellos y destinará 6 millones adicionales a aportaciones benéficas para organizaciones sin ánimo de lucro. Devin Wenig pagará dos millones de dólares a los agredidos y aportará otro millón a una organización defensora de la libertad de expresión a nombre de Ina Steiner. Jones y Wymer aportarán 500.000 y 50.000 dólares respectivamente.

Los Steiner han declarado que una de sus líneas rojas fue la inclusión de una cláusula de confidencialidad que la tecnológica y sus ex altos ejecutivos intentaron añadir al acuerdo. El pacto cierra la vía civil de un caso cuya trayectoria penal concluyó en 2021. Entonces los siete miembros del equipo de seguridad de eBay imputados se declararon culpables para evitar el juicio y recibieron penas de hasta cinco años de prisión.

eBay ha afirmado en un comunicado que lo ocurrido fue “incorrecto, censurable y nunca debería haber sucedido”. “Seguimos expresando nuestras más sinceras disculpas a los Steiner”, afirmó la empresa. “Este acuerdo es coherente con nuestro compromiso de indemnizar de forma justa a los Steiner y culmina nuestros esfuerzos por corregir la situación”.

Seguimos expresando nuestras más sinceras disculpas a los Steiner. Este acuerdo es coherente con nuestro compromiso de indemnizarlos de forma justa y culmina nuestros esfuerzos por corregir la situación

eBay

La tecnológica afirma que lo ocurrido durante 2019 “no representa su cultura actual”. Wenig, su máximo responsable en aquel momento, renunció a su cargo antes de que la Fiscalía presentara cargos y recibió una indemnización de 57 millones de dólares. El ex director ejecutivo de eBay ha afirmado tras el acuerdo que “nadie debería haber sido sometido jamás a lo que los Steiner soportaron” y que le “entristece especialmente” que ocurriera bajo su mandato. Desde 2023 fundó y dirige Symbolic.ai, una plataforma con capacidades avanzadas de IA para editores y escritores profesionales en noticias, investigación y comunicaciones.

“Creemos que este acuerdo transmite un mensaje claro: las empresas y sus directivos no pueden incurrir en este tipo de conductas indebidas sin enfrentarse a importantes consecuencias”, ha declarado el abogado de los Steiner en un comunicado.

La tensión alrededor de lo que queda en los corralones artesanos de la calle Castellar, en Sevilla, ha derivado este lunes en un nuevo episodio con un rifirrafe en el que ha vuelto a haber puñetazos y amenazas, una trifulca (capitaneada por una empresa de desocupación) en la que dos personas han resultado heridas. Tras acudir a urgencias del hospital Virgen Macarena para contar con un parte de lesiones, este martes interpondrán otra denuncia que se suma a las que empiezan a acumularse por la presión que sufre la única persona que continúa viviendo en un enclave en el que se quiere levantar un proyecto hotelero cuyos promotores ofrecen 12 millones de euros.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el incidente, que ha obligado a enviar un patrullero a la zona, aunque no se ha producido ninguna detención. La inquilina que vive en estos corrales con su correspondiente contrato de alquiler, la artesana y gestora cultural Estefi Yeah, ha señalado que ya este domingo sufrieron otro ataque en el que “nos gasearon” y acabó también en el hospital, un incidente por el que todavía no había presentado denuncia cuando se ha producido un nuevo episodio.

Los protagonistas de los incidentes han sido en esta ocasión un trabajador de la compañía propietaria de los corralones y un empleado de una empresa desokupa. Estefi Yeah ha sufrido daños en el labio –“me lo han partido”– y otra persona ha acabado con heridas en la espalda. El desokupa ha acabado también enfrentado a las personas que han acudido al llamamiento de la asamblea Defiende los Corralones, que ha instado a hacer acto de presencia para acompañar a las personas atacadas y grabar lo que ocurría.

Detenciones y heridos

Al deterioro creciente que sufre este enclave, que según los artesanos obedece a una estrategia de la propiedad para desalojarlos ha pasado a una nueva escala desde hace un mes dado que la oferta inmobiliaria expira con el verano. Desde entonces se han producido varios asaltos, en uno de los cuales hubo tres detenidos de una empresa de desokupación tras una incursión en la que dejaron tres heridos, produciéndose un nuevo arresto el último fin de semana de julio tras otra agresión, en este caso el propietario de Desocupación García Seguridad Integral, según consta en la denuncia presentada.

Durante toda la jornada del lunes, los activistas que apoyan a los afectados han estado relevándose para que haya la mayor presencia posible de personas tanto dentro como fuera de la casa. Estefi Yeah es la única residente, pero hay todavía en activo otros cinco corralones que se usan como talleres o aulas de flamenco. Recientemente se han cerrado otros dos, cuyas responsables han denunciado judicialmente que clausuraron sus espacios de trabajo con todos sus enseres dentro y ahora no les permiten recuperarlos.

En los ataques sufridos los últimos días han sufrido daños tanto el cuadro eléctrico como la red de agua. De hecho, en los incidentes de este lunes se habría utilizado espuma expansiva en la toma de agua “para que no podamos volver a arreglarla” una vez que se recuperó el suministro. Lo que no ha vuelto es la luz, “porque cortaron la instalación con un serrucho”.

Carrera contra el reloj

La oferta de 12 millones de euros que acaba con el verano ha llevado a la propietaria de las fincas de los números 48, 50 y 52 de Castellar, Garaje Santa Inés, a contratar a la empresa Desocupación García Seguridad Integral para intentar forzar la salida de todos los inquilinos, un proceso que no le está resultando sencillo pese a las numerosas incursiones que ha llevado a cabo ya. El objetivo de la promotora hotelera, Arenas de la Bellida SL, es levantar un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones a lo que hay que sumar 29 viviendas libres, un proyecto todavía pendiente del visto bueno urbanístico.

El clima cada vez más irrespirable ha llevado a más de 80 organizaciones vecinales, sociales y sindicales a denunciar la “extrema violencia” que sufren los artesanos de los corralones de Sevilla, una situación ante la que reclaman el fin del “acoso inmobiliario”. Para ello, consideran que es fundamental la “paralización” de la operación inmobiliaria que ha agravado la situación con su millonaria oferta.

Un agente de la Ertzaintza que ejercía de árbitro en la Donosti Cup de fútbol aficionado tuvo que salir este pasado viernes escoltado de un encuentro en el campo de Zubieta tras ser “amedrentado y amenazado por su condición de ertzaina”, denuncian desde el Gobierno vasco.

Según la información remitida por el departamento de Seguridad, durante el encuentro el árbitro, tras consultarlo con el delegado de campo, iba a dar por terminado el partido antes de tiempo al considerar que el juego de los jugadores de ambos equipos estaba siendo demasiado violento. Minutos antes de finalizar el partido el árbitro ha mostrado una tarjeta roja a uno de los jugadores del equipo guipuzcoano que estaba jugando el partido, acción que ha hecho que tanto los jugadores titulares como los que estaban en el banquillo le rodeasen y comenzaran a increparle.

La víctima, al verse rodeada, ha levantado su brazo pidiendo que guardasen distancia mínima, lo que ha hecho que parte del público invadiese el campo uniéndose al acoso de los jugadores. El personal de seguridad ha tenido que proteger a la víctima para llevarlo hasta el vestuario y poder resguardarse.

Una vez en zona segura, la victima ha sufrido insultos como “arbitro zipayo”, “zipayo hijo de puta”, “puto zipayo” o “txakurrak” así como cánticos contra la Ertzaintza. Distintos recursos de la Ertzaintza se han personado en el lugar, que lo han desalojado y han ayudado a la víctima a abandonar el lugar.

El departamento de Seguridad ha condenado “enérgicamente” los hechos y ha mostrado “su solidaridad al agente que ha sido víctima del acoso y los insultos de parte del público y jugadores”. “Unos hechos inaceptables que atentan directamente contra la convivencia. El departamento de Seguridad quiere, además, pedir a la sociedad vasca que no tolere este tipo de conductas que recuerdan tiempos pasados. Asimismo, el departamento de Seguridad traslada su solidaridad a todos los y las agentes de la Ertzaintza que trabajan por una sociedad más justa”.

Los sindicatos policiales, así como la organización del torneo también han condenado el “acoso” sufrido por el agente, que han calificado de una “enrome gravedad”.

La jueza que investiga al alcalde de Móstoles por el acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala ha rechazado investigar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada, tal y como ha adelantado este miércoles El País, entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. La exconcejala acudió hace unos días al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Manuel Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido. En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran las grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se ha encontrado ahora con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

En su recurso, el alcalde reducía los incidentes descritos por la exconcejala como “discrepancias personales” sin ningún tipo de relevancia penal. El juzgado contesta que la querella, sin embargo, relata hechos que son “claramente constitutivos de ilícito penal” acompañados, además, de “un extensa prueba documental” e incluso la identificación de testigos. El auto ha sido fechado el 29 de junio, el mismo día en que la denunciante acudió al juzgado a ratificar su querella.

Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejala que ha denunciado al alcalde del PP de esta localidad de más de 200.000 habitantes. “La juez ha estimado nuestros alegatos de oposición al recurso del alcalde y ha establecido de manera taxativa que los hechos denunciados son constitutivos de ilícito penal, son hechos con relevancia penal y por ello procede la inoación de las diligencias previas acordadas”.

“Entendemos que es de pleno sentido común, los hechos que viene denunciando la querellante son muy graves y subsumen plenamente en los tipos con carácter indiciario y presunto”, valora el letrado. “No nos cabe duda que la juez acordará el resto de las diligencias solicitadas, entre ellas la declaración como investigado del alcalde de Móstoles y muy probablemente la testifical de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Calvià (Mallorca) ha detingut un home de 41 anys, entrenador d'automobilisme, per presumptament assetjar i agredir sexualment una menor de 15 anys.

Els fets denunciats s'haurien produït a principis d'aquest any, encara que la denúncia no va ser interposada fins a dates recents, segons ha informat Diario de Mallorca i han confirmat fonts de la investigació a elDiario.es.

Els agents de la Policia Judicial van arrestar aquest dimecres l'entrenador, a qui atribueixen la presumpta comissió d'un delicte d'agressió sexual. Les indagacions romanen obertes i l'Institut Armat continua recaptant informació sobre el succeït.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià (Mallorca) ha detenido a un hombre de 41 años, entrenador de automovilismo en Mallorca, por presuntamente acosar y agredir sexualmente a una menor de 15 años.

Los hechos denunciados se habrían producido a principios de este año, aunque la denuncia no fue interpuesta hasta fechas recientes, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes de la investigación a elDiario.es.

Los agentes de la Policía Judicial arrestaron este miércoles al entrenador, a quien atribuyen la presunta comisión de un delito de agresión sexual. Las pesquisas permanece abiertas y el Instituto Armado continúa recabando información sobre lo sucedido.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena a un acusado de un delito de acoso vecinal a un año de prisión y además le obliga a alejarse y no comunicarse con la denunciante durante dos años, y a pagar dos multas de 1.000 euros cada una así como la responsabilidad civil que se fije cuando el fallo sea firme.

La sentencia da por probado que el acusado entre junio de 2020 y febrero de 2022 protagonizó desde su domicilio constantes ruidos, gritos, amenazas e improperios dirigidos a la denunciante “con el fin de atentar contra su vecina colindante”.

La Sala considera que su objetivo final no era otro que afectar “su vida cotidiana, libertad de movimientos, integridad psíquica y legítimo disfrute de su descanso e intimidad familiar y domiciliaria”.

Por ejemplo, alrededor de las 2:30 del 18 de abril de 2021 el procesado hizo sobrevolar un dron sobre la ventana del dormitorio de la mujer mientras lanzaba frases de contenido sexual o amenazas como que le iba a pegar fuego a su vivienda, “para que te vayas relajando de una vez”.

La sentencia también cita que otra vez desde las 23.30 horas hasta las 04.30 de la madrugada estuvo tocando el claxon de su vehículo y puso música a un elevado volumen mientras le decía que estaba harto de sus denuncias y arremetía contra su afiliación política y que iba a denunciar a su marido, que es guardia civil.

En diversas ocasiones golpeaba violentamente las paredes contiguas, ponía música a un volumen “desproporcionado” lo que daba lugar a que aumentara el estado de ansiedad de la denunciante y su hija menor y le provocó migrañas, entre otros desequilibrios.

La sentencia da por probado que todo ello generó un importante estado de nerviosismo en la mujer, alteró su descanso nocturno y el de su hija de seis años.

La víctima tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico en la Unidad de Salud Mental y recibir medicación psicofarmacológica aunque en la actualidad no le constan secuelas.

En su momento el Juzgado de La Orotava tomó medidas cautelares como era la prohibición de que el acusado se comunicara con ella por cualquier medio hasta que no se emita una resolución judicial firme.

Ante la Audiencia el acusado alegó cuestiones de quebrantamiento de normas como que la magistrada que presidió el juicio no fue quien dictó y firmó la sentencia y que durante la vista se plantearon alegaciones que habían sido inadmitidas al principio de la sesión.

Entre ellas falta de concreción en los hechos denunciados lo que impidió ejercer su defensa, que se le acusaba de lesiones cuando el procedimiento se centraba en un presunto acoso y que tampoco se determinaron fechas y hechos de forma exacta.

La Audiencia explica que el cambio de magistrado se debió a una baja certificada por parte de quien dirigió el juicio y que el sistema informático utilizado en los juzgados permite este tipo de sustituciones.

También se considera que en el fallo han quedado explicados y detallados los distintos hechos ocurridos y que el acusado ha tenido la posibilidad de conocerlos por medio de denuncias y partes médicos, entre otros documentos.

La defensa cuestionó que la condena se base en el único testimonio de la denunciante y de guardias civiles de la profesión de su marido o de personal de un Centro de Salud donde trabaja ella, lo que según la Audiencia no es razón suficiente para rechazar sus testimonios.

No es normal meterse con alguien para hacerse el guay. No es normal tener miedo a ir al colegio. Ni jugar al Roblox, Fornite, Rocket League, Brawl Stars o GTA. Ni ser el raro de clase por no tener móvil con once años, ni llegar a casa y que los padres estén mirando el móvil.

Los alumnos y alumnas 'ayudantes' del CEIP Vicente Ochoa de Logroño han lanzado un vídeo a través de las redes sociales del centro con un mensaje muy claro e importante para sus familias y para la sociedad. A través de diferentes imágenes en las que aparecen ellos mismos con el encabezado “Tengo 11 años y no es normal”, van lanzando una serie de realidades que se han normalizado. Con ello quieren difundir el mensaje de que no se puede normalizar el mal trato entre compañeros y compañeras, ni en el colegio ni en los entornos digitales.

Es una llamada de atención a las familias, a quienes les piden directamente que controlen el uso de las pantallas y las conductas que se normalizan tanto en entornos privados como sociales. “Familias, escuchad bien este mensaje ya que vuestra labor es fundamental”, dice la publicación.

Dejan claro que no es normal hacer cosas que no quieres sólo para encajar, normalizar el insulto o sentir que nadie va a ayudarte. “Tengo once años y no es normal que este mensaje llegue tarde”, continúa el vídeo, “y no es normal que os pidamos que nos protejaís de las pantallas porque no queremos ser niños adictos”.

Con esta llamada a la acción, los alumnos ayudantes del Vicente ochoa recuerdan que la construcción de espacios libres de violencia no es un asunto exclusivo de las direcciones de los centros o del profesorado. Se trata de una responsabilidad comunitaria compartida entre las instituciones, el propio alumnado y unas familias que deben ejercer de primera línea de defensa emocional, garantizando el derecho fundamental de la infancia a crecer en un entorno de respeto y dignidad.

No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.

Es difícil saber exactamente cuándo cambia una palabra. Pero cuando ocurre en política hay que estar atentos, porque casi siempre un desplazamiento semántico conlleva una nueva legitimación. 

Lo he pensado a propósito del acoso de Vito Quiles a Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas (Madrid) ocurrido el miércoles: no fue periodismo, sino política performativa, a la que ya nos tiene acostumbrados. 

Los periodistas escriben crónicas o análisis sobre hechos. Este agitador no escribe nada, aparece. Y con su cuerpo performa el mensaje. No lo formula, lo encarna: se planta ante la esposa del presidente del Gobierno para con ello decir que ese cuerpo es acosable. No todos los cuerpos lo son, es importante distinguir: por eso no hostiga a la mujer de Feijóo ni boicotea las ruedas de prensa de Miguel Tellado.

Ah, Tellado. Precisamente el portavoz del PP, preguntado por el asunto, afirma: “Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista”. Quiles está procesado por calumnias y se le piden nueve años de prisión en el caso de Facua. En otro proceso, le piden dos años por atentar contra la dignidad de una mujer con discapacidad intelectual. El Congreso está tramitando su expulsión por cinco infracciones graves. Pero para Tellado, “el agredido es un periodista”. Sin más.

Lo importante no es el verbo “agredir”, aunque lo parezca. La clave está en que lo llama “periodista”. Es el tipo de desplazamiento semántico que Víctor Klemperer documentó en numerosas palabras en la Alemania de los años 30. Sin esos movimientos de legitimación del PP, Quiles sería poca cosa, un bro cualquiera de las redes. 

Al equiparar su agresión con el trabajo de un periodista, está diciendo que esa profesión incluye hostigar, cámara en mano, a figuras de la izquierda. El significado de “periodista incómodo” se desplaza también. La incomodidad ya no es intelectual, sino física. 

Él sube a sus redes imágenes de sus hostigamientos a cuerpos acosables. Las mentes lo procesan como bazofia porque todo sucede en un ecosistema informativo roto. Gran parte de la industria del periodismo hace entretenimiento y otra parte fabrica distracciones. El acto performativo de Quiles incumple la deontología periodística, pero no las normas de las redes. Eso sí, necesitan la legitimación externa. Tellado se la da. Esa es la pendiente por la que se resbala el PP.

Klemperer anotó desplazamientos semánticos de numerosos vocablos, por ejemplo “fanático”. Se convirtió en una palabra con connotaciones positivas, no gracias a un decreto del filólogo Goebbels, sino porque fue apareciendo en contextos positivos: en una esquela, en la invitación a un evento. El colmo, señala Klemperer, fue cuando Goebbels habló de “fanatismo feroz”, como si hubiera un “fanatismo dócil”. Si necesitas adjetivar el fanatismo como “feroz” es porque su significado ya se ha vuelto neutro o positivo.

Tellado no es Goebbels, quiero dejarlo claro. Pero Klemperer vuelve a estar vigente porque nos ofreció un método para analizar cómo el lenguaje va instalando cambios inadvertidos en nuestra visión del mundo. La democracia aún tiene anticuerpos para defenderse del desbordamiento constante de los límites físicos en política. Pero me llama la atención que nadie en el PP esté leyendo a Klemperer. Háganlo: verán que algunos juegan con fuego. Y arriesgan demasiado.

Tal vez un día hablemos con naturalidad de “periodismo pacífico”, porque ya no podamos dar por sentado que las armas de los informadores son dialécticas y no físicas. Fanatisch se importó al alemán desde el francés fanatique durante la Ilustración: describía a quien se comportaba fuera de la razón, sin control. Cuando el nazismo consiguió convertirla en una palabra positiva, logró cancelar también la censura social a la conducta irracional. El desplazamiento de “periodista” no sólo normaliza la agresión, sino que desarbola la profesión y encanalla aún más la política.

Llevar un teléfono con un soporte del Temu no te convierte en periodista. Un nazi con un móvil y un micrófono sigue siendo un nazi. Incluso un periodista titulado que se comporta como un acosador y está a sueldo de un partido tampoco hace periodismo. Entender cuestiones básicas es difícil en un tiempo de antiintelectualismo en el que mucha gente no es capaz de atender un vídeo de más veinte segundos, donde no se distingue opinión e información y el líder de la extrema derecha colapsa cuando le piden que explique qué es ser español y te manda a la universidad para que te den respuestas. Los personajes que acuden a acosar a personajes públicos en su esfera privada, en sus domicilios o los abordan por la calle para insultarlos hacen tanto periodismo como el fascista Queipo de Llano cuando usaba los micrófonos de Radio Sevilla para amenazar a las mujeres de republicanos con violaciones por parte de la Guardia Mora. 

Al PP se le pasará la condescendencia, la equidistancia y la connivencia cuando comience a haber tipos, porque pasará tarde o temprano, que acosen a la mujer de Feijóo en su alojamiento humilde en El Viso o a la puerta de su chalé en Moaña que invade espacio público. El PP justifica la invasión de la esfera privada de sus adversarios políticos porque considera que le beneficia políticamente y porque se saben con el manejo de las esferas de poder que pueden sancionar ese comportamiento penalmente. Son muchos Peinados protegiendo el cortijo. Sus escuadristas con micrófono tendrán que hacer sangrar para ganarse una sanción mientras que un hipotético equivalente en el bando contrario acabaría en la Audiencia Nacional con una causa por terrorismo. 

El ático de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido pagado con las comisiones de su novio con Quirón y con el reconocido fraude fiscal vía abogado, tiene una gestapillo con cargo al erario público que informa a Miguel Ángel Rodríguez cada vez que un periodista, de verdad, se aproxima por allí para investigar los chanchullos de Quironesa y consorte. Nunca jamás se ha visto a nadie acosando al novio en la puerta de su casa, ni se han grabado vídeos en el acceso de su domicilio ni se ha abordado a la lideresa en su ámbito privado. Si siguen tensando la cuerda acosando a los adversarios políticos, financiando a los camisas negras de redes sociales y subvencionando sus libelos es cuestión de tiempo que alguien vea una oportunidad de negocio en hacer lo mismo con Ayuso, Abascal, Feijóo o comience a ir a la casa de Quiles, que todos sus enemigos ya tienen localizada hace mucho tiempo. Acabarán teniendo lo que realizan a los demás. La paciencia acaba agotándose.

Los periodistas de verdad no participarán en ese espectáculo grotesco de acoso, intimidación y violencia política, pero sería una buena noticia que empezara a haber las mismas prácticas contra líderes del PP y Vox, periodistas de derechas y extrema derecha y presentadores de programas de Telemadrid por parte de unos cuántos miembros del Black Block para que den un paso atrás y comprendan que existen ciertos comportamientos que en una democracia sana son inaceptables. Lamentablemente, la reacción solo lo entiende cuando lo sufre.  

La violencia política que el PP y Vox usan con mediación interpuesta a través de personajes tan limitados acabará en desgracia. Estos tipos no son conscientes de que es cuestión de tiempo que crucen una línea roja que acabe con ellos en la cárcel o agredidos por alguien con la mecha más corta o por algún escolta que sí cumpla con sus obligaciones de protección. Hay que ser muy listo para manejar los límites de la impunidad que estos parapropagandistas creen tener, y es difícil encontrar personajes más limitados intelectualmente que Quiles o Ndongo. Acabarán pisando el palito y se los dejará vendidos por parte de aquellos que ahora quedan a comer en el Senado con estos españoles de segunda categoría para quienes les usan como carnaza. Es una historia muchas veces vista antes. Se gozará cuando suceda. 

Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

Cuando Hanna Arendt asistió, en 1961, como periodista al juicio contra el nazi Adolf Eichmann se sorprendió por no descubrir a un sádico y sí encontrar en uno de los principales organizadores del Holocausto a un burócrata mediocre y anodino que simplemente seguía órdenes y era incapaz de pensar de forma crítica. De ahí surgió su estudio sobre La banalidad del mal en el que concluyó que el derrumbe moral de las personas no siempre nace de la crueldad o la vileza, sino de la ausencia de pensamiento. Toda una advertencia sobre lo que puede suceder cuando se abandona la responsabilidad de reflexionar. 

Vito Quiles, como Eichmann, cumple el papel de soldado diligente más atento a las órdenes que recibe que a las consecuencias éticas o penales de sus actos. O no. A saber. Lo que es seguro es que está convencido de que el acoso, el señalamiento, la intimidación y la violencia verbal que ejerce sobre políticos y periodistas que no orbitan en su misma tribu es una acción justificada ante la supuesta amenaza que todos ellos representan para la idea de España que tienen sus pagadores. 

De ahí que el PP de Feijóo, con Miguel Tellado y Ester Muñoz a la cabeza, defiendan con ahínco al agitador que el miércoles acorraló dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno y entiendan que su papel, además de legítimo es necesario y corresponde al de un buen español que cumple con su deber. 

“Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta. Las imágenes que todos los españoles hemos podido ver son unas en las que una militante socialista, agredía, y hay que ver de qué forma, a un periodista”, afirmó el secretario general del PP

Quiles es un operador de la derecha y la ultraderecha que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo que dice ejercer. El telonero de los mítines del PP no pregunta, ni analiza, ni explica, ni opina, ni busca la verdad. Lo suyo no es el periodismo. Es la provocación, el acoso, el matonismo y el fanatismo. Simplemente, es un pieza más al servicio de la causa del antisanchismo con una manifiesta incapacidad para pensar en las consecuencias de sus actos por muy violentos que sean. 

Con todo, lo grave es que ni Vito Quiles ni quienes le amparan -desde el periodismo y la política- no se reconocen como elementos perturbadores de la democracia, sino como garantes de una España en la que solo caben ellos y en la que empieza a abrirse paso, sin condena social, la inquietante posibilidad de que se cometan atrocidades.

La irresponsabilidad del PP al exigir explicaciones a las amigas de Begoña Gómez que intentaron reducir a Quiles para que cejara en su hostigamiento, en lugar de pedirlas al agitador que cumple órdenes de una empresa financiada por los gobiernos populares es una señal más de hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo en su campaña de acoso y derribo a este Gobierno. ¿Qué será lo próximo? ¿Serán Tellado o Múñoz los siguientes en perseguir a la esposa del presidente del Gobierno?

Si Quiles campa todavía a sus anchas por las dependencias del Congreso, con credencial de informador, es gracias a la defensa que el PP hizo en la Mesa de su labor como agitador. Y, aunque tiene un expediente sancionador abierto por violar las normas de acceso y conducta en la Cámara Baja y se arriesga a la pérdida temporal de su acreditación, sabe que su cercanía a la derecha y la ultraderecha, además de la complicidad de algunos de los agentes de seguridad que custodian las dependencias parlamentarias, le garantiza la entrada cuando quiera y cómo quiera. Tiempo al tiempo. 

Al menos, como Eichmann tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Y no solo una vez, ni dos.

En los últimos días hemos estado inmersos en la cobertura de uno de esos casos que nunca gusta contar en un periódico: el acoso entre menores de edad, agravado en la actualidad por las posibilidades de intensificar el daño que dan la tecnología y las redes sociales al alcance de cualquiera. Y una vez más hemos sido testigos en primera fila de cuánto queda por aprender a nivel mediático y social para no caer continuamente en los mismos errores y revictimizar a las personas que lo denuncian.

El caso que destapó mi compañera Bárbara Ferrer en elDiario.es se produjo en el seno de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega, un club puntero a nivel deportivo y supuestamente con una sensibilidad especial para la protección a la infancia. Así lo atestigua su propia página web, con un apartado específico para abordar este tipo de conflictos, con un espacio de denuncia 'seguro' y una persona dedicada a abordar las situaciones delicadas que puedan surgir en las actividades que organizan con la participación de cientos niños y niñas cada semana.

La realidad, por desgracia, suele ser más prosaica. Los hechos denunciados ante la Policía Nacional indican que cuatro chicas del equipo cadete femenino habrían sufrido “insultos, vejaciones y situaciones incómodas” por parte de jugadores y jugadoras de una categoría superior, con las que en ocasiones comparten entrenamientos, partidos y vestuario. Ante la denuncia de sus padres y madres, según ellos mismos lamentan, el club arrastró los pies y puso en marcha un 'protocolo' del que nunca más supieron.

Solo pedían una disculpa y medidas disciplinarias acordes a la gravedad del caso contra los presuntos agresores. Hay pantallazos que atestiguan los hechos, donde se recogen “insultos homófobos, machistas y gordófobos”. A cambio recibieron críticas veladas, señalamiento y un mensaje muy preocupante: “Las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, según les dijo un directivo del club. Ante lo que consideraron una nueva agresión, alguno de los padres acudió a la Policía y ahora el caso está judicializado y pendiente de la intervención de la Fiscalía de Menores.

La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo

Sin embargo, a pesar de que nadie ha negado los hechos, sí se ha intentado minimizar lo que han sufrido estas cuatro niñas y el club emitió un comunicado tras la publicación de la noticia por parte de este periódico que ha sido lo que ha recogido la inmensa mayoría de medios de comunicación de Cantabria, —con honrosas excepciones—, dando voz únicamente a una de las partes pero ocultando el contexto y sin un ejercicio mínimamente crítico de periodismo, en el que la voz de las víctimas siempre debe estar recogida.

Hace tiempo que en nuestro equipo de Redacción decidimos poner el foco en el acoso escolar y el bullying en distintos entornos como una prioridad editorial. Creemos que es necesario denunciar los casos, contar las historias de estos niños y niñas. Así hablamos con Martín, el niño “sin domingos ni recreos” que con diez años se encerraba en su habitación e intentaba dejar de respirar; o con Lucía, víctima de acoso escolar, que nos relató dos años de insultos diarios y marginación en el instituto, y que nunca se atrevió a contarlo públicamente hasta ese momento.

De ellos aprendimos —y lo estamos volviendo a ver en el caso de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega— que pese a los mensajes repetidos de que hay que denunciar y señalar a los agresores, muchas de las víctimas sufren más a partir de que su caso se hace público y las instituciones afectadas por esta lacra suelen intentar dar carpetazo al asunto y lavar los trapos sucios en casa, para que no les salpique. Es un error. La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo.

Para evitar que eso pase hay que combatirlo y darles voz. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Por nuestra parte, en ello estamos. Seguiremos firmes en este empeño y, si conoces algún caso, te invito a que nos lo cuentes para que lo investiguemos.

Junts ha denunciado que su diputada en el Congreso Marta Madrenas ha sido acosada este miércoles en Madrid por haber votado en contra del decreto de prórroga de alquileres, un episodio que fuentes del partido vinculan al «señalamiento» que hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su grupo durante el debate.

Según han explicado a EFE fuentes del partido que han presenciado los hechos, la escena ha ocurrido en los alrededores del Congreso, cuando un hombre se ha acercado a la diputada asegurando que la conocía «de haberla visto en la tele» y, acto seguido, ha empezado a increparla.

El hombre la ha seguido durante un trecho, mientras le gritaba que «por su culpa a millones de personas las iban a echar de su casa», y finalmente le ha escupido, si bien no ha llegado a alcanzarla.

Precisamente fue Madrenas quien este martes defendió desde la tribuna del hemiciclo el ‘no’ de Junts al decreto ley, que quedó derogado con los votos de Junts, el PP y Vox.

La diputada y exalcaldesa de Girona sostuvo que el decreto era «jurídicamente defectuoso», «económicamente incoherente» y socialmente «ineficaz» y lo enmarcó en una «operación de propaganda» con «sesgo ideológico» y «alergia sistemática a los propietarios».

El momento de mayor tensión en el pleno se produjo con la intervención de Rufián, que leyó el nombre de cada uno de los siete diputados de Junts para enfatizar que son los «responsables de que la gente viva hoy más angustiada».

Además, les dijo que la «bandera que comparten» con el PP y Vox es un billete de «50 pavos» que se sacó del bolsillo y colocó ante la tribuna de oradores.

Nogueras lamenta el «a por ellos» de Rufián

Fuentes de la dirección de Junts consultadas por EFE vinculan el episodio vivido hoy por Madrenas a la intervención de Rufián, a la que también se ha referido este miércoles su jefa de filas en el Congreso, Miriam Nogueras.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha acusado a Rufián de lanzar un «a por ellos» contra JxCat «al más puro estilo Vox».

«Esta actitud no la había visto en nadie que no fuese de Ciudadanos o de Vox», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, en unas declaraciones que ha compartido el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en la red social X.