El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que asegura que tras una investigación, en la que cuenta con “testigos creíbles”, se confirma que la denuncia de un trabajador parlamentario contra el eurodiputado de Junts Toni Comin “podría ser acoso” psicológico y sexual, según ha adelantado el diario Ara.

La Eurocámara afirma que hay “pruebas suficientes” y defiende “la continuación del procedimiento del caso” contra el representante de Junts en los tribunales. Incluso el Parlamento Europeo se ofrece a proporcionar “apoyo financiero” al exasistente que denunció los abusos para sufragarle los costes judiciales y de los abogados. Comín niega las acusaciones y advierte de que “se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación”. El eurodiputado de Junts asegura que “nunca ha sido llamado” por el Parlamento Europeo “para explicar la verdad de los hechos”.

La cuestión es que Comín no tiene el acta de eurodiputado con lo que el Parlamento Europeo no puede sancionarlo ni hacer público el informe que ha publicado Ara. En la apertura de cada pleno de la Eurocámara, su presidenta, Roberta Metsola, anuncia el resultado de investigaciones sobre los eurodiputados y las sanciones aplicadas, pero “solo tiene poderes disciplinarios sobre los eurodiputados” de pleno derecho. En el caso de Comín no es posible porque no ocupa escaño.

En enero de 2025 se hizo pública la denuncia de un ex asesor del político contra Toni Comín en la que mencionaban tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. El exasistente también denunció que “la búsqueda de contacto físico” por parte del exconseller aumentó con el tiempo hasta llegar a “momentos insoportables”.

El informe del Parlamento confirma que Comín podría haber violado tanto el punto que define el acoso psicológico como “cualquier conducta abusiva que sea persistente, repetida o sistemática, que implique comportamientos, palabras, acciones, gestos o comunicaciones escritas intencionales que menoscaben la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona”; así como el acoso sexual, definido como “cualquier conducta de naturaleza sexual que no sea deseada por la persona a la que va dirigida y que tenga por objeto o efecto vulnerar su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto”.

Comín solo podría recurrir las conclusiones de la investigación del Parlamento Europeo si obtiene el acta de eurodiputado, pero no puede ejercer como eurodiputado porque las autoridades españolas le exigen jurar la Constitución presencialmente en Madrid para obtener el acta, por lo que podría ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés. El caso sobre su escaño se encuentra ante la justicia europea, que debe decidir si la Eurocámara le entrega el acta aunque no acate la Carta Magna.

El eurodiputado electo de Junts y exconseller Toni Comín ha encajado una derrota sin paliativos en las elecciones para presidir el Consell de la República, el organismo que Carles Puigdemont puso en marcha desde Bruselas para seguir trabajando por la independencia. Con solo un 9% de los votos, Comín, que ocupa actualmente la vicepresidencia del ente, ha quedado tercero. El ganador ha sido Jordi Domingo, que relevará en el cargo a Puigdemont.

Domingo se ha impuesto en unas elecciones celebradas entre el pasado sábado y este miércoles con el 65,8% de los sufragios. Ex cónsul mayor del Consolat de Mar, Domingo era el preferido del entorno de Puigdemont, quien en privado llegó a pedir a Comín que no se presentara. La campaña ha estado marcada por las acusaciones contra el eurodiputado electo de Junts por mala gestión económica y la denuncia por acoso de un ex asesor en el Parlamento Europeo.

La participación ha sido sólo del 9% de los inscritos. Domingo ha ganado con contundencia, con 5.340 votos. En segunda posición quedó Montserrat Duran, de una candidatura surgida de las bases, con 1.836 votos. Por detrás quedan Comín, con 745 votos (9,19%), y el profesor jubilado mallorquín Antoni Walker, con 161 votos.

Después de que el expresidente Puigdemont volviera a tomar las riendas formales de Junts el pasado otoño, se acordó la dimisión en bloque del gobierno del Consell, la constitución de una gestora y la convocatoria de elecciones. Desde entonces, Domingo partía como el favorito en las quinielas internas de la entidad. Con una trayectoria de más de 50 años en el derecho civil, mercantil y procesal, fue cónsul mayor del Consolat de Mar. Se comprometió a hacer del Consell “una institución cercana, participativa y transparente”, así como a “desarrollar estrategias concretas para la internacionalización del conflicto y la instauración de la República”.

El abogado era el presidenciable del entorno de Puigdemont, que ha optado durante el proceso por no pronunciarse públicamente. De hecho, el ex cónsul mayor ha sumado a su candidatura al ex conseller Lluís Puig, compañero de exilio de Comín, al que ahora se enfrentaba. Según reveló también el vicepresidente de Junts Antoni Castellà, tanto él como Puigdemont habían intentado convencer a Comín, en privado, que no concurriera a los comicios.

Toni Comín está en uno de los momentos de más baja popularidad de sus cerca de 20 años de trayectoria pública. Tras las críticas iniciales por una supuesta falta de democracia interna en el Consell de la República, a finales de 2023, Comín tuvo que ver el año pasado como se ponía en duda su gestión económica de la entidad, con una auditoría que no ha acabado de templar los ánimos y que ha enfrentado al eurodiputado electo con antiguos compañeros. Finalmente, Comín ha sido objeto de una denuncia por acoso sexual y laboral, que él califica de “falsa”. Un cúmulo de situaciones que se han llevado por delante no solo la imagen del político, sino también la del propio Consell de la República incluso entre parte de sus fieles.

“Potencialmente la idea era revolucionaria, el embrión de un proceso constituyente. Pero se ha ido reduciendo y encorsetando para que perdiera el nervio y se la ha acabado matando”, describe una persona que formó parte de la entidad independentista.

Como él, no fueron pocas las personas a las que Carles Puigdemont y los suyos consiguieron ilusionar con las estructuras que el expresident puso en pie en Bélgica y que vendía como un organismo clave para “preparar la independencia” fuera del alcance de las instancias judiciales españolas. Pero muchos de los que entonces se involucraron, hoy han dado media vuelta. “El Consell de la República no tiene solución”, resume este exrepresentante, con evidente desilusión.

Entre el malestar acumulado por quienes confiaron en una entidad que, para Puigdemont, fue “de usar y tirar”, sobresale el papel de Toni Comín, quien a lo largo de los últimos siete años ha sido el principal responsable del organismo.

“Los que no saben qué hacer con el Consell lo quieren enterrar, pero ese es su problema”, rebate Comín en declaraciones a este diario. El eurodiputado admite que, con todo, entre las bases de la entidad hay frustración. “Cuando hay tanta distancia entre la misión del Consell, que es tan elevada como culminar el proceso de independencia, y el poder real del Consell, que es muy poco, el principal riesgo es la frustración”, razona.

Sombras sobre la gestión económica

El primer choque ocurrió a mediados del año pasado, cuando CATGlobal, la entidad radicada en Bélgica que da cobertura jurídica y económica al Consell, envió una carta a la entidad en la que señalaban lo que ellos consideraban como irregularidades contables. Se referían sobre todo al uso de fondos de la entidad por parte de su vicepresidente y máximo responsable de hecho, Toni Comín.

El Consell no apartó a Comín, pero sí encargó una auditoría independiente. El informe afloró gastos por valor de 15.530 euros realizados por el eurodiputado que, según el auditor, “a priori, no parecen justificados en el marco de la defensa del exilio, dado que están destinados a un cargo electo que ya dispone de ingresos propios”.

Se trataba, en concreto, del alquiler de un vehículo durante 15 días por valor de 1.997,35 euros, el alquiler de un apartamento en el sur de Francia por un total de 2.562 euros, otros 4.608 euros en impuestos derivados de mantener la casa de Lovaina (Bégica), además de retiradas de dinero en efectivo hasta sumar unos 6.000 euros.

Por su parte, Comín siempre explicó que se trataba de gastos de viajes e intendencia, bien para asistir a reuniones del Consell o bien para realizar tareas de la entidad. Un extremo que el informe del auditor rebatió inicialmente, asegurando que en tal caso debían autorizarse desde la propia entidad. Pero, posteriormente, el mismo auditor rectificó y certificó como válidos unos 10.000 euros de esa cantidad, mientras dejó otros 5.000 en el limbo.

Todo este proceso, más que generar paz interna, acabó en una guerra campal de acusaciones cruzadas. Desde la junta gestora del Consell se denunciaron “presiones” al auditor para que modificara el contenido relativo a los gastos denunciados, al tiempo que Comín denunció que el examen externo había hecho “considerable daño a su reputación”.

Algunos compañeros de partido, como Toni Castellà, dieron la cara por Comín. “Los gastos en los que hila muy fino un auditor son gastos de desplazamiento a la Catalunya Nord, donde él justifica que ha hecho diversas reuniones con miembros y consejos locales del Consell de la República. El auditor pide que se le justifiquen estas reuniones y se le justifican”, respondió el hoy vicepresidente de Junts en una entrevista en este diario.

Pero, unas semanas después, el rapero Josep Miquel Arenas “Valtònyc”, que formó parte del grupo instalado en Bélgica en torno a Puigdemont por tener causas judiciales abiertas en España, cargó con dureza contra Comín.

En un mensaje en redes sociales, Valtònyc, que trabajó como informático del Consell de la República, acusó a Comín de hacer “transferencias personales” de la cuenta de la entidad. Según su versión, el eurodiputado “priorizó el pago de deudas a una empresa de su confianza con las donaciones para el regreso del president”. Comín anunció que interpondría una querella contra su excompañero.

A la crisis abierta por la cuestión económica se ha sumado recientemente la denuncia ante la Eurocámara contra Comín interpuesta por un excolaborador por acoso sexual y psicológico. En su escrito, el exasesor del político denunció tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido.

En un comunicado, Comín rechazó haber realizado “ningún acto de acoso” al colaborador, además de advertir de que adoptará las “acciones necesarias” para demostrar su honorabilidad e inocencia. Comín señaló también la “coincidencia temporal” de la “falsa denuncia” con su candidatura para presidir el Consell de la República. “¿Cómo es que denuncia ahora, en plena campaña, y no cuando ocurrieron los hechos”, se pregunta el eurodiputado.

Unas elecciones disputadas para salir de la crisis

El Consell de la República vivió tiempos de bonanza durante los primeros años en los que Puigdemont estuvo en Bélgica. Utilizada como plataforma política y logística del expresident y su entorno, los dirigentes de Junts en algún momento llegaron a soñar con que la entidad fuera una especie de dirigencia del movimiento independentista en su conjunto.

En la negociación para la investidura de Pere Aragonès, en el año 2021, la formación de Puigdemont reclamaba como condición que ERC aceptara el Consell como entidad de coordinación entre partidos, e incluso que marcase los objetivos independentistas del Govern, pretensión que siempre fue rechazada de plano por los republicanos.

En momentos de máximo esplendor, la entidad llegó a tener hasta seis trabajadores y un presupuesto de cerca de un millón y medio de euros, la mayoría provenientes de donaciones. Pero tras los últimos episodios, el equipo de Comín ha ido reduciendo la estructura hasta dejarla sin personal asalariado y administrada únicamente por voluntarios.

En este estado de decadencia la entidad ha llegado a unas elecciones que se celebrarán entre este sábado 8 y el martes 11 de febrero, de donde debe salir el nuevo presidente. Hay cuatro candidatos en liza, entre ellos el propio Comín que aspira a repetir. Contra él se presenta Jordi Domingo, que ha recibido apoyo del exconseller Lluís Puig y de Jordi Castellà, quien ha retirado su candidatura en las últimas horas. También son candidatos Montserrat Duran, que cuenta con avales de personas del anterior gobierno, y Antoni Walter Castelló.

Todos ellos han pactado una campaña “limpia” y, a diferencia de elecciones anteriores donde el control de Puigdemont a través de Comín se daba por descontado, ahora hay opciones de que la entidad cambie de manos. Pero, pase lo que pase en esta carrera, el Consell de la República que encontrará el ganador estará lejos de tener la proyección e importancia que tuvo hace unos años.

Un antiguo colaborador de Junts ha denunciado a Toni Comín frente a la Eurocámara por acoso sexual y psicológico. Según ha adelantado La Vanguardia, el ex asesor del político independentista relata tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. 

El eurodiputado ha respondido a la publicación negando “ningun acto de acoso” al colaborador. En un comunicado, dice que adoptará las “acciones necesarias” para demostrar su honorabilidad e inocencia así como “corrección” en su comportamiento.

“Habrá que valorar en qué medida esta denuncia contra mí puede ser un delito de odio por homofobia”, añade. Y señala la “coincidencia temporal” de la “falsa denuncia” con su candidatura para presidir el Consejo de la República.

“Algunos de los hechos a los que hace referencia la noticia se refieren, de forma completamente tergiversada, a bromas y comentarios más o menos oportunos, en el marco de una relación de confianza y amistad construida durante el mandato”, dice Comín.

El exasesor, que trabajó durante casi siete años como asesor de Junts en la Eurocámara, ha presentado la denuncia en el Comité Consultivo del Parlamento Europeo. Se trata de un órgano del Europarlamento, formado por tres europarlamentarios, encargados de realizar la investigacion interna. Tras analizar el caso, los parlamentarios elevarán un dictamen a la presidencia de la Eurocámara tras haber recibido en audiencia al eurodiputado denunciado.

Antes de denunciar a Comín, el exasistente trasladó los hechos a Carles Puigdemont, presidente de Junts, quien le expresó su apoyo, aunque ni él ni su partido abrieron ninguna investigación interna al respecto, según el rotativo barcelonés.

El denunciante relata en su denuncia tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su mujer y propuestas de tríos con otro hombre. También asegura que sufrió malos tratos de carácter laboral, con broncas sin motivo y amenazas de despido por parte de Comín.

Por su lado, Junts ha explicado, tras la publicación de la noticia, que ha abierto una investigación interna y que una vez finalice “se tomarán las medidas que toquen”. Los de Carles Puigdemont ha añadido que se han puesto en contacto con la persona afectada y, también, con Comín.

En su comunicado, Junts asegura que se ha puesto “en contacto” con la persona afectada y con Comín: “Una vez presentada la denuncia en el Parlamento Europeo, confiamos en que se aclaren los hechos, de la misma manera que Junts iniciará su investigación”, añade.

“Queremos dejar claro que el proceso interno ha de asegurar por un lado la protección a la persona denunciante y la presunción de inocencia del eurodiputado Toni Comín. El órgano del partido está decidiendo cuáles deben ser las medidas cautelares”, apunta Junts.

La noticia de la denuncia se suma a las acusaciones recibidas por Comín de apropiarse de dinero del Consell per la República. Fue el excantante Valtònyc, que trabajó como técnico informático del ente fundado por Carles Puigdemont, quien lo acusó de hacerse “transferencias personales” desde la cuenta del Consell.

En las últimas semanas, Comín se ha visto en el ojo del huracán por diferentes acusaciones, justo cuando aspira a convertirse en el nuevo presidente del Consejo de la República -espacio parainstitucional impulsado desde Bélgica por Puigdemont- en las elecciones internas que celebrará la entidad en febrero.

La semana pasada, Comín denunció un “error” en una auditoría publicada hace unos meses que sembraba dudas sobre su gestión como vicepresidente ejecutivo del Consejo de la República por unos gastos que en su día se consideraron injustificados.

Sin embargo, la junta gestora del Consejo de la República denunció “presiones” al auditor que detectó gastos por valor de 15.530 euros realizados por Comín, que “no parecen estar justificados”.

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha anunciado que interpondrá una querella contra Valtònyc tras acusarle el rapero de apropiarse de fondos del Consell de la República. El dirigente ha mantenido que la acción legal busca la defensa de su “honorabilidad” y su “reputación” tras palabras del cantante.

El cruce de acusaciones entre Comín y Valtònyc, que llegó a trabajar en el Consell como informático, son el último capítulo de la polémica que ha envuelto la gestión del exconseller al frente de la entidad privada fundada por Carles Puigdemont en 2018 tras su llegada a Bélgica. La que tenía que ser la punta de lanza de una nueva ola independentista ha terminado enturbiada por la gestión económica de Comín.

En un mensaje en X, Valtònyc ha acusado a Comín de hacer “transferencias personales” de la cuenta del Consell por la República. Según la versión del rapero, que Comín niega, el exconseller “priorizó el pago de deudas a una empresa de su confianza con las donaciones para el regreso del president” Carles Puigdemont.

“No puedo seguir silenciando estos hechos mientras se sigue manipulando la buena fe de la ciudadanía”, ha apostillado el cantante mallorquín, que junto a Comín formó parte del círculo de confianza de Carles Puigdemont durante los años que compartieron en Bélgica. El cantante pudo regresar a Mallorca tras descartar la Justicia belga su extradición a España, que lo reclamaba tras ser condenado por las letras de sus canciones y sus tuits por injurias a la corona.

La última vez que Valtònyc asegura haber hablado con Comín fue “hace más de un año”, cuando le envió una carta informándole de que “como responsable informático de las donaciones” al Consell de la República “había descubierto transferencias personales a su cuenta mientras las deudas con los proveedores crecían y las donaciones disminuían”.

Él mismo, afirma, era uno de esos proveedores, “con facturas pendientes desde hacía seis meses”. Según el cantante, cuando reclamó el pago Comín le tildó de “insolidario” porque los ingresos eran para proveedores “con más necesidades”, como los que eran padres de familia. “Aquel día volví a vivir lo que había visto durante años: su uso reiterado del chantaje emocional”, ha denunciado Valtònyc.

Según Comín, en su mensaje en las redes Valtònyc “formuló una serie de acusaciones completamente infundadas y falaces, con el consiguiente daño reputacional que se deriva”. Además, ha reafirmado su intención de presentarse a la presidencia del Consell, al valorar que las palabras del rapero buscan perjudicar su candidatura “con medios espurios”.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un revés poco esperado a los líderes independentistas en su batalla legal desde que salieron de Catalunya tras el procés y ha complicado el camino al escaño del eurodiputado de Junts, Toni Comín. Los jueces de Luxemburgo han avalado la decisión del Parlamento Europeo de impedir el acceso a Carles Puigdemont y el propio Comín en 2019 por no figurar en el listado de la Junta Electoral Central (JEC) al no haber acatado la Constitución en España. La sentencia supone un varapalo para las aspiraciones inmediatas del exconseller, a quien la JEC volvió a dejar fuera del listado de eurodiputados españoles tras las elecciones de junio y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, no reconoció su estatus a la espera de este fallo.

¿Y qué pasa ahora? ¿Qué opciones tiene Comín? A lo largo de los cinco años de pelea, la Justicia europea ha establecido el marco para la inédita situación que han protagonizado los eurodiputados independentistas.

La primera opción que le queda a Comín es viajar a España a acatar la Constitución. A pesar de que la aprobación de la amnistía no le ha librado de la orden de detención que pesa sobre él porque el juez Pablo Llarena ha decidido no aplicársela en el delito de malversación, el TJUE determinó en 2019 que los eurodiputados electos gozan de inmunidad desde el momento en el que se proclaman los resultados. En este caso, desde que el listado –en el que figuraba el nombre de Comín– se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras las elecciones del 9 de junio.

“La condición de miembro del Parlamento Europeo resulta de la mera elección del interesado y que éste adquiere tal condición a raíz de la proclamación oficial de los resultados que hacen los Estados miembros”, falló el TJUE en diciembre de 2019 en el caso que afectaba al líder de ERC, Oriol Junqueras.

“Goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión”, agregaba la sentencia sobre Junqueras, que tenía diferencias respecto a Puigdemont y Comín dado que él no compareció ante la JEC porque no obtuvo el correspondiente permiso penitenciario.

Aquel pronunciamiento del TJUE sirvió para que los eurodiputados de Junts tomaran en ese momento posesión de su escaño, según la interpretación más favorable a sus derechos políticos que hizo el entonces presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli. Y ahora permitió a Comín pensar desde la noche electoral que tenía garantizada su acta esta legislatura.

Sin embargo, Metsola optó por aguardar a la sentencia concreta del caso de Puigdemont y Comín y, siguiendo la decisión de la JEC, que dejó vacante el hueco del candidato de Junts, no le permitió acceder al escaño.

Un cambio parlamentario o judicial

El fallo publicado este jueves limita las posibilidades de Comín dado que avala la decisión de la Eurocámara de acatar estrictamente el listado de eurodiputados que le enviaron las autoridades españolas. “El presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrantar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros”, señala el TJUE.

Lo que no entra a valorar el tribunal de Luxemburgo es el fondo de la cuestión, es decir, si España puede imponer condiciones extras a la mera elección, como es el acatamiento de la Constitución. “En lo atinente a la elección de los miembros del Parlamento, a falta de adopción de un procedimiento electoral uniforme, el procedimiento sigue rigiéndose, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales”, establece la sentencia.

Otra de las opciones de Comín pasa, por tanto, por eliminar esa exigencia que establece la ley electoral española y que no figura en los ordenamientos jurídicos de otros países de la UE. Al ser una ley orgánica, su modificación exige de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 diputados, que son los que logró Sánchez para sacar adelante su investidura.

La batalla en los tribunales

Junts ya ha adelantado que dará la batalla por la vía judicial al considerar que se encuentran en una situación de “indefensión”. La sentencia de este jueves ha señalado un camino que Comín ya se ha mostrado dispuesto a explorar. El tribunal señala que la discrepancia sobre si la promesa de acatamiento a la Constitución contraviene el Derecho de la Unión no debe decidirla ni el Parlamento Europeo ni el Tribunal General de la UE, sino que corresponde a “los órganos jurisdiccionales nacionales, en su caso previa remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, o directamente por este último en el marco de un recurso por incumplimiento”.

A eso se aferran en Junts, que solicitará “de manera inmediata” a las autoridades judiciales españolas que eleven una cuestión prejudicial al TJUE para que determine si la exigencia de acatar la Constitución es compatible con el derecho comunitario. La petición la formularán a través del Tribunal Supremo, ante el que recurrieron la decisión de la JEC de dejar vacante el escaño de Comín. La solicitud vendrá acompañada de medidas cautelares, al igual que la denuncia que ya se ha presentado contra Metsola, para intentar agilizar el proceso.

La justicia europea rechaza el recurso de Carles Puigdemont y Toni Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de dejarles sin escaño en 2019 por no haber acatado la Constitución. “El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente”, señala el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la decisión de Antonio Tajani (PPE) de impedirles el acceso al escaño porque sus nombres no figuraban en el escrito de la Junta Electoral Central. El fallo es un golpe para las aspiraciones de Comín, que confiaba en que el TJUE les diera la razón para que la Eurocámara le otorgue ahora su acta después de que la presidenta, Roberta Metsola, no le acreditara siguiendo los pasos de Tajani dado que la Junta Electoral volvió a dejar su nombre fuera por no haber acatado la Carta Magna, que es un requisito imprescindible según la ley electoral española.

El TJUE avala la decisión de Tajani de haber dejado al expresidente y al exconseller catalanes fuera del Parlamento Europeo bajo la premisa de que tenía que seguir el criterio que le llegó de la Junta Electoral Central. “El presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrantar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros”, recoge en un comunicado: “El presidente del Parlamento se limitó a hacer lo que estaba obligado a hacer: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional”.

La decisión sigue así el criterio del Tribunal General de la UE (TGUE), que rechazó el recurso de Puigdemont y Comín en 2022 al entender que el acto de Tajani no era recurrible.

El Parlamento Europeo aguardaba esta sentencia para tomar una decisión definitiva sobre el caso de Comín, quien después de las elecciones del pasado 9 de junio se vio en la misma situación que cinco años antes por no haber vuelto a España para cumplimentar el trámite de acatamiento de la Constitución. Y, a priori, el fallo avala la decisión que hasta ahora ha adoptado Metsola, ya que la Junta Electoral Central dejó vacante su plaza. “No se le ha expedido la correspondiente credencial por no haber cumplido el requisito de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución exigido por el artículo 224.2 de la LOREG”, recogió la resolución del árbitro electoral.

Comín pidió medidas cautelares al TJUE para que resolviera el asunto y pudiera participar en el Pleno de composición de la Eurocámara en el que se eligió a Ursula von der Leyen para un nuevo mandato al frente de la Comisión Europea, pero los jueces las rechazaron. El eurodiputado electo de Junts llevó entonces a Metsola a la justicia europea abriendo un nuevo procedimiento.

¿Y la sentencia de Junqueras?

La razón por la que Puigdemont y Comín acabaron siendo eurodiputados la anterior legislatura fue la decisión del siguiente presidente de la Eurocámara, David Sassoli, de otorgarles el estatus de eurodiputados después de una sentencia del TJUE sobre el caso de Oriol Junqueras, que no acató la Constitución al no lograr permiso penitenciario. Aquel falló determinó que el líder de ERC era parlamentario con inmunidad desde el momento en el que se proclamaron los resultados.

“Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades”, señalaron los jueces de Luxemburgo.

La interpretación que hizo entonces el socialista italiano fue que los eurodiputados gozan de sus prerrogativas como parlamentarios desde que son elegidos sin que tengan que cumplir con ningún requisito intermedio, como el acatamiento de la Constitución. Sin embargo, lo que Metsola ha determinado en el caso de Comín es que goza de inmunidad para viajar a España para hacer los trámites que estipula la ley electoral nacional sin que pueda ser detenido.

En esta ocasión, el TJUE no entra a valorar el fondo de la cuestión sino que el pronunciamiento se limita a la actuación del presidente del Parlamento Europeo una vez que recibe la notificación de las autoridades españolas.

Batalla de Junts contra el acatamiento

La sentencia de Junqueras lo que estableció fue que los eurodiputados gozan de inmunidad desde el momento en el que se proclaman los resultados -por lo que los líderes independentistas habrían podido viajar a España sin ser detenidos para cumplimentar los trámites para asumir el acta-. La interpretación de Junts, además, es que el acto de acatar la Constitución “no es imprescindible” de acuerdo a la jurisprudencia establecida en ese fallo del TJUE. Fuentes parlamentarias apuntaron a que la pelota está en el tejado de España, cuya ley electoral establece ese requisito para los eurodiputados.

Y esa será la batalla que ahora emprenderá Junts: acabar con el requisito que impone la ley electoral española a los eurodiputados electos para que acaten la Constitución. “El Tribunal se limita a constatar que el Presidente del Parlamento no es competente para dirimir si los requisitos que impone la LOREG son o no compatibles con el derecho europeo. Y en este sentido considera que el Presidente Tajani no podía hacer otra cosa que limitarse a tomar nota de la lista de eurodiputados que le notificaron las autoridades españolas y es esta la razón por la cual desestima nuestro recurso. Argumento que nos deja en una situación de clara indefensión, a nosotros y a nuestros electores, ante la actuación de las autoridades electorales españolas”, señala en un comunicado.

La intención de Junts es que se plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE para que determine si la obligatoriedad de acatar la Constitución es conforme al derecho europeo a través de una causa del Supremo.

“Mientras el TJUE no deje resuelta esta cuestión de manera definitiva, abre una puerta para que otros estados miembros de la UE puedan imitar el ejemplo de España e inventar requisitos contrarios a los principios de la democracia e incompatibles con el derecho europeo para subvertir el resultados electorales de su país”, señala la nota de prensa, que considera que supone “un daño irreparable para la democracia europea”.

El eurodiputado de Junts, Toni Comín, ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la nueva batalla contra el Parlamento Europeo por la negativa a reconocerle como eurodiputado. El parlamentario presentó este jueves una nueva demanda contra la decisión de la presidenta, Roberta Metsola. El movimiento se produce después de que a mediados de agosto el tribunal de Luxemburgo denegara las medidas cautelares que había solicitado Comín en julio para anular la decisión que le dejó sin participar en la sesión constitutiva de la Eurocámara en la que se votó, además, la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea.

Metsola decidió dejar sin escaño a Toni Comín en el arranque de la legislatura después de que la Junta Electoral Central dejara vacante ese puesto porque el candidato independentista no había acudido a prometer la Constitución, algo que considera un requisito indispensable en base a la legislación española, a pesar del pronunciamiento contrario de la justicia europea por el caso de Oriol Junqueras. Aquella sentencia de diciembre de 2019 conllevó el reconocimiento como eurodiputados de Carles Puigdemont y Toni Comín (no tuvo efectos para el dirigente de ERC que ya había sido inhabilitado en el juicio del procés).

En esta ocasión, la presidenta de la Eurocámara decidió seguir el criterio de la Junta Electoral Central española -y no el del TJUE- y esperar a tomar una decisión definitiva a partir del 26 de septiembre, cuando el TJUE emitirá el fallo sobe los casos de Puigdemont y Comín en 2019.

Comín intentó revertir esa decisión de Metsola antes del Pleno que se celebró en Estrasburgo a mediados de julio con la presentación de medidas cautelares ante el TJUE en el marco de ese procedimiento ya abierto. Sin embargo, los jueces no se pronunciaron antes de esa sesión parlamentaria y, en todo caso, rechazaron la petición el pasado 19 de agosto en un escrito en el que básicamente sostienen que la petición se circunscribe a una causa distinta a los hechos que ahora se han producido.

Tras el rechazo de esas medidas cautelares, Comín ha presentado un nuevo recurso ante el TJUE contra la decisión de Metsola de dejarle sin escaño abriendo un nuevo procedimiento.

No obstante, la intención del Parlamento Europeo era seguir el criterio que establezca el TJUE en esa nueva sentencia del 26 de septiembre. El abogado general dio la razón a Puigdemont y Comín al considerar que la Eurocámara erró al dejarles sin escaño tras las elecciones de 2019. “El presidente del Parlamento Europeo, por una parte, puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados. Por el contrario, su presidente optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados”, expresaba el letrado.

Las decisiones de los abogados no son vinculantes para los jueces de Luxemburgo, pero suelen mantener el criterio en un amplio porcentaje de las ocasiones. El letrado consideraba que la “suspensión” de Puigdemont y Comín supuso una violación del derecho de la UE, dado que asegura que “ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo”.

Las fuentes parlamentarias precisaban, sin embargo, que si el TJUE sigue el criterio del abogado general, será necesario que España modifique su ley electoral para no imponer ningún requisito a los eurodiputados una vez que son elegidos en las urnas para que tomen posesión de su acta.

Vuelve el embrollo legal por el (no) acatamiento de los líderes independentistas huidos de la justicia. En este caso, el protagonista es Toni Comín, el único eurodiputado electo de Junts en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. A pesar de que la justicia europea falló en 2019 que los eurodiputados lo son, con todas las garantías para su inmunidad, desde que se proclaman los resultados, la Junta Electoral Central ha dejado vacante el escaño del parlamentario independentista, que no ha acudido este lunes a acatar la Carta Magna.

“No se le ha expedido la correspondiente credencial por no haber cumplido el requisito de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución exigido por el artículo 224.2 de la LOREG”, señala la resolución del organismo que se encarga de velar por la neutralidad de los procesos electorales. Ese artículo de la ley electoral establece que los diputados electos para el Parlamento Europeo tienen un plazo de cinco días desde que son proclamados para acatar la Constitución.

“Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”, agrega el texto legal en el que se basa la Junta Electoral, que también se refiere a las sentencias del Tribunal Supremo dictadas al respecto en 2020.

“La Junta Electoral Central considera que, en tanto se mantenga en vigor el artículo 224.2 de la LOREG y ningún tribunal nacional o de la Unión Europea ponga en cuestión su vigencia, la Administración electoral española tiene el deber de seguir aplicándolo”, establece la resolución.

La pelota en el tejado de la Eurocámara

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció en 2019 que los eurodiputados lo son, con todas sus prerrogativas, desde el momento en el que son elegidos. Lo hizo en una sentencia relativa al caso de Oriol Junqueras que, en aquella ocasión, al igual que Carles Puigdemont y Toni Comín no fueron aceptados como parlamentarios en el arranque de la legislatura por no figurar en el listado de eurodiputados acreditados por las instituciones nacionales. Junqueras estaba en prisión y no pudo hacer los trámites administrativos y el expresidente y el exconseller vivían en Bruselas desde hacía dos años y sobre ellos pesaba en España una orden de detención.

Puigdemont y Comín estuvieron en el limbo parlamentario hasta enero de 2020, cuando pudieron sentarse en el Hemiciclo de Estrasburgo tras la sentencia del TJUE. El que fuera presidente del Parlamento Europeo, el socialista italiano David Sassoli, les reconoció entonces como eurodiputados de pleno derecho. Siete meses después de las elecciones europeas de 2019, los dos dirigentes de Junts ocuparon sus asientos en la Eurocámara por primera vez.

La pelota está, por tanto, de nuevo en el tejado del Parlamento Europeo, que tendrá que decidir si sigue la jurisprudencia del TJUE o si se rige por la documentación que aportan las autoridades españolas, como ocurrió inicialmente en 2019. Esa decisión corresponderá a la presidenta, Roberta Metsola, una vez que reciba el listado incompleto de eurodiputados españoles. No obstante, fuentes parlamentarias evitan por ahora pronunciarse sobre qué ocurrirá dado que aún no ha terminado el plazo legal para que se produzcan los acatamientos y las autoridades españolas no han enviado la documentación.

Comín se ha mostrado convencido de que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ignorará la posición de las autoridades españolas. “Hay jurisprudencia europea que explica que la promesa de la Constitución es irrelevante”, ha dicho en declaraciones a los periodistas a los que ha convocado en el Parlamento Europeo, aunque ha advertido de que sólo iba a contestar a preguntas relativas sobre su situación parlamentaria. “Nos vemos en Estrasburgo”, ha agregado en referencia al Pleno de composición del Parlamento Europeo el próximo 16 de julio.

“Si se espera a la sentencia del TJUE [ha dicho sobre la posibilidad de que Metsola aguarde a la sentencia sobre las actas de Puigdemont y Comín] se enfrenta a perder la demanda que voy a presentar”, ha avisado.

ERC recurre la decisión

ERC, cuya eurodiputada Diana Riba ha prometido la Constitución en el acto de este lunes, ha presentado un recurso contra la decisión de la Junta Electoral en el que pide que “el acto de acatamiento no sea requisito imprescindible para expedir la credencial de los diputados electos al Parlamento Europeo”. Entre los argumentos que esgrimen los republicanos está la sentencia relativa al caso de Junqueras así como la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

“Será el Parlamento Europeo el que verificará las credenciales, vinculando estas a los resultados oficialmente proclamados por los estados miembros, dirimiendo sobre las controversias que pudieran ocasionarse. Así pues, vincular la expedición de la credencial a un acto formal y no a la voluntad de los electores expresada en las urnas, supone una adulteración de los resultados electorales y una vulneración tanto del sufragio pasivo de la persona ya elegida, como del sufragio activo al impedir a los electores que su representante pueda ejercer como electa”, recoge ERC en el escrito.

Los jueces de Luxemburgo tienen sobre la mesa otra causa similar respecto a la decisión de la Eurocámara de dejar inicialmente a Puigdemont y Comín sin escaño por no haber acatado la Constitución. En línea con la sentencia de Junqueras, el abogado general de la UE dictaminó en abril que fue una decisión errónea y que el reconocimiento de los eurodiputados se produce en el momento en el que se proclaman los resultados.

“El presidente del Parlamento Europeo, por una parte, puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados. Por el contrario, su presidente optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados”, señala el abogado general cuya opinión no es vinculante para los jueces del TJUE, aunque suele coincidir en la mayoría de ocasiones.

Junts y ERC han proseguido su crisis de resultados electorales este domingo. Los partidos independentistas pasan de un 49% de voto en los comicios europeos de 2019, marcados por la movilización independentista en apoyo a los líderes del procés que estaban siendo juzgados en el Supremo, a un 32%. La jornada también ha supuesto una victoria del PSC en las elecciones europeas en Catalunya quince años después.

Catalunya ha sido este domingo una excepción al avance de la extrema derecha y a la victoria conservadora en muchos países europeos: el PSC ha arrasado en la comunidad con el 30% de los votos y 732.061 apoyos, casi 300.000 más que Junts, que ha quedado en segunda posición tras ganar en 2019, y ERC, que ha quedado tercera con 354.164 votos.

El mayor descalabro de la noche es el de Junts. Sin Carles Puigdemont como cabeza de cartel –el expresident se ha mantenido en un destacado segundo plano esta campaña–, Junts se ha desplomado: pierde 550.000 votos respecto a 2019, un 10% menos, y pasa de tres a un escaño europeo, el de Toni Comín. El candidato ha celebrado el “buen resultado” de Junts pese al retroceso electoral.

Junts pretendía coger impulso este domingo de cara a la política doméstica para insistir en la investidura de Puigdemont y ha recibido un varapalo. Aunque lo seguirá intentando, las maniobras de Junts para repetir elecciones –la única vía para que Puigdemont vuelva a ser president– no se han visto refrendadas en las urnas.

En la competición interna del independentismo, Junts se ha impuesto en Catalunya en ERC por 70.000 votos y confirma su hegemonía en el soberanismo. Los republicanos reciben otro revés en las urnas apenas un mes después del desastre de las catalanas y obtienen en la comunidad 350.000 apoyos menos que en 2019, un retroceso del 8%.

La lista de ERC ha logrado, en el conjunto de la circunscripción única española, tres escaños gracias al buen comportamiento de sus aliados de Bildu y BNG en Euskadi y Galicia. El exmeteorólogo de TV3 Tomàs Molina, que iba de cuatro en la lista y era la principal apuesta independiente de ERC, queda fuera de la Eurocámara.

La cabeza de lista de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, ha augurado un mandato difícil en el Europarlamento debido al auge de los partidos de extrema derecha. “No bajaremos los brazos”, ha afirmado en una comparecencia para valorar los resultados. Según Riba, el soberanismo de izquierdas “ha conseguido sobreponerse a las dificultades” de la campaña, y ha asegurado que ERC actuará “con responsabilidad” ante los resultados.

El independentismo completa con estas europeas un ciclo de descalabros electorales iniciado en las municipales del pasado mes de mayo, matizado tan solo por su influencia en Madrid como apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez. La resaca del procés ha contribuido a desmovilizar al elector independentista, tal y como confirman estas europeas después de que el nacionalismo catalán perdiera por primera vez la mayoría del Parlament en las elecciones catalanas del pasado mes de mayo.

Los malos resultados del independentismo este 9J llegan en vísperas de la elección de la presidencia del Parlament. ERC aspira a conseguir la segunda autoridad catalana de la mano de un pacto independentista que impida al PSC lograr el cargo, salvo que reciba los apoyos del PP. Todo está abierto y cualquier pacto no se cerrará hasta este lunes. Luego vendrán las negociaciones para la investidura, que podrían dilatarse todo el verano.

El PSC, en plena forma

El PSC ha vuelto a demostrar este 9J que es el principal granero de votos para el PSOE. Los socialistas catalanes han vuelto a ganar unas europeas en Catalunya 15 años después y confirman su momento dulce en las urnas, tras encadenar victorias en municipales, generales y catalanas de 2021 y 2024. Cinco triunfos seguidos. Salvador Illa no ha amarrado todavía una mayoría para ser president, pero el PSC vuelve a ser el partido más fuerte de Catalunya. El independentismo pierde argumentos para forzar un bloqueo de la legislatura catalana, si bien el escenario de repetición de comicios catalanes en octubre no se puede descartar del todo.

En Catalunya, el PSC ha arrasado con el 30,6% de los votos, ocho puntos más que en 2019. El voto de los socialistas catalanes es el 14% del conjunto de apoyos socialistas en España, un porcentaje similar al 15% de los votos que aportó el PSC a Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales del pasado mes de julio.

“El PSC y el PSOE pueden decir con orgullo hoy que son el partido socialista más fuerte de Europa”, ha destacado el candidato del PSC, Javi López, que ha considerado los resultados como un “reconocimiento al liderazgo” de Pedro Sánchez y Salvador Illa.

El primer secretario del PSC –el único líder catalán que ha comparecido este domingo– ha vuelto a reclamar “abrir una nueva etapa política en Catalunya” en vísperas de la constitución del Parlament. Illa también ha llamado a la “responsabilidad” y el “respeto” de todas las fuerzas políticas.

En el flanco izquierdo, la división entre Comuns–Sumar y Podemos se ha saldado con desastre –ambas fuerzas han quedado por debajo de PP y de Vox– y con sorpresa. Los de Irene Montero se han impuesto a los de Yolanda Díaz en Catalunya (no así en el conjunto de España) por solo 8.000 votos: Podemos logra en la comunidad 110.152 apoyos, el 4,6% de los votos, mientras que la lista encabezada por Jaume Asens recaba 102.815 votos, el 4,3%.

Hace diez años, cuando ICV y Podemos se presentaron por separado, los ecosocialistas obtuvieron en Catalunya 258.573 sufragios (10% de los votos), por 117.115 la entonces novedosa lista liderada por Pablo Iglesias (4,6%).

Por el lado derecho, el PP se ha alzado hasta la cuarta posición en Catalunya con 329.372 apoyos, un 8% más que en 2019, mientras que Vox ha quedado quinta con 147.394 votos, un 4%. Derecha y extrema derecha son las únicas formaciones que crecen en voto en la comunidad respecto a 2019. El partido ultra de Alvise Pérez ha recibido 67.309 papeletas, un 2,8% de los votos, en Catalunya, una de las comunidades donde peores resultados ha cosechado.

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha rechazado desvelar qué votaría su partido ante una eventual moción de censura planteada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El apoyo del partido de Carles Puigdemont, junto al de Vox, resultaría indispensable para que la moción de censura tuviera éxito.

Preguntado en una rueda de prensa de la Agència Catalana de Notícies (ACN) por cuál sería la posición de Junts ante la moción de censura que Feijóo insinuó que podría presentar tras las europeas, Comín ha evitar concretar el sentido del voto de sus diputados en el Congreso. “No comento especulaciones de otras fuerzas políticas”, ha sostenido, en referencia a los posibles planes del PP.

Pese a no adelantar la posición de Junts, Comín sí ha criticado la actual posición contraria al olvido penal del procés del partido de Feijóo. “El PP sigue manifestándose contra la amnistía. Esto es el PP hoy”, ha afirmado.

Los siete parlamentarios de Junts, claves para la mayoría que sostiene el actual Gobierno de Pedro Sánchez, también podrían aupar al líder del PP hasta La Moncloa si unen sus votos a Vox en una hipotética moción de censura. Tras las últimas generales, la dirección nacional del PP –en contra de los planteamientos del PP catalán– exploró una vía de diálogo con Junts que no dio frutos, pues el partido de Puigdemont terminó apoyando al bloque progresista a cambio de la amnistía.

Tanto antes como después de las últimas generales, Junts ha insistido en que no se le puede incluir ni en el bando de los partidos nacionalistas e independentistas que apoyan a Pedro Sánchez ni tampoco en el de la derecha y la ultraderecha, pues su intención es tener las manos libres para negociar cuestiones específicas para Catalunya en caso de resultar decisivos para conformar mayorías. Una actitud similar a la de la antigua Convergència en Madrid, que apoyó tanto a Ejecutivos del PSOE como del PP.

Por contra, ERC sí se ha integrado de forma más clara en el bloque progresista, y el mismo lunes cerró con contundencia la puerta al planteamiento de una moción de censura por parte de Feijóo. “Al PP, ni agua”, sentenció la portavoz del partido, Raquel Sans.

Respecto a la citación como investigada de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, Comín ha criticado el “silencio cómplice” de Pedro Sánchez durante la “persecución al independentismo”. “Ahora ha descubierto el 'lawfare'”, ha dicho.

También ha reclamado al Ejecutivo cambios en el Poder Judicial, y ha anticipado que Junts podría apoyarlos. “Es inteligente contribuir a una reforma del Consejo si puede facilitar que los jueces actúen de forma normal y que ya no persigan al independentismo”, ha aseverado Comín.

En clave catalana, Comín ha valorado que se puede mejorar la financiación de Catalunya “sin pagar el precio político descomunal” que, a su juicio, supondría investir al líder del PSC, Salvador Illa, como president de la Generalitat. Un nuevo sistema de financiación, según Comín, se podría conseguir “con la fuerza en el Congreso” de Junts y ERC.

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado este jueves que si el PSOE quiere que prospere el acuerdo que ambos partidos firmaron para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los socialistas deben permitir la investidura de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat.

“Partiendo de la aritmética de que nadie tiene mayoría absoluta (tras las elecciones catalanas), entendemos que si (el PSOE) quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont”, dijo Comín en el ciclo de ruedas de prensa organizadas por la Agencia EFE sobre las elecciones europeas del 9 de junio.

No es la primera vez que desde Junts lanzan esta amenaza en dirección a la Moncloa. El propio Puigdemont aseguró pocos días después de las elecciones que el apoyo de su partido al PSOE en el Congreso “no se entendería” si el PSC se entendiese con el PP en Catalunya. Sin embargo, el PSOE ya respondió dando vía libre a Salvador Illa para llegar a acuerdos, mientras que los socialistas catalanes rechazan las amenazas de Junts.

Después de que Carles Puigdemont optase por competir únicamente en las elecciones catalanas, Toni Comín (Barcelona, 1971) se ha quedado al frente de la candidatura de Junts en Europa. Puigdemont aún alberga esperanzas de convertirse en el nuevo president de la Generalitat, pese a que todas sus opciones pasan por una repetición electoral, mientras que la apuesta de Comín es continuar trabajando en la “internacionalización del procés” desde las instituciones europeas.

Con todo, asegura que acompañará al líder en su regreso a Catalunya, que han prometido que será en la sesión de investidura del nuevo president. No antes, afirma, aunque la amnistía se apruebe este jueves. “No quiero convertir mi regreso en un acto electoral”, asegura Comín.

En el conflicto entre Israel y Palestina, Junts defiende la solución de los dos Estados. ¿Qué puede hacer el Parlamento Europeo para lograrlo?

He vivido en los territorios ocupados y la situación actual me provoca mucho dolor. La solución es la de los dos Estados, pero las relaciones de los miembros de la UE con Israel están enmarcadas en el acuerdo de asociación, que marca que cualquier decisión debe tomarse por una unanimidad de los estados miembros que a día de hoy está muy lejos: Alemania sigue en el paradigma de la culpabilidad histórica y no está dispuesta a imponer sanciones contundentes a Israel. El Parlamento Europeo puede hacer votaciones, pero tendrán un valor más moral que legal.

¿El Europarlamento no puede hacer nada, pues?

El Europarlamento tiene una autoridad moral y política en asuntos sobre los que no tiene competencia que debe usar igualmente para presionar por la liberación de los rehenes y el alto al fuego.

¿Israel está cometiendo un genocidio o crímenes contra la humanidad en Gaza?

Esta pregunta la tienen que contestar los fiscales y los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI), que hasta ahora ven que hay riesgo de genocidio.

¿Por qué Junts ha mantenido una postura ambigua sobre la guerra en Gaza?

No hemos sido ambiguos, sino claros: todo lo que nos acerque a la solución de los dos Estados es correcto. Me parece denunciable el doble rasero y la hipocresía del Gobierno español: no vale ser abanderado mundial del reconocimiento de Palestina y no reconocer a Kosovo, dar un giro drástico con el Sáhara occidental y mantener una posición lamentable en el conflicto de Turquía con el pueblo kurdo.

¿Pero están de acuerdo con el reconocimiento de Palestina como estado? ¿Sí o no?

Sí, yo estoy de acuerdo con el reconocimiento de Palestina como Estado, pero, si quiere el apoyo de Junts, el Gobierno tiene que reconocer, para empezar, también a Kosovo.

Me parece denunciable el doble rasero y la hipocresía del Gobierno español: no se vale ser abanderado mundial del reconocimiento de Palestina y no reconocer a Kosovo.

¿Qué piensa del debate sobre si Europa debe rearmarse?

Cuando un estado es víctima de una agresión como Ucrania tiene derecho a la autodefensa y hay un deber de apoyarle si pide ayuda. Por otro lado, está la autonomía estratégica respecto a EEUU: Europa ha externalizado su gasto en defensa para que nos proteja el Ejército de EEUU, lo que tiene un precio geopolítico descomunal. No tiene mucho sentido tener esta dependencia de EEUU. Estoy a favor de una mayor autonomía europea, ni que sea para que el responsable de defensa de Bruselas pueda rendir cuentas ante europarlamentarios como yo.

¿Mayor autonomía implica mayor gasto militar?

Antes de decidir si se aumentan los presupuestos en defensa, debe haber una mayor coordinación entre los países. Lo primero que tienen que hacer los presupuestos militares es buscar economías de escala, mirarse y coordinarse. 

¿Se puede coordinar este gasto sin un ejército europeo?

La coordinación es un primer paso hacia la integración. Como independentista catalán, prefiero un ejército con generales italianos, austríacos y finlandeses que un ejército lleno de generales españoles. 

En el campo catalán hay mucho descontento hacia la Unión Europea. ¿Qué pueden hacer las instituciones comunitarias para que los agricultores dejen de sentir que les dan la espalda? 

Hay que repensar la burocracia de la Política Agraria Común (PAC), porque está pensada para un gran propietario latifundista que no es el pequeño y mediano agricultor o la cooperativa agrícola que predomina en Catalunya. Las grandes explotaciones pueden asumir los retrasos en los pagos, pero las pequeñas no. También debemos exigir cláusulas espejo para reclamar las mismas condiciones fitosanitarias a los productos que importamos que a los que se producen en Europa.

Junts se abstuvo en el acuerdo comercial con Chile. ¿La falta de cláusulas espejo tendría que haber llevado a rechazar el acuerdo?

Nos abstuvimos porque el acuerdo comercial tenía cosas buenas y otras malas. En el debate sobre el libre comercio hay dos posiciones extremas y equivocadas: la que cree en el libre comercio totalmente desregulado y la del proteccionismo radical extremo, que es pan para hoy y hambre para mañana. El libre comercio tiene que tener reglas, aranceles recíprocos contra la contaminación y servir para reducir las desigualdades entre el norte y el sur.

La derecha intenta homologar a la extrema derecha proOTAN, como si hubiera una mala y otra buena. ¿Cree que tiene sentido?

Dividir entre la extrema derecha buena y la extrema derecha mala me parece una patraña muy forzada. Vivimos dos dramas: el crecimiento de la extrema derecha (y, sobre todo, que votantes de izquierda se hayan pasado a opciones ultras) y que la democracia cristiana esté dispuesta a pactar con ella. Lo explica muy bien Christophe Guilluy en ‘La Francia periférica’: la izquierda francesa está cazando moscas y no entiende el proceso por el que parte de las clases populares han terminado votando a Le Pen. 

El PP europeo, de indiscutible tradición democrática, se está españolizando, cuando el PP español es el que tiene menos tradición democrática de Europa porque, entre otras cosas, fue fundado por un ministro de Franco. Es una paradoja, y es dramático, pero en vez de europeizar el PP español, el PP europeo se ha españolizado. El PP europeo de hace unos años hubiera puesto el grito en el cielo de los pactos del PP español con Vox, y ahora a Manfred Weber le parece bien y Úrsula Von der Leyen dice que hará lo mismo. Esto es lo que amenaza el proyecto europeo, que fue hijo del consenso entre centroderecha y centroizquierda.

Dividir entre la extrema derecha buena y la extrema derecha mala me parece una patraña muy forzada

¿Junts estaría dispuesto a apoyar a Von der Leyen para que no necesitara a la extrema derecha?

Nuestro apoyo a cualquier candidato estará vinculado a su postura respecto al proceso de independencia de Catalunya, que es nuestra prioridad política. Y nuestra presencia en el Parlamento Europeo tiene como primer encargo la internacionalización de la causa catalana. Por tanto, ¿qué candidato puede tener nuestro apoyo? Aquel dispuesto a acabar con el doble estándar de la Unión Europea cuando las violaciones al estado de derecho las hace Polonia o Hungría y cuando las hace España. Y aquel que entienda que el derecho a la autodeterminación de Catalunya no es solo un asunto interno de España y que además es absolutamente compatible con la legislación internacional y la Constitución.

 ¿Hay algún candidato, de los conocidos, que cumpla con estas condiciones?

Yo entiendo que la candidata de Los Verdes [Terry Reintke] y el de La Izquierda [Walter Baier] podrían cumplir nuestras condiciones. Son los candidatos que, por la información que yo tengo, podrían cumplir estas dos condiciones. 

Han estado sin grupo en la pasada legislatura, ¿saben ya en cuál quieren estar?

Hemos estado sin grupo por voluntad propia, porque hubiéramos podido forzar la entrada en algún grupo y nos pareció que no era oportuno. Ahora nos congratulamos de aquella decisión tomada porque hemos tenido la libertad de acción que te da estar entre los no inscritos y, por otra parte, no hemos pagado casi ningún precio. El próximo mandato, veremos qué grupos se conforman.

Junts apoyó la presidencia de Francina Armengol a cambio de impulsar la oficialidad del catalán en Europa. Viendo que ese compromiso no se ha materializado, ¿fue un error aquella negociación con el PSOE?

No, lo hemos explicados estos días. La condición era que España presentase por primera vez en la historia la petición sobre la oficialidad. Eso se hizo. Por tanto, en esta condición pagaron por avanzado. La segunda condición era poner todos los recursos diplomáticos en macha para acabar consiguiendo la oficialidad del catalán.

¿Y lo han hecho?

Nosotros creemos que no lo suficiente, porque esta batalla se puede ganar y no se ha ganado. 

Me decía que su prioridad es la “intenacionalización” del independentismo. ¿Qué balance hace de esa intenacionalización en los últimos 5 años?

El balance es más bueno que malo, creo que podemos estar relativamente orgullosos. La llegada fue muy anómala, ganamos la batalla contra la Junta Electoral Central ante el Tribunal Supremo, que debe ser la única vez a la vida que el independentismo gana al Supremo. Y después ganamos contra la JEC ante el tribunal de Luxemburgo. Por tanto eso ya fue una prueba de la deriva autoritaria y de la degradación de una parte de las instituciones españolas. Después el suplicatorio también fue un momento interesante. En octubre del 17 hubo una votación sobre el referéndum donde la posición catalana tuvo el 25% de los apoyos, mientras que cuando se votó el suplicatorio, un 40% del Parlamento no le dio apoyo.

¿Tiene la sensación de que cuando el independentismo pide apoyo contra la represión obtiene más aliados que cuando lo hace a favor del referéndum?

Cuando el tema es que no tiene sentido que un gobierno democrático esté en prisión, el perímetro de las simpatías que recibimos es mucho mayor que cuando el tema es que queremos ser un estado independiente.

¿Y ustedes creen que han ampliado el segundo perímetro con su paso por el Parlamento Europeo? ¿Quién está hoy por el referéndum en Europa que antes no lo estuviera?

Sí que lo hemos ampliado. Europa son muchas cosas, son los países, son sus ciudadanos… nosotros hicimos una macroencuesta al final de este mandato para saber cuál es la percepción de los ciudadanos. Y lo primero que hemos confirmado es que el grado de conocimiento de la causa catalana en Europa no es tan alto. Y también esto que decíamos ahora, de que la condena contra la represión es más alta que la comprensión hacia la independencia. Pero este es nuestro trabajo, hacer entender las razones históricas por las cuales nos queremos independizar.

Los que han perdido un tercio de apoyos, que es ERC y la CUP, son quien tienen que hacer una reflexión.

Este jueves se aprueba la ley de amnistía ¿Tiene previsto volver a Catalunya antes de las elecciones europeas y hacer campaña aquí?

No, yo he dicho siempre que no quiero convertir el regreso en un acto electoral, porque yo creo que es rebajarlo. Este regreso tiene un valor de país que creo que tenemos que poner al servicio de todo el mundo. Pero además el president [Puigdemont] ya dijo que consideraba que el momento de volver era una investidura y siempre hemos dicho que volveríamos juntos, él, Lluís Puig y yo, como mínimo. Y esa investidura no se producirá antes de la jornada electoral.

¿Cree que Junts tiene responsabilidades en la derrota del bloque independentista?

Cada uno sus responsabilidades, a Junts le han ido bien estas elecciones, no hemos perdido votos, hemos ganado 100.000, que no es poco. Los que han perdido un tercio de apoyos, que es ERC y la CUP, son quien tienen que hacer una reflexión.

Puigdemont dijo que iba a renunciar si no era presidente. ¿Cree que debe hacerlo?

Es que… yo creo que será president, ¿no? Y si no tendremos que ir a repetición electoral.

Desde que Pere Aragonès anunciara el fin de la legislatura, hace dos meses, Catalunya ha vivido en campaña electoral permanente. Pero aún tendrá que hacer un último esfuerzo de dos semanas más. Casi sin tiempo para respirar desde las autonómicas del 12 de mayo, este jueves los partidos catalanes han vuelto a lanzarse a la carrera hacia el Parlamento Europea que, con permiso de las cada vez más importantes cuestiones comunitarias, en este territorio tiene cierto sabor a reválida.

El resultado de las elecciones al Parlament europeo fue histórico porque el independentismo perdió la mayoría por primera vez desde el inicio del procés. Pero el ganador, Salvador Illa, necesitará llegar a pactos, bien con la derecha o bien con el independentismo, para evitar una repetición electoral. Pero el clima que se ha impuesto entre los partidos es que todas las pistas sobre las posibles alianzas comenzarán a descubrirse a partir del día 9 de junio, cuando los votos europeos ya estén dentro de las urnas, y no antes.

ERC ha elegido Badalona para su primer acto, donde han ondeado banderas catalanas, vascas y gallegas que recordaban que los republicanos acuden a Bruselas bajo la coalición Ahora Repúblicas, junto a EH Bildu, BNG y Ara Més. “Me preguntan que por qué voy con ERC después del batacazo. Pues porque sí”, ha resumido Tomàs Molina, conocido hombre del tiempo en TV3 y fichaje de la formación para estas elecciones europeas como número dos catalán de Diana Riba (cuarto en la lista).

El candidato televisivo se destacó con algunos compromisos que no estaba claro hasta qué punto eran una broma, como la promesa de integrar TV3 en Eurovisión para que Catalunya pueda competir en el certamen, una medida, dijo, que ya tiene pactada con el director de la televisión autonómica catalana.

La formación ha asegurado que tiene como objetivo “volver a ganar la confianza” del electorado después de unos resultados que han hecho daño en el partido, no solo por los malos números, sino porque les obligan a elegir entre apoyar a Salvador Illa o correr el riesgo de un a repetición electoral.

“Si bien el momento que estamos atravesando es complejo, también somos muy conscientes de quiénes somos y de dónde venimos. Y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos después de 93 años de combate al fascismo, trabajando por nuestra lengua y siendo conscientes de que ERC no ese rinde nunca”, ha expresado la cabeza de lista, Diana Riba.

Los republicanos confían en que las elecciones europeas puedan quedar aparte del ciclo aciago que han completado en municipales, generales y autonómicas, debido a que el voto europeo ha sido históricamente más favorable para las formaciones diferentes a PP y PSOE.

El hecho de que Carles Puigdemont haya descartado seguir en la Eurocámara, junto con una candidatura que puede venir aupada por dos marcas en auge, como EH Bildu y, sobre todo, BNG, supone un bálsamo para los de Oriol Junqueras.

Pase lo que pase en las elecciones europeas, solo un día después de la votación, el lunes 10 de junio, el Parlament se constituirá y los grupos deberán elegir tanto al nuevo presidente de la institución como la composición de los siete miembros de la mesa. Y eso significa que todos los juegos de alianzas deberán de negociarse en plena campaña electoral, lo que supondrá un plus de secretismo.

Carles Puigdemont no es ajeno a estas cuestiones pues, pese a la carambola que supondría, sigue sosteniendo que él ve opciones para lograr su investidura. Este jueves el expresident ha intervenido por videconferencia en el arranque de la campaña de su hasta ahora número dos, Toni Comín, con un mensaje que trataba de vincular las instituciones europeas con el procés, bajo el recuerdo de que los tribunales de fuera de España han rechazado con frecuencias las reclamaciones de los tribunales españoles en casos contra independentistas.

“Lo que hemos hecho durante estos años no ha sido poco”, ha asegurado Puigdemont, que como ya hizo en la campaña catalana ha vuelto a cargar contra PP y PSOE por querer “españolizar” las elecciones. “Dicen que todo va de Madrid, pues no señor. No todos los caminos llevan a Madrid, más bien lo que queremos es que nos lleven a esa Europa donde siempre hemos encontrado la libertad”, ha asegurado.

En la misma línea ha centrado su discurso Toni Comín, que ha asegurado que Junts ganó en el terreno judicial gracias a su “exilio en Europa”. “Les ganamos en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Luxemburgo… una y otra vez. Y mientras nosotros íbamos ganando, el PSOE de Pedro Sánchez acompañaba de manera vergonzosa la deriva represora del Estado”, ha asegurado el cabeza de lista.

El abogado general de la UE considera que el Parlamento Europeo erró al no reconocer inicialmente a los dirigentes de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados. Tras las elecciones europeas, la Eurocámara, bajo la presidencia del conservador italiano Antonio Tajani, impidió a Carles Puigdemont y Toni Comín ocupar sus escaños al inicio de la legislatura bajo la premisa de que no habían acatado la Constitución en España, un requisito que la Junta Electoral consideraba indispensable. El letrado, cuya opinión no es vinculante para los jueces de Luxemburgo, considera que el reconocimiento de los parlamentarios europeos se produce en el momento en el que se proclaman los resultados, como estableció la justicia europea en la causa impulsada por Oriol Junqueras.

“El presidente del Parlamento Europeo, por una parte, puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados. Por el contrario, su presidente optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados”, establece el abogado general Maciej Szpunar en referencia a la exclusión por parte de la Junta Electoral de los nombres de Puigdemont y Comín del listado de eurodiputados acreditados.

El letrado considera que la “suspensión” de Puigdemont y Comín supuso una violación del derecho de la UE, dado que asegura que “ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo”. Así, plantea que se anule la sentencia de una instancia anterior en la que el Tribunal General de la UE rechazó la queja de los dirigentes independentistas alegando que los actos de la presidencia de la Eurocámara no eran recurribles.

Los dos dirigentes de Junts, que vivían en Bruselas desde dos años antes de las elecciones europeas, cuando abandonaron Catalunya para evitar el juicio del procés, estuvieron en el limbo parlamentario hasta enero de 2020, cuando pudieron sentarse en el Hemiciclo de Estrasburgo después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que reconoció a Oriol Junqueras como eurodiputado en base a la proclamación de los resultados electorales. 

El caso del líder de ERC era diferente. Se encontraba en prisión en el momento en el que fue elegido parlamentario europeo y no pudo hacer los trámites para ser formalmente designado. Junqueras acudió a los tribunales europeos y ganó. Los jueces de Luxemburgo determinaron que tenía inmunidad desde que se proclamaron los resultados electorales. Para él, aquel momento (diciembre de 2019) era tarde ya que había sido sentenciado a trece años de prisión por sedición. 

Pero la sentencia europea sirvió para que el presidente del Parlamento Europeo entonces, el socialista italiano David Sassoli, reconociera a Puigdemont y Comín como eurodiputados de pleno derecho. Siete meses después de las elecciones europeas de 2019, los dos dirigentes de Junts ocuparon sus asientos en la Eurocámara por primera vez.

La opinión del abogado emitida este jueves y lo que establezca la posterior sentencia del TJUE no tiene a día de hoy ningún efecto, pero sí puede sentar jurisprudencia para casos que se puedan producir en el futuro, por ejemplo, si la amnistía no llega a tiempo del inicio de la nueva legislatura en Bruselas para Comín, que encabezará la lista de Junts. 

El exconseller y eurodiputado Toni Comín será el candidato de Junts a las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo 9 de junio, ha informado la formación en un comunicado.

Comín ha ganado las primarias celebradas en el partido, en las cuales ha recibido el 77% de los votos frente al otro candidato Joan Josep Florensa, que ha recibido el 9% de los apoyos.

De este modo, el exconseller culmina el proceso al cual ya anunció que se abría en una entrevista de hace unas semanas, en la que afirmó que podría encabezar la lista de Junts en las europeas si el expresidente de la Generalitat y candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, no lo hacía.

Comín entró en el Parlamento Europeo como diputado el 2019 junto a Puigdemont. En una entrevista a RAC1, Puigdemont ha asegurado que le “encanta” que Comín vuelva a repetir como eurodiputado porque “ha hecho un trabajo excepcional”. “Es un proyecto que lo empezamos juntos y que no se entendería que en un momento en que nos proponemos liderar Catalunya, abandonáramos la trinchera europea”, ha dicho el expresident catalán.

Quienes han pasado horas en la residencia de Carles Puigdemont en Waterloo relatan que no es extraño ver a catalanes que se acercan por las inmediaciones y miran, indiscretos, si pueden hacerse los encontradizos con el expresident para conocerlo y mostrarle su apoyo. También son frecuentes los regalos, bien en mano o por correo, así como las cartas, que llegadas de todos los puntos de Catalunya en algunos momentos formaron montones. Esta es la gente de Puigdemont, sus incondicionales, los que en los días más complicados de estos seis años de ostracismo siempre estuvieron allí y los que le siguieron en sus aventuras políticas, en parte en Junts, pero sobre todo en el Consell de la República.

Esta entidad inició su andadura en marzo de 2018, mientras en Catalunya regía el artículo 155, por lo que inicialmente jugó a la mimetización con una especie de gobierno paralelo en el exilio. La ficción duró poco, porque Quim Torra se convirtió en president en mayo de 2018, lo que hizo volver a Junts al reconocimiento de hecho de la legitimidad de la Generalitat autonómica. Pero el Consell siguió adelante como un espacio, decían sus promotores, que permitiría impulsar iniciativas a favor del independentismo fuera del alcance del Estado, al estar radicado en Bélgica.

En realidad el Consell de la República ha sido, más que ninguna otra cosa, el refugio de Puigdemont. Una entidad al margen de los vaivenes de Junts, que inicialmente fue el nombre de una candidatura del PDeCAT, después una coalición y finalmente ha acabado siendo un solo partido, en el que Puigdemont tiene la última palabra pero ya no cargo orgánico.

Sin embargo, la entidad que siempre ha presidido él mismo le ha permitido mantener una estructura que, como el propio Puigdemont, en cierta manera cuestionaba la legitimidad o la utilidad de las instituciones autonómicas. Y, además, estaba mucho más pegada al movimiento popular independentista, no sujeta a las contradicciones de la política institucional y preparada para dar cobertura a la actuación internacional del expresident, siempre encaminada a remarcar que en Catalunya la disyuntiva solo podía ser independencia o nada.

Todo esto se ha venido abajo en los últimos meses. El resultado de las elecciones del 23 de julio dio a Junts la llave de la investidura y convenció a Puigdemont que era el momento de negociar con el PSOE. Un giro de guion que muchos en las filas de Junts han seguido, pero que ha descolocado a otros. Los independentistas más irreductibles están sobre todo en el Consell per la República y son los que hasta ahora más piedras han puesto en el camino de Puigdemont hacia el acuerdo para la investidura.

De esta forma, el Consell de la República ha pasado de ser una herramienta para el líder de Junts a establecerse casi como un contrapoder para sus planes. Pese a la baja participación, los resultados en la votación sobre el bloqueo de la investidura, que forzó un grupo de militantes, acabó arrojando este martes el resultado de que hay unos 3.000 registrados en el Consell movilizados en contra de cualquier posible acuerdo entre Puigdemont y Pedro Sánchez, y otros 1.000 a favor. Pueden parecer números pequeños, pero en el último Congreso de Junts votaron en total 2.261 militantes.

Crisis y reforma del Consell

Pese a tener cerca de 50 años, al inicio del procés Mercè Zamora nunca había militado en ningún partido. “Mi implicación política empieza como ciudadana, reivindicando la independencia de Catalunya desde el fracaso de la la reforma del Estatut”, explica. Aunque se define como una independentista de izquierdas, tras los años álgidos del procés se interesó por el Consell de la República. La entidad se organiza a través de consejos locales, formados por militantes de base, y además inicialmente contaba con un consejo de gobierno, que dirige el organismo, y una asamblea de entre 100 y 140 miembros elegida por sufragio directo entre los registrados.

Zamora fue escogida por sus compañeros en noviembre de 2021 para formar parte de esa cámara. Desde ahí se impulsaron lo que ella considera iniciativas de gran interés, como las resoluciones que daban forma a lo que deberían ser en el futuro las instituciones de la República catalana. Pero a lo largo de los últimos dos años, las relaciones entre el Gobierno de la entidad, dirigido en la práctica por el número dos de Puigdemont en el Parlamento Europeo, Toni Comín, y la asamblea se habían ido enrareciendo. Los representantes tumbaban propuestas del Gobierno sobre la organización interna de la entidad, mientras aprobaban otras que la dirección no veía con buenos ojos.

El pasado mes de agosto, coincidiendo con el fin del mandato de los representantes, el gobierno de la entidad anunció que sometería a sus inscritos una consulta sobre una posible remodelación de la entidad. La idea era suprimir la asamblea tal como se conocía hasta el momento y sustituirla por dos espacios, uno de expertos y otro enfocado en los consejos locales. Esto generó fuertes críticas, tanto internamente como por parte de algunos líderes de opinión en el independentismo.

“Es evidente que se ha disuelto la asamblea de representantes porque obstaculizaba al Gobierno”, asegura Zamora, que se ha alzado como una de las voces más críticas. “Yo no puedo afirmar si esto [la disolución de la asamblea] está vinculado con la negociación de la investidura, pero hay mucha gente que puede pensarlo porque coincide”, añade la activista.

También Josep Guia, un veterano independentista valenciano que cuenta con trienios de militancia en diversas organizaciones, era miembro de esa asamblea de representantes. “Esa asamblea era la joya democrática del Consell, un órgano de elección directa formado por un 70% de mujeres, preparadas y combativas, y un órgano de ámbito nacional de los Países Catalanes. Y se lo han cargado porque en tres ocasiones el Gobierno no ha podido aprobar sus enmiendas”, se queja.

Ambos, Zamora y Guia, firmaron hace un mes un durísimo comunicado junto a una treintena de representantes de la asamblea, en el que cargaban principalmente contra Comín por su “deriva autoritaria”.

Toni Comín, vicepresidente de la entidad, rechaza las acusaciones y asegura que el gobierno del Consell optó por reformar, no por suprimir la asamblea. “Cuando se crea el Consell se entiende que debe ser el laboratorio de su propia arquitectura. No nos quedaremos en una estructura petrificada, sino que vayamos al ensayo-error. Y de hecho está en la segunda reestructuración, porque en el 21 también se evolucionó de la asamblea fundacional a lo que fue luego”, asegura Comín.

Según explica el también eurodiputado, la idea actual es que la asamblea se centre más en lo que tiene más valor, que no es hacer reglamentos internos sino crear legislación republicana. “Hemos aprendido estos dos años que si a la asamblea le ponemos demasiadas funciones se acaba centrando en la que tienen menos valor. Por eso hemos creado dos cámaras, y cada una con una sola función”, explica.

Puigdemont aguanta contra los duros

Desde que Puigdemont, prácticamente la misma noche electoral, emitiera la señal de que estaba dispuesto a abrir una negociación con el PSOE, en el seno de su partido nadie le ha llevado la contraria y ni siquiera entre los sectores más radicales la crítica ha subido de decibelios. Además, en un celo extremado por evitar filtraciones, ruido y fracturas internas, el eurodiputado ha tomado el mando de las conversaciones con el equipo de Pedro Sánchez y solo un reducido grupo de personas están al tanto de los detalles, de los que ni siquiera se da cuenta a la Ejecutiva del partido.

“Esta votación no vincula de ninguna manera a Junts”, afirman fuentes de la formación, que aseguran que Puigdemont ha sido claro tanto sobre sus objetivos como sobre la forma en la que desea negociar con el PSOE, en referencia a la conferencia del líder de Junts del pasado 5 de septiembre. “No cambia nada”, insisten.

Sin embargo, exmiembros de la asamblea del Consell como Zamora y Guia entienden que el expresident debería escuchar el sentir de la organización que preside. “Puigdemont siempre ha estado a favor de la negociación, pero de una negociación de Estado a Estado y con pies y cabeza”, explica Zamora. No es la única que piensa así.

Una persona que ocupó un cargo electo de Junts, pero sin vinculación con el Consell de la República y que prefiere no ser identificada, explica su postura así: “No me sorprende que las bases sigan diciendo lo mismo, sorprenderá en todo caso quién ha cambiado de opinión”. Según aduce, la opinión manifestada por los 3.000 socios de la entidad es la misma que la que defendía el partido en campaña y, sobre todo, la vía más unilateralista que ha abonado siempre el Consell de la República.

En cambio, Comín rechaza esa imagen de intransigencia que algunos achacan al Consell. “La idea siempre fue que había dos caminos, la confrontación y la negociación. Nos hemos centrado mucho en la primera porque la segunda no era posible. No es que ahora se cambie de estrategia, sino que se ha abierto la opción de negociar”, argumenta.

Puigdemont ha recibido el aval de su partido para negociar con absoluta libertad, y no ha cambiado sus planes ni ante las críticas de la ANC, ni ante el silencio absoluto de figuras con tirón en su partido como Laura Borràs. Nada hace pensar que lo haga un Consell de la República que, si la negociación llega a buen puerto y tanto él como Toni Comín se benefician de una amnistía, perderá su razón de ser como principal órgano del “exilio”.

El Tribunal Constitucional tomó este miércoles una decisión inédita: rechazar de plano un recurso de amparo de dirigentes del procés —la práctica seguida hasta ahora era admitirlos para analizar con detalle su contenido— y hacerlo al margen del pleno. Detrás de este movimiento está el minoritario sector conservador, que aprovechó su mayoría provisional durante el momento estival para inadmitir una petición de amparo del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la última orden de detención dictada en su contra. Todo ello, en un momento político complejo, cuando el PSOE negocia con Junts una posible investidura de Pedro Sánchez. 

La decisión se tomó en la llamada Sala de Vacaciones —que asume los asuntos urgentes durante el mes de agosto— gracias a los votos de dos de sus tres magistrados: los conservadores Concepción Espejel, que ejerce como presidenta de esta Sala y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía al PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, presentó un voto particular en el que critica la “premura” de esta decisión y cuestiona que el tribunal se aparte del criterio seguido en casos similares.

Hasta ahora, los recursos relacionados por el procés habían sido sistemáticamente admitidos y analizados después por el pleno, donde se sientan sus 12 miembros, y no por una Sala como la de Vacaciones, conformada solo por tres magistrados. Horas después de conocerse esta decisión, la Fiscalía del Constitucional anunció que la impugnará, lo que forzará un debate en el pleno.

Se trata, en todo caso, del último capítulo de una serie de movimientos que la derecha política y judicial ha protagonizado de manera más o menos reciente para entorpecer la acción del Gobierno de coalición. El pasado otoño, la mayoría conservadora en el Constitucional —con Espejel entre sus miembros— también tomó una decisión insólita al paralizar la tramitación de la reforma legislativa que iba a forzar renovación de los magistrados con el mandato caducado y la instauración de una mayoría progresista.

En este caso, la maniobra se produce en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts y en un momento en el que los socialistas han tratado de tender puentes con la formación independentista dado que el partido de Puigdemont tiene la llave para una hipotética investidura de Sánchez. 

Tras conocerse la decisión, la respuesta de Junts no se hizo esperar. “Hace muchos años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente la estrategia de Estado contra el independentismo. Y esa estrategia no cierra por vacaciones”, tuiteó Jordi Turull, uno de dirigentes condenados e indultados por el referéndum independentista del 1-O y actual secretario general de Junts. “Agosto. Por la puerta de atrás”, escribió, por su parte, Gemma Geis, líder del partido en Girona y vicealcaldesa en esa misma ciudad. 

Fuentes del Constitucional calificaban este miércoles de “sorprendente” el hecho de que la decisión sobre este recurso se haya tomado en el mes de agosto y al margen del sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos. Esto es, elevándolo al pleno donde el sector progresista sí tiene mayoría por primera vez en una década. 

De hecho, la decisión cuenta con un contundente voto particular discrepante de la única magistrada que votó en contra, la progresista Laura Díez. La magistrada disiente de la mayoría al considerar que la Sala de Vacaciones no debió resolver sobre ese recurso al no considerar urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas solicitadas y al entender que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido. 

En su recurso, Puigdemont y Comín alegaron la vulneración de varios derechos fundamentales al entender que están protegidos por la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados. Frente a ello, el auto afirma que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad a través de una orden nacional de detención. 

Espejel, una magistrada cercana al PP

Una de las magistradas que firma la resolución es Concepción Espejel, que además ejerce como presidenta de esta Sala de Vacaciones. Es considerada una jueza cercana al Partido Popular hasta tal punto que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. La Audiencia Nacional tomó esa decisión a finales de 2015 cuando iba a conformar el tribunal que iba a juzgar la pieza del caso bautizada como 'Época I' junto con Enrique López, que fue consejero de Justicia en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. 

También fue posteriormente apartada del tribunal que juzgó la 'caja B' del PP. Años antes, en 2014, la entonces secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, había pronunciado la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la también exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Espejel llegó al Constitucional en octubre de 2021 cuando el Gobierno de coalición acordó con el PP renovar a los cuatro magistrados que seguían en la prórroga desde noviembre de 2019. 

El otro magistrado conservador de la Sala de Vacaciones es César Tolosa. Fue nombrado miembro del Constitucional en diciembre de 2022 tras ser propuesto por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tolosa recaló en el tribunal de garantías desde la sala tercera del Supremo, que presidía desde septiembre 2020, después del polémico mandato de Luis María Díez-Picazo. Tolosa fue nombrado con 18 votos del total de 21 del pleno, muy por delante de la candidata progresista, Pilar Teso. Era magistrado del Supremo desde 2014 después de presidir el Tribunal Superior de Cantabria durante una década.

Laura Díez, por su parte, es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona desde enero de 2020, centro en el que ejerció como docente y también ocupó altos cargos. Fuera de la universidad fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022, primero con Carmen Calvo y después con Félix Bolaños. Previamente, entre 2002 y 2004, fue asesora en la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña. 

El precedente de la inhabilitación de Torra en plena investidura

Este último movimiento de la derecha judicial evoca lo ocurrido tras la repetición electoral de 2019, cuando Sánchez estaba a punto de ser investido. Entonces, la Junta Electoral Central decidió en una ajustada votación —por un solo voto— destituir de su cargo como diputado en el Parlament a Quim Torra, lo que implicó su cese como president. El órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales tomó esta decisión sin esperar a que el Supremo se pronunciara sobre su condena a año y medio de inhabilitación por delito de desobediencia, que entonces todavía no era firme, y a apenas unos días del debate de investidura en el que los socialistas se jugaban seguir en la Moncloa. 

En el entonces Gobierno en funciones esta decisión se interpretó como un intento desestabilizador de cara a ese debate, que se produjo sólo cuatro días después del pronunciamiento de la Junta Electoral Central. No obstante, en esa ocasión los votos de Junts no eran necesarios para la elección de Sánchez, como sí ocurre ahora. Finalmente, el candidato socialista fue elegido con el respaldo de su partido, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG y la abstención de ERC y Bildu. El partido de Puigdemont votó en contra. 

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La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) recurrirá la decisión de la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó el expresident catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo, lo que forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías que, desde el pasado enero, cuenta con una mayoría progresista.

El Constitucional ha inadmitido de plano el recurso de amparo presentado contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo en su contra por los delitos de desobediencia y malversación. La decisión se ha tomado sin esperar al pleno gracias a los votos de dos magistrados conservadores: Concepción Espejel, que ejerce como presidenta y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía con el PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, ha presentado un voto particular discrepante en el que critica la “premura” de esta decisión.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público actuará al entender, como sostiene Díez, que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional contra Puigdemont y Comín. Los dos alegaron ante el Constitucional la vulneración de varios derechos fundamentales al entender que están protegidos por la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados.

En el auto dictado este miércoles los jueces sostienen que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad, a través de la citada orden nacional de detención. 

Es una tesis que la progresista Laura Díez rebate ampliamente en su voto particular, en el que defiende que no hay “ninguna circunstancia de especial urgencia en relación con la eventual concesión o denegación de medidas cautelares que justifique la actuación” de la Sala de Vacaciones. Y añade que no comparte la “premura” de decidir sobre un asunto que “bien pudiera haberse tramitado tras la pausa estival siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional”.

La Fiscalía comparte ese criterio y cree que no era un asunto que requiriese resolución fuera del Pleno del Constitucional que, cabe recordar, cuenta con una mayoría progresista desde el pasado enero, a diferencia de la Sala de Vacaciones que cuenta con una mayoría conservadora.

La decisión de los dos jueces conservadores se produce en un momento político complejo, cuando el PSOE se encuentra negociando una posible investidura de Pedro Sánchez que requiere el voto favorable de al menos algunos parlamentarios de Junts, la formación de Puigdemont. Fuentes del tribunal califican de “sorprendente” el hecho de que la decisión sobre este recurso se haya tomado en el mes de agosto y al margen del sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos. Esto es, sin elevarla al pleno donde el sector progresista sí tiene mayoría por primera vez en una década. 

Laura Díez, magistrada progresista del Tribunal Constitucional, ha firmado un voto particular discrepante en el que critica la “premura” en la decisión de rechazar de plano la petición de amparo del expresident catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín y recuerda que la práctica seguida hasta ahora en relación a los recursos del procés era admitirlos para analizar con detalle su contenido en el pleno. 

La magistrada disiente de la mayoría al considerar que la Sala de Vacaciones —que asume los asuntos urgentes durante el mes de agosto— no debió resolver al no considerar urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas y al entender que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.

El tribunal de garantías ha inadmitido de plano este recurso gracias a los votos de dos magistrados conservadores: Concepción Espejel, que ejerce como presidenta y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía con el PP, y César Tolosa. Con esta resolución, el Constitucional avala la actuación de la sala de apelación Supremo, que confirmó las conclusiones del instructor, Pablo Llarena, sobre cómo había que acomodar el procedimiento a la última reforma del Código Penal. Su decisión fue mantener la acusación de malversación e incluir la desobediencia. Acordó, además, la busca y captura de ambos en caso de que volvieran a España. 

El auto afirma que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad, a través de la citada orden nacional de detención. Es una tesis que la progresista Laura Díez rebate ampliamente en su voto particular, en el que defiende que no hay “ninguna circunstancia de especial urgencia en relación con la eventual concesión o denegación de medidas cautelares que justifique la actuación” de la Sala de Vacaciones. Y añade que no comparte la “premura” de decidir sobre un asunto que “bien pudiera haberse tramitado tras la pausa estival siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional”.

Díez arguye, para ello, dos razones. En primer lugar, que Puigdemont y Comín no se encuentran en territorio español, que es el “único lugar donde pueden ejecutarse las órdenes de decretadas”. En segundo, que no puede llegar a producirse una vulneración efectiva de derechos que deban protegerse, puesto que ambos desarrollan sus funciones representativas —como eurodiputados— fuera de España. La magistrada recuerda, además, que ninguno de los dos está “privado de libertad”. 

En su recurso de amparo, Puigdemont y Comín defendieron que la decisión de Llarena menoscaba la “garantía de inmunidad” que tienen reconocida como miembros del Parlamento Europeo y con ella se vulneran varios derechos fundamentales. A este respecto, el auto de inadmisión afirma que las vulneraciones invocadas “carecen de sustento constitucional” porque “omiten” las decisiones tanto del Parlamento Europeo como de la justicia europea que les han retirado esa inmunidad. 

Es una visión que tampoco comparte la magistrada progresista. A su juicio, la opinión mayoritaria no ha valorado “adecuadamente” el hecho de que la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE) que retiró a ambos la inmunidad no es “definitiva”. “En mi opinión, esta decisión que descarta de plano la inmunidad no es la propia de un trámite de admisión pues, dada la falta de firmeza de la resolución del Tribunal General, en este trámite se debería reconocer la existencia de una posibilidad de vulneración del derecho que justifica la admisión del recurso”, dice la magistrada. 

Díez recuerda, además, que la inmunidad es una cuestión jurídica sobre la que el Constitucional no ha dictaminado todavía y que se trata del primer caso de inadmisión de un recurso de amparo relativo a un asunto vinculado al procés, puesto que la práctica constante ha sido siempre su admisión y avocación a pleno para su posterior resolución.

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