Hoy recuperamos un episodio que preparamos tras una investigación del equipo de datos de elDiario.es y que llegaba a una conclusión muy clara: Cuanto más pobre es el barrio, mayor es la concentración de población migrante. Hay zonas que son una auténtica frontera: los puntos amarillos son la población extranjera. Los azules, la población española. Hay barrios en España de auténtico contraste. A un lado, todo azul. A otro, todo amarillo. Una frontera.

Nos dirigimos a alguna de ellas. Por ejemplo, en Madrid, en la M30: la arteria que divide Puente de Vallecas con Retiro - Pacífico. Allí vamos con Gabriela Sánchez, la jefa de Desalambre en elDiario.es, que ha coordinado este especial con Raúl Sánchez, jefe de datos de elDiario.es y con el que hablamos para entender este fenómeno. También, con los periodistas de elDiario.es Carmen Ibáñez y Marcos García Santonja, vamos a otras dos zonas con una frontera clara en lo que a segregación se refiere en Sevilla y en Alicante.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 26 de enero de 2026 ***

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El mapa de la segregación, calle a calle: cómo se divide a la población por origen y renta

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El Gobierno de Reino Unido ha compenzado a aplicar desde esta misma semana un requisito obligatorio para los viajeros de más de 80 naciones que deseen viajar al país. Se trata de la Electronic Travel Authorization (ETA, o Autorización Electrónica de Viaje), que se convirtió en un requisito para poder entrar en Reino Unido el año pasado, y que ahora será imprescindible para poder volar al país británico. Desde este miércoles 25 de febrero, las aerolíneas aplicarán el criterio “no permission, no travel” (sin permiso, no hay viaje) y podrán negar el embarque en el aeropuerto o estación a pasajeros que no la tengan.

La ETA es un permiso que el Gobierno británico exige para poder viajar al Reino Unido y que tiene una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte con el que está vinculada la autorización. No se debe confundir con un visado, ya que la ETA es simplemente una autorización previa para poder viajar, pensada para estancias cortas de menos de seis meses. Se trata de una gestión sencilla que se debe gestionar con tres días de antelación, y tiene una validez de hasta dos años.

Hasta ahora, bastaba con tener la ETA solicitada para poder acceder al país, pero desde este miércoles será necesario que también esté aprobada en el momento de embarque.

Quién debe solicitar la ETA

Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los no residentes en el Reino Unido deberán contar con esta autorización de viaje, incluidos los bebés y niños.

Recordemos que la ETA solo es válida para estancias de corta duración, y que no garantiza la entrada al Reino Unido, puesto que los viajeros deberán seguir pasando por controles de fronteras al llegar al país. La ETA debe pedirse en viajes de diversa naturaleza, ya sea por turismo, negocios o visitas familiares.

Aunque tu estancia no sea en el Reino Unido, también deberán pedir la autorización aquellos viajeros que deben hacer escala en el país británico y volver a facturar el equipaje y/o pasar por el control fronterizo. No es necesario pasar por el control fronterizo si hacer la escala a través de Heathrow (T4) y Manchester, pero recomendamos que consultes con tu aerolínea.

Por otro lado, no será necesaria la ETA para aquellos que cumplen alguno de los siguientes requisitos:

Con la ETA se podrá llevar a cabo actividades remuneradas en el caso de artistas, músicos, deportistas, conferenciantes y abogados. También servirá para la permanencia durante tres meses en el país tras la concesión de visado Creative Worker.

La ETA no da amparo legal ni tampoco da amparo legal para casarse o registrar una pareja civil en el país, ni siquiera dar aviso de los mismos.

Cómo pedir la ETA

Solo se puede pedir la ETA a través de la web del gobierno británico o desde la aplicación oficial para este menester. Se trata de un proceso totalmente en línea, que deberás gestionar de una sola vez. No se guardará tu proceso si dejas a medias este trámite, y la sesión caducará tras 20 minutos de inactividad. Por suerte, solo lleva unos minutos:

Para gestionar la ETA, necesitarás lo siguiente:

En primer lugar, deberás ingresar la dirección de correo electrónico a través de la que quieres recibir la decisión del gobierno británico sobre la concesión de la ETA.

A esta dirección te enviarán un correo titulado “Your ETA security code” (tu código de seguridad para la autorización ETA, en inglés). En él figurará un código de seis dígitos, que deberás introducir en la web de solicitud de la ETA. Deberás ingresarlo lo antes posible, puesto que expira en 10 minutos.

A continuación deberás enviar una fotografía de tu pasaporte físico. Deberás cumplir los siguientes requisitos:

Tras esto, deberás subir una foto tuya, nítida y sin reflejos. Se te efectuará un cobro de 16 libras, que al cambio son unos 18,35 euros. La cuantía será reembolsable si te deniegan el permiso, según la información proporcionada por el Gobierno británico en la web de solicitud.

La respuesta a esta solicitud llegará al correo que introdujiste para la solicitud. No recibirás ningún tipo de documentación adicional que certifique la concesión de la ETA, ya que se asociará digitalmente al pasaporte. Aun así, guarda la confirmación que recibirás por correo electrónico.

“La violencia al estilo ICE también ocurre aquí”, en el corazón de la Unión Europea. Un grupo de ONG europeas han elaborado un informe donde documentan 80.865 devoluciones en caliente en las fronteras exteriores europeas como “una práctica sistemática y generalizada, ejecutada por autoridades estatales o con su conocimiento”.

El estudio ha sido realizado por una coalición de ONG internacionales entre las que están 11.11.11, We Are Monitoring, Hungarian Helsinki Committee, Lebanese Center for Human Rights, el Centre for Peace Studies, Sienos Grupė o Gribu palīdzēt bēgļiem.

Según estas organizaciones, un joven egipcio les explicó que “los arrojaron al río a las tres de la mañana”, cuando intentaba llegar a Europa por la ruta de los Balcanes a finales de 2025. Viajaba en un grupo de cuarenta personas, incluidos doce menores. Tras varios días de travesía, fueron “interceptados por agentes encapuchados de una unidad fronteriza”. Lo que siguió no fue un control migratorio, sino “un episodio de violencia, ya que fueron golpeados con porras y armas”. En plena madrugada, los trasladaron a un río helado en la frontera con Bosnia y Herzegovina. Les ordenaron “quitarse los zapatos y la ropa y, uno a uno, los empujaron al agua”.

“Había niños de diez años con nosotros”, relata el joven egipcio. “Los vi caer al río, heridos y temblando de frío”. El grupo logró alcanzar la otra orilla, pero no encontró asistencia médica, refugio ni acceso a procedimiento de asilo alguno. Este migrante asegura que el mensaje fue inequívoco: “Aquí no tenéis derechos”.

Las organizaciones sociales subrayan que “lejos de ser incidentes aislados o excesos individuales de agentes fronterizos, las devoluciones en caliente constituyen ”una práctica sistemática y generalizada, ejecutada por autoridades estatales o con su conocimiento“. Las ONG añaden que las 80.000 devoluciones en caliente ilegales en las fronteras exteriores de Europa ”solo representan la punta del iceberg, ya que hay otra mayoría que ocurren sin testigos, en alta mar o en zonas fronterizas remotas“.

En teoría, estas prácticas “vulneran el derecho europeo y la Convención de Ginebra sobre los Refugiados”, según recuerdan las ONG que han elaborado este informe. Las organizaciones defensoras de los migrantes subrayan que “el principio de no devolución, que prohíbe retornar a una persona sin una evaluación individual de sus necesidades de protección. Las expulsiones sumarias niegan el acceso al asilo y afectan a menores, enfermos y personas con derecho claro a protección internacional”.

“Violencia europea contra migrantes lejos de cámaras”

“La violencia europea contra las personas migrantes se produce, en gran medida, lejos de cámaras y periodistas, en zonas fronterizas cada vez más inaccesibles o más allá de sus propias fronteras. Esa combinación de deshumanización e impunidad es lo que hace que la política europea sea profundamente problemática”, apunta Anikó Bakonyi, directora del Programa de Refugiados del Hungarian Helsinki Committee.

Las ONG que han realizado este informe reprochan a los dirigentes europeos que haya “criticado con razón las detenciones masivas, internamientos y deportaciones ejecutadas por el servicio migratorio estadounidense, el Immigration and Customs Enforcement (ICE)”, pero que, a la vez, los Estados miembros han acelerado lo que las organizaciones sociales describen como una “carrera hacia el fondo: reducción de las capacidades de rescate marítimo, criminalización de trabajadores humanitarios y devoluciones sistemáticas hacia contextos inseguros”.

“Las imágenes son impactantes y la indignación está justificada. Pero ¿dónde está esa misma claridad moral cuando las autoridades fronterizas europeas maltratan, despojan y dejan morir a personas?”, puntualiza Flor Didden, experta en política migratoria de 11.11.11.

Según las ONG, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó en enero de 2025 que “las devoluciones ilegales en Grecia no son hechos aislados, sino una política sistemática”. Las organizaciones sociales denuncian que, a comienzos de febrero, “quince personas murieron después de que su embarcación ”colisionara“ con la guardia costera griega”. Además, ponen sobre la mesa un informe de Frontex, de julio de 2025, en el que se acusa a las autoridades de Bulgaria de “negligencia grave en la muerte de tres adolescentes egipcios”.

El 25 de febrero, el Reino Unido empezará a aplicar de manera más estricta sus nuevas reglas de entrada en el país después del Brexit. La autorización de viaje que ya se exige a todos los ciudadanos de la UE que no sean residentes puede afectar, en particular, a británicos con doble nacionalidad. 

Los ciudadanos británicos que viven fuera de su país, igual que los irlandeses, no deben solicitar la autorización de viaje que pagan los demás no residentes de otros países en Europa. Los visitantes de España, como los del resto de la UE, deben rellenar un formulario llamado ETA por sus siglas en inglés y que cuesta unos 18 euros. Pero, a partir de la semana próxima, los británicos que tienen doble nacionalidad tendrán que enseñar un pasaporte británico o tener un documento especial adjunto al pasaporte de otro país que cuesta unos 670 euros.

Los ciudadanos con doble nacionalidad –algo más frecuente después del Brexit– hasta ahora tenían más formas de probar su ciudadanía británica y podían entrar en el país utilizando el pasaporte de su lugar habitual de residencia.

Además, los ciudadanos británicos no pueden pedir la autorización de entrada ETA como otros europeos. Si no pueden o no quieren renovar el pasaporte británico o no quieren tramitar el costoso papel adjunto, para seguir las reglas que se aplican a ciudadanos de la UE, tendrían que renunciar a su ciudadanía. Un factor de incertidumbre es que cuando el Gobierno británico anunció las nuevas reglas en noviembre, el formulario ya llevaba desde abril en vigor y ciudadanos con doble nacionalidad ya habían hecho este trámite, según denuncian organizaciones de derechos migratorios de británicos y europeos.

Británicos en España

Algunos países europeos ya obligan a renunciar a la ciudadanía original para conseguir la nacional. Eso sucede en España, por ejemplo, en el caso de británicos que no tengan progenitores españoles.

España sí permite mantener la ciudadanía de países latinoamericanos, y de algunos países con los que existen convenios, como Portugal y Francia. En la UE, esto no es tan relevante porque existe la libertad de movimiento y cualquier ciudadano puede instalarse, trabajar y estudiar en otro país.

El caso de España es especialmente importante para el Reino Unido, ya que es el país de la UE donde más británicos se concentran, con una comunidad estimada en más de 400.000 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023.

En caso de ciudadanos con doble nacionalidad española y británica, además, algunas organizaciones han señalado los problemas adicionales por la diferencia en el nombre en el caso de las mujeres casadas, puesto que en España no adoptan el apellido del marido y en el Reino Unido, la mayoría lo sigue haciendo. Además, en España se utilizan dos apellidos, y en el Reino Unido, uno.

Estas diferencias de identificación en dos pasaportes pueden crear problemas en la frontera o durante las renovaciones, y afectan especialmente a las mujeres. El contraste también se da con otros países de la UE, por ejemplo, en Grecia y en Países Bajos.

Doble nacionalidad desde el Brexit

La cantidad de británicos con ciudadanía de la UE se ha disparado desde el Brexit. Sólo contando a quienes han solicitado activamente otra nacionalidad –sin considerar quienes ya la tienen de manera automática por nacimiento y origen familiar–, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por cuatro. Entre 2008 y 2016, el año del referéndum del Brexit, la media en el Reino Unido de aprobación de casos de doble nacionalidad con países de la UE era de 2.952 por trimestre; entre 2017 y 2025, fue de 13.036, según los datos del Ministerio del Interior británico. 

El Gobierno británico insiste en que ya ha dado suficiente tiempo de transición y ha comunicado las nuevas reglas sobre los ciudadanos británicos que viven fuera y tienen doble nacionalidad. También advierte que los operadores de transporte pueden negar el embarque a las “personas que no puedan dar una prueba satisfactoria de su elegibilidad para entrar en el Reino Unido”.

Si hay dudas sobre la documentación, los operadores tienden a ser conservadores por miedo a las penalizaciones para ellos. Las multas para aerolíneas, empresas ferroviarias o marítimas pueden ascender a más de 2.200 euros por pasajero. 

Falta de información

Los cambios post-Brexit afectan especialmente a ciudadanos que viven en países de la UE y que no estaban sometidos hasta ahora a estos controles. 

Varias organizaciones que defienden los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos que viven fuera se han quejado de la falta de información con tiempo y medios suficientes y han pedido en una carta conjunta al Gobierno británico una prórroga y más flexibilidad en las reglas.  

“No ha habido suficiente comunicación sobre esto, la mayoría se ha concentrado en que los visitantes soliciten la autorización de viaje”, explica a elDiario.es Monique Hawkins, directora de políticas públicas de the3Million, una organización civil que vela por los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido después del Brexit y una de las tres firmantes de la carta. “Muchos ciudadanos con doble nacionalidad que viven fuera no han renovado sus pasaportes británicos porque es un coste innecesario. Ahora de repente necesitan hacerlo o se arriesgan a no poder viajar al Reino Unido. Solicitar el pasaporte británico cuando vives fuera es engorroso y lleva mucho tiempo”.

Como recuerda Hawkins, esta es otra de las consecuencias no deseadas del Brexit, ya que los británicos con doble nacionalidad que ahora se pueden encontrar en este dilema tenían libertad de movimientos dentro de la UE.

También señala que otro de los problemas que puede haber en la frontera es para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y que siguen esperando respuesta para su solicitud de residencia. “Quienes todavía esperan una decisión –algunos de ellos durante años– pueden ser rechazados en la frontera del Reino Unido si viajan fuera e intentan volver”, dice Hawkins, cuya organización está intentando denunciar esta situación ante la justicia británica.

Hay decenas de miles de ciudadanos de la UE que esperan una decisión sobre su estatus o su revisión mientras el Ministerio del Interior tiene más de 100.000 solicitudes pendientes, según los últimos datos de septiembre. 

El mayor fabricante de lápices del mundo ha acusado al Gobierno de Costa Rica de dar un uso indebido a la fábrica que le había donado con fines humanitarios por recluir en ella a solicitantes de asilo deportados por la Administración Trump en 2025.

Con una producción global de más de 2.000 millones de lápices de madera al año, Faber-Castell operaba una fábrica en el sur de Costa Rica, fronteriza con Panamá, que se abastecía de árboles cultivados en la región. Tras cerrarla en 2013 por una serie de factores económicos adversos, en 2018 la empresa donó las instalaciones al Gobierno de Costa Rica. The Guardian ha tenido acceso al contrato con el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica en el que la empresa alemana especificaba que las instalaciones se utilizarían como refugio para ofrecer alojamiento y asistencia humanitaria a las personas que migraban por la región.

Pero, aparentemente, el uso de las instalaciones cambió el año pasado, cuando comenzaron a encerrar a personas en el lugar, algo que Faber-Castell no sabía hasta que The Guardian se puso en contacto con ella en enero.

El fabricante de lápices donó las instalaciones en 2018 por el aumento de nicaragüenses que cruzaban la frontera hacia Costa Rica huyendo de la violenta represión contra los manifestantes desatada por el Gobierno del país centroamericano. La empresa dijo en el contrato que el inmueble sería utilizado para “albergar un refugio para el cuidado de migrantes sin posibilidad de cambiar el propósito de la propiedad”.

No hay informaciones que apunten a que los nicaragüenses, ni ninguna otra persona alojada en la antigua fábrica, vivieran allí en régimen de detención hasta que Costa Rica encerró a 200 personas deportadas desde Estados Unidos en las instalaciones, desde entonces llamada el Centro de Atención Temporal para Migrantes, o el CATEM [por sus siglas].

Cuando The Guardian se puso en contacto por primera vez con Faber-Castell, la empresa dijo desconocer las detenciones en el CATEM. “En el contrato acordamos y estipulamos que el edificio se convertiría en un centro de ayuda humanitaria para refugiados, bajo ninguna circunstancia se acordó que fuera usado como prisión”, escribieron en un comunicado los representantes de la gran filial que Faber-Castell tiene en Brasil.

De EEUU a Costa Rica

Costa Rica aceptó recibir a 200 personas deportadas de Estados Unidos a finales de febrero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y con el comienzo de su prometida campaña contra las personas migrantes.

Los deportados no eran naturales de Costa Rica: habían emigrado a Estados Unidos desde lugares tan lejanos como Rusia, África y otras partes de Asia. Fueron deportados y trasladados con cadenas –a pesar de no ser delincuentes– hasta el país centroamericano. A su llegada, los escoltaron hasta el CATEM, en Puntarenas (seis horas al sur de San José, la capital).

Las personas deportadas, entre las que había más de 70 niños, fueron detenidas allí durante un mínimo de dos meses. En junio de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica respondió a las apelaciones con un fallo donde dictaminó que les habían privado “de su derecho a la libertad”. En respuesta a una consulta de The Guardian, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica negó “categóricamente” dicha afirmación.

Faber-Castell ha enviado un correo electrónico a The Guardian en el que dice: “Nos preocupa profundamente que, según se informa, haya personas detenidas en nuestra antigua fábrica de Maderin Eco en Costa Rica, una industria que cerramos en 2013. No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que The Guardian se puso en contacto con nosotros”. Maderin Eco es la filial de Faber-Castell que operaba en Costa Rica.

La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM (...) sin acceso a información, sin control judicial (...), también genera un riesgo de desaparición forzada

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

En la primavera pasada, Human Rights Watch (HRW) visitó las instalaciones y entrevistó a algunos de los deportados. En su informe posterior, la ONG concluyó que los migrantes habían sido recluidos durante meses en el centro, pese a que las instalaciones estaban “claramente destinadas a estancias de solo unos días” y a que “ningún fundamento jurídico justificaba su detención”. “El Gobierno de Costa Rica niega que estuvieran detenidos”, decía también el informe de HRW.

La semana pasada The Guardian preguntó sobre dichas detenciones al Ministerio de Seguridad Pública, que respondió con el siguiente correo electrónico: “Los migrantes deportados por Estados Unidos eran de nacionalidades que requieren visado para entrar en Costa Rica. Por razones humanitarias, se permitió su entrada en el país sin ese requisito y se les trasladó al CATEM, ya que su estancia era temporal y por razones humanitarias”. “Las medidas de inmigración tomadas tenían como fundamento las mismas razones humanitarias, es de sobra conocido que las personas vulnerables pueden caer en redes de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes. Costa Rica es un destino desconocido para ellas, con un clima y una gastronomía nuevas, entre otros aspectos. La Dirección General de Migración y Extranjería siempre ha tratado de proteger a estas personas. Por ello, rechazamos de manera categórica la acusación de que se ha violado su derecho a la libertad”, añade.

“Estábamos detenidos sin nuestros pasaportes”

El testimonio que The Guardian recabó en diciembre de 2025 de un hombre ruso de 37 años no coincide con esa versión. Bajo el pseudónimo de Alexander (pidió ocultar su nombre real por temor a represalias contra su familia del régimen de Putin), cuenta que su cita para solicitar asilo en Estados Unidos fue cancelada en el último minuto por la Administración Trump, que lo deportó junto a su mujer y a su hijo pequeño a Costa Rica. Acabaron en el CATEM.

“En las primeras semanas perdí 15 kilos y mi familia estaba enferma, así que empecé a preguntarme por qué no teníamos libertad”, dice Alexander. “Allí estábamos detenidos sin nuestros pasaportes; algunas personas querían marcharse y no nos dejaban salir; así fue como comprendimos que nos habían metido en esta prisión sin ninguna razón”.

El pasado junio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dictaminó, en referencia a los deportados del CATEM, que su “detención en un centro no destinado para estos fines conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de las autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales”.

“La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM en las circunstancias que han sido descritas (sin acceso a información, sin control judicial), también genera un riesgo de desaparición forzada”, añadió la Corte, que también sostuvo que Alexander y el resto de deportados allí encerrados deberían tener derecho a una indemnización.

Las instalaciones del CATEM tienen capacidad para alojar a 300 personas. En lo que va de 2026, han pasado por allí 60 personas. Según los últimos datos que The Guardian obtuvo del Gobierno de Costa Rica, el 28 de enero no había ningún migrante en la antigua fábrica. El medio británico preguntó a Faber-Castell si pensaba tomar alguna medida adicional, pero no obtuvo respuesta.

Traducción de Francisco de Zárate.

Los primeros palestinos que han obtenido el visto bueno para entrar a Gaza o salir de la Franja se han dirigido al paso fronterizo de Rafah a primera hora del lunes. Pero atravesar el cruce no ha sido fácil debido a los controles de seguridad adicionales que ha establecido Israel –que cerró Rafah en mayo de 2024, cuando tomó el control del lado palestino de la frontera– para permitir su reapertura, prevista en el plan de Donald Trump para el enclave costero.

La apertura estaba prevista el domingo 1 de febrero, pero ayer sólo se llevó a cabo una prueba “piloto” del nuevo mecanismo para el tránsito de los gazatíes por Rafah, tal y como señaló el Cogat (organismo del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos). El viernes pasado, el Cogat había anunciado que el cruce abriría el domingo, después de varias semanas posponiendo este importante aunque simbólico gesto para los gazatíes.

Para este lunes, está previsto que salgan de Gaza unas 50 personas y entren otras 50; se espera que esa cifra aumente en los días siguientes, aunque Israel y Egipto limitarán en todo momento el número de gazatíes autorizados para salir y entrar. Según distintas fuentes, sólo aquellos que abandonaron la Franja para recibir tratamiento médico durante la guerra podrán regresar; asimismo, la mayor parte de los que salgan ahora del territorio palestino lo harán por motivos de salud.

En el lado egipcio de la frontera, un gran número de ambulancias y trabajadores sanitarios esperaban la llegada de los gazatíes, que serán trasladados a hospitales de la zona o de otras partes de Egipto para recibir los tratamientos que en Gaza no están disponibles. Los primeros pacientes llegaron a territorio egipcio en la tarde del lunes, tras horas de periplo.

El canal de televisión egipcio Al Qahera News, cercano a las autoridades, ha confirmado que 50 palestinos que habían recibido tratamiento médico en Egipto han cruzado a primera hora del lunes la frontera para regresar a Gaza. Mientras, el Ministerio de Sanidad palestino ha informado de que cinco pacientes gazatíes han recibido autorización de Israel para salir de la Franja y ser tratados por sus heridas, a través de la Organización Mundial de la Salud.

Para supervisar la reapertura del paso de Rafah, ha sido desplegada una misión de la Unión Europea en el lado palestino del paso fronterizo, que ha estado bajo control israelí desde mayo de 2024, cuando el ejército hebreo se hizo con el control de la terminal y del corredor existente entre la frontera egipcia y la Franja de Gaza.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado la apertura del paso de Rafah, pero como en otras ocasiones ha descargado sobre Hamás el proceso de reconstrucción de Gaza. Kallas ha apuntado en la red social X que “la apertura del cruce de Rafah marca un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE está sobre el terreno para supervisar las operaciones de cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos. Para los enfermos y heridos de Gaza, la reapertura es un salvavidas. Permitirá a las familias reunirse tras tanto tiempo separadas. Gaza sigue necesitando ayuda urgentemente. Su reconstrucción dependerá de la desmilitarización de Hamás”.

Kallas también ha compartido algunas fotografías de los miembros de la misión de la UE en la frontera.

Un portavoz de la Comisión Europea ha añadido que a la apertura del paso se suma “el despliegue de la Misión Civil de Frontera de la UE en Rafah”, que “marca un paso significativo en la implementación del plan integral para poner fin al conflicto”, diseñado por la Administración de Donald Trump sin la participación de la UE.

Ante las continuas violaciones del alto el fuego cometidas por Israel, desde la Comisión Europea se ha subrayado que “la UE ha estado enfatizando lo crucial que es consolidar el actual frágil alto el fuego y evitar más bajas” para avanzar en “la implementación del Plan Integral, de acuerdo con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Este mismo lunes, Israel ha matado a cuatro palestinos en Gaza, por lo que son más de 520 los asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado mes de octubre.

Ante los incumplimientos por parte del Ejército israelí sobre la demarcación en la que se encuentran sus tropas, conocida como línea amarilla, la Comisión Europea ha recordado que “la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU rechaza cualquier intento de cambios demográficos o territoriales en la Franja de Gaza. Y enfatizaremos la importancia de unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. El plan de paz de Donald Trump también ha dejado claro que Israel no ocupará ni anexará la Franja de Gaza”.

El plan de 20 puntos diseñado por el equipo de Trump preveía la apertura del paso de Rafah poco después del cese de las hostilidades, pero Israel ha rechazado reabrirlo hasta que Hamás entregara el cuerpo del último rehén que aún no había sido devuelto. Aparte de reabrir Rafah, en esta segunda fase del plan de Trump, las tropas israelíes deberían retirarse de la mitad de la Franja que aún ocupan y debería desplegarse una fuerza internacional para la estabilización de Gaza, que aún no ha sido formada.

La tanqueta blindada avanza, varios soldados cortan el tráfico para permitir que aparque y un enjambre de periodistas se amontonan junto a los tres vehículos militares para grabar con sus cámaras. Es el único movimiento inusual en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, por donde cada día cruzan unas 30.000 personas.

La afluencia se mantiene normal tras la operación militar ilegal de EEUU y la captura de Nicolás Maduro; incluso ha bajado, según los vendedores ambulantes que llenan de puestos las aceras.

“Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. No será pronto, faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era”, asegura Adriana Salazar, una venezolana que vive en Colombia desde hace varios años y regresa después de pasar las Navidades en su país.

La euforia inicial de la diáspora venezolana –cerca de ocho millones en todo el mundo– ha dado paso a la cautela. En Cúcuta, ciudad limítrofe en el norte de Colombia, centenares de venezolanos salieron la noche del domingo a festejar el derrocamiento de Maduro, pero nadie asistió a una nueva concentración convocada para el día siguiente.

Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. Faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era

Adriana Salazar — venezolana residente en Colombia

“Yo no opino nada. Uno opina algo y se mete en problemas, tengo a mi familia en Venezuela, no me voy a arriesgar por dar opiniones que no debería”, dice Henry Macías, que cruza la frontera cada día para trabajar de albañil. El temor de los venezolanos en su país contrasta con el desahogo de los que viven fuera.

“Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!. Para mí es una gran alegría”, dice Luis Rumano, que vive en Chile desde hace nueve años. Su vuelo se canceló por el cierre del espacio aéreo venezolano tras el ataque de EEUU el sábado de madrugada y ha tenido que salir con toda su familia por tierra.

Tanto las opiniones de Macías y Rumano, como las descripciones de la situación en Venezuela, son opuestas. Para Henry está “todo calmado, sin escándalos”, mientras que para Luis “hay mucha tensión, todo muy silencioso”, porque la población no sale de casa “por miedo a que personas armadas les amedrenten”.

Se refiere a los colectivos, grupos chavistas en motocicleta que suelen salir a las calles en momentos de tensión como forma de intimidación. Desde Caracas, varios residentes han enviado a elDiario.es fotografías de esos hombres motorizados con armas largas realizando rondas de vigilancia en estos días.

Otro migrante venezolano, Ariles Allen, ha viajado más de 12 horas desde Caracas y cuenta que ha pasado por diez controles de carretera de las fuerzas armadas bolivarianas en ese trayecto de 800 kilómetros. “No me han parado en ninguno, todo muy ligero, había pocos vehículos”, afirma. En la capital, dice Allen, han abierto únicamente farmacias, supermercados y gasolineras, y se han formado largas colas de personas para hacer acopio de bienes básicos. “Se llevan sobre todo enlatados y arroz, pero no hay bulla; por primera vez, hay orden”, cuenta.

Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!

Luis Rumano — venezolano residente en Chile

Otra de las mujeres que camina con varias maletas sobre el puente asegura que los uniformados venezolanos le han pedido 50.000 pesos (unos 11 euros) por dejarla pasar en uno de los controles.

Aparte de los que sí pueden cruzar la frontera, hay decenas de periodistas internacionales que han llegado a la parte colombiana pero no puede pasar: las autoridades venezolanas ya han devuelto a varios por no disponer de un visado de prensa, imposible de conseguir en estos momentos. En Venezuela ya se ha informado de la detención de al menos siete periodistas locales en Caracas.

Tal día como hoy, hace justo un año, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que cualquier extranjero que entre al país sin autorización será tratado como invasor. Esa advertencia está ahora más vigente que nunca.

Aumenta la tensión entre Washington y Bogotá

Nada en la frontera y en Venezuela hace pensar que se vaya a producir un éxodo masivo de la población, pero ese fue el motivo que esgrimió el presidente colombiano, Gustavo Petro, para enviar a unos 30.000 militares a lo largo de los 2.200 kilómetros de la porosa frontera con el país vecino, además de prometer asistencia a los refugiados.

Su ministro de Defensa fue más allá y aseguró que se activaron todas las capacidades para “anticipar y neutralizar” cualquier ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera a ambos lados de esos lindes y que en el último año ha recrudecido sus acciones armadas. “[El ELN] es nuestra amenaza permanente, sobre la cual enfocamos nuestro accionar para mitigar, debilitar y poder derrotar militarmente esa amenaza”, explica a elDiario.es el teniente coronel Jonathan Artus en el puente Simón Bolívar.

El ELN controla el tráfico de drogas en esa región, el Catatumbo, con el apoyo explícito o la omisión de la fuerza pública venezolana. Por eso, ante la agresión militar de Estados Unidos y la captura de Maduro y la posible pérdida de poder del chavismo, al Gobierno venezolano le preocupa que la guerrilla binacional pueda replegarse de nuevo hacia el interior de su territorio.

Por otro lado, en caso de un ataque terrestre o aéreo por parte de Estados Unidos, como ha sugerido Donald Trump en varias ocasiones, todo indica que el objetivo sería el Catatumbo, la zona con mayor producción de coca. La posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano ha disparado la tensión entre Washington y Bogotá.

Tras la captura de Maduro, el presidente colombiano dijo que no le preocupaba para nada una operación militar de Estados Unidos en su territorio, a lo que Trump respondió: “Entonces será mejor que vigile su trasero”. Al día siguiente, el mandatario colombiano insistía: “Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”. Trump volvió a advertir que Colombia puede ser el próximo objetivo y Petro elevó el tono de su réplica: “Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, en referencia a su pasado como guerrillero.

Las declaraciones de Trump han calado entre la población colombiana y en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. “Mejor que se vaya Petro, porque solo nos va a dar problemas”, opina Augusto Ortiz, dueño de un taller. El miedo es otra forma de imponer la voluntad de Washington en la región, sin necesidad de lanzar un misil.

Cautela de los venezolanos en Cúcuta

En una barriada a las afueras de Cúcuta, cerca del puente Simón Bolívar, hay infraviviendas de latón y tablones que bautizaron como Venezuela, porque fueron levantadas por decenas de familias de ese país que lo abandonaron en los últimos años. Zuly Guerra salió hace cinco años por la acuciante necesidad económica. Hoy casi 8 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente para sobrevivir, según la ONU.

“Me duele lo que está pasando en mi país, porque no es un justo que un presidente de Estados Unidos dañe la paz de tantos venezolanos, deje a madres sin sus hijos que son militares”, dice la joven, militar retirada, que ni siquiera abre la reja de su casa. “Aquí hay mucho sicariato, mucha matadera. Si andas en motocicleta nueva, te matan para robártela”, asegura.

Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos

Ciliana Suárez — venezolana residente en Colombia

El lodo anega los callejones del asentamiento precario, paradójicamente parte del barrio La Esperanza. Esa palabra repite Ciliana Suárez varias veces. “Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos”, lamenta.

La mujer recuerda cómo en Trujillo, a 700 kilómetros de Cúcuta, lloraba por tener que alimentar a los suyos con papaya guisada para que se llevasen algo de comida caliente a la boca. Ahora llora por no poder volver a su tierra. Está agradecida con Colombia por darle a sus hijos la oportunidad de estudiar, pero se queja de la discriminación que ha sentido y que le ha impedido encontrar trabajo en seis años. “Aquí al menos tenemos luz y agua”, se consuela.

En Cúcuta viven, o sobreviven como pueden, más de 200.000 venezolanos, una cuarta parte del total de sus habitantes. “Aquí las mujeres somos putas, porque dicen que les robamos a los maridos. Y a los hombres los ven a todos como ladrones”, reclama otra vecina sobre el ambiente de hostilidad que ha generado el éxodo de más de tres millones de venezolanos en Colombia.

Sin embargo, pese a las precarias condiciones, la marginalidad y la inseguridad, ni Zuly ni Ciliana piensan, de momento, en regresar. “Hay que ver cómo sigue la situación”, dice la primera. El futuro de Venezuela sigue en el aire y en la frontera los sueños se han roto demasiadas veces como para aventurarse.

Quedan muchos resquicios de la historia española por contar. Por mucho que diga el falso tópico, la Guerra Civil y la posguerra española siguen siendo atípicos en la ficción, sobre todo en el cine. Mientras que otros conflictos como la Segunda Guerra Mundial se abordan desde múltiples ángulos, encontrando nuevos enfoques y vínculos con el presente (el éxito en la taquilla de Nuremberg lo certifica), hacia esos años de la historia española sigue costando mirar. 

La directora Judith Colell, presidenta de la Academia de Cine Catalán y autora de obras como Elisa K ha decidido contar una de esas historias que estaban olvidadas en Frontera, que ya se encuentra en las salas de cine. La de muchos judíos que cuando los nazis ocuparon Francia pensaron que la única forma de sobrevivir era cruzar la frontera con España y refugiarse en los pueblos de montaña catalanes. Era una operación arriesgada. Franco ya extendía su dictadura en España, y acoger a un judío era perseguido y castigado. 

Aun así, unos cuantos valientes desafiaron las normas y ayudaron a aquellos refugiados a encontrar un lugar seguro en el que sobrevivir y escapar de los campos de concentración. Es la historia de ellos la que cuenta Judith Colell, la de esa pareja a la que interpretan Miki Esparbé y María Rodríguez Soto. También la de todos aquellos que miraban a otro lado, porque no querían mojarse en nada, o incluso la de los guardias civiles que por dinero hacen y deshacen, como el personaje de Asier Etxeandía (que encadena su segundo franquista tras el que interpreta en La cena).

Colell veraneaba desde pequeña en Sort, un pueblo de Lleida donde había una prisión museo. Por aquellas paredes pasaron judíos, homosexuales, gitanos, comunistas… cualquiera que cuando llegaba a Sort cruzando la frontera acababa preso. “Les metían en esa prisión, que era muy pequeña. Todavía se puede ir a ver y tienen una energía muy perturbadora. Pero yo vivía en ese pueblo y no sabía estas historias. Este suceso se conoce muy, muy poco. Hay literatura, hay entrevistas, hay estudios hechos por historiadores especialistas, pero a pesar de eso se conoce muy poco”, afirma la directora que también cree que “hay muchos momentos y hay muchas historias de nuestro pasado que todavía no se han tratado desde el audiovisual”.

Esta era una de ellas. Y le tocaba también porque sentía que en este momento era “necesaria” porque mostraba tres actitudes ante lo que ocurre: “Los que quieren denunciar, los que quieren ayudar y los que miran a otro lado”. “La película está dedicada a los que ayudan, pero esos que están en el medio, los que no quieren mirar, son muy interesantes”, dice como guionista. 

Es importante que no solo desde el cine, sino en general, hagamos este ejercicio de memoria. Porque a lo mejor así algunos se enteran de lo que fue vivir 40 años con un dictador fascista

Judith Colell — Cineasta

Como las buenas películas históricas, Frontera nos hace cuestionar nuestro presente. Lo hace ya desde su título, ese Frontera que lleva la mente a todos los refugiados que intentan entrar en nuestro país. Para Colell ese vínculo con el presente “era desde el guion lo más importante”. “Es algo que estaba ahí, no nos lo podíamos inventar, pero sí que lo podíamos potenciar. Para mí era muy importante que la película dialogara con el presente, porque a mí, como espectadora, el cine que me gusta es el que me hace reflexionar, el que me hace pensar sobre lo que está pasando actualmente, también cuando veo películas de época. Pensar que estamos haciendo también un ejercicio de memoria era muy importante”, dice.

Ella misma deja claro a dónde quiere que llevemos nuestro pensamiento cuando veamos su película. “Estamos en un momento en el cual hay un genocidio, pero es que además también hay gente que huye de sus países no solo por el genocidio de Gaza, sino también por guerras, por hambre, o simplemente porque no les es posible vivir una vida digna en sus países. Nadie se va porque quiere. Como dice el poema de una poetisa angoleña que me gusta muchísimo, nadie se lanza al mar a no ser que ese mar sea menos peligroso que la tierra en la que está”, dice con claridad.

Por eso rechaza todos los argumentos racistas que se esgrimen actualmente. No cree que “nadie venga porque quiere que le paguemos la sanidad, vienen porque se muere de hambre, porque les persiguen, porque les bombardean”. “Me preocupa muchísimo que si no reflexionamos sobre esto, y por eso es importante también que nos vayamos al pasado, la gente joven olvida. Solo hace falta ver los gobiernos fascistas y de ultraderecha que hay en Europa y en todo el mundo, pero es que además la gente joven está olvidando y yo creo que es importante que no solo desde el cine, sino en general, desde las series, desde la literatura, desde la cultura, hagamos este ejercicio de memoria. Porque a lo mejor así algunos se enteran de lo que fue vivir en una Europa gobernada por los nazis o en España, que estuvo 40 años con un dictador fascista. La gente joven tiene que saber lo que era eso, tienen que saber lo que era vivir sin libertad”, zanja.

Frontera es, sin duda, su “proyecto más ambicioso”, y con él rompe algunos techos de cristal del cine español, como el que marca que las mujeres no dirigen época ni grandes presupuestos. De hecho, cuando le propusieron el proyecto, la propia Judith Colell dudó sobre si era la persona indicada: “Le pregunté si estaba segura, porque era una película de presupuesto holgado, de época… pero me interesaba mucho y también pensé, 'a las mujeres nunca nos ofrecen películas de estos presupuestos y de esta envergadura'. Y está muy bien que lo hagamos. Y no es que no nos atrevamos a hacerlo, pero tenemos que decir que sí para que se vea que lo podemos hacer y que lo normal sería que nos ofrecieran presupuestos de este nivel y películas de este nivel. No entiendo por qué siempre se tiene que pensar en nosotras como las que hacemos las películas pequeñitas, intimistas y de presupuesto justito”, concluye.

Marruecos ha retomado una vez más su plan sobre la delimitación de sus aguas y las de España. No es un proyecto nuevo, pero sí es la primera vez que lo hace después de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que alude al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental como otra de las vías para solucionar el conflicto. La determinación de los espacios marítimos por parte del régimen marroquí se convierte en un tema controvertido, pues roza varias cuestiones que entrarían en conflicto con España y, concretamente, con el archipiélago canario. “Debería institucionalizarse que Canarias esté presente en cualquier asunto internacional que afecte a nuestros intereses”, alerta Fernando Ríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL). 

La revista Atalayar publicó hace unas semanas la propuesta del Gobierno de Marruecos en la que se cuestiona la línea divisoria entre ambos territorios y recoge la ampliación de la plataforma continental marroquí y una supuesta explotación conjunta con España del Monte Tropic, un área al sur de Canarias sobre la que el Gobierno español ha pedido extender su plataforma continental. “Hasta ahora se está respetando de facto la línea mediana como límite funcional entre las aguas jurisdiccionales de ambos estados”, aclara Rafael García Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide. Por eso la frontera entre ambos países siempre se ha considerado de hecho, no de derecho. Hasta el momento, la frontera marítima viene marcada por una mediana, una línea imaginaria que divide en dos partes el espacio comprendido entre Gran Tarajal y Cabo Juby. Con base en esta mediana, España ha establecido su Zona Económica Exclusiva (ZEE), que puede llegar hasta las 200 millas. Sin embargo, Marruecos ha mostrado desde hace años su desacuerdo con esta delimitación. 

Este criterio para determinar la distancia de las aguas, conocido como equidistancia, suele ser la vía común utilizada por los estados. Viene reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El otro principio para determinar una frontera marítima es el de la equidad, por el que se tienen en cuenta factores como el volumen de población o la longitud del territorio. Este criterio es el defendido por Marruecos, el cual lo llevaría a cambiar la mediana y, por lo tanto, siguiendo este principio, ganaría territorio marítimo. Para defender esta medida, su gobierno alude a las diferencias territoriales entre Marruecos y Canarias, a “la asimetría geomorfológica entre una costa continental extensa -más de 3.000 km en el caso marroquí- y un archipiélago de extensión limitada” y a que Canarias no es un estado. 

Sobre la equidad y la equidistancia, el profesor recalca que son “criterios generales” pero que no hay mandato legal que obligue a los estados a llegar a un acuerdo: “Si España no lo acepta, no se hace; de la misma manera que si Marruecos no acepta la tesis española, no se hace. No tenemos una frontera marítima, entre otras cosas, porque no hay una voluntad de acuerdo entre los dos países, y ante esa falta de entendimiento no existe esa frontera”, matiza García Pérez. El profesor aclara que el principio jurídico para cualquier delimitación de aguas es que aquello que acuerden los estados implicados es lo que se acepta: “No hay normas, no hay reglas, no hay justicias. Es lo que se acepta si se ha producido una negociación diplomática, sin coacción, sin violencia, sin presión”, detalla. 

Un plan marroquí sin definición

En cualquier caso, el plan marroquí de delimitación de sus aguas no ofrece detalles sobre el número de millas que tendría su zona económica, ni sobre cómo se delimitaría la frontera en función de su población, orografía, etc. Para Ríos, el Estado marroquí suele moverse en una postura en la que no dice claramente qué acepta y qué no: “Se ha movido en una indefinición, ni sí ni no, porque está cómodo en esa indefinición”, considera. También opina que a Canarias no le beneficia la situación actual de indefinición: “Si hay una definición y seguridad jurídica en la que se precise cuál es el espacio de uno y cuál es el espacio de otro, en principio yo creo que sí beneficiaria a Canarias”, sostiene. En este sentido, la Plataforma por el Mar Canario lleva 25 años reclamando que Canarias sea reconocida ante la ONU como un archipiélago de pleno derecho. Tal y como defiende su director, Domingo Martín, el reconocimiento de Canarias como Archipiélago en esta institución internacional “blindaría a Canarias en lo que respecta a sus aguas interiores a través del perímetro archipelágico”. 

Martín critica que la situación actual supone que todas las aguas que superen las 12 millas (el espacio más cercano a la costa y que se denomina mar territorial) de cada isla puede pasar a jurisdicción marroquí. De hecho, el Parlamento de Canarias aprobó el año pasado en este sentido una proposición no de ley para pedir a la ONU el reconocimiento jurídico como archipiélago. Esta propuesta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX. El director del colectivo lamenta que a pesar de que los 88 ayuntamientos de Canarias y los siete cabildos insulares también respaldan la propuesta y que el Estatuto de Autonomía canario reconoce a Canarias como un archipiélago, “el estado español sigue reconociendo a Canarias en un régimen de islas”. 

En esta línea, María Esperanza Orihuela Calatayud, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Murcia, explica que el principio archipelágico entiende al archipiélago como un conjunto de tierra y mar y que España con la Ley de Aguas Canarias de 2010 ha intentado provocar un cambio para que el derecho internacional reconozca a cualquier archipiélago, sea estado o no, “esa posibilidad de considerarse como un todo”, detalla. 

La última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 recoge que Canarias constituye un archipiélago, cuyo perímetro viene determinado por lo que se conoce como líneas de base recta, los cuales unen los puntos más extremos de las islas que componen el archipiélago canario. Las aguas que quedan dentro del perímetro se denominan en la reforma del estatuto como aguas canarias. “Canarias tiene trazadas las líneas que unen el archipiélago, lo que no tiene claramente establecido es cuál es el régimen de las aguas que hay dentro de ese perímetro. La ley española de lo que habla es de aguas canarias, pero no especifica qué carácter tiene y qué relación tiene”, señala Calatayud.

Entretanto, España y Marruecos celebraron la semana pasada en Madrid una reunión de alto nivel en la que no se tocó el asunto de la delimitación de las aguas. Tal y como señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de la red social X, “no se han tratado asuntos que afecten a Canarias, ni directa ni indirectamente”, según le trasladó a través de una llamada telefónica el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. 

“Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui”

La ampliación de la plataforma continental por parte de Marruecos hacia el sur es otro de los puntos incluidos en la publicación de Atalayar. El texto señala que “España presentó en 2014 y 2015 solicitudes para extender la plataforma alrededor de Canarias hasta el máximo permitido. Marruecos respondió expresando su desacuerdo, por considerar que los límites propuestos por España se superponen a la plataforma continental frente a sus provincias del Sur”. Sin embargo, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonizar, el último territorio en esta situación en África. El delegado del Frente Polisario para Canarias, Alisalem Sidi Zein, recuerda que Marruecos “no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui” para que pueda delimitar sus fronteras marítimas. “El Frente Polisario, el pueblo saharaui y la República Árabe Saharaui Democrática rechazan y condenan ese intento siempre de querer involucrar a las fronteras saharauis que no le corresponden, en ese intento de delimitar las zonas marítimas y las fronteras marítimas con Canarias”, recalca Sidi Zein. Una supuesta ampliación de la plataforma continental de Marruecos entraría en confrontación con la petición solicitada por España, concretamente en la zona donde se aloja el Monte Tropic, una cadena de montes submarinos, consideradas una prolongación de las abuelas de Canarias“. En esta zona se han descubierto tierras raras, y minerales como el telurio, cobalto o níquel, materiales que pueden ser relevantes para la transición ecológica del futuro.

La explotación de estas tierras raras es un proyecto muy a largo plazo del que tampoco hay muchas certezas. La profundidad del yacimiento hace muy difícil su exploración y explotación y hasta el momento no hay empresas que se hayan interesado en la extracción de los recursos de la zona. García Pérez precisa que no hace falta esperar a una resolución sobre a quién pertenece esta zona para explotarla, ya que se puede hacer a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) de la ONU, que se encarga de la gestión de los fondo oceánicos. “Una compañía privada puede pedir acceder a la explotación de estos recursos y conseguir la licencia por parte de esta institución. Tendría que pagar un canon de explotación que se lleva a cabo a través de la ONU y que se reparte luego entre todos los miembros de la comunidad internacional”, explica. El profesor añade que esto no se ha hecho hasta ahora, quizá porque no hay empresas que vean viabilidad técnica y económica en este proyecto

En cualquier caso, para Sidi Zein el plan marroquí sobre delimitación marítima guarda relación con sus “pretensiones expansionistas”, las cuales buscan llevar a cabo la idea del Gran Magreb, un proyecto que abarcaría una parte de Argelia, de Mauritania, Mali, Ceuta, Melilla y Canarias. “Estas pretensiones las ha utilizado desde su independencia en 1956. Es el sueño expansionista del régimen de Marruecos, el cual no respeta el derecho internacional, no porque lo ignore, sino que lo hace para conseguir sus objetivos expansionistas”, concluye. 

El Gobierno de Lituania ha declarado este martes el estado de emergencia a nivel nacional para hacer frente “de manera más efectiva” a los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia y que perturban el tráfico aéreo en los aeropuertos de la capital, Vilna, y de la segunda ciudad más grande del país, Kaunas.

“Debido a la amenaza continua para los intereses de seguridad nacional del Estado y al peligro para la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente que representan los ataques de globos lanzados desde Bielorrusia hacia territorio lituano y que transportan contrabando, se declara un estado de emergencia a nivel nacional en todo el país”, señaló en un comunicado el Gobierno lituano.

La primera ministra, Inga Ruginienė, calificó estas llegadas de “ataque híbrido de Bielorrusia” y justificó la decisión en la necesidad de “tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque”.

Desde octubre, el aeropuerto de Vilna ha tenido que cerrar durante más de 60 horas en total debido a la amenaza que representan para la aviación civil los globos de contrabando, en su mayoría tabaco, lo que afectó a más de 350 vuelos y aproximadamente 51.000 pasajeros, según los datos de las autoridades lituanas.

Con la declaración de emergencia, agencias gubernamentales como la Policía, el Ejército y los guardias fronterizos podrán tomar decisiones más rápidas para enfrentar la amenaza de los globos y las actividades de los contrabandistas de cigarrillos que operan en Lituania para recibir las cargas transportadas por estos globos.

El Gobierno lituano aseguró que todas las instituciones pertinentes aúnan sus esfuerzos para prevenir la amenaza que suponen los globos de contrabando y los ciudadanos no experimentarán ninguna molestia debido al estado de emergencia declarado.

El pasado 30 de noviembre, el aeropuerto de la capital, Vilna, se vio obligado a cesar su actividad durante casi siete horas por la presencia de globos en el espacio aéreo del país báltico, lo que obligó a cancelar varios vuelos, un hecho recurrente en las últimas semanas.

A finales de octubre, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que la repetida presencia de los globos meteorológicos en el espacio aéreo de su país, empleados usualmente por contrabandistas desde Bielorrusia, constituía una “amenaza híbrida”.

El 29 de octubre, debido a la reiterada interrupción de la actividad en los principales aeropuertos de Lituania, Vilna y Kaunas, el país báltico decidió cerrar su frontera con Bielorrusia. El pasado 19 de noviembre, el Gobierno decidió sin embargo reabrir los pasos fronterizos.

Lukashenko pide diálogo a Lituania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha hecho este martes un llamamiento al diálogo a las autoridades lituanas: “Si intentan iniciar algún tipo de conflicto aquí, será muy difícil que lo logren. Siempre alcanzaremos un acuerdo con el pueblo lituano, igual que con los polacos. Son nuestra gente”, señaló Lukashenko durante una reunión del Consejo de Seguridad.

El presidente bielorruso subrayó que los pilotos con los que ha consultado le confirmaron que incluso en el caso improbable de que los globos alcanzaran grandes alturas no representarían un problema para la aviación civil. “Lo que nos dicen hoy los lituanos es imposible”, insistió, y acusó a Vilna de politizar la situación.

En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Ígor Sekreta, asegura que Minsk ha propuesto a Vilna abrir consultas en varias ocasiones, la última de ellas en la reunión ministerial de la OSCE.

“Cualquier contacto político con la parte bielorrusa es, por algún motivo, interpretado por los lituanos como una derrota. Espero que en breve impere la opinión de los políticos sensatos, que en Lituania los hay, y se tome la decisión de mantener esos contactos”, comentó, según informa la agencia BELTA.

Un grupo de al menos seis personas de origen estadounidense cruzó de forma irregular este lunes a primera hora de la mañana el Río Bravo que separa México de Estados Unidos a la altura de la playa Bagdad, en el municipio de Matamoros del Estado de Tamaulipas, para colocar al menos seis señales de advertencia que señalaban la zona como “Zona Restringida” y citando órdenes del Departamento de Defensa de EEUU.

Los carteles fueron instalados sobre las 10.00 (17.00h en la España peninsular) en territorio mexicano, en la zona de desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México, y algunos de ellos quedaron incluso colocados incluso dentro del mar, según la denuncia realizada en redes sociales por la ONG ambientalista mexicana Conibio Global A.C. este lunes.

La ONG quiso hacer público lo sucedido y notificó a las autoridades mexicanas, ya que, según informaron en la red social Facebook “esta zona forma parte de un espacio ecológicamente sensible” en el que ha sido documentada la presencia de diferentes especies, algunas de ellas protegidas, como aves migratorias, cocodrilos, tortugas marinas o manatíes.

Minutos después, soldados de la Marina de México se personaron en el lugar y retiraron los carteles de advertencia, como se puede apreciar en las imágenes hechas públicas por la ONG Conibio Global A.C. El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial en la tarde del lunes en el que confirmó la retirada “de manera preventiva” de los seis letreros y señaló “dudas” sobre su instalación previa por parte del grupo no identificado de estadounidenses así como “su procedencia y su ubicación en el territorio nacional”.

En primer lugar, según informó el gobierno mexicano, se realizaron una serie de consultas preliminares por parte del Consulado de México en Brownsville y “no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense”.

También se informaba en ese comunicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha establecido contactos con la Embajada de EEUU en el país acerca del incidente y de que se ha dado inicio a las consultas técnicas necesarias para esclarecerlo por parte de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho referencia al asunto este martes durante una de sus habituales ruedas de prensa “mañaneras” y ha reiterado que estos letreros se retiraron después de consultar con las distintas autoridades estadounidenses y tras comprobar que no existía una orden oficial para su colocación por parte de las autoridades del país vecino. Sin embargo, Sheinbaum también agregó que EEUU confirmaría después que sí había contratado a una empresa privada para la colocación de dichos carteles y enfatizó la necesidad, como ya establecía el comunicado oficial, de revisar la delimitación que establecen los tratados vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países.

La ONG Conibio Global A.C., que tomó imágenes de las seis personas que cruzaron la frontera desde Estados Unidos a bordo de una lancha, señala que este área es “fundamental” para el seguimiento de la fauna silvestre en el corredor costero del Golfo de México, por lo que la instalación de estas señales en territorio mexicano “genera preocupación debido a las implicaciones ambientales y jurisdiccionales que representa”.

Los letreros colocados indican que dicha zona ha sido declarada como restringida “por autoridad del comandante, con base en una directiva del Secretario de Defensa estadounidense y en disposiciones de la Ley de Seguridad Interna de 1950, prohibiendo la entrada no autorizada”, según las imágenes publicadas por la organización en su cuenta oficial de Facebook.

Denuncias previas por contaminación ambiental

Precisamente este viernes se conocía que la ONG Conibio Global A.C. había presentado una denuncia ante la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente por una “incursión no autorizada” de la plataforma estadounidense 'L/B JILL' en aguas mexicanas donde habría realizado “maniobras de extracción de desechos espaciales” sin la autorización federal mexicana en junio de 2025.

En el escrito entregado por esta asociación a la titular de la Procuradoría, Mariana Boy Tamborrel, se aportan además pruebas de la llegada de restos de material plástico y metálico desde el año 2024 compatibles con el sistema contra incendios internos o de propulsión de los cohetes Starship, de la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk.

En una expedición científica realizada el pasado 5 de noviembre con un equipo de monitoreo de honda proporcionado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para analizar el fondo marino mediante imágenes tridimensionales, la asociación Conibio Global recabó pruebas de socavones de hasta 15 metros de diámetro y hasta 2 metros de profundidad en el lecho marino donde la plataforma se había situado y que habrían generado “un daño estructurale evidente en el sustrato y en sus hábitats bentónicos” en una zona de especial protección ambiental.

Hassan (nombre ficticio para proteger su situación administrativa) lleva más de 14 meses encerrado en Busmantsi, un centro de detención para personas migrantes a las afueras de Sofía, la capital búlgara. Este joven de origen sirio, de 22 años, se encontraba en su casa en Sofía cuando, en agosto de 2024, la policía se presentó allí y se lo llevó. Desde entonces, lo mantienen encerrado, ignorando su estatus de refugiado —reconocido en junio de 2023, cuando llegó al país—, con el argumento de que supone “un peligro para la seguridad nacional”.

Bulgaria es puerta de entrada terrestre a la Europa continental y la primera etapa de lo que se conoce como la Ruta de los Balcanes. Según estipulan la Convención de Ginebra y los Acuerdos de Dublín, toda persona que llegue a este país tiene el derecho a pedir asilo, y esta solicitud debe tramitarse. Una condición que vino acompañada de 69,6 millones de euros fondos de la UE para su ejecución, que se unieron a los 141 millones que la Comisión Europea le concedió en 2023 para sistemas de vigilancia electrónica en su frontera.

La lluvia de dinero comunitario ha dado a la UE los frutos que esperaba: en 2023 se evitaron más de 169.600 intentos de entrada irregular desde Turquía (lo que representó más del 99% del total nacional de entradas irregulares), y en 2024 fueron 52.534 las “entradas prevenidas”, según un informe de la Asylum Information Database (AIDA), dependiente de la UE. Desde 2025, Bulgaria también forma parte plenamente del espacio Schengen, lo que ha supuesto la eliminación de pasos fronterizos con Grecia y Rumanía, los dos países de la UE con los que linda, y el refuerzo del resto de fronteras.

La “prevención”, uno de los eufemismos favoritos de la Unión para justificar la violencia fronteriza, tiene efectos letales. Solo en el segundo semestre de 2024, un teléfono de ayuda habilitada por varias organizaciones humanitarias presentes en el país recibió más de 96 llamadas de emergencia como resultado de las prácticas de la policía de frontera. Resultaron afectadas 589 personas, de las cuales nueve acabaron muriendo (incluidos cinco menores).

Según el Comité Helsinki de Bulgaria, una ONG de defensa de los derechos humanos, tan solo en 2023 se registraron un total de 9.897 devoluciones en caliente —también conocidas como push-backs— que afectaron a 174.588 personas, como consecuencia directa de estos acuerdos. Otras ONG y activistas denuncian todo tipo de abusos sistemáticos: robo de pertenencias, uso de perros, amenazas con armas de fuego o desnudez forzada, entre otras prácticas.

El método búlgaro: ni entrar ni salir

Además de las devoluciones en caliente, Bulgaria aplica lo que serían retenciones en caliente o pull-backs. Consisten en impedir que las personas abandonen el país de tránsito; cuando una persona consigue llegar a la frontera rumana, serbia o macedonia, es devuelta al territorio búlgaro con el fin de alejarla lo máximo posible de los territorios húngaro y croata. Un ejercicio que viola la libertad de circulación consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Esta práctica comenzó a registrarse tras la firma de un memorando entre Austria, Serbia y Hungría mediante el cual se acordaba “alejar” a las personas de la frontera serbo-húngara, y se ha hecho mucho más común desde la entrada de Bulgaria y Rumanía en Schengen. El más férreo control de sus fronteras, el incremento de la violencia y el uso de nuevas prácticas han venido acompañados de detenciones arbitrarias a personas ya dentro de Bulgaria.

Así le pasó a Hassan, quien llevaba ya más de un año residiendo en Sofía. La legislación búlgara (LARB) y la Ley de Asilo y Refugiados (LAR) diferencian entre la detención de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo, y prescriben plazos para garantizar su alojamiento por separado. La LAR estipula que, cuando se presenta una solicitud de asilo, el extranjero detenido debe ser trasladado a un centro de acogida abierto en un plazo de seis días, pero esto no se cumple en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en el país se están dando tres situaciones: detenciones arbitrarias de personas ya residentes en el país, como fue el caso de Hassan; solicitantes de asilo que consiguen cruzar la frontera y a los que se les suele dictar una orden de expulsión y se les pone en detención mientras esperan la deportación —este es el caso de Abdulrahman, un activista saudí que lleva detenido en Busmantsi más de cuatro años—; y la deportación a Bulgaria desde otros países de la UE por el procedimiento conocido como “de Dublín” (por la ciudad donde se rubricaron los Acuerdos): cuando la solicitud de asilo de una persona es negada, esta es devuelta al país por donde entró. Fue el caso de Ahmed, un afgano deportado desde Alemania en junio quien sigue detenido en Busmantsi.

En Bulgaria hay un total de seis centros para migrantes, de los cuales cuatro son de recepción o tránsito y dos son detención: Busmantsi y Lyubimets.

Busmantsi, según cuentan los que allí se encuentran y confirman informes de instituciones oficiales y ONG, es la representación de un infierno que sería imposible creer que está en suelo europeo si no fuese porque es así. Human Rights Watch denunciaba ya en 2014 que las 486 personas allí detenidas entonces estaban hacinadas en dormitorios de hasta 30 personas. Se destacaba la falta de calefacción —en Bulgaria en invierno se pueden alcanzar hasta 15 grados bajo cero—, camas en mal estado, ventanas rotas, escaso espacio para sentarse, poca comida y violencia policial: palizas, puntapiés y aislamiento en celdas de castigo. 

Retorno voluntario o detención

Existen algunos canales de comunicación entre los activistas y los internos. Las visitas solo están disponibles dos veces por semana y bajo un estricto control policial. Sin embargo, algunas personas allí retenidas pueden acceder, a veces, a teléfonos —sin cámara—. Abdulrahman tiene acceso a uno de estos y es quien se encarga de dar a conocer la mayoría de los casos que llegan: “Tenemos a una joven detenida en Busmantsi (recientemente trasladada a Lyubimets), su estado psicológico es muy malo, fue devuelta desde Alemania en virtud del Reglamento de Dublín, su madre, su hermana y su hermano pequeño siguen en Alemania”, se lee en el último mensaje que manda.

A través del teléfono de Abulrahman es posible acceder a Hassan. “Todos los días me llevan a una sala para interrogarme —a excepción de los fines de semana— y allí me intentan hacer firmar el retorno voluntario”, cuenta el joven sirio.

Victor Lilov, representante legal en casos de este tipo en Bulgaria, confirma que últimamente “existe una presión sistemática por parte de las agencias para el ‘retorno voluntario’”. También lo denuncia No Name Kitchen, organización de origen serbio de asistencia a personas en frontera y presente en Bulgaria. Una encuesta que realizó entre 21 personas reveló que 15 de ellas (el 71%) habían sufrido este tipo de presiones durante sus procedimientos de asilo, lo que “revela un patrón sistemático de coacción utilizado por las autoridades búlgaras para obligar a los solicitantes de asilo a firmar acuerdos de ‘retorno voluntario’”.

Hassan cuenta que a él empezaron a coaccionarlo hace unos tres meses y desde entonces esta presión no ha cesado. La condición que ofrecen los funcionarios búlgaros es simple: o firmas el retorno voluntario o te quedas encerrado 18 meses. “Es una práctica sistemática, y la gente suele rendirse y acaba firmando”, asegura el sirio, “pero yo me niego a firmar y por eso ahora están poniendo una presión extra sobre mí”.

La caída de Asad abre la espita

La primera vez que se registró esta coerción de manera masiva fue el pasado diciembre, coincidiendo con la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y con la entrada de Bulgaria en Schengen. Desde entonces, se ha convertido en un ejercicio sistemático en todos y cada uno de los centros de Bulgaria. “Para los sirios, los abusos han sido especialmente flagrantes. Desde la caída de Asad, muchos han sido coaccionados para firmar los llamados documentos de ‘retorno voluntario’ bajo amenazas e intimidaciones, lo que constituye un claro abuso de poder disfrazado de elección”, declara Ric Fernández, coordinador de No Name Kitchen.

“Pagué un abogado que me dijo que no podía hacer nada y que, seguramente, sería enviado a Turquía”, continúa Hassan, que explica que su hermano, que vive en Sofía, contactó con un centro de asistencia jurídica y le consiguió otra abogada. Tras revisar su caso, la experta le aseguró que no tenían nada contra él. “Me dijo que estaban intentando asustarme para que firmase”, indica.

Hassan lleva ya 14 meses encerrado con el argumento de que es “una amenaza para la seguridad nacional”, a pesar de tener concedido el estatus de refugiado. “Cuando pregunté por qué, me dijeron que era información confidencial”. Debería ser puesto en libertad en menos de cuatro meses, pero admite no tener esperanzas. “Siempre dicen que te liberan a los 18 meses, pero no hay una base legal para ello, por lo que no lo creo”, señala.

Hassan se refiere a otros compañeros que, como él, llevan encerrados meses al negarse a firmar el papel. Abdulrahman lleva más de cuatro años. Nidal, palestino, ingresó en abril de 2024. En ambos casos, la justicia búlgara les ha dado la razón y ha exigido su liberación hace meses. Pero siguen encerrados. “Nos lo dicen claro: vas a estar encerrado hasta que firmes. No tienes opción, al final vas a ser deportado”, cuenta sin esperanza Hassan.

En los últimos años, el océano Atlántico ha sido escenario de un aumento significativo de la migración precaria, con cada vez más embarcaciones que zarpan de las costas de Senegal, Mauritania o Marruecos para intentar llegar a las Islas Canarias. Este incremento en el número de personas que intentan esta travesía ha ido acompañado de un crecimiento sin precedentes en las cifras de muertes y desapariciones en el mar. Sin embargo, el número real de víctimas sigue siendo incierto. Como ni los Estados en el lado africano ni en el europeo llevan un registro sistemático de las personas migrantes fallecidas o desaparecidas en el mar, organismos internacionales y de la sociedad civil se han propuesto cubrir este vacío de información mediante sus propios recuentos.

Es el caso de la APDHA, que desde el año 2003, en el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, viene recogiendo estas cifras. No obstante, los datos suelen diferir considerablemente, lo que da lugar a realidades contradictorias sobre la pérdida de vidas en el mar y plantea preguntas clave, no sólo sobre cómo se recopilan estos datos, sino también sobre lo que estas discrepancias pueden significar para las respuestas humanitarias y la formulación de políticas migratorias.

Documentar muertes y desapariciones en el mar es una tarea sumamente compleja, dado que muchas embarcaciones desaparecen sin dejar rastro en lo que se ha denominado 'naufragios invisibles'. Reconstruir estas travesías implica reunir fragmentos de información procedentes de familiares y amigos de los desaparecidos, medios de comunicación, redes de activistas, testigos locales o autoridades estatales. Quienes se encargan de llevar un recuento de muertes y desapariciones deben verificar relatos diversos, a veces contradictorios, sobre embarcaciones que partieron de lugares concretos con un número determinado de personas a bordo y que nunca llegaron a su destino.

Dada la dificultad de esta labor, no es de extrañar que los intentos existentes de llevar un recuento de muertes y desapariciones en el mar lleguen a conclusiones diferentes. Lo que sí resulta llamativo es la magnitud de las discrepancias en los datos. En nuestro proyecto de investigación en la Universidad de Osnabrück hemos analizado a distintos actores que llevan un registro sobre muertes y desapariciones de personas migrantes en la ruta a Canarias. Sus cifras revelan una creciente disparidad en las estimaciones del número de fallecidos y desaparecidos en esta ruta.

Desde que Caminando Fronteras publicó su último informe en diciembre de 2024, sus impactantes conclusiones han circulado ampliamente en medios españoles e internacionales suscitando reacciones diversas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que empezó su recuento de “migrantes desaparecidos” en 2014, ha documentado un aumento alarmante de las muertes en la ruta migratoria a Canarias. Según sus datos, el número de fallecidos y desaparecidos pasó de 202 en 2019 a 877 en 2020. En 2021, la OIM documentó 1.126 muertes y en 2024, 1.142, la cifra más alta registrada hasta la fecha por este organismo. Sin embargo, otros recuentos disponibles dibujan un panorama mucho más letal.

Los datos de APDHA en sus Informes de Derechos Humanos en la Frontera Sur recogían 1.239 personas muertas o desaparecidas en el año 2020 y 1.332 en 2021. Cifras que se elevaron hasta las 1.907 personas en 2023 y las 1.866 en 2024.

Caminando Fronteras habla de 1.832 muertes en la ruta a Canarias en 2020, cifra que aumentó a 3.939 el año siguiente y llegó al escalofriante total de 9.757 en 2024. En comparación, la cifra de la OIM de 1.142 muertes en 2024 marca una diferencia abismal de 8.615 vidas perdidas. Hasta cierto punto, esta contradicción refleja las diferentes metodologías empleadas por estas organizaciones. Mientras que la OIM se basa principalmente en noticias de los medios de comunicación para documentar muertes y desapariciones en esta ruta, Caminando Fronteras recopila información de testimonios de supervivientes o de familiares y comunidades en los países de origen y tránsito.

Desde que Caminando Fronteras publicó su último informe en diciembre de 2024, sus impactantes conclusiones han circulado ampliamente en medios españoles e internacionales suscitando reacciones diversas. Un día después de su publicación, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, envió una carta a la Comisión Europea para llamar la atención sobre la “emergencia humanitaria” sin precedentes a la que se enfrenta el archipiélago. En la carta, citaba los datos de Caminando Fronteras e instaba a la UE a colocar a la ruta atlántica entre sus prioridades en política migratoria en 2025. En una reciente reunión con el Comisario de Interior de la UE en Estrasburgo, Clavijo volvió a hacer referencia a los datos de Caminando Fronteras y pidió un mayor despliegue de Frontex en las costas de Senegal, Gambia y Mauritania para “salvar vidas”.

Las cifras de Caminando Fronteras también han creado una mayor sensación de urgencia entre las ONG dedicadas a tareas de búsqueda y rescate. Aunque durante la última década los esfuerzos de la llamada 'flota civil' se han centrado en el Mar Egeo y en el Mediterráneo central, el presunto aumento drástico de víctimas mortales en el Atlántico ha llevado a algunas de ellas a explorar posibilidades de intervención en esta región.

Dada la amplitud de la ruta atlántica, en la que se puede tardar hasta diez días en llegar a Canarias, ¿dónde deben concentrarse los medios de rescate o vigilancia y qué zonas marítimas deben priorizarse?

Una de ellas es Humanitarian Pilots Initiative, una ONG suiza que ya ha realizado vuelos de vigilancia en el Mediterráneo central. En colaboración con Sea-Watch, este proyecto ha avistado más de 1.000 embarcaciones en peligro entre las costas de Libia e Italia desde 2017. Ahora, ante la creciente mortalidad en el Atlántico, la organización ha decidido lanzar una misión exploratoria con una aeronave ligera bimotor para detectar embarcaciones en riesgo de naufragar o desaparecer en la inmensidad del océano.

Al ampliar sus operaciones a la costa de África Occidental, al sur de la zona operativa de Salvamento Marítimo, los pilotos humanitarios abren un nuevo capítulo en los esfuerzos de la sociedad civil para evitar muertes en las fronteras marítimas de Europa. Sin embargo, las profundas discrepancias en los recuentos de muertes y desapariciones existentes plantean interrogantes clave para la planificación operativa: dada la amplitud de la ruta atlántica, en la que se puede tardar hasta diez días en llegar a Canarias, ¿dónde deben concentrarse los medios de rescate o vigilancia y qué zonas marítimas deben priorizarse?

Las prácticas actuales de recopilación de datos no ofrecen muchas respuestas. Aunque el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM registra cada presunto naufragio en su base de datos pública, las ubicaciones de los naufragios mostradas en sus mapas son, como reconoce el propio proyecto, meras aproximaciones. Y aunque Caminando Fronteras señala áreas generales donde sugiere que se han producido la mayoría de los naufragios, la ONG no ofrece información más detallada sobre sus prácticas y metodologías de datos, lo que dificulta los intentos de comprender o corroborar sus datos.

Aunque estas organizaciones buscan visibilizar lo que suele quedar fuera del radar público –los 'naufragios invisibles' y las muertes no registradas–, sus propios datos generan una incertidumbre considerable. En nuestra investigación, hemos hablado con actores clave en Senegal, España y Alemania que intentan entender las diferencias en los datos y lo que pueden significar para su trabajo. Mientras que algunos sacuden la cabeza con incredulidad ante la posibilidad de que la cifra anual de muertes se acerque a los 10.000, otros consideran esta cifra plausible.

Resulta paradójico que no sea la ausencia de datos, sino la existencia de recuentos contradictorios, lo que haya motivado a los pilotos humanitarios a plantear su intervención también como una misión de "investigación"

Cuando preguntamos a Ruben Neugebauer, miembro de Humanitarian Pilots Initiative, qué opinaba de los recuentos de muertes y desapariciones existentes, subrayó que las discrepancias en los datos suponen, efectivamente, un desafío operativo: “Sin duda, nos preguntamos por qué las cifras sobre el número de fallecidos y desaparecidos difieren tanto. La metodología de la OIM es clara, sólo cuentan los casos claramente documentados, por lo que podemos suponer que el número real de víctimas mortales es mayor. Al mismo tiempo, los datos de Caminando Fronteras son inquietantemente altos. Por eso, consideramos nuestro primer despliegue también como una operación de evaluación para obtener más información y datos”.

Resulta paradójico que no sea la ausencia de datos, sino la existencia de recuentos contradictorios, lo que haya motivado a los pilotos humanitarios a plantear su intervención también como una misión de “investigación”.

Entonces, ¿cómo deberíamos abordar estas discrepancias? Si bien no tenemos respuestas definitivas, el primer paso es reconocer el carácter controvertido de los datos. Aunque suelen presentarse como objetivos o neutros, los datos y las estadísticas no son inocentes. De hecho, como muestran los distintos recuentos de muertes en el Atlántico, los datos no describen una única realidad coherente, sino que producen múltiples realidades, a menudo contradictorias.

Según qué cifras se consideren válidas, diferentes fronteras se convierten en las más mortíferas del mundo. Para la OIM, sus estadísticas confirman que el Mediterráneo central es la frontera más mortífera del mundo, mientras que los datos de Caminando Fronteras elevan la ruta atlántica a esta posición. 

Además, los datos tienen consecuencias, ya que pueden determinar qué espacios fronterizos se convierten en lugares de intervención urgente. En el caso de Caminando Fronteras, sus cifras han desempeñado un papel crucial a la hora de crear una sensación de urgencia entre actores estatales y humanitarios para intervenir en la región atlántica.

La disparidad en los recuentos de muertes y desapariciones en la ruta atlántica nos deja con muchas preguntas abiertas: ¿cómo interpretamos las distintas realidades que construyen estos datos? ¿Cómo debemos lidiar con estas cifras contradictorias a la hora de diseñar intervenciones para prevenir y responder a la pérdida de vidas en trayectos migratorios? Y, si los datos nunca son neutros, ¿qué responsabilidad conlleva la elaboración de estadísticas sobre estas tragedias y todo lo que pueden desencadenar?

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Bios

Maurice Stierl es investigador sénior en el Instituto de Investigación sobre Migración y Estudios Interculturales de la Universidad de Osnabrück. Su libro Migrant Resistance in Contemporary Europe fue publicado por Routledge en 2019.

Marta Sánchez Dionis es investigadora especializada en migraciones y derechos humanos y actualmente trabaja como responsable de Incidencia Política en SOS MEDITERRANEE. Las opiniones expresadas en este artículo son propias y no reflejan necesariamente las de SOS MEDITERRANEE.

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Financiación

Maurice Stierl ha recibido financiación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana de Investigación) - SFB 1604 - 501120656.

En un mundo lleno de fronteras políticas que separan continentes, países y culturas, hay una línea limítrofe que destaca por su tamaño ínfimo, casi invisible, pero con una gran historia detrás. Esta es la frontera más pequeña del planeta, un territorio que pertenece a España, pero se encuentra enclavado en el continente africano. Hablamos del Peñón Vélez de la Gomera, un pequeño islote que, con apenas 85 metros de frontera, marca el límite entre España y Marruecos.

El Peñón Vélez de la Gomera: un enclave estratégico

Este diminuto territorio, de solo 19.000 metros cuadrados y una altura máxima de 87 metros, se encuentra en la costa norte de Marruecos, al sudeste de Ceuta. A pesar de estar tan cerca de África, el Peñón es español, y está bajo la protección del Ejército de Tierra, que asegura la soberanía de este punto aislado. Aunque la frontera entre España y Marruecos es conocida por su complejidad, el Peñón Vélez de la Gomera tiene una particularidad: la distancia que lo separa de Marruecos es de tan solo 85 metros.

Una historia marcada por los piratas y las disputas

En sus primeros tiempos, este peñón fue utilizado como refugio por piratas que atacaban los barcos españoles en el Mediterráneo occidental. No fue hasta el siglo XVI que España tomó control del Peñón Vélez de la Gomera. En 1508, el ingeniero militar y marino Pedro Navarro conquistó esta isla en nombre del Imperio Español, pero la soberanía sobre el peñón no estuvo exenta de disputas durante más de medio siglo. Finalmente, en 1564, España consolidó su dominio sobre este territorio, y desde entonces ha permanecido bajo su control.

Un terremoto que cambió su geografía

Uno de los eventos más curiosos en la historia de este peñón ocurrió en 1930, cuando un fuerte terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter provocó un deslizamiento de tierra que resultó en la creación de un istmo de 85 metros de longitud, uniendo el Peñón Vélez de la Gomera con el continente africano. Este fenómeno geológico, único en su tipo, permitió la formación de la frontera más pequeña del mundo, convirtiendo a este enclave en un punto clave tanto geográficamente como históricamente.

No es la primera vez que la disputada frontera entre Camboya y Tailandia estalla en forma de conflicto. Los dos países llevan más de un siglo de desacuerdos en torno a mapas que datan de la era colonial. Pero, antes de que ambas partes llegaran a un acuerdo de alto el fuego este lunes, los enfrentamientos que se desataron el jueves pasado se vieron agravados por otro factor: una pelea irreconciliable entre dos poderosos patriarcas políticos.

Los antiguos líderes de Camboya y de Tailandia, Hun Sen (72 años) y Thaksin Shinawatra (76), fueron en su día tan íntimos que se llamaban ‘hermano’ uno al otro. Durante años, Hun Sen apoyó a la familia de Thaksin en su larga pelea contra el Ejército tailandés por hacerse con el poder. Cuando Thaksin fue derrocado, él y su hermana Yingluck se alojaron en casa de Hun Sen, que nombró a Thaksin asesor económico del Gobierno de Camboya. Thaksin ha sido un visitante asiduo de Camboya. Cuando regresó a Tailandia tras más de 15 años de exilio voluntario, Hun Sen fue el primer invitado extranjero en ir a verlo.

Pero en los últimos meses las relaciones entre los dos exlíderes se han deteriorado de una manera drástica. Aunque las razones exactas de la enemistad siguen sin conocerse, los analistas sostienen que la capa extra de inestabilidad que ha generado ha exarcebado los letales enfrentamientos en la frontera entre los dos países de los últimos días.

Controversia por una llamada

Ni Hun Sen ni Thaksin ocupan ya cargos públicos en sus respectivos países, pero los dos siguen siendo poderosos. Hun Sen gobernó Camboya hasta 2023, un mandato de casi 40 años que terminó con el nombramiento como primer ministro de su hijo mayor Hun Manet en unas elecciones ficticias prácticamente sin oposición. Paetongtarn Shinawatra, la hija de Thaksin, fue elegida primera ministra de Tailandia en 2024.

El alcance del desencuentro quedó claro en junio de este año, cuando Hun Sen filtró la grabación de una conversación telefónica que había mantenido con Paetongtarn en torno a la disputa fronteriza. En la llamada, Paetongtarn llamó ‘tío’ a Hun Sen y le dijo que si había algo que él necesitara, ella “se encargaría”. También hizo comentarios despectivos sobre un alto mando del Ejército tailandés.

La filtración desató un revuelo enorme en Tailandia. Los críticos acusaron a Paetongtarn de doblegarse ante Camboya anteponiendo los vínculos familiares a los intereses nacionales de Tailandia. En julio, el Tribunal Constitucional la suspendió de sus funciones a la espera de una investigación por transgresión ética.

Posibles causas del conflicto

No se sabe qué fue lo que llevó a Hun Sen a ponerse en contra de sus antiguos amigos. Ha acusado a Thaksin de traición y ha amenazado con revelar más información sensible sobre los Shinawatra. “Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera actuar así”, ha dicho Thaksin después, declarando como terminada su amistad.

Según algunos analistas, Hun Sen podría estar tratando de avivar el nacionalismo en Camboya para aumentar así el apoyo a Hun Manet, su hijo. Otros sostienen que Hun Sen se ha enfadado por el intento de Tailandia de terminar con los llamados “centros de la estafa”, una lucrativa actividad que en los últimos años ha proliferado en la región, y especialmente en Camboya, donde trabajadores víctimas de trata son forzados a estafar a personas de todo el mundo a través de Internet.

Según Tita Sanglee, investigadora en el centro de estudios ISEAS-Yusof Ishak Institute, lo que se dice a nivel popular en Tailandia “es que los dos hombres tenían algún tipo de acuerdo entre bastidores, que no salió como estaba previsto y que las consecuencias se han extendido al ámbito del interés nacional”.

Sean cuales sean sus razones, lo cierto es que Hun Sen ha logrado crear un vacío de poder en Tailandia y dañar la posición de Thaksin aprovechando las diferencias que había entre su familia y el ejército.

En opinión de Tita Sanglee, Hun Sen “ejerce un control casi absoluto en Camboya” tras haber acabado con prácticamente todas las voces de la oposición y los medios independientes. “Si decide adoptar una postura firme, ya sea militar o política, las consecuencias son inmediatas y directas”, dijo.

En la noche del jueves Thaksin expresó su agradecimiento a los países que se habían ofrecido a mediar en la disputa fronteriza y añadió que prefería esperar. “Tenemos que dejar que el ejército tailandés haga su trabajo y, lo primero, dar una lección a ese astuto Hun Sen”, dijo.

La semana pasada, el Gobierno de Tailandia rebajó al mínimo sus relaciones diplomáticas con Camboya, retiró a su embajador, y anunció que expulsaría de Bangkok al representante camboyano.

Thaksin ha negado que en el origen de los enfrentamientos esté la disputa entre las dos familias. Pero lo más probable es que sigan haciéndole preguntas incómodas sobre su amigo convertido en enemigo. Una mujer lo confrontó sobre este tema durante su visita a las comunidades que se habían refugiado del conflicto en Ubon Ratchathani (noreste de Tailandia). “Usted es amigo de Hun Sen, ¿no? ¿Es él su amigo?”, le preguntó. “¿Por qué permite que Camboya dispare contra los tailandeses?”.

Resolver los desacuerdos territoriales es difícil en cualquier contexto. “Ningún país quiere sacrificar ni un centímetro de soberanía”, afirma Pavin Chachavalpongpun, profesor en el Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Kioto. En su opinión, el conflicto personal entre Hun Sen y Thaksin ha hecho que la disputa entre los dos países sea todavía más impredecible.

Este lunes, los gobiernos acordaron en Malasia declarar un cese al fuego “inmediato y sin condiciones” desde esta medianoche tras cinco días de enfrentamientos en la frontera que han dejado 35 muertos.

Traducción por Francisco de Zárate.

Tailandia y Camboya han intercambiado ataques este jueves ataques tras semanas de roces fronterizos entre los dos países del sureste asiático, que arrastran disputas territoriales desde hace décadas.

“¡Los F-16 han lanzado ataques! Los puestos militares camboyanos de las Divisiones 8 y 9 (Comandos de Fuerzas Especiales) han sido destruidos”, dijo en una publicación de Facebook la división Segunda Región del Ejército tailandés, desplegada en el noreste.

El ejército de Tailandia asegura también que Camboya ha matado a nueve civiles tailandeses, entre ellos un niño de ocho años, en tres provincias distintas, según Reuters. En los ataques ha habido también 14 heridos.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por lo que califica de “ataques no provocados, premeditados y deliberados”.

El Ministerio de Defensa de Camboya condenó la “brutal agresión militar” por parte de Tailandia y añadió que Nom Pen no tiene “más remedio que utilizar su derecho soberano y territorial para defenderse contra la invasión del Ejército tailandés”.

Mientras, la Embajada de Tailandia en Camboya pidió a sus nacionales que abandonen el país, tras el enfrentamiento entre los Ejércitos de ambas naciones iniciado hoy y ante la posibilidad de que los ataques “se prolonguen y se expandan”.

El Ejército tailandés dijo que las fuerzas de Nom Pen abrieron fuego en un área fronteriza de la provincia de Surin y que seis soldados camboyanos se encontraban frente a una base de operaciones tailandesa “completamente armados, incluyendo lanzacohetes”.

En pleno reavivamiento de la histórica disputa territorial que mantienen Bangkok y Nom Pen, el primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, confirmó ante los medios que se habían producido disparos en una zona reclamada por ambas partes y que los detalles alrededor de lo ocurrido están siendo investigados.

Los últimos altercados fronterizos entre Camboya y Tailandia sucedieron en 2011, pero las disputas territoriales se remontan a diferencias sobre los mapas de la era colonial. La actual tensión se vio agravada por la muerte de un soldado camboyano por una mina, que según Tailandia fue colocada recientemente infringiendo el tratado internacional que las prohíbe. Camboya lo niega.

En Tailandia, la tensión creciente ha tenido consecuencias políticas. La primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, acabó dimitiendo tras hacerse pública una conversación telefónica sobre los problemas en la frontera con el antiguo líder camboyano, Hun Sen, en la que ciertos sectores del país interpretaron como una actitud complaciente.

Paetongtarn es hija de Thaksin Shinawatra, también ex primer ministro, millonario y cabeza de una influyente familia de la élite del país, con enfrentamientos históricos con la rama militar y actualmente en prisión, acusado de un supuesto delito de lesa majestad contra la familia real por unos comentarios críticos de hace una década.

La grabación que precipitó la caída de Paetongtarn la publicó íntegramente el propio Hun Sen, que es padre del actual mandatario camboyano, Hun Manet.

La segunda y última –por el momento– representación de la ópera Benjamin a Portbou ayer en el Gran Teatre del Liceu, compuesta por Antoni Ros-Marbà con libreto de Antonhy Madigan, se saltó con tibios aplausos al final del primer acto, pero sonada y sentida aclamación al término de la obra, tras su magnífico cierre a nivel tanto escénico como musical. Tas 15 años de espera, Ros-Marbà pudo, entre el sábado y ayer, finalmente ver estrenada la única ópera que ha compuesto hasta la fecha. Y lo hizo con el privilegio de poder dirigirla en uno de los teatros más importantes en su trayectoria musical.

La representación desveló, además de la buena forma del maestro a la batuta a sus 88 años, la calidad de la composición musical de Benjamin a Portbou, con un estilo claramente expresionista y con asentamiento en la dodecafonía, pero con aromas mahlerianos y stravinskianos, en el mejor sentido, que la hacen rítmica y sugerente. Acaso del conjunto se pueda echar de menos una melodía que recordar, ese punto álgido musical que suele ser la marca de aguas de una ópera.

Por otro lado los textos cantados, en realidad recitados musicales exentos de lírica (sprechgesang), y por supuesto de arias, abordan un discurso áspero y difícil: no hablan de amor ni desamor, de abusos o épicas nacionalistas, sino de la complejidad intelectual de un pensador como Walter Benjamin, y cómo esta, y su compromiso con la democracia, le lleva a suicidarse en 1940 en Portbou, frontera entre España y Francia, en su huida del terror nazi. Esta circunstancia hace necesario tener un poco de conocimiento de fondo sobre la vida del filosofo para poder seguir la obra y disfrutar de su música sin perderse en la lectura continua de los paneles de traducción, dado que se trata de una ópera en inglés.

Gran trabajo escenográfico y de iluminación

Pero a pesar de estos detalles, en general Benjamin a Portbou resulta una obra hermosa y notable, ayudada sin duda de la excelente dirección de escena para la ocasión de Anna Ponces y del magnífico trabajo de iluminación de Playmodes Studio y Andreu Fàbregas. Tanto Ponces como la gente de Playmodes Studio se apañan a las mil maravillas con recursos minimalistas y austeros, pero cargados de simbolismo, en una ambientación de corte expresionista que recuerda todo el tiempo las películas mudas de Murnau, Lang o Dreyer. Para conseguir esta fascinante atmósfera, son imprescindibles las decenas de tubos LED pegados a la pared del fondo del escenario, que giran sobre sí mismos y cambian de color para simbolizar el paso de una escena a otra dentro de cada acto.

En el apartado interpretativo, sin duda destaca el tenor estadounidense Peter Stantsits en su papel de Walter Benjamin. Para empezar porque el parecido entre el cantante una vez arreglado y el filósofo es asombroso, reforzando la impresión de que es el propìo Benjamin quien está subido a la tarima. Pero sobre todo por el dominio que demuestra tanto del recitado lírico como de la dramatización que exige el personaje. Junto a él, cabe destacar el buen trabajo de Elena Copons (soprano) y Laura Vila (mezzo), como su amante Asja Lacis y su esposa Dora Pollak.

Serena Sáez (soprano) también está excelente como Angel Novus, un personaje que simboliza la menguante esperanza en la vida de Benjamin y que canta la mayor parte del tiempo colgada de un cable. Otros intérpretes son Joan Martín-Royo como Gerhard Scholem, Marta Valero como Hannah Arendt, David Alegret como Bertorld Brecht, Ruth González como el hijo de Benjamin, Bea Segura como Lisa Fitkko, que ayuda a escapar al protagonista, o Lluís Marqués como el jorobado que simboliza la muerte. A ellos hay que sumar el coro del Liceu, que si bien apenas tiene protagonismo lírico, si adquiere importancia interpretativa como multitud de migrantes que acompaña a Benjamin en su camino a la frontera española.

Una doble historia de esperanza y desesperanza

Benjamin a Portbou es una ópera que recoge dos historias divergentes a su alrededor: la de su creador y la de su protagonista. El primero es el veterano compositor y director de orquesta Antoni Ros-Marbà (L'Hospitalet de Llobregat, 1937), que a sus 88 años ha podido por fin no solo verla estrenada mundialmente, sino adicionalmente dirigirla en sus dos únicas funciones, en las que el maestro –que musicó un libreto del actor y profesor de canto Tony Madigan– demostró estar todavía en plenas facultades conductoras y compositivas.

Pero si bien Benjamin a Portbou estuvo terminada para 2015, Ros-Marbà tuvo que armarse de paciencia –con pandemia de por medio–para poder verla estrenada y con la esperanza de poder dirigirla, en una carrera contrarreloj contra la edad que ha terminado por ganar el músico.

En una situación similar se vio el protagonista de esta ópera, el legendario pensador Walter Benjamin, alemán, judío y marxista heterodoxo que en su huida de los nazis, que acababan de tomar París en 1940, se topó con las fronteras del régimen franquista en el pueblo ampurdanés de Portbou (Girona), donde fue detenido por no tener los papeles en regla, en concreto por tener un visado de salida de Francia expedido por el gobierno libre en Marsella.

Recluido en un hotel de la villa, Benjamin, para quién también el tiempo constituía un apremio vital –si bien más acuciante que el del maestro Ros-Marbà– cayó en la desesperanza y, al parecer, se suicidó ingiriendo dos pastillas de morfina. Días después, el gobierno franquista levantaba el veto a los visados de Marsella. Benjamin, enfermo y cansado, no había tenido paciencia y a los 48 años, el 26 de septiembre de 1940 moría en una frontera de sur de Europa, similar a las que hoy en día retienen a tantos migrantes en su camino a una vida mejor.

Hoy en día, una escultura del artista israelí Dani Karavan nos recuerda en Portbou que en esa divisoria entre España y Francia falleció el filósofo, uno de los más importantes del siglo XX, que forjó algunas de las teorías –como la del “aura de la obra de arte”– más importantes para comprender lo que es la modernidad capitalista.

Se da la circunstancia de que, a menos de 30 kilómetros al norte de Portbou, en el pueblo catalano-francés de Colliure, se encuentra la tumba de otro intelectual víctima del fascismo y las barreras: Antonio Machado. El poeta sí pudo cruzar la frontera, pero también enfermo y desesperanzado, murió a los pocos días en esta localidad costera del sur de Francia.

Muerte en la frontera de un gigante del pensamiento

Esta es la base de partida Benjamin a Portbou, la muerte en la aduana del intelectual libre en su huida desesperada hacia Estados Unidos vía Lisboa, pero a partir de este trágico hecho, tanto el libreto de Madison como la música de Ros-Marbà vuelan en flashes en forma de escenas encadenadas –y divididas en dos actos– al pasado del pensador en un intento de reconstruir su vida adulta y las circunstancias que le condujeron a un trágico final.

Nos muestra así el texto de Madison, que recogió numerosas citas de los escritos de Benjamin para dar letra a las canciones que Ros-Marbà componía, a un intelectual complejo y de enorme talento, obsesivo e insaciable en su curiosidad, pero desordenado y voluble con las pasiones de la vida. Una volubilidad intelectual que en su día muchos interpretaron como falta de compromiso –tal es el caso de los filósofos Gershom Gerhard Scholem o Hannah Arendt en la obra– pero que la perspectiva histórica muestra como independencia de pensamiento respecto a la ortodoxia de las distintas corrientes y escuelas.

En efecto, Benjamin teorizó sobre el arte sin ser historiador; se interesó por la mística judía sin llegar a considerarse religioso; simpatizó con el incipiente sionismo sin ser políticamente sionista; se entusiasmó con el marxismo sin llegar nunca a comprometerse con esta ideología; colaboró profusamente para la escuela de Frankfurt sin llegar nunca a pertenecer a ella. Y fue siempre un gran crítico del nazismo desde antes de su llegada al poder, previendo en sus escritos los desastres que acarrearía.

Esta independencia algo desorganizada, junto a una complicada vida sentimental que le lleva a la ruptura de su matrimonio al conocer a la directora de teatro letona Anja Lācis, con la que se escapa al Moscú soviético –en una experiencia que terminó por decepcionarle–, son los materiales argumentales de la ópera de Ros-Marbà. Un argumento que en estos momentos de nuevo auge del pensamiento autoritario, xenófobo y reaccionario, puede perfectamente trasladarse a la vida de muchas de las personas migrantes y refugiadas que se agolpan día a día en las fronteras de toda Europa.

Es uno de los principales ejes de su agenda ultra: la expulsión masiva de migrantes. Para ello, el presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene desplegada a la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles, colaborando con los agentes de migración (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) en redadas en lugares de trabajo, en comercios de bricolaje como Home Depot donde van a comprar los trabajadores manuales –la mayoría hispanos–, en plantaciones, en parques...

La expulsión de migrantes es tan relevante en el programa político de Trump que la nueva megaley fiscal recién aprobada destina fondos para reforzar la tarea del ICE y la frontera. Pero el problema del presidente de EEUU es el manejo de las cifras. Cuando regresó a la Casa Blanca, hablaba de 21 millones de migrantes irregulares. Sin embargo, en los últimos días habla ya de 25 millones. Y, según él, todos son lo peor de lo peor. “Lo que hizo en nuestra frontera jamás se olvidará”, decía este lunes Donald Trump en la Casa Blanca: “25 millones de personas entraron en nuestro país sin control ni verificación, asesinos, líderes de pandillas, gánsteres, gente que no queremos en nuestro país bajo ningún concepto, terroristas. Tenemos muchos terroristas en nuestro país”.

Como parte del plan de Trump para expulsar a migrantes, a través de la Big Beautiful Bill, el ICE recibirá 45.000 millones de dólares para centros de detención, 14.000 millones para operaciones de deportación y fondos más para contratar a 10.000 nuevos agentes de aquí a 2029. Además, se asignan más de 50.000 millones de dólares para el refuerzo de infraestructuras fronterizas, que probablemente se traducirán un muro a lo largo de la frontera con México, algo defendido por Trump desde su primer mandato.

Además, se ha introducido cambios en la política migratoria, como una tasa de 1.000 dólares para quienes soliciten asilo, medida sin precedentes en EEUU. Y todo con el objetivo de deportar a un millón de inmigrantes al año y mantener a 100.000 personas en centros de detención.

Pero no solo eso, este jueves se ha sabido que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid del país, incluyendo domicilios y grupos étnicos, para rastrear a inmigrantes que podrían estar viviendo de forma irregular en Estados Unidos, según ha adelantado Associated Press. La información permitirá a los agentes del ICE localizar a extranjeros en todo el país, según el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los números los hacen los progresistas”, decía Trump este lunes, quizá por eso habla de los migrantes detenidos como “las personas más terribles del planeta”, aunque sus afirmaciones constantes de equiparar migración irregular con delincuencia no se compadezcan con los números y los datos de su propio Gobierno.

Según las últimas estadísticas oficiales, a fecha 29 de junio, había 57.861 personas detenidas por el ICE, de las cuales 41.495 (71.7%) no tenían antecedentes penales: 14.318 personas tenían cargos penales pendientes y 27.177 están sujetas a las autoridades migratorias, pero no tienen antecedentes penales conocidos ni cargos pendientes. El resto, un 28,3%, 16.366 migrantes, sí tenían condenas previas.

Así mismo, el ICE asigna a cada detenido un nivel de amenaza en una escala del 1 al 3, siendo 1 el más alto. Quienes no tienen antecedentes penales se clasifican como “sin nivel de amenaza del ICE”. Según los últimos datos disponibles, sistematizados por la agencia de noticias Associated Press, el 84% de las personas detenidas en 201 centros de detención en todo el país no tenían un nivel de amenaza. Otro 7% había sido clasificado como nivel 1, el 4% como nivel 2 y el 5% como nivel 3.

Otro detalle que apunta NBC: el ICE solo ha arrestado un 6% de personas condenadas por delitos de asesinato. En septiembre, el ICE informó al Congreso que más de 13.000 inmigrantes conocidos por haber cometido asesinatos seguían prófugos. Desde entonces, solo 752 han sido arrestados.

De acuerdo con los datos obtenidos por el Instituto Cato, al 14 de junio, el 65% de las más de 204.000 personas procesadas en el sistema por el ICE desde el inicio del año fiscal 2025, que comenzó el 1 de octubre de 2024, no tenían antecedentes penales.

De las personas con antecedentes penales, solo un 6,9% había cometido un delito violento, mientras que el 53% había cometido delitos no violentos clasificados en tres categorías principales: delitos migratorios, de tráfico y actividades ilegales como la prostitución, el consumo de drogas y la venta de sustancias ilegales.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, ha afirmado en la NBC: “La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional [Kristi] Noem ha desplegado al ICE para atacar a los peores de los peores, incluyendo pandilleros, asesinos y violadores. En los primeros 100 días del presidente Trump, el 75% de los arrestos del ICE fueron de inmigrantes ilegales con condenas o cargos pendientes”. McLaughlin tachó a los detenidos con condenados, así como a aquellos con cargos pendientes, como “extranjeros ilegales delincuentes”.

Según otro análisis de los datos oficiales hecho por The Washington Post, más del 60% de los inmigrantes indocumentados expulsados de EEUU desde el regreso de Trump a la Casa Blanca no tenían antecedentes penales. Casi el 40% sí los tenía, aunque muchos de sus delitos no eran violentos. Es decir, de las 93.818 personas deportadas desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero hasta el 11 de junio, 56.893 no tenían antecedentes penales.

Sin condena, en 'Alligator Alcatraz' y en condiciones penosas

El Miami Herald ha obtenido una lista de más de 700 personas detenidas o que parecen estar programadas para ser enviadas al centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', administrado por Florida. Y el periódico cuenta que el gobierno de DeSantis no ha publicado la lista de los inmigrantes retenidos en las jaulas ubicadas dentro de grandes tiendas de campaña instaladas en una pista de aterrizaje en los Everglades de Florida y rodeados de pitones, caimanes y mosquitos.

Según el análisis de la lista a la que ha tenido acceso el Miami Herald, hay más de 250 personas que presentan únicamente infracciones migratorias, pero sin condenas penales ni cargos pendientes en Estados Unidos. Un tercio de los detenidos tiene condenas penales, cuyos cargos van desde intento de asesinato hasta reingreso ilegal e infracciones de tráfico. Y otro par de centenares solo tienen cargos pendientes. La información apunta que decenas de migrantes sin antecedentes penales han sido objeto de redadas masivas.

Al mismo tiempo, empiezan a conocerse testimonios de las penosas condiciones en las que se encuentran las personas encerradas en ese campo de detención. Así lo describe la American Civil Liberties Union (ACLU): “Gusanos en la comida, sin acceso a duchas ni agua, sin acceso a asistencia legal. Inundaciones, enjambres de mosquitos y exposición mortal a huracanes. Es un sistema que trata a los seres humanos como algo desechable. Nuestro gobierno está incumpliendo su obligación más fundamental de defender la dignidad humana y proteger a quienes están bajo su custodia”.

Este miércoles, la ACLU presentó una demanda contra la Administración Trump por la falta de acceso a los abogados.

“Este centro abre otro capítulo oscuro en la historia de nuestra nación. Representa un atentado contra la decencia común y, en este caso, el trato que da a las personas detenidas también es ilegal”, afirma Eunice Cho, abogada del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU: “La Constitución de Estados Unidos no permite al gobierno encerrar a personas sin la posibilidad de comunicarse con un abogado ni de solicitar al tribunal su liberación. El gobierno no puede pisotear estas protecciones fundamentales para las personas bajo su custodia”.

Según la denuncia, varios abogados se han presentado en el puesto de control en el camino al centro de detención para solicitar reuniones presenciales, y les ha sido denegado: les dijeron que las solicitudes de reuniones se “comunicarían” al centro, y horas después les informaron de que no se permitirían visitas presenciales.

The New York Times explica que las personas detenidas no tienen lápices, libros ni televisión, y que las luces permanecen encendidas toda la noche. Cuando llueve, cosa que ocurre casi todos los días en verano, las tiendas de campaña que albergan a los detenidos gotean y entran insectos. En entrevistas telefónicas con la prensa, varios detenidos afirmaron que las duchas eran poco frecuentes; comidas escasas; enfermedades, privación del sueño; carencia de información; de recreación y acceso a medicamentos.

Guardias, detenidos y familiares, afirma The Washington Post, cuentan la acumulación de agua en el suelo, las comidas a base de sándwiches de jamón fríos y la falta de productos de higiene básicos como desodorante, cepillos de dientes y pasta dentífrica. El aire acondicionado a veces deja de funcionar al mediodía, y los baños comunes portátiles de las celdas jaula se atascan, provocando un hedor insoportable. Para pasar el tiempo, los detenidos fabrican balones de fútbol con toallas o dominós con trozos de cartón recortados.

Rechazo en las encuestas

Según el último sondeo publicado por Associated Press este jueves, solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses afirma que las políticas de Donald Trump les han beneficiado desde que asumió el cargo. De hecho, el presidente de EEUU no logra obtener la aprobación mayoritaria en ninguno de los temas incluidos en la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, además de que ha bajado ligeramente su apoyo desde principios de este año en materia de inmigración, que es uno de los ejes de su segundo mandato.

Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses afirma que las políticas de Trump le han “perjudicado más” desde que comenzó su segundo mandato hace seis meses, según la encuesta. Aproximadamente 2 de cada 10 afirman que sus políticas no han tenido un impacto significativo en sus vidas, y aproximadamente una cuarta parte afirma que sus políticas le han ayudado más.

Trump obtuvo menos del 50% de aprobación en todos los temas incluidos en la nueva encuesta de AP-NORC, como la economía, el gasto público, el comercio, los impuestos, la inmigración, la sanidad y su gestión del conflicto en Oriente Medio.

Solo el 43% de los adultos estadounidenses afirmó aprobar su gestión de la inmigración, lo que supone un retroceso con respecto al 49% que apoyó su trabajo sobre el tema en marzo.

Thomas, un trabajador irlandés del sector de la tecnología de 35 años y padre de tres hijos, viajó el pasado otoño a Virginia Occidental, en EEUU, para ver a su novia. Ya había estado muchas veces antes en el país, gracias al programa de exención de visados que permite a los turistas europeos quedarse en el país durante 90 días.

El plan de Thomas era volver a Irlanda en diciembre, pero un problema de salud le impidió viajar durante unas semanas, según consta en su historia clínica. Había sobrepasado el límite de estancia para su visita en sólo tres días cuando un encuentro con la policía hizo que acabara en manos de la agencia de control de la migración del país, cuyas siglas en inglés son ICE.

A partir de ahí, lo que debía ser un incidente menor se convirtió en una pesadilla: ICE lo tuvo detenido en tres instalaciones distintas durante unos 100 días, sin saber por qué ni cuándo saldría.

“Nadie está a salvo”

“Nadie está a salvo del sistema si se ve arrastrado por él”, dice ahora Thomas desde Irlanda, unos meses después de que finalmente lo liberasen. Pide que se le cite por un pseudónimo por miedo a mayores represalias de las autoridades migratorias estadounidenses.

Cuando lo detuvieron, Thomas accedió a que lo deportasen inmediatamente. Pese a ello, siguió entre rejas tras la toma de posesión de Donald Trump, que ha incrementado drásticamente las detenciones de migrantes. Como los centros de detención por los que fue pasando se iban llenando de detenidos, Thomas acabó pasando parte de su periplo en una cárcel propiamente dicha, con delincuentes penales, a pesar de que su falta era administrativa.

Thomas regresó a Irlanda en marzo y dice que las autoridades le han dicho que tiene prohibido volver a entrar en Estados Unidos durante 10 años.

Su calvario llega mientras aumentan los casos de turistas y visitantes con visados legales que acaban detenidos por ICE, entre los que hay ciudadanos de Australia, Alemania, Canadá o el Reino Unido. En un caso, una mujer, también irlandesa y con permiso de residencia permanente, pasó 17 días detenida por un antecedente penal de hacía casi dos décadas.

Estos arrestos parece formar parte de una campaña general del Gobierno de Trump, que ha instado a deportar a estudiantes con supuestos vínculos con las protestas a favor de Palestina; enviado a personas a la prisión de Guantánamo o a la megacárcel de El Salvador sin aportar pruebas, deportado a Sudán del Sur, país africano en guerra, a personas sin vínculo con él, e incrementado muy notablemente las redadas por todo EEUU, a gran escala y con personal militarizado.

“Pensé que me iba a casa”

Thomas, que habló con The Guardian en exclusiva, detalló su vía crucis y las condiciones brutales que presenció en los centros de detención que, según los críticos con ICE, sufren desde hace tiempo las personas sin papeles y que han empeorado con Trump.

Thomas, que trabaja como ingeniero para una empresa de tecnología, no había tenido problemas previos con el programa de exención de visados que se aplica a los ciudadanos europeos. Habría vuelto antes a Irlanda, pero se desgarró un gemelo y la hinchazón le impedía caminar, según explica. El médico le dijo que no viajase durante ocho a 12 semanas por riesgo de coágulos, de modo que tuvo que dejar pasar la fecha máxima de salida, que estaba fijada para el 8 de diciembre.

El médico le dio un justificante y Thomas contactó con la embajada de Irlanda y el departamento de Seguridad Nacional para pedir una prórroga, pero lo hizo a última hora y no recibió respuesta, cuenta.

“Hice todo lo que pude con las herramientas que había disponibles online para notificar a las autoridades lo que pasaba”, asegura. Cuando se aproximaba la fecha de expiración del plazo, estaba ya casi curado y dispuesto a regresar pronto: “Pensé que lo entenderían porque los papeles estaban en regla. Solo fueron un par de días, por motivos médicos”.

Llamada a la policía

Quizás no habría pasado nada si no fuese por un fatídico encuentro con la policía.

Thomas y su novia, Malone, estaban con la familia de esta en Savannah, en el estado de Georgia, cuando Thomas sufrió un episodio de salud mental, según ambos lo definen. La pareja tuvo un conflicto en su habitación de hotel que alguien oyó y por el que llamó a la policía, según cuentan.

Malone pide usar su segundo nombre para proteger la identidad de su novio. Dice que tenía esperanzas de que la policía lo llevase a que lo trataran y que no quería presentar cargos contra él. Pero los agentes lo llevaron al calabozo, acusado de retener a la mujer en contra de su voluntad, algo que ella niega.

En manos de ICE

Al poco lo dejaron en libertad bajo fianza, pero en vez de quedar efectivamente libre, quedó en manos de las autoridades migratorias, que se lo llevaron al centro de procesamiento de ICE en Folkston, Georgia, a 160 kilómetros. La gestión de estas instalaciones, con espacio para 1.000 personas, está subcontratada a la empresa Geo Group.

Thomas recibió una orden de expulsión en un documento de dos páginas que decía solamente que se había pasado tres días de la fecha de salida. Firmó el papel el 17 de diciembre.

Pese a ello, siguió en Folkston, sin recibir respuesta alguna acerca de por qué no lo deportaban ni cuando tiempo iba a permanecer detenido. Su abogado, David Cheng, dice que pidió que lo dejasen marchar con el compromiso de volver a Irlanda, como estaba previsto, pero que en ICE se negaron.

En la prisión de Folkston, a un cierto punto hubo una pelea, así que los funcionarios pusieron a los internos en aislamiento durante cinco días, sin posibilidad de contactar con sus familias, según Cheng. Thomas dice que él y otros presos podían salir al aire libre solo una hora a la semana.

A mediados de febrero, tras dos meses encarcelado, lo mandaron a una celda de detención con otras 50 personas en preparación a su traslado. Thomas pensó que por fin volvería a casa. Llamó a su familia para darles la noticia.

Pero lo que pasó fue les pusieron grilletes y los llevaron a una cárcel federal en Atlanta, dirigida por el Departamento de Prisiones, a cuatro horas de Folkston.

Este Ministerio alberga a presos sobre los que recaen cargos por delitos federales, pero el Gobierno de Trump, en el marco de sus medidas para que ICE detenga a más migrantes, mete cada vez a más de ellos en estas cárceles, lo que según los críticos ha provocado caos, situaciones de hacinamiento y violaciones de los derechos de los detenidos.

Cucarachas y calzoncillos manchados

Thomas explica que las condiciones que se encontró y el trato en la cárcel federal fueron peores que cuando estaba en centros de las autoridades migratorias. “No estaban en absoluto preparados para nosotros”, dice.

Junto con otros detenidos, lo mandaron a un área con colchones sucios, cucarachas y ratones, con literas en algún caso sin escalera, de forma que para subir a la cama de arriba había que trepar, según relata.

Como la cárcel no parecía tener ropa para todos, a Thomas le dieron un chándal, pero no camisetas. También le dieron unos calzoncillos raídos y con manchas marrones. Alguno de los chándales que vio tenían manchas que parecían de sangre y agujeros, añade.

A cada preso le daban un rollo de papel higiénico por semana. Thomas compartió celda con otro de los internos, y solo podían tirar de la cisterna del retrete tres veces por hora. Aunque se helaba de frío, solo le dieron una manta fina. La comida era un “engrudo asqueroso”, entre el que había una carne misteriosa que en ocasiones venía con trozos de hueso mezclados con partes incomestibles. Dice que pasó hambre.

“El personal no sabía por qué estábamos allí y nos trataban como al resto de los presos, y así nos lo dijeron”, dice. “Nos dieron un trato infrahumano”.

Sin atención médica

Aunque tanto él como otros presos pidieron ir al médico, nunca les dieron vez, asegura. “Oía a gente pedir ir al médico entre sollozos, diciendo que no podían respirar”. Los trabajadores simplemente decían: “Pues yo no soy médico”, y se marchaban. Al cabo del tiempo sí le dieron la medicación psiquiátrica que necesitaba, pero lo hacían tirándosela por debajo de la puerta, por lo que a veces tenía que buscarla por el suelo.

Los detenidos tenían un tiempo de recreo que pasaban en un recinto cerrado, pero sin apenas acceso al aire libre y que parecía una jaula interior. “No se veía el exterior. Pasé semanas sin ver el cielo”, dice. Thomas sufre de ciática por una lesión de cadera, y con el tiempo empezó a sentir un dolor nervioso “insoportable” por la falta de movimiento.

Caos entre cárceles

Thomas cree que el traslado a la cárcel federal de los detenidos de ICE fue arbitrario y estuvo mal planificado. De los casi 50 que se vieron en esta situación, unos 30 volvieron a Folkston pasada una semana; transcurridos otros siete días, dos volvieron de nuevo a la instalación federal, afirma.

Cargos de ICE aparecían por la cárcel una vez por semana para hablar con los detenidos, que se apelotonaban a su alrededor para pedir noticias y ayuda. Los trabajadores hablaban inglés y español, pero los detenidos de Oriente Próximo y el norte de África estaban sumidos en la confusión. “Fue un sindiós”, cuenta Thomas.

Una vez, Thomas vio a una guarda venirse abajo “al ver la desesperación de la gente que intentaba hablar con ICE para entender lo que pasaba”, y que esta trataba de ayudar en lo que podía. Thomas y Malone pusieron a algunos de los detenidos que eran solicitantes de asilo en contacto con gente que los pudiese asistir.

Como no les dejaban hacer llamadas internacionales, no pudo hablar con sus hijos. “No sé cómo sobreviví”, dice.

A mediados de marzo, lo volvieron a trasladar. Las autoridades no explicaron qué había cambiado, pero dos agentes federales armados lo llevaron a un avión de vuelta a Irlanda.

El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a preguntas del Guardian sobre este suceso, y un portavoz del Geo Group rehusó comentar los hechos.

Un portavoz del Departamento de Prisiones, Donald Murphy, confirmó que Thomas estuvo bajo su custodia, pero no dio explicaciones sobe el caso y las condiciones de la cárcel de Atlanta. Ahora mismo, ocho de las cárceles federales albergan detenidos por las autoridades migratorias y, según él, “seguirán apoyando a las agencias de seguridad asociadas para cumplir con los objetivos de la Administración”.

Un caso “delirante”

Los motivos por los que Thomas estuvo detenido tanto tiempo por una infracción migratoria tan leve no están claros.

“Parece completamente delirante que tuviesen detenido tres meses a alguien por pasarse del plazo de la estancia por motivos médicos”, dice Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project, organización que no tuvo papel en este caso y que lo ha conocido por un resumen facilitado por The Guardian. “Es un gran despilfarro de tiempo y dinero en un momento en el que constantemente nos dicen que el Gobierno quiere reducir gastos. Parece una detención punitiva y completamente incomprensible”, dice. “ICE ha creado su propia crisis de hacinamiento”.

Jennifer Ibañez Whitlock, especialista en políticas públicas en el National Immigration Law Center, otra organización por los derechos legales de los migrantes que no tuvo contacto directo con el caso, dice que es frecuente que las personas sigan detenidas por las autoridades migratorias a pesar de haber aceptado una orden de expulsión, y que ha tenido clientes europeos escandalizados al comprobar las graves consecuencias de pasarse unos días del plazo fijado para salir del país.

Pero el ICE podía haber liberado perfectamente a Thomas con el compromiso de que volviese a su país, en vez de tenerlo detenido indefinidamente, apunta. La experta señala que el Gobierno de Trump tiene a la gente detenida de forma automática, sin analizar las circunstancias de cada caso. “Solo piensan: '¿Tenemos camas?'”, dice.

Los legisladores republicanos aprobaron en el Congreso estatal de Georgia una ley que obliga a la policía a alertar a las autoridades migratorias cuando detiene a una persona sin papeles, lo que pudo haber influido en que el caso de Thomas saltase en el registro de ICE, según explica Samantha Hamilton, abogada de Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes y que visitó a Thomas en la cárcel de Atlanta.

Hamilton señala que le preocupan especialmente los inmigrantes que la policía señala e interpela por su color de piel, pero que el calvario de Thomas le recordó que hay mucha gente vulnerable. “Las detenciones masivas son terroríficas y me hacen temer por todo el mundo”, dice.

¿Volver?

Thomas, que viajaba con frecuencia por trabajo a EEUU, duda de si podrá volver algún día. “Este peso lo cargaré toda la vida”, dice.

Su novia, Malone, dice que prevé mudarse a Irlanda con él. “Él no tiene la opción de venir aquí y yo no quiero seguir en Estados Unidos”, dice.

Desde que volvió a Irlanda, Thomas duerme mal y dice que le cuesta procesar lo vivido. “Nunca lo olvidaré, y tardaré mucho en empezar a digerirlo. Sigue sin parecerme real. Cuando lo pienso, me parece una película”, cuenta. También dice que padece problemas crónicos de salud que atribuye a la desnutrición y a los medicamentos inadecuados que le dieron.

Las informaciones de la gente encarcelada sin seguir los procedimientos legales le remueven. “No me habría extrañado acabar en Guantánamo o El Salvador de lo desorganizado que estaba todo”, dice. “Estaba a la merced del gobierno federal”.

Los sucesos que han ocurrido recientemente en Alcalá de Henares y en Torre Pacheco son profundamente alarmantes para una sociedad como la nuestra. No solo por los delitos que se han cometido, la violación y la agresión, que deberán ser investigados con rigor y sus culpables deberán ser juzgados conforme a la ley, sino por la respuesta social que ha propiciado actos racistas y xenófobos.

Tenemos claro que la violencia no tiene nacionalidad, ni origen, ni religión, ni cultura. Un delito que ha cometido una persona extranjera no convierte a un grupo o a toda una comunidad en personas sospechosas. Además de ser injusto, ha demostrado ser muy peligroso. Generar miedo, a través del que se alimenta el odio y la xenofobia, dinamita años de integración y cohesión, en momentos en los que el vínculo entre las personas que forman la comunidad es más imprescindible que nunca.

Quienes vinculan la migración con la delincuencia saben muy bien lo que hacen, pero los datos no les dan la razón. Según los datos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, las personas españolas (en proporción) cometen más actos delictivos que las personas extranjeras. Sin embargo, en un clima de tensión y de bulos virales, el “ellos contra nosotros” jalea la violencia.

Piensa que estas personas son tus compañeras de trabajo, la mujer que se sienta a tu lado en el autobús, o va con tu hijo a fútbol, quien te atiende en Urgencias o cuida a tu madre, quien te sirve el café o tiene la tienda abierta los domingos. Desmonta la creencia de que hay una amenaza o un grave problema, descubre las historias que hay detrás, qué contexto ha llevado a esas personas a salir de su país, lo que hacen por ti y por Guadalajara. Si el odio triunfa, se justificará lo injustificable: el racismo, la criminalización colectiva, la violencia contra lo diferente.

Seamos responsables. Expliquemos la realidad sin usar los prejuicios, luchemos contra los discursos de odio de unos interesados. Sabemos que la convivencia se construye desde el encuentro, el respeto y el conocimiento, jamás desde el odio.