Más de medio millón de personas se benefician cada año de forma directa de la actividad de las fundaciones en Extremadura. En una comunidad autónoma que apenas supera el millón de habitantes, el dato sitúa al sector fundacional como uno de los principales actores sociales de la región, con un alcance que llega ya a casi la mitad de la población. Así lo constata el análisis realizado sobre el sector en 2025, que dibuja un ecosistema diverso, arraigado al territorio y con una incidencia social significativa, aunque atravesado por importantes retos estructurales.

“El sector fundacional extremeño está mucho más presente en la vida cotidiana de la gente de lo que a veces se percibe”, subraya el presidente de la Asociación de Fundaciones de Extremadura (AFEX), Carlos Zamora, quien destaca que “cuando hablamos de más de 500.000 personas beneficiarias no hablamos de cifras abstractas, sino de cultura, educación, atención social, inclusión y oportunidades reales en pueblos y ciudades”.

El estudio confirma una implantación territorial amplia, con presencia en toda Extremadura y un peso mayor en municipios de más de 20.000 habitantes, aunque también con una significativa actividad en el medio rural. La localización de las sedes no condiciona necesariamente el alcance de los programas, ya que muchas fundaciones desarrollan actuaciones de forma descentralizada. Además, un tercio de las entidades extiende su actividad más allá del ámbito autonómico, con proyectos de proyección nacional e incluso internacional.

Sociocultural, educación y asistencia social

Las áreas de actuación del sector son heterogéneas, aunque predominan las iniciativas socioculturales (63,64%) y de asistencia social (52,27%), a menudo combinadas con otros ámbitos como la educación, el emprendimiento, el desarrollo económico del territorio, la investigación o la salud. Esta transversalidad dificulta una clasificación rígida, pero amplía el potencial de impacto y de alianzas.

“El valor del sector no está solo en el número de personas atendidas, sino en la calidad de la intervención”, apunta Zamora. En ese sentido, aunque las fundaciones vinculadas a los ámbitos cultural y financiero concentran un mayor impacto cuantitativo, el estudio destaca que el impacto cualitativo es especialmente relevante en las áreas socioculturales y sociosanitarias, donde la atención individualizada resulta determinante. La atención a colectivos vulnerables —personas con discapacidad, infancia, población en situación de pobreza— es una prioridad para la inmensa mayoría de las entidades.

Voluntariado con margen de crecimiento

El análisis revela un sector comprometido pero con estructuras operativas modestas. El 80% de las fundaciones cuenta con personal asalariado, aunque en su mayoría con plantillas reducidas, lo que dificulta la especialización y la capacitación en áreas clave para una gestión autosuficiente. El voluntariado está presente en dos tercios de las entidades, pero con una movilización limitada.

“Hay un enorme potencial de crecimiento en la implicación ciudadana y en la profesionalización del sector”, señala el presidente de AFEX, quien considera que “Extremadura necesita reforzar su sociedad civil organizada con más formación, más trabajo en red y más reconocimiento institucional”.

Dependencia de subvenciones y baja autonomía financiera

En el plano económico, el estudio pone de relieve una alta dependencia de las subvenciones públicas. Aunque una cuarta parte de las fundaciones gestiona presupuestos superiores al millón de euros y destina una parte muy relevante de sus recursos a los programas que dan sentido a su actividad, solo un tercio disfruta de una diversificación financiera significativa. El mecenazgo privado sigue siendo minoritario, salvo en entidades de origen financiero, lo que limita la capacidad de planificación a medio y largo plazo.

“Sin estabilidad financiera es muy difícil innovar, crecer o consolidar proyectos”, advierte Zamora, que defiende la necesidad de “avanzar hacia modelos más autónomos y colaborativos, que mejoren la eficiencia tanto en los ingresos como en los gastos”.

Mucho impacto, poca visibilidad

Uno de los déficits más claros del sector es la comunicación. Las fundaciones perciben su impacto como alto (3,96 sobre 5), pero reconocen una visibilidad sensiblemente menor (3,43). Las redes sociales son el principal canal de difusión, aunque la eficacia de la inversión en publicidad se valora de forma moderada y existen brechas generacionales y digitales.

“Tenemos que contar mejor lo que hacemos”, insiste el presidente de AFEX. “No por vanidad, sino porque la visibilidad genera confianza, apoyo social y sostenibilidad”. En este ámbito, la asociación se plantea como un actor clave para impulsar estrategias coordinadas de capacitación y sinergia comunicativa.

Colaboración, desafíos y futuro

El trabajo en red es una de las fortalezas del sector: el 78% de las fundaciones colabora con otras instituciones, especialmente del ámbito público y del tercer sector. Sin embargo, persisten brechas en áreas como la I+D+i, el desarrollo cultural o el emprendimiento, donde la articulación interinstitucional aún es insuficiente.

Entre los principales desafíos, las entidades señalan la financiación inestable, la baja visibilidad, la brecha digital y la falta de apoyo institucional. Frente a ello, identifican oportunidades claras en la innovación, las alianzas estratégicas, la expansión territorial y la inclusión social. Las expectativas de futuro son moderadamente optimistas, siempre que se refuercen las capacidades organizativas y el respaldo estructural.

“El sector fundacional ya está sosteniendo una parte esencial del bienestar en Extremadura”, concluye Carlos Zamora. “Ahora el reto es consolidarlo, cuidarlo y hacerlo visible como lo que es: un pilar social imprescindible para la región”.

En una tierra marcada por la despoblación, la desigualdad territorial y las brechas sociales persistentes, las fundaciones no son un actor accesorio, sino una infraestructura cívica esencial. Llegar cada año a más de 500.000 personas en Extremadura es además de una cifra, sostener cultura donde no llega el mercado, acompañar a quien queda fuera del sistema y construir comunidad allí donde las instituciones y lo privado no alcanzan. Así que reconocer, fortalecer y dotar de estabilidad al sector fundacional no es una concesión, sino una responsabilidad colectiva y una apuesta por el derecho de la ciudadanía a una vida más digna, más justa y, por lo tanto, a una vida mejor.

Es oficial. Los 500.000 euros euros que el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, anunció hace dos semanas ya están aprobados por el Gobierno local y se destinarán a compensar la pérdida de las cenas solidarias de calle de la entidad social KAS. Se estima que desde los servicios sociales se repartirán del orden de 416 raciones diarias.

El aumento presupuestario tiene un contexto. El 27 de julio el Ayuntamiento prohibió la actividad de Kaleko Afari Solidarioak (KAS), una iniciativa ciudadana que brindaba cenas solidarias diariamente a aproximadamente 300 personas sin hogar. La razón de la decisión se escudaba en informes variados. Sin embargo, el alcalde resaltó principalmente los problemas de seguridad que supuestamente ocasionaba la actividad, lo que valió duras críticas. Durante una comparecencia del alcalde el pasado 28 de julio, aseguró que el Ayuntamiento destinaría medio millón de euros –los ahora aprobados– para ofrecer cenas, pero por “vías administrativas”.

La medida llega en plena Semana Grande. Este sábado, en el inicio festivo, una gran pancarta afeaba a Insausti su decisión. Insausti ha indicado que persigue un modelo basado en el “humanismo y la exigencia”, buscando acompañar y reinsertar a estas personas que acuden a los servicios. La alternativa, explica el primer edil, se ofrece mediante “itinerarios individualizados” y lo califica como “seguro” para “aquellas personas que reciben las comidas, para las administraciones y para el resto de la ciudadanía”.

En la Cadena Ser, Insausti ha insistido en la necesidad de que se impliquen también los municipios limítrofes del área metropolitana. Asegura que Donostia no puede cargar con personas que proceden de otras localidades por el 'efecto-llamada'.

Mientras que el Ayuntamiento avanza en sus planes, KAS sigue reivindicado su actividad, sobre todo por medio de redes sociales. Cada día, la iniciativa realiza un conteo de los días que lleva sin brindar sus cenas solidarias. También ha compartido un comunicado de SOS Racismo rechazando la prohibición debido y denunciando la “criminalización de la participación ciudadana”.

El Grupo de Acción Social y Sindical, del que forman parte diferentes colegios oficiales, asociaciones profesionales y sindicatos, ha expresado su deseo, ante la próxima resolución de las Medallas de Extremadura, de que “no se olvide y quede relegado” el galardón para trabajadora social Belén Cortés, asesinada en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

Recuerdan que Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional digna de mención y representaba los valores de la región, además de que su galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la expresión de reconocimiento “a un sector social muy abandonado y poco reconocido, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos”.

“Esperamos desde este grupo que la compañera tenga el galardón y homenaje que merece”, señalan.

És mig matí i el sol cau a plom sobre el barri palmesà de Son Cladera. Amb prou feines hi ha moviment als carrers, només el murmuri que arriba des d'una petita plaça on, assegudes a la terrassa d'un bar de tota la vida, conversen diverses dones. Des de fa dues setmanes, aquest és el seu punt de trobada habitual. L'anterior el van perdre el passat 2 de juliol, quan una comissió judicial, acompanyada per agents de la Policia Nacional, va executar el desallotjament de La Cala, el local on, durant més de tres dècades, van ballar, jugar al bingo, celebrar dinars populars i, sobretot, van trobar companyia. Allà on, fins fa dues setmanes, els veïns entraven i sortien constantment, avui només hi queda una persiana abaixada. “Han llevat la diversió a molta gent”, lamenta Fidela, una de les antigues usuàries.

A Son Cladera, un barri de 7.500 habitants sorgit a mitjan anys seixanta arran de l'expansió urbana de Palma, la ferida del desallotjament continua ben oberta. El que va començar com un litigi entre l'associació de gent gran i la propietat de l'immoble ha acabat convertint-se en el reflex d'un malestar més profund: el d'un veïnat que veu desaparèixer progressivament els espais que articulaven la vida comunitària i altres serveis bàsics, com les sucursals bancàries. “A més del casal, ens han llevat els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure doblers”, explica Fidela.

Fidela Pedregal feia dècades que estava vinculada al casal, que comptava amb més de 300 usuaris. Hi anava dues vegades per setmana “per això del cap” -en referència als tallers de memòria- i compartia les tardes amb altres veïns entre activitats, festes i partides de bingo. Asseguda a la terrassa del bar Màlaga, on cada matí es reuneix amb Josefa, Leonor i altres veïnes que també freqüentaven La Cala, lamenta que el tancament ha deixat moltes persones grans del barri “sense cap lloc on anar-hi”. Considera que, d'un dia per l'altre, ha desaparegut un espai que durant anys havia servit per combatre la soledat i mantenir activa la gent gran. “Ens han abandonat”, conclou.

A més del casal, ens han pres els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure diners

Fidela — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

El passat 2 de juliol, mentre desenes d'usuaris participaven en un taller de memòria, la comitiva judicial i els efectius policials van irrompre a l'edifici per executar el llançament. En qüestió de minuts, les activitats van quedar interrompudes i els assistents van haver d'abandonar el local entre el desconcert i la incertesa. Els cartells de balls, excursions i tallers que encara pengen a les finestres són l'únic vestigi de la intensa activitat que durant dècades va acollir el casal, avui convertit en el símbol d'una realitat que va més enllà d'aquest cas i que planteja interrogants sobre el futur dels espais comunitaris per a la gent gran i la vulnerabilitat de nombroses associacions que desenvolupen la seva tasca social en immobles de titularitat privada.

L'origen del conflicte es remunta al deute acumulat per l'anterior junta directiva amb la Fundació Sa Nostra, propietària de l'immoble des del 2020. Després de diversos impagaments del lloguer, la Fundació va iniciar un procediment judicial per recuperar la possessió del local. El 2024, ambdues parts van assolir un acord que va permetre suspendre un primer llançament i va donar marge a la nova junta gestora per intentar regularitzar la situació econòmica. A canvi, l'associació assumia una sèrie d'obligacions, entre les quals el pagament d'un lloguer de 2.200 euros mensuals, una quantitat destinada a cobrir tant la renda ordinària com l'amortització progressiva del deute acumulat, que rondava els 30.000 euros. El pacte va ser avalat per l'assemblea de socis, tot i que una part dels associats s'hi va oposar en considerar que deixava l'entitat en una situació de vulnerabilitat davant la propietat. Finalment, però, el desnonament es va acabar executant.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Fundació Sa Nostra per conèixer, entre altres qüestions, quines comunicacions va mantenir amb l'associació gestora en relació amb la data del desallotjament, quins incompliments concrets van motivar finalment l'execució del llançament, si es van plantejar alternatives per evitar-lo un cop iniciat el procediment judicial i quin ús preveu donar a l'immoble a partir d'ara. Tanmateix, no ha obtingut resposta fins al moment de la publicació d'aquest reportatge.

“Només queden els metges i tres farmàcies”

Al costat de Fidela seu Josefa, que confessa que troba a faltar la rutina que durant anys va marcar les seves tardes. Anava al casal per jugar al bingo, comprar loteria i compartir unes hores amb els seus veïns, tot i que reconeix que evitava tornar sola a casa quan es feia fosc perquè el trajecte li feia por. No va presenciar el desallotjament, ja que es va produir al matí, però ha reconstruït el que va passar a partir dels relats dels seus antics companys i dels vídeos que van circular ràpidament pel barri.

“Hi havia persones que van haver de sortir de pressa amb el tacataca i els cotxets. Va ser una falta de respecte. Diuen que arreglaran la situació, però no ho sé. M'han dit que ja han comprat el local per fer-hi pisos”, afirma. Per a ella, el tancament del casal és un episodi més del progressiu abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. “L'únic que ens queda són els metges i tres farmàcies”, lamenta, convençuda que les persones grans són les principals perjudicades.

“M'han mort”, afirma en la mateixa línia Isabel, a punt de fer 90 anys. Al portal de casa seva, a pocs metres del casal, descriu el tancament com un dur cop a la seva rutina. Recorda les tardes de bingo, els tallers de memòria i les converses que, fins fa tot just unes setmanes, omplien el local. Hi participava en les activitats de memòria i hi passava les tardes jugant al bingo abans de tornar a casa.

Asseguda al costat de Fidela i Josefa, Leonor explica que estava vinculada al casal des de pràcticament els seus inicis. Recorda que l'associació va començar en un local més petit abans de traslladar-se a l'edifici del qual ara ha estat desallotjada. “Era molt gran: tenia un menjador enorme, una cuina enorme i un pati molt gran”, rememora. Cada diumenge s'hi organitzaven dinars, s'hi celebraven festes i actes com la darrera missa rociera. “Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida”, recorda amb nostàlgia, resumint en una sola frase la intensa activitat social que durant dècades va acollir el casal.

Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida

Leonor — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

L'Ana també troba a faltar la rutina que havia construït al voltant de La Cala. Hi jugava al bingo, llegia la premsa i, sobretot, hi trobava un espai on conversar amb les seves amigues. Ara confia que l'associació aconsegueixi un nou local on reprendre les activitats. “Tant de bo en trobin un altre. És una pena el que ha passat”, lamenta. Al seu parer, el tancament del casal se suma a la desaparició d'altres serveis essencials a Son Cladera, com les oficines bancàries, una circumstància que, assegura, ha incrementat la dependència de moltes persones grans. “Ara depenen d'algú que els dugui a algun lloc o que els faci les gestions”, resumeix.

Tant de bo trobin un altre local. És una pena el que ha passat

Ana — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

“Els barris no interessen”

En un banc de la mateixa plaça, en José i en Salvador xerren amb altres veïns. En José lamenta que el tancament ha perjudicat persones grans com un dels seus familiars, que assistia amb freqüència als tallers de memòria i que, després del desnonament, ara depèn que les seves filles l'acompanyin a un altre centre. “Tot sol no hi pot anar”, explica, convençut que el desnonament ha complicat la vida quotidiana de molts usuaris que trobaven a La Cala un espai proper i accessible.

En Salvador, per la seva banda, sosté que el problema reflecteix l'abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. Lamenta la desaparició de serveis al barri, critica la manca de presència policial i retreu a les administracions que no hagin trobat una solució abans del desnonament. “Els barris no interessen”, afirma. També defensa que l'associació havia aconseguit sanejar la seva situació econòmica i considera que les persones grans han acabat pagant les conseqüències d'un conflicte que, segons ell, s'hauria pogut resoldre d'una altra manera.

La junta gestora: “Seguirem lluitant”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, assegura que l'associació no dona la batalla per perduda. “Continuarem lluitant”, afirma en declaracions a elDiario.es, convençuda que encara hi ha opcions per recuperar el casal. Sosté, fins i tot, que el cas podria establir un precedent per a altres entitats. Coronado confia que el tancament no sigui definitiu, ja que, després del llançament, van rebre una comunicació del jutjat en què se'ls informava que revisaria la documentació del procediment i que els havia concedit un termini d'entre quatre i deu dies hàbils per fer-ho.

Tot i això, lamenta que la resolució s'estigui endarrerint a causa del període de vacances. “Ens ho prendrem com unes vacances i esperarem, perquè continuarem lluitant”, assenyala, tot i que reconeix que l'espera “es fa eterna” per a uns usuaris que fa setmanes que no poden accedir al local.

En aquest sentit, lamenta que qui més està patint les conseqüències del tancament són les persones grans. “Ara no saben on anar”, afirma. Explica que moltes hi acudien cada tarda per refugiar-se de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques. “Els han pres això”, lamenta. Al seu parer, el tancament del local s'afegeix a la desaparició d'altres serveis bàsics del barri, com les sucursals bancàries, una situació que, assegura, deixa molts veïns d'edat avançada en una posició de més dependència. “Els han deixat abandonats”, conclou.

En els darrers anys s'han succeït les protestes, les concentracions i les crides per evitar el desnonament de La Cala. Després de conèixer la demanda de desnonament, l'Associació de Veïns de Son Cladera es va bolcar en la defensa del casal i va començar a organitzar mobilitzacions i campanyes de suport per intentar aturar-ne el tancament. “Avui són ells els qui fan fora; però demà tots serem grans i ens agradaria mantenir els nostres espais de convivència amb seguretat jurídica i una política social humanitària, sabent que es respecten els drets i les obligacions de tothom”, expressava l'entitat en un missatge difós a Facebook l'abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que els qui més estan patint les conseqüències del tancament són els més grans: "Ara no saben on anar". Explica que molts acudien cada tarda al casal per escapar de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques

Després del desallotjament del casal, diversos socis i veïns de Son Cladera han fet públiques cartes obertes en què qüestionen tant l'actuació de la Fundació Sa Nostra com la gestió de l'advocat de l'associació. Un dels socis, Juan Sánchez, retreu a la Fundació que trenqués amb el model de cessió gratuïta del local, vigent durant tres dècades, després d'assumir-ne la gestió el 2020 i d'imposar un contracte de lloguer a l'associació. Segons explica, el deute es va generar durant el mandat de l'anterior junta directiva, que va deixar de pagar les rendes, i va ser la posterior junta gestora la que va assumir el compromís de sanejar la situació econòmica i garantir la continuïtat de l'activitat del casal.

Sánchez defensa que, durant els dos últims anys, l'associació ha abonat pràcticament tot el deute acumulat després de duplicar la quota mensual que pagava a la Fundació. Per això, considera que el desallotjament no respon a un impagament, sinó a la voluntat de recuperar l'immoble. A la carta també acusa la Fundació Sa Nostra d'haver aprofitat el contracte signat amb la junta gestora per recuperar el local i deixar “al carrer” més de 250 persones grans, una actuació que considera incompatible amb els fins socials que proclama l'entitat i que, al seu parer, contradiu l'esperit dels seus propis estatuts.

D'altra banda, assegura que la voluntat majoritària de l'assemblea era esgotar totes les vies per continuar al local, inclosa la possibilitat de resistir-se al llançament si calia. En referència a l'advocat de la junta gestora, li retreu no haver informat els socis de la data prevista per a l'execució del desnonament. “Si hagués avisat del que faria el jutge, quan el jutge es va presentar al local l'hauria trobat ple de gent negant-se a sortir”, escriu.

Coronado, tanmateix, rebutja aquestes crítiques i assegura que el desallotjament va agafar per sorpresa fins i tot la mateixa entitat, ja que la comunicació judicial va arribar amb molt poc marge. Segons explica, el lletrat va rebre la notificació la tarda anterior i, quan van voler reaccionar, la comissió judicial ja s'havia presentat al casal a primera hora del matí. “No va donar temps a res. No entenem que actuïn d'aquesta manera”, lamenta. La presidenta de la junta gestora insisteix que la prioritat de l'entitat sempre ha estat defensar els interessos dels usuaris i assegura que continuaran lluitant per recuperar el local.

Possible cessió municipal

Per la seva banda, consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Palma expliquen que el Consistori va posar, en el seu moment, el Casal de Barri de Son Cladera a disposició dels responsables de La Cala, però que l'entitat va rebutjar la proposta. L'Ajuntament recorda que el seu paper consisteix a cedir espais municipals perquè s'hi puguin desenvolupar activitats.

Coronado, tanmateix, retreu que el que es va posar sobre la taula va ser únicament una sala insuficient per desenvolupar l'activitat habitual de La Cala. “No era adequada per al que nosaltres fem”, sosté. Assegura que tècnics municipals van arribar a estudiar la possibilitat d'ampliar aquest espai, però van concloure que no era viable. La presidenta de la junta gestora recorda que el casal acollia activitats diàries i reunia un nombre d'usuaris molt superior al que podia assumir aquell equipament.

Desallotjament “inhumà” i “antidemocràtic”

La Unió d'Associacions de Mallorca (UAM) també s'ha sumat a les crítiques pel desallotjament del casal de La Cala. En un comunicat públic signat pel seu president, Pere Felip Buades, l'entitat assegura que no pot quedar-se “amb els braços plegats” davant el “tancament inadequat i infame” del local, “màxim tenint en compte que La Cala és l'associació de persones grans que més activitats duu a terme” i que aplega el nombre més gran de socis i sòcies de les Illes Balears. Tot i assegurar que respecta la resolució judicial que ha permès executar el llançament, afirma que no la comparteix i la qualifica d'“inhumana”, “anticristiana”, “antidemocràtica”, “immoral”, “caciquil” i “il·legal”.

Així mateix, l'organització ha reptat públicament la Fundació Sa Nostra a mantenir un debat públic “quan vulgui i on vulgui, amb la finalitat d'exposar lliurement i democràticament els respectius punts de vista”. En la mateixa nota, adverteix que, si l'entitat declina participar-hi, interpretarà aquesta decisió com una manca de voluntat d'oferir explicacions públiques sobre el cas.

La UAM assenyala, a més, que aquest assumpte serà abordat en el ple municipal d'aquest mes de juliol i sosté que tots els grups polítics tenen el deure de posicionar-se en defensa de l'associació. “Aquí no valdran les abstencions”, afirma en un altre comunicat, en què considera que no donar suport a La Cala equivaldria a girar l'esquena a una entitat que defineix com a “modèlica” i un “referent” del moviment associatiu de les Illes Balears.

Manca de mobilització social

Mentrestant, Stop Desnonaments Mallorca ha carregat durament contra el desallotjament del casal de persones grans de Son Cladera, que qualifica de “brutal”, i responsabilitza la propietària de l'immoble del que ha passat. La plataforma recorda que durant els darrers anys ha donat suport a les reivindicacions de l'associació per conservar el local, difonent les convocatòries i participant, en la mesura de les seves possibilitats, en les mobilitzacions organitzades en defensa del casal. Tot i això, el col·lectiu també marca distàncies amb la gestió de l'actual direcció de l'associació. Al seu parer, tant la majoria de la junta directiva com l'assemblea de socis que va donar suport a l'acord subscrit el 2024 amb la Fundació Sa Nostra “es van equivocar”.

L'organització lamenta que, en la reunió en què es va aprovar aquell acord, prevalgués el criteri de l'advocat per damunt del d'altres socis que, tot i no ser juristes, comptaven, segons sosté el col·lectiu, amb assessorament jurídic i amb l'experiència acumulada després d'anys de lluita veïnal. Al seu entendre, la direcció també es va equivocar en no tornar a convocar els socis per valorar l'evolució del conflicte i en optar per transmetre un missatge de tranquil·litat mentre el procediment judicial continuava avançant. Així mateix, sosté que la manca d'informació prèvia sobre la data del llançament va impedir organitzar una mobilització veïnal que, segons defensa, hauria pogut intentar evitar el desallotjament.

En aquest context, el col·lectiu defensa que l'estratègia per recuperar el casal s'ha de basar en la mobilització social i en la col·laboració entre entitats, i aposta per obrir una nova etapa sustentada en la unitat del barri. Amb aquest objectiu, ha demanat la convocatòria d'una reunió pública entre la junta de l'associació de persones grans, Stop Desnonaments SONKLA, l'Associació de Veïns de Son Cladera i qualsevol altre col·lectiu o veí que vulgui sumar-se a la defensa del casal.

“Esperem que, pel bé de l'associació, del casal i de les persones grans, la junta rectifiqui i passi a confiar en la mobilització del barri i en les aliances amb altres col·lectius que volem donar suport a la recuperació del local i a la defensa d'un barri digne”, subratlla. La plataforma reivindica la necessitat que les decisions puguin ser debatudes i qüestionades dins els moviments veïnals i socials i reitera la seva disposició a continuar donant suport a la recuperació d'un espai que considera fonamental per a la vida comunitària de Son Cladera.

Més enllà de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor i la resta d'usuaris del casal comparteixen una mateixa reivindicació: recuperar un espai que consideren imprescindible per mantenir viva la convivència a Son Cladera. Per a ells, La Cala no era només un casal de persones grans; era el lloc on omplien les tardes, feien amistats i continuaven sentint-se part d'un barri que avui, diuen, és una mica més pobre que fa dues setmanes. “Jo ja vaig cap als noranta anys i això era l'únic que tenia per sortir de casa”, conclou Isabel.

Es media mañana y el sol cae a plomo sobre la barriada palmesana de Son Cladera. Apenas hay movimiento en las calles, solo el murmullo que llega desde una pequeña plaza donde, sentadas en la terraza de un bar de toda la vida, conversan varias mujeres. Desde hace dos semanas es su punto de encuentro habitual. El anterior lo perdieron el pasado 2 de julio, cuando una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desalojo de La Cala, el local en el que, durante más de tres décadas, bailaron, jugaron al bingo, celebraron comidas populares y, sobre todo, encontraron compañía. Allí donde, hasta hace dos semanas, los vecinos entraban y salían, hoy solo queda una persiana bajada. “Han quitado la diversión de mucha gente”, lamenta Fidela, una de las antiguas usuarias.

En Son Cladera, un barrio de 7.500 habitantes surgido a mediados de los sesenta al calor de la expansión urbana de Palma, la herida del desalojo aún continúa abierta. Y es que lo que comenzó como un litigio entre la asociación de mayores y la propiedad del inmueble ha acabado convirtiéndose en la máxima expresión de un malestar más profundo: el de un vecindario que llora la desaparición progresiva de los espacios que articulaban su vida comunitaria y la pérdida de otros servicios básicos como las sucursales bancarias. “Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero”, prosigue Fidela.

Fidela Pedregal llevaba décadas vinculada al casal, que contaba con más de 300 usuarios. Allí acudía dos veces por semana “para lo de la cabeza” -en alusión a los talleres de memoria- y compartía las tardes con otros vecinos entre actividades, fiestas y partidas de bingo. Sentada en la terraza del bar Málaga, donde cada mañana se reúne con Josefa, Leonor y otras vecinas que también frecuentaban La Cala, lamenta que el cierre ha dejado a muchas personas mayores del barrio “sin sitio a donde ir”, recriminando que un espacio que durante años sirvió para combatir la soledad y mantener activa a la gente mayor haya desaparecido de un día para otro. “Nos han abandonado”, abunda.

Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero

Fidela — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

El pasado 2 de julio, mientras decenas de usuarios participaban en un taller de memoria, la comitiva judicial y los efectivos policiales irrumpieron en el edificio para ejecutar el lanzamiento. En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre. Los carteles de bailes, excursiones y talleres que aún cuelgan de las ventanas son el único vestigio de la intensa actividad que durante décadas acogió el casal, reconvertido en el símbolo de una realidad que va más allá del caso y que plantea interrogantes en torno al futuro de los espacios comunitarios para las personas mayores y sobre la vulnerabilidad de numerosas asociaciones que desarrollan su labor social en inmuebles de titularidad privada.

En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre

El origen del conflicto se remonta a la deuda acumulada por la anterior junta directiva con la Fundació Sa Nostra, propietaria del inmueble desde 2020. Tras varios impagos del alquiler, la Fundació inició un procedimiento judicial para recuperar el local. En 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió suspender un primer intento de desalojo y dio margen a la nueva junta gestora para intentar regularizar la situación económica. A cambio, la asociación asumía una serie de obligaciones, entre ellas el pago de un arrendamiento de 2.200 euros al mes, una cantidad destinada a cubrir tanto la renta corriente como la amortización progresiva de la deuda acumulada, que rondaba los 30.000. El pacto fue respaldado por la asamblea de socios, pero una parte de los asociados se opuso al considerar que dejaba a la entidad en una posición de vulnerabilidad frente a la propiedad. El desahucio, finalmente, acabó por llegar.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Fundació Sa Nostra para conocer, entre otras cuestiones, qué comunicaciones mantuvo con la asociación gestora respecto a la fecha del desalojo, qué incumplimientos concretos motivaron finalmente la ejecución del mismo, si existieron propuestas o alternativas para evitarlo una vez iniciado el procedimiento judicial y qué uso tiene previsto dar al inmueble a partir de ahora, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Solo quedan los médicos y tres farmacias”

Al lado de Fidela está sentada Josefa, quien confiesa que echa de menos la rutina que durante años marcó sus tardes. Acudía al casal para jugar al bingo, comprar la lotería y compartir unas horas con sus vecinos, aunque reconoce que evitaba volver sola de noche porque el camino hasta su casa le daba miedo. No presenció el desalojo, ya que se produjo por la mañana, pero ha escuchado a sus antiguos compañeros narrar lo sucedido, plasmado además en varios vídeos que corrieron como la pólvora.

“Había personas que tuvieron que salir deprisa con el tacataca y los carritos. Fue una falta de respeto. Dicen que recompondrán la situación, pero no lo sé. Me han dicho que ya han comprado el local para hacer pisos”, prosigue. Para ella, el cierre del casal es un capítulo más del progresivo abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. “Lo único que nos queda son los médicos y tres farmacias”, denuncia, convencida de que las personas mayores son las principales perjudicadas.

“A mí me han matado”, afirma en la misma línea Isabel, a punto de cumplir 90 años. En el portal de su casa, próximo al casal, describe el cierre como un duro golpe a su día a día mientras recuerda las tardes de bingo, los talleres de memoria y las conversaciones que hasta hace apenas unas semanas llenaban el local. Allí participaba en las actividades de memoria y pasaba ratos jugando al bingo antes de regresar a casa.

Sentada junto a Fidela y Josefa, Leonor explica que llevaba vinculada al casal desde prácticamente sus orígenes. Recuerda que el club comenzó en un local más pequeño hasta trasladarse al edificio del que ahora ha sido desalojado. “Era muy grande: tenía un comedor muy grande, una cocina muy grande, un patio grande”, rememora. Allí se celebraban comidas dominicales, fiestas y actos como la última misa rociera. “Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida”, recuerda, resumiendo con nostalgia la intensa actividad social que albergabael edificio.

Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida

Leonor — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

Ana también echa de menos la rutina que había construido alrededor de La Cala. Allí jugaba al bingo, leía la prensa y, sobre todo, encontraba un lugar donde conversar con sus amigas. Ahora confía en que la asociación consiga un nuevo espacio para retomar las actividades. “Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado”, lamenta. A su juicio, el cierre del casal se suma a la desaparición de otros servicios esenciales en Son Cladera, como las oficinas bancarias, una circunstancia que, advierte, ha aumentado la dependencia de muchas personas mayores. “Ahora dependen ya de alguien que les lleve a algún sitio o que les haga las gestiones”, resume.

Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado

Ana — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

“Los barrios no interesan”

En un banco de la misma plaza, José y Domingo charlan con otros vecinos. José lamenta que el cierre ha perjudicado a personas mayores como uno de sus familiares, que asistía con frecuencia a los talleres de memoria y que, tras el desalojo, depende ahora de que sus hijas lo lleven a otro centro. “Solo no puede ir”, explica, convencido de que el desalojo ha complicado la vida cotidiana de muchos usuarios que encontraban en La Cala un espacio cercano y accesible.

Salvador, por su parte, sostiene que el problema refleja el abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. Lamenta la desaparición de servicios en el barrio, critica la falta de presencia policial y reprocha a las administraciones no haber encontrado una solución antes del desalojo. “Los barrios no interesan”, afirma Salvador, quien también defiende que la asociación había conseguido sanear su situación económica y considera que las personas mayores han terminado pagando las consecuencias de un conflicto que, entiende, podría haberse resuelto de otra manera.

La junta gestora: “Seguiremos luchando”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, asegura que la asociación no da la batalla por perdida. “Seguiremos luchando”, afirma en declaraciones a elDiario.es, convencida de que todavía existen opciones para recuperar el casal. Sostiene, incluso, que el caso puede sentar un precedente para otras entidades. Coronado confía en que el cierre no sea definitivo dado que, tras el lanzamiento, recibieron la comunicación de que el Juzgado revisaría la documentación del procedimiento y que éste les ha otorgado un plazo de entre cuatro y diez días hábiles para hacerlo.

Sin embargo, lamenta que la resolución se esté demorando por el periodo vacacional. “Lo tomaremos como unas vacaciones y a esperar, porque seguiremos luchando”, señala, aunque reconoce que la espera “se hace una eternidad” para unos usuarios que llevan semanas sin poder acceder al local.

En este sentido, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son las personas mayores. “Ahora no saben dónde ir”, afirma. Explica que muchas acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas. “Les han cortado esto”, lamenta. A su juicio, el cierre del local se suma a la desaparición de otros servicios básicos del barrio, como las comentadas sucursales bancarias, una situación que, asegura, deja a muchos vecinos de edad avanzada en una posición de mayor dependencia. “Los han dejado abandonados”, concluye.

En los últimos años se han sucedido las protestas, las concentraciones y los llamamientos contra el desalojo de La Cala. Tras conocer la demanda de desahucio, la Asciación de Vecinos de Son Cladera se volcó en la defensa del casal y comenzó a organizar movilizaciones y campañas de apoyo para tratar de frenar el cierre. “Hoy son ellos a quienes echan a la calle; pero mañana todos seremos mayores y nos gustaría mantener nuestros espacios de convivencia con seguridad jurídica y política social humanitaria, sabiendo que se respetan los derechos y obligaciones de todos”, expresaba en un mensaje difundido en Facebook en abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son los mayores: "Ahora no saben dónde ir". Explica que muchos acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas

Tras el desalojo del casal, varios socios y vecinos de Son Cladera han hecho públicas cartas abiertas en las que cuestionan tanto la actuación de la Fundació Sa Nostra como la gestión del abogado de la asociación. Uno de los socios, Juan Sánchez, critica que la Fundació rompiese con el modelo de cesión gratuita del local que había estado vigente durante tres décadas tras asumir la gestión del inmueble en 2020 e imponer un alquiler a la asociación. Como relata, la deuda se originó durante la etapa de la anterior junta directiva, que dejó de abonar las rentas, y fue la posterior junta gestora la que asumió el compromiso de sanear la situación económica y mantener la actividad del casal.

Sánchez defiende que, durante los dos últimos años, la asociación ha abonado prácticamente toda la deuda acumulada al duplicar la cuota mensual que pagaba a la Fundación, por lo que considera que el desalojo no responde a un impago, sino al interés de recuperar el inmueble. En la carta acusa además a la Fundació Sa Nostra de haber aprovechado el contrato firmado con la junta gestora para hacerse con el local y dejar “en la calle” a más de 250 personas mayores, una actuación que considera incompatible con los fines sociales que proclama la entidad y que, a su juicio, contradice el espíritu de sus propios estatutos.

Por otro lado, asegura que la voluntad mayoritaria de la asamblea era agotar todas las vías para permanecer en el local, incluida la posibilidad de resistir al lanzamiento si fuera necesario. Dirigiéndose al abogado de la gestora, le reprocha no haber informado a los socios de la fecha prevista para la ejecución del desahucio. “Si hubiera avisado de lo que haría el juez, cuando el juez se presentó en el local se lo habría encontrado lleno de gente negándose a salir”, escribe.

Coronado, sin embargo, rechaza las críticas y asegura que el desalojo cogió por sorpresa incluso a la propia entidad, alegando que la comunicación judicial llegó con muy escaso margen. Según afirma, el letrado recibió la notificación la tarde anterior y, para cuando quisieron reaccionar, la comisión judicial ya se había presentado en el casal a primera hora de la mañana. “No dio tiempo a nada. No entendemos que actúen de esa manera”, lamenta. La máxima responsable de la gestora incide en que la prioridad de ésta siempre ha sido defender los intereses de los usuarios, por lo que, asevera, continuarán luchando para recuperar el local.

Posible cesión municipal

Por su parte, consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Palma explican que el Consistorio, en su momento, puso a disposición de los responsables de La Cala el Casal de Barri de Son Cladera, pero que la propuesta fue rechazada por la entidad. El Ayuntamiento recuerda que su papel consiste en ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades.

Coronado recrimina, sin embargo, que lo que se puso sobre la mesa fue únicamente una sala insuficiente para desarrollar la actividad habitual de La Cala. “No era adecuada para lo que nosotros hacemos”, sostiene. Asegura que técnicos municipales llegaron a estudiar la posibilidad de ampliar ese espacio, pero concluyeron que no era viable. La presidenta de la gestora recuerda que el casal acogía actividades diarias y reunía a un número de usuarios muy superior al que permitiría ese emplazamiento.

Desalojo “inhumano” y “antidemocrático”

La Unión de Asociaciones de Mallorca (UAM) también se ha sumado a las críticas por el desalojo del casal de La Cala. En un comunicado público firmado por su presidente, Pere Felip Buades, la entidad asegura que no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante el “inadecuado e infame” cierre del local, “máxime teniendo en cuenta que La Cala es la asociación de gent gran [personas mayores en catalán] que más actividades viene realizando” y que aglutina al mayor número de socios y socias de Balears. Aunque asegura respetar la resolución judicial que ha permitido ejecutar el lanzamiento, señala que no la comparte y la califica de “inhumana”, “anticristiana”, “antidemocrática”, “inmoral”, “caciquil” e “ilegal”.

Asimismo, la organización ha retado públicamente a la Fundació Sa Nostra a mantener un debate público “cuando quiera y donde quiera, con el fin de exponer libre y democráticamente los consiguientes puntos de vista por ambas partes”. En la misma nota, advierte de que, si la entidad declina participar en ese debate, interpretará esa decisión como una falta de voluntad para dar explicaciones públicas sobre el caso.

La UAM señala además que este asunto será abordado en el pleno municipal de este mes de julio y sostiene que todos los grupos políticos tienen la obligación de posicionarse en defensa de la asociación. “Aquí no valdrán las abstenciones”, afirma en otro comunicado, en el que considera que no apoyar a La Cala equivaldría a dar la espalda a una entidad que define como “modélica” y un “referente” para el movimiento asociativo de Balears.

Falta de movilización social

Mientras tanto, Stop Desahucios ha cargado duramente contra el desalojo del casal de personas mayores de Son Cladera, que califica de “brutal”, y responsabiliza a la entidad propietaria del inmueble. La plataforma recuerda que durante los últimos años ha respaldado las reivindicaciones de la asociación para conservar el local, difundiendo convocatorias y participando, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones convocadas en defensa del casal. No obstante, el colectivo también marca distancias con la gestión de la actual dirección de la asociación. En su opinión, tanto la mayoría de la junta directiva como la asamblea de socios que respaldó el acuerdo suscrito en 2024 con la Fundació Sa Nostra “se equivocaron”.

La organización lamenta que, en la reunión en la que se aprobó aquel el acuerdo, prevaleciera el criterio del abogado frente al de otros socios que, pese a no ser juristas, contaban -asevera- con asesoramiento legal y con la experiencia acumulada de años de lucha vecinal. A su juicio, la dirección también erró al no volver a convocar a los socios para valorar la evolución del conflicto y al optar por transmitir un mensaje de tranquilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial. Asimismo, sostiene que la falta de información previa sobre la fecha del lanzamiento impidió organizar una movilización vecinal que, en su opinión, podría haber tratado de evitar el desalojo.

En este contexto, el colectivo defiende que la estrategia para recuperar el casal debe basarse en la movilización social y en la colaboración entre entidades, por lo que propone abrir una nueva etapa basada en la unidad del barrio. Para ello, ha solicitado la celebración de una reunión pública entre la junta de la asociación de personas mayores, Stop Desahucios SONKLA (su rama en Son Cladera), la asociación de vecinos y cualquier otro colectivo o vecino que quiera sumarse a la defensa del casal.

“Esperemos que por el bien de la asociación, del casal, de los mayores, la junta rectifique y pase a confiar en la movilización del barrio y alianzas con otros colectivos que queremos apoyar la recuperación del local y la defensa de un barrio digno”, subraya. La plataforma reivindica la necesidad de que las decisiones puedan ser debatidas y cuestionadas dentro de los movimientos vecinales y sociales y reitera su disposición a seguir apoyando la preservación un espacio que considera fundamental para la vida comunitaria de Son Cladera.

Más allá de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor y el resto de usuarios del casal comparten una misma reivindicación: recuperar un lugar que consideran imprescindible para mantener viva la convivencia en Son Cladera. Para ellos, La Cala no era solo un casal de personas mayores: era el espacio donde llenaban las tardes, hacían amistades y seguían sintiéndose parte de un barrio que hoy, dicen, es un poco más pobre que hace dos semanas. “Yo ya voy para noventa años y esto era lo único que tenía para salir de casa”, concluye Isabel.

La localidad de Mondéjar, en Guadalajara ha acogido la gala de la décima edición de los Reconocimientos a la Iniciativa Social, un acto institucional impulsado por el Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social, que en esta ocasión ha distinguido a 17 personas y entidades por “su aportación ejemplar a la solidaridad, la inclusión y la cohesión social en la región”.

El evento, que tuvo que aplazarse hace unos días por razones meteorológicas, ha reunido a representantes del Tercer Sector, del voluntariado y del ámbito comunitario, junto a autoridades regionales y provinciales, en una ceremonia celebrada en el Centro Cultural ‘Don Íñigo López de Mendoza’ de Mondéjar, en la provincia de Guadalajara.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que esta gala “es uno de los actos más especiales del año” para el Gobierno regional porque permite reconocer “a quienes hacen posible que la solidaridad no se quede en simples intenciones y que impacte en la vida real de las personas”, en una edición que se ha celebrado bajo el lema ‘Acciones con alma’.

En total, se han entregado 14 reconocimientos en siete categorías (dos por categoría), además de tres Reconocimientos Especiales.

En la categoría de Acción Social se ha reconocido a la Asociación Gitana ‘Juventud de Ocaña’, por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes y familias, impulsando la inclusión y la participación comunitaria; y al párroco Juan Antonio Mínguez, por una trayectoria de atención y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad sostenida desde un compromiso humano y social constante.

En Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Gobierno regional ha distinguido a Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo y defensa de las personas afectadas y sus familias; y a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techos’, que promueve rutas accesibles e inclusivas para acercar la montaña a personas con movilidad reducida.

En el ámbito del Voluntariado se ha premiado al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por promover iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad, como la Carrera Rupestre con fines benéficos vinculados a enfermedades raras; y al CEIP ‘San Lucas y María’ (Toledo), por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra voluntariado y red comunitaria para una educación participativa e inclusiva.

En la categoría de Discapacidad han sido reconocidos Pedro Solís García, por su contribución a la sensibilización social a través de proyectos audiovisuales vinculados a la discapacidad; e Insolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y la defensa de derechos e igualdad de oportunidades.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha distinguido a la Fundación Pulsar, por proyectos centrados en educación, salud y empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria ligada a los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas y por su labor internacional en distintos países.

En Promoción del Tercer Sector Social, el reconocimiento ha recaído en la firma Mixer & Pack, por su alianza con Cruz Roja y su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y en REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional comprometida con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En la categoría de Infancia y Familia se ha reconocido a Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como por su implicación como familia de acogida; y también a la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de políticas públicas.

Tres reconocimientos especiales

Por último, en Reconocimientos Especiales, el Gobierno regional ha distinguido a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado; a la Policía Nacional, por sus carreras solidarias ‘Ruta 091’, que unen deporte y causa social en varias provincias de Castilla-La Mancha; y a la Comunidad ‘Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca’ de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio y acompañamiento a personas enfermas, infancia y colectivos vulnerables.

Los Reconocimientos a la Iniciativa Social cumplen una década para reconocer públicamente el compromiso social en Castilla-La Mancha, con casi 200 iniciativas y trayectorias premiadas desde su creación. En esta décima edición, los galardones han sido seleccionados entre 151 candidaturas y evaluados por un proceso de selección con criterios de impacto social, trayectoria, innovación y compromiso con la igualdad y la justicia social.

García Torijano ha destacado que “el alma no se improvisa” y que se construye “con decisiones valientes, con políticas públicas estables”, pero también con el trabajo diario de quienes sostienen la acción social desde la cercanía: entidades, voluntariado, tejido empresarial y comunidad.

A la vez, García Torijano ha advertido que, ante la actual inestabilidad internacional y social, “en Castilla-La Mancha no debemos y no queremos mirar para otro lado. No lo vamos a hacer. Tenemos que pelear por un mundo mejor y eso empieza por poner pie en pared frente a los discursos de odio, a los discursos xenófobos, a los discursos racistas… a los discursos que de alguna manera generan crispación entre la sociedad”.

En Castilla-La Mancha no debemos y no queremos mirar para otro lado. No lo vamos a hacer. Tenemos que pelear por un mundo mejor y eso empieza por poner pie en pared frente a los discursos de odio, a los discursos xenófobos, a los discursos racistas… a los discursos que de alguna manera generan crispación entre la sociedad

Bárbara García Torijano — Consejera de Bienestar Social

Para la consejera, “la defensa de los derechos humanos tiene que tomar una parte activa y formar parte de los discursos políticos y de la sociedad civil, porque ahora es más importante que nunca que defendamos todos estos derechos”.

La elección de Mondéjar como sede de estos premios responde a “la voluntad del Ejecutivo autonómico de acercarlos al territorio y reconocer el papel de los pequeños municipios como espacios de participación y cohesión social”.

En este sentido, la consejera ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Mondéjar, así como a su alcalde, José Luis Vega, y ha puesto en valor el carácter de la localidad como un lugar “emprendedor y solidario”, idóneo para simbolizar el espíritu de esta edición.

Patricia se pasea por Toledo con una camiseta con el año 1989 impreso en el pecho y un pequeño 30 que celebra los seis lustros de actividad de 'Ciudad Alternativa'. Pocos saben en España qué es Ciudad Alternativa, pero llevan muchos años mejorando la vida de miles de familias en Santo Domingo, en la República Dominicana, desde que comenzaron su actividad.

Esta organización con nombre de disco de rock de los 90 ha consolidado un modelo de participación único basado en la colaboración organizada entre vecinos para frenar grandes proyectos inmobiliarios pensados de espaldas a la ciudadanía en Santo Domingo.

También es muy de los 90 la idea de barrios vivos y activos, con un amplio y fuerte tejido social. Pero en España la base social de las asociaciones vecinales ha ido buscando refugio en asociaciones de mujeres, de jubilados, o de otras actividades… y de manera particular en España han ido perdiendo espacio de representación en la ciudad.

Sin embargo, el modelo que Ciudad Alternativa comparte se basa en que sea el movimiento vecinal el que apoye a asociaciones o colectivos más pequeños. Después de todo, asociarte a la asociación que más te interesa no resta tu condición de vecino ni tus derechos como ciudadano.   

Patricia Gómez, coordinadora del área Producción Social del Hábitat, comenta que alrededor de 35 comunidades están bajo amenaza de desalojo en estos momentos en Santo Domingo, algunas de ellas con la circunstancia agravada de que son zonas humildes, pero históricas donde la presión turística acentúa el interés inmobiliario.

De una manera sencilla, toda la estructura se articula gracias a la participación ciudadana. Sus representantes no son electos, son seleccionados, para evitar la participación minoritaria.

Este modelo organizativo actúa de manera colegiada y coordina las comunidades barriales y a su vez tienen estructuras transversales que articulan la cohesión social del barrio, bajo la definición de brigadas comunitarias, como gestión de emergencias, protección ambiental y cuidado animal. Funcionan casi como un gobierno colegial ciudadano en los barrios eliminando la representación individual.

Le acompaña Katherine Almánzar, comunicadora social y encargada de Comunicación en Ciudad Alternativa, que explica que desde Ciudad Alternativa han desarrollado un programa de acompañamiento a las comunidades locales, y a su vez a nivel estatal están organizados en un conglomerado de entidades llamado Foro Ciudadano. “Todo surgió por los desalojos forzosos que se dieron en el municipio de Boca Chica”, donde la presión inmobiliaria está forzando desahucios de personas y familias vulnerables, comenta Almánzar.

Ciudad Alternativa nació como respuesta a una amenaza de desalojo forzoso en la comunidad de Domingo Sabio, en la Ciénaga, una extensión muy humilde en la que viven más de 45.000 familias al norte de Santo Domingo que desde hace treinta años no ha dejado de recibir presiones inmobiliarias para reurbanizar y construir. La primera vez fue frenado por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, una organización de la Iglesia católica que sigue activa, pero los vecinos se han ido organizando para frenar desalojos de manera más efectiva.  

La responsable de comunicación reconoce que los intereses inmobiliarios sobre las barriadas populares no son nada nuevo y que los vecinos de Santo Domingo han estado frenando desalojos desde la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo “y aún continúan”.

La presión urbanística es una constante en las grandes ciudades. También en España, de hecho, no deja de ser paradójica la participación de Ciudad Alternativa en Toledo. Una ciudad histórica que acumula su propia trayectoria particular en relación al urbanismo con una realidad compleja. Un barrio que ha crecido y se ha desarrollado al amparo de la antigua fábrica de la Standard, una orografía difícil de sortear, una dispersión urbanística poco habitual. Y ahora la realidad añadida de dificultad de acceso a la vivienda por los altos precios debido a la cercanía con Madrid.

Visitan esta semana distintos puntos de Castilla-La Mancha con un proyecto que lleva por nombre Cooperación transformadora: inspirando acciones hacia un mundo sostenible, creando alianzas Norte-Sur en Castilla-La Mancha. Y que no sólo están compartiendo foros de debate y espacios de encuentro con otras entidades, también lo están haciendo con instituciones.

Uno de los ejes de trabajo de este proyecto tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 'Ciudades y comunidades sostenibles'. Si bien en la región se está trabajando en este aspecto, es cierto que la presencia de Ciudad Alternativa aporta una visión desde la participación social y el derecho a la ciudad novedoso. 

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles

En su visita a Toledo, Patricia Gómez y Katherine Almánzar destacan el valor de este proyecto para avanzar en el objetivo de que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. “Desde Ciudad Alternativa vemos la participación en este proyecto como una oportunidad clave para visibilizar, desde nuestras experiencias locales, el impacto de la cooperación internacional en la construcción de territorios más justos, resilientes y sostenibles” argumenta Almánzar.

Ahora que, explica, se ha hecho “muy importante para nosotros y puede ser muy importante para el resto de los países, lo que observamos es que el número de desalojos y de amenazas de desalojo ha crecido exponencialmente desde la pandemia de Covid-19”, y aunque reconoce que no ha sido una sorpresa, sí ha sido “chocante” porque se trata de barrios, en algunos casos sin agua en el domicilio, pero con servicios públicos como transporte o escuela.

Es muy importante para nosotros y puede ser muy importante para el resto de los países, lo que observamos es que el número de desalojos y de amenazas de desalojo ha crecido exponencialmente desde la pandemia de Covid-19

Katherine Almánzar — Ciudad Alternativa

Gracias a la actividad de estas agrupaciones ciudadanas, han conseguido llevar un proyecto de ley para que se proteja a las comunidades reconocidas por el Estado de alguna manera —con escuelas, electricidad, agua comunitaria— o familias en asentamientos con más de diez años, una ley que está en trámite parlamentario y que puede cambiar las reglas del tablero urbanístico de Santo Domingo.

De vuelta a España, los movimientos sociales vinculados al derecho a la ciudad fueron muy importantes entre finales de los sesenta y principios de los ochenta. Vinculados sobre todo a las migraciones internas entre entorno rural y urbano. De hecho, casi todas las ciudades de España tienen un barrio de “ensanche” o nombre similar.

Ahora como sociedad miramos al pasado cercano a través de otros enfoques, como es el caso del premio a mejor película en los Goya de este año que ha galardonado la cinta El 47, cuyo resumen es: “Un hombre. Un autobús. El destino de un barrio”. Una historia que pone sobre la mesa viejos problemas que generación tras generación parece que vuelven para llamar a la puerta de la juventud, si tienen la suerte de tener timbre.

Los centros de servicios sociales de Donostia han estado cerrados este jueves y viernes y también lo estarán los próximos 28, 29 y 30 de abril a raíz de la huelga convocada por las 130 trabajadoras (en su mayoría mujeres) de Acción Social del Ayuntamiento. Se trata de una plantilla compuesta por trabajadoras sociales, psicólogas, administrativas, técnicas y educadoras que se encargan de atender a la ciudadanía, gestionando servicios esenciales como la ayuda a domicilio, recursos para la discapacidad y la dependencia, atención psicológica infantil y apoyo a personas en riesgo de exclusión social y mayores. Desde el sindicato ELA han denunciado que las trabajadoras están “al límite”. “Es imposible que con el aumento de las cargas de trabajo que están sufriendo se siga trabajando con las mismas trabajadoras”, han alertado.

Josune Lezana es una de las trabajadoras que ha secundado la huelga. En su caso, lleva 22 años como trabajadora social de los servicios sociales de base. “Somos los servicios sociales municipales, que somos la puerta de entrada a todo el sistema público de servicios sociales. Atendemos a personas dependientes, mayores situaciones de vulnerabilidad o de falta de recursos económicos, familias con conflictos en la convivencia, menores de edad en riesgo en situaciones de desprotección, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y todo lo que pueden ser problemáticas sociales y socioeconómicas”, detalla.

El problema es que desde hace unos años han notado mayor demanda, que deben atender con los mismos recursos. “Estamos desde hace años ya con una subida exponencial de la demanda, pero sobre todo en los últimos años. A partir de la pandemia ha habido un incremento muy importante, un 20% de subida de casos a atender. Sin embargo, los recursos son los mismos y somos los mismos profesionales trabajando. Estamos llegando ya a unos niveles insostenibles. La sobrecarga y la falta de estabilidad en los equipos no es algo nuevo, pero se ha agravado ya hasta unos niveles insostenibles. No podemos responder a los cientos y cientos de llamadas que recibimos cada día. No podemos atender con la rapidez y la calidad necesarias a las demandas de los ciudadanos”, denuncia la trabajadora.

Según reconoce, las trabajadoras se han reunido con el Ayuntamiento para solicitar refuerzos, pero desde el Consistorio no atienden a sus peticiones. “Atendemos las urgencias y estamos apagando fuegos constantemente, pero con un estrés y una sobrecarga muy importante. Lo que pedimos es un refuerzo, que haya más contrataciones, un refuerzo de las plantillas y una reorganización. También hace falta una reestructuración para mejorar lo que es el trabajo y la organización del día a día. Nos hemos reunido ya en varias ocasiones con la dirección y con el Ayuntamiento y no ha habido ninguna respuesta. Solamente se nos dice que no hay dinero para contratar a más personal”, asegura.

“No pedimos ni que se nos suban los salarios, solamente pedimos poder trabajar en una situación normal, en una situación en la que podamos atender a las personas con calidad. Hay un montón de bajas y fugas de personal que en cuanto se puede se va a otro departamento porque trabajar en servicios sociales es durísimo y no por la problemática que atendemos, sino porque tenemos una presión insostenible. El Ayuntamiento tiene publicada en la web municipal una carta de servicios, un modelo de atención que no es verdad, porque no podemos dar esa respuesta si no tenemos los recursos necesarios”, lamenta.

Esa situación es la que ha hecho que las trabajadoras decidan parar. “Vamos a la huelga y estamos fuertes, estamos unidas porque creemos que estamos demandando algo justo, algo que es de derecho, tanto para las trabajadoras como para los ciudadanos de Donosti. Los servicios sociales somos los olvidados del Ayuntamiento. Nosotras atendemos a los pobres, a los vulnerables, a los mayores y no les interesamos. Eso es el mensaje que nos están dando. Lo que queremos es importarles y que nos doten de medios para que podamos hacer bien nuestro trabajo”, concluye.

Por su parte, desde el Ayuntamiento informan de que “en los últimos ocho años” han incrementado “un 40% el presupuesto destinado a acción social, que ha pasado de 24,7 millones en 2015 a 34,1 millones en 2022, de los cuales 9,2 son destinados a políticas de inclusión, lo que supone una inversión de 340 euros por habitante”. En cuanto a los últimos presupuestos aprobados, el equipo de Eneko Goia insiste en que “el presupuesto en 2025 para servicios sociales es mayor al del año pasado, un total de 37,4 millones de euros”. “Un incremento que viene derivado del aumento del gasto corriente destinado al departamento en 1,9 millones de euros provocado por los nuevos convenios de los contratos de servicio, así como por el aumento de la plantilla con 6 nuevos psicólogos comunitarios. Entre las partidas que destacan se encuentran la Ayuda Domiciliaria (9,9 millones de euros), las Ayudas de Emergencia Social (3,7 millones de euros ampliables según necesidad), Inserción Social (5,6 millones de euros) o Prevención de Infancia y Familia (4 millones de euros)”, aseveran.

Se llama José Luis Fernández Casadevante, pero él se presenta como Kois. “Es un apodo. Es el nombre de un pez. Son las carpas naranjitas de acuario asiáticas”, explica. Se lo llamaban a su abuelo como un mote cariñoso, luego a su padre, y luego a él. “A medida que han ido pasando las generaciones, algunos familiares se lo han ido quitando. Les parecía poco serio”, afirma. Pero él se ha ido reafirmando cada vez más en torno a ello.

Nació en Madrid (1978), se graduó en sociología, y se ha ido consagrando como un experto internacional en soberanía alimentaria. El activismo vecinal ha tenido un papel fundamental en su vida y, desde hace ya 15 años, participa en el huerto comunitario de su barrio, Vallecas. En él, cuenta, ha visto crecer a su hijo a la vez que lo hacían las hortalizas. Durante cinco años, Kois y su pareja, Nerea Morán —doctora arquitecta e investigadora del fomento de los usos agrarios del territorio desde el urbanismo— se sumergieron en un proceso de investigación que ha culminado en Huertopías: Ecourbanismo, cooperación social y agricultura, que acaba de publicar Capitán Swing. Para ellos, una simple parcela puede transformarlo todo.

¿Cómo comenzó su relación con los huertos y con la agricultura? 

Yo llevo veintipico años en el movimiento vecinal de Madrid. A raíz de acabar una lucha muy larga en el barrio, sentimos una especie de vacío existencial, y pensamos: '¿y ahora qué hacemos como asociación?'. Ya habíamos conocido el primer huerto comunitario de Madrid, que se montó en el barrio del Pilar unos años antes, y en 2010 decidimos montar uno en nuestro barrio. Y yo soy mucho de jugar el partido y tratar de narrarlo a la vez. De ir reflexionando en las cosas en las que participo, y ahí surgió un poco el interés tanto práctico como de investigación. Comencé a hacer todos los trabajos que he ido elaborando en este tiempo sobre los huertos. No fue un interés 'heredado'. Ni mis padres ni mis abuelos tenían huertos.

En el libro señala que ‘somos el paisaje en el que nos socializamos’. ¿Cuántos beneficios puede traer tanto para la salud mental como para la salud física la agricultura urbana?

Es una de esas actividades que pueden trascender el ocio meramente lúdico. Al final, sin darnos cuenta, nos provoca muchos beneficios, tanto individuales como colectivos. Ahora mismo la agricultura urbana se está utilizando como terapia complementaria desde sistemas nacionales de salud como los de Reino Unido o Estados Unidos. Tú vas al médico y te pueden recomendar ir al huerto. ¿Por qué? Porque combina ejercicio físico moderado, contacto con la naturaleza, estar al aire libre... Se recomienda mucho a personas que tienen depresión, ansiedad, soledad no deseada… Funcionan muy bien para reconectar con la vida en un sentido muy amplio.

También permiten mejorar la autoestima, los mecanismos de autocontrol, la paciencia, porque no son procesos que puedas forzar. Tú echas una semilla y te obliga a tener fe, esperanza en que eso va a brotar, y no puedes acelerar el proceso. Además, también lleva a cambios en los estilos de vida, en relación, sobre todo, con la alimentación.

También explica cuán protagonista puede llegar a ser un huerto comunitario en un barrio a la hora de potenciar lazos vecinales y de cuidados. 

Sí. Además es que son esos lugares donde la gente puede llegar de una en una y salir de cinco en cinco. Creo que eso es algo que no suele suceder en otros espacios asociativos. Son lugares más inclusivos. No hay una puerta. Tú a través de la valla ves lo que está sucediendo al otro lado y, si te interpela, a nada que te paras, te invitan a entrar. Eso permite también como una suerte de construcción de comunidades más heterogéneas, porque permite dinámicas intergeneracionales. Conviven personas jubiladas con jóvenes o niños, y todos los rangos de edad intermedios. O permiten incorporar con mucha más naturalidad a la población migrante.

Es un espacio que tiene dinámicas 'tobogán', que te arrastran sin que te des cuenta a participar en otras cosas de tu barrio partiendo de un interés que, en principio, era ir a comerte lo que habías cultivado

Te das cuenta de que la tierra es un espacio de encuentro muy proclive a que gente diferente haga una actividad en común. A partir de cultivar plantas y de trabajar en los bancales, esas relaciones acaban trascendiendo. Y se generan toda una suerte de habilidades sociales más colectivas, más de gestión de un espacio en común, de compartir recursos, de planificar colectivamente, y eso lleva a que mucha gente se conecte con tejidos asociativos locales más amplios que están fuera del huerto. Es un espacio que tiene dinámicas 'tobogán', que te arrastran sin que te des cuenta a participar en otras cosas de tu barrio partiendo de un interés que, en principio, era ir a comerte lo que habías cultivado.

Trabajar conjuntamente con tus vecinos con un objetivo compartido puede llegar a generar una especie de ‘autoestima colectiva’ en la comunidad, ¿no?

Claramente. Eso está estudiado en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Sobre todo, en las zonas más humildes. Allí tienen claro que éstos, aparte de funcionar con su actividad propia, han sido el germen de un montón de otras luchas vecinales. Cuando una comunidad es capaz de poner en marcha un proyecto, ver que es capaz de sacarlo adelante y que tiene éxito, se plantea que puede conseguir otras cosas. La gente se da cuenta de que puede lograr mejorar su entorno, sus condiciones de vida, y entonces se anima a involucrarse en otros procesos que pueden ser mucho más ambiciosos. Digamos que el huerto es un espacio donde cambios ordinarios pueden desembocar luego en cambios extraordinarios. 

De todos los casos que ha investigado y estudiado, ¿hay alguno que destacaría, cuya historia ejemplifique cuánto puede transformar un huerto a una comunidad?

El caso de 'Green Bronx Machine'. En el barrio del Bronx de Nueva York, un profesor, Stephen Ritz, trabajó con un aula de lo que vendría a ser aquí la ‘compensatoria’ de un instituto. Consigue sacar a los chavales al barrio, empezar a montar huertos comunitarios, mejorar el paisaje urbano de su entorno, que el barrio reconozca a los chavales y las chavalas como agentes de transformación positiva de su entorno, y que los chavales, a través de esta práctica, reconecten con una actividad que, como les gusta mucho, les invita a no faltar a clase.

A partir de esa práctica lo que hace Ritz es transversalizar todos los contenidos curriculares a partir del cultivo de alimentos y la cocina. Monta un aula experimental en la que se cultivan muchos alimentos y se cocinan, y a partir de ahí se pueden trabajar todas las materias obligatorias. Consigue que esos chavales y chavalas, que venían de unas tasas de fracaso escolar enormes, consigan una enorme tasa de éxito. El proyecto le permitió ganar el 'Premio Nobel de Educación', el Teacher Prize.

Están entrando diariamente miles de camiones que traen alimentos desde miles de kilómetros de distancia y esto, más que una fortaleza, deberíamos entenderlo como una fragilidad, una vulnerabilidad

Reflexiona también acerca de la gran seguridad alimentaria que pueden ofrecer estos proyectos. ¿Cree que el sistema alimentario, tal y como está concebido hoy, podrá sostenerse mucho tiempo más? 

Toda la gente que investigamos el sistema alimentario desde esta óptica más ecosocial somos bastante críticos. Ahora mismo tenemos uno completamente dependiente de los combustibles fósiles. Eso es una dependencia invisible que no percibimos. Funcionamos a partir de cadenas globales de suministros que son enormemente impactantes en términos ambientales, y que, además, generan toda una serie de asimetrías o de dependencias de unos territorios sobre otros. En términos de economía global supone el acaparamiento de recursos en el norte global poniendo a su servicio enormes superficies de otros territorios.

Al final no percibimos desde nuestros entornos tan artificializados cómo funciona realmente este sistema en el cual están entrando diariamente miles de camiones que traen alimentos desde miles de kilómetros de distancia y esto, más que una fortaleza, deberíamos entenderlo como una fragilidad, una vulnerabilidad, entendiendo que la ciencia dice que en un futuro próximo vamos a vivir con menos recursos, menos energía, y en entornos ambientalmente cada vez más complicados. Adaptarse a esta evidencia implicaría rediseñar y relocalizar los sistemas alimentarios. Yo creo que ahí la agricultura urbana es una pieza que va a ayudar a hacer este proceso y que va a ser importante.

Vivimos en un mundo donde nuestra atención está ‘secuestrada’ por las redes sociales. En este contexto, ¿cómo de revolucionario puede ser cuidar un huerto?

El huerto nos permite un espacio de reflexión personal. Actúa como un espacio en el que podemos pensar quiénes somos, qué nos gusta, qué sentido tiene nuestra vida, y compartirlo con otras personas. Allí desconectas de determinadas inercias cotidianas. Sucede también en otras prácticas como el senderismo. Al estar en entornos naturales, nuestro cerebro se evade de los problemas cotidianos, de las rutinas, y de las inercias del pensamiento. Por otro lado, nos obliga también a tener momentos de concentración plena.

En el contexto en el que estamos, mucho de lo que podemos hacer como personas a nivel individual es dejar de trabajar tanto como individuos y ponernos a trabajar más como colectivos, como comunidades, y el huerto es un lugar propicio en el que poder empezar

Y luego el huerto es revolucionario si lo entendemos no como un lugar para retirarse del mundo sino como uno a partir del cual poder intervenir sobre la realidad. Un lugar en el que las comunidades ganan protagonismo y se activan, y no tanto un lugar en el que nos retiramos a evadirnos y a resignarnos ante una realidad que nos ha superado. La mirada revolucionaria es entender el huerto como un ataque y no como una retirada, como decía el poeta Hamilton Hayne.

¿Más o menos cuánto tiempo hace falta en una semana para atender un huerto urbano y por dónde le recomendaría empezar a alguien que se lo esté planteando?

Depende de la superficie del huerto. Si es un huerto en terraza, con unas pocas horas a la semana es más que suficiente. Otra cosa es un huerto comunitario. Allí, el trabajo no se acaba nunca. Siempre son susceptibles de mejoras y de oportunidades para su embellecimiento. Pero en los huertos comunitarios conviven distintas intensidades de participación. Hay gente que está en el grupo motor de los proyectos, que está en el día a día, que se preocupa por coordinarlo, y gente que va más ocasionalmente.

Si alguien está interesado, lo primero sería enterarse de qué huertos urbanos tiene cerca, acercarse a preguntar, y probar. Igual el modelo que hay no le gusta, o igual descubre un lugar en el que va a ser feliz y va a conocer a gente interesante. En el contexto en el que estamos, mucho de lo que podemos hacer como personas a nivel individual es dejar de trabajar tanto como individuos y ponernos a trabajar más como colectivos, como comunidades, y el huerto es un lugar propicio en el que poder empezar.

La Fundación La Caixa ha alcanzado un presupuesto de 655 millones de euros para 2025, lo que supone un 9% más que el año anterior y el mayor de su historia, según ha informado la entidad. “Incrementamos el presupuesto para seguir impulsando el progreso social, la cultura y la ciencia, la educación, y la investigación y la salud”, ha señalado el presidente de la Fundación, Isidro Fainé.

Cerca del 60% de la inversión, más de 370 millones, se destinará al desarrollo de programas sociales, entre ellos la lucha contra la pobreza infantil, el empleo para personas vulnerables, el envejecimiento activo y la atención a personas con enfermedades avanzadas, ha señalado la entidad en un comunicado. La entidad lleva desde 2008 destinando más de 500 millones de euros anuales a acción social e incrementando esta cifra progresivamente desde el año 2017. 

Otro 20%, unos 130 millones, se destinará a iniciativas de divulgación de la cultura y la ciencia a través de la red de centros CaixaForum, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, exposiciones, conciertos y conferencias.

El área de investigación y salud contará con una dotación de 105 millones, un 16% del presupuesto total, que se dedicarán, entre otros proyectos, a la investigación médica y el desarrollo del CaixaResearch Institute, centro de referencia en el ámbito de la inmunología.

El 7% restante de la inversión en la entidad, unos 49 millones de euros, se destinará al área de educación y becas, que otorga becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado, así como al programa EduCaixa, que promueve la transformación para garantizar una educación de calidad a través del desarrollo de competencias tanto en del alumnado como de los docentes.

En la última década, la entidad ha destinado un total de más de 5.000 millones de euros a iniciativas sociales, científicas, educativas y culturales. 

En el balance de 2024, la entidad destaca que sus intervenciones sociales han llegado a más de 235.000 beneficiarios. El programa CaixaProInfancia, por ejemplo, dirigido a hogares con niños y adolescentes en riesgo o en situación de exclusión, atendió el año pasado a 65.845 personas y 41.849 familias.

El programa Incorpora, centrado en promover la integración laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad, facilitó por su parte cerca de 40.000 puestos de trabajo en España, en colaboración con más de 15.000 empresas.

La atención al final de la vida, a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, atendió a 36.587 pacientes y 41.682 familiares.

Favorecer la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental en el medio rural es parte del trabajo de diferentes entidades de acción social que trabajan en municipios de la provincia de Zaragoza. Estas organizaciones han recibido ayudas por valor de 700.000 euros para desarrollar sus proyectos por parte de la Diputación de Zaragoza.

La cuantía de esta línea de subvenciones se ha incrementado un 27% para cubrir gastos de 2023 y 2024. Los criterios de concesión han priorizado las iniciativas para favorecer la autonomía de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental de Adisciv, Ambil, Atades y Adislaf. Además, se han subvencionado otros proyectos dirigidos a colectivos vulnerables en ámbitos como la discapacidad física, las adicciones, la lucha contra el cáncer o el alzheimer o el autismo.

La diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la resolución, acompañada de la jefa de servicio de Bienestar Social, Yolanda Morales. “Con estas ayudas la Diputación de Zaragoza ratifica su compromiso de apoyo a los colectivos más vulnerables del medio rural de la provincia así como ayudar directamente a estas entidades que llevan a cabo una labor que llega más allá de donde lo hace la propia administración”, ha dicho.

Trébol ha subrayado que “estas subvenciones van a financiar proyectos variados y que abarcan numerosos colectivos en el medio rural y que de otra forma tendrían más difícil poder acceder a este tipo de actividades pensadas específicamente para cada ámbito de vulnerabilidad”. Además, ha reiterado el valor de estos colectivos “que llegan allá donde no llegan las administraciones”.

Entre los temas de los proyectos, según ha explicado Morales, hay actividades agroambientales para personas con discapacidad intelectual, actividades de apoyo, rehabilitación y fomento de la autonomía de este colectivo, apoyo social y económico a los niños con cáncer de la provincia, programas de atención para personas con discapacidad sensorial, acciones preventivas de adicciones entre jóvenes, formación para familias que viven en el ámbito rural en aspectos con la escuela pública, cursos y apoyo para familiares y cuidadores de personas con alzheimer, etc

Las ayudas se distribuyen en dos líneas: la principal va dirigida a intervenciones de información, orientación, apoyo y rehabilitación para favorecer la autonomía de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental así como actuaciones que promuevan la autonomía de estas personas y sus familias en el medio rural.

En esta línea se han distribuido 478.600 euros entre cuatro entidades: Adisciv, Ambil, Atades y Adislaf; la primera de ellas cuenta con una subvención de 118.600 euros y las otras tres 120.000 euros cada una. Todas ellas trabajan en municipios: Cinco Cillas, Comunidad de Calatayud, Tarazona, Borja, Alagón así como las comarcas del Campo de Cariñena, el Bajo Aragón-Caspe y la Ribera Baja del Ebro.

La otra línea de ayudas está dotada con un total de 221.400 euros y financiará proyectos de 17 entidades diferentes que recibirán cuantías que oscilan entre los casi 6.000 y los 15.000 euros. Las asociaciones que recibirán ayuda en esta desarrollan sus proyectos en diferentes zonas dela provincia y son Aspanoa (niños con cáncer), Apascide (sordociegos), Pierres (diversidad funcional), asociación Banco Farmacéutico, Fadea (estudiantes), Proyecto Hombre (adicciones), Coordinadora Aragonesa de voluntariado, Cerámicas el Cierzo Sociedad Cooperativa, Fundación Acción Laica, Unión de Consumidores de Aragón, Autismo Aragón, Afedaz (Alzheimer), ADUT (discapacitados Utebo), Asociación Augusta de Enfermedades Mentales, Fundación San Ezequiel Moreno, FAPAR 'Juan de Lanuza“ y Asociación Española contra el Cáncer.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, han firmado hoy en Toledo un acuerdo marco que contempla la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa, cultural y de investigación.

El acuerdo recoge que la Fundación 'la Caixa' aumenta a 10,5 millones de euros el presupuesto destinado a acción social en la Comunidad Autónoma en 2024, lo que supone 500.000 euros más que en 2020, una inversión que ha ido incrementando progresivamente en los últimos años.  

“En estos momentos tan complejos, intensificamos nuestro compromiso con la sociedad castellanomanchega, tan querida para nosotros. En la Fundación 'la Caixa' queremos estar al lado de las personas, y especialmente de aquellas que más lo necesitan, las más vulnerables. Por eso vamos a reforzar aquellos programas que tienen un mayor impacto transformador para la sociedad, como los que luchan contra la pobreza y la exclusión', ha manifestado Isidro Fainé.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Algunos de los proyectos prioritarios que ponen especial atención en la acción social transformadora son el conocido como CaixaProinfancia, un programa estratégico de la entidad que tiene como objetivo luchar contra la pobreza infantil. Esta iniciativa, dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o situación de exclusión atendió a 310 niñas y niños y a 172 familias en 2023. 

Además se apuesta por el programa Incorpora, que se centra en fomentar la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar trabajo, como personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, personas migradas y exreclusos, entre otros. A lo largo de 2023, se facilitaron un total de 1.138 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha gracias a la colaboración de 462 empresas del territorio. Un total de 20 entidades sociales y 29 técnicos de inserción desarrollan el programa Incorpora en la Comunidad.

Por otro lado, el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias. En Castilla-La Mancha, este programa cuenta con 5 equipos de atención psicosocial en 6 hospitales de la comunidad, en los que se atendieron a 942 pacientes y 1.308 familiares en 2023.

Y el Programa de Personas Mayores, que tiene como misión fomentar la participación social de este colectivo, dar valor a su experiencia y situarlos como protagonistas activos de nuestra sociedad. Este colectivo tiene la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas tecnologías, culturales y sociales a través de los 29 centros de personas mayores en convenio. En 2023, se realizaron en Castilla-La Mancha un total de 737 actividades, que contaron con la participación de 33.024 personas. 

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (198 itinerarios ide integración sociolaboral en 2023) y las convocatorias de ayudas a proyectos de iniciativas sociales (en Castilla-La Mancha se han concedido ayudas a 33 proyectos en 2023, con un importe de cerca de 1 millón de euros) son otros objetivos destacados a los que la Fundación 'la Caixa' destina sus esfuerzos en la comunidad. 

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación “la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2023 se facilitaron 167 de estas ayudas, con una inversión de 610.000 euros por parte de la Fundación.

Más de 257.000 personas visitan las exposiciones de Castilla-La Mancha

En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación “la Caixa” fomenta el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones que programa en Castilla-La Mancha. A lo largo de 2023, un total de seis muestras sumaron 257.216 visitantes. Entre ellas, la exposición inmersiva Symphony. Un viaje al corazón de la música, en Talavera de la Reina; Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson, en Ciudad Real; Colores del Mundo, en Cuenca y Albacete; Tierra de sueños, de Cristina García Rodero, en Guadalajara. 

En 2024, se continúa con esta promoción de la cultura a través de exposiciones itinerantes, y ya se han podido ver De Polo a Polo en Talavera de la Reina; Leonardo da Vinci. Observa, cuestiona, experimenta, en Ciudad Real y Empieza el espectáculo. Georges Meliès y el cine de 1900, en Toledo. Asimismo, está previsto llevar a cabo nuevas exposiciones durante lo que queda del año en la Comunidad. 

El convenio firmado hoy también recoge que se seguirá desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación “la Caixa”. En 2023, fueron 248 escuelas castellanomanchegas, con un total de 41.297 escolares y 3.519 docentes, las que participaron en recursos y actividades de este proyecto. 

También dentro del programa EduCaixa, en 2023 los estudiantes de Castilla-La Mancha pudieron visitar LabEmprende, un laboratorio de actividades interactivo y multimedia itinerante que permite descubrir el proceso de emprendimiento y las características y valores necesarios para emprender

La localidad de Horche (Guadalajara) albergará un programa de fomento de la inclusión sociolaboral de la población rural en situación de vulnerabilidad que desarrollará la Fundación Acción contra el Hambre cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fundación Mapfre, en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y que implicará a toda la comarca de La Alcarria.

Esta iniciativa está basada en una metodología colaborativa consistente en la creación de una serie de grupos de trabajo o comunidades de aprendizaje que comparten inquietudes, y que, a través de la interacción, la investigación y el intercambio de conocimiento pueden desarrollar acciones y proyectos encaminados a la generación de nuevas oportunidades de empleo en la comarca.

Las Comunidades de Aprendizaje Rural Sostenible (CAPES) pueden estar compuestas por personas desempleadas con residencia en algún municipio de La Alcarria y quieran trabajar en ella, agentes locales públicos y privados con impacto en la comarca, empresas asentadas en el territorio, personas emprendedoras, asociaciones, grupos de desarrollo local y rural y habitantes particulares.

En concreto, el objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico y a la dinamización del empleo y el emprendimiento de la zona a través de la puesta en escena de iniciativas vinculadas a la agroecología, la agricultura regenerativa, la economía circular, el turismo sostenible, las energías renovables, los cuidados comunitarios y todas aquellas otras ideas que puedan surgir en los espacios de debate, teniendo como base los principios de sostenibilidad ambiental y de participación inclusiva. En todo caso, los contenidos han de estar alineados con el modelo económico y productivo verde, digital y justo que describe la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

El alcalde de Horche, Manuel Salvador, ha explicado que “es una suerte que la Fundación Acción contra el Hambre se haya fijado en nuestro municipio para implantar este programa que puede ofrecer nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento a nuestros vecinos y a los de nuestro entorno”. El regidor horchano ha subrayado que “a través de estas comunidades, los participantes van a poder intercambiar y adquirir conocimientos, herramientas y experiencias que servirán para identificar oportunidades de negocio, fijando población y promoviendo el relevo generacional”.

A partir de esa identificación de nichos de mercado se llevarán a cabo planes de inserción sociolaboral personalizados que pueden incluir formaciones, jornadas sociales y encuentros para impulsar el desarrollo profesional y empresarial.

El proyecto se ha ubicado en el municipio de Horche y busca la implicación y participación de todas las organizaciones y de la población de los municipios de la comarca de La Alcarria.

En principio, este programa se extenderá a lo largo de dos años con el propósito de que “la gente que vive en los pueblos pueda trabajar en los pueblos”, ha señalado Mamen Sánchez, técnica de dinamización territorial de la Fundación Acción contra el Hambre. Para ello “a través de esta metodología buscamos integrar la realidad de La Alcarria a itinerarios enfocados a potenciar la empleabilidad y el emprendimiento, realizando un seguimiento activo de todas las personas participantes de las comunidades”, añade Sánchez.

Mucho ha cambiado la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla desde aquel “modesto” cortejo que salió el cinco de enero de 1918 del teatro San Fernando, impulsado por el espíritu solidario de un grupo de ateneístas que soñaron con repartir ilusión entre los niños y niñas que pasaban la noche más mágica del año en hospitales, asilos u orfanatos. Entonces, fue la primera vez que sus majestades los visitaron, “montados a caballo” junto a otros jinetes e infantes con sus séquitos, acompañados de “borriquillos que portaban en sus angarillas los juguetes y dulces” que se iban a repartir entre “los niños desvalidos o enfermos”. Pese a los cambios de cariz técnico, logístico y estético (vinculados a la tracción y al montaje de las carrozas, al tamaño y al esplendor que han ido adquiriendo), esa vocación social que radica en el origen de este proyecto sigue bombeando el corazón del Ateneo de Sevilla, la entidad que organiza desde hace 106 años este evento.

“El Ateneo hoy día no se entiende sin la Cabalgata, pero tampoco sin la acción social”, resume José Antonio Romero, vocal de esta rama en la actual junta directiva de la institución, remarcando así que la labor social sigue siendo un “pilar fundamental” del Ateneo. De hecho, aunque con el tiempo se haya impuesto el carácter festivo y la expectación por los regalos que va a lanzar el cortejo, la acción social sigue latiendo bajo el colorido que se despliega en la ciudad la víspera del Día de Reyes. Tanto es así que el requisito para poder participar en la Cabalgata es contribuir con la donación de alimentos. Como señala José Antonio Romero, a cada una de las carrozas se le asigna un producto determinado (aceite de oliva, chocolate, galletas, mantecados o roscón de reyes) que todos sus integrantes han de aportar en el momento de inscribirse.

Esa es una de las dos campañas que el Ateneo de Sevilla pone en marcha cuando vive su particular “cuaresma” con la llegada de las fiestas navideñas, como lo expresa el vocal de acción social, quien celebra que este año se hayan recaudado 1.500 kilos de alimentos que se repartirán entre familias en riesgo de exclusión social (bien de forma directa o a través de entidades colaboradoras). La otra iniciativa solidaria que vertebra la acción social de esta centenaria organización durante las navidades es la recogida de juguetes nuevos para niños que, de otra manera, no abrirían regalos el Día de Reyes. En esta edición, se han entregado ya unos 6.000 juguetes a las entidades adheridas al convenio de colaboración de acción social, como hermandades, cáritas y unidades de trabajo social municipales.

De la función de los virreyes a la 'segunda cabalgata'

Todo lo anterior atestigua que ese “marcado carácter social que fue la génesis de la Cabalgata se sigue manteniendo igual de vivo en nuestros días”. De ello dejó constancia Rocío Lara como miembro del Ateneo, al afirmar que “si bien las carrozas han evolucionado mucho en su estética, el espíritu de ayuda al necesitado se mantiene igual que antes: la visita a los hospitales, el reparto de alimentos y juguetes a familias que lo demandan sigue siendo la esencia un siglo después de la obra social por excelencia del Ateneo”, tal y como se puede leer en el libro publicado en 2017 con motivo del centenario de la Cabalgata de los Reyes Magos.

En este volumen se recogen algunas de las imágenes que se conservan de esos 100 años de historia, conformando así una especie de guardián de la memoria de las navidades sevillanas. A lo largo de sus páginas, se puede apreciar la evolución que han experimentado las carrozas al compás de las diferentes épocas (de estar tiradas por bueyes y mulas, a remolcadas por vehículos todoterreno), pero también se palpa el latido de esa “misión” social que se sembró en los orígenes de la Cabalgata y ha continuado dando frutos década tras década.

El germen de la labor asistencial del Ateneo lo sitúa Alberto Máximo Pérez Calero –quien fue su presidente durante doce años– en la figura ya extinta de los virreyes. Como delegados de los Reyes Magos, recorrían en vespa la ciudad, deteniéndose en los diversos hospitales y centros de acogida de menores con el cometido de hacer entrega de “dulces y juguetes” a los pequeños más necesitados, en representación de sus majestades.

El doctor Pérez Calero reconoce que a ojos de la sociedad prevalece el aspecto festivo de la Cabalgata, pero recuerda que esta fiesta ha perpetuado el legado de esa vocación social de “estar del lado de los más desfavorecidos” que plantaron sus promotores. Al hilo, comenta que su equipo trató de retomar la labor de los virreyes, pero adaptándola a las circunstancias y a la vida de la propia ciudad. De modo que ante la imposibilidad de dar continuidad a la visita de todos los hospitales dada la cantidad de centros que fueron proliferando, se terminó instaurando la tradición de la llamada entre los ateneístas como 'segunda cabalgata'.

Se trata de un ritual poco conocido en la ciudad que se lleva a cabo una vez que el cortejo oficial se recoge, de acuerdo con la explicación que comparte con SevillaelDiario.es el vocal de acción social del Ateneo. Es en ese momento cuando los tres Reyes Magos, junto a otros personajes de la Cabalgata y miembros de la junta directiva de la entidad organizadora, se dirigen a uno de los centros hospitalarios de la ciudad (este año le toca el turno al Virgen del Rocío) para entregar en persona juguetes a los niños hospitalizados, así como “darles apoyo y ánimo” a sus familiares y al personal sanitario que los está cuidando y “arropando” en fechas tan señaladas para los más pequeños. Esa imagen es precisamente la que protagoniza el cartel de la Cabalgata de este 2024, donde se refleja “la emoción” de quienes viven ese instante de magia e ilusión desde un lugar “caracterizado por la tristeza”.

Repartiendo solidaridad durante todo el año

Si bien la labor benéfica del Ateneo se intensifica en la recta final del año (al igual que las cofradías intensifican su actividad en vísperas a la Semana Santa, por continuar con el símil de José Antonio Romero), la acción social de esta centenaria institución se prolonga durante los 12 meses. “Siempre estamos atentos a las necesidades que van surgiendo en nuestro alrededor”, asegura al respecto el vocal del ramo. Como muestra, menciona la campaña de reparto de ventiladores “cuando llegan las calores a Sevilla” o la movilización de recursos de primera necesidad ante emergencias o catástrofes humanitarias de índole internacional, como la guerra de Ucrania o el último terremoto que azotó Marruecos.

Asimismo, Romero aprovecha para poner el foco en una de las acciones que promueve su entidad y que menos se conoce en la ciudad: “Durante todo el año estamos proporcionando actividades socioeducativas a un grupo de niños del centro de acogida Luis Toribio de Velasco”. Así pues, “al menos una vez al mes”, el Ateneo facilita a estos jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía una determinada actividad social, que alterna el carácter educativo con el lúdico, ofreciendo excursiones a la playa o a un parque de atracciones, además de realizar actividades culturales. Estos niños reciben también del Ateneo ayudas para material escolar que se distribuyen igualmente en otras zonas desfavorecidas de la ciudad, como Polígono Norte, Polígono Sur o Los Pajaritos.

De esta forma, el trabajo de los miembros del Ateneo no solo se centra en regalar ilusión a niños y mayores la noche de cada cinco de enero, sino en “atender las necesidades primarias de los más necesitados” durante todo el año. Por eso, después de enumerar las campañas que desempeña su equipo en el área de acción social, José Antonio Romero agrega: “No hacemos nada que no se viniera haciendo ya”. Con esta afirmación, el vocal evidencia que la labor humanitaria de la institución que representa es tan longeva como la Cabalgata que lleva 106 años organizando. Todo gracias a “un equipo de voluntarios que se entrega” con la misión social originaria, movidos todavía por el “espíritu de ayuda” que latía hace un siglo y continúa haciéndolo en el corazón del Ateneo sevillano.

Desnudas de cintura para arriba y bañadas en sangre, cuatro activistas han protestado este miércoles junto a las neveras de la marca Campofrío en un Corte Inglés de Barcelona, con carteles en los que se podía leer el hashtag #CorajeVegetal.

“Protestamos desnudas y bañadas en sangre con productos de Campofrío para protestar contra el anuncio navideño con el que se ríen de toda la población”, declara el texto que acompaña al vídeo publicado en redes. La acción ha durado cerca de 10 minutos, hasta que han sido identificadas y desalojadas por la seguridad del supermercado, y se ha llevado a cabo de manera pacífica.

Esta protesta se enmarca dentro del reto navideño #joujoujouchallenge, promovido por Futuro Vegetal, movimiento de desobediencia civil y acción directa contra la Crisis Climática. El colectivo compartió este martes en sus redes la convocatoria, “una llamada a burlarse de la industria cárnica” y concretamente de la empresa Campofrío, a través de una acción protesta hasta el 24 de diciembre. A la más original se le promete una cesta navideña muy activista: un pack de acción y extintores.

La razón de que Campofrío sea el objetivo de este reto es su último anuncio de Navidad, en el que la cárnica reflexiona sobre el mundo que queremos dejar a las próximas generaciones y apela al “coraje”, a pesar de tratarse de una de las grandes contaminadoras de España.

“Se burlan de toda la población. Esperamos que como mínimo ayude a quitar esa imagen que están dando de empresa que se preocupa por el futuro de las personas”, expresa Bilbo Bassaterra, cofundador de Futuro Vegetal. “También estaría bien que hiciesen algún tipo de disculpa”, añade. Desde el colectivo, también reprochan la inacción del ministerio de Alberto Garzón ante el 'greenwashing': “Entendemos que muchas veces tomar medidas más contundentes es difícil, pero va siendo hora de que se regule este tipo de publicidad que hacen ciertas empresas desde el Ministerio de Consumo.

“Me consta que va a haber bastantes participantes, nos ha escrito un montón de gente preguntándonos dudas sobre cómo llevar a cabo las acciones”, comenta Bassaterra. Ante la gran demanda, incluso han publicado un vídeo tutorial con la receta de la sangre falsa, tan visual en las protestas, en las redes de Futuro Vegetal. “Siempre que se compartan los principios y valores que defendemos nosotras, cualquiera puede participar”, apunta Bassaterra. Las requisitos son que las acciones no sean violentas, “no dañamos a personas ni física ni verbalmente”, especifican; y que los objetivos sean siempre grandes corporaciones y no comercio local.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el director general de la Fundación “la Caixa”, Antonio Vila, han firmado un acuerdo marco que contempla la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa y cultural. En el acto de firma también esa estado presente el director territorial de CaixaBank en Castilla -La Mancha, Jaime Campos. Esta colaboración establece que la Fundación “la Caixa” dedica a acción social en la comunidad un total de 10,2 millones de euros en 2021.

“Pese a la mejora de la situación sanitaria y el progresivo levantamiento de las restricciones, el impacto de la crisis provocada por la pandemia aún es patente para muchos sectores de la sociedad. Es el caso de los colectivos más vulnerables, a los que la Fundación ”la Caixa“ se dirige a través de diferentes programas de lucha contra la pobreza y la exclusión. Este año, nuestro objetivo es priorizar dichos proyectos, que tienen un efecto transformador contrastado, para estar cerca de las personas que más lo necesitan”, ha explicado Antonio Vila.

En cuanto a los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Entre los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la entidad con las necesidades de los castellanomanchegos, se encuentra CaixaProinfancia, programa estratégico de la entidad, tiene como objetivo luchar contra la pobreza infantil. Esta iniciativa, dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o situación de exclusión, ha atendido a 79 menores y 44 familias en 2020.

Por su parte, el programa Incorpora se centra en fomentar la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar trabajo, como personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, personas migradas y exreclusos, entre otros. A lo largo de 2020, se facilitaron un total de 1.199 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha, gracias a la colaboración de 375 empresas del territorio. Un total de 20 entidades sociales se encargan de desarrollar Incorpora en la comunidad.

Se incluye también entre estas iniciativas el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias. En Castilla-La Mancha, este programa cuenta con un equipo de atención psicosocial que atendió a 657 pacientes y 968 familiares en 2020.

Asimismo, el Programa de Personas Mayores tiene como misión fomentar la participación social de este colectivo, dar valor a su experiencia y situarlos como protagonistas activos de nuestra sociedad. Este colectivo tiene la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas tecnologías, culturales y sociales a través de los 29 centros de personas mayores en convenio. En 2020, se realizaron en Castilla-La Mancha un total de 412 actividades, que contaron con 14.078 personas participantes.

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (118 itinerarios ide integración sociolaboral en 2020) y las convocatorias de ayudas a proyectos de iniciativas sociales (en Castilla-La Mancha se han concedido ayudas a 16 proyectos en 2020, con un importe de 420.000 euros) son otros objetivos destacados a los que la Fundación “la Caixa” destina sus esfuerzos en la comunidad.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación “la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2020 se facilitaron 315 de estas ayudas, con una inversión de más de 1 millón de euros por parte de la Fundación.

Más de 187.000 personas visitan las exposiciones de Castilla-La Mancha

En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación “la Caixa” fomenta el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones que programa en Castilla-La Mancha. A lo largo de 2020, un total de cinco muestras sumaron 187.186 visitantes. Entre ellas destacan Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson, en Albacete, y Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos cotidianos, en Azuqueca de Henares.

Además, la Fundación promueve el acercamiento de las humanidades, las artes escénicas y la música a los ciudadanos castellano-manchegos a través de diferentes propuestas culturales, entre las que destacan los ocho conciertos que se programaron en 2020, y que contaron con 2.241 asistentes.  

También se seguirá desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación “la Caixa”. En 2020, fueron 200 escuelas castellano-manchegas, con un total de 42.377 escolares, las que participaron en recursos y actividades de este proyecto. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido la Comisión de Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social, como desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector Social, aprobada el 31 de enero de 2020 en la Cortes regionales. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha presidido la creación de este mecanismo de diálogo permanente con las entidades que componen el Tercer Sector Social en la región, y en el que ha estado acompañada por la viceconsejera de Prestaciones y Servicios Sociales, Guadalupe Martín, el presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, así como por el resto de miembros que integran la Mesa. 

La Comisión para el Diálogo Civil es el órgano colegiado cuya finalidad es la de dotar de un marco institucional a la colaboración y al diálogo entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha en la prestación de Servicios Públicos de calidad. 

En este sentido, Aurelia Sánchez ha subrayado que el objetivo principal de la Comisión es impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza. Esta comisión está formada por 20 miembros, tiene una representación paritaria entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y una participación equilibrada de mujeres y hombres, ha aseverado la consejera.

Así, este órgano colegiado que se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año, cuenta con una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría y 17 vocalías, de las cuales, nueve son propuestas por la Mesa del Tercer Sector y ocho corresponden a la Administración.

Entre las funciones de la Comisión del Diálogo Civil está participar en el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de la Estrategia de promoción del Tercer Sector Social, debatir y plantear iniciativas conjuntas de coordinación, planificación y búsqueda de soluciones a los problemas derivados del objetivo propio de la Comisión, promover medidas que faciliten una adecuada organización y estructuración de las entidades o promover investigaciones y estudios, entre otras.

Más de 5.200 entidades

La consejera de Bienestar Social, ha recordado que el Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha está integrado por más de 5.200 entidades que prestan servicios y atienden a más 400.000 personas de forma directa y casi un millón de forma indirecta, con 6.300 profesionales del sector, que trabajan en favor de las personas durante su ciclo vital.

En este contexto, Aurelia Sánchez ha indicado que “este marco de diálogo que supone la Comisión del Diálogo Civil con los representantes del Tercer Sector Social, es especialmente importante en un momento en el que tenemos el reto de la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha tras un duro año marcado por la pandemia”. De esta forma, “las entidades colaboradoras del Tercer Sector benefician a la infancia, la adolescencia, la juventud, a mayores o a las personas con discapacidad o dependencia, así como a aquellas personas en situaciones vulnerables, de riesgo o en situación de exclusión social y/o de pobreza”, ha finalizado Aurelia Sánchez.

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregará un total de 12 Reconocimientos a la Iniciativa Social tras ser tomados en consideración por el Consejo de Gobierno. El acto tendrá lugar el próximo 2 diciembre en Toledo. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que el objetivo fundamental es “valorar y reconocer” el trabajo que hacen personas, entidades y corporaciones locales por mejorar las condiciones de vida de las personas y de las familias, y para procurar el bienestar de toda la ciudadanía, “especialmente de los más necesitados en este año marcado por la Covid-19”.

Con estas distinciones, se reconoce la iniciativa social en cuatro áreas, que representan a todos los ámbitos de actuación de la Consejería de Bienestar Social, además de los reconocimientos especiales.

En este sentido, Aurelia Sánchez ha adelantado que este 2020 el Gobierno de Castilla-La Mancha entregará dos reconocimientos especiales, que recaen en dos colectivos profesionales que han desempeñado y continúan haciéndolo, un papel fundamental en la atención a la personas mayores, como son los profesionales de todas las categorías en las 343 residencias de mayores de la región, y las más de 5.500 profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio “que han continuado con su labor de atención en el hogar a pesar de las dificultades durante estos meses”.

En el área de Acción Social, recibirán esta distinción los profesionales de Atención Primaria de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, los profesionales encargados del Servicio Público de Teleasistencia (Tunstall-Televida), la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) y el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la región, así como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad integrados por Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, todos ellos, por su lección de compromiso y solidaridad con la región y los más vulnerables en el ejercicio de sus funciones, tanto en las ciudades como en el medio rural.

Dependencia y voluntariado

En el área de Dependencia que engloba a entidades y personas que desarrollan su actividad a favor de las personas mayores o con Discapacidad, recibirán el Reconocimiento a la Iniciativa Social, la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Fundación para la Atención Integral de Personas con Discapacidad Intelectual Fuente Agraria de Puertollano y a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha, por el especial cuidado en la atención, dedicación y sensibilidad prestados a estos colectivos de personas.

Asimismo, en el área de voluntariado serán reconocidos todas las Agrupaciones Locales de Protección Civil de la región en la figura de la Agrupación Local de Talavera de la Reina, así como el Grupo de Voluntarios de Cruz Roja por su labor humanitaria y altruista en la atención a la ciudadanía especialmente en las zonas rurales velando por su bienestar.

Por último, la consejera de Bienestar Social ha adelantado que en el área de Infancia y Familia se reconocen a los niños/as y adolescentes de los hogares y centros de menores de la región por su resiliencia, responsabilidad y solidaridad demostrada, especialmente durante el confinamiento.

La titular de Bienestar Social, ha señalado que este año se han presentado un total de 82 candidaturas, Además, ha agradecido el trabajo de la Comisión de Selección de las candidaturas, “ya que cada año lo tienen más difícil, pero siempre consiguen acertar y alcanzar la unanimidad en sus elecciones”.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPM-CLM) ha organizado este lunes el XI Seminario de Participación de personas con experiencia en pobreza en el que, vía telemática, se han abordado las políticas de participación ciudadana, la digitalización de las prácticas sociales y sobre cómo acercar los procesos participativos a las personas en situación de vulnerabilidad social. 

El encuentro lo ha inaugurado Jesús Rodríguez, vicepresidente de EAPN-CLM y Gregorio Gómez Bolaños, Director General de Acción Social del Gobierno regional, quien ha puesto de relieve la organización de este tipo de encuentros y la participación social como una herramienta necesaria “para hacer política y actuaciones desde las administraciones a favor de las personas más vulnerables”. 

En este sentido, ha incidido en la necesidad de que las entidades del tercer sector y y las administraciones públicas protejan a los colectivos más vulnerables, quienes además están expuestos a mayores riesgos por la COVID-19. “Las pandemias afectan a todas las personas, no distingue de lugares ni de clase social, pero es verdad que las personas más vulnerables están expuestas a un mayor riesgo y las medidas que se adoptan para ellas deben ser más fuertes”, ha indicado Gómez. Además, la pandemia ha dejado en evidencia la gran brecha digital existente, por lo que romper con ella “deber ser una de las prioridades por parte de las administraciones”.

Posteriormente se ha dado paso a la ponencia marco “Participación política y ciudadana” de Inmaculada Herranz y Patricia Fernández de Castro, profesoras titulares de la UCLM, quienes abordaron el concepto de participación ciudadana, política y comunitaria, así como los espacios de participación presencial y virtual. 

Vulnerabilidad, participación, empoderamiento

Además, Sara Martínez, concejala de participación en el Ayuntamiento de Ciudad Real y Fernando Mendozar, presidente de la Confederación regional de Asociaciones Vecinales y Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM) presentaron la Mesa de experiencias “Como acercar los procesos participativos a las personas que están o han estado en vulnerabilidad social”.  Asimismo, EAPN-CLM ha lanzado hoy una web específica de Participación que tendrá como fin divulgar las actividades impulsadas en esta área de trabajo así como fomentar una mayor participación de las personas con experiencia en pobreza. 

Este seminario forma parte del proyecto “El empoderamiento y la participación de las personas en la inclusión social”, financiado por la Consejería de Bienestar Social y cofinanciado por FSE, y que permite evaluar las políticas públicas de inclusión social. De esta manera, se está construyendo un informe con las personas beneficiarias de los proyectos de inclusión que estará disponible a final de año. 

EAPN-CLM no solo sirve como altavoz de las personas con experiencia en pobreza (PEP), sino que además, genera espacios de debate en materia social entre las personas expertas en pobreza y los decisores políticos, siendo este un aspecto de refuerzo y complemento de los procesos de inserción que viven.

Toda la responsabilidad del trabajo de Cáritas en Castilla-La Mancha recae ahora sobre los profesionales contratados por la organización diocesana. Con el estado de emergencia por la epidemia de coronavirus y la orden de confinamiento, ha tenido que renunciar a buena parte de su “mayor baluarte”: los voluntarios y voluntarias que realizan la mayor parte de las tareas de asistencia a personas sin hogar o con adicciones, y entrega de alimentos. Muchos de ellos son personas mayores, ahora grupo de riesgo. Por ello, un nuevo protocolo de actuación ha hecho que los profesionales hayan dejado de realizar sus tareas habituales en los centros de empleo ahora cerrados y se pongan al servicio de otros colectivos más vulnerables.   

El secretario regional de Cáritas, Javier García Cabañas, cuenta que desde el primer día de confinamiento se puso en marcha este plan de contingencia especial para hacer frente a un conjunto de necesidades sociales que también se han transformado y aumentado en las cinco provincias castellanomanchegas.

En primer lugar, la organización se ha centrado en cubrir las situaciones de mayor riesgo como la del Centro Hogar 2000 de Toledo para enfermos de VIH y otras patologías. “Nuestra prioridad era que el virus no entrara ahí”, explica, un objetivo que han conseguido con la colaboración de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y al actuar con mucha antelación. “No ha habido ni un solo contagio y todo marcha con normalidad”.

Concentración de la actividad

La segunda prioridad son los centros de personas sin hogar. Hay siete en la provincia de Toledo, y cinco de ellos gestionados en su totalidad por voluntariado. Ha sido por tanto una tarea mucho más compleja. “Estamos intentando concentrar la actividad en albergues cercanos para que los voluntarios se desplacen lo menos posible”, precisa el secretario regional, destacando que junto a ello se han habilitado alojamientos de urgencia en las zonas rurales. 

“No es un trabajo nada fácil. Son personas con diferentes problemáticas a los que es muy difícil confinar y estamos teniendo muchos problemas. Hay personas que abandonan los centros por la imposibilidad de estar encerrados, pero una vez que salen no podemos dejar que vuelvan a entrar porque ponemos en riesgo a todos los demás. Si necesitan salir para algo urgente o básico, lo permitimos, pero en otros casos, no. A las personas que se han ido de un día para otro y luego han vuelto, les hemos entregado la comida pero no les hemos dejado volver a entrar”, destaca.    

Otra problemática inesperada con la que se ha encontrado Cáritas es la gran cantidad de personas que llama solicitando ayuda porque no pueden salir a comprar o porque no tienen recursos económicos para ello, pero con “muchas peculiaridades para las que no estábamos preparados y que hemos tenido que ir resolviendo conforme llegaban”. Por ejemplo, no se había considerado la atención a madres solteras que están lejos de su familia porque son víctimas de violencia y no pueden salir a la calle al no tener con quién dejar a su bebé, así como personas mayores solas, sin vecinos o con vecinos que tienen los mismos problemas que ellos. Para estos casos, la organización también ha reestructurado parte de su personal.

Son una serie de circunstancias que han llevado a modificar todo el protocolo inicial y realizar un plan de contingencia “mucho mayor”. A ello se une que también se están centralizando los puntos de entrega de alimentos para la gran demanda que están recibiendo. En este caso, son los profesionales de la organización los que se encargan del reparto en los grandes puntos de recogida, mientras  que en las zonas rurales son los sacerdotes quienes están haciendo las entregas para evitar que el voluntariado salga de casa.

Por otra parte, Cáritas se coordina con los servicios sociales y otras entidades de acción social como Cruz Roja para atender a aquellas personas que teniendo recursos económicos no disponen de nadie para hacer la compra. Son los casos en los que se aplica el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). “Lo que hacemos nosotros es seguir prestando esa ayuda a domicilio, pero a las personas de las que ya éramos responsables antes de la epidemia en proyectos de familia, de infancia y de vivienda”.

Otras peticiones a las que están haciendo frente sin casi voluntariado son las de personas que tienen familiares en el hospital pero no tienen recursos para viajar a entregarles productos de higiene o ropa para poder cambiarse. La organización diocesana está realizando entregas todos los días en los hospitales enviadas por gente que así lo demanda en diferentes pueblos y a través de sus parroquias.

La situación en residencias

Finalmente, en provincias como Guadalajara y Cuenca, en esta organización también se han visto afectados por el repunte de contagios y fallecimientos en las residencias de mayores que gestionan. “Ha habido bajas en el personal laboral, generando mucha problemática por la incapacidad de conseguir profesionales que cubran sus puestos. En algunos casos vamos por la tercera suplencia. También hay viviendas tuteladas para jóvenes que resulta myy difícil mantener, pero poco a poco lo iremos consiguiendo”.

El entusiasmo en estas labores solo está ensombrecido, según apunta el secretario regional, por la falta de material de protección para los profesionales y los voluntarios que aún siguen activos. “No tenemos prácticamente protección en los centros y el que tenemos es muy justo”, denuncia, aunque afirma que Cáritas Española ha hecho una petición a nivel estatal y confían en contar con más protección en breve plazo.

“Nosotros seguimos aquí, vamos a seguir estando cerca de las personas y aunque los voluntarios no puedan estar con ellos siempre les van a ofrecer una respuesta. Estamos en la segunda línea de fuego, pero también al pie del cañón ayudando a las personas que más sufren y que al final, sea la crisis que sea, siempre son los mismos. Tenemos que mostrarnos igual de dispuestos a ayudar”, concluye Javier.