El sindicato LSB-USO ha solicitado a la Inspección de Trabajo que investigue si el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) utilizó personal de una contrata para cubrir servicios de UVI móvil, las únicas ambulancias que no están externalizadas y cuyo personal es plantilla de la Administración. La central, en su escrito, señala que esto se produjo este miércoles, pero añade que “empieza a ser un hecho recurrente en los últimos meses”, pero Osakidetza lo niega de plano.

La denuncia de LSB-USO expone que el técnico y el enfermero de la UVI móvil fueron “destinados a otro servicio distinto del habitual” y que, por orden del centro coordinador de Emergencias, se requirió que fueran sustituidos por personal de la contrata Bizkanb, que es la que gestiona las ambulancias de Osakidetza que sí están externalizadas en Bizkaia, el servicio urgente y el servicio programado. Según el sindicato, conductor y técnico estuvieron acompañados por un médico de Osakidetza y se les asignó una unidad rotulada de Osakidetza y no de Bizkanb.

A LSB-USO, estos hechos le suscitan “importante dudas desde el punto de vista de la normativa laboral”. De hecho, enumera una batería de artículos y reglamentos que habrían podido ser vulnerados por esta decisión. Para empezar, porque son trabajadores “de una empresa privada”, a todos los efectos, en un servicio de prestación pública directa. Es un cambio de medios materiales y de centro de trabajo, y la central pide que se investigue si Osakidetza les formó debidamente en un servicio que es “distinto” a una ambulancia urgente ordinaria de la contrata. Se preguntan, asimismo, quién impartía las órdenes o qué tipo de seguros se aplicarían en caso de haber algún problema.

Desde Osakidetza rechazan que se hayan producido anomalías. Indican, a preguntas de este periódico, que el enfermero de la UVI móvil fue asignado a un “traslado especial” de tipo ECMO (reanimación extracorpórea) y que la UVI se reconvirtió en VIR, otro tipo de servicio de ambulancia diferente. Ese VIR hizo “dos actuaciones conjuntas” con servicios de la contrata, aunque “en ningún caso personal de Bizkanb va en vehículos de Osakidetza”, garantiza el Departamento de Salud. Añaden estas fuentes que “esto se ajusta a la práctica habitual”. “No se produjo la sustitución del personal público de la UVI móvil por trabajadores de la empresa contratista. Tampoco consta que trabajadores de la contratista se integraran en la dotación del vehículo público ni que prestaran servicios en él bajo una organización funcional distinta de la correspondiente a su empresa”, recalcan desde el Servicio Vasco de Salud.

Esta controversia llega en plena tramitación de los nuevos contratos de las ambulancias externalizadas. Osakidetza tiene que regularizar la situación de temporalidad creada a finales de 2024 con la abrupta rescisión de las adjudicaciones a la contratista de Bizkaia y de Álava, la catalana Grup La Pau. Ahora se ha conocido que adeuda 13,6 millones de euros. Fue entonces cuando se creó Bizkanb para Bizkaia, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y de la local Baztan-Bidasoa. En Álava fue la prestataria del servicio en Gipuzkoa, llamada precisamente Ambulancias Gipuzkoa, la que extendió su radio de acción. Osakidetza confía en tener las nuevas empresas en marcha el 1 de enero de 2027, pero hay una lluvia de recursos administrativos presentados contra los pliegos.

Un estudio de Osakidetza ha demostrado que el cribado mediante una prueba de heces ha reducido en 20 años un 50,1% la mortalidad por cáncer de colon entre las personas de 50 a 69 años, según ha informado este jueves el Gobierno vasco en un comunicado. El estudio, publicado por la revista científica internacional JAMA Network Open este pasado miércoles, ha confirmado que, desde la implantación del programa de cribados en 2009, ha evitado más de 6.000 muertes por cáncer de colon.

La investigación ha sido liderada por el doctor Luis Bujanda, clínico del hospital universitario Donostia, junto a un equipo de investigadores de Osakidetza, y de los institutos de investigación sanitaria Biobizkaia y Biogipuzkoa. Tras analizar más de 438.000 fallecimientos entre 2004 hasta 2024 registrados en Euskadi, los datos han registrado un descenso del 50% en la mortalidad por este tipo de cáncer desde 2012, tres años después del inicio del proyecto.

De esta manera, el estudio ha asociado esta bajada al programa de cribado bienal que consiste en una prueba inmunoquímica fecal (FIT), una prueba de heces para detectar esta enfermedad. La participación media en la iniciativa ha alcanzado el 70% y la adherencia al programa ha llegado al 77%, frente al 43% de la media estatal. Más del 70% de los cánceres detectados mediante este sistema han sido diagnosticados en los primeros estadios, “lo que mejora de forma notable las posibilidades de tratamiento curativo”. Asimismo, País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma del Estado en ampliar el cribado de cáncer colorrectal a la población de 70 a 74 años.

El Gobierno vasco enmarca “este logro en su compromiso con la prevención”, una de las líneas prioritarias del Pacto Vasco de Salud, y ha destacado que la publicación en JAMA Network Open “reconoce, no solo el impacto clínico del programa, sino también la calidad de la planificación, la continuidad de la inversión pública y la capacidad de coordinación del sistema sanitario vasco”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que “este estudio confirma que el cribado de cáncer colorrectal es una política pública eficaz, equitativa y de enorme impacto en la salud de la población”. “Euskadi fue pionera en su implantación y hoy vemos que la apuesta ha sido acertada. Estamos salvando vidas”, ha asegurado. Por su parte, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha destacado que “la calidad del proceso, la accesibilidad y la confianza de la ciudadanía son fundamentales”. “Este estudio demuestra que el esfuerzo de nuestros profesionales tiene resultados reales y medibles para la salud de la población vasca”, ha añadido.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha felicitado por los resultados. “Los datos hablan por sí solos: el programa de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza reduce la mortalidad un 50% entre la población de 50 a 69 años. Detrás de ese dato hay miles de vidas salvadas, diagnósticos precoces, menos cirugías, menos tratamientos agresivos y un sistema sanitario más eficaz y sostenible”, ha escrito en la red social X. “Cuando se combinan investigación, prevención, políticas de largo plazo, participación basada en la responsabilidad ciudadana y la confianza institucional junto con un sistema público fuerte, los resultados llegan. Euskadi sigue consolidándose como un referente internacional en la prevención y detección precoz del cáncer colorrectal”, ha añadido.

La reserva estratégica de suelo vasca para vivienda protegida que contempla la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo se estrena en Urnieta. La reparcelación de la zona conocida como Babilonia, en la que está prevista la construcción de 340 viviendas, reserva para el patrimonio público de suelo del Gobierno vasco la participación del 5% prevista en la ley aprobada en el mes de diciembre, lo que supone 3.487,5 metros cuadrados.

Esta reserva de suelo era una medida de la nueva normativa que se preveía polémica, porque supone la obligación de los ayuntamientos a ceder suelo urbanizable al Ejecutivo, y de hecho, esta primera cesión se ha conseguido después de que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana remitiera un requerimiento al Ayuntamiento de Urnieta, gobernado por el PNV, tras comprobar que la aprobación definitiva de la reparcelación no había contemplado inicialmente esta reserva, según han señalado desde la consejería que dirige Denis Itxaso.

En concreto, la nueva regulación establece que, en las unidades de ejecución promovidas por particulares, de uso predominantemente residencial, con más de 20.000 metros cuadrados de techo residencial y previsión de vivienda protegida, una tercera parte de la cesión urbanística pública corresponde al Gobierno vasco. Esa participación equivale al 5% del aprovechamiento total cuando la cesión pública es del 15%. Según ha cuantificado el Ejecutivo, en números, el proyecto de reparcelación cuantifica la edificabilidad residencial del ámbito en 34.741 metros cuadrados y la edificabilidad ponderada total en 69.750,36 metros cuadrados. De esos, el 5% recalará sobre el Ejecutivo autonómico, es decir, 3.487,5 metros cuadrados.

La ley permite materializar la cesión en parcelas edificables o en superficie de viviendas construidas, terminadas y equipadas, que quedarán adscritas al patrimonio público. Según ha señalado el departamento de Vivienda, en el caso de esta parcela de Urnieta, se está ultimando el encaje técnico para que el aprovechamiento correspondiente al Gobierno vasco -los 3.487,5 metros cuadrados- “se materialice con hasta 30 viviendas protegidas terminadas, que se inscribirán a su nombre y se incorporarán al parque público de alquiler. La cifra definitiva dependerá de los cálculos económicos y urbanísticos que aún deben cerrarse”, señalan. “La fórmula permitirá hacer efectivo el 5% sin poner en riesgo la continuidad del ámbito ni obligar a iniciar una nueva reparcelación. El objetivo técnico es completar el proceso antes de finales de septiembre, una vez formalizada la respuesta al requerimiento y resueltos los detalles registrales y económicos!.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha advertido de que “no estamos ante una concesión graciable ni ante una decisión voluntaria que pueda negociarse de forma distinta en cada municipio. Es el cumplimiento de un automatismo legal aprobado por el Parlamento Vasco. Babilonia será el primer caso, pero todas las reparcelaciones que reúnan los requisitos deberán incorporar desde el inicio la participación que corresponde al Gobierno vasco”.

La reserva estratégica permitirá acumular suelo y activos residenciales con destino permanente a la promoción de vivienda protegida en alquiler. Su finalidad es dotar al Gobierno vasco de una base patrimonial estable que permita programar nuevas promociones durante las próximas décadas y reducir la dependencia de cesiones puntuales o de la disponibilidad coyuntural de parcelas, defiende el consejero. Por eso, ha reiterado que se trata de una “cuestión de país y no caben atajos en la aplicación de la ley. Cada operación que cumpla los requisitos debe contribuir a ampliar el patrimonio público y cada metro cuadrado obtenido debe orientarse a vivienda protegida en alquiler”, ha advertido. El Departamento realizará un seguimiento de las nuevas reparcelaciones para garantizar que esta previsión se incorpora correctamente.

No obstante, recuerda que el mecanismo mantiene la posibilidad de colaboración municipal: “Cuando un ayuntamiento opte por promover directamente vivienda pública en alquiler, podrá solicitar al Gobierno vasco las parcelas resultantes de esta cesión mediante la presentación del correspondiente proyecto de edificación. La prioridad es garantizar que el aprovechamiento urbanístico público termine generando vivienda asequible y permanezca vinculado a esa finalidad”.

Itxaso ha destacado que medio año después de la aprobación de la Ley, las primeras herramientas creadas para movilizar suelo y acelerar la producción residencial “comienzan a trasladarse a operaciones concretas”. En este sentido, ha señalado que además de la primera reserva de suelo en Urnieta, Errenteria y Portugalete han activado la vía de la actuación prioritaria en los ámbitos de Gamongoa y Vicios. “Una ley adquiere todo su sentido cuando deja de ser una previsión en el boletín y empieza a resolver problemas reales. Gamongoa y Vicios muestran que la actuación prioritaria puede ayudar a desbloquear suelo y Babilonia inaugura un mecanismo que permitirá transformar una parte de las plusvalías urbanísticas en patrimonio público destinado al alquiler”, indica.

Portugalete y Errenteria se han acogido a la actuación prioritaria y el procedimiento abreviado para tramitarla para las actuaciones que prevean vivienda de protección pública. Esta calificación permite utilizar un procedimiento abreviado, tramitar de manera coordinada los informes y autorizaciones, flexibilizar determinadas previsiones del planeamiento y evitar instrumentos urbanísticos intermedios cuando se apruebe el proyecto ejecutivo. Los reajustes de la ordenación estructural no pueden superar el 10% de la superficie del ámbito, de la edificabilidad urbanística total o de los usos compatibles. El procedimiento mantiene los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica, la evaluación ambiental que corresponda, los informes sectoriales y las garantías de ejecución. También exige acompasar la construcción de la vivienda protegida y la libre. “Agilizar no significa rebajar garantías. Significa ordenar trámites, eliminar duplicidades y exigir compromisos reales de ejecución. El tiempo del urbanismo tiene que acercarse al tiempo de las personas”, ha afirmado Itxaso.

En el caso de Errenteria, ha planteado el desarrollo de Gamongoa, situado entre el polígono de Txirrita Maleo y Pontika, mediante un anteproyecto de actuación prioritaria. La propuesta eleva la capacidad residencial desde las aproximadamente 680 viviendas previstas inicialmente hasta un máximo cercano a 755, con alrededor de 70 unidades adicionales. El ajuste se apoya en el incremento de hasta el 10% permitido para la edificabilidad urbanística. De acuerdo con los datos publicados sobre la operación, la superficie construible pasaría de 61.416 a 67.557 metros cuadrados. Más del 75% de las viviendas continuará sometido a algún régimen de protección pública, por encima del mínimo legal aplicable.

La combinación de vivienda social, tasada y libre pretende mejorar la viabilidad económica del ámbito sin renunciar al carácter mayoritariamente protegido de la actuación. Las viviendas tasadas mantienen un precio regulado y permiten ampliar la respuesta a hogares de rentas medias que tampoco pueden acceder al mercado libre en las condiciones actuales. Itxaso ha señalado que “la flexibilidad prevista por la ley está al servicio de la ejecución. No tendría sentido mantener durante años un planeamiento formalmente ambicioso si sus viviendas nunca llegan a construirse”. “La obligación pública consiste en preservar la protección y encontrar una combinación viable que permita pasar del plano a la obra”, indica.

El proyecto se encuentra todavía en fase de tramitación municipal. La presentación del anteproyecto inicia el procedimiento abreviado, pero no sustituye las aprobaciones, informes y garantías que deberán completarse antes de comenzar la urbanización y la edificación.

En Portugalete, la propiedad de los terrenos de Vicios ha registrado un anteproyecto de actuación prioritaria para promover hasta 650 viviendas en uno de los principales ámbitos de expansión del municipio. El desarrollo permanecía paralizado desde hacía más de veinte años, mientras la demanda de vivienda protegida en la localidad ha alcanzado las 3.665 solicitudes.

La propuesta inicial contempla 420 viviendas sometidas a protección pública y 230 viviendas libres. De las protegidas, 360 serían viviendas sociales —la mitad en alquiler y la mitad en compra— y 60 serían tasadas. En conjunto, la protección pública representaría el 64,5% de la actuación, por encima del mínimo del 60% que la ley permite aplicar en suelo urbanizable cuando se acredita la viabilidad económica y se asumen condiciones de ejecución inmediata.

El planteamiento mantiene el número de viviendas sociales dirigidas a las rentas más bajas y reajusta el peso de la vivienda tasada y libre para hacer posible la operación. Las cifras deberán concretarse durante la tramitación y ser aprobadas por el Ayuntamiento de Portugalete.

“Durante años advertimos de que había miles de viviendas protegidas pendientes de construirse en suelos ya calificados porque las operaciones no cerraban económicamente o quedaban atrapadas en procedimientos interminables. La ley se aprobó para intervenir sobre ese bloqueo y estos primeros anteproyectos empiezan a acreditar que la herramienta era necesaria y útil”, ha subrayado el consejero.

En los últimos tres días, las playas de Donostia han izado la bandera amarilla junto a la de medusas ante la presencia de carabelas portuguesas. Por temor a las picaduras, muchos bañistas han restringido sus baños en el mar, aunque otros se muestran tranquilos ante esta posibilidad. Si bien los ejemplares avistados en la costa vasca no suelen ser de gran tamaño, el servicio de Emergencias de Osakidetza ya atendió este lunes a siete personas afectadas, por ejemplo.

La carabela portuguesa ('Physalia physalis') no es en realidad una medusa, sino un organismo colonial, conocido como sifonóforo, compuesto por organismos polipoides y medusoides modificados que se dividen funciones para actuar como un solo organismo. Posee una vela gelatinosa de entre 15 y 30 cm, el ejemplar adulto, que le permite desplazarse con los vientos y las corrientes. Mientras, de su cuerpo cuelgan tentáculos que pueden alcanzar los 10 metros de longitud. Estos tentáculos contienen toxinas con efectos neurotóxicos y cardiotóxicos que provocan un dolor muy intenso en el ser humano.

Según el Departamento de Salud, las siete asistencias del lunes 3 de agosto se distribuyeron por diversos puntos de la comunidad y no solo en Donostia. En Ereaga (Getxo) se trasladó a una mujer de 58 años al hospital Alfredo Espinosa; en Barinatxe (Sopela) hubo dos asistencias con el traslado de una mujer de 32 años; y en Plentzia se atendieron a dos personas, incluyendo a un niño de nueve años evacuado al hospital de Cruces. Asimismo, en Zarautz se registró un traslado a un centro de salud y en Ondarreta (Donostia) se realizó una asistencia sin necesidad de traslado.

Las recomendaciones para tratar la picadura de una carabela portuguesa son similares a las de las medusas comunes. Además de buscar ayuda de los socorristas, las autoridades aconsejan no rascar ni frotar la zona afectada, limpiar la herida exclusivamente con agua de mar –nunca con agua dulce, ya que puede agravar la lesión–, retirar los restos de tentáculos con pinzas o guantes y aplicar frío o hielo en una bolsa durante cinco minutos.

Durante la tarde de este martes, la playa de la Zurriola mantenía las banderas de precaución izadas. El servicio de socorrismo ha confirmado a este medio un descenso en la afluencia de bañistas y ha señalado que se había alertado a las escuelas de surf, muchas de las cuales han optado por cancelar sus cursos. En contraste, el alquiler de toldos no parece verse afectado. “Veo la misma cantidad de gente”, señala un trabajador de la zona.

Por su parte, desde el sector del surf describen una baja leve en los alquileres pese a los incidentes. En Bera Bera Surf explican que, de un centenar de personas en el agua, solo dos resultaron picadas. No obstante, un monitor de la empresa le cuenta a este periódico que desea una mayor regulación y protección ante el riesgo de picaduras, mencionando que en zonas como Tenerife, más habituadas a esta especie, las escuelas cuentan con pomadas específicas.

Entre los usuarios existe división de opiniones. Una residente sueca afirma no temer al sifonóforo al no haber visto ninguno y conocer casos de picaduras sin mayores consecuencias. Por el contrario, una turista inglesa expresa su temor a entrar al agua y considera que no se facilita suficiente información a los extranjeros. A su juicio, el incremento de esta presencia de esta especie es una evidencia del cambio climático.

Finalmente, un donostiarra recuerda que la presencia de este organismo no es nueva, aunque ahora es más frecuente. El residente relata a este medio cómo los tentáculos le dejaron marcas en el pecho y el pie que tardaron semanas en desaparecer hace 12 años. Pese a que destaca la excelente atención de Cruz Roja, advierte que la presencia de carabelas ha aumentado en los últimos tres años. “Antes no era común, pero ahora parece que ha venido para quedarse”, concluye.

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha iniciado el tendido del cable submarino de la interconexión eléctrica con Francia por el golfo de Bizkaia, una infraestructura que desarrolla junto al gestor francés RTE a través de la sociedad conjunta Inelfe. Según ha informado la compañía, el inicio del tendido supone un nuevo hito en la ejecución de este proyecto estratégico, que conectará los sistemas eléctricos de la península Ibérica y Francia mediante un trazado íntegramente subterráneo y submarino.

La infraestructura contará con cuatro cables submarinos, además de otros de fibra óptica para la operación del enlace. Los trabajos en el mar se desarrollarán en varias campañas entre este verano y el verano de 2027, entre la costa vasca y la costa francesa, en las proximidades de Burdeos. La primera fase del tendido, correspondiente a un tramo de 65 kilómetros frente a la costa vasca, está siendo ejecutada por la compañía danesa NKT con el buque cablero 'NKT Victoria', que también ha suministrado los cables del proyecto, ha informado, según recoge Europa Press.

Los cables se instalarán a profundidades de hasta 140 metros y permanecerán enterrados o protegidos con roca a lo largo de todo el recorrido, en función de las características del fondo marino. El tramo submarino tendrá una longitud total de 276 kilómetros y se completará con un recorrido terrestre de 27 kilómetros en territorio francés para salvar el cañón submarino de Capbreton antes de volver al mar. Como paso previo al tendido submarino, Red Eléctrica ha ejecutado en el municipio vizcaíno de Lemoiz la obra de aterraje, que conecta el tramo terrestre con el mar. Para ello se han realizado cuatro perforaciones dirigidas de algo más de un kilómetro bajo el acantilado, con salida al fondo marino a unos 500 metros de la costa, con el objetivo de minimizar la afección ambiental. Los cables enlazarán posteriormente la costa vasca con la estación conversora de Gatika a través del tramo subterráneo, mientras que en Francia conectarán con la estación conversora de Cubnezais, en el entorno de Burdeos.

Colaboración con Azti

Red Eléctrica ha destacado que el diseño del trazado se ha realizado en coordinación con las administraciones y el sector pesquero y siguiendo criterios de sostenibilidad para reducir el impacto sobre el entorno. Además, el proyecto cuenta con la colaboración del centro tecnológico Azti, con el que desarrolla un programa de seguimiento ambiental para monitorizar la presencia de mamíferos marinos y de poblaciones de peces de interés comercial en el área de influencia de la infraestructura, ha asegurado.

La compañía ha señalado que la ejecución del proyecto alcanza ya el 60% de su desarrollo. Una vez finalizada la interconexión, la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia aumentará de 2.800 a 5.000 megavatios, lo que permitirá reforzar la seguridad y la calidad del suministro, facilitar una mayor integración de energías renovables y contribuir a la autonomía energética de la Unión Europea.

Mientras los europeos pueden votar ya para elegir el nuevo diseño de los billetes de euro, Gure Moneta, el proyecto de divisa vasca propia de curso legal, ha lanzado una encuesta para seleccionar los motivos que ilustrarán sus billetes. Si el Banco Central Europeo ofrece opciones ya prefijadas (con figuras históricas, aves y ríos), la encuesta de Gure Moneta es más abierta: se pueden proponer ideas de hasta cinco categorías: personas; animales; árboles, flores o plantas; lugares o paisajes, y símbolos.

Pero ¿qué es Gure Moneta? Es el nombre provisional de una futura moneda local complementaria que se pretende usar en Euskal Herria (Euskadi, Navarra e Iparralde). Se ha fijado el último trimestre de 2026 como horizonte para que entre en funcionamiento al menos en las comarcas de Oarsoaldea (en Gipuzkoa, comprende los municipios de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia) y Baztán (en Navarra, con el municipio homónimo y los de Urdax y Zugarramurdi). Cada unidad de esta moneda equivaldrá a un euro: habrá que canjear euros por la moneda, que luego se podrá usar para hacer pagos en los establecimientos y empresas que se sumen a la iniciativa.

“Ni una sola moneda saldrá de Euskal Herria. Toda la riqueza que se genere se quedará dentro del territorio y servirá para reforzar la economía local”, explican los promotores del proyecto. El principal objetivo es fomentar una economía local, con “una red de intercambio entre productores, proveedores, comercios, empresas y asociaciones” del territorio. Otros fines de la moneda son situar el euskera en el centro de la actividad comercial y defender el medioambiente, no permitiendo la participación de empresas que no muestren compromiso. “Por una transformación social que tiene como objetivo una sociedad equilibrada, cohesionada y justa, abordando los cuidados desde una perspectiva feminista. Por una sociedad más igualitaria e inclusiva, por las vidas de todas las personas que vivimos en nuestros territorios, sea cual sea su origen, cultura, creencia o estilo de vida, combatiendo discriminaciones, sin excluir a nadie, apostando por la paridad y la libertad sexual”, abunda la iniciativa.

El proyecto se presentó en sociedad el pasado febrero. Sigue buscando personas que apoyen la idea antes de lanzarlo. El objetivo que los promotores se han marcado es el de alcanzar el millar de personas colaboradoras, aunque por el momento solo llevan el 17%, según sus propios datos. “Es necesario que se activen las comunidades locales, pueblo por pueblo, y que asuman la responsabilidad de desarrollar el proyecto en su territorio. Para poder poner en marcha la moneda, es necesario tener una masa crítica mínima: necesitamos a la ciudadanía, a establecimientos y empresas, la implicación de las asociaciones”, se explica.

No es la primera propuesta de moneda alternativa. De hecho, en Iparralde ya funciona desde 2013 el eusko, divisa en la que se inspira la nueva iniciativa de Gure Moneta. Según las cifras brindadas por Luix Intxauspe, coordinador de Gure Moneta, a este periódico en febrero, circulaban por entonces alrededor de cinco millones de euskos. Los promotores se congratulan de que es la moneda local de mayor difusión en toda Europa y la que acumula el mayor volumen de transacciones.

Se prevé que, en el futuro, la nueva moneda cuyos diseños se votan ahora y el eusko que ya está en marcha en Iparralde sean compatibles. “Se garantizará la compatibilidad técnica, pero por ahora deberemos utilizar billetes y aplicaciones diferentes, ya que es necesario realizar varias gestiones legales para que se pueda utilizar una única moneda a ambos lados de los Pirineos. Estamos trabajando en ello y esperamos conseguirlo lo antes posible”, abundan los promotores.

El Ayuntamiento de Bilbao colabora con el proyecto “Bizkaian Sokatira lLanduz”, impulsado por la Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vasco con el objetivo de expandir el programa, que fomenta la práctica de la sokatira, a los centros escolares de la Villa, para crear cantera y dar a conocer esta modalidad deportiva que combina deporte, cultura y tradición.

La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, ha participado este martes en el acto de presentación de los logros y novedades del proyecto “Bizkaian Sokatira Landuz”, que ha tenido lugar en Bilboko Herri Kirol Zentroa, ubicado en el polideportivo municipal de Txurdinaga. Impulsado por la Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vascos, el proyecto “Bizkaian Sokatira Landuz” tiene como objetivo promover la sokatira en los centros educativos de Bizkaia para crear cantera y acercar el deporte a la juventud vizcaína.

Uno de los retos para esta nueva etapa es ampliar su implantación en nuevos centros escolares de Bizkaia y expandir el programa a Bilbao. Esta apuesta supone una oportunidad para la promoción e impulso de la sokatira. En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con Bilboko Herri Kirol Zentroa, el primer centro de entrenamiento profesional de deporte rural vasco de Euskadi. Este equipamiento, además de contar con un espacio propio para la sokatira, cumple el objetivo de convertirse en centro de referencia en el desarrollo y profesionalización del deporte rural vasco.

“Bizkaian Sokatira Landuz”, en su primer curso 2024-2025, contó con un total de 605 alumnos y alumnas y, este pasado curso 2025-2026 ha contado con la participación de 1.615 jóvenes.

La creciente evolución de este proyecto ha permitido ampliar los objetivos del programa para avanzar en la profesionalización y fortalecer la base de la sokatira vizcaína y garantizar el relevo generacional de esta modalidad deportiva que sitúa a Euskadi entre los grandes referentes a nivel internacional, según ha destacado el consistorio. Una de las claves de éxito de este proyecto es la implicación directa de los clubes de referencia del territorio en esta modalidad que une deporte, cultura y tradición: Abadiño, Gaztedi (Laukiz) y Goiherri (Erandio). Los tres son los encargados de acercar la sokatira a los centros escolares de Bizkaia y, al mismo tiempo, impulsar la formación deportiva.

“Tener hijos tiene más consecuencias para la salud de las madres, a corto y largo plazo. No solo por los cambios biológicos derivados del embarazo y el parto, sino también por sus consecuencias psicológicas. Nuestros resultados muestran una importante brecha de género”, es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la doctora en Sociología e investigadora del grupo OPIK de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Anna Barbuscia tras analizar los efectos de tener hijos en 9.533 mujeres y 9.637 hombres de entre 18 y 55 años. “Se observa que, en los hombres, ni el hecho de ser padres ni las características familiares modifican los indicadores de salud. Todos los parámetros se mantienen prácticamente igual”, resume Barbuscia.

Sin embargo, las mujeres muestran una sensibilidad sustancial al número y edad de los hijos que tienen. Las madres con un solo hijo y las madres de adolescentes reportan los niveles más altos de síntomas depresivos y peor salud percibida general. Por el contrario, convivir con dos o más hijos pequeños se asocia con mejores indicadores de salud mental y percibida en comparación con mujeres sin hijos. “El cuidado de los más pequeños suele exigir un mayor esfuerzo físico y eso puede traducirse en más cansancio o peor descanso. En cambio, la adolescencia se ha señalado tradicionalmente como la etapa más estresante para madres y padres”, explica la investigadora.

En cuanto a los comportamientos de salud, la investigación identifica otra diferencia relevante en la práctica de ejercicio físico. Los resultados confirman que, en general, las mujeres realizan menos actividad física regular que los hombres y revelan que la brecha aumenta cuando tienen hijos e hijas. “Solo el 16% de las madres con niños y niñas pequeñas practica ejercicio de forma habitual, frente al 30% de las mujeres sin descendencia. En los hombres, en cambio, de nuevo, apenas se observan diferencias entre quienes son padres y quienes no”, destaca Barbuscia. “Todo apunta a que la maternidad reduce el tiempo disponible para el cuidado personal, y eso repercute en un hábito tan importante para la salud como la actividad física”, incide.

“Mientras que la salud de los padres se mantiene insensible a las demandas de la crianza, la de las madres varía notablemente. La mayor carga mental, las responsabilidades domésticas no compartidas y las expectativas de la maternidad intensiva hacen a las mujeres más vulnerables a los estresores de la crianza en el contexto español. La adolescencia de los hijos supone el mayor impacto negativo en la salud mental de las madres, asociado a los conflictos emocionales y supervisión en esta etapa. Por el contrario, los años de infancia temprana, aunque físicamente agotadores, conllevan recompensas emocionales que amortiguan el impacto en la salud mental. La drástica caída en la práctica de actividad física entre las madres visibiliza cómo la escasez de tiempo y la postergación del autocuidado afectan desproporcionadamente a las mujeres”, recoge el estudio, que destaca que “España, al carecer de una red pública de cuidados infantiles suficientemente universal y accesible, traslada el coste de la crianza a las familias y, dentro de ellas, a las mujeres”.

Los resultados subrayan la necesidad de “diseñar políticas públicas orientadas a promover la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado, expandir los servicios de atención a la primera infancia y ofrecer apoyos psicológicos y sociales específicos para madres solteras y madres de adolescentes, evitando que la crianza siga profundizando las desigualdades de género en salud”. A juicio de la investigadora de la EHU, estos resultados deberían tenerse en cuenta tanto en el diseño de las políticas familiares como en la planificación de los servicios sanitarios. “No es suficiente con facilitar la conciliación entre el empleo y la familia. También es necesario garantizar que las madres dispongan de tiempo para cuidar de su propia salud y bienestar. Invertir en ese tiempo es invertir en salud. Una mayor corresponsabilidad entre madres y padres contribuiría a reducir las desigualdades observadas. Si queremos construir familias saludables y favorecer la natalidad, empecemos porque la crianza no siga teniendo un impacto tan desigual sobre mujeres y hombres”, concluye.

Julio se cierra y, en Euskadi, ha sido un mes de mucho calor. No es solamente una percepción: los datos lo confirman. En Álava, por ejemplo, las máximas están siendo casi cuatro grados más altas que la media. Gipuzkoa y Bizkaia también están en el verano más cálido registrado.

En el caso de Álava, con datos de la estación del aeropuerto de Foronda, ya en mayo y en junio se batieron todos los récords de temperatura, con 34 y 40 grados, respectivamente. El 29 de julio también se bordeó esa barrera simbólica, con 39,9. Por este orden, 2022, 2023 y 2025 se convirtieron en los años más calurosos desde que hay datos, siempre con registros de alrededor de dos grados por encima de la normal. 2026, de momento, pulveriza esos topes y prácticamente los duplica. De 16,5 de media de máximas se ha saltado a 20,5.

Bizkaia, aunque en julio ha tenido un comportamiento más contenido, ya marcó un día de febrero, en pleno invierno, un tope de 27 grados y frisó los 43 al inicio de la temporada estival, en San Juan. También está en el año más cálido de la serie, casi tres grados por encima de la media de máximas, que ahora mismo es de 21,6.

En Gipuzkoa, la media de referencia anual es algo menor, de 21, pero son también 2,5 más de lo habitual y récord histórico desde que hay registros. En Elgoibar, en junio, se alcanzaron los 40,4 y los 41,4 en dos jornadas consecutivas, 23 y 24 de junio. Y en Zumaia hubo picos de 35 en mayo. El Gobierno vasco ha avisado también de que ha sido el julio más seco de la historia en el territorio.

A 27 de julio, las reservas de agua estaban al 75,79% en la comunidad autónoma. En 2025, en la misma fecha, eran del 78,79% y la media de la temporada es de 77,10%. La media, con todo, encierra diferencias. En Gipuzkoa sube al 86,21% y baja al 74,44% en Álava. En los embalses principales del sistema del Zadorra, de los que beben Vitoria y Bilbao, se supera el 70%. Ullibarri-Gamboa está al 74,61%, cinco puntos menos que hace un año y tres por debajo de la media. Urrunaga está al 71,48%, con una variación similar.

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha tumbado este viernes hasta 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, de la compañía Solaria a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. Se suman a los permisos ya denegados con anterioridad. El plan Zierbena Solar preveía una inversión superior a los 100 millones de euros, más de 300.000 placas en Álava con una ocupación de 2.000 hectáreas y una gran línea de alta tensión para evacuar a Bizkaia la energía producida, lo que ha motivado gran rechazo ecologista, social e incluso institucional.

Los proyectos que se han denegado, según recoge el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), son los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29, al igual que “sus infraestructuras de evacuación, ubicadas en el territorio histórico de Álava, así como del proyecto de la infraestructura común de evacuación, en los territorios históricos de Álava y Bizkaia”. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4. Los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos pero pegada a Álava. Nada se conoce del 2.

En realidad, la Administración afea a Solaria que no haya cumplido todos los trámites en lo tocante a aportar información. También que haya una “ausencia de acuerdo vinculante” con Bahía de Bizkaia Electricidad para las instalaciones de evacuación de Zierbena. Asimismo, se ha producido una “caducidad automática” de los permisos de “acceso y conexión” a Red Eléctrica Española, el “fundamento” principal para la denegación.

“Queda claro que la lucha tiene sus frutos”, se felicitaron desde colectivos contrarios a estos proyectos cuando se conocieron las primeras denegaciones. “El proyecto causaría un perjuicio muy grave sobre los proyectos ecológicos y un efecto negativo muy grave sobre el paisaje, los montes y especies en Álava”, añadió la propia Diputación alavesa. Las alegaciones se contaron por miles. Las instalaciones estaban planeadas en Vitoria, Arrazua-Ubarrundia, Valdegovía, Lantarón, Ribera Alta, Añana, Iruña de Oca, Ribera Baja, Armiñón, Zigoitia, Zambrana, Zuia o Berantevilla, pero afectaban también a Ayala, al norte de la provincia, y a localidades vizcaínas como Gordexola, Galdames o Abanto Zierbena.

El Gobierno vasco ha convocado para la próxima semana una “mesa de forrajes”, con el objetivo de coordinar las necesidades de alimentación animal y analizar posibles fórmulas de compra conjunta y suministro para las explotaciones más afectadas y, de cara a septiembre, una “mesa del agua” específica para el sector agrario, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión yla eficiencia hídrica, la modernización de regadíos y las necesidades de abastecimiento de las explotaciones. Se trata de dos medidas tomadas este jueves tras la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura en la sede del Gobierno vasco en Vitoria, en la que han participado representantes del sindicato Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA), la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y del Gobierno vasco con el objetivo de analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector tras las olas de calor que ha habido últimamente en Euskadi.

En el encuentro, en el que también han participado las diputaciones forales, organizaciones agrarias, cooperativas y entidades técnicas, se ha realizado un diagnóstico compartido de la situación y se han acordado nuevas actuaciones para responder a las necesidades más inmediatas del sector y avanzar en medidas de adaptación a medio y largo plazo. “El diagnóstico confirma el carácter excepcional de la situación meteorológica. Julio se ha convertido en el mes más seco del siglo en Gipuzkoa y la temperatura media registrada hasta el 27 de julio se sitúa 2,2 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020, un récord histórico. Además, el indicador mantiene a buena parte de Euskadi en situación de advertencia y sitúa Llanada Alavesa como una de las zonas más afectadas”, han confirmado desde el Ejecutivo vasco.

Según han informado, los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en buena parte de las producciones tardías. “Mientras que los cereales y las patatas de siembra temprana han registrado un comportamiento normalizado, las siembras tardías presentan pérdidas tanto de rendimiento como de calidad. En parte de la horticultura se han detectado mermas de hasta el 50% en la floración y el cuajado del tomate, mientras que en algunos casos el maíz ha llegado a sufrir pérdidas de hasta el 90%. También se están registrando problemas de nacencia en girasol, reducciones de producción en remolacha y afecciones en frutales como el manzano o el kiwi. En viticultura, la vendimia se prevé adelantada y con buenas perspectivas sanitarias, aunque la evolución definitiva de la cosecha dependerá de las precipitaciones que puedan registrarse durante el mes de agosto”, han detallado.

En este sentido, los sindicatos agrarios han exigido durante la reunión ayudas directas para los ganaderos. “Exigimos ayudas directas ya para los ganaderos y ganaderas que tienen animales en el monte y que lo van a tener que bajar porque no hay comida. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer y dar agua porque se nos está acabando el agua que hay en la sierra y en los montes de pasto, hay que bajar mínimo dos meses antes a las cuadras y eso es empezar a dar de comer comida que tenemos preparada para el invierno. Arriba ya está todo seco”, ha lamentado a la entrada de la reunión Edurne Basterra, presidenta de UAGA.

Por su parte, Xabier Iraola, coordinador del sindicato agrario ENBA, ha exigido que “al igual que ocurrió hace tres años, en 2023, se abra un operativo para compras conjuntas de hierba, forraje y paja”. “En estos momentos nos encontramos con que el principal perjuicio que tienen los baserritarras es la falta de hierba. El precio de la carne está bajando al ganadero, el precio de la leche ha bajado y si tengo menos hierva y tengo que gastar más en alimentación una consecuencia sería que algunos manden más vacas y más animales al matadero”, ha explicado Iraola.

En cuanto a las huertas, Iraola ha insistido en que “hay producciones como la vaina y otros productos que han quedado arrasados en el mes de junio y julio”. “En el tomate se ha caído toda la flor, por lo que no va a haber más tomate, en la manzana va a haber un 50% de producción de manzana para sidra, porque la manzana se ha caído y lo que hay son manzanas pequeñas. Además de todo eso nos preocupa el abastecimiento de agua”, ha señalado.

“La prioridad es acompañar al sector en un momento especialmente complejo, dando respuesta a las necesidades más urgentes sin perder de vista que el cambio climático obliga a reforzar la resiliencia de nuestras explotaciones mediante actuaciones estructurales y una mejor planificación”, ha subrayado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien ha destacado que “el estrés térmico está reduciendo la productividad y la capacidad reproductiva de distintas especies, mientras que la falta de agua y de pastos está obligando a muchas explotaciones extensivas a consumir ya el forraje reservado para el invierno”. “En las explotaciones de vacuno de leche, las olas de calor están provocando pérdidas medias de entre cinco y siete litros de leche por vaca y día, además de una disminución de la eficiencia reproductiva de entre el 30% y el 50%. En el ovino también se observan descensos de producción y dificultades reproductivas asociadas al incremento de las temperaturas”, ha destacado el Ejecutivo vasco, quien paralelamente continuará realizando las gestiones necesarias para adelantar al 15 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, una medida destinada a reforzar la liquidez del sector en un momento especialmente delicado.

La “mesa de la sequía” en Euskadi, oficialmente denominada Mesa de Agricultura y Cambio Climático, se reunió por primera vez en el año 2023 en un intento de buscar soluciones al problema de la escasez de precipitaciones y del cambio climático, la mayoría de ellas con efecto a largo plazo. Tras aquella reunión se optó por arbitrar ayudas por parte del Gobierno vasco para la compra de forraje para alimentar al ganado, promover el cultivo local de ese forraje para no depender tanto del exterior como ocurre ahora, y en cuanto a la falta de agua optimizar el riego para evitar pérdidas.

Tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este jueves entrará en vigor la calificación de Basauri como zona tensionada en aplicación de la normativa estatal de vivienda de 2023. Basauri se convierte en el decimoctavo municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, el cuarto de Bizkaia tras Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Según ha dado a conocer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en conjunto ya son más de 1.160.000 personas, el equivalente a cerca del 55% de la población de Euskadi, las que residen en municipios que cuentan con esta consideración.

En el caso de Bizkaia, Itxaso ha especificado que “el porcentaje alcanza el 44,5% de la población del territorio” y ha anunciado que la estrategia “continúa además ampliándose”. Actualmente, permanecen en tramitación los expedientes correspondientes a Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia en Gipuzkoa.

La medida influirá en la renta mensual para las viviendas que salgan al mercado y no hayan tenido un contrato de alquiler en los últimos cinco años y será la fijada por el índice de precios de referencia que establece el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con datos de la Hacienda foral. Además, en el caso de las viviendas que sí dispongan de un contrato de alquiler formalizado el precio será el de la última renta, con actualización anual. En este supuesto, existe la posibilidad de incrementar un 10% el precio en el caso de viviendas en las que, en los dos años anteriores a la declaración del municipio como zonas de mercado residencial tensionado se hayan realizado obras de rehabilitación, de accesibilidad o que supongan un ahorro energético del 30%. También en contratos de alquiler con 10 años de duración.

Itxaso ha indicado que la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida”. “El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda, movilizando todos los recursos públicos disponibles para equilibrar un mercado que hoy no está dando respuesta a las necesidades de muchas familias trabajadoras, personas jóvenes y clase media en general”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, del PNV, ha reconocido que “gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso a una vivienda de alquiler más asequible”. “Es un hito más dentro de la batería de medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri para aumentar la oferta de vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía basauritarra”, ha resaltado.

Construcción de nuevas viviendas

En cuanto a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Basauri para los próximos tres años se incluye la construcción de 362 nuevas viviendas, el 73% de ellas protegidas, y 42 apartamentos dotacionales gracias al plan de acción que acompaña a la declaración de zona de mercado residencial tensionado. La operación de mayor envergadura se desarrollará en Azbarren, donde se contemplan 416 viviendas protegidas y 24 apartamentos dotacionales, promovidos conjuntamente por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y otros agentes públicos. Durante el periodo 2026 -2029 comenzará la primera fase de este desarrollo con 242 viviendas protegidas, distribuidas entre promociones impulsadas por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Basauri y Harri Iparra, además de los 24 alojamientos dotacionales promovidos por el Ejecutivo autonómico.

A estas promociones se sumarán las previstas en San Miguel Oeste, donde comenzarán 18 nuevos alojamientos dotacionales junto con 24 viviendas tasadas, así como una nueva fase del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta, que incorporará 36 viviendas libres, reservando además suelo para futuros alojamientos dotacionales. Igualmente, la Actuación Integrada AI-02 permitirá iniciar 60 nuevas viviendas, de las cuales 24 serán viviendas de protección social y 36 libres.

Además de las actuaciones previstas durante la vigencia de la declaración, el planeamiento municipal incorpora ya nuevas operaciones como el desarrollo de Basconia Noreste, “una de las mayores bolsas residenciales del municipio”, ha anunciado el consejero, para avanzar que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, “una actuación llamada a convertirse en uno de los principales proyectos públicos de vivienda en Euskadi durante los próximos años”. También tendrán continuidad las siguientes fases de Azbarren , así como los desarrollos previstos en Basconia Sureste, San Miguel Oeste, San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta y otros ámbitos de transformación urbana contemplados en el planeamiento municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán completar el objetivo de 1.476 viviendas y 62 alojamientos dotacionales.

Un estudio sobre las viviendas vacías

Además de la construcción de nuevas viviendas, el plan del Ayuntamiento busca movilizar la vivienda vacía para el alquiler a través de un estudio específico sobre la vivienda vacía existente en Basauri que permitirá conocer con mayor precisión la dimensión del fenómeno, identificar los inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler y planificar nuevas actuaciones. Para conseguir llevar al mercado esas viviendas vacías, el plan combina medidas de incentivo con instrumentos de carácter fiscal. En este sentido, desde el Ayuntamiento informan de que continuarán impulsando las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que incorporen sus viviendas a programas públicos de alquiler como Bizigune o ASAP. Actualmente, estas viviendas disfrutan de una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y seguirán endureciendo el tratamiento fiscal de aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente, para lo que el Ayuntamiento ya aplica un recargo del IBI sobre vivienda vacía del 150%.

Otra de las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda es impulsar la conversión de locales comerciales en viviendas. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2021, se han autorizado 113 conversiones de locales convertidos en casas. En cuanto a las ayudas disponibles, desde el Ayuntamiento han informado de que actualmente 188 jóvenes de 24 a 29 años residentes en viviendas de alquiler libre en Basauri son beneficiarios del programa Gaztelagun, aunque son 610 los que han solicitado la ayuda en algún momento. “La declaración de zona tensionada permitirá ampliar los límites de renta subvencionable y los umbrales de ingresos para acceder a Gaztelagun”, ha detallado Itxaso. Mientras que el dato del acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, recoge que actualmente 443 unidades convivenciales de Basauri tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda y 135 personas perciben la Prestación Económica de Vivienda (PEV).

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, del PNV, ha propuesto un gran pacto para hacer de Bizkaia un “territorio de oportunidades”, que apoye a quien emprende e innova, y para que ningún joven “tenga que elegir entre su tierra y su talento”. Asimismo, ha afirmado que “los pueblos serios no niegan sus problemas”, sino que “los resuelven, sometiéndolos a deliberación y pactando”.

Etxanobe ha realizado estas declaraciones en la tradicional recepción institucional con motivo de la festividad de San Ignacio celebrada este miércoles en el Palacio Foral de Bizkaia, a la que ha asistido el lehendakari, Imanol Pradales, junto a sus consejeros en el Gobierno vasco y diputados forales, además de numerosas personas representativas del tejido económico, social y cultural vasco, informa Europa Press.

“Si hace 500 años nuestros antepasados escribieron el Fuero Nuevo, escribamos juntos los nuevos fueros de Bizkaia, no en pergamino, sino en hechos”, ha manifestado también. Etxanobe ha propuesto “menos palabras y más obras” y “cuatro compromisos, cuatro pactos de esta generación con las siguientes”, haciéndolo “como se ha hecho siempre lo bueno en esta tierra, a la vizcaína, trabajando, acordando y cumpliendo lo acordado, sin ruido, sin promesas de más, con la palabra dada por delante y con el aval del trabajo hecho”.

Según ha remarcado, tres de esos pactos que propone “no son una promesa para mañana”, sino que están en marcha “desde el comienzo de esta legislatura”. Así, ha abogado por un pacto de cuidados, para que “nadie quede atrás, ni quede solo”. “Una Bizkaia que cuide a sus mayores, proteja a su infancia y acompañe a quien atraviesa un mal momento”, ha planteado, para advertir que “los cuidados no son un gasto, son la medida exacta de nuestra civilización”.

También ha abogado por un pacto “para cuidar el territorio” y para “convivir en igualdad”, a lo que ha sumado “un nuevo pacto para crear oportunidades, al servicio de todas las personas de esta sociedad, para apoyar a quien emprende y a quien innova”. “Para un empleo estable y de calidad, para una industria competitiva y con raíces y para que ningún joven tenga que elegir entre su tierra y su talento”, ha agregado. “Queremos que se queden, y a quienes se fueron, decirles bienvenidos a casa de nuevo, aquí tenéis vuestro sitio. Bizkaia, territorio de oportunidades”, ha dicho.

“Tenemos la herramienta para construir ese pacto: el Concierto Económico, una fiscalidad propia, justa y moderna, que pide a cada cual según sus posibilidades”, ha añadido. Bizkaia acaba de presentar un nuevo proyecto con medidas controvertidas como la bonificación de los seguros médicos privados.

Asimismo, Etxanobe ha resaltado que este año se conmemora el V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, “un texto nacido del pueblo, que fue dialogado, contrastado y, sobre todo, pactado”. “500 años después, nos corresponde seguir dando vida a ese legado y hacerlo como mejor sabemos, escribiendo con hechos el futuro de Bizkaia”, ha abundado.

La semana pasada un socorrista del polideportivo de Txurdinaga fue brutalmente agredido a la salida de su puesto de trabajo. Según reconoce, los agresores le esperaron a que terminara de trabajar para golpearle por la espalda con un objeto en la cabeza, después de que este les llamara la atención por no ducharse para acceder a la piscina. La víctima tuvo que pasar la noche en el hospital, pero se recupera favorablemente aunque sigue de baja laboral tras lo ocurrido. No es la única agresión que han sufrido a lo largo de este año los trabajadores de polideportivos de Bilbao, que han denunciado esta situación este martes en una manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT.

“Los insultos, las agresiones verbales y las amenazas son algo habitual en todas las instalaciones. Un compañero por hacer su trabajo fue brutalmente agredido. Queremos que se endurezca la normativa interna, que esta se aplique de forma real y efectiva y que no se aplique de forma laxa”, ha exigido Eneko Martín, presidente del comité de empresa de Emtesport, la mercantil de estos trabajadores que subcontrata Bilbao Kirolak, el organismo público municipal del Ayuntamiento de Bilbao que gestiona la red de polideportivos.

Una de las medidas que reclaman los trabajadores es la recuperación de la presencia policial en las instalaciones. “Fue una medida que en el pasado se comprobó que era disuasoria ante comportamientos así, pero que fue retirada”, ha lamentado Martín. En estos momentos las instalaciones de los polideportivos cuentan con una empresa de seguridad, pero según lamentan los trabajadores, “no controlan las amenazas ni los enfrentamientos directos entre usuarios y monitores o socorristas, ni vigilan las aperturas y cierres de las instalaciones”, donde se “producen gran parte de las agresiones”.

Joseba lleva 25 años trabajando en distintos polideportivos de Bilbao y ha reconocido a este periódico que llevan “varios años en los que los insultos, las amenazas y las faltas de respeto de los usuarios cada vez son más frecuentes”. “Afortunadamente son una minoría, pero cada vez va en aumento. Estas agresiones cada vez son más frecuentes a lo largo del año, pero en verano se multiplica. Pedimos cuestiones básicas: que las aperturas y cierres de las instalaciones no se hagan con una persona sola y que pongan medidas disuasorias, bien sea Policía municipal o Ertzaintza, como había antiguamente y que funcionaba”, ha destacado el trabajador, que insiste en que “cuando había presencia policial las agresiones disminuyeron considerablemente”.

Tras las manifestaciones realizadas este martes tanto a la mañana como a la tarde, desde el comité de empresa prevén reunirse con la dirección de Bilbao Kirolak y con el Ayuntamiento de Bilbao para ver “las soluciones reales que ofrecen”. “Si dichas soluciones no nos convencen tendremos que tomar otras medidas como el cierre de las piscinas o la huelga”, han alertado desde la plantilla.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, que ha acudido a mostrar su apoyo al finalizar la concentración de los trabajadores, ha condenado “rotundamente” la agresión a un socorrista y ha advertido que “el incivismo se castiga”. “El Ayuntamiento de Bilbao no va a consentir ni agresiones, ni altercados, ni comportamientos inapropiados en ningún equipamiento, espacios que sí o sí deben estar libres de estas situaciones como recintos seguros que lo son”, ha asegurado tras lamentar que “desgraciadamente, el incivismo va en alza”.

Por el momento la víctima no ha interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza, pero desde el Consistorio han informado de que a los agresores “se les aplicará la normativa inhabilitándoles, retirándoles el carné o prohibiéndoles el acceso a la instalación”. Erroteta ha indicado que “el crecimiento de estas situaciones” ha llevado al Ayuntamiento “ya desde el año 2005 a incrementar medidas, como un mayor número de socorristas, más personal auxiliar y la contratación de seguridad privada”. “El incivismo en Bilbao ni se perdona ni se queda sin castigo, y hoy tampoco”, ha concluido.

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han dirigido un escrito al juez Raúl Nicolás García Orejudo, titular de la plaza 7 de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, para poder estar personados en el concurso de acreedores de la empresa de ambulancias Grup La Pau, que fue contratista de Osakidetza hasta finales de 2024. Según la documentación oficial presentada, la cooperativa de Badalona adeuda a la Administración vasca 13,6 millones de euros.

Grup La Pau era la adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia y Álava, tanto las urgentes como las programadas. A finales de 2024 el Ejecutivo rescindió antes de tiempo los vínculos contractuales con la compañía por la acumulación de deudas, sanciones y otras irregularidades, aunque solamente unos meses antes insistía en poner en valor su solvencia. El Gobierno vasco tuvo que formalizar dos contratos de urgencia, uno para Álava y otro para Bizkaia, para garantizar la continuidad de un servicio esencial. Se eligió a Ambulancias Gipuzkoa, la contratista en ese territorio, para que expandiera su rango a territorio alavés y, para Bizkaia, se optó por una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa. Es precisamente ahora cuando se ha abierto una licitación ordinaria para regularizar la situación.

En paralelo, los antecedentes de Grup La Pau no impidieron que accediera a una adjudicación en Catalunya, aunque en junio entró ya en concurso de acreedores, un escenario que se venía barruntando ya desde sus últimos meses en Euskadi. El administrador concursal es Jordi Albiol y el juzgado responsable es el 7 de la sección mercantil de Barcelona, ya que la compañía siempre ha estado domiciliada en Badalona.

En el marco de este proceso y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, el 15 de julio una letrada de los servicios jurídicos del Gobierno vasco dirigió un escrito al juzgado y, en él, insistía en que la cooperativa “figura como deudora” de la Administración autonómica. La “cuantía total” supera los 13,6 millones de euros, que se desglosan en 9 millones en impagos al personal, 0,9 en “penalidades”, 1,6 en reclamaciones judiciales pendientes y más dinero en otro montón de conceptos que abarcan desde multas de los vehículos hasta 71.063 euros en alquileres pendientes por el uso de una base de los Bomberos de Álava.

Los informes adjuntos al escrito de personación recuerdan que uno de los puntos críticos llegó en el verano de 2024 cuando Grup La Pau no abonó la paga extraordinaria de julio a la plantilla. También hubo impagos de complementos de antigüedad o en períodos de bajas laborales. Ahora, hay un goteo de reclamaciones judiciales contra la empresa de sus antiguos trabajadores. Según los datos de los servicios jurídicos vascos, las peticiones ascienden ya a 1,7 millones y, sin excepción, los juzgados de lo social están condenando al Ejecutivo a pagar como responsable solidario. De momento, las arcas públicas han adelantado ya 141.559,54 euros sólo por estos procedimientos y el resto se tendrá que abonar igualmente.

Sumados todos los conceptos, Salud ha tenido que poner más de 10 millones de euros para ir tapando los agujeros que dejó Grup La Pau. En su momento, se habló de unos 12 millones en avales y garantías constituidos a la firma de las diferentes adjudicaciones para hacer frente a posibles eventualidades, pero ahora se rebaja esa cifra a 8,9 millones. Ahora, el Gobierno vasco se siente con “legitimación activa” para “personarse en el procedimiento concursal” en “defensa” del “crédito” de 13,6 millones.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha acusado a la Policía Nacional de saltarse el reparto competencial al detener este lunes a dos hombres por los incidentes registrados en Bilbao durante la final del Mundial de fútbol que España le ganó a Argentina y durante las celebraciones posteriores. La Ertzaintza ha arrestado a otras cinco personas por los mismos motivos.

Las detenciones de la Policía Nacional se han producido este lunes. Los hombres arrestados, ambos de 29 años, están acusados de delitos de odio, de desórdenes públicos y de lesiones a un joven. Zupiria ha explicado que se había alcanzado un “acuerdo político” para determinar qué funciones correspondían a la Ertzaintza y cuáles a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ha sostenido que, con la detención este lunes de dos hombres, la Policía Nacional se ha excedido en sus funciones.

El Ministerio del Interior ha detallado que, durante las concentraciones organizadas en Bilbao para manifestarse contra la selección española, los manifestantes profirieron “a su paso insultos a personas que vestían la camiseta”. El PP había instalado una pantalla gigante para poder seguir el partido. Causaron daños al mobiliario urbano y agredieron a personas. Un joven que esperaba al comienzo del partido, señala el ministerio, “sufrió por parte de un grupo de los radicales una agresión de manera sorpresiva”.

Zupiria ha ofrecido también datos de la actuación de la Ertzaintza. La Policía vasca, ha explicado, tiene abierta cerca de una veintena de atestados y diligencias por los incidentes registrados, en su mayoría contra aficionados de la selección española. Se están investigando en las comisarías de Vitoria, Bilbao, Donostia, Bergara, Erandio, Sestao y Durango. Entre el domingo y el lunes, hubo cinco arrestados en el momento de los hechos. Además, hay más de medio centenar de personas identificadas por participar en los disturbios. Ha añadido que habrá propuestas de sanción en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana (la 'ley mordaza') e imputaciones judiciales.

La Audiencia Provincial de Bizkaia llevará a cabo a comienzos de septiembre el trámite conocido como “deliberación y fallo” que deberá resolver los recursos de nulidad presentados por todos los imputados en la investigación penal abierta por la juez de Durango Laura Yuste por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar. En este caso, como adelantó este periódico, está siendo investigada la exalcaldesa de EH Bildu entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri.

Este sumario es la tercera de las derivadas judiciales del derrumbe del vertedero en febrero de 2020. La primera, ya cerrada, fue la pieza por el fallecimiento de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Los gestores de la planta, de la compañía Verter Recycling, ya asumieron sus responsabilidades. La segunda, aún sin cerrar, guarda relación con posibles delitos medioambientales asociados a la catástrofe, que implicó un alud de 800.000 toneladas de residuos.

Fue de esta segunda de la que derivó una pieza separada. La Ertzaintza, en calidad de Policía judicial, aportó un informe de 3.679 folios con hasta veinte supuestos ilícitos urbanísticos en los años previos a la caída de un vertedero ubicado en la ladera de Eitzaga. La investigación arrancó en 2024 y el secreto de sumario llegó a ser prorrogado en diez ocasiones. Finalmente, a comienzos de 2026 trascendió que la instructora Yuste había acordado la citación como imputada de Baigorri y de los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, así como de la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, están investigados igualmente los responsables de Verter Recycling, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, al igual que los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.

Entre los puntos que se analizan es si Verter Recycling pudo haber hecho uso de 65.000 metros cuadrados adicionales a los 137.000 que tenía autorizados. Los hechos se investigan como posible prevaricación urbanística. No obstante, la magistrada ya aclaró que todos los posibles delitos previos a 2015 estaban prescritos, de modo que de saque rechazó investigar quince de las veinte líneas propuestas por la Ertzaintza.

Los imputados tenían que haber declarado en mayo, pero las citaciones quedaron pospuestas porque todos ellos han buscado la nulidad en una instancia superior, en este caso en la Audiencia Provincial de Bizkaia. Hay gran discusión sobre los plazos de la investigación -si se superó o no el tope legal para comunicar una imputación tras recibir la 'notitia criminis'- o sobre el alcance de las propias prescripciones.

El caso generó en su día un cierto revuelo político. EH Bildu defendió a capa y espada la gestión de su exalcaldesa, de la que recordó que no hay indicios de lucro personal, y remarcó que la Diputación de Bizkaia, del PNV, tuteló la normativa urbanística del municipio en aquellos años. Es más, señalaron que el propio Imanol Pradales, actual lehendakari y entonces alto cargo foral, fue uno de los firmantes de aquellos instrumentos de planificación. En 2020, cuando cayó el vertedero, gobernaban ya PNV y PSE-EE en Zaldibar.

“Se ha decidido que Bilbao necesita un nuevo liderazgo”, dijo el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto Rike (Bilbao, 1961) a principios del pasado junio a la hora de informar en una comparecencia junto con el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que no se presentará a las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 tras haber ocupado el cargo durante tres legislaturas. Desde entonces, no ha ocultado que la decisión de apartarse no era suya, sino del partido. Algo que volvió a confirmar este domingo en una entrevista concedida al programa 'A un Metro' de EITB. “No había pensado en dejarlo, pero tampoco había pensado en que tenía que seguir. Es verdad que la decisión es de ellos, pero el proceso de reflexión ha sido compartido. Me siento raro porque de repente frenar en seco es difícil”, confesó Aburto.

Tras esas palabras, el periodista Juan Carlos Etxeberria le preguntó directamente si no cuestionó el porqué. “Nunca he preguntado por qué. Recuerdo que el día que me propusieron me dije a mí mismo que el día que me tuviera que marchar nunca iba a preguntar por qué, porque el día que me propusieron tampoco pregunté. Yo creo que la humildad requiere que en el momento en el que nos digan 'hasta aquí hemos llegado' también tengamos esa actitud de decir 'ha sido un placer y eskerrik asko'”, argumentó.

“Después de 12 años y terminando con 66 años hay que ver con normalidad que se produzca ese cambio. Para mí ha sido todo un honor ser alcalde de Bilbao y es un honor ser alcalde, porque queda un año y no quiero olvidarme de eso”, aseveró. Aburto también habló de las razones de salud que le hicieron ausentarse del cargo en varios períodos largos por bajas médicas. “Mi salud es verdad que me ha jugado malas pasadas por dos cuestiones fundamentales: una por un tumor duodenal con tres operaciones que me ha limitado mucho y me ha hecho estar pendiente de mis revisiones y demás, hoy lo digo con la satisfacción de que la cosa va bien, y la segunda es la cadera con tres operaciones, que me ha limitado más físicamente. Una de las oncólogas, cuando estaba en tratamiento me decía 'Juan Mari tú tienes que trabajar hasta el medio día y luego ya a la tarde descansar' y yo le decía que lo de ser alcalde a medias todavía no se ha inventado”, bromeó.

El alcalde de Bilbao confesó en la entrevista que aún le cuesta pensar en el momento de dejar el cargo dentro de un año. “Me cuesta porque pienso que no es fácil tener una vida tan intensa como la que tengo yo, con todas las horas ocupadas desde primera hora hasta el final del día, a tener tiempo libre. De momento no quiero pensar en eso, pero debo pensar en eso. [Pensaré] en Navidad, cuando falte menos tiempo para las elecciones y para el cambio. No tengo claro en este momento si voy a involucrarme, que lo haré, en temas sociales en el ámbito más del voluntariado”, recalcó.

Preguntado por cómo le gustaría ser recordado dentro de 20 años, Aburto dejó claro que le gustaría que le recordasen como a “una buena persona”. “¿Y por qué una buena persona? Porque creo que si uno es una buena persona puede ser otras cosas: puede ser buen médico, buen alcalde, buen fontanero... Si uno no es una buena persona no puede ser nada de eso. Yo no sé fingir y no quiero saber fingir, lo que intento fundamentalmente es ser de verdad”, concluyó.

Dos días después de anunciar su marcha, el PNV presentó al asesor de Pradales y dirigente del PNV vizcaíno Mikel Hidalgo (Bilbao, 1993) como su sucesor. Graduado en ADE por la Universidad de Deusto, es dirigente del Bizkai Buru Batzar y asesor del lehendakari, Imanol Pradales, donde ocupa el puesto de coordinación de la Agenda 2030. Antes, lo fue también con Iñigo Urkullu, que le nombró en 2022. Recientemente, ha coordinado una iniciativa llamada Bilbao 2040. Con esta elección el PNV se ha propuesto “dar paso a una nueva generación” e imita en Bilbao el perfil del ya alcalde donostiarra, Jon Insausti, también treintañero y falta por saber qué decisión tomará en Vitoria, donde en 2023 Beatriz Artolazabal quedó en cuarta posición tras la salida de Gorka Urtaran.

Los nacionalistas tienen en Bilbao su gran feudo municipal. Es la única capital provincial en España que ha tenido siempre el mismo color político desde la recuperación de la democracia. A pesar de que en las elecciones municipales de 2023 el PNV vio desgaste en las urnas, mantiene un Gobierno con mayoría absoluta de la mano del PSE-EE. Resultados que el partido busca remontar con la llegada de Hidalgo, a quien el propio Aburto describió como una persona “extraordinariamente joven, muy bien formada y que conoce la administración por dentro”.

El mercado ha dado un respiro a Donostia, con un descenso de los precios de los nuevos alquileres del 3,7% en el último trimestre de 2025, de 1.175,6 a 1.131,9 euros, según la más reciente EMAL (Encuesta del Mercado del Alquiler). La ligera desinflamación se aprecia también en otras zonas del área metropolitana como Irún, Errenteria o Lasarte-Oria. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cree que “las cifras invitan a la esperanza” porque, además, no ha descendido la oferta. Y lo atribuye a la plena aplicación de las previsiones para las zonas tensionadas previstas en la ley estatal de 2023, que solamente fue posible en esa época. Por el contrario, la misma estadística ofrece otra fotografía menos favorable en Bizkaia: en Bilbao las rentas ya pasan de los 1.000 euros por vez primera y Getxo se convierte en el municipio más caro, con 1.175,7 euros mensuales.

Itxaso ha presentado estos resultados precisamente en Donostia. Según ha dicho, sería “prematuro” ver esta mejora como una “tendencia consolidada”, pero al menos sí cree que hay que ponderar los elementos positivos en el “primer trimestre en el que confluyen todas las herramientas previstas para las zonas tensionadas en Gipuzkoa”. Son tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en que “por primera vez” desde que se hace la EMAL, desde 2016, se reducen “al unísono” los precios en los principales núcleos urbanos. Es más, a la par se constata una “ligera” subida de precios en zonas no tensionadas de Gipuzkoa.

En cifras, Donostia baja de 1.175,6 a 1.131,9 euros mensuales de media, un 3,7%. Es el dato de los nuevos contratos firmados en el período analizado. Errenteria, la primera localidad vasca en agogerse a este sistema de control de precios, pasa de 834,9 a 800,4 euros, un 4,1%. Irún, el segundo municipio más poblado, ve un descenso de 878 a 851,8, del 3%. Lasarte-Oria tiene una pequeña bajada de precios, de apenas el 0,6%, ya que se queda en 893,2 frente a los 898,3.

Para Itxaso, lo relevante es que eso no venga acompañado de una “contracción” de la oferta, una de las críticas que hacen los detractores de la normativa estatal, desde el PP a nivel general hasta el PNV a nivel más local. “El dato importante es doble: bajan las rentas de entrada en varios de los municipios más tensionados y, al mismo tiempo, Gipuzkoa alcanza los 31.351 contratos activos. Es decir, no estamos viendo una contracción del parque registrado, sino una primera moderación de precios con más viviendas alquiladas”, se ha congratulado. Y ha añadido, insistiendo en lo simbólico del caso de Donostia, que “supone un primer alivio en uno de los mercados residenciales más tensionados de España”, aunque ha pedido cautela hasta ver la evolución de los siguientes trimestres.

Aunque con retraso, Gipuzkoa fue el primer territorio que logró de su Hacienda foral los datos para activar los denominados índices de precios de referencia. Sin ellos, se aplicaban las zonas tensionadas pero no en todos los supuestos. Estos índices permiten limitar precios en primeros alquileres, viviendas que llevan tiempo fuera del mercado y casas de grandes tenedores, los propietarios de muchos inmuebles.

Itxaso ha puesto también en valor la política fiscal de Gipuzkoa y su incidencia sobre la Vivienda. “25.000 propietarios se han beneficiado de la bonificación del 70% en el IRPF por alquilar sus viviendas a precios contenidos, con un impacto fiscal cercano a los 18 millones de euros. Además, otros 28.000 declarantes que alquilan a precios de mercado han recibido bonificaciones del 30%, por un importe aproximado de 4 millones”, ha indicado el Ejecutivo vasco.

Álava estable, Bizkaia a peor

En Álava y en Bizkaia, las respectivas Haciendas forales han llegado más tarde, ya este 2026. Así, si la media en Gipuzkoa es de descenso del 3,5%, en Bizkaia se produce una subida del 2,1%. Por vez primera en diez años, este territorio es más caro que Gipuzkoa y, además, Getxo es el municipio con los precios más elevados, por encima de Donostia. En esta localidad se han disparado un 5,5%, y llega a 1.175,7 desde los 1.114,3 anteriores. Además, los contratos activos han bajado igualmente, un 0,5%. En el caso de Bilbao, se supera el simbólico umbral de los 1.000 euros mensuales: de 989,8 a 1.011,1, un 2,2% de subida trimestral. Barakaldo tiene un repunte del 1,8% y se queda en 828,4 euros.

“Los datos de Bizkaia ofrecen una fotografía previa a la entrada en funcionamiento del índice de referencia en dicho territorio y permitirán comparar en los próximos meses cómo evoluciona el mercado una vez desplegadas todas las herramientas de las zonas tensionadas”, despeja Itxaso sobre estos malos resultados.

En el caso de Álava, sigue como la zona más “contenida” de Euskadi. En Vitoria, la única zona tensionada y nuevamente sin todas sus medidas aplicadas en el período medido, la situación es de “estabilidad”. De 851,6 euros de media se ha pasado a 851,2. Sí ha habido un incremento anual del 2,8% en los alquileres activos y declarados.

Después de la tercera jornada de huelga convocada el pasado 19 de junio por el sindicato en Iberdrola en demanda del convenio colectivo y tras el cierre de las negociaciones con la empresa, los sindicatos alertan de más movilizaciones si no se consigue avanzar en las propuestas de mejoras laborales. La plantilla lleva más de un año exigiendo la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2024, y “medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido que supera el 19%”. “Lo dijimos en la mesa y lo repetimos ahora. Si por el diálogo no se puede, será por la movilización, ya que es de justicia que nos reconozcan algo tan básico”, exigen desde el sindicato ELA.

Según critican, tras más de año y medio de negociaciones, la dirección mantiene “bloqueada” la negociación al rechazar la vinculación salarial al IPC. Es algo que según los sindicatos “contrasta con los resultados económicos de la compañía”, ya que, mientras Iberdrola “incrementó sus beneficios un 12% durante el último ejercicio, hasta alcanzar los 6.285 millones y elevó la retribución al accionista un 14%, la subida salarial aplicada a la plantilla fue del 0,685%, frente a un IPC del 2,9%”. “No solo eso, la empresa ha aprobado incentivos y retribuciones para cerca de 400 directivos por valor de más de 400 millones de euros, mientras rechaza una actualización salarial para las más de 8.000 personas trabajadoras incluidas en el convenio”, denuncia ELA.

Además de estas cuestiones el sindicato muestra su preocupación por el “progresivo traslado” de centros de decisión y nuevas vacantes desde Bilbao a Madrid, así como por la “escasa presencia del euskera en la compañía”. En este sentido, denuncia “la ausencia de requisitos lingüísticos, formación y uso normalizado del euskera tanto en oficinas como en las comunicaciones internas”.

Tras la última reunión celebrada con la empresa y después de que la dirección se negara a tomar en cuenta la posición de los sindicatos, desde ELA emplazan al resto de sindicatos a plantear “una respuesta conjunta basada en movilizaciones, huelgas y otras iniciativas de presión”. “En este escenario creemos que la única y más potente herramienta que debemos utilizar es la huelga. Si la misma unidad sindical que ha rechazado la oferta convocara una huelga indefinida el seguimiento sería más amplio y la empresa cedería en su chantaje”, subrayan.

“Los intereses de la empresa son contrarios a los de la plantilla y no es cuestión de convencerles. Ellos lo saben de sobra. Sus salarios, sí que suben por encima del IPC y saben distinguir entre consolidable y no consolidable sin ningún problema, es cuestión de arrancarles un convenio justo por la fuerza y ELA está dispuesta a plantar batalla”, concluyen.

Este periódico ha tratado de recabar la posición de la empresa, pero por el momento no ha recibido respuesta.