El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido con “honor” y con “emoción” la apertura del curso académico universitario 2026/2027 en la Universidad de Deusto, de titularidad privada, luego de que no asistiera la pasada semana al mismo acto de la EHU, la pública. En su discurso, ha destacado que el sistema vasco universitario es “rico” y “plural”, con perfiles “complementarios”.

Pradales, que fue alumno y profesor de Deusto, no acudió al acto inaugural de la EHU y delegó en el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias. Oficialmente, se apuntó que se iba a articular una suerte de modelo “rotatorio” por cuestiones de agenda, aunque el rector Joxerramon Bengoetxea expresó su malestar. “No termino de entender la decisión. Nosotros consideramos que la Universidad del País Vasco tiene que tener una consideración y un tratamiento sin equipararse a las otras universidades por las que, evidentemente, muestro mi total respeto. No creo que sea acertado equipararnos en este sentido a las privadas”, le afeó en 'El Diario Vasco' Bengoetxea, que desde su llegada al cargo ha mantenido tensiones con el Gobierno, particularmente por la financiación.

No ha habido menciones a esta cuestión en la intervención del lehendakari y sí un saludo específico a Bengoetxea, que estaba entre los invitados. Pradales ha defendido la importancia de apostar por la “excelencia” en la enseñanza y no ha orillado que hay que “mejorar los resultados”, en probable referencia a los problemas detectados por PISA en las etapas no universitarias. Más específicamente, sí ha puesto en valor la ley universitaria que prepara el Gobierno, así como el plan de cara al período 2027-2030.

Pradales ha citado al papa León XIV y a San Agustín en una universidad vinculada a la Compañía de Jesús. También ha hecho historia y, en puertas del nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi surgido en la Guerra Civil, ha recordado cómo el vicelehendakari Jesús María de Leizaola, del PNV como él, se esmeró para salvar de la destrucción la sede de Deusto en Bilbao. “Fue un acción de gran simbolismo”, ha manifestado. Otro aniversario es el número de 140 del nacimiento de la propia Universidad. Se abrió el 25 de septiembre de 1886 con 115 alumnos. Ahora tiene 12.500 y proceden de 50 países.

En su parlamento, Pradales ha lanzado al aire también unas preguntas sobre los retos de la Universidad en medio de un “cambio de era”. “¿Cómo gestionamos la Inteligencia Artificial y sus impactos, de forma que ésta sirva a la Humanidad y no a sus dueños? ¿Cómo favorecemos un debate abierto y sosegado en un espacio comunicativo cada vez más fragmentado y polarizado por las redes sociales? ¿Cómo responder de forma ética a los dilemas que plantean los descubrimientos en génetica o biociencias? ¿Cómo abordamos desde las democracias el sentimiento de malestar o pérdida que afecta a muchas personas en sociedades prósperas y avanzadas como la nuestra? ¿Cómo damos una respuesta local a retos globales como las migraciones o el cambio climático, ante un mundo en el que se abre paso la geopolítica de quienes defienden la ley del más fuerte? ¿Cómo atajamos las nuevas brechas que tensionan las costuras de nuestro contrato social y del Estado de Bienestar?”, ha planteado. Con Pradales, han tomado la palabra el rector de Deusto, Juan José Etxeberria, y el canciller, Arturo Sosa, en su calidad prepósito general de la Compañía de Jesús.

120 familias de Erandio están luchando por evitar que les expulsen de sus hogares, como le ocurrió este pasado miércoles a Maricarmen, desahuciada de su casa de Madrid por el fondo que adquirió su vivienda. Los inquilinos de Los Ochos de la localidad vizcaína de Erandio, pegada a Bilbao, están ya en la cuenta atrás y se han organizado, denunciado ante los juzgados y manifestado -este jueves lo volverán hacer- y anuncian que lucharán hasta al final para “defender su hogar”.

Sus viviendas era propiedad de InmoCaixa, empresa dedicada a gestionar la cartera inmobiliaria del banco La Caixa. Hace año y medio las vendió en lote al fondo buitre Mosaic, que se niega a renovar los contratos de alquiler porque lo que quiere es vender los pisos. Este fondo, por cierto, es habitual, en la compra de viviendas de InmoCaixa. Otros vecinos de Santander o de Vicálvaro han denunciado presiones de este fondo para que abandonen sus hogares.

El fondo quiere vender las viviendas a un precio que para los actuales inquilinos es inasumible. Además, han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes, con visitas, llamadas y ofertas para que dejen los pisos antes de que finalicen los contratos de alquiler, por los que pagan una media de 800 euros. Para 14 de estos inquilinos el reloj corre más rápido que para el resto, porque estos contratos finalizan este mismo año. Uno de ellos, de hecho, acaba este mismo sábado 26 de septiembre. Otro el 2 de octubre y luego ya viene un goteo durante octubre, noviembre... y así hasta 2032. Pero no está todo perdido, dicen. “Nos quieren echar. Pero no nos vamos. Nos quedamos”, anuncian.

Los vecinos se han organizado en una plataforma y junto al sindicato LAB han presentado una demanda colectiva ante los juzgados contra InmoCaixa por considerar que en el momento de la venta no se respetó el derecho de tanteo y retracto que ampara a los inquilinos ante cualquier compraventa. La resolución de esta demanda es lo primero que consideran que puede darles tiempo para mantener sus viviendas. “Cuando se produzca el vencimiento de los contratos de alquiler, esto daría acción a los propietarios para iniciar un procedimiento de desahucio. Pero antes se tendrá que resolver la demanda colectiva y se tendrá que dilucidar si la prórroga del Real Decreto es válida o no. Además, si conseguimos que se acelere la declaración de zona tensionada en Erandio, tendríamos las prórrogas que nos permiten solicitar esta declaración”, señala Iñigo Alonso, representante de LAB que está asesorando a las familias. “Lo que queremos es negociar y resolver el tema, para que estas familias no estén en estado de incertidumbre y ansiedad los próximos diez años”, señala.

Precisamente, respecto a la declaración de zona tensionada de Erandio, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, ha señalado que se ha dado instrucción en el departamento para que se dé la “máxima prioridad” a Erandio dentro de las 14 que están tramitándose en estos momentos. No obstante, ha indicado que se presentó por parte del consistorio a finales de agosto. “Podía haberlo hecho antes”, ha señalado el consejero. “Pero respetamos los tiempos, los ritmos y la autonomía municipal”, ha matizado.

Por mucha celeridad que se dé al proceso, Itxaso ha indicado que no es previsible que pueda estar publicado en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, en vigor hasta el mes de enero, ya que el Gobierno central publica los listados cada tres meses y al de octubre ya no se llega. Esto supone que la declaración de zona tensionada no va a llegar para los 14 contratos de alquiler que vencen este año. “Vamos a darle la mayor velocidad para que al ser zona tensionada ese fondo no pueda plantear finalizaciones precipitadas de esos contratos de alquiler y que si lo hace será sancionado. En el momento en que el sea zona tensionada estaremos muy encima de todos y cada uno de esos contratos para que los inquilinos puedan pedir las prórrogas”, ha reiterado Itxaso.

Las viviendas de Los Ochos de Erandio son viviendas libres, no protegidas. Itxaso ha recordado que ya han comprado viviendas libres anteriormente, como han realizado a este año a Kutxabank, por 5,7 millones, “que era lo que en términos de presupuesto era sostenible”. En cuanto a las de Erandio ha señalado: “Si podemos, iremos a por esas viviendas, al menos esas que están amenazadas de extinción en 2026. Si podemos y conseguimos una negociación interesante, iremos a por esas viviendas para conseguir que las personas que están viviendo allí puedan continuar. Pero de entrada, nos vamos a centrar en darle la máxima prioridad y aprobar la declaración de zona tensionada en Erandio”. “Todo nuestro cuerpo de inspectores y todo el equipo de vivienda y agenda urbana estarán pendiente de cualquier incumplimiento para poder sancionar”, ha indicado en el Parlamento.

Además, ha señalado que habrá que mirar si hay situaciones vulnerables en algunos de estos 14 contratos. Ha recordado el consejero que ya están actuando “desde la discreción” en casos de desahucios que se están produciendo para dotar de soluciones a personas que se queden en situación de vulnerabilidad.

Itxaso, en este sentido, ha calificado de “desoladora” la imagen de Maricarmen, de 87 años, siendo desalojada de su domicilio en Madrid, y ha insistido en que el Gobierno vasco está dispuesto a multar a los grandes tenedores que no respeten las zonas tensionadas y las prórrogas extraordinarias de sus contratos de alquiler solicitadas por los inquilinos. Ha hecho una defensa cerrada de la aplicación de la ley de vivienda estatal.

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Los socialistas han ratificado en las Juntas Generales de Bizkaia que no les gusta el proyecto de norma fiscal para garantizar el arraigo y la atracción de talento que ha presentado el Gobierno de la Diputación foral, del que forma parte, y que ha iniciado este miércoles su tramitación en comisión. “No creo sorprender a nadie si les aseguro de forma contundente y sin la menor acritud, que al PSE-EE no nos gusta este proyecto de norma foral”, ha señalado el portavoz José Alberto Álvarez sobre la iniciativa del PNV. “Pondremos el empeño en que este proyecto de norma foral salga del trámite parlamentario con aquello que no ha entrado: control, transparencia y generalización. Y se transforme en una norma foral basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos”, ha añadido.

En una intervención especialmente breve, el portavoz del grupo socialista en la comisión no ha concretado diferencias con el articulado del proyecto de norma, pero ha recordado que ya mostraron su desacuerdo cuando era anteproyecto. “Y así lo expresamos ya públicamente en las palabras de nuestro secretario general y vicelehendakari Mikel Torres. No nos gusta motivamente, como tendremos ocasión de explicar en el trámite parlamentario que hoy se inicia”, ha recalcado. Entonces, tras la presentación del proyecto por parte de la diputada general nacionalista Elixabete Etxanobe ante empresarios en Madrid, ya mostraron su total desacuerdo, sobre todo con las deducciones fiscales para los seguros médicos privados y para la asistencia a gimnasios, entre otros. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tildó de neoliberales esas propuestas.

Álvarez ha indicado que “desde la responsabilidad y alejados de cualquier maximalismo, se ha alcanzado un laborioso acuerdo para los tres territorios históricos con el PNV”. “Compartimos principios como la lucha contra el fraude de fiscal, o el fomento de la actividad económica, entre otros. Las baterías acordadas se trasladarán a este proyecto de norma foral en el momento procedimental oportuno”, ha advertido, después de que pese a este acuerdo entre ambas formaciones, en el que no estaban incluidas las medidas más polémicas del anteproyecto de Bizkaia, el PNV llevara al Consejo de Gobierno de la diputación vizcaína la propuesta original, que se aprobó para iniciar la tramitación en el parlamento foral con la abstención las diputadas del PSE-EE.

“Lamento que no le guste el proyecto normativo”, ha señalado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, del PNV, al representante de su socio de Gobierno. “Espero que los grupos que tienen mayoría en esta Cámara les termine gustando y se apruebe el proyecto normativo, porque responde a una necesidad que compartimos, que trata de abordar el reto del arraigo de las personas, el arraigo de las empresas. Seguro que si compartimos esa visión, y estoy convencida de que la compartimos, los grupos de esta Cámara llegarán a un acuerdo para que pasemos de no gustar el proyecto normativo, a que alcancen un acuerdo y el proyecto salga adelante. Yo les presento el proyecto normativo de la Diputación Foral de Bizkaia. Ahora es el turno de la democracia y de los grupos junteros para que el proyecto salga adelante con las modificaciones que ustedes consideren. Pero que salga, porque tenemos el reto de arraigar empresas y proyectos empresariales y de crear un futuro para las personas”, ha indicado.

A la espera de esas modificaciones que introduzcan los grupos durante la tramitación, el proyecto de salida no gusta al socio de Gobierno y tampoco a ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu ha manifestado que “está totalmente en contra de este proyecto”. Elkarrekin ya ha anunciado una “enmienda a la totalidad para exigir su retirada” y el PP ha advertido de que enmendarán, “porque sabiendo que va a pactar o que el proyecto viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

La juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha recordado que criticado que en junio la diputada general presentara en Madrid lo que denominó “una revolución fiscal” ante empresarios. Aunque la diputada de Hacienda ha puntualizado en su réplica que ella nunca ha usado el término “revolución” fiscal. “Nosotras no encontramos nada de revolucionario, ni con la privatización del sistema sanitario, ni tampoco reduciendo la recaudación, manteniendo, por un lado, la exigencia a quienes menos tienen y dando continuamente nuevos incentivos fiscales a quienes más tienen”, ha señalado Sarasola.

La representante de EH Bildu ha reconocido que la comisión que se ha desarrollado en las Juntas este miércoles “tiene mucha miga”, porque “esa misma 'revolución fiscal' que presentara la diputada general en Madrid” vuelve ahora “en su integridad”. “Quizás PSE-EE o PNV nos puedan aclarar cuál es la situación”, ha señalado poniendo sobre la mesa las discrepancias entre los socios. Además, ha criticado medidas concretas, como las relativas a las deducciones para inversiones de particulares en un fondo privado para la construcción de vivienda para el alquiler social, aunque señalan que, “estas viviendas deberán estar vinculadas a ese objetivo durante cinco años”. “¿Qué ocurrirá después?”, se ha preguntado. La diputada le ha contestado que la intención es que sean alquileres sociales “eternamente”.

Elkarrekin ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad para exigir su retirada. Es precisamente la formación con la que se pactó la anterior 'revisión fiscal' en 2025. La portavoz de la formación, Eneritz de Madariaga, ha denunciado que la propuesta del Gobierno foral “supone la vuelta a una fiscalidad basada en exenciones e incentivos para quienes tienen mayor capacidad económica y, en consecuencia, implica menos recursos para los servicios públicos”. “De nuevo vuelven a la senda de los ‘privilegios fiscales para unos pocos’, ha censurado. Además, ha considerado ”muy preocupante“ que se haga justo en un momento en el ”buena parte de la ciudadanía tiene dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o mantener su poder adquisitivo. Y a todos estos problemas, y fuera de toda lógica, ustedes responden reduciendo la tributación de determinados contribuyentes.“, ha recalcado.

De Madariaga ha criticado las formas en la que se ha gestado y presentado esta norma ha pedido a la diputada de Hacienda, y también al PSE-EE si hay modificaciones ya pactadas“ entre los socios, aunque no ha obtenido respuesta. La portavoz de Elkarrekin ha criticado distintos puntos del articulado con beneficios fiscales para determinadas empresas, que ”sólo tienen que mantener un empleo que ya existe“, deducciones por seguros médicos o gimnasios privados, ”gastos que primero hay que poder permitirse, en lugar de reforzar la sanidad pública, los servicios públicos y las políticas universales“ o ”destinar recursos fiscales públicos para hacer atractiva y rentable la inversión privada en vivienda“.

Por su parte, la portavoz del PP, Raquel González, ha eludido pronunciarse directamente respecto a la norma porque “se sigue sin saber cómo va a ser” esta “reforma de la reforma fiscal” del pasado año y ha demandado saber “cuál es el pacto real”. Además, ha criticado la forma en la que se ha procedido presentando en Madrid una normativa que no está aprobada, lo que ha considerado que resta “credibilidad, prestigio y reputación” a la Hacienda vizcaína. “Seguimos sin saber qué es lo que va a ser, siguen sin distinguir entre realidad y fantasía. Usted es la diputada de Hacienda y está aquí para exponer lo que será y se aplicará a los vizcaínos y no lo que le gustaría que fuera. Esos son sus deseos, son un programa electoral de partido, y no es este lugar ni es usted como diputada, quien debe divulgarlos”, ha criticado. “Estamos confundiendo al contribuyente, a los vizcaínos, a los que están fuera y a los que queremos que vengan”, ha añadido. Sí ha advertido de que enmendarán el proyecto “porque sabiendo que va a pactar o que viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

Hay diferencias entre los asesinos de hombres en Roma y en Bilbao. También en cómo reaccionan sus sociedades. Comparemos:

ROMA (1). El libro 'La ciudad de los vivos' cuenta el caso del asesinato del joven Luca Varani (23) a manos de Marco Prato y Manuel Foffo (29) en Roma en marzo de 2016. Prato y Foffo, tras varios días drogándose y bebiendo en casa de Foffo, asesinan al joven Luca, al que habían llamado para que acudiera a la casa, y se ensañan cruelmente con él. Los asesinos confiesan, Prato se intenta suicidar sin conseguirlo, son detenidos e interrogados, el caso se hace mediático y sus puntos más escabrosos se difunden sin rubor ni privacidad. Los criminales son de clase acomodada y mantienen una equívoca relación sexual, mientras que Luca Varani, adoptado y del extrarradio y con novia, se prostituye. Marco Prato es una persona manipuladora, le gusta tener relaciones sólo con hombres heterosexuales, se traviste y proclama de continuo su voluntad de cambiar de sexo. Manuel Foffo vive obsesionado con el odio a su padre, frustrado tras sus fracasos profesionales y personales. El periodista Nicola Lagioia sigue el caso, primero por encargo y después por obsesión. Todo ello sucede en una Roma decadente, casi pútrida, un espacio que también es mítico e inalterable, de cuya historia milenaria, su caos sempiterno, su corrupción y burocratización y clasismo viene a surgir el abismo del mal que envuelve el caso. O así se sugiere. Dice Lagioia en la frase del texto de la cual se extrae el título del libro:

“¿Estábamos acaso tan acostumbrados al desastre que no podíamos escapar de él? ¿Formábamos parte de él? Por un lado, están las ciudades de los vivos, pobladas por muertos. Y por otro están las ciudades de los muertos, las únicas donde la vida todavía tiene sentido”.

BILBAO (1). Entre 2020 y 2021, Nelson David Moreno Bolaños, de origen colombiano y que había llegado a Bilbao en 2019, comienza a realizar estafas económicas. Pero a partir de septiembre de 2021 establece un patrón delictivo con usuarios de aplicaciones de móvil para contactos entre hombres, fundamentalmente Wapo, que, peculiarmente, es la de mayor uso en la ciudad frente a otras más populares. En octubre de 2021 asesina a un hombre en su vivienda de Bilbao tras adormecerlo o asfixiarlo. Después vacía sus cuentas bancarias en transferencias y hace compras de lujo. El caso se clasifica como muerte natural. Durante varias semanas hay varios casos más de hombres que mueren sin razones aparentes y en circunstancias similares: viven solos, mueren en su casa sin signos de violencia, y… de sus cuentas bancarias también desaparece dinero, de lo cual los familiares son conscientes. Sin embargo, en diciembre una cita no le sale bien: la víctima se percata de que Moreno Bolaños le quiere asfixiar por la espalda, se resiste con violencia y consigue escapar. Moreno Bolaños huye de la casa, pero se olvida la mochila con el pasaporte y frascos de GHB. En abril de 2022, la Ertzaintza conecta esta mochila con las denuncias de estafa tras las muertes previas de hombres en sus casas sin aparentes problemas de salud. La noticia se filtra al periódico local de mayor difusión ('El Correo') y posteriormente es publicada por todos los medios nacionales. El 5 de mayo Nelson David Moreno Bolaños se entrega voluntariamente en la comisaría de la Ertzaintza en Irún. Es encarcelado de manera inmediata sin fianza.

ROMA (2). La fascinación del periodista Nicola Lagioia por el caso procede en parte, según su propia explicación en el libro, de su propia juventud salvaje en que sus excesos, atribuidos a la desestructuración de su familia, pudieron sin demasiada dificultad haber acabado en una muerte fortuita y un problema severo para él. Al hablar de su aproximación al hecho y de los logros de su narración, se ha mencionado reiteradamente el ejemplo de Truman Capote ('A sangre fría') y Emmanuel Carrère ('El adversario'), ambos también relatos de no ficción sobre asesinatos muy violentos y mediáticos que los autores pudieron seguir de cerca y con una importante implicación. No obstante, los tres casos son diferentes y aunque esto condiciona por supuesto cada libro, no lo hace tanto como la personalidad de cada escritor. Carrère es siempre protagonista principal de sus libros hasta cierta asfixia (Lagioia no llega a tanto); los protagonistas asesinos de Capote son también homosexuales con problemas, pero también lo es el autor, cuya fascinación por el caso parece ir acumulando una enfermiza tensión sexual de imposible resolución que Lagioia (que sólo entra en contacto con uno de los asesinos por carta) no tiene ni es susceptible de tener; Lagioia está interesado en un tipo de narración mucho más fragmentada en el punto de vista, en el espacio y en el tiempo, con una estructura hoy muy reconocible tanto en el 'noir' como en muchísima más narrativa. El inicio recuerda a James Ellroy hasta el punto de que alguna vez cerré el libro en sus primeras 150 páginas deseando una adaptación cinematográfica que me ahorrara centenares de páginas. La narración alcanza cierto paroxismo en su imparable sucesión de hechos, personajes, conversaciones y mensajes, pasados, alternados con momentos de reflexión sobre los significados simbólicos de lo sucedido y de su posterior eclosión mediática. No falta de nada: padres entrevistados en televisión, prostitución masculina por parte de un chico modélico con doble vida, hijos de clases sociales superiores de vida alegre divirtiéndose con la muerte de un joven trabajador y que contratarán excelentes abogados, sociedad homófoba y homosexualidad pervertida y asesina, etcétera:

“Me esforzaba por comprender, pero era como mirar dentro de un pozo después de la puesta de sol, y fue quizá porque en la oscuridad uno cree ver las cosas más absurdas, o se presienten las más interesantes, por lo que llegué a pensar que era la historia, en su intrínseca maldad, la que lo distorsionaba todo; pensé que esa entidad tenía una voluntad propia, unos intereses propios: el mal llama al mal y ciertas formas retóricas son sus instrumentos de contagio; de manera que el mal nos saca de quicio, seguí pensando, juega a confundirnos, usa esquirlas de realidad para convencernos de cosas que no son ciertas”.

BILBAO (2). Hasta la fecha (agosto de 2026), Nelson David Moreno Bolaños ha sido condenado en juicio por los hechos mencionados en tres ocasiones: el intento de homicidio del hombre que pudo zafarse de él, el asesinato de un profesor y el ya mencionado del hombre muerto en octubre. A pesar de la petición de la asociación LGTBIAQ+ Gehitu, personada como acusación popular, para unificar las causas y solicitar en las sentencias el agravante por orientación o identidad sexual o de género, la justicia decidió seguir con las mismas por separado. A su vez, en ninguno de los juicios se ha admitido el agravante a pesar del perfil del asesino y el rasgo común de todas sus víctimas. El artículo 22.4.^a prevé una pena mayor cuando el delito se comete a causa de una discriminación. Incluye los motivos referentes a la ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, y orientación o identidad sexual o de género, entre otros. Aumenta el reproche penal y la condena si se prueba que el autor actuó impulsado por prejuicios o animadversión hacia la víctima por su condición LGTBIAQ+.

Dos juicios más, uno en septiembre y otro en octubre de 2026 tenían ya fecha asignada, correspondientes a la muerte de otros dos hombres. Pero el juicio de septiembre, que se iba a iniciar la pasada semana, no se va a celebrar porque las partes han llegado a una conformidad, ratificada por el acusado, que ha aceptado una condena de más de 18 años de prisión por los delitos de asesinato y estafa, en este caso relacionados con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. La sentencia es firme y se dictó en un juicio celebrado el pasado viernes 18 de septiembre a puerta cerrada. La posibilidad de acuerdos con la familia no había surgido hasta ahora, y queda por ver qué decisión tomarán las familias en el resto de los casos. Además del juicio de octubre, quedan dos juicios más sin fecha aún de celebración, uno por homicidio y otro por un intento que se denunció una vez conocidos los otros casos.

Se estima que el número total de víctimas es superior, y al menos se conoce el sobreseimiento de dos casos más que las familias no quisieron recurrir. De hecho, de no haberse activado la acusación popular de las siete víctimas mortales, todos los casos hubieran quedado archivados. A pesar de que cada juicio resulta muy mediático, y de que la detención se realizó en un momento de publicación continuada de noticias filtradas sobre el caso con su gran alarma social consecuente, la identidad de las víctimas mortales y de sus familias ha sido preservada y en la práctica es anónima para la población. Se usan seudónimos y sólo datos generales (edad, profesión, zona de la ciudad donde se encontraba la vivienda en que ocurrieron los hechos) y se obvian los apellidos. Algunas familias y centros de trabajo se enteraron de que su familiar o empleado mantenía relaciones con hombres con la revelación del caso. Las familias de las víctimas también han mantenido un perfil discreto: no han hecho declaraciones, no consta que hayan usado medios o redes sociales para, por ejemplo, pedir un aumento de penas o la unificación de las causas. Esto se debe en parte a que el Observatorio Vasco LGTBIAQ+/Euskal LGBTIAQ+ Behatokia habilitó un recurso de círculos restaurativos merced al cual las familias reciben explicaciones sobre los procedimientos procesales y obtienen apoyo de los profesionales que los gestionan y de Gehitu.

ROMA (3). En apariencia, el libro de Lagioia es perfecto, un producto magnífico: la investigación de fondo es intensa; la ejecución tiene un ritmo endiablado; la calidad del retrato social y particular dado es profunda; el uso de diálogos, interrogatorios, mensajes de WhatsApp y estados de Facebook aumenta la contemporaneidad de la redacción y ayuda a agilizar la narración; y la inserción de la trama en los espacios públicos de la ciudad y en la escena privada del crimen es vívida. La esperada y asfixiante narración del crimen acongoja. Lagioia, además, no obvia todas las reflexiones aparentemente posibles sobre las diferentes visiones y prejuicios hacia todos los matices de los hechos. Sí, todo parece perfecto. Tal vez, para un lector más reposado como soy ahora, resulta demasiado apabullante e incluso satisfecho sobre el retrato de la inserción del mal y de las paradojas del caso. Y, sin embargo… A pesar de (o tal vez debido a) este tren de mercancías morbosas, que pasa por encima del lector en menos de una semana con elementos de escritura casi tan adictivos como los posts de Instagram, me parece un libro de un formato desafortunadamente equivocado y que desde luego obvió una línea de trabajo esencial, sobre un caso que tampoco debería haberse tratado así ni policial, ni judicial, ni mediática, ni familiarmente; creo que tampoco literariamente. En realidad, ni siquiera aporta novedades al subgénero “escritor que se obsesiona con asesinato atroz y ve el mal”, excepto tal vez la fragmentación, atomización casi, del punto de vista y del tiempo de la narración característica de nuestros tiempos -pero esto ya es demasiado habitual por todas partes-. La modélica, obsesiva, investigación de Lagioia es amplia y sin duda cubre todos los aspectos sociales que llegó a entrever y en los que supo introducirse; y tal vez estos juicios se planteen de un modo en exceso determinista con el que encontrar causas profundas que aligeren las sentencias de los acusados, felices por ello de aportar un análisis psicológico un tanto burdo de problemas infantiles, de clase e incluso de ciudad que apacigüe la insaciable necesidad de explicaciones y dé tranquilidad social. ¿Qué creo que le pasa a Lagioia, y tal vez al caso, y tal vez a toda la Italia de 2016? Dos cosas: una fascinada inmersión en la supuesta putrefacción de una ciudad deseadamente enferma como marco psicogeográfico necesario (pero además de la insistencia en ello, el paradigma no es cierto y se convierte así en una trampa para el lector: estas cosas atroces pasan también, y no poco, en marcos idílicos, sin olvidar que hablar mal del propio territorio y sociedad es algo que en España reconocemos enseguida como impostura, ya que lo practicamos con profusión), y la inexistente aproximación a las variadas circunstancias de identidad y género sexual que cumplen funciones clave en el libro fuera del punto de vista endocisheterosexual dominante judicial y policialmente sobre la psicología sexual de sus protagonistas, expuestos los tres a un análisis casi obsceno de la concurrencia de su orientación sexual, que es aceptada pero colocada en un aquelarre posmoderno encantado de que genere contradicciones sociales, sin entrever apenas nada de, por ejemplo, biopolítica del cuerpo o de nuevas masculinidades. ¿Quiero decir que la condición de sexo-género de los protagonistas sea tratada irrespetuosamente o ninguneada? No, porque no es así. Quiero decir que más bien no sabe qué hacer con ello, que el punto de vista es el del respeto 'LGTBIAQ+ friendly' del mundo cishetero aliado del colectivo pero que normalmente se encuentra en ‘primero de carrera’, que por falta de (in)formación piensa que la condición LGTBIAQ+ no cambia en exceso la vida que llevas o tu relación incluso con tus propias opiniones, sobre todo ahora que los derechos parecen conseguidos y aplicados (en Italia no es legal el matrimonio igualitario, por cierto). También quiero decir que el libro además se encuentra subsumido en una estructura literaria del espectáculo acorde con los tiempos que corren (que corrían ya en 2016 cuando suceden los hechos y en 2020 cuando se publica el libro) e incluso alineada plenamente con los hechos que narra: el cliffhangerismo continuo con cada final capítulo como nuevo chute; la adicción al morbo -una sociedad, una prensa, unas redes obsesionadas con que los asesinos indiquen sus roles sexuales en sus declaraciones- practicado también en el texto con supuesta vergüenza fascinada; incluso la reflexión moral válida ahogada al momento en la banalidad del yo narcisista de un narrador sufriente por sí mismo. Ejemplo:

“Nos reunimos en Piazza di Pietra […] Era allí adonde cada día llegaban algunas de las historias más increíbles de las que era posible tener conocimiento en Roma a principios del siglo 21: los Hamid, que habían cruzado el mar en un bote lleno de niños muertos, los Shorsh, torturados durante meses en Libia con un cuello de botella, los Ali, los Syoum, los Gabriel… a pesar de la excepcionalidad de las vidas de estos hombres la mayoría de nosotros preferiría ignorarlos, fingíamos que no existían, como si hubiera un hechizo, un maleficio que nos impedía destapar los oídos, abrir los ojos a lo que teníamos tan cerca.

-He llegado a soñar con Marco Prato y Manuel Foffo algunas noches“.

Y, sobre todo, la ausencia absoluta de contravisión, apenas un amigo de Prato indicando que ser maricón da problemas pero que no hay que ir por ahí matando gente. Y, por supuesto, la psicoanalista del mismo Prato, que según él maneja todas sus claves, pero que se niega a participar del circo. Lagioia parece intuir una línea, pero no la sigue, no investiga más, probablemente no sepa cómo ni dónde acudir. Pero es inasumible que no exista dónde acudir: por Roma que sea, por Italia que sea, ¡estamos en el intervalo entre 2016 a 2020!

BILBAO (3). La actuación de los medios de comunicación fue muy criticada en Bilbao por la propia sociedad civil, en la que encuadrar a las asociaciones LGTBIAQ+ de Euskadi. Hubo críticas relevantes por el carácter de algunos titulares, y, aún hoy, cuatro años después de destapado el caso, estos son extraños: “el asesino de hombres”, “el acusado de las muertes de hombres”, “el asesino de la app gay de Bilbao”… la concreción semántica y el alcance social necesarios en la prensa se resienten de la extraña diversidad performativa del colectivo, que les explicó cómo estos titulares suponían bifobia o transfobia con las personas usuarias de las apps, o los matices que conlleva el término HSH, con la revictimización fóbica de los hombres muertos que suponía ignorar de pleno esta vivencia en una sociedad más creídamente liberal de lo que resultaba. He dicho que el colectivo “le explicó a la prensa” porque a instancias del Behatokia se celebró una reunión entre activistas y periodistas, que, por su lado, también reivindicaban su papel ineludible en la entrega y detención de Moreno Bolaños y las propias dificultades de su trabajo, no exento de recibir amenazas y presiones. Acudieron más de diez medios de comunicación principales de Euskadi a la reunión: prensa escrita, radio, televisión… ¿Se rebajó el tono que percibíamos como morboso? Mi opinión es que hubo un esfuerzo positivo en ello, pero me consta que no todo el colectivo opina igual. Hoy algunos medios, con la familiaridad de los juicios que se repiten y la imagen pública conocida del acusado, hablan directamente de manera simple de “Nelson David” en sus titulares, y así ya no es necesario describir en los titulares sus acciones para identificarle, en un mundo que ha pasado a ser visto como un campo de minas a la hora de expresarse. No obstante, esta denominación cercana, como si el acusado fuera una estrella de un 'reality', es cuando menos inquietante.

ROMA (4). ¿De verdad está tan mal la sociedad que encumbra un libro tan bien ejecutado, narrativamente, como 'La ciudad de los vivos“? Bien ejecutado a excepción tal vez de los episodios del turista pederasta holandés, cuya simbología en el relato es especialmente discutible. Pero, el libro, que con sus 460 páginas he leído en cuatro días, como garantía de interés -o, tal vez, de adicción-, ¿merece acaso este juicio, probablemente atribuible a una exageración típica de militante incapaz de ver con perspectiva el avance que es incluso el tono de un libro que algunas décadas anteriores habría resultado de una fobia insoportable de haber existido la posibilidad de informar o escribir sobre el caso? ¿No es acaso justo con el colectivo Lagioia cuando denuncia las respuestas sociales añadidas al caso por las condiciones sexuales del mismo y habla de las perspectivas más progresistas o las más conservadoras al respecto? Y, es más, ¿solicitar una perspectiva OSIEGCS no sería en realidad añadir una causa más, con sus matices y detalles explicativos, al ansiado determinismo judicial? ¿O acaso me gustaría una visión más estocástica, incluso holística, de estas realidades, que, en el caso que nos ocupa, probablemente hubiera evitado alguna de las consecuencias, contraviniendo lo que parece la práctica habitual? Imagínate, cambiar el mundo a partir de disidencias sexuales… Igual simplemente debería admitir que en 2020 Lagioia como pensador varón endocisheterosexual ya sabe demasiado de ”nosotrxs“, porque nuestra integración en el sistema normativo es enorme, y en contrapartida a esto debemos admitir ser parte de su relato, de su estilo de relato. Porque, si no, la consecuencia es jugar al ghetto eterno, a la diferenciación no ya OSIEGCS sino intelectual, a un tipo especial de armario en la superioridad moral… No lo sé. Veo claro que el caso italiano se desboca y convierte en un show porque nadie de la sociedad civil con conocimiento técnico, capacidad de actuación y mirada más allá del carácter escabroso de los hechos ha actuado en el mismo, aunque sea para proponer algo de cordura. ¿No es curioso que pudiera haberlo hecho el colectivo LGTBIAQ+? Tal vez las respuestas críticas ante el esplendor de un éxito estructural -el libro es probablemente tan estructural como el propio crimen- cambian criterios sociales establecidos e intentan desvelar las facetas aparentemente olvidadas a quienes ”soñaban algunas noches con los asesinos“. Siempre hay parte de la sociedad tan estancada que no sería capaz de mover una pestaña en su reconocimiento o concienciación de las diversidades si el producto rebasa otros límites. Este libro pasa algunos, tal vez sin consecuencias dado que se cumple el canon clásico de narración oficial que termina con el maricón muerto o en la cárcel. El equilibrio es fastidiado. También 'Philadelphia' concienció a mucha gente, con sus actores heterosexuales e icónicos y su trama llena de tópicos de todo tipo, incluido un protagonista de nuevo muerto. ¿Todo esto significa que ahora denostaría 'A sangre fría', un libro por el que tengo la más alta estima? Tampoco lo sé, lo leí hace 30 años y se publicó hace 60, y las condiciones no son las de 2020, ni Lagioia tiene el mismo estilo ni sufrió el mismo tipo de impacto. Tampoco innova o arriesga abriendo al gran público de manera tan clara un nuevo género, a pesar de existir antecedentes. Y, sobre todo, no existía en su contexto otro tipo de mirada compartida socialmente que contrastara con la predominante de la perversión homosexual.

Hoy, apenas seis años después de la publicación de 'La ciudad de los vivos', en España la editorial que poseía los derechos para publicar 'El odio', el relato de no ficción en que Luisgé Martín había contactado con el asesino condenado de sus dos hijos en un caso mediático de violencia vicaria, renunció a publicarla y ninguna otra lo ha hecho. Los mentideros afirmaron que el libro no era condescendiente con el asesino, pero, sobre todo, decían que era muy malo. Tampoco se llegó a rodar la serie sobre el asesinato de un niño malagueño por la pareja de su padre. En ambos casos hay involucrados menores de edad, y las familias directas -las madres- protestaron y ejercieron sus derechos y su fuerza moral desde sus vivencias particulares. Claro que esto sucedía en España, con la sensibilidad a flor de piel, donde además hay leyes sobre violencia de género con las que estas obras rayan la ilegalidad. En 'La ciudad de los vivos' ninguna de las tres madres tiene un papel participante principal. Todo lo hacen los hombres, lo cual igual explica más cosas de las esperables. Pero… si la publicación de 'El odio' hubiese sido en Italia, y el libro hubiese sido bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Hay realmente derecho a negar estas producciones artísticas o es una forma de censura y de impedir la libre creación, especialmente la del genio? Claro que, por su lado, todos estos autores fascinados con los asesinatos atroces, ¿dónde miran para buscar la inspiración? Tal vez al éxito de 'La ciudad de los vivos', entre otros.

BILBAO (4). La reunión con los periodistas no fue la única algo particular del caso de Bilbao, en comparación tan aséptico, aunque acorde con una ciudad distinta a la infame Roma de Lagioia. Tal vez demasiado aséptico. Con el acusado recién detenido, las asociaciones LGTBIAQ+ de la ciudad fuimos convocadas a una reunión privada con el alcalde y tres concejalas. Aún había restricciones por la pandemia, y usábamos mascarillas. Acudimos sólo cinco hombres a la reunión. El alcalde nos informó que estando las investigaciones bajo secreto no era posible que el Ayuntamiento emitiera una condena de los hechos o ni siquiera una declaración de solidaridad con las víctimas, sus familias, o, incluso, el colectivo. ¡No se sabía qué había pasado! ¡No había motivos para una declaración! ¡Ellos mismos estaban enfadados con ese secreto policial! Aunque privadamente y en ese improvisado foro nos decía que era una pena todo y que eso no era Bilbao (debía ser Roma, en un plano psico mental aún por definir). La concejala de igualdad demostró escaso conocimiento del colectivo: con al menos nueve ataques y siete muertos posibles en ocho meses sobre la mesa, comparó situaciones de discriminación sin venir a cuento. Un chico cercano a la izquierda abertzale aprovechó para intentar impactar, con una apelación a seguir follando en libertad, como si eso le rozara ni una oreja al alcalde cual tremenda declaración antisistema. Recuerdo haber protestado contra la asociación encargada del Bilbao Bizkaia Harro, ausente de la reunión, que, estando en mayo y a un mes de la celebración del 28J, ante la posibilidad de que la imagen de destino 'LGTBIAQ+ friendly' de la ciudad se hundiera, había emitido un comunicado pidiendo que no se hablara del tema, permaneciendo tranquilos y dejando actuar a la policía. No hacer o decir nada mientras un asesino pululaba por las redes de la ciudad sonaba a armarización. Y sí, es cierto, desde las asociaciones pedimos denunciar siempre cualquier situación y delito de odio, pero cualquiera con un poco de contacto con las escasas denuncias de delitos de odio por condición de orientación o identidad de sexo/género en la policía y, desgraciadamente, también en los juzgados, sabe que esto no es tan bonito como en la teoría. La respuesta que obtuve es que dicha asociación era privada y la iniciativa les correspondía a ellos, a pesar de que se tratara de un contrato específico firmado por el ayuntamiento con la misma, y el comunicado dijera “Bilbao” en caracteres bien grandes. Acabada la reunión, transcurrida entre el infortunio y la vergüenza, sólo una concejala se acercó y mostró solidaridad y dio condolencias, aunque de manera privada. De todo ello saqué una buena cosa: un largo paseo y conversación que tras el estupor vivido nos resultó muy necesario a mí y a quien hoy es un buen amigo joven y militante de la causa; a veces me parece que el alcalde (¡saludos!) nos hizo un favor.

ROMA (coda). En 'Más allá del bien y del mal', Nietzsche proclama su reconocido aforismo sobre el abismo: “si miras fijamente el abismo durante mucho tiempo, el abismo también mira dentro de ti”. Creo que esto le pasó más a Capote que a Lagioia. Siguiendo con frases célebres y tópicas, Capote mismo en 'Música para camaleones' proclama que “la diferencia entre escribir bien y el arte verdadero es sutil, pero brutal”. Lagioia escribe muy bien, sí. La duda es si hace falta ver el abismo que sólo cree haber mirado para llegar al arte.

BILBAO (fin). No consta públicamente intento alguno de llevar a una serie o un libro sobre la historia del asesino múltiple en la ciudad reservada y anodina y aséptica y atlántica, algo que sin duda sería más probable en una ciudad de los vivos. Aquel Harro, salvo que fuera privadamente, no tuvo ningún recuerdo por los muertos. A día de hoy, ninguna institución con representación en la ciudad lo ha hecho.

Este martes, formalmente, ha terminado el verano. El de 2026, en Euskadi, estuvo marcada por el calor y la sequía. Ha sido el más cálido desde que hay datos y el segundo más seco desde 1961, el año en el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comenzó a registrar la información, según ha explicado este martes el delegado territorial, Enric Armengol.

Uno de los episodios más destacados llegó justo al inicio con la ola de calor entre el 22 y el 24 de junio, cuando las tres provincias superaron los 40 grados. El 24 de junio, último día del episodio provocado por una intrusión de aire sahariano y una dorsal subtropical, fue el día más caluroso de todo el verano. El calor también se prolongó durante las noches, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados (noches tropicales) y récords especialmente destacados en algunos puntos.

En Hondarribia, de las 92 noches del trimestre estival, 51 fueron tropicales, más del doble que el récord anterior, de 25 noches en 2022. En el observatorio de Igeldo se contabilizaron 31 noches de este tipo, frente a las 13 del anterior máximo, registrado en 2003.

La falta de lluvia ha sido otro de los rasgos de este verano. Las precipitaciones apenas alcanzaron el 45% de la media habitual en el conjunto del territorio. A pesar de la sequedad y de episodios concretos como el incendio de Galarreta, en Álava, Armengol ha señalado que la cantidad y la intensidad de los incendios forestales registrados durante el verano no han alcanzado niveles preocupantes para los servicios de emergencia. Euskadi solamente dispone de un helicóptero para ello y desde fechas muy recientes. Lo comparten las tres diputaciones y el Gobierno vasco.

El calor también ha tenido consecuencias sobre la salud. El 85% de los fallecimientos atribuidos a las altas temperaturas se concentró entre la población de mayor edad. Ante esta situación, Armengol ha advertido de que Euskadi “no está adaptada” a estas temperaturas. Además, el delegado de el AEMET ha señalado que ni las infraestructuras están preparadas para afrontar las consecuencias de un clima cada vez más 'mediterranizado'.

Un otoño todavía cálido

Las previsiones para las próximas semanas apuntan a que las temperaturas seguirán por encima de lo habitual. Los modelos meteorológicos prevén que la anomalía de calor se mantenga durante las próximas seis semanas y señalan, con una probabilidad superior al 70%, que septiembre y octubre se situarán en el tercil superior de la serie estadística, es decir, entre los más calurosos.

En cuanto a las lluvias, los modelos apuntan a volúmenes cercanos a los valores normales para el otoño. Sin embargo, hay un factor que preocupa especialmente: la temperatura del mar, que acumula un exceso de 2,9 grados respecto a la media histórica. Armengol ha advertido de que esto puede ser “el combustible de la inestabilidad”, puesto a que ocasiona que el aire caliente puede contener más humedad y que las precipitaciones pueden producirse “con más fuerza”, dando lugar a episodios torrenciales e inundaciones.

Aunque queda lejos aún y sus previsiones son más inexactas, el AEMET también contempla de que el invierno continuaría manteniéndose como caluroso y que se repitan cambios bruscos entre irrupciones de aire cálido y frío. Ante esta evolución del clima, Armengol ha insistido en la necesidad de actuar sobre la causa del problema mediante la “descarbonización de la atmósfera” y ha remarcado que “hay que preocuparse y tomar medidas de adaptación”.

Euskadi cuenta con unidades de hospitalización, comedores terapéuticos y consultas dentro de su red asistencial para atender a las personas con trastornos de la conducta alimentaria (los conocidos como TCA). En una información documentada brindada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, al Parlamento Vasco, se subraya que estos trastornos (entre los que se cuentan la anorexia y la bulimia) han de considerarse “graves” y “abordarse desde un modelo comunitario, multidisciplinar y orientado a la recuperación, basado en la continuidad asistencial, la coordinación entre los distintos dispositivos de la red y la equidad territorial”.

Con centros de diversa índole en las tres provincias, se hace hincapié en que los equipos que integran estos centros han de ser “multidisciplinares especializados” y han de estar “integrados por profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especializada, terapia ocupacional y otros perfiles que resulten necesarios para garantizar una atención integral”.

Se subraya en la respuesta del consejero que “no se da el caso de una derivación fuera de Euskadi”. Se gestionan las camas para poder acoger a todos los pacientes y, en caso de “saturación”, hay apoyo “mutuo” entre los centros para gestionarla. “Todas las personas que tienen criterios de entrada en un recurso de TCA en Euskadi son atentidas en los mismos hayan estado o no fuera”, se recalca.

¿De qué recursos dispone Euskadi? Los datos se desprenden de la respuesta a una solicitud de información formulada por Laura Garrido, portavoz del PP en la comisión de Salud.

Álava

Para menores, cuenta con una unidad de hospitalización, un hospital de día con comedor terapéutico y consultas intensivas ambulatorias. Para los mayores de edad, hay “un programa intensivo ambulatorio de tratamiento de TCA” y una unidad de hospitalización. Existe, además, un hospital de día y un comedor terapéutico. En cuanto a los recursos humanos, los forman un equipo médico, una enfermera y un psicólogo de alta cualificación, se especifica.

Bizkaia

Bizkaia cuenta con una estructura “de referencia” para la atención a los TCA de niños y jóvenes de toda Euskadi. Cuenta con una unidad de hospitalización infanto-juvenil, un hospital de día, consultas espefícicas, consultas ambulatorias, un programa ambulatorio de TCA y un hospital de día de adolescentes entre las 12:00 y las 16:00 horas. Para los mayores de edad, dispone de programas específicos en varias comarcas sanitarias, un hospital de día en el hospital de Basurto, un comedor terapéutico en el de Cruces y otro hospital de día con unidad de hospitalización específica provista de seis camas en el de Usansolo. Como en el resto de provincias, el recurso humano lo integran, según se apunta, un equipo médico, una enfermera y un psicólogo de alta cualificación.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay un comedor terapéutico espcífico para los trastornos de la conducta alimentaria que atiende a menores y adultos en espacios separados. Para los menores de edad, existen, además, una unidad de hospitalización para aquellsos que requieren de “estabilización psiquiátrica” y una consulta “de alta intensidad”, que se explica que está “orientada al seguimiento ambulatorio de carácter intensivo y especializado”. Hay interconsultas tanto con pediatría para los menores de 14 años como con endocrinología para los que ya superan esa edad. Se brinda esta atención con un equipo que incluye, como en los demás casos, enfermera y psicólogo de alta cualificación. Para los mayores de edad, además del comedor compartido, hay también una unidad de hospitalización de agudos e interconsultas para gestionar “complicaciones médicas y nutricionales en plantas de hospitalización general”.

Elkartean, la asociación coordinadora de personas con discapacidad física de Euskadi —integrada por Fekoor en Bizkaia, Elkartu en Gipuzkoa y Eginaren Eginez en Araba—, ha reclamado a Renfe, Adif y al resto de administraciones públicas “medidas urgentes y con plazos concretos para subsanar las carencias de accesibilidad” de la red de Cercanías. Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, la plataforma ha hecho público un manifiesto en el que subraya que la movilidad es un derecho fundamental indispensable para poder ejercer otros derechos básicos como la educación, la sanidad, el empleo o la participación social.

Elkartean ha centrado sus reivindicaciones en Renfe Cercanías, una red utilizada cada día por 80.000 personas en Euskadi y que, según denuncian, “continúa siendo el medio de transporte que más barreras presenta, tanto en los accesos y salidas como en las propias estaciones y unidades de tren”, según recoge Europa Press.

La técnica de la entidad, Lexuri Badiola, ha señalado que la ley de Movilidad Sostenible sitúa al ferrocarril como la “pieza clave” para reducir la presencia de vehículos privados en las carreteras. Sin embargo, advierte de que un tren “solo es verdaderamente sostenible si es inclusivo y está al alcance de toda la ciudadanía sin excepciones”.

“Discriminación estructural”

Badiola ha recalcado que la falta de accesibilidad “no representa un mero inconveniente técnico o puntual, sino una discriminación directa que vulnera la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Este tratado internacional, ha subrayado, “reconoce la accesibilidad universal y la movilidad personal como derechos que deben ser garantizados en igualdad de condiciones”.

Ante esta situación, y mientras se acometen las obras de infraestructura necesarias, Elkartean plantea como solución transitoria la implantación “inmediata” de un sistema de asistencia en todas las líneas de Cercanías. Esta medida provisional consistiría en “la presencia de personal de apoyo capacitado e itinerante a bordo de los convoyes, dotado de los medios técnicos adecuados para asegurar que cualquier usuario o usuaria pueda subir, viajar y bajar del tren con seguridad, igualdad y dignidad”. No obstante, la plataforma ha aclarado que esta propuesta “no debe servir como excusa para retrasar ni relajar los compromisos con las reformas estructurales que la red necesita a largo plazo”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Nelson David Moreno Bolaños a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. La sentencia es firme y se ha dictado 'in voce' durante un juicio que se ha celebrado este viernes a puerta cerrada, después de que las partes hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificada por el acusado, quien cuenta con otras tres condenas por asesinato, una en grado de tentativa, por matar o intentar matar a otros tres varones.

En principio, la vista oral, con jurado popular, estaba fijada en la Audiencia de Bizkaia a partir del 21 de septiembre pero finalmente ha quedado anulado tras la conformidad entre las partes. Ha sido condenado por este caso a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa. La sentencia, tras el acuerdo de las partes (acusación particular, popular, defensa y Ministerio Fiscal), es firme y recoge que el 27 de julio de 2021 el acusado acudió al domicilio de la víctima en Bilbao y acabó con su vida, informa Europa Press.

Además, el TSJPV ha informado de que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial, se apoderó de varias tarjetas de la víctima, con las que realizó diversos pagos en días posteriores, así como de otros objetos, entre ellos un teléfono móvil y un reloj que vendió posteriormente.

La Audiencia de Bizkaia le ha condenado como autor de un delito de asesinato consumado para facilitar la comisión de un delito posterior en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada a la pena de 17 años de prisión. También le ha impuesto una pena de un año, nueve meses y un día de prisión como autor de un delito continuado de estafa por uso fraudulento de tarjeta con la agravante de reincidencia. Además, ha fijado que el acusado indemnice con una serie de cantidades por los daños morales ocasionados a la familia de la víctima, en concreto, a la madre con 50.000 euros; con 15.000 euros a cada uno de sus cinco hermanos, y con 3.000 euros a cada uno de los dos sobrinos del fallecido.

También tendrá que afrontar otras indemnizaciones por las cantidades indebidamente obtenidas por la estafa. El acusado ha mostrado su conformidad y todas las partes han desistido de recurrir esta sentencia, que es firme. Con esta nueva resolución judicial, el acusado suma cuatro condenas por asesinato, tres consumados y una por intento. De ellas, tres ya son firmes.

Nelson David M.B., al que se le atribuyen dos intentos de asesinato y la muerte de cinco hombres, con los que habitualmente contactaba a través de una aplicación de citas de homosexuales para robarles, se encuentra en prisión cumpliendo condena de 25 años y medio por asesinato con alevosía, robo y estafa a un varón el 17 de octubre de 2021 -condena confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública el pasado 8 de junio-, y por otro asesinato en grado de tentativa de otra víctima el 17 de diciembre de 2021.

Además, también está condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada tras sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones en torno a este caso después de que fueran archivadas por un juzgado de Bilbao al no haber signos de violencia en el cadáver, localizado en su domicilio de la capital vizcaína.

Asimismo, el pasado mes de agosto la Audiencia de Bizkaia le condenó a 24 años de cárcel por asesinar a un varón de 73 años con el que había quedado a través de una aplicación de citas y, tras su crimen, transferir a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima.

Otro juicio en octubre

El procesado volverá a enfrentarse a otro juicio del 19 al 27 de octubre por otro crimen cometido el 2 de septiembre de 2021. Las acusaciones considera que ese día, tras haber contactado por teléfono con la víctima, acudió a su domicilio con el fin de acabar con su vida y, sin que se pueda determinar el modo y los medios empleados, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte.

Mientras estuvo en su compañía en la vivienda, y antes de que el hombre falleciera y sin su consentimiento, utilizó el teléfono de este para acceder a la aplicación de banca mediante la identificación biométrica, e hizo un traspaso a su cuenta de 1.300 euros. Además, se realizó tres bizum de 500 euros cada uno. También se apropió del móvil del fallecido y, tras resetearlo, lo vendió por 70 euros a un amigo, además de apoderarse de una pulsera tipo esclava de la víctima.

La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia redactada por el propio presidente del máximo órgano judicial vasco, el magistrado Iñaki Subijana, ha confirmado “íntegramente” la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia al dueño de la conocida empresa La Gilda del Norte, F.J.G.Á., por emplear irregularmente y de modo reiterado a trabajadores extranjeros. Además, ha considerado acreditado que se produjo una “explotación laboral”.

El fallo, emitido este lunes, notificado este miércoles y firmado también por los jueces Ana Belén Iracheta y Manuel Ayo, confirma punto por punto el relato de hechos probados de la primera instancia y sostiene que esta empresa, “prevaliéndose de una significativa vulnerabilidad personal” de los migrantes, atentó contra su “dignidad”. La pena, con todo, es muy contenida. Se fijó y se mantiene una multa de 18.000 euros e indemnizaciones a las víctimas que suman 7.500 euros, sin penas de prisión. Se mantiene la absolución a la hija del empresario y otra de las responsables de La Gilda del Norte, que inicialmente había sido igualmente imputada.

La defensa de la compañía, a pesar de que logró sortear el encarcelamiento que pedían las acusaciones, había interpuesto un recurso de apelación ante el Superior dentro de una campaña más amplia para hacer ver que las informaciones adelantadas en su día por este periódico sobre la “explotación laboral” en la empresa fueron un montaje. Aunque el fallo no es firme y cabe un recurso de casación ante el Supremo, es ya la cuarta instancia que constata los mismos hechos después de los informes de la Policía Nacional, competente en materia de Extranjería, y de la Inspección de Trabajo y del fallo de la Audiencia Provincial.

La Gilda del Norte había intentado anular la condena alegando la vulneración del principio 'non bis in idem' y de 'cosa juzgada', que implican que un asunto ya resuelto no pueda volver a castigarse. Sostenían que el empresario ya había satisfecho sus responsabilidades ante la Inspección de Trabajo. El Superior indica que no cabe sacar de la ecuación a la vía penal y que las sanciones anteriores fueron administrativas, aunque sí admite que las cuantías económicas han de modularse para descontar lo que ya pudiera haber ingresado anteriormente. Las defensas de las víctimas y la Fiscalía se habían opuesto al recurso del condenado.

El fallo reproduce lo ya conocido en la sentencia anterior y recuerda que hubo una “contratación reiterada” de personas extranjeras “sin ser dados dde alta en la Seguridad Social” y en condiciones precarias. Se añade que, tras la primera inspección, se les obligó a trabajar “en turno de noche a fin de sortear posibles inspecciones” y que se les pedía que se “escondieran” en tal caso. En algunos casos, eso se hizo en cámaras frigoríficas. Dice el Superior que esto era una “práctica habitual”, que el empresario se valía de la “extrema vulnerabilidad” de los extranjeros y que redujo “al máximo” los sueldos y derechos.

Se da la circunstancia de que, después de la condena en primera instancia, La Gilda del Norte participó en el 'stand' del Gobierno vasco en una feria en el recinto Ifema de Madrid, Salón Gourmets. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, justificó la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 —que es el nombre mercantil real de esta firma— y alegó en el Parlamento, ante las críticas de la oposición, que el fallo “no era firme” y que, por lo tanto, tocaba respetar la “presunción de inocencia” del empresario. Fuentes de la empresa indican que se presentará también un recurso ante el Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de 14 años de prisión impuesta a un hombre por agredir sexualmente en 2022 de una menor, de 13 años de edad, tutelada por la Diputación de Bizkaia, con la que contactó a través de las redes sociales. En el momento de los hechos, el condenado tenía 60 años. El TSJPV ha rechazado el recurso interpuesto por el acusado y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en marzo de 2026 por la Audiencia Provincial de Bizkaia, que lo condenó como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor.

Además de los 14 años de prisión, el órgano judicial vizcaíno le impuso un máximo de diez años de libertad vigilada a cumplir tras salir de la cárcel con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio, o actividad que conlleve contacto con menores de edad durante veinte años. El tribunal declaró probado que el acusado contactó con la menor por una red social el 9 de febrero de 2022 cuando él tenía 60 años y ella 13 años. La víctima se encontraba tutelada por la Diputación de Bizkaia, informa Europa Press.

La sentencia destaca que mantuvo con ella conversaciones de carácter “romántico, íntimo y sexual” hasta que el 18 de febrero concertó un encuentro en un centro comercial. Fue en el interior de su coche, en el aparcamiento, cuando se produjeron las primeras agresiones sexuales y, después, la volvió agredir en unas escaleras del edificio de su domicilio. Posteriormente, el acusado llevó a la menor de vuelta al centro comercial y “le dio 20 euros”. La víctima falleció en 2025 “por causas no relacionadas con estos hechos”.

Ante el recurso interpuesto por el acusado contra esta sentencia, el TSJPV responde que la sentencia de la Audiencia de Bizkaia no incurre en “déficit constitucional de prueba ni en irracionalidad valorativa”. Entre otras cuestiones, el alto tribunal vasco remarca que la condena impuesta no descansó únicamente en la declaración de la menor durante la instrucción, cuya grabación fue reproducida en el juicio, sino que contó con una “pluralidad de elementos probatorios convergentes”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha recogido este miércoles un anuncio (uno más) con requerimientos a la empresa Verter Recycling por los problemas en el vertedero de Zaldibar, el que se desplomó en febrero de 2020 y causó la muerte de los operarios Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y una catástrofe natural de grandes dimensiones. Sin embargo, una vez más se constata que es una empresa en liquidación, que es imposible contactar con quienes eran sus responsables y que es la Administración, con recursos públicos, la que tiene que seguir asumiendo tareas en la zona.

En este caso, la notificación es por una resolución del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, dictada en junio. Se le reclaman a Verter Recycling “medidas preventivas y de evitación de daños ambientales”. Tras el desplome del vaso en 2020 —estaba ubicado en una ladera— se estabilizó el terreno y se llevaron a cabo sellados, pero incluso en fechas muy recientes se han detectado problemas de impermeabilización, lixiviados o residuos desperdigados que están obligando a actuar de continuo sobre el terreno.

Las tareas necesarias ahora en Zaldibar, según indican fuentes del Gobierno, tienen que ver con la “limpieza de tuberías de drenaje de lixiviados del vaso original” y del depósito extraordinario que hubo que construir en la gran operación de restauración, así como con la “habilitación de un sistema automático alimentado eléctricamente para el bombeo de los lixiviados” a la red de saneamiento comarcal para su canalización a la depuradora de Elgoibar. Zaldibar es Bizkaia pero está pegado a la muga con Gipuzkoa.

Desde el Ejecutivo no niegan que Verter Recycling “no cumple” con sus obligaciones, de modo que queda la “ejecución subsidiaria” de los trabajos por parte de la Administración. Es el Gobierno el que contrata y paga y luego le gira la factura a la empresa. El problema es que desde 2020 la minuta acumulada es multimillonaria, y eso que la ley permite actuar no solamente contra sociedades mercantiles sino contra las personas físicas que estaban detrás de ellas. En 2023 ya rondaba los 30 millones de euros. El dueño y máximo representante de Verter Recycling era el empresario José Ignacio Barinaga.

La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado. Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera.

Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística. Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea.

¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

La vicelehendakari Bengoetxea, horas después, ha afirmado que la sentencia “no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración”. “Vamos a seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera”, ha comprometido. Ha añadido que tienen capacidad de recurrir ante el Supremo y que, igualmente, pueden usar el futuro decreto para incorporar los elementos anulados con “seguridad jurídica”.

El incendio que había sido sofocado esta madrugada en Derio (Bizkaia) se ha reavivado y a las 15:00 horas los Bomberos seguían trabajando en el lugar para sofocar el fuego, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las 20:30 de este pasado lunes y, alrededor de las 3:15 de la madrugada, se logró sofocar. En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona resultó herida. Se quemaron en torno a 95 hectáreas. Los Bomberos y agentes forestales han permanecido esta noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.

Sobre la 13:00 horas de este martes se ha recibido el aviso de que nuevamente se había reactivado el fuego en la zona, en concreto en el alto Mantuliz hacia Lauro. A las 15:00 continuaban trabajando en el lugar Bomberos y un helicóptero y se están realizando descargas de agua para sofocar definitivamente el incendio.

Los Bomberos han dado por extinguido un incendio declarado este lunes por la tarde en una zona boscosa de Derio, cercana al aeropuerto de Loiu. El fuego, que no ha afectado al funcionamiento del aeródromo, se ha apagado de madrugada, en torno a las 5:30 horas.

Las llamas surgieron en el monte Aiartza, en el barrio de San Isidro, perteneciente al municipio de Derio. El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las 20:30 y se logró sofocar de madrugada, informa Europa Press. En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona ha resultado herida. Los Bomberos y agentes forestales han permanecido durante la noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.

Ekologistak Martxan ha denunciado “el incumplimiento” de la normativa que “obliga a informar” a la población sobre alta contaminación por ozono troposférico en Euskadi, donde este verano “se ha sobrepasado en once ocasiones el umbral” a partir del cual debe hacerse. Con motivo de la celebración este lunes del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica, la organización ecologista ha alertado de que durante el periodo estival, hasta el mes de agosto, se han producido once momentos en los que las estaciones habilitadas han registrado valores por encima de los 180 microgramos por metro cúbico.

Sin embargo, ha denunciado que, desde el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que “dice cumplir” con los parámetros de la Agencia Europea del Medio Ambiente, “parecen olvidar sus obligaciones y, tan acostumbrados a la desinformación, eluden la normativa sobre ozono y, a pesar de estar obligados a informar con esos datos, deciden no hacerlo”. Según ha denunciado, “las superaciones se han producido en las estaciones de Las Carreras (2), Monte Arraiz (3), Andoain (2), Urkiola (1), Zalla (2) y Facultad de Farmacia (1), afectando, por tanto, a cuatro de las cinco zonas en que está dividido el territorio a efectos de seguimiento de este contaminante”, recoge Europa Press.

Desde Ekologistak Martxan han explicado que “al menos el 94,5% de los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca han estado afectados y que el 99,5% de la población no ha recibido ningún aviso o no se lo han transmitido”. Por tanto, ha advertido, “la población especialmente vulnerable a este contaminante ha sufrido sus efectos sin adoptar medidas preventivas”. La organización vasca ha destacado que la superación del nivel de 180 de presencia de este contaminante, conocido como 'ozono malo', en la troposfera supone “la superación del denominado 'umbral de información'” y, según el Real Decreto 34/2023, “obliga a las Administraciones a informar a la población a efectos preventivos, independientemente de la 'etiqueta' que se le asigne al dato”.

“Esa obligación, en los episodios de este verano, no se ha cumplido”, ha denunciado, precisando que “informar no es alarmar”. Por su parte, ha lamentado que “se echan en falta medidas” para reducir el impacto en Planes de Acción ante este tipo de episodios que “se resisten a desarrollar” tanto el Gobierno vasco como los ayuntamientos obligados por la normativa vigente y que, salvo en el caso de Vitoria-Gasteiz, “brillan por su ausencia”.

Asimismo ha advertido del crecimiento de episodios de contaminación aguda, ya que “en todo el año 2025 sólo se produjo uno”, y ha recordado que aún hay municipios obligados a implantar zonas de bajas emisiones que “se lo están pensando” y otros que “las han configurado de forma que no se aplican en todo el municipio”. Finalmente, ha alertado de que “en una situación de emergencia climática, hay negacionistas instalados en las administraciones forales que siguen promoviendo infraestructuras grises o reducción de peajes para facilitar el tráfico automóvil”.

La fiscal María del Pilar Sánchez Donate ha firmado un muy contundente escrito contra la resolución del instructor de Getxo Marcos Amor que cerró la investigación penal por el derribo del palacete Irurak Bat sin tomar declaración a los imputados —entre ellos tres exconcejales del PNV, que ha celebrado la decisión— y a los principales testigos y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados por orden de la anterior instructora, Neus Galobardes. Desde el aplauso a la “gran labor” del juez Amor, la fiscal lamenta el “giro de 180” en la investigación y que se haya optado por cerrarla sin “motivación”, y recuerda que todos los informes que se conocían hasta ahora, incluso los del área de Patrimonio del Gobierno vasco, en manos del PNV, apuntaban a la “irregularidad” de la demolición.

El juez Amor, que no fue el que acordó a comienzos de 2026 tanto las imputaciones como los registros y la incautación de documentos y equipos electrónicos, dio por buena la tesis de las defensas de que era aplicable en este caso una sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio de Getxo, La Aldea. Según esa tesis, que un inmueble sea de “custodia municipal” no implica automáticamente una protección y, por lo tanto, no cabe estimar que un derribo pueda ser delictivo. Sin embargo, como adelantó este periódico, se cierne un triple recurso para que la Audiencia de Bizkaia enmiende la plana al instructor. Lo han planteado, por un lado, los dos principales partidos de la oposición, PP y EH Bildu, que están personados; y, por otro, la Fiscalía.

El documento del ministerio público, fechado a 11 de septiembre y enviado ya a la Audiencia Provincial, menciona que el propio juez habló de tomar declaración a los imputados después de escuchar a los testigos, cosa que no se ha cumplido, e insiste en que “no se comparte que el edificio no se hallara protegido” y tampoco “que su derribo fuera una actuación admitida sin el cumplimiento de los requisitos legales”. No se puede ventilar el caso del Irurak Bat señalando que “meras infracciones propias del ámbito administrativo” como mucho, afea Sánchez Donate a Amor.

Dice la Fiscalía que el arquitecto municipal —Urko Balciscueta, que tampoco llegó a declarar—, que el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y que “hasta la Dirección Patrimonial Cultural del Gobierno vasco”, organismos que “abarcan todo el espectro de conocimiento de la materia”, “coincidían en la protección que se debía deparar al edificio Irurak Bat y en la irregularidad de la demolición en cuanto edificio sometido a custodia municipal”. “La absoluta necesidad de proteger tal edificio se desprendía de la normativa vigente en tal momento y se contempla incluso ahora en la actualidad, al aparecer como edificio sometido a custodia municipal, debiendo respetar la envolvente del edificio en su integridad, [...] en la modificación del plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Getxo, con entrada en vigor el 25 de agosto de 2026”, remarca.

Para la Fiscalía, hay indicios de que los imputados “actuaron de una manera orquestada” para saltarse la normativa y poder derribar el Irurak Bat. “Ciertamente todos los juristas intervinientes en la causa somos capaces de comprender lo que subyace en la resolución ahora impugnada, pero la realidad es que se halla huérfana de un relato de hechos que permita conocer a ajenos a la causa la entidad de los hechos y la importancia que se le quiere dar”, sostiene también, sin que quede muy claro a qué se refiere, el escrito de recurso de la fiscal, que en todo caso sí incide en falta de motivación del instructor y recuerda que eran dos los posibles delitos cometidos, la prevaricación —adoptar decisiones administrativas irregulares a sabiendas— y un delito contra el patrimonio histórico.

Así, la Fiscalía opta por resumir los indicios e insistir en su plena vigencia. Menciona, por ejemplo, el “apartamiento consciente y deliberado” del arquitecto municipal que había informado contra el derribo “para evitar un informe desfavorable”, la realización de “intervenciones graduales” no permitidas que acabaron con la “desaparición” total del antiguo edificio en 2024, la “omisión” de “todos” los trámites que exigen los edificios protegidos o la “ocultación” de los verdaderos planes de demolición durante el proceso. Dos de los tres del PNV imputados iban a irse a vivir allí, a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al Irurak Bat.

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena repartirá 2.750 álbumes de cromos con fotografías históricas de la localidad vizcaína, en el marco de una campaña que une la dinamización del comercio local con la recuperación de la memoria histórica del municipio. Este fin de semana en la Burdin Jaia y a partir del 14 de septiembre, los vecinos podrán conseguir gratuitamente el álbum y los cromos en los 62 establecimientos colaboradores de Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes, según ha informado el consistorio.

La iniciativa pone en circulación 2.750 álbumes y 170.500 cromos. La colección se compone de 62 fotografías antiguas que, según el propio álbum, recorren más de cien años de historia, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. La imagen fechada más antigua es una vista general de Gallarta de 1891 y las más recientes corresponden a la urbanización del Cerro y la reforma del ayuntamiento, a comienzos de los noventa. Entre los cromos figuran el Hospital Minero de Triano, los primeros martillos para barrenos, el frontón del viejo Gallarta, el derribo del viejo Gallarta en 1969, la explotación a cielo abierto de la mina Concha II, la iglesia de San Pedro de Las Carreras en construcción y el izado de la campana de la iglesia de Santa Lucía, en Sanfuentes.

En la elaboración del álbum ha colaborado el Museo de la Minería del País Vasco y el fotógrafo Juan Cruz Hoces. Los establecimientos colaboradores están organizados en diez grupos, y cada grupo reparte el mismo paquete de cromos. Para completar la colección hay que visitar, como mínimo, diez comercios distintos, uno de cada grupo, repartidos entre los tres núcleos urbanos y cada persona puede llevarse un paquete gratuito por visita. El propio álbum, editado en euskera y castellano, incluye los listados de establecimientos con sus direcciones y los mapas de localización de Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes.

La campaña permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias y quien necesite algún cromo suelto podrá solicitarlo en la Agencia de Desarrollo Local, informa Europa Press.

Colección con diploma al acabar

Quienes consigan completar el álbum podrán solicitar un diploma acreditativo en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Abanto Zierbena. El alcalde, Iñaki Urrutia del Cura, ha destacado que “este álbum no es un catálogo de fotos antiguas, es la historia de nuestros pueblos contada a través de la gente que la vivió”. “Detrás de cada imagen hay una calle, un trabajo, una fiesta o una casa que muchos vecinos y vecinas van a reconocer al instante. Recuperar esa memoria y ponerla en manos de todo el mundo, de forma gratuita, es una manera de cuidar lo que somos y de transmitirlo a quienes vienen detrás”, ha añadido.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Comercio y Turismo, Maitana Martínez Goiri, ha subrayado que han querido que la historia “se recorra a pie y comercio a comercio”. En ese sentido, ha indicado que los 62 establecimientos que participan son “el motor de esta campaña”. “Cada cromo supone una visita a una tienda, a una panadería o a un bar del municipio, y esa es exactamente la idea: que la memoria de Abanto Zierbena sirva también para dar vida a nuestras calles y apoyar al comercio de proximidad”, ha concluido.

La plataforma Subflubiala Ez! y la comunidad educativa del instituto Artaza-Romo y centros cercanos se han concentrado este miércoles en Leioa para denunciar “las afecciones negativas” que tendría la construcción del túnel que se ha proyectado bajo la ría y exigir la paralización del proyecto. Su intención es convocar “una gran manifestación” el próximo 24 de octubre. La protesta de este miércoles se ha desarrollado junto al instituto Artaza-Romo con el lema 'Subflubiala Ez', según han explicado sus organizadores, tras la puesta en marcha de los sondeos para empezar las obras del subfluvial “parece que en breve”.

Durante la movilización, han denunciado que, además del “impacto ambiental”, la construcción del subfluvial de Lamiako también producirá “afecciones sociales negativas”, especialmente en los centros educativos cercanos, recoge Europa Press. Según han recordado desde la plataforma en contra del subfluvial, el instituto Artaza-Romo, Betiko Ikastola, Artaza Pinueta eskola y Romo eskola firmaron un documento pidiendo a la Diputación Foral de Bizkaia la suspensión del proyecto “por las consecuencias negativas que tendría en el alumnado” y los sindicatos Steilas, LAB, ELA, CCOO y UGT han suscrito otro documento exigiendo la paralización del proyecto por las mismas razones.

Sin embargo, han lamentado que la Diputación de Bizkaia “ni ha respondido” a estos escritos y ha decidido continuar adelante con las obras. La protesta ha alertado del “riesgo que supone este proyecto para la salud pública”, especialmente para el alumnado y personas con afecciones respiratorias en general.

En este sentido, los convocantes han criticado que la Diputación “ignora su propio informe” porque la declaración de impacto ambiental, “publicada en diciembre de 2023, rechazó categóricamente las voladuras en el parque de Artaza y el túnel por considerar sus impactos inasumibles para edificios sensibles”, como el IES Artaza-Romo. “La Diputación modificó el documento en julio junto a la aprobación del proyecto para permitir las voladuras, alegando reducción de plazos, a pesar de que superarán los límites legales de ruido y vibraciones”, han denunciado.

Desde Subflubiala Ez! han criticado que no se han tenido en cuenta los efectos en la salud a pesar de que existen “estudios serios sobre la incidencia de la exposición permanente a contaminantes como partículas PM2.5, gases tóxicos y microorganismos patógenos, contaminantes a los que durante años quedarán expuestos el centro educativo y el vecindario”. Así, han alertado de que, “según expertos médicos, la ubicación del instituto en pleno entorno de las obras supone aumento de problemas respiratorios para el alumnado con enfermedades respiratorias crónicas (asma, bronquitis, fibrosis quística), que verán agravados sus síntomas”, además de “mayor incidencia de infecciones respiratorias agudas, dificultades en su recuperación y más complicaciones médicas”.

También, han añadido, se produciría “exposición peligrosa durante actividades deportivas al aire libre, sin que se hayan planteado alternativas”, y una “ausencia total de medidas de protección” para los estudiantes y vecinos con problemas respiratorios. “A pesar de todas estas evidencias, no se ha presentado ningún protocolo de prevención. No hay planes de contingencia. No hay soluciones. Solo hay improvisación por ejecutar un proyecto a costa de la salud de la gente”, han asegurado.

Sumar ha presentado ante el Ayuntamiento de Basauri, del PNV, una denuncia para exigir, con carácter de urgencia, la suspensión inmediata y el precinto cautelar de los trabajos de construcción en una parcela en la que levantan viviendas libres en el barrio de Pozokoetxe y que consideran que carecen de la licencia de obra pertinente, además de vulnerar el límite máximo de 80 viviendas que se había fijado. En concreto, se refieren a uno de los portales, en el que, según afirman, se han comenzado a levantar los pisos “sin contar con licencia para ejecutar obras sobre rasante”, como se reconocía en el decreto de la alcaldía del 17 de julio. “Al haberse constatado el levantamiento de la estructura sobre rasante durante el mes de agosto, Sumar advierte de que el Ayuntamiento se encuentra ante la ejecución de obras clandestinas bajo la definición del artículo 216 de la Ley vasca de Suelo, lo que activa la obligación legal de ordenar su paralización inmediata”, señalan en la denuncia.

Fuentes del consistorio de Basauri han adelantado la “desestimación de la denuncia”, porque las obras cuentan con autorización municipal para realizarlas y, por lo tanto, “no procede la paralización de las obras”. Según aseguran, el arquitecto municipal ha realizado una inspección ocular de la obra el pasado 2 de septiembre, “y ha redactado un informe técnico con el fin de aclarar a Sumar la situación real de las obras, que no se corresponde con sus afirmaciones”. “En dicho informe se concluye que se ha podido comprobar que estas obras, la ejecución de los pilares de la planta baja, están recogidas en el Proyecto de Ejecución presentado y, por tanto, amparadas en las licencias y autorizaciones de inicio de obras otorgadas. Igualmente, los servicios jurídicos, a la vista del citado informe, ha señalado que procede la desestimación de la solicitud de iniciación de procedimiento de restablecimiento de legalidad urbanística, que les será notificado en breve”, explican.

La denuncia de Sumar, grupo político que no tiene representación en el pleno municipal, se refieren a la parcela RE-8.2 de estas obras, y más en concreto a la construcción de la estructura en el portal nº 5, que defienden que se han continuado sin tener licencia. Además, esta formación asegura en su denuncia que el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la venta de la parcela RE-8 a la mercantil Residencial Basozabal S.L. con “la obligación de construir un máximo de 80 viviendas libres”, pero que tras modificaciones posteriores del proyecto las viviendas serán 86, “incurriendo en un incumplimiento del pliego de condiciones del concurso público de venta”. “Este aumento en el número de viviendas se suma a las irregularidades denunciadas en febrero por un vecino en los edificios de la parcela RE-8, que se encuentran bajo investigación sin que hasta el momento el ayuntamiento se haya pronunciado ni adoptado medidas correctoras tras más de seis meses”. Unas denuncias que hacían referencia al exceso de altura en la edificación y al posible uso de trasteros como viviendas, señalan desde el grupo denunciante.

Desde Sumar aseguran que ya a mediados de agosto se exigió formalmente al consistorio “aclarar si algún concejal, personal de confianza o técnico de Urbanismo figura como comprador o beneficiario de los pisos investigados, y si existió vulneración del deber de abstención en la firma de las licencias”. Asimismo, “se exigieron explicaciones éticas sobre la prisa por vender la última parcela de suelo público de vivienda libre (RE-7) en el Parque de Pozokoetxe antes de resolver las sospechas de las promociones colindantes, perdiendo toda capacidad de compensar los excesos que ya se ha constatado que se han cometido”, aunque no han recibido ninguna respuesta al respecto. Sumar ya había presentado una denuncia al respecto el 24 de agosto, a la que se ha sumado una ampliación esta misma semana al constatar la continuación de las obras.