El centro tecnológico de investigación agraria del Gobierno vasco, Neiker, ha logrado una nueva variedad de patata de carne bicolor, púrpura y blanca, con un 30% más de antioxidantes que las tradicionales y una gran resistencia genética que favorece una producción agrícola sostenible. La nueva variedad, cuyo nombre significa “agradable” o “gustoso” en euskera, 'Atsegiñe', lleva tras de sí siete años de investigación y ensayos de rendimiento en el campo.

La nueva patata, que ha sido inscrita en el Registro de Variedades Comerciales y en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, tiene una estabilidad en su coloración natural que permite a la industria alimentaria obtener productos diferenciados sin la necesidad de utilizar aditivos, según recoge Efe.

'Astegiñe' es el resultado de un proceso de investigación de siete años que se inició con el cruce manual de parentales seleccionados y consolidado tras seis años de ensayos en el campo. La superación de las pruebas oficiales de distinción, homogeneidad y estabilidad permitirá ahora que esta patata de piel morada llegue al mercado a través de licencias de explotación. Una vez superados los trámites oficiales, el desarrollo de 'Atsegiñe' permitirá a Neiker posicionarse en una nueva vía de mercado: La patata frita embolsada con 'chips' de colores.

Nacho Ruiz de Galarreta, investigador de producción y Protección Vegetal de Neiker, ha explicado que este tubérculo posee un contenido de materia seca del 22,5 % y un nivel de azúcares reductores del 0,17 %, con lo que se asegura una textura crujiente y evita el oscurecimiento o la aparición de sabores amargos durante la fritura a altas temperaturas.

Más allá de sus posibilidades industriales y culinarias, esta nueva variedad destaca también por su perfil nutricional. Gracias a su alta concentración de antocianinas, que además le permiten mantener su coloración morada tras el frito o cocido, 'Atsegiñe' cuenta con un 30 % más de compuestos antioxidantes que las variedades blancas. “Estas antocianinas actúan frente a la oxidación y el envejecimiento celular, transformando un alimento básico en un recurso funcional que responde a la demanda de una alimentación saludable”, ha explicado el investigador.

Resistente a las plagas

Desde la perspectiva de la producción agrícola, esta variedad presenta resistencia natural al mildiu y al virus 'Y', las principales patologías que afectan al rendimiento del cultivo y a la calidad de la semilla. Su solidez genética permite reducir los tratamientos fitosanitarios, lo que disminuye los costes de producción para el agricultor y mejora la sostenibilidad ambiental de la explotación, según Neiker.

Una vez recolectada, para garantizar que sus cualidades se mantienen intactas hasta su procesado, la variedad requiere un manejo específico, como una temperatura de conservación superior a los siete grados, para evitar que el frío incremente los niveles de azúcar y se mantenga así la calidad óptima para la producción de 'chips'. Esta variedad de patata se une a otras creadas por Neiker como la 'Miren', 'Gorbea' y 'Leire', a partir de cruzamientos entre genotipos procedentes del banco de germoplasma del centro investigador, en el marco del proyecto 'Gastrovalocal'.

Esta iniciativa se centra, además, en la revalorización técnica de especies vegetales de Euskadi que dejaron de cultivarse por su menor productividad o cambios en las demandas del mercado. Junto a la recuperación de material antiguo, el centro mantiene una línea de innovación orientada a dar respuesta a las necesidades actuales del mercado.

En este ámbito se han desarrollado nuevas variedades ya presentes en el sector como 'Beltza', que destaca también por su nivel de compuestos antioxidantes, o 'Edurne', destinada al consumo en fresco por características como su piel fina y carne amarilla clara, parámetros adecuados para la cocción y el frito doméstico.

La Inspección de Trabajo y Osalan investigan a una empresa de Bizkaia por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que se encuentran de baja médica. Al menos hay nueve empleados a los que se les ha detectado niveles que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. Se trata de la empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla y que se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La denuncia, adelantada por el diario 'El Correo', ha partido de los propios trabajadores de la plantilla. Varios de ellos se han dirigido a CCOO, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y otros a ELA, que han denunciado el caso ante Osalan. Fuentes de estos dos organismos han confirmado que los técnicos han iniciado el procedimiento de inspección tras la denuncia y que está a la espera de conocer los resultados.

Algunos de estos trabajadores acudieron a la mutua tras encontrarse mal y al realizarles análisis de sangre y orina se detectaron valores muy por encima de los 35 microgramos sobre los que ya saltan las alarmas. Algunos tenían más de 68 microgramos y otros tenían picos de hasta 400, según señalan desde el sindicato ELA. Por su parte, CCOO ha denunciado incumplimientos en las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de este compuesto altamente venenoso. Además de los trabajadores a los que se les ha detectado el arsénico en los análisis, hay un trabajador de la empresa ingresado en el hospital de Usansolo, pero está aún sin confirmar si su ingreso está directamente relacionado con el contacto con el arsénico.

La empresa utiliza el arsénico como materia prima en uno de los procesos de fabricación de perdigones, tal y como se recoge en su declaración ambiental integrada, que también especifica medidas de seguridad para minimizar el impacto de este compuesto. Los trabajadores afectados y que se encuentran de baja trabajan en el horno y clasificación.

La empresa confía en “esclarecer los hechos con rigor”

Fuentes de la empresa han señalado a través de un comunicado que tan pronto como la dirección tuvo noticia de que varios trabajadores de la empresa “podrían estar atravesando una situación que pudiera afectar a su salud”, se pusieron en marcha “de forma inmediata los protocolos establecidos, notificando el caso a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa aplicable”.

“Como medida de cautela y en atención al bienestar de toda la plantilla, la empresa está llevando a cabo las actuaciones preventivas que la situación requiere para garantizar que el conjunto de los trabajadores continúa desarrollando su actividad en las condiciones adecuadas”, han señalado. Por otra parte, han confiado en que “la investigación en curso por parte de las autoridades competentes contribuirá a esclarecer los hechos con rigor”. “Esta empresa tiene como única prioridad en este momento la salud de sus trabajadores y la colaboración plena y sin reservas con las autoridades competentes”, han indicado y han rechazado realizar “declaraciones adicionales hasta que se haya esclarecido lo ocurrido”. Además de transmitir su total apoyo y cercanía a los trabajadores afectados“, han recordado que la empresa formar parte del tejido industrial de Durango desde 1959 y que las personas que la integran son ”como siempre, su mayor activo“.

La iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se pretende dotar a Urdaibai de personalidad jurídica propia e incrementar así su protección, adelantada por este periódico, iniciará en breve el proceso de recogida de firmas después de que los letrados del Parlamento Vasco hayan dado el visto bueno al procedimiento. En el momento en el que pase el trámite de la Mesa, los promotores agrupados bajo el lema 'Urdaibai bada nor' iniciarán el proceso para registrar el mínimo de 10.000 firmas necesarias para que arranque la tramitación parlamentaria.

El proceso para recoger los apoyos durará alrededor de cuatro meses y se habilitarán canales de firma telemáticos, como las plataformas Boreal o la Fundación para la Ciudadanía Global, además de las firmas presenciales. Si se consigue superar ese mínimo de apoyos que marca la ley, la tramitación parlamentaria dependerá ya de los grupos políticos con presencia en el Parlamento Vasco. La Cámara autonómica ha visto decaer este pasado año las dos ILP que se han presentado -la de pensiones y la del SMI propio- pero en este caso los promotores confían en el apoyo de los grupos porque todos ellos, a excepción de Vox, apoyaron en el Congreso de los Diputados otorgar al Mar Menor en Murcia ese estatus de personalidad jurídica propia que se reclama ahora para la reserva de la biosfera de Urdaibai. En cualquier caso, la decisión final dependerá de la aprobación del Congreso por tratarse de una normativa que depende del Estado.

La ILP se ha presentado este viernes en Bilbao por representantes de los promotores de la iniciativa. La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan.

Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen. Y han resaltado la necesidad de que haya una implicación ciudadana para que Urdaibai “pueda hacer valer sus derechos” y aumentar su protección. Han recordado que la iniciativa viene avalada por la jurisprudencia del Constitucional, después de que el alto tribunal rechazara el recurso que presentó Vox contra la declaración referida al Mar Menor. “Existe una sentencia que reconoce la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a un ecosistema natural”, ha señalado Nieves Terán.

Aunque han reconocido que Urdaibai tiene ya una ley específica de protección, consideran que “no hay que conformarse” y que hay que pasar al siguiente nivel de protección: que deje de ser un objeto, a servicio de los humanos, para tener la consideración de sujeto, con capacidad para defenderse y protegerse, sobre todo desde el punto de vista jurídico.

De forma paralela a la recogida de firmas, los representantes de la iniciativa mantendrán diversos encuentros con sindicatos y partidos políticos para recabar el mayor número de apoyos y contar con el respaldo de la ciudadanía. “Queremos cambiar el paradigma”, han señalado, porque de lo que se trata es de conseguir que no haya que defender el humedal, sino que éste, por sí mismo -a través de unos 'tutores'- sea el que se defienda. “Va a poder reivindicar sus derechos personalmente en el ámbito judicial”, ha recordado el profesor de la EHU y exdirigente de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte, que ha destacado que, al ser una cuestión relativamente nueva, “no se sabe muy bien toda la virtualidad que puede tener a largo plazo”. “Se abren una gran cantidad de posibilidades porque supone un cambio no solo jurídico, sino un cambio sobre todo cultural”, ha indicado.

Entre los promotores de la iniciativa hay varias organizaciones ecologistas. Por ejemplo Ekologistak Martxan, Fridays for Future, Greenpeace, Eguzki o Zain Dezagun Urdaibai, así como miembros del mundo de la ecología y la ciencia como Andreas Schaefter, Miren Onaindia, Julen Rekondo, Juantxo López Uralde o José Luis Telleria. También se han sumado representantes de ámbitos como la cultura y la sociedad o el deporte, como Imanol Uribe, Karra Elejalde, Amparanoia, Montxo Armendariz, Ruper Ordorika, Asier Etxandia, Edorta Jiménez, Natxo de Felipe, Aritz Aranburu, Koikili Lertxundi, Kepa Acero y Adur Amatriain. O Miren Gorrotxategi, también exdirigente de Podemos y que es una de las personas promotoras de la iniciativa y que este viernes se ha sentado entre el público durante la rueda de prensa.

Amenazas genéricas y específicas

En el texto sobre el que se sostiene la petición se indica que Urdaibai “enfrenta un conjunto de amenazas genéricas y específicas que ponen a prueba la eficacia de los instrumentos de protección existentes” en la legislación medioambiental. En este sentido, señalan que “la combinación de alta densidad poblacional, atractivo turístico, presión agrícola y fenómenos emergentes derivados del cambio climático” requieren de un enfoque integral de gestión, que combine un monitoreo científico permanente y evaluación de impactos; la adaptación de planes de ordenación territorial y restauración ecológica; la educación ambiental y participación comunitaria.; y la coordinación entre administraciones y agentes locales. “La magnitud y complejidad de estas amenazas justifican la exploración de medidas innovadoras, incluyendo nuevos mecanismos jurídicos de representación de la naturaleza, que permitan a Urdaibai defender de manera más eficaz sus intereses ecológicos frente a presiones acumulativas y conflictos de uso del territorio”, señalan.

Según defienden, dotar de personalidad jurídica a Urdaibai permitiría “superar limitaciones derivadas de la discrecionalidad administrativa, garantizaría continuidad en la tutela de los derechos ecológicos, facilitaría la integración de los distintos niveles normativos y la participación de actores diversos en la gestión del territorio”. Además, supondría “fortalecer la función preventiva del derecho al consolidar un marco de obligaciones y derechos que condiciona la planificación territorial y la toma de decisiones estratégicas en torno al desarrollo económico, social y turístico de la zona”.

La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan. Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen.

Tensión, gritos y hasta lágrimas de rabia han protagonizado la primera reunión de los cerca de 100 afectados en Igorre por la venta por parte del club de rugby Arratiko Zekorrak de 225 participaciones de más de la Lotería de Navidad que premió al número 90.693 el pasado 22 de diciembre con 15 millones de euros. La cita estaba prevista a las 17.30 horas en el pórtico de la iglesia de Aranzazu, en un municipio colindante de Igorre, pero finalmente ha sido trasladada en el último momento al Ayuntamiento de la localidad vizcaína, visto que en la iglesia esperaba un gran despliegue mediático.

La reunión se ha producido dentro del Consistorio y, a pesar de que los medios de comunicación no tenían permitida la entrada -algo que los vecinos comprobaban a través de una papeleta que había sido entregada a los afectados previamente-, algunos de ellos han querido mostrar su descontento a este periódico. Como Alberto y Maite, una pareja de Igorre que prefiere no decir su verdadero nombre y tenía cinco de las papeletas premiadas. “Son entre 50.000 o 59.000 euros. Nos enteramos porque nuestra hija nos llamó para decirnos que no había dinero. Hicimos todo lo que nos pidieron, pedimos cita, dimos la papeleta y nuestros datos y nos dieron un recibí. Nos dijeron que esperásemos 15 días y recibiríamos el dinero, pero ha pasado mucho desde entonces. Desde el club no nos han llamado ni nos han dicho nada. Si el dinero se ha terminado, ¿qué ha pasado? Dicen que se han equivocado pero eso es una chorrada, dividir un boleto en participaciones no tiene ninguna dificultad, no son matemáticas ni nada, lo saben hacer los niños pequeños. Nos han estafado”, lamenta Alberto.

Una vecina de Arrigorriaga ha salido visiblemente enfadada de la reunión. Pese a que haya dicho su nombre real, prefiere que no salga en el artículo. Al igual que ella, otros afectados tampoco son del pueblo, pero han comprado la lotería al club de rugby por tener alguna vinculación con el deporte o amigos en él. Ella asegura conocer “de sobra” al presidente del club, Unai Zuluaga. “La gente no es tonta y nos han tomado por tontos. Nos ha dado largas continuamente y nos ha dicho que íbamos a cobrar cuando sabía de sobra que algunos no porque no nos creemos que no supiera que habían vendido más papeletas”, manifiesta entre lágrimas de rabia. “He tenido que salir de la reunión porque me muero de rabia. ¿Cómo ha sido capaz de hacernos esto? A gente que compra las papeletas para apoyar al club, es algo increíble”, confiesa la afectada.

Nos ha dado largas continuamente y nos ha dicho que íbamos a cobrar cuando sabía de sobra que algunos no

En la reunión, como ha podido saber elDiario.es/Euskadi, miembros de la plataforma de afectados que aún está sin crear, han solicitado las denuncias de todos los que hayan acudido a la Ertzaintza. Al cierre de esta edición sumaban 90 denuncias, pero tras la reunión muchos de los vecinos que aún no lo han hecho han asegurado que también interpondrán la suya. “Nosotros hemos venido para informarnos de cómo poner la denuncia y hacerlo, porque no creemos que haya sido un despiste y aunque lo fuera estamos en nuestro derecho de luchar por nuestro dinero”, sostiene Alberto.

Julio, denuncia en mano, se muestra muy enfadado a las puertas del Ayuntamiento. En su caso, no se niega a ser grabado ni a decir su verdadero nombre. No está conforme con las razones que han dado desde el club, sobre que lo ocurrido ha sido un error. “Si tú compras unos décimos estos corresponden a unas participaciones. Eso es matemática simple. No lo entiendo. Yo no me creo que un tío que haya tramitado todo esto, que lleva años haciendo lo mismo no sepa hacer una división o una suma. Ahora hay poco de caos, es la primera reunión y estamos dando los datos. Veremos qué se puede hacer”, reconoce Julio.

El presidente del club de rugby, Unai Zuluaga, en declaraciones a Efe manifestó este miércoles, tras hacerse pública la noticia que “confían en poder llamar una a una a todas las personas afectadas lo antes posible para comunicarles una posible solución” que prefirió no adelantar por respeto a los perjudicados. Sin embargo, ninguno de los vecinos que ha acudido a la reunión ha manifestado haber sido llamado por Zuluaga ni otros miembros del equipo. “No tenemos ninguna comunicación de nada. Es surrealista. Es un dinero con el que contabas, un colchoncito que tienes ahí y te quedas con cara de bobo”, lamenta Julio.

El caso de Igorre recuerda al de Villamanín, donde la Comisión de Fiestas reconoció que se habían impreso y vendido más participaciones que billetes de Lotería. En concreto confesaron que vendieron 450 papeletas en vez de las 400 para las que habían consignado 80 décimos. Faltaban, por tanto, 10 décimos para cubrir el importe total, 9 si se tiene en cuenta un décimo de la propia comisión. En una tensa reunión se produjo un acuerdo a favor de realizar una quita y que los miembros de la Comisión de Fiestas aportaran sus premios personales para que la minoración fuera lo más baja posible. En aquel caso fueron 300 los afectados tras adquirir el número 79432, y el desfase alcanzó los 4 millones de euros.

Yo no me creo que un tío que haya tramitado todo esto, que lleva años haciendo lo mismo no sepa hacer una división o una suma

Con asistencia legal la Comisión de Fiestas de Villamanín, ya constituida como asociación, aseguró que el acuerdo “se adopta para proteger a los perceptores y ordenar el proceso con seguridad, con independencia de que existan o no reclamaciones de terceros en el futuro”. No obstante, hace unas semanas se supo que hay una denuncia penal por lo ocurrido y que se han producido dos intentos de estafa. Además, hay seis premiados que no aceptaron la quita de casi el 10% del premio y a los que les han asignado la cantidad repartida con los demás, por lo que queda a su voluntad reclamar el resto del dinero mediante acciones legales.

Preguntados por si, al igual que en Villamanín, a los afectados les contentaría una quita para poder cobrar todos, los vecinos lamentan que en estos momentos es algo inviable, debido a que, a diferencia del pueblo leonés, en Igorre la mayoría de los premiados ya ha recibido su dinero. “Eso ahora es inviable, ojalá, pero una persona que ha cobrado, que ha recibido el dinero y se ha comprado un coche, por ejemplo, qué le vas a decir, ¿Que devuelva su dinero? ¿Que devuelva el 10 o el 15% de lo que ya ha cobrado? Yo no sé lo que diría la gente si se les propusiera algo así, pero lo que hay que buscar es la responsabilidad de quien lo ha hecho mal. En una gestión tan fácil no puede resultar que haya 225 participaciones de más. Hasta un niño de tres años sabe hacer esa cuenta”, sostiene Julio, que en su caso cuenta con dos participaciones premiadas, lo que equivaldría a algo más de 20.000 euros de premio.

El propio club, en una entrevista a Radio Euskadi, ha admitido su “error” y ha informado de que está “estudiando cómo reconducir la situación”. De los 15 millones de euros la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,2 millones aún están pendientes de cobro. Según han reconocido, se enteraron “ayer”, por este martes, del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. Han explicado que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron.

Tras la primera reunión, los afectados, que se comunican a través de un canal de Telegram y de correos electrónicos, han quedado en volver a reunirse para futuros pasos. En principio, ya cuentan con apoyo legal y piensan interponer todas las denuncias posibles ante la Ertzaintza, pese a que continúan a la espera de una respuesta por parte del club que les satisfaga y les haga obtener su dinero. “No vamos a parar hasta que se nos dé nuestro dinero. Sabemos que el proceso puede ser largo, pero nos parece injusto que unos cobren y otros no. Si sabían el error, deberían haber paralizado el pago. No nos creemos que se hayan dado cuenta esta semana, porque llevan retrasando los pagos meses”, concluye otra de las vecinas afectadas.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, del PNV, tendrá este viernes su primera aparición pública en un acto del Ayuntamiento desde que fue sometido a una operacion de cadera el pasado 9 de marzo. Desde entonces, ha ejercido como alcaldesa en funciones Amaia Arregi.

Aburto, junto con la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, descubrirá este viernes, a las 11.00 horas, una placa homenaje a la fundadora de Salbatzaile Dantza Taldea, Begoña Arroyo Aldekoa. El acto se desarrollará en el centro municipal de Castaños, informa Europa Press.

Fuentes municipales han señalado que el alcalde se ha incorporado, poco a poco, a la actividad en el Ayutamiento, pero el acto de este viernes supondrá su primera aparición pública en un acto del Consistorio desde su operación. Previamente, el pasado 25 de abril intervino en un acto del PNV, con motivo de la celebración del Alderdikide Eguna en el barrio bilbaino de Deusto, al que acudió con una muleta. Aburto acudió por su condición de afiliado del PNV, ya que no se trataba de un acto institucional“, pero sí fue su primera aparición pública desde la intervención quirúrgica.

Aburto es alcalde de Bilbao desde 2015 y está en el aire si volverá a ser el candidato del PNV en 2027. El partido ya ha anunciado otros relevos, particularmente en Bizkaia, pero no se ha pronunciado aún sobre el caso de Bilbao.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha informado al Parlamento Vasco de que dieciséis instalaciones sujetas a autorización ambiental tienen niveles de cumplimiento “bajos” o “medios-bajos”. La documentación facilitada indica que son Cespa Gestión de Residuos de Zalla, Garbiker, Smurfit Westrock Nervión, Sertego, el vertedero del Ayuntamiento de Getxo, Agotzaina, Química Europea de Resinas, Arenacasting (Metal Smelting), Avícola Arbaraitz, Guivisa, Sidenor Aceros Especiales, Sutra Coating, Castmetal Vitoria, Recubrimientos Ireki, Pretensados del Norte y Olazabal y Huarte. Ha sido EH Bildu, a través del parlamentario Ander Goikoetxea, el que ha solicitado esta información.

Cespa Gestión de Residuos Zalla

El último requerimiento de la Administración a la empresa gestora del vertedero de Zalla (Cespa, ahora llamada Prezero) recoge, entre otros puntos, la “existencia de más de 10.000 metros cuadrados de superficie que no dispone de una cubrición temporal o definitiva” o la no realización de “caracterización básica de todos los residuos admitidos”.

Garbiker

Garbiker, que depende de la Diputación de Bizkaia y es 100% pública, recibió un requerimiento en enero de 2026. Entre las irregularidades señaladas por Medio Ambiente, se aludía a problemas con los olores, a no comunicación de “superaciones” de niveles o a “deficiente mantenimiento” de la canalización de aguas pluviales.

Smurfit Westrock Nervión

Esta instalación en Iurreta, también llamada Smurfit Kappa Nervión, tuvo un requerimiento de la Administración en octubre de 2025. ¿Qué le decía? Se mencionaba un “riesgo de emisión pulverulenta”, ausencia de monitorización en “continuo” de algunas sustancias o que tenían “un residuo peligroso” no autorizado almacenado.

Sertego

Este proyecto, dependiente de Urbaser y ubicado en Araia (Álava), recibió en 2025 un informe que apuntaba a que no existía una “separación clara de los distintos tipos de residuos”, a que se acumulaban “residuos peligrosos” en el exterior y otros no peligrosos pero todos ellos “mezclados” y a otros problemas.

Vertedero del Ayuntamiento de Getxo

Medio Ambiente denunció que “los lixiviados producidos en la planta de compostaje no se recogen en la arqueta ciega debido a que la misma se encuentra cegada de compost” o que había un “deficiente mantenimiento de la balsa de lixiviados y no se han justificado las condiciones de estanqueidad”. El total de incumplimientos llegaba a dieciséis, pero el Ayuntamiento presentó un informe explicando las actuaciones correctoras ya emprendidas.

Agotzaina

Agotzaina, una industria avícola, está en Idiazabal. Dio una respuesta “insuficiente” a algunos requerimientos, según el informe de Medio Ambiente. Por ejemplo, “no se ha presentado el estudio para la implantación de un sistema de recuperación in situ de estiércol para la recuperación de su energía residual”, le afea.

Química Europea de Resinas

Euroresin tiene sede en Oyón. En la documentación enviada al Parlamento no aparecen las anomalías detectadas, pero sí una respuesta de cuatro puntos de la compañía explicando que había tomado medidas correctoras. De ella se deduce, por ejemplo, que se estaban superando valores de diferentes sustancias como benceno, tolueno, estireno, xileno y formaldehído en 2024.

Arenacasting (Metal Smelting)

Arenacasting, de Metal Group, tiene sede en Legutio. Medio Ambiente, en 2024, vio problemas de “existencia de superaciones puntuales de PH, hidrocarburos, amonio y nitrógeno”. La empresa responde que ha realizado un “aumento significativo” de las limpiezas y formado a su personal para evitar estas situaciones de riesgo.

Avícola Arbaraitz

Esta empresa tiene su sede en Egino, en el municipio alavés de Asparrena. En 2024 se produjo una inspección y se hallaron “desviaciones”. Y el Gobierno interpretó que la respuesta a los requerimientos no fue satisfactoria. “Se han producido superaciones en varios de los controles mensuales realizados para los siguientes parámetros: nitrógeno total, DQO5, DBO, fósforo total y aceites y grasas”, detalla Medio Ambiente. Los residuos peligrosos también están “mezclados” y, en algunos casos, “a la intemperie”.

Guivisa

En el caso de Guivisa, fundición de acero con base de operaciones en Basauri, se hizo una visita en 2024 y la respuesta a las exigencias no fue suficiente. Por ello, en un nuevo informe, el Gobierno insistía en que “se observan residuos peligrosos a la intemperie” o en que “no se observa material para la posible recogida de derrames juntos al depósito de gasóleo”.

Sidenor Aceros Especiales

En diciembre de 2025, Sideror recibió un informe de las conclusiones de dos inspecciones previas, de octubre y de noviembre. En ellas aparecieron “desviaciones”. Fueron en total una docena. ¿Qué decían? Se aludía a “emisiones difusas al exterior”, a una “superación significativa” de los caudales vertidos, excesos en las mediciones de zinc, almacenamiento de escorias a la intemperie o a ruidos molestos para el entorno. ¿Y qué respondió la empresa? “Una vez analizadas todas las desviaciones identificadas en su informe, consideramos que la calificación de 'bajo' asignada al cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada en el 2025 no refleja el real cumplimiento normativo de Sidenor ni el desempeño y el esfuerzo ambiental de la fábrica de Basauri. En los dos últimos años, se han realizado inversiones por más de 24 millones de euros”, exponía.

Sutra Coatings

Sutra Coatings está en Eibar y está dedicada a recubrimientos electroloiticos. Su informe negativo recogía asuntos como “funcionamiento deficiente de algunas instalaciones de aspiración de gases y suciedad” o problemas con los residuos peligrosos. Se apunta, además a vertidos de níquel. “No se considera que la superación de algún valor límite de vertido haya podido ocasionar ningún efecto negativo sobre el medio ambiente”, apunta la compañía.

Castmetal Vitoria

Del Grupo Safe Metal, Castmetal de Vitoria tuvo una inspección en septiembre de 2025 que detectó irregularidades como la falta de un registro adecuado de los residuos -algunos “no se etiquetan adecuadamente”- o que se vulneraron las limitaciones de ruido, entre otros. Sobre el tema de los decibelios, la empresa señaló a Medio Ambiente: “Afortunadamente, no contamos con actividad productiva en el vecindario colindante ni con ninguna denuncia al respecto”.

Recubrimientos Ireki

Ireki, de Cunext Group, está en el Valle de Trápaga, en Bizkaia. Su inspección tuvo lugar en junio de 2025. Entre las conclusiones, se mencionaba que “la empresa no tiene instalado ningún sistema de depuración de los gases”, que “algunos residuos no están correctamente etiquetados” o que no se han comunicado las incidencias a Medio Ambiente, como es preceptivo. La compañía ha elaborado un protocolo interno para evitar estas últimas situaciones.

Pretensados del Norte

Pretensados del Norte está en Vitoria. Recibió la inspección en marzo de 2025 y, como no subsanó en tiempo y forma los problemas detectados, recibió en mayo un requerimiento por parte de la Administración. Tampoco lo atendió y tuvo que enviarse una nueva notificación en febrero de 2026. En concreto, el principal punto de fricción era la necesidad de un “plan de acción para la mejora de los niveles de ruido en la instalación”.

Olazabal y Huarte

Esta empresa, una fundición de hierro de Vitoria, fue inspeccionada igualmente en marzo de 2025. La respuesta a las desviaciones planteadas no satisfizo al Gobierno, por lo que le realizó un nuevo requerimiento. ¿Qué ocurría? “Se observan a lo largo de todo el perímetro de la parcela varios puntos en los que existen residuos metálicos a la intemperie y sobre suelo natural” y hay también “material pulverulento a la intemperie sin ninguna protección contra el viento”.

El club de rugby de Igorre (Bizkaia) Arratiko Zekorrak ha admitido haber vendido 225 participaciones de más de la Lotería de Navidad que premió al número 90.693 el pasado 22 de diciembre con 15 millones de euros. A cada participante le correspondían 10.000 euros, pero 80 de ellos se han quedado sin su premio. El caso ha salido a la luz después de que una veintena de los afectados haya denunciado ante la Ertzaintza lo ocurrido y haya creado una plataforma para emprender una acción legal conjunta.

El propio club, en una entrevista a Radio Euskadi, ha admitido su “error” y ha informado de que está “estudiando cómo reconducir la situación”. De los 15 millones de euros la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,2 millones aún están pendientes de cobro. Según han reconocido, se enterarón “ayer”, por este martes, del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. Han explicado que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron. Sin embargo, al ver que todos los cobros no se han producido, los vecinos han empezado a inquietarse.

El caso de Igorre recuerda al de Villamanín, donde la Comisión de Fiestas reconoció que se habían impreso y vendido más participaciones que billetes de Lotería. En concreto confesaron que vendieron 450 papeletas en vez de las 400 para las que habían consignado 80 décimos. Faltaban, por tanto, 10 décimos para cubrir el importe total, 9 si se tiene en cuenta un décimo de la propia comisión. En una tensa reunión se produjo un acuerdo a favor de realizar una quita y que los miembros de la Comisión de Fiestas aportaran sus premios personales para que la minoración fuera lo más baja posible. En aquel caso fueron 300 los afectados tras adquirir el número 79432, y el desfase alcanzó los 4 millones de euros.

Con asistencia legal la Comisión de Fiestas de Villamanín, ya constituida como asociación, aseguró que el acuerdo “se adopta para proteger a los perceptores y ordenar el proceso con seguridad, con independencia de que existan o no reclamaciones de terceros en el futuro”. No obstante, hace unas semanas se ha sabido que hay una denuncia penal por lo ocurrido y que se han producido dos intentos de estafa. Además, hay seis premiados que no aceptaron la quita de casi el 10% del premio y a los que les han asignado la cantidad repartida con los demás, por lo que queda a su voluntad reclamar el resto del dinero mediante acciones legales.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

Garbiñe lleva 13 años como trabajadora de Metro Bilbao y no sabe decir cuántas veces ha sufrido agresiones verbales en su horario laboral. Sí que recuerda, sin embargo, que la última fue hace unos meses. “Me encontraba sola en una estación que no es muy concurrida y tuve que llamar a la Policía. Nosotras estamos haciendo nuestro trabajo, pero aprovechan cuando no está el personal de seguridad o cuando están ocupados con otros asuntos y como les digamos que están haciendo algo que no se puede hacer o simplemente no sabemos resolver las dudas que tienen, nos atacan. 'Puta', 'mal follada' o 'hija de puta' es lo común que nos dicen a las mujeres y a los hombres directamente tienden a agredirles físicamente”, cuenta la trabajadora, que prefiere no dar su verdadero nombre pero quiere contar su historia rodeada de sus compañeros, que este martes han salido a la calle frente a las oficinas de Metro Bilbao para denunciar su situación.

Según los cálculos del comité de empresa de Metro Bilbao, el año pasado contabilizaron 110 agresiones a los 900 trabajadores que hay en plantilla. “Estamos hablando de que hay una agresión cada tres días”, lamenta Garbiñe, que reconoce que no existe un único perfil del atacante y que, a diferencia de lo que se puede presuponer, no se trata de agresiones por la noche de personas que van o vuelven de fiesta. “Por las noches, de hecho, viaja menos gente, gran parte del problema es durante el día, con por ejemplo chavales de 13 a 15 años que llegan, te insultan y se van corriendo o incluso gente de 40 o 50 años que llegan después de comidas de empresa o después de trabajar y se sienten con el derecho a decirte algo”, lamenta la trabajadora.

Unai Diego es el presidente del comité de empresa y reconoce que, tras las agresiones que se han producido en los últimos días, la plantilla ha dicho basta. “El viernes 1 de mayo hubo una agresión física y verbal, el sábado 2, otra que duró más de dos horas. Estamos hablando de trabajadores que se marchan a su casa después de eso y al día siguiente tienen que volver a su mismo puesto de trabajo y van con el miedo en el cuerpo. El problema es que si la ciudadanía va tranquila nosotros damos un buen servicio, pero si vienen ya enfadados o con ganas de gresca yo, como trabajador, tengo miedo y si me apalean me voy a esconder y, luego el viajero que te necesita va y no se va a encontrar a nadie, pero parece que es lo que la gente quiere, porque muchos tienen mucha jeta y saltan el torno delante del supervisor o llegan con cosas que están prohibidas en el metro y si eres buen profesional tienes que decirle algo”, reconoce Diego.

El primero de los incidentes tuvo lugar sobre las 06.50 horas del 1 de mayo en la estación de Abando de Metro Bilbao, cuando, según detallan, un supervisor fue agredido por un joven que le propinó un puñetazo en la mandíbula, teniendo que ser atendido posteriormente en la mutua. La segunda agresión se produjo en la estación de metro de Sestao, donde un supervisor y un vigilante de seguridad sufrieron amenazas de muerte e insultos graves por parte de un grupo de jóvenes, hechos que también fueron denunciados ante la Ertzaintza. Además, los trabajadores de Metro Bilbao reconocen que el personal de seguridad privada y el personal de limpieza también son objeto de “amenazas e insultos”.

Por ello han trasladado un documento con nueve peticiones a la gerencia de Metro Bilbao en las que solicitan el “reconocimiento como agentes de la autoridad a efectos de protección penal ante agresiones”, “refuerzo de personal y presencia preventiva” con una doble dotación en puntos conflictivos y en horarios de mayor riesgo, además de una mayor presencia de seguridad privada en momentos críticos, “protocolos claros y escritos” que establezcan qué hacer en caso de agresión y cómo proceder a la denuncia, “reconocimiento automático de accidente laboral en caso de agresión”, “evaluación de riesgos específica y apoyo psicológico”, “protección y anonimato de la persona, asesoría jurídica y salud laboral”, la creación de “una campaña en estaciones y trenes” con cartelería y mensajes desde la megafonía para que se sepa que “las agresiones al personal no salen gratis, una ”herramienta para que la plantilla deje constancia de las agresiones sufridas“ y ”más formación“.

“Lo que está sufriendo la plantilla, la indefensión ante lo que está expuesta, la desinformación, en definitiva, este desamparo no puede continuar. El próximo 15 de mayo nos reuniremos con la empresa y tomamos esa reunión como un compromiso de que harán todo lo posible para parar las agresiones. Queremos que se nos proteja, qu ese nos respete, que se nos deje trabajar, que se deje al resto de personas viajar en paz. Queremos una vuelta a casa libre de miedo e incertidumbre. Pedimos respeto, queremos trabajar igual que el resto de personas, las agresiones exigen una respuesta firme, coordinada y estructural que proteja al personal y mejore la seguridad del servicio”, detallan.

En el caso de que tras la reunión no se solucione la problemática de la plantilla, desde el comité de empresa alertan de que se han “reservado el derecho de trasladar esta situación a terceros e implicar a las instancias que consideren oportunas, así como adoptar cuantas medidas e iniciativas estimen necesarias”. “Si no nos satisfacen las respuestas o los tiempos para su implantación ante una próxima agresión nuestra respuesta como plantilla será diferente, podrá ser mucho más contundente e intensa”, concluyen los trabajadores.

Desde Metro Bilbao confirman a este periódico que se encuentran “analizando en profundidad” las propuestas de la plantilla y que las tratarán en la reunión que tienen con el comité de empresa la próxima semana. “La Dirección de Metro Bilbao tiene plena disposición para abordar esta cuestión y avanzar en la posibilidad de adoptar nuevas medidas para conseguir el objetivo que nos hemos marcado de atajar el problema de las agresiones, un problema que compartimos con muchos ámbitos de la sociedad y con servicios como los sanitarios o con otros medios de transporte”, defienden.

Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, fue el primer lehendakari en democracia. Con el PNV llegó a ser el primer presidente del Gobierno vasco tras la dictadura y se desempeñó en el cargo entre 1980 y 1985. Al año siguiente, y tras una serie de desavenencias, rompió con el partido y fundó uno nuevo con el que concurrió a los comicios de 1986, Eusko Alkartasuna (EA). La ruptura es uno de los hitos más destacados de la historia política vasca reciente, aunque la reconciliación parece ya total a la luz de los mensajes conciliadores llegados en las últimas horas.

Con Garaikoetxea al frente del Ejecutivo vasco se sentaron las bases del andamiaje de la Euskadi que se construyó tras la muerte de Franco. Se le reconoce, de hecho, como el arquitecto de la Euskadi moderna. Pero en el seno del partido nacieron unas discrepancias que fueron creciendo con el paso del tiempo, dieron lugar a dos corrientes irreconciliables y condujeron finalmente al divorcio.

En un primer episodio, los representantes navarros acabaron fuera del partido: según unos, expulsados; según otros, autoexcluidos. Las desavenencias internas crecieron después también por los diferentes puntos de vista sobre las competencias que debían ostentar las diputaciones forales. Al final, Garaikoetxea acabó dimitiendo como lehendakari. A las siguientes elecciones concurrió ya como cabeza de lista de EA, que se presentó como un partido socialdemócrata y bajo el lema “Recuperar la ilusión”. El PNV ganó en votos en las urnas, pero por primera vez —y única hasta ahora— otro partido tuvo más escaños que la formación 'jeltzale'.

El libro 'La escisión del PNV y el origen de EA', escrito por Iñaki Agirregomoskorta y publicado recientemente, recoge testimonios de algunos de los protagonistas de aquel episodio de la historia política vasca. De uno y otro lado, los protagonistas rememoran el contexto que condujo a la escisión y la creación de EA en 1986, así como las consecuencias que aquello tuvo.

Inmaculada Boneta: “Sabíamos que nos esperaban dificultades”

Inmaculada Boneta, que fue parlamentaria, recuerda la escisión como un asunto “duro”. Aunque considera que las discrepancias eran variadas, apunta a las relacionadas con la institucionalización de Euskadi —lo que denomina el “diseño del modelo de país”— como las más relevantes. “Creíamos algunos que necesitábamos un Gobierno fuerte para construir el país que la dictadura había desbaratado”, señala. Las discrepancias se plasmaban tanto en el modelo político como en el de sociedad. Su impresión es que, además, al lehendakari Garaikoetxea se le estaba dando un mal trato.

Y llegó la escisión, con unos que se fueron por un lado a la nueva formación y otros que se quedaron en el PNV. “Los que optamos por EA sabíamos que nos esperaban dificultades. Las siglas son muy importantes y el PNV era muy reconocido; muchos, entre los que optaron por el PNV, estuvieron de acuerdo con nuestros planteamientos, pero se vieron 'impelidos' por la tradición familiar, las necesidades personales o sus aspiraciones políticas que sabían peligraban en un futuro”, asevera.

Juan María Juaristi: “No era otra cosa que lucha por el poder”

Juan María Juaristi, conocido como 'Zeler' y apenas jubilado hace unos meses de la primera línea, fue dirigente del PNV en Gipuzkoa. Esboza el siguiente contexto: “Tras la larga noche del franquismo, en las primeras elecciones democráticas al Congreso de los Diputados en 1977, buena parte de la opinión publicada no creía en las posibilidades del 'viejo Partido', al que reconocían haber mantenido la llama viva de la lucha antifranquista durante cuatro décadas pero que, en los últimos años, había sido superada por la actuación de lo que ahora se autodenomina izquierda soberanista”. El PNV, sin embargo, contó con un fuerte apoyo de la “memoria histórica” y “se tuvo que encargar de poner en marcha todo el entramado institucional de lo que conocemos hoy en día”, sostiene. Con Garaikoetxea al frente, “en un plazo de tiempo muy corto se procedió a construir la arquitectura institucional de Euskadi y prácticamente todo lo que ahora nos parece normal no existía en 1980”.

La unidad del partido se fue resquebrajando, según la tesis de Juaristi, por las discrepancias entre el Gobierno vasco y las Diputaciones. La “excusa para la escisión”, como la llama, fue que los diputados generales de Bizkaia y Álava, José María Makua y Emilio Guevara, “empezaron a intervenir en asuntos que en teoría le correspondían en exclusiva al Gobierno vasco”. “Esto provocó muchísimas horas de debates y discusiones cada vez más duros. Todas estas discusiones y sesudos argumentarios expuestos por las partes enfrentadas no eran otra cosa que lucha por el poder”, argumenta. “En los 129 años de vida del PNV ha habido de todo y una coyuntura como la que se dio entre 1980-1986 no significaba que había que darle preeminencia al Gobierno anulando al partido. Era un movimiento cortoplacista”, dice sobre la escisión.

Con respecto a la salida de la parte navarra, Juaristi es muy tajante: “Fue una tragedia, se actuó con demasiada rigidez aplicando los Estatutos del Partido sin margen para la interpretación”. “Se sacrifica un territorio para mantener los pactos en el resto de territorios y en esa balanza, la expulsión de la ejecutiva fue un desgarro”, añade.

Román Sudupe: “Se han sentido desamparados y frustrados”

Román Sudupe presidió el Euzkadi Buru Batzar, fue viceconsejero de Interior del Gobierno vasco y después diputado general de Gipuzkoa. Sitúa el auge de las “desavenencias” dentro del PNV en el año 1983. Explica que habían confluido en el partido “distintos grupos y tendencias políticas que se formaron en la clandestinidad”. La salida de los representantes navarros la describe con estas palabras: “el máximo órgano del Partido, constituido previamente como Tribunal, decidió considerar como autoexcluida a toda la estructura organizativa del Partido en Nafarroa”. “[...] la Asamblea nacional consideró que toda la estructura organizativa de Nafarroa —que contaba con el apoyo del Lehendakari Garaikoetxea— se había autoexcluido del Partido”, reitera más adelante. Se refiere a esta salida como el “inicio de la escisión” que se consumaría en 1986.

La situación se agravó, prosigue, a raíz de la puesta en marcha de la ley de los territorios históricos. “Si a esa situación política interna, en la que los disidentes incluso llegaron a solicitar (en las elecciones de junio de 1986) no votar al Partido en el que militaba, se añade el convencimiento de que podían relevar electoralmente al PNV, bajo el liderazgo del Lehendakari Garaikoetxea, la escisión era cuestión de escoger el momento oportuno: el adecuado para prepararse para las próximas elecciones al Parlamento Vasco, setiembre de 1986”, sostiene. “La visión y objetivos políticos de los escindidos eran muy distintos a los del partido matriz”, zanja.

Sudupe defiende también que la imagen pública de la que gozaba Garaikoetxea era “inmejorable”. “Estoy convencido de que, posiblemente, personas que con la mejor voluntad optaron por la escisión al considerarla como lo más conveniente para el País, con el tiempo, muchos de ellos se han sentido desamparados y frustrados”, añade.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra J.R., presunto asesino de una mujer de 32 años en Vitoria en el año 2023. La víctima era su pareja y en el momento de los hechos se encontraba embarazada de mellizos. El presunto agresor, que tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra la mujer y contaba con una orden de alejamiento que había sido quebrantada, le asestó 13 cuchilladas delante de su hija de tres años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre sin agua ni comida, a la que encontraron 20 horas más tarde de lo sucedido en el día de las elecciones municipales y forales.

La Fiscalía solicita 45 años de prisión para el acusado: 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicita que indemnice con 500.000 euros a la hija de ambos y con 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad respecto a la niña.

Las acusaciones también solicitan 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones lamentan que como consecuencia del impacto emocional sufrido por aquella traumática experiencia, presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución, puesto que argumenta que cuando la acuchilló el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, con Tribunal del Jurado, se alargará hasta al próximo 15 de mayo y contará con las declaraciones de más de 40 testigos, además de técnicos, agentes y peritos.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando J.R. presuntamente asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari en democracia, ha fallecido este lunes a los 87 años. Se recogen a continuación algunas imágenes que ilustran su trayectoria política, que le llevó a ser lehendakari con el PNV entre 1980 y 1985, si bien luego rompió con esta formación y fundó Eusko Alkartasuna. Entre otros momentos, las fotografías lo muestran reunido con Adolfo Suárez, al mando tras las graves inundaciones de 1983 y con el lehendakari Patxi López en 2011 tras el final del terrorismo de ETA.

Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari en democracia y arquitecto de la Euskadi moderna, ha fallecido este lunes a los 87 años. En junio habría sumado uno más. Nacido en Pamplona, fue presidente del Gobierno vasco entre 1980 y 1985 con el PNV y, posteriormente, rompió con el partido nacionalista y fundó Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en EH Bildu.

“El lehendakari Carlos Garaikoetxea Urriza nos ha dicho adiós. Navarro. Euskaldun y abertzale. Demócrata. Firme defensor de los derechos humanos y de la justicia social. Arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco. Líder en los tiempos más difíciles. Pragmático y soñador. Sensato y valiente. Carismático y hombre de equipo. Y, por encima de todo esto, padre y marido. Gracias por haberle dado lo mejor de tí a tu pueblo. Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos. Un fuerte abrazo a Sagrario, Carlos, Iván y Mikel, y a todos sus familiares y amigos Agur eta ohore, Lehendakari! Gugan bego. Goian bego”, ha escrito el lehendakari actual, Imanol Pradales.

Garaikoetxea era un vasco de Navarra. Nació en plena Guerra Civil, con su ciudad ya conquistada por los franquistas y sin posibilidad de disfrutar del marco estatutario que Euzkadi estrenó unos meses antes, en octubre de 1936. Dice la enciclopedia Auñamendi que nació “en el seno de una familia numerosa, católica, tradicionalista y acomodada”. Era una persona culta y con idiomas, desde luego el euskera y el castellano, pero también el inglés y el francés. Se casó con Sagrario Mina, con la que tuvo tres hijos. Mantenía en Pamplona una oficina como lehendakari -el título es vitalicio- y en 2025 recibió un homenaje como cabeza visible del primer Gobierno tras la aprobación del Estatuto de 1979.

Se convirtió en abogado economista en la Universidad de Deusto en Bilbao y trabajó en la primera Sigma, en Tracsa o en Eaton Ibérica. En 1962, siendo veinteañero, fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio navarra. En el tramo final de la dictadura fue muy activo y se fue politizando carteándose con el ministro de Justicia del PNV en la Guerra Civil, Manuel de Irujo, el gran referente del nacionalismo vasco en Navarra. A nivel orgánico, se convirtió en presidente del partido en Navarra en 1975 y luego saltó a liderar el Euzkadi Buru Batzar en 1977. Fue candidato en las generales constituyentes de 1977 en una coalición con otras fuerzas abertzales y, finalmente, logró escaño en las forales navarras de 1979 con otra confluencia. El PNV logró tres escaños y uno de sus compañeros fue Irujo.

En dos meses ya saltó al Consejo General Vasco, el embrión del actual Gobierno vasco. Tras la aprobación constitucional de 1978, participó en la redacción del Estatuto de Gernika, de 1979, que solamente afectaría a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa aunque ambas leyes de leyes preveían también la posibilidad de que sumara a su Navarra. En abril de 1980, tras unas primeras autonómicas ganadas por el PNV, se convirtió en primer lehendakari en democracia, heredando el título de José Antonio de Aguirre, de Jesús María de Leizaola en el exilio y de Ramón Rubial en el Consejo General Vasco.

La suya fue una etapa genuina de construir el nuevo autogobierno. Fue un verdadero arquitecto de la Euskadi moderna, ya con 's' y no con 'zeta', aunque el PNV ha mantenido hasta hoy esos nombres tradicionales. En una entrevista con este periódico, contaba cómo se gestó que Vitoria fuera la capital como una mezcla de pragmatismo por la existencia de instalaciones idóneas -un palacio como Ajuria Enea como residencia presidencial, un hospital psiquiátrico medio hecho como despachos de los consejeros en Lakua o un antiguo hotel como base policial en Arkaute- y de necesidad de convencer al territorio menos nacionalista de las bondades de la autonomía. “Álava tenía una importancia estratégica. Había que afianzar la presencia de las nuevas instituciones en el territorio que requería mayor atención. La adhesión de su ciudadanía al nuevo proyecto era vital”, explicaba. Se puede leer aquí más sobre esa primera ley del Parlamento Vasco.

Después llegaron la Policía, la Ertzaintza, surgida de los 'hombres de Berrozi' que poco a poco fue relevando a Ertzaintza y Policía Nacional, EiTB, la radiotelevisión pública, y otras transferencias de pilares de lo que hoy es Euskadi logradas en largas conversaciones con Adolfo Suárez. Suárez pasó por Ajuria Enea, algo muy excepcional que solamente ha ocurrido con José Luis Rodríguez Zapatero tras el final de ETA, y con su compañero Patxi López de anfitrión, y con Pedro Sánchez ahora con Pradales. Tomaron sopa de tortuga.

Su primera gran prueba de fuego fueron las inundaciones, con Garaikoetxea como “mando supremo” incluso de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas. El episodio fue recordado como ejemplo de coordinación tras el caos que supuso la gestión de la dana en Valencia a finales de 2024. “Acordé con [Felipe] González que la dirección de todo el dispositivo, tanto de organizaciones estatales como autonómicas, quedara bajo mi mando. Tuve el mando supremo de todo, del Ejército [de los tres], de la Guardia Civil y de la incipiente Policía autónoma”, exponía el lehendakari años después.

Pero la convivencia en el PNV se enrareció. La bicefalia en el partido, que siempre ha generado leyendas sobre la coexistencia del líder político de Sabin Etxea y el referente institucional de Ajuria Enea, terminó con una ruptura muy dolorosa que a punto estuvo de llevar al traste la histórica sigla del PNV, nacida en el siglo XIX como la del PSOE.

Garaikoetxea llegó a denunciar que el partido, su partido, estaba usando aparatos institucionales como la Ertzaintza para espiarle. Llegó a haber un juicio sobre las escuchas al lehendakari. En 1991 todavía coleaba esta crisis. Y luego estaba la ley de territorios históricos, la LTH. En el PNV había dos almas, una más 'centralista' vasca, en temas fiscales y competenciales, liderada por el propio 'Garaiko', como en su entorno le llamaban cariñosamente. Y otra más foralista, con voluntad de preservar el poder territorial.

Con todo en la coctelera, Garaikoetxea dimitió como lehendakari. Fue un asunto trascendental en la historia vasca. El PNV tuvo que tirar de José Antonio Ardanza para salvar los muebles en 1985. Y llegaron las elecciones de 1986. Garaikoetxea montó un partido nuevo, EA, de corte socialdemócrata y menos a la derecha que el PNV. La batalla fue feroz porque se iba a llamar Euzko Abertzaleak y tuvo que ser Eusko Alkartasuna ('solidaridad vasca', en vizcaíno) porque los 'jeltzales' registraron ese nombre que, por cierto, siguen usando como denominación de su grupo en el Parlamento Vasco.

La nueva EA se llevó muchos cuadros del PNV, sobre todo en Gipuzkoa y Navarra, pero también al alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda. En las autonómicas de 1986 -aquí hay algunos datos- el PNV bajó del 39% al 23%. Le salvó Bizkaia. Ganó en votos pero perdió en escaños con el PSE de 'Txiki' Benegas. EA se llevó 180.000 votos y 13 escaños, a solamente cuatro de los nacionalistas. Diferencias por la transferencia de la Seguridad Social, la misma que los Gobiernos central y vasco negocian este 2026, impidieron un acuerdo 'de izquierdas' con socialistas, EE -luego integrada en el PSOE- y el nuevo partido de Garaikoetxea. Ardanza retuvo Ajuria Enea 'in extremis' para el PNV. Y se consolidó como su lehendakari más longevo. Falleció en 2024.

Garaikoetxea mantuvo su escaño en el Parlamento Vasco hasta 2001, aunque tuvo una etapa como europarlamentario también. Recompuestos los puentes, EA volvió a la colaboración con el PNV, también en el pacto de Lizarra o en los tripartitos con Juan José Ibarretxe, ya con nuevos liderazgos. Sin embargo, todo cambió con el fiasco electoral de 2009. EA casi desapareció de la Cámara vasca incluso con la izquierda abertzale tradicional ilegalizada. Era la legislatura de López como lehendakari con apoyo del PP. EA apostó por un 'polo soberanista' que derivó en Bildu (nacida en 2011) con la suma de la marca nueva y legal de la antigua HB, Sortu, y una escisión de IU, la Alternatiba de Oskar Matute. Luego fue Amaiur y desde 2012 se convirtió en EH Bildu.

EA, independentista desde su origen, siempre ha condenado el terrorismo de ETA, incluso sufrió algunos ataques en la carne de sus cargos locales. La coalición Bildu pasó a ser cada vez más un partido al uso. Y ahí surgió una corriente crítica de cargos de EA, encabezados por un ya octogenario pero lúcido Garaikoetxea, que denunciaba el control por parte de Sortu, algunos discursos tibios con la violencia y más participación del ala socialdemócrata. En 2022, Garaikoetxea fue parte activa de un congreso que partió en dos a su EA.

En 2024, participó tanto en los actos de homenaje a Ardanza como en la toma de posesión de Imanol Pradales. Caminaba con dificultad. En 2025, más lúcido, pronunció unas palabras en Ajuria Enea en el homenaje al Gobierno que tomó posesión en 1980. Arrancó titubeante leyendo agradecimientos en euskera y en castellano e incluso bromeando que quedaban pocos de aquella generación “sobreviviendo”. Pero luego optó por improvisar y recuperó su voz más firme, la que encandiló a miles de personas no estrictamente nacionalistas, como le pasaba a Suárez en sus primeros años. Mostró su “certeza inquebrantable” de que Euskadi “afrontará con éxito los complejos retos del mañana” porque es “una nación valiente, creativa, trabajadora y unida” que superó en el pasado “dificultades y momentos muy dolorosos”, en referencia a ETA, las inundaciones de 1983 y tragedias como la explosión en Ortuella, con decenas de fallecidos y que le tocó también gestionar.

Los de 1980 a 1985, según dijo él mismo hace doce meses, fueron años “inolvidables”, aunque de “jornadas interminables”, para sentar las bases de la autonomía vasca. Llegó a verse con Juan Pablo II. Justo al final, quiso cerrar deseando suerte al actual presidente vasco, Pradales. “Ánimo y al toro, Imanol”, concluyó.

El Gobierno vasco ofertará 74.963 plazas de Formación Profesional para el curso 2026-2027, un récord histórico con 7.920 plazas más que el año anterior y, por primera vez, se reservará el 50% de las plazas para mujeres en todas las cuotas de acceso de ciclos para impulsar la igualdad de género.

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, y el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, acompañados de su equipo, han presentado este lunes, en el Centro de FP de Tartanga en Erandio, las novedades de la Formación Profesional para el curso 2026-2027. La oferta alcanza las 74.963 plazas, lo que suponen 7.920 más que el curso anterior, distribuidas en 184 centros de toda Euskadi, en una apuesta que el Gobierno vasco sitúa como “pilar estratégico de la transformación económica y social del país”, según recoge Europa Press.

Pedrosa ha señalado que la Formación Profesional es hoy “una de las palancas más potentes de transformación económica y social de Euskadi” y, en ese sentido, ha destacado que “el 90% de nuestro alumnado encuentra empleo al terminar sus estudios, y eso no es casualidad, es el resultado de una formación conectada con la realidad, con más de 20.000 empresas que forman parte de este proyecto”. La consejera ha añadido que “la FP del futuro tiene que preparar profesionales con talento, con compromiso y con valores, capaces de liderar los cambios tecnológicos que ya están aquí”. “Y tiene que hacerlo sin dejar a nadie atrás, ni a quienes vienen de situaciones más vulnerables, ni a las mujeres que durante demasiado tiempo han quedado fuera de los sectores con más futuro. Esa es nuestra hoja de ruta”, ha manifestado.

Según han detallado en la presentación, la oferta para el próximo curso crece en todas las modalidades formativas. De las 7.920 plazas de nueva creación, 6.035 corresponden a centros de la red pública, lo que representa el 76,20% del incremento total. Por niveles, la 74.963 plazas ofertadas se distribuyen en el nivel de Certificados profesionales (Grado C), 4.740 plazas; Certificados de profesionalidad (equiparados a Grado C), 1.580 plazas; Ciclos de Grado Básico 7.083 plazas; Ciclos de Grado Medio, 24.660 plazas; Ciclos de Grado Superior, 34.725 plazas; Cursos de especialización (Grado E), 1.800 plazas; y Programas de especialización, 375 plazas.

Las familias profesionales con mayor crecimiento de plazas son Servicios Socioculturales y a la Comunidad (con 1.395 más), Fabricación Mecánica (con 1.160 más), Administración y Gestión (con 665 más), Comercio y Marketing (con 590 más) e Instalación y Mantenimiento (con 490 más).

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, ha explicado que “el bienestar de las personas y la productividad del país van de la mano”. Por eso, ha dicho, quieren que la FP “sea el camino más directo para conseguirlo y trabajamos para que la ciudadanía de Euskadi tenga acceso a proyectos de vida sustentados en un empleo de calidad, con una formación altamente cualificada y alineada con los sectores estratégicos de nuestra economía”. Para lograrlo, ha explicado, “escuchamos a las empresas, identificamos dónde hacen falta profesionales y ampliamos la oferta formativa para dar respuesta a las necesidades reales de las organizaciones, de las personas, de la sociedad. La FP en Euskadi está en continua transformación”.

50% para mujeres

El 50% de las plazas de Formación Profesional en Euskadi se reservará para mujeres a partir del próximo curso. Es la novedad más significativa del curso 2026-2027 y supone un cambio estructural en el sistema de adjudicación. Esta reserva se aplica una vez descontadas las plazas previas destinadas a alumnado repetidor, a personas con discapacidad igual o superior al 33%, a quienes tienen necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y a deportistas de alto nivel.

Sobre esta cuestión, Pedrosa ha señalado que “las mujeres lideran las matrículas en Sanidad o Servicios Socioculturales, pero apenas están presentes en Fabricación Mecánica, Electricidad-Electrónica o Instalación y Mantenimiento, sectores con mayor demanda laboral y mejores salarios”.

“Es un desequilibrio histórico que no podemos seguir ignorando. No podemos permitirnos desperdiciar ese talento. Queremos que una chica que quiera ser electricista o mecánica tenga exactamente las mismas posibilidades que un chico. Eso es lo que la FP de Euskadi va a garantizar con esta medida”, ha resaltado. Esta disposición aplica a los Grados D (ciclos formativos de grado básico, medio y superior) y a los Grados E (cursos de especialización), tanto en modalidad presencial como virtual semipresencial.

La Formación Profesional en Euskadi mantiene una tasa de inserción laboral del 90% entre quienes finalizan sus estudios, una cifra que, según los responsables de Educación, “evidencia la sintonía entre la formación impartida y las necesidades del tejido productivo”. Más de 20.000 empresas colaboran con FP, garantizando que el 100% del alumnado complete su formación en contacto directo con el entorno laboral.

Por familias, destacan Energía y Agua (98,08%) e Instalación y Mantenimiento (95,01%), seguidas de Actividades Físicas y Deportivas (92,42%), Fabricación Mecánica (91,89%), Informática y Comunicaciones (90,86%) y Sanidad (90,15%). El promedio del conjunto de las 23 familias profesionales se sitúa en el 89,60%.

El curso 2026-2027 incorpora, por primera vez, dos dobles grados: uno de Grado Superior, que combina los títulos de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración, en el CIFP de Hostelería de Galdakao, y otro de Grado Medio, que une Instalaciones Eléctricas y Automáticas e Instalaciones de Telecomunicaciones, en el CIFP Iurreta. Ambos tienen una duración de tres cursos y permiten obtener los dos títulos con todos sus módulos acreditados.

Se amplían también los itinerarios integrados de cuatro cursos (dos de Grado Básico y dos de Grado Medio), que permiten al alumnado obtener primero el título de la ESO y el de Técnico Básico, y después el de Técnico o Técnica de Grado Medio, todo en el mismo centro. Asimismo, se consolida el sistema de pasarelas entre Formación Profesional y Universidad. Actualmente, 75 ciclos de Grado Superior y 5 cursos de especialización ofrecen reconocimiento de créditos en 59 grados universitarios, entre 6 y 66 créditos, en función de la afinidad entre la formación cursada y el grado universitario elegido.

Por su parte, la oferta semipresencial a través de BirtLH (Centro Integrado de FP de Aprendizajes Virtuales y Digitalizados) se amplía a 20 ciclos para este curso, con el mismo plazo de preinscripción. El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto este lunes y finaliza el 22 de mayo. Las solicitudes pueden presentarse de tres formas: online a través de ikasgunea.euskadi.eus, de forma presencial en los propios centros de FP, o mediante Zuzenean. El Departamento de Educación recomienda indicar al menos diez opciones en orden de preferencia para maximizar las posibilidades de obtener plaza.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto sanciones que rondan los 900.000 euros en total a 31 compañías de autobuses por su “boicot” a las licitaciones de transporte escolar para los colegios públicos en el curso 2023/2024. Después de una investigación que ha implicado un sumario de unas 16.000 páginas y una resolución de 163, a la que ha tenido acceso este periódico, este organismo concluye que estas empresas pergeñaron una “forma de coacción” al Departamento de Educación para “obligar” a la Administración a “cambiar las condiciones de la prestación del servicio”, lo que se tradujo en una subida del 6% para el siguiente año, el 2024/2025. Otras 28 empresas o asociaciones que estaban siendo igualmente investigadas han quedado exoneradas.

La investigación, que ha sido realizada por los instructores Guillermo Aranzabe y Zorione Garitano, constata de entrada que desde el curso 2019/2020 el servicio en la red pública -que aglutina al 50% del alumnado, aproximadamente- se ha prestado “por medio de adjudicaciones directas”, es decir, con selección 'a dedo' de las compañías y con precios sin concurrencia a través de un concurso. Se menciona, como causas de esto, que en 2021 se presentaron 14 recursos, que 11 fueron estimados y que Educación acabó renunciando al concurso o que, en 2022, las alegaciones en bloque de las empresas volvieron a tumbar la licitación.

En 2023, el momento de inicio de la investigación, la licitación no fue cancelada y la respuesta a los recursos empezó a avisar de “mala fe” por parte de las compañías. Sin embargo, lo que sucedió es que hubo una “baja participación” en el concurso, particularmente en Álava y en Bizkaia. Hay que tener en cuenta es un proceso que ha de cubrir a 219 centros y 18.719 alumnos, por lo que las contrataciones se dividen en una miríada de pequeñas rutas o lotes. El Gobierno llegó a amagar con enviar el asunto a la Fiscalía ante las sospechas de que había una acción concertada detrás.

En Álava solamente se presentaron ocho empresas, siete de ellas de fuera y únicamente una de las habituales locales. Solamente se cubriría el 10% del servicio con esas ofertas. Más crítica aún era la situación en la provincia con más población, Bizkaia, donde no hubo ni una sola oferta válidas, de modo que el 100% de las rutas estaban en el aire. En Gipuzkoa hubo una participación mayor, que alcanzaba el 38% de la demanda. Se estima que fue una “coacción ejercida colectivamente” para “condicionar al poder adjudicador” en una licitación cuyo precio estimado total para dos años con otros dos de prórroga rozaba los 100 millones de euros. Se apunta a la existencia de pruebas, como un correo recibido por el propio Bildarratz en el que se aludía textualmente a que “desde alguna asociación empresarial estaban barajando dejar desierta la licitación”.

Aquel arranque del curso 2023/2024 fue verdaderamente caótico. En los primeros días no hubo autobuses porque muchas empresas boicotearon, igualmente, una “orden forzosa” del consejero Bildarratz para prorrogar las adjudicaciones directas de años anteriores y que hubiera autobuses, según expone competencia. Solamente volvió la normalidad el 18 de septiembre, cuando había una garantía de subida de los precios que cobraban. En marzo de 2024 se confirmó una mejora del 6%. El Ejecutivo tuvo que arbitrar ayudas económicas extraordinarias para compensar desplazamientos en coche o en otros medios.

El asunto tuvo tal repercusión que se llegó a volver en contra de Bildarratz, porque contrató como asesor jurídico externo a Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas y muy cercano a su partido, el PNV. Concurría la doble circunstancia de que era también consejero de una empresa de autobuses (Urpa, no sancionada en esta trama) y que el responsable de los servicios jurídicos de Educación, Eneko Goenaga, ahora en Musikene, fue colega suyo en Cuatrecasas.

La resolución de Competencia, que desestima las alegaciones de las empresas aludidas, considera “muy grave” la práctica colusoria detectada. Es una de las sanciones más fuertes de las impuestas hasta ahora por este organismo. Precisamente uno de sus grandes casos fue la desactivación del cártel que boicoteaba durante años la otra gran contrata de la enseñanza pública, la de los comedores, que llegó a motivar una comisión de investigación en el Parlamento Vasco. Firman la resolución Ainara Herce como presidenta, los vocales Tontxu Rodríguez y Jorge Aranguren y la secretaria de la AVC, Noemí Angulo.

Competencia, en todo caso, no ha impuesto la más dura de las multas posibles a las empresas implicadas. La norma facultaba a multarles con cantidades de hasta el triple de lo establecido, ya que se permite una horquilla de hasta el 10% del volumen de negocio en el año anterior a la condena, es decir, 2025. La media fijada es del 3%, con algunos casos con porcentajes del entorno del 3,5% como es el supuesto de la empresa más afectada, Autobuses Cuadra, la única con participación en las irregularidades en los tres territorios, según Competencia. La suya es la más alta de las multas, de casi 180.000 euros. En la tabla se pueden ver todas las multas y también las empresas exoneradas.

Y eso que el quebranto económico para las arcas públicas es mayor que un 3%. Según las conclusiones de la resolución, cuando hay concurso la Administración ahorra por término medio un 8% con respecto al precio de salida y, cuando no, tiene que pagar un 3% más, pero un 6% cuando las intervinientes son las empresas ahora multadas.

El organismo de control ha decidido también no establecer a estas empresas la prohibición de volver a contratar en la Administración, otra posibilidad legal en estos supuestos graves. Argumenta Competencia que ello entraría “en conflicto” con la “eficaz” prestación del servicio porque las compañías implicadas son decenas y apenas habría mercado en Euskadi para poder atender las rutas. La investigación ha motivado la apertura de hasta seis piezas sepadas por motivos de “confidencialidad”. La resolución no es firme porque puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

El Gobierno vasco ha destinado más de 348 millones de euros a mantener a flote el Bilbao Exhibition Center (BEC) desde 2001, cuando se empezaron a hacer aportaciones de forma previa a su inauguración tres años después. En una comunicación remitida al Parlamento Vasco a petición del parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad detalla las aportaciones realizadas, que impresionan en la suma. De ellas, la mayor parte, más de 326 millones de euros, se corresponden con ampliaciones de capital que el Gobierno vasco suscribe a partes iguales cada año junto a la Diputación de Bizkaia. Eso significa que esa cifra millonaria hay que multiplicarla por dos para dar cuenta del dinero institucional destinado al BEC mediante estas ampliaciones.

En total, el Gobierno vasco y la diputación foral de Bizkaia, los socios de referencia del BEC, y que asumen su financiación, ya que poseen el 49,98% del capital cada uno, han aportado entre los dos entre 2004, fecha de la inauguración hasta este 2026, más de 647 millones de euros para la financiación de la deuda, los intereses y también paliar las pérdidas del BEC. El resto de los socios, con participaciones testimoniales en el capital, Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo (0,01% y 0,02%, respectivamente) y Cámara de Comercio de Bilbao (0,01%) no suscriben las ampliaciones. Esta cantidad seguirá engordando, de momento hasta 2031, año en que se superarán los 800 millones de euros de aportación pública para financiar su deuda y paliar las pérdidas que acumula cada año.

Dentro de las aportaciones del Gobierno vasco, la documentación enviada al Parlamento incluye, además de suscribir las ampliaciones de capital, cuatro subvenciones directas para financiar el BEC por importe total de 1,17 millones, realizadas entre 2009 y 2016. La última, en 2016, fue por valor de 150.000 euros. En 2011 se subvencionó con 392.418 euros, un año antes con 282.120,72 euros, y en 2009 la subvención ascendió a 350.346,56 euros. El resto de las aportaciones suman 20,47 millones y se corresponden con pagos del Gobierno al BEC por patrocinios, alquileres del espacio para participación en ferias y otros eventos, aunque la cifra será mucho menor porque en la respuesta parlamentaria solo se detallan el pago de eventos relacionados con el departamento que dirige Mikel Jauregi y no con el resto de áreas del Gobierno.

Desde 2024 el Gobierno vasco suscribe ampliaciones de capital de casi 16 millones de euros por año, -la misma cantidad que aporta la Diputación foral-, para hacer frente una deuda que supera los 200 millones de euros y esa cantidad se mantendrá fija al menos hasta 2031. Durante los años 2021 a 2023, el importe de las ampliaciones suscritas por parte del Gobierno vasco se redujo a 5,25 millones dos años y y 5,8 uno (10,5 y 11 millones, respectivamente fueron las ampliaciones sumando la Diputación) gracias a una moratoria con la banca para pagar durante esos años sólo los intereses del préstamo, no la parte principal, pero una vez finalizada dicha moratoria, se ha vuelto a las cantidades habituales en el conjunto de estos años: entre los 12 y los 18 millones de aportación por parte del Ejecutivo cada año para contribuir a paliar la bola de la deuda, que se deriva, sobre todo, del elevado coste de la construcción del imponente edificio que se levanta en los terrenos de Ansio, y que fue necesario financiar: más de 251.055 metros cuadrados y con seis pabellones para la exposición, cuyo coste superó los 500 millones.

La devolución de esos préstamos sigue lastrando los resultados año tras año. En total, desde 2021 el Gobierno vasco ha suscrito 31 ampliaciones de capital, junto con la institución foral, para hacer frente a la deuda y también a las pérdidas que se repiten cada año. Porque pese al positivo impacto en la economía de Bizkaia y de Euskadi en general de la actividad de la feria, las cuentas del BEC siguen en rojo desde su inauguración: El año 2025 perdió 17, 94 millones de euros; en 2024, 14,85 millones; 19,5 millones en 2023; 15,1 en 2022; 19,4 en 2021, 21 millones en 2020... y así sucesivamente. Todos los años en rojo a lo largo de su historia, aunque no se han vuelto a repetir los 40 millones en pérdidas que se registraron en 2013. Este año también se esperan pérdidas: 12,4 millones son los resultados en negativo presupuestados, menos que en 2025 gracias al impacto de la Bienal de Máquina-Herramienta, que se ha celebrado este año -tiene lugar los años pares- y que es la más importante de cuantas acoge el BEC.

Por otra parte, desde el Ejecutivo vasco se han destinado un total de 20,47 millones de euros al BEC en pago de alquileres de espacios para participación en ferias, patrocinios, diferentes o exámenes, aunque la respuesta hace referencia a los gastos relacionados con el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Es decir, figuran por ejemplo, los gastos del examen de cazador, pero no otros correspondientes a OPE de Sanidad o Educación. Lo mismo en lo que se refiere a las ferias o eventos: se incluyen pagos para alquiler espacio para el Observatorio de Coyuntura Industrial, o a Congresos como Futureport o Eurofishig. Además, se incluyen actividades de patrocinio, y de promoción internacional de la feria.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado un recurso de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, contra una resolución de 2021 de la exconsejera Arantxa Tapia, de 2021, en la que decretaba el “carácter significativo de los daños medioambientales” de la catástrofe de febrero de 2020, en la que cayeron 800.000 toneladas de residuos ladera abajo y quedaron sepultados dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. La declaración, además de ser muy simbólica por los términos de sus conclusiones, comportaba una serie de obligaciones que la compañía, ahora liquidada, quería evitar.

El pleito, uno más de la miríada de procesos judiciales abiertos en torno a Zaldibar, se ha resuelto con una sentencia fechada a 31 de marzo y notificada en abril que ha dictado una sala compuesta por los magistrados Luis Garrido, Juan Carlos da Silva e Irene Rodríguez. El recurso fue interpuesto por parte de Verter Recycling en el verano de 2021 en el Tribunal de Instancia de Bilbao y hasta 2023 no se determinó que la competencia para analizarlo era del Superior, que tuvo el 17 de febrero la votación y fallo que ha derivado en esta sentencia.

La resolución impugnada en cuestión fue firmada por Tapia el 20 de enero de 2021, casi un año después del suceso. Después vino otra del 9 de abril de ese mismo año, en la que se aprobaba el “proyecto de reparación” de las instalaciones, una inversión millonaria que tuvo que adelantar la Administración por las graves consecuencias ambientales para el entorno de Eitzaga, un lugar ubicado en Bizkaia pero muy cerca de la muga con Gipuzkoa.

La sentencia establece que el hecho de que la Administración considerase como “significativo” el impacto ambiental es un concepto “central” de la legislación ambiental cuando hay “cambios adversos en el ámbito natural (especies, hábitats, aguas, suelo, ...) con especial relevancia por su magnitud, duración o irreversibilidad” y ello “requiere medidas de prevención, reparación o compensación”. Y abunda que se hizo de forma “objetiva” siguiendo unas guías del Ministerio de Transición Ecológica.

Someramente, se menciona que “los niveles máximos” de variados indicadores se superaron en “múltiples” ocasiones como consecuencia del alud de residuos y que ello se deduce de informes de organismos “plenamente reconocidos”. La sala menciona, por ejemplo, excesos de mercurio, de amonio, de DB05, de DQ0 o de arsénico.

La empresa alegó que en la tramitación del expediente se omitieron procedimientos exigidos por la ley, lo que le causó indefensión, así como que se encargaron informes y luego se le reclamaron los costes “sin haber tenido acceso ni posibilidad de pronunciarse sobre ellos”. Asimismo, Verter Recycling sostiene que “existen responsables del incidente ajenos” a esa empresa. De hecho, culpa abiertamente a Geyser HPC, que redactó el proyecto de construcción. Pocas horas antes del desplome, técnicos de esa consultora y de Verter Recycling tuvieron noticia de la existencia de deslizamientos y riesgos.

El Superior, en cambio, desestima los argumentos de la empresa. En el proceso han estado personados la Diputación de Bizkaia -a través de Interbiak, titular de la autopista afectada- y el Ayuntamiento de Zaldibar, que secundaban también las tesis del Gobierno vasco. Sin embargo, la aseguradora Allianz sí apoyó a Verter Recycling. La sentencia, en todo caso, no es firme y cabe acudir al Tribunal Supremo. El plazo se agotará en breve.

Este proceso ha sido paralelo a las investigaciones penales sobre Zaldibar. Han sido tres. La primera se cerró con un acuerdo por el cual los gestores del vertedero, encabezados por José Antonio Barinaga, se declararon culpables de un homicidio imprudente e indemnizaron a las familias de Beltrán y Sololuze. La segunda, aún pendiente de conclusión, revisa precisamente los posibles delitos ambientales. La tercera, más reciente, guarda relación con posibles delitos urbanísticos en la ampliación de la planta. En la actualidad se ha conocido que sigue habiendo afección ambiental por lo sucedido hace ya más de seis años.

En Euskadi hay instaladas ya 25 máquinas de 'vending' muy particulares en 18 localidades. Ofrecen alimentos sobrantes para evitar el desperdicio. El proyecto, detrás del que está Rexcatering, comenzó a gestarse en 2014. Sus fundadores, Álvaro Saiz Ruiz, Ainhoa Crespo Gadea y Juan Marcos de Miquel Sagnier, tomaron la idea mientras trabajaban en un banco de alimentos en Aldakonea y detectaron el volumen de desperdicio generado en las cocinas.

Saiz explica a este periódico que tardaron siete años en materializar el proyecto. Fueron “pioneros” en estructurar una iniciativa de este tipo, lo que implicó un largo proceso de investigación y búsqueda de financiación. La primera máquina expendedora se inauguró en 2021 en Azpeitia, en colaboración con el colegio Iraurgi Ikastetxea. Actualmente, en Euskadi, Rexcatering cuenta con 25 máquinas distribuidas en 18 municipios. Según la entidad, se ofrecen alrededor de 1.000 raciones diarias, que desaparecen en una media de tres horas y media. El proyecto se ha expandido a otras comunidades como Navarra y Catalunya, e incluso también al principado de Andorra. En total, dispone de al menos 30 máquinas, con una media de 40.000 raciones mensuales.

Con un objetivo medioambiental en mente, según publicitan desde Rexcatering, ofrecen una alternativa para evitar el desperdicio de alimentos en grandes servicios de restauración como caterings, comedores escolares, hospitales y geriátricos. A través de máquinas expendedoras, estas entidades distribuyen gratuitamente excedentes aprovechables de sus menús a cualquier persona interesada. al modo que ya se hace en otras aplicaciones o servicios como 'Too good to go'.

El proceso requiere cumplir estrictamente la normativa sobre alimentos aprovechables. La comida no servida y en buen estado se envasa, etiqueta y se introduce en las máquinas, explica Saiz. Algunas de estas se ubican dentro de centros educativos, mientras que otras, compartidas por varias entidades, se instalan en espacios públicos como ayuntamientos.

En el caso de los comedores escolares, el personal de cocina se encarga del envasado, considerado el paso más delicado. Posteriormente, los alumnos participan en el etiquetado, incorporando información sobre ingredientes, alérgenos y fecha de cocción. Finalmente, son ellos mismos quienes trasladan los alimentos a las máquinas en bolsas específicas que garantizan su conservación.

Saiz subraya que el sistema también tiene un objetivo educativo. Los estudiantes utilizan una aplicación móvil, basada en un software de la Generalitat catalana, que les permite no solo etiquetar, sino también analizar datos y reflexionar sobre el desperdicio alimentario. De este modo, conceptos como el consumo de agua, combustible o el cálculo de porcentajes se integran en su aprendizaje a partir de las raciones gestionadas por Rexcatering.

Además de su dimensión educativa, el proyecto cumple una función social, defienden sus promotores. Al ofrecer alimentos en buen estado de forma gratuita, contribuye a “ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, Saiz aclara que no han querido limitar el acceso a este colectivo, ya que “no hay nada más excluyente que hacer cosas para los excluidos”, apostando así por un modelo más inclusivo y digno. Una ley de 2025 establece como prioridad el aprovechamiento de excedentes aptos para el consumo humano y fomenta su redistribución mediante acuerdos entre entidades, lo que encaja directamente con este modelo.