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El Gobierno vasco se lanza a la compra de pisos a la banca: adquiere 57 viviendas a Kutxabak para el alquiler

El consejero Denis Itxaso en un acto del Gobierno vasco.

Belén Ferreras

Bilbao —

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El Gobierno vasco se lanza a la compra de pisos a la banca. El departamento de Vivienda comprará 57 viviendas al banco vasco Kutxabank para destinarlas a incrementar el parque de viviendas de alquiler. No es la primera vez que el departamento de Vivienda y Agenda Urbana compra viviendas para incrementar la reducida oferta de alquileres, con lo que incide en la estrategia de intentar intervenir en un mercado, que está muy tensionado, con precios cada vez más elevados y poca oferta. En concreto, es la tercera ocasión que compra viviendas esta legislatura con lo que se han añadido 223 viviendas para Alokabide, y la segunda vez que lo hace en una operación en la que está implicado un banco.

Vivienda destinará 5,7 millones de euros a la compra de estas 57 viviendas de Kutxabank , que se encuentran dispersas en 26 municipios de Euskadi: 10 en Bizkaia, 25 en Álava y 22 en Gipuzkoa. Lo que permitirá “ampliar la presencia del parque público también fuera de los principales núcleos urbanos”, según destacan fuentes del departamento. De hecho, en Álava estas viviendas están mayoritariamente en pequeños municipios, y en Bizkaia y Gipuzkoa las viviendas se encuentran en su mayoría en localidades situadas fuera de las áreas metropolitanas de las capitales. “La operación contribuye así a extender el parque público de vivienda más allá de los grandes núcleos urbanos y a reforzar su presencia en el conjunto del territorio”, destacan.

La estrategia de comprar viviendas para destinarlas al alquiler es una vía que el departamento está utilizando para ganar rapidez a la hora de ampliar la oferta. Una forma de complementar con la vivienda ya existente la construcción de vivienda nueva vivienda protegida, que el caso de Euskadi tiene que destinarse al alquiler. “Es una fórmula de acercarnos a la vivienda que ya está construida y adquirirla allí donde exista una oportunidad para incorporarla al parque público”.

En ese contexto, recuerdan que en esta legislatura se han comprado 148 viviendas en Arrasate-Mondragón, que se adquirieron por derecho de tanteo y retracto y que eran propiedad de la Obra Social La Caixa, por 5,7 millones de euros. La segunda operación fue la adquisición de 18 viviendas en Errenteria. En ese caso se compraron a un promotor privado, la empresa Jauregizar con una inversión de 2,9 millones de euros. A estas se añaden ahora las 57 de Kutxabank, con lo que se han sumado 223 viviendas para Alokabide.

Precisamente para en parte para financiar la operación de compra de estas 57 viviendas de Kutxabank el Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves, en su primera reunión tras el verano una ampliación de crédito de 51 millones de euros para el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, el grueso de este crédito se usará para garantizar la cobertura de la Prestación Económica de Vivienda (PEV), y para avanzar en la ampliación del parque público mediante la adquisición de vivienda a Visesa. En concreto a estas dos cuestiones se destinarán 20 y 26 millones, respectivamente.

Urduliz y Sopela, nuevas zonas tensionadas

La compra de vivienda se une a las declaraciones de zonas tensionadas, que van sumando municipios. n total suman ya 20 municipios, tras la aprobación por el departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco de las declaraciones de los municipios de Sopela y Urduliz. Ambos tendrá que esperar a aplicar los topes de alquileres a que se incluyan en el registro estatal de municipios tensionados y se publique esta inscripción en el BOE.

Ambos ayuntamientos solicitaron el 8 de enero y el 9 de febrero, respectivamente, que se emitiera orden del Ejecutivo de Euskadi en la que se declararan estos municipios como zona tensionada. La declaración supone la aplicación de las medidas previstas por la legislación vigente para favorecer un mercado del alquiler más accesible en los supuestos y condiciones establecidos por la normativa estatal. La vigencia inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga si persisten las circunstancias que la han motivado.

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