Una percebeira que trabajaba en la extracción del crustáceo entre el Castro de Baroña y el Farito, en Porto do Son (A Coruña), ha fallecido en la mañana de este martes por un golpe de mar. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 10,00 horas de este martes. En este momento, pescadores que se encontraban por la zona consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto más próximo para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido.

Muchos de los recursos activados para su rescate fueron, finalmente, anulados, ya que nada podía hacerse para salvarle la vida. Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, ha pedido ayudas directas al sector para paliar el incremento de los costes de producción en la actividad tras la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio.

Nates ha explicado a EFE que desde que comenzó la costera de la anchoa, la primera gran cita del Cantábrico para los barcos de cerco, el combustible ha sufrido “un incremento de más del 50 por ciento” y eso es “insostenible” para los pescadores, que “no han dejado de salir a faenar, porque tienen que ganarse la vida”.

“La subida de precios que tienen nuestros barcos no podemos pasarlo a las subastas”, ha afirmado Nates, quien lamenta que sean los armadores los que asuman esa diferencia.

Por ello, ha urgido que se pongan sobre la mesa ayudas directas al sector tal, y como ocurrió cuando, en febrero de 2022, comenzó la guerra en Ucrania, que también desencadenó una escalada en los costes de producción.

El representante de los pescadores cántabros ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el conflicto bélico se “enquiste” y se alargue hasta junio con el comienzo de la campaña del bonito, periodo en el que más combustible se consume dado el desplazamiento que precisan los barcos para navegar por el Cantábrico.

Respecto a la costera de la anchoa, que comenzó el pasado 3 de marzo, Nates ha detallado que ya se roza el 10% de las capturas permitidas para la flota española, que asciende a un total de 30.485 toneladas.

Mariscadores de la ría de Noia (A Coruña) han retirado casi 30 toneladas de marisco muerto, principalmente almeja y berberecho, en las dos jornadas de trabajo de este mes de marzo. Este miércoles se han llevado doce toneladas de bivalvos víctimas de los temporales del invierno.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la agrupación de marisqueo a pie en Noia, Quico Pérez, explica que en estos trabajos han participado entre 50-60 personas, especialmente en la entrada de la zona de O Cuncheiro.

Recuerda que el pasado 4 de marzo ya retiraron otras 17 toneladas que se suman a las de este miércoles. Tienen previsto continuar trabajos en próximos días. “Queda mucha concha tanto en la orilla, en zona de pleamar como en la entrada, pero ahí igual podemos meter la maquinaria”, afirma. Observarán en las mareas vivas dentro de 15 días si hay exceso de conchas para volver a retirarlas.

Los mariscadores de Noia tenían previsto abrir en marzo la campaña, pero con “las lluvias de enero y febrero se hicieron los muestreos y murió el 90% del berberecho, el 60% de almeja japónica y el 95% de babosa”. Así, que dan por “imposible” trabajar en marzo y abril.

Explica que actualmente son cerca de 400 mariscadores a pie en Noia y “están esperando que la Consellería les dé el cierre por fuerza mayor” para poder pedir el cese de actividad. Así, tienen pensado “regresar en octubre si se puede”. “No soy muy optimista”, concluye.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado en el Senado que la Xunta de Galicia no haya remitido al Gobierno los datos necesarios sobre la huella pesquera, en el marco de la evaluación del impacto de la eólica marina flotante en el sector.

Planas ha respondido así a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva –recogida por Europa Press– quien ha cuestionado qué estudios maneja el Ministerio sobre la afectación de la eólica marina al sector pesquero gallego y a los ecosistemas marinos, y ha reclamado que no se convoquen subastas sin informes “rigurosos e independientes”.

Durante su intervención, el ministro ha defendido que para el Ejecutivo la protección del sector pesquero es “absolutamente clave”, al tiempo que ha subrayado que también es necesario avanzar en el desarrollo de las energías renovables.

Compatibilidad, planificación y diálogo

En este sentido, ha explicado que la actuación del Gobierno se rige por tres principios: “compatibilidad, planificación y diálogo”. Según ha indicado, se están realizando estudios junto al Ministerio para la Transición Ecológica para determinar la posible compatibilidad entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está recopilando datos sobre la huella pesquera y sobre la localización de los buques de más de 15 metros, y ha avanzado que progresivamente se incorporarán los de menor eslora.

En este contexto, Planas ha destacado que varias comunidades autónomas ya han remitido información al respecto, pero ha subrayado que la Xunta no lo ha hecho. “Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que nos han enviado ya los datos. Galicia no nos lo ha enviado, pero este es un elemento que yo creo que sinceramente es muy importante”, ha afirmado.

Por último, el titular de Pesca ha defendido que el principio de prudencia es aplicable, aunque ha insistido en que se debe avanzar “sobre una base racional” y desde el diálogo con el sector pesquero y las plataformas de protección de los ecosistemas marinos.

Las acumulaciones de conchas de bivalvos que aparecían en las playas con los movimientos de las mareas ya lo hacían prever, pero ha sido el respiro que están dando los temporales en los últimos días en Galicia el que ha permitido comprobar que las muertes de marisco en las rías gallegas han sido masivas. La causa inmediata es el cambio en el medio provocado por la ingente cantidad de agua dulce llegada a las rías: la bajada de la salinidad mata a estos animales marinos. Pero para la fotografía completa hay que tener en cuenta otros factores que se arrastran en los últimos años. La mortalidad se nota en las zonas de marisqueo de berberecho, almeja o navaja a pie ubicadas alrededor de las desembocaduras de los ríos y también en las bateas, esas plataformas de madera situadas dentro de las rías en las que los productores se están encontrando estos días los mejillones muertos a profundidades de dos metros.

La bióloga Liliana Solís, que se ocupa de la asistencia técnica para la Confraría de Noia (A Coruña), señala que “todo el mundo sabe lo que está pasando” y es que ha llegado una gran cantidad de agua dulce a los bancos marisqueros. La salinidad se ha acercado a cero durante semanas e incluso las especies que resisten mejor han sucumbido. Los primeros muestreos que ha hecho con la mejora del tiempo de los últimos días muestran una mortalidad del 89% en el berberecho, del 66% en la almeja japónica, del 96% en la almeja babosa -“dos vivas entre unas cincuenta”- y del 31% en la almeja fina en los bancos en los que ella trabaja, en la ría de Muros e Noia.

Ricardo Herbón, presidente de la Organización de Productores do Mexillón de Galicia (Opmega), cuenta que los bateeiros empezaron a salir con los barcos cuando el tiempo lo permitió para comprobar que, bajo las estructuras de madera, habían muerto buena parte de los mejillones. Están todavía en el proceso de calcular cuántas son las pérdidas económicas en una campaña en la que ya habían tenido que afrontar un cierre por la presencia de toxina. Pese a todo, si no hubiese sido por esta cantidad de agua dulce que alcanzó el interior de las rías, asegura que esperaban una temporada buena para los trabajadores que viven de las alrededor de 2.000 bateas que hay en la ría de Arousa.

El hallazgo de marisco muerto se repite en otros puntos y quienes trabajan directamente en los bancos marisqueros o en las bateas señalan que esta va a ser una campaña pésima -la Consellería do Mar teme que sea peor que la de 2023, cuando se registró un gran bajón productivo-, pero el problema se ve acrecentado por lo que ocurre desde hace años en las rías gallegas. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) habla de una crisis no resuelta en la que impactan la contaminación, la presión de proyectos industriales y la falta de alimento, que asocia a que se reducen los afloramientos -un fenómeno que implica que, con los vientos del nordés (noreste), el agua superficial de las rías se ve desplazada hacia fuera y aflora la que está debajo, más fría y cargada de nutrientes-. En Arousa, una de las principales zonas de cría en todo el mundo, la PDRA calcula que las pérdidas económicas alcanzan los 59 millones de euros en los últimos cinco años.

Liliana Solís expone que se está dando una situación “bastante anómala” que ha visto ya más de una vez en los últimos años: hay marisco, pero buena parte no crece, se queda por debajo de la talla comercial. Relata que en agosto del año pasado vieron en los muestreos que había mucha cría, pero que no había crecido con respecto a mayo. Pasó ya en 2023 y lo relaciona con la falta de fitoplancton, su alimento. La bióloga considera que sería necesario investigar más en profundidad los motivos, que relaciona con los afloramientos, pero sobre los que señala que pueden estar operando mecanismos más complejos.

Explica que, en agosto de 2025, desde un enfoque productivo y económico, el estado se podía considerar bueno por la cantidad de ejemplares, pero no por el tamaño. Después de la campaña de Navidad, cuenta, la previsión era retomar la actividad extractiva el 2 de marzo. Lo que se ha hecho, en cambio, es pedir un cierre por causa mayor ante la evidencia de que la mayor parte de los bivalvos han muerto por el agua dulce que han traído los sucesivos temporales de enero y febrero.

Un sector en crisis en los últimos años

La experta resalta que en el estero del Tambre, en el que trabaja, los bancos son especialmente sensibles a los cambios en el agua que trae el río. La perspectiva ahora es que la Xunta apruebe alguna prestación social para paliar la falta de ingresos de quienes viven de mariscar. Por los tiempos que necesitan los diferentes tipos de almejas y los berberechos, dice que en los últimos años algunas poblaciones no son capaces de remontar de un episodio negativo a otro. Es el caso de la almeja babosa, muy valorada, pero que está en regresión en toda Galicia. Esta y la fina están “en estado crítico” en la ría de Muros e Noia, enfatiza. Desde 2023 está habiendo una producción “muy por debajo” de ningún otro periodo en los 20 años que esta bióloga lleva analizando la zona.

En la desembocadura del Tambre están habituados a los efectos de la llegada de agua dulce en grandes cantidades: a los temporales se suma una presa río arriba, gestionada por Naturgy, sobre la que las quejas de los mariscadores son recurrentes. Denuncian que las compuertas se abren sin tener en cuenta el impacto ni en las mariscadoras ni en los bancos productores río abajo. Solís critica que el embalse no tiene declaración de impacto ambiental, un trámite que ya habría obligado a considerar lo que pasa en la desembocadura cuando se dejan salir grandes cantidades de agua.

La PDRA, que presentó hace unas semanas sus cálculos de las pérdidas económicas en el marisqueo en la ría de Arousa, apunta a la inacción de la Xunta, pese a que los problemas son conocidos. Ilustra la crisis del sector con los datos del desplome de la producción registrados por la propia Consellería do Mar. Compara la producción del bienio 2024-2025 con la media de los cuatro lustros anteriores, desde 2004, para indicar que la almeja babosa cayó un 91%; la fina, un 93%; la rubia, un 68%; y la japónica -la más abundante-, un 27%. En el berberecho el descenso es del 92%.

La plataforma considera que el Gobierno gallego no solo no toma medidas para reducir las presiones y la contaminación de las aguas, sino que apuesta por iniciativas que van en sentido opuesto: verter los lodos del dragado del Lérez en el entorno de Sálvora, la reactivación de la mina de Touro - O Pino o el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, cuyo archivo se acaba de anunciar. “Es urgente un plan de regeneración de los bancos marisqueros y un plan de saneamiento integral de la ría y de los ríos, ambos con una fuerte dotación económica”, reclama. De lo contrario, avisa, el Gobierno gallego estará “facilitando las condiciones para que no sea viable el marisqueo”.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha limitado en los últimos días a manifestar que es necesario tener los datos de los muestreos para conocer cuánto marisco ha muerto en los bancos y decidir qué medidas tomar. En cuanto al impacto de los desembalses, en una comparecencia reciente señaló que se rigen por un plan de explotación que no depende del departamento que ella dirige.

La costera, que es como se denomina a la temporada de pesca del bocarte -del que se elabora la anchoa- empezará el próximo lunes, 2 de marzo, y los pescadores cántabros esperan una “buena” pesquería este 2026, aunque todavía desconocen la cuota concreta asignada a esta región.

La campaña se abrirá a las 00 horas del 2 de marzo y se prolongará hasta el 30 de noviembre. El objetivo de la flota es agotar el TAC (Total Admisible de Capturas) que se asigne, al igual que el año pasado. En toda España se ha incrementado, hasta las 30.485 toneladas, frente a las 28.611 de 2025, lo que supone un 7,8 por ciento más.

En total, 30 barcos de la región saldrán a faenar con el objetivo de sacar el “máximo rendimiento” al bocarte en la campaña de este ejercicio, según ha indicado a Europa Press el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates.

“Sorpresa” por la apertura

Tras la reunión de este viernes 27 de febrero con la Secretaría General de Pesca, ha señalado que han recibido “con sorpresa” la noticia de la apertura de la pesquería, dado que esperaban que la campaña se iba a retrasar, al igual que sucedió el año pasado.

En el momento en el que el presidente de los pescadores cántabros hacía declaraciones a esta agencia ha recibido el borrador de la resolución, que podrá recibir alegaciones hasta las 18.00 horas de este viernes, y que responde al nuevo modelo de gestión para abrir la campaña pesquera.

Nates ha indicado que la comunidad autónoma desconoce por ahora la cuota concreta asignada, cuya cifra se determinará en una nueva resolución. No obstante, ha apuntado que “ya no importa tanto los kilos (que se pueden pescar) como sacar el máximo rendimiento”.

Al respecto, ha indicado que es una “incógnita” si serán capaces de subir el precio medio de la anchoa, cuyo stock goza de “muy buena salud”.

El BOR ha publicado la Orden de Pesca que fija los periodos hábiles de pesca, las normas y requisitos relacionados con esta práctica en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante 2026. Para la presente temporada, la pesca de la trucha arrancará el 29 de marzo y se prolongará hasta el 30 de agosto, con la excepción de las zonas de montaña donde se abrirá la campaña el 5 de abril. Los cierres se producirán en los ríos Tirón y Oja entre los meses de junio y julio y, en las aguas de montaña, a finales de julio.

La mayoría de acotados permanecerán abiertos en agosto, aunque únicamente en la modalidad de sin muerte, y el Coto de Viguera alargará su campaña hasta finales del mes de octubre, una medida ya establecida hace cuatro años y que mantiene, junto con los cotos intensivos, la oferta de pesca cuando ya las aguas trucheras entran en descanso.

En los embalses de Mansilla, Gonzalez Lacasa y Enciso, que cuentan con una consideración especial, la temporada se fija entre el 8 marzo y el 30 septiembre, con todos los días de la semana como hábiles de pesca tradicional o pesca sin muerte.

Como es habitual, los cotos intensivos tienen su propia regulación y ofrecen a los pescadores la posibilidad de practicar la pesca de trucha casi todo el año, siempre que las condiciones de los tramos fluviales sean las adecuadas para ello. Actualmente, están abiertos y en funcionamiento normal, el embalse de El Villar en Tricio, el río Tirón en Anguciana, así como el embalse de La Grajera en Logroño, recién abierto el pasado domingo; el Coto Intensivo de Arnedo abrirá cuando los caudales lo permitan. Todos ellos ofertan la pesca de trucha arco iris, además de otras especies presentes en El Villar y en La Grajera.

Los criterios técnicos aconsejan la rotación de vedados, lo que supone el cierre de varios arroyos. En esta temporada, será los de Gatón, Tobía, Roñas y Bajo Urbión, además de los tramos del Tirón entre Herramélluri y Ochánduri y entre Cuzcurrita y Tirgo. Sin embargo, se reabren el Alto Urbión, Ormazal y Portilla, aunque manteniendo las limitaciones habituales de tallas y periodos hábiles.

Las aguas de ciprínidos, balsas de riego en el valle aisladas de cauces permanentes, y los ríos Ebro, Alhama y tramos muy bajos del Leza y Cidacos tienen posibilidad de pesca todos los días del año. 

Debido a las labores de vaciado que han sido necesarias para reponer las válvulas de seguridad de la presa, esta temporada se establece la veda en el Coto del Perdiguero de Calahorra.

En las últimas campañas, algunos tramos medios y bajos de los ríos Najerilla e Iregua arrastran datos poblacionales negativos, lo que supone la toma de medidas de recuperación, aunque la mayoría de tramos altos, e incluso muchos tramos medios, ofrecen buenas poblaciones, lo que propiciará un correcto aprovechamiento sin problemas. En este sentido, las sueltas de trucha común de Brieva mitigan la situación en estos tramos bajos, pero la escasez de reclutamiento anual aconseja ir reduciendo la extracción de ejemplares en los mismos, medida muy sencilla de tomar en cotos, pero complicada en los tramos libres.

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje está trabajando en un nuevo marco normativo que permitirá crear escenarios libres de pesca regulada y facilitará un ajuste más certero de la presión en cada tramo de río. No obstante, el pasado 2025 ya se tomaron una serie de medidas para reducir la presión en tramos bajos, medidas que se mantienen inalteradas en la presente campaña:

La Universidad de Oviedo, a través del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), lidera el proyecto Esparde, una investigación que analizará cómo las medidas de protección del medio marino y la planificación del espacio marítimo están afectando a la pesca artesanal en el Cantábrico.

El estudio se centrará en el desplazamiento de las flotas de pequeña escala —embarcaciones con puerto base en Asturias, Galicia y Cantabria— y en las consecuencias sociales, económicas y ambientales que genera la reubicación de su actividad. El objetivo es comprender mejor el impacto territorial de las restricciones en los caladeros y aportar herramientas que permitan compatibilizar la conservación de los ecosistemas marinos con la viabilidad del sector pesquero tradicional.

El proyecto, cuyo nombre completo es Efectos del Desplazamiento Espacial de Flotas Pesqueras Artesanales y Costeras Derivados de la Conservación y la Planificación del Medio Marino, se enmarca en el Programa Pleamar 2025 y cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

Una de las claves de la investigación será medir qué ocurre cuando las embarcaciones deben abandonar sus zonas habituales de pesca. El equipo analizará no solo las pérdidas económicas en los puertos de origen, sino también los posibles efectos en las áreas receptoras, donde puede aumentar la presión sobre los recursos marinos y sobre otras flotas.

Impactos indirectos

Para ello, Esparde desarrollará metodologías interdisciplinarias que combinan técnicas econométricas, datos de alta precisión sobre la actividad espacial de las flotas y modelos capaces de predecir los efectos de su reubicación en distintos escenarios. El proyecto también evaluará los impactos indirectos de las medidas de conservación, que, aunque buscan proteger hábitats y ecosistemas marinos, pueden generar tensiones en el tejido socioeconómico de las comunidades costeras dependientes de la pesca artesanal.

La investigación se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, reforzando la cooperación científica para aportar conocimiento útil a la gestión del espacio marítimo.

El objetivo final es ofrecer herramientas que permitan diseñar políticas de conservación más equilibradas, capaces de proteger el medio marino sin comprometer la sostenibilidad económica y social de la pesca de pequeña escala, un sector clave para la identidad y la economía de muchas localidades del litoral cantábrico.

En contra del criterio científico, ninguna comunidad autónoma tolera que se detenga la pesca de angulas para intentar salvar a la especie de la extinción. La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incluir a la anguila (Anguilla anguilla) como “en peligro” dentro del Listado de protección especial ha sido rechazada este martes.

Las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se mostraron contrarias a la propuesta del Gobierno, según fuentes de la reunión. Galicia se ha atribuido la vanguardia del rechazo. “Hemos frenado” la declaración como especie en peligro, ha expresado la delegación de la Xunta.

Catalunya, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha, el País Vasco y Andalucía –donde ya está prohibida su explotación– han condicionado su posición a la información adicional que debe salir de un grupo de trabajo específico que va a organizarse.

La medida tenía el aval del Comité Científico del Ejecutivo expresado en un dictamen de 2020 y otro de 2023 donde se apunta a la sobrepesca de alevines (las angulas) como una de las causas del declive de las poblaciones. También está respaldada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) que considera a la anguila europea en “peligro crítico” y del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES en inglés) que, en noviembre pasado, recomendó que, si se aplica un criterio de precaución, “no debería haber capturas en 2026” tanto comercial como recreativa.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha reflexionado que “lo hemos intentado tres veces, pero somos un ministerio resiliente. Seguiremos intentándolo las veces que sean posibles anclándonos en el rigor y el conocimiento científico”.

El Seprona de la Guardia Civil de Vigo han inmovilizado 186 toneladas de pescado congelado tras realizar una inspección en un establecimiento de frío de Marín (Pontevedra) dedicado a almacenaje y distribución, tras constatar que las fechas de consumo preferente estaban superadas, pese a lo cual seguían almacenadas junto a otros alimentos. Según han apuntado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, “es habitual que este tipo de empresas mantengan en las cámaras frigoríficas las mercancías cuya fecha de consumo preferente ha sido sobrepasada, sin que se haya realizado el procedimiento establecido para prorrogar la vida útil de los productos y reducir el desperdicio de alimentos”. De este modo, han explicado las mismas fuentes, las empresas llevan a cabo dicha prórroga “de manera fraudulenta y poniendo a disposición del consumidor alimentos sin garantías sanitarias adecuadas”.

En otras ocasiones se han llegado a detectar alimentos que habían sufrido roturas de la cadena de frío durante su almacenaje o transporte (como podría ser el caso de sufrir un accidente) y que se pretendía poner a disposición del consumidor sin garantías sanitarias. La normativa establece que un alimento cuya fecha ha sido sobrepasada pasa a ser un residuo SANDACH. En ocasiones se da la circunstancia de que el fabricante del producto estipula una fecha de vida útil y por parte de empresas intermediarias se decide mediante la aportación de estudios 'ad hoc' alargar la vida del producto ocultándole al consumidor la fecha de congelación real. De esta forma se han llegado a detectar productos con fechas de consumo preferente establecida inicialmente en el año 2011.

La Guardia Civil ha advertido de que “le corresponde al operador fabricante del producto establecer la fecha de consumo preferente, con base en la valoración que ellos mismos realizan del producto y que les permite garantizar que los mismos llegan al consumidor, no solo seguros, sino con la calidad necesaria”. Por ello, son los fabricantes los que, de acuerdo con la información que tienen del producto que comercializan y la garantía sanitaria, pueden realizar una reevaluación y ver la posibilidad de que las fechas de consumo preferente puedan extenderse por un plazo adicional que consideren adecuado, garantizando su calidad y unas características organolépticas adecuadas.

Por este motivo, ante el hallazgo frecuente de este tipo de productos y con la finalidad de que puedan ser reintroducidos de forma fraudulenta en el mercado, por parte del Seprona se procede a la inmovilización cautelar de la mercancía dando cuenta al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta de Galicia quienes verifican que se proceda a la correcta gestión del producto como residuo SANDACH.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo y al patrón de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes en el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el magistrado envía a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al patrón del barco, Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

En su resolución, el magistrado hace un relato de la travesía del barco y de su hundimiento y señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento del buque. Entre los mismos, cita la sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del patrón de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

Además, el juez apunta que el Padín dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde, lo que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa. “Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”, afirma.

También indica como otro factor determinante el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos designados para embarcar en las balsas salvavidas y que era inaccesible en el momento en el que se ordenó el abandono, lo que obligó a los tripulantes a utilizar otras vías.

El magistrado apunta a la falta de familiarización de la tripulación con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías. En este sentido, recuerda que el Villa de Pitanxo no estaba autorizado para navegar en zonas de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia. De los 21 fallecidos, según el auto, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el patrón, fueron rescatados con vida del interior de una de las balsas salvavidas.

El instructor menciona en su resolución que los trajes de inmersión tampoco habían sido revisados conforme a la normativa, por lo que es probable que los mismos no estuvieran en perfectas condiciones. El auto también hace referencia a que las condiciones físicas de los tripulantes no eran las mejores, ya que el patrón había informado telefónicamente de que al menos ocho de ellos estaban contagiados por COVID-19.

El órgano judicial da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El informe de la Fiscalía

Esta decisión del magistrado llega días después de que la Fiscalía presentase su informe final acerca del hundimiento. En el documento, el Ministerio público apuntó hacia la responsabilidad del patrón del buque, Juan Padín, y de los responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín.

En concreto, la Fiscalía subrayó que estos tenían “facultades de decisión, ejecución y control” y permitieron que se desempeñase el trabajo “en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque”. Todo esto “desembocó en el fatal desenlace”, apunta. Razona que el barco estaba “sobrecargado con tanques de combustible instalados sin autorización legal” y que esto redujo significativamente la probabilidad de supervivencia.

El texto sostiene que el patrón incumplió las obligaciones que le eran propias en varias ocasiones y no tomó medidas precautorias ante la posibilidad de una virada en condiciones meteorológicas muy adversas. Considera también que no valoró adecuadamente la situación en la última fase de la maniobra. También señala a los armadores por incumplimiento de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores al no configurar adecuadamente las vías de evacuación del barco y al no cumplir con la exigencia de existencia de una escalera de estribor, tal y como estaba prevista en el plano de salvamento del buque.

Los pescadores cántabros podrán capturar este año 1.652 toneladas de verdel, de las que 860 corresponden a la flota de cerco (31 barcos) y las 792 restantes a los de otras artes (anzuelo y buques pequeños, que suman 73).

Se trata de una cantidad “escasa” e “insuficiente”, según el sector, que hace una “mala” valoración de la cuota asignada a la comunidad y que es provisional, toda vez que no hay acuerdo definitivo en torno a esta pesquería, que se afronta por tanto con “incertidumbre”. A esa sensación, la flota añade también el “miedo” derivado de esa falta de consenso y que podría desembocar en una sobrepesca y el posible “colapso” de esta costera.

Lo ha valorado y advertido así en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, quien ha explicado que pese a la falta de acuerdo entre España y los demás estados ribereños europeos, se han asignado unas cuotas “de partida” porque la costera del verdel (o caballa) “está encima”.

De hecho, está abierta desde enero para la flota de cerco y arrastre, mientras que los barcos de otras artes solicitaron poder pescar esta especie en diciembre, para empezar así “cuanto antes”, y se mantienen ahora a la espera de que se firme y publique la correspondiente resolución de autorización.

En total, se han establecido 9.475 toneladas para pescar verdel (o caballa) en nuestro país, cuota que el Ministerio de Pesca ha repartido entre las diferentes artes y buques en el Cantábrico y Noroeste.

La misma se ha calculado con el total admisible de capturas (TAC) existente y el recorte del 70 por ciento previsto, y que suponen algo más de 6.500 toneladas, a las que se han sumado las no utilizadas en 2025, año que en palabras de Nates fue “un fracaso” y se consumieron “muy pocas” toneladas.

Con todo, el portavoz de los pescadores cántabros ha hecho una “mala” valoración del reparto y la cuota, al considerarla “escasa” y sumar a la misma la “incertidumbre y miedo” del sector en torno a la pesquería del verdel.

¿Comerías oso pardo estofado? Es lo que se pregunta el portavoz de Convocatoria por Asturies, socio de gobierno del PSOE en el gobierno asturiano, tras la negativa del PSOE a vedar la pesca de la angula en Asturias, una especie que, según los expertos, está en peligro de desaparición. Xabel Vegas ha abierto una nueva guerra contra su socio en el gobierno y ha cargado duramente y con retranca en las redes sociales, preguntando a sus seguidores si comerían otras especies en peligro de extinción en Asturias, como el oso pardo cantábrico o el urogallo.

Dice Vegas en su cuenta de X que no debería consumirse angula en Asturias: “¿Comerías un estofado de oso pardo? ¿Qué pensarías si vieses que la carta de un restaurante incluye urogallo asado? Pues, por eso mismo, no debería consumirse este plato destinado a pijos que tienen en sus cuentas corrientes lo que les falta en sus neuronas”.

La polémica se ha desatado tras el comunicado del Gobierno de Asturias en el que se posiciona en contra de la veda de la pesca de la angula y asegura que ya aplica medidas de gestión y sostenibilidad en la pesca de esta especie, según el Principado estas medidas son suficientes.

Entretanto, colectivos ecologistas asturianos han reiterado su solicitud de veda urgente de la angula en los ríos de Asturias, advirtiendo que la especie “va camino de desaparecer” y reclamando un “paro biológico” similar al que se aplica a la anguila, actualmente vedada, ante la continua disminución de ejemplares.

La Coordinadora Ecologista de Asturias subraya que la pesca profesional de angula debería detenerse “sin más demora”, y ha planteado también medidas complementarias para mejorar el estado ambiental de los ríos, eliminar vertidos y barreras que impiden la migración de las angulas hasta sus zonas de desarrollo.

Datos que no cuadran

El PSOE explica que Según los datos manejados por la Consejería, las capturas de angula se mantienen estables desde hace dos décadas, sin indicios de deterioro del recurso, lo que avala la eficacia del modelo de gestión asturiano. A ello se suma el trabajo desarrollado junto a la Comisión Europea y la Secretaría General de Pesca para reducir progresivamente la flota y avanzar hacia una normativa aún más restrictiva en la campaña 2026/2027, con mayores controles, menor esfuerzo pesquero y una mejora de la trazabilidad y el seguimiento digital de la actividad. Pero estos datos no les cuadran a los expertos, que aseguran que la especie está al borde de la desaparición.

El Gobierno asturiano va más allá y considera además incoherente que un país adopte de manera unilateral la prohibición de la captura de esta especie mientras otros Estados limítrofes, como Francia o Portugal —con volúmenes de capturas superiores—, no aplican medidas similares. Por ello, reclama que una decisión de este alcance se analice y acuerde en el marco de la Unión Europea, mientras que su socio de gobierno no da crédito y pide la veda.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha rechazado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila (Anguilla anguilla) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El Ejecutivo autonómico defiende que Asturias aplica desde hace años una de las regulaciones más estrictas y avanzadas de la Unión Europea en esta pesquería, con resultados contrastados en términos de conservación.

Gracias a esta política, el Principado ha reducido de forma drástica el esfuerzo pesquero, ha limitado el número de licencias, acortado las campañas, prohibido la pesca recreativa y establecido una veda total sobre la anguila amarilla y plateada, medidas que cumplen con los objetivos comunitarios de protección de la especie.

Capturas estables en dos décadas

Según los datos manejados por la Consejería, las capturas de angula se mantienen estables desde hace dos décadas, sin indicios de deterioro del recurso, lo que avala la eficacia del modelo de gestión asturiano. A ello se suma el trabajo desarrollado junto a la Comisión Europea y la Secretaría General de Pesca para reducir progresivamente la flota y avanzar hacia una normativa aún más restrictiva en la campaña 2026/2027, con mayores controles, menor esfuerzo pesquero y una mejora de la trazabilidad y el seguimiento digital de la actividad.

El Gobierno asturiano considera además incoherente que un país adopte de manera unilateral la prohibición de la captura de esta especie mientras otros Estados limítrofes, como Francia o Portugal —con volúmenes de capturas superiores—, no aplican medidas similares. Por ello, reclama que una decisión de este alcance se analice y acuerde en el marco de la Unión Europea.

La pesca de la angula en Asturias, subraya el Ejecutivo, constituye un modelo de sostenibilidad, control y cumplimiento normativo, por lo que no existe fundamento técnico ni biológico para su inclusión en el Lespre en lo que afecta al territorio asturiano. Por el contrario, advierte de que una prohibición total podría desmantelar una actividad tradicional plenamente regulada y favorecer el incremento del furtivismo, que sí representa una amenaza real para la especie.

Asturias insiste en que seguirá defendiendo una gestión responsable basada en la ciencia, la normativa europea y la colaboración institucional. “Proteger la especie es esencial —señala el Gobierno—, pero hacerlo bien implica actuar donde existen riesgos reales, no donde ya hay un sistema ejemplar de control y gestión”.

El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAU), Mikel Ortiz Abalia, ha afirmado que la veda de pesca en el golfo de Bizkaia es “un golpe” que vuelve a “hostigar” a los pescadores que faenan en la zona. Además, ha acusado a la Comisión Europea de estar “obsesionada” por preservar el medioambiente y “olvidarse del económico y social”.

Ortiz se ha manifestado de esta forma en referencia a la veda temporal de pesca en el golfo de Bizkaia para reducir la mortalidad de delfines, que se inicia este jueves y se prolongará hasta el 20 de febrero. Esta medida afectará a los barcos de más de ocho metros de eslora, unos 300, que deberán permanecer en puerto durante ese periodo.

En declaraciones a Europa Press, Ortiz ha afirmado que estas medidas tienen “sin duda alguna”, un impacto económico “pero también social”. “Vamos a dejar de aportar pescado a las familias, que van a poder consumir menos pescado, porque habrá menos pescado en pescadería y seguramente más caro”, ha dicho.

El gerente de OPPAU ha reclamado “un balance equilibrado de las medidas” de la Comisión y ha asegurado que “el impacto social a nivel de soberanía alimentaria lo que preserva es garantizar un suministro de alimentos para todos los europeos”. Por contra, cree que, con las medidas, “lo que se hace es dificultar ese objetivo de seguridad y soberanía alimentaria” para “no depender tanto del extranjero y poder alimentar de una manera saludable a las familias europeas”.

Tras asegurar que las medidas están afectando a 29 trabajadores en el mar, ha añadido que hay “otros tantos trabajadores en tierra que siguen la cadena alimentaria de distribución y comercialización de la merluza”. “Para nosotros esta medida es una vez más un golpe, porque ya venimos de iniciativas que nos restringen y nos hostigan constantemente”, ha lamentado.

Mikel Ortiz ha advertido de que la decisión de la Comisión “dificulta la actividad” y es “otra piedra en el camino para poder aportar todo el pescado que necesitan nuestros los clientes y los hogares en este país”, además de “un duro golpe económico y social para los trabajadores”.

“Erre que erre”

Según ha precisado, la medida “viene a suponer unos 125.000 kilos de merluza que se dejarán de capturar” y, por tanto, “de vender y comercializar a todas las pescaderías y tiendas de este país”. A ello, se suman los efectos económicos para las empresas y trabajadores. “A largo plazo, lo que vemos es que la Comisión de Bruselas sigue 'erre que erre' con su obsesión medioambiental”, ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que los trabajadores del sector están “de acuerdo en proteger el medioambiente” y son “los primeros interesados en que siga habiendo ecosistema y pesca para que generaciones futuras puedan seguir pescando”. “Pero lo que reclamamos es que se establezca el reglamento pesquero de una vez por todas, porque establece tres objetivos, que son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental”, ha aclarado.

A su juicio, la Comisión de Europea “se está centrando únicamente en preservar el objetivo medioambiental y se está olvidando del objetivo económico y objetivo social”. “No olvidemos que Europa ya depende en un 70% del pescado de importación, y con estas medidas lo único que se consigue es castigar a la flota de aquí, castigar el pescado capturado por nuestros pescadores y beneficiar a las flotas de terceros países que no cumplen con ninguno de los controles e inspecciones a los cuales nosotros estamos sometidos a diario”, ha denunciado.

Tras reiterar que “no es normal que sigan beneficiando a las flotas del extranjero y castigando a la flota de aquí”, ha reclamado “no se centren únicamente en los objetivos medioambientales” y que “de nuevo establezcan cuáles son los impactos económicos y sociales, que son los dos objetivos que tiene la política pesquera económica”.

Ha vuelto a instar a que Bruselas “no se olvide que hay trabajadores por detrás, que hay pescadores, que hay una cadena de comercialización” que son “fuente primaria productora de alimentos saludables”. “El pescado es una fuente de proteínas saludables llena de vitaminas, minerales y que es fuente de alimentación y de salud para el consumidor de aquí”, ha concluido.

La Guardia Civil de Asturias ha sorprendido a dos pescadores furtivos cuando realizaban la práctica de marisqueo sin disponer de licencia y les ha incautado más de ocho kilos de percebes, oricios y llámparas en Ribadesella.

Los agentes de la Zona/Comandancia de Asturias levantaron acta de la incautación y han propuesto a ambos para una sanción.

Una inspección

Los hechos ocurrieron ayer, martes, cuando la patrulla en servicio de seguridad ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella observó a dos personas cuando se encontraban en el Pedral de Tereñes (Ribadesella) que realizaban marisqueo a pie.

Los agentes localizaron un vehículo en la zona y esperaron la llegada de los pescadores para proceder a su identificación. Los dos son vecinos del concejo riosellano, según han indicado desde la Comandancia.

Ocho kilos de marisco ilegal

Tras inspeccionar el coche, la patrulla incautó más de un kilo de percebes, más de seis kilos de oricios y medio kilo de llámparas.

Los oricios y las llámparas fueron devueltos al mar y los percebes entregados a la residencia de la tercera edad San José de la Montaña de Ribadesella.

El conductor del vehículo carecía de permiso de conducir, por lo que también se instruyeron diligencias por parte del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella.

La Asociación de Anguleros de Euskadi (Euskadiko Angulero Elkartea) ha decidido recurrir a los tribunales para intentar revertir la suspensión de la campaña de pesca de la angula decretada por el Gobierno vasco, ante la situación crítica de la especie. “Nos vemos obligados a tener que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos”, aseguran.

Los anguleros presentaron este pasado lunes día 20 un recurso con petición de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la resolución 4629 de 20 de octubre de 2025 de la directora de Pesca y Acuicultura, que depende de la consejera Amaia Barredo. En ella, se suspende temporalmente la campaña de pesca de la angula para el periodo 2025-2026.

Lo consideran una “actitud despótica y dictatorial” del departamento que dirige Amaia Barredo. Los anguleros piden al tribunal medidas cautelares para que, mientras se decide judicialmente el asunto, se les permita pescar hasta que finalice la campaña oficial, en el mes de marzo. “Nos vemos obligados a tener que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos, en contra de quien debería de velar por ellos, motivado por la actitud despótica y dictatorial mantenida por su consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siendo incapaces de dar una solución al problema”, señala el presidente de la asociación, Iñaki Bedoya.

Según señala, “mientras que para otros sectores de la pesca con peores informes y acompañados de reducciones en los cupos de pesca se están buscando soluciones, como es su obligación, antes incluso del comienzo de la campaña” a los anguleros se les suspende de forma directa. “¿Por qué a nosotros no se nos trata igual?”, se pregunta Bedoya.

Asegura que están “indignados por el trato discriminatorio” que aparentemente les viene dispensando el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue, y la propia Barredo, “quien en su comparecencia ante el Parlamento Vasco en diciembre pasado puso en duda la profesionalidad de los pescadores de angulas”. “Para finalizar, y muy a nuestro pesar, una vez puesta en marcha la vía judicial, retomaremos la política en todos los foros donde se nos ha puesto en duda nuestra profesionalidad”, señalan desde la asociación.

El Gobierno vasco anunció la suspensión de la campaña de la angula el pasado mes de octubre ante la “crítica situación de la especie”. La decisión de suspender la campaña 2025/2026, que arrancaba -el 1 de noviembre- en la resolución del Ararteko, que instaba al Gobierno a revisar la normativa por la que se permitía la pesca, y en dos informes que constatan la especie no se está recuperado. Los anguleros ya criticaron en ese momento las “formas” del Gobierno vasco porque no se les había comunicado la decisión de la suspensión de forma previa.

En el mes de diciembre, el Gobierno se reunió con los anguleros para intentar reconducir la situación. Entonces ya se estaban presentando recursos administrativos contra la resolución, aunque el Ejecutivo confiaban en que no se judicializara la cuestión, algo que ha terminado por ocurrir. En una comparecencia en el Parlamento vasco, Leadro Azkue, viceconsejero de Pesca y Acuicultura del Gobierno vasco, justificaba la suspensión de la campaña en que los datos sobre la situación de la especie son “demoledores” y que por lo tanto, no ha quedado otra alternativa que suspender la pesca. Señalaba que la biomasa de angula en Euskadi se encuentra en “un 9% de lo que debería ser la biomasa prístina”; es decir, la biomasa de anguilas que vive en hábitats vírgenes o poco alterados por la actividad humana. Además, recordaba que en la primera temporada de pesca de angula de carácter profesional, se capturaron sólo 198 kilos, pese a que el tope fijado por el Gobierno era de 554 kilos, lo que según ha recordado Azkue, viene a mostrar que “igual no hay tanta angula como se creía”.

También puso en cuestión la profesionalización del sector,  minimizado el impacto del cierre de la pesquería que hasta el año pasado era recreativa. De entrada señaló que el 42% de las licencias están en poder de personas jubiladas: “No parece que haya que mantener la pesca profesional de una especie en extinción cuando el 42% de las licencias las ha solicitado jubilados”, dijo. Además, indicó que el 95% de las licencias las tienen personas que se dedican a otra cosa y “después por la noche pescan”. Sólo cuatro embarcaciones “tienen como modo de vida la pesca”, señalo Azkue, que indicó que las capturas de menos de 200 kilos de la pasada campaña supusieron una facturación global de 100.000 euros. “Ese es nuestro sector profesional de la angula”, dijo, para pedir una “reflexión” sobre “el impacto socioeconómico que esta actividad tiene”. Unas alusiones a la baja profesionalización del sector que tampoco gustó a los anguleros.

Hay que recordar que la pesca de angulas en Euskadi era recreativa hasta 2024, cuando se profesionalizó después de que la Comisión Europea decidiera prohibir la pesca recreativa y redujera la cuota de la pesca profesional para proteger la especie. Los anguleros se aferran ahora a que en otros países europeos, e incluso en otras comunidades autónomas del Estado, la pesca no se ha prohibido esta campaña, como se ha hecho en Euskadi.

La flota pesquera asturiana permanece amarrada y las lonjas cerradas este lunes en señal de protesta contra el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, vigente desde el 10 de enero. El sector considera que las medidas impuestas son “un sinsentido”, difíciles de cumplir y que ponen en riesgo la seguridad de las tripulaciones. De los 254 barcos de la región, solo un arrastrero ha salido a faenar.

La medida de protesta, que se extiende a todo el litoral español, responde principalmente a la obligación de pesar todo el pescado antes de llegar a puerto, una exigencia que los pescadores asturianos consideran impracticable en embarcaciones de pequeño tamaño. “No somos oficinistas, trabajamos en cubierta y en el puente, y estas oscilaciones hacen imposible cumplir con la norma”, explicó Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, a Efe.

Contra la seguridad de los pescadores

Otra de las medidas que genera preocupación es la obligación de notificar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación tras faenar. García alertó sobre los riesgos que esto supone: “Estos barcos de doce o trece metros están cerca de la costa y pueden tocar una piedra. Las entradas a algunos puertos dependen de la marea, que se puede perder en esas cuatro horas, y todo eso va contra la seguridad de los pescadores”.

La protesta incluye también una concentración de las cofradías frente a la sede de la Secretaría General de Pesca, donde a las 16:00 horas se celebrará una reunión con la responsable del departamento, María Isabel Artime García. El sector espera que la reunión sirva para buscar soluciones sensatas y adaptadas a la realidad de las flotas españolas de menor tamaño.

“No entendemos las medidas”

“Esto no es un capricho”, subrayó García. “No tenemos nada que esconder; la trazabilidad del pescado, una vez llegado a puerto, es cien por cien fiable. Por eso no entendemos estas medidas, que parecen pensadas para flotas muy diferentes a las nuestras”.

El paro de la flota y el cierre de las lonjas reflejan el malestar creciente de un sector que, además de garantizar la alimentación de miles de familias, reclama normas que respeten la seguridad y la viabilidad de sus trabajadores en un entorno cada vez más regulado por la Unión Europea.

La Consejería de Pesca de Cantabria ha trasladado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el “malestar” expresado por la flota pesquera cántabra tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las nuevas disposiciones que modifican el reglamento de control a nivel europeo.

En concreto, la consejera María Jesús Susinos ha hecho llegar al Ministerio la preocupación del sector por dos de las nuevas obligaciones recogidas en esta normativa: la comunicación de la entrada a puerto con una antelación de hasta cuatro horas y la obligación de declarar desde el kilo cero todas las especies capturadas.

Desde el Gobierno de Cantabria se respalda la posición de la flota pesquera y se comparten las modificaciones propuestas por el propio sector, al considerar que la aplicación actual del reglamento puede tener consecuencias negativas no solo para los pescadores, sino también para el conjunto de la cadena productiva, incluyendo al sector comprador de pescado fresco y a la industria conservera.

Asimismo, según ha informado el Gobierno, la Consejería advierte de que estas nuevas exigencias suponen un incremento de la burocracia, generan “inseguridad operativa” y conllevan un aumento de los costes, especialmente en lo relativo al consumo de gasoil, al obligar a los buques a permanecer inactivos durante varias horas con el motor en funcionamiento antes de su entrada a puerto.

Susinos confía en que las reuniones previstas en los próximos días a nivel estatal permitan alcanzar un resultado “menos restrictivo” que el actualmente en vigor, atendiendo a la “realidad” del sector pesquero y que garantice “un equilibrio entre el control de la actividad y la viabilidad económica de la flota”.

Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria quiere dejar constancia pública de su apoyo al sector pesquero cántabro y de su compromiso de seguir defendiendo sus intereses ante las administraciones competentes.

“Claro que tenemos barcos pescando en aguas de Groenlandia... ¿dónde no los tenemos?”. El tono de Javier Touza oscila entre el orgullo y la resignación. El presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) no dispone de los datos exactos cuando atiende la llamada de elDiario.es, pero confirma que, ahora mismo son “cuatro o cinco” los que faenan en esa zona, dedicándose principalmente en la captura de un camarón que luego se distribuye a toda Europa. Tras la guerra entre Rusia e Ucrania, la “inestabilidad” en Groenlandia supone para él “otra piedra en el camino” de la zona NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) frente a “lo tranquila que fue siempre”.

Esa calma política en el rico Atlántico Noroeste contrastaba con los problemas que la flota viguesa encontraba en muchos otros puntos del planeta: Somalia, golfo de Guinea, Malvinas... Y todo debido a una coexistencia que Touza considera “curiosísima”: “Donde hay pescado hay petróleo, diamantes, fosfatos... Llámese Marruecos, Namibia, Argentina, donde hay pescado hay energía”.

ARVI cuenta con 166 barcos pertenecientes a las 128 empresas asociadas en un enclave, el de Vigo, por el que pasan cada año más de 800 mil toneladas de pescado llegado desde “los principales caladeros del mundo”, como reivindica una asociación clave en un sector que da empleo a 32.000 personas en la ciudad y su área de influencia. Los que faenan en aguas de Groenlandia lo hacen cumpliendo el acuerdo entre el gobierno de la isla, la mayor del mundo, y la Unión Europea. Firmado por primera vez en 2021, y centrado en especies como el bacalao o la gallineta nórdica —aparte del propio camarón— su prolongación actual llegará hasta 2030 si los vaivenes políticos no lo impiden. No es la única relación con la ciudad olívica: los astilleros vigueses han construido en los últimos años modernos pesqueros de 80 metros de eslora o cargueros de última generación para el abastecimiento de los 56.000 habitantes de zona sur de la isla.

En ella, un gobierno con “cada vez más autonomía” dentro de su pertenencia al reino de Dinamarca, “había decretado que no se explotasen ni el petróleo ni el gas para no colaborar con el efecto invernadero”. Una situación que cambiaría si Donald Trump se hiciese con Groenlandia “por lo civil o por lo militar”, es decir, con una compra o una anexión. “Yo no lo veo”, asegura el presidente de ARVI. “Sería el fin de la OTAN y supondría una reconfiguración total de la relación entre Estados Unidos y Europa”. Si eso sucediese, el ansia por explotar los recursos de la isla tendría consecuencias directas sobre la pesca. “Nuestra actividad es incompatible con la búsqueda de minerales y gas en aguas profundas”, prospecciones que “usan ultrasonidos y eso expulsa al pescado”. Touza da por hecho que, en ese escenario, “establecerían zonas de exclusión, como Inglaterra en el Mar del Norte, y no tendríamos nada que hacer”.

Pese a tener un ojo en Groenlandia, el movimiento de Trump que más preocupa a los armadores es el que inició en Venezuela con el secuestro de Nicolás Madura y las consecuencias que puede acabar teniendo sobre el precio del crudo. “El gasoil es nuestro principal coste de explotación, no es igual que el barril cueste 70 dólares que 90”. Touza lo ejemplifica con uno de los buques que faena en las Malvinas: “Ese barco, enorme, consume de doce a quince mil litros de gasoil cada día... ¡cada día! Las campañas de pesca duran cuatro meses, así que una variación de 10 céntimos en el precio de un litro supone mucho dinero en juego”.

“Todo se ha vuelto inestable”

Las inquietudes sobre Groenlandia se suman a un largo listado de caladeros con problemas para la flota gallega. Entre lo más reciente, los actos de piratería en el golfo de Guinea, “porque de Somalia ya no te digo nada”. En Eurasia, después de que la “invasión” de Odessa en 2014 les obligase a cerrar un mercado de más de 50 mil toneladas de marujito —faneca plateada—, reorientaron su actividad hacia Ucrania. Pero llegó la guerra con Rusia y las sanciones que afectaron, sobre todo, a los barcos de armadores gallegos con bandera —y tripulación— rusa, dedicados a la pesca del fletán que, ante el veto internacional, se ven obligados a descargar en países como Marruecos o Cuba. “Son sociedades mixtas que se crearon hace años, no tienen relación con Putin ni están en la mesa de negocación con Ucrania”.

Y eso que el penúltimo escollo lo habían sorteado “porque actuamos de manera inteligente”. La llegada de Milei a la presidencia de Argentina vino acompañada de medidas que, de facto, abrían la puerta a la entrada de la flota asiática. “Pensaron que había que sacar partido de sus concesiones y que se las llevase el mejor postor”, una postura que Touza ve lógica “en un asesor de los que pisan alfombra pero no entiende nada”.

“Esto no funciona así”, señaló el presidente de ARVI antes de recordar que las empresas españolas tienen “una docena” de plantas de elaboración en zonas “deprimidas” como la Patagonia donde generan “miles de puestos de trabajo en tierra”. Por eso, los primeros que se opusieron a esa liberalización fueron los propios gobernadores y sindicatos de las provincias afectadas, que exigieron incentivos e incluso la obligación a la descarga en la costa, algo “de lo que China no quiere saber nada”.

“Primó la cordura”, dice ahora. “Sin seguridad jurídica no puede haber inversión y un nuevo gobierno, llámese Milei o llámese como se llame, no puede romper el statu quo”. Ese ejemplo le sirve para otros escenarios, como África. Están pendientes de un acuerdo entre la UE y Guinea Bissau a la que demandan “estabilidad”. “Quien va a pescar allí son personas y la seguridad de esas personas está bajo nuestra responsabilidad”. Sin embargo, esa misma inestabilidad es la que está llegando a otros mares del globo en los que era desconocida.

“Todo se ha vuelto incierto e inestable, los cisnes negros estan cambiando de color”. Para Touza, desde el atentado a las Torres Gemelas hubo “un cambio de toda la concepción de la vida, y ya no nos puede extraña una operación en la que entran a secuestrar a un presidente de un país; es alucinante”. La consecuencia, que “el derecho internacional se está resintiendo y vivimos polarizaciones brutales”.