“Fue el 9 de abril de 2021 cuando la noticia se publicó aquí, en El caballo de Nietzsche, en elDiario.es. Aunque ya sabía qué era la experimentación animal y lo que le podrían hacer a los animales en los laboratorios, ver ese vídeo y leer el relato de cómo les trataban fue durísimo”. Así explica Yara, una activista por los derechos animales, el momento en el que supo de la existencia de Vivotecnia gracias a la investigación de la ONG Cruelty Free International (CFI). El ahora centro de experimentación animal más conocido de España realiza ensayos de toxicidad en fármacos con perros, roedores, conejos, etc. para la industria química, cosmética, biotecnológica, agroquímica o farmacéutica. Lo que se vio que hacían de puertas para adentro, gracias a las grabaciones con cámara oculta de una trabajadora infiltrada, lo cambió todo.

Primero, la reacción del movimiento de los derechos animales, que si bien siempre han puesto en tela de juicio la experimentación animal, tanto por la fiabilidad de sus resultados como por la ética de llevarla a cabo, denunciaron maltrato animal, contrario a las leyes actuales. Después vino la reacción de la opinión pública en general, que también mostró expreso rechazo a los golpes, los insultos, la crueldad contra animales indefensos que estos recibían en las instalaciones de Vivotecnia. Y, por último, llegaron el trabajo político y legal para impedir que eso siguiera sucediendo en ese centro de experimentación en animales madrileño, logrando que, cinco años después, dos trabajadores de Vivotecnia se enfrenten a un juicio por maltrato animal que se llevará a cabo los próximos días 7 y 8 de mayo.

“Aquellos primeros días, las activistas mostraron una actitud desafiante, presentándose a las puertas del laboratorio y exigiendo que salieran los animales. La indignación y la repulsa a aquellas imágenes les movilizaba”, recuerda para este medio Carmen, otra activista, también perteneciente a la Asamblea Antiespecista, que indica que se hicieron “pequeñas asambleas improvisadas, que se iban conformando según pasaban los días y mermaban la ilusión y la esperanza de que aquellos animales iban a salir de forma inmediata, pero no las ganas de seguir luchando por su liberación”. Estas reuniones organizativas, así como las concentraciones y manifestaciones, se centraron en Tres Cantos, municipio madrileño donde se encuentran las instalaciones de Vivotecnia, pero rápidamente se ampliaron a la Fiscalía de Medio Ambiente, competente para intervenir, al juzgado de Colmenar Viejo y a la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad de Madrid.

De allí llegó una de las noticias más esperanzadoras: se anunció que sacarían a todos los animales de las instalaciones del laboratorio para protegerles ante las denuncias de maltrato. “Cuando llegó la convocatoria de ir a las puertas de Vivotecnia con la idea de sacar a los animales de allí, no me lo podía creer”, explica Yara, que asegura que al saber “cómo funcionan las leyes” pensó que no resultaría posible, aunque “siempre te queda algo de esperanza”. “Me acordé del Instituto Royal en Sâo Roque, en Brasil, cuando en 2013 un montón de activistas fueron a concentrarse y liberaron de manera espontánea a 200 beagles y a decenas de ratas”. Solo dos días después, un juzgado denegó el decomiso en Vivotecnia.

La alegría tampoco duró mucho cuando el Gobierno regional suspendía la actividad del centro ante las denuncias y las imágenes grabadas. El siguiente 1 de junio la Comunidad de Madrid levantó la suspensión decretada. Las asociaciones animalistas denunciaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por ocultar información de la situación que se vivía en esas instalaciones.

“En ningún momento pensamos que la intervención de la Comunidad de Madrid era la solución, ya que su respuesta entra en la lógica institucional, más teniendo en cuenta que habría elecciones autonómicas al mes siguiente”, explica Andrea, quien en abril de 2021 también estuvo a las puertas del centro de Tres Cantos. “La ‘suspensión de actividad’ de Vivotecnia ha llevado a mucha confusión, tanto entre activistas como entre la población en general: esta suspensión de tres meses solo hizo que el laboratorio no pudiera acceder a nuevas contrataciones, pero su actividad continuó durante ese tiempo con los encargos que estaban en marcha; por tanto, Vivotecnia siguió con su actividad y facturando por ello, independientemente de la postura de la Comunidad de Madrid tras la publicación de las imágenes del interior de la empresa”, concreta.

Esta frustración al ver que las autoridades no movían ficha tomaron dos vías: la de la movilización en la calle y la judicial. Esta última fue avanzada por diversas organizaciones como FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), AnimaNaturalis, CFI (Cruelty Free International), adda o PACMA, quienes sientan en el banquillo ahora a Vivotecnia. De la mano de la movilización ciudadana llega la acción judicial en el quinto aniversario del caso. “Entendemos que es difícil mantener la movilización en el tiempo, sobre todo cuando el tema parece estancado y no hay novedades y parece que nada cambia”, comenta Yara, que cree que “este aniversario es diferente, tiene que ser diferente”. Por eso avanza que,en mayo, coincidiendo con el juicio, se convocarán más marchas de protesta. “Es necesario hacer el mayor ruido posible para que suene todo nuestro rechazo contra la experimentación animal”.

También hay una tercera vía, que es la defensa de lo que llevó a cabo la activista conocida como Carlota Saorsa. La ahora testigo protegida en el juicio contra Vivotecnia fue la encargada de grabar las imágenes que demuestran el maltrato que sufrieron los animales en el momento de la investigación. Como en casos similares, quien denuncia es puesto en el punto de mira, y eso es lo que ha pasado con la vida privada de esta ex trabajadora infiltrada en Vivotecnia.

Su caso, su historia y todo lo que pudo ver en ese centro de experimentación animal fue contado en el documental Infiltrada en el búnker. Ella estará presente en el juicio, cuya acusación será liderada por la abogada Ana Cal Estrela, quien actuará con el apoyo jurídico y la coordinación del área legal de FAADA.

Infiltración para concienciar a la opinión pública

“Pienso que el caso Vivotecnia está ayudando a hablar sobre la experimentación animal a dos niveles: en un primer nivel, dentro del propio activismo, poniendo de nuevo el foco en los laboratorios que experimentan con modelos animales, para señalar la barbarie que ocurre en su interior y desvelar el entramado del lobby de la experimentación animal”, reflexiona Andrea, quien explica que el segundo nivel de impacto se produjo en toda la ciudadanía que vio las imágenes de Carlota Saorsa. “El caso Vivotecnia está permitiendo concienciar poco a poco a la población, pero no solo por el escándalo del caso, sino por todo el trabajo activista que se está realizando desde entonces”.

Para Carmen, “Carlota demostró y corroboró lo que ya sabemos las activistas que estamos en el movimiento por la defensa de los demás animales; nos dio una herramienta para concienciar al resto de la sociedad y señalar la barbarie del infierno de los laboratorios”. Hay que recordar, afirma, que “el cambio no vendrá de la institución, sino de las personas que, concienciadas, demanden una ciencia con conciencia que deje atrás la experimentación en animales”. Por eso, Yara señala que “actualmente Vivotecnia ya no aparece en los medios, solo hablan de ella las activistas, es como si el resto de la sociedad se hubiera olvidado de lo que pasó”.

“Para que la experimentación animal vuelva al centro del debate”, indica Carmen de nuevo, “se necesitan más casos como Vivotecnia. Cada vez que un activista se infiltra en un laboratorio salen ejemplos de la violencia contra los animales, que contradicen ese discurso de transparencia y legalidad de la que tanto alardea la industria de la experimentación animal. Así fue lo que vimos en 2019 con el activista alemán en el laboratorio LPT o en Reino Unido con el caso de Huntingdon Life Sciences. Cuando la experimentación en animales deja de ser invisible, y sale de los muros que la esconden a los ojos de la sociedad, no deja de escandalizar a la sociedad. Creemos además que hablar de todos los métodos avanzados que se van desarrollando es muy importante también para conocer que hay futuro más allá de la explotación animal”.

El colectivo ARDE Global con el apoyo de INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, promueven una iniciativa para la prohibición de las granjas peleteras en territorio catalán ante la amenaza de que la industria se instale en lugares donde todavía no se ha prohibido. Se ha abierto una petición de firmas para dar apoyo a esta medida. 

La iniciativa 'Acaba con las pieles' plantea impulsar una norma catalana para prohibir las granjas peleteras y evitar la autorización de nuevas instalaciones en el territorio ante la posible relocalización de las explotaciones ubicadas en países con prohibiciones. 

El boom de los peleteros en el Estado español

Las primeras granjas peleteras del Estado se abrieron en la década de 1950 en Segovia y Pontevedra. De allí, la industria se expandió por la mitad norte de la península hasta su máximo en 1989, cuando solo en Galicia había 320 granjas de visones. En 1992 se redujeron por motivos económicos hasta las 214 explotaciones en todo el Estado, momento en el cual se explotaban entre 100.000 y 150.000 hembras para la cría de unos 700.000 visones cada año. Cuatro de estas granjas se ubicaban en Catalunya, en los municipios de Viladrau, Taradell y Ullastret. La granja de Taradell cerró tras un incendio forestal en 1983. El resto continuaron en funcionamiento hasta alrededor de 2009. 

El 90% de la ciudadanía, en contra de las granjas peleteras

De acuerdo con el 'Estudio sobre percepciones de la naturaleza y los animales', publicado por la Fundación BBVA en 2025, el uso de animales para “confeccionar abrigos de piel” es inaceptable para el 90% de la ciudadanía. Es el tipo de explotación animal hacia el que la sociedad está más en contra, seguido del entretenimiento en fiestas locales y las investigaciones para la producción de cosméticos. 

Convertir a un animal en un abrigo es ética y científicamente inaceptable

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en su dictamen científico de julio de 2025, concluye que las granjas peleteras causan un sufrimiento animal grave y generalizado, incluyendo la restricción del movimiento, lesiones, estereotipias y automutilación, y subraya que la mayoría de estos problemas no pueden prevenirse ni mitigarse de manera sustancial dentro de los sistemas actuales basados en jaulas. Además, apuntan que los sistemas de producción de pieles utilizados en la Unión Europea son entornos de alto riesgo zoonótico por la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y la elevada susceptibilidad de los visones a los virus respiratorios. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, se registraron 18 brotes de SARS-CoV-2 en explotaciones peleteras del Estado español, incluyendo al menos un caso de reinfección. En octubre de 2022 se detectó también el primer brote de gripe aviar de alta patogenicidad en una granja de visones. 

Estas conclusiones coinciden con la posición de la comunidad veterinaria europea e internacional. En 2025, organizaciones que representan a más de 330.000 veterinarios solicitaron la eliminación progresiva de la cría de animales para peletería en Europa, así como la importación de pieles de países terceros, al considerarla incompatible con el bienestar animal.

La amenaza de nuevas granjas

Las prohibiciones de las granjas peleteras en países europeos han provocado el desplazamiento de la industria hacia aquellos lugares donde todavía se permite su instalación, como Grecia, Finlandia o España. Es el caso de Galicia, donde las explotaciones peleteras son controladas por capital extranjero de Países Bajos o Dinamarca, entre otros. Conforme las fechas límite para el cierre de las granjas en países europeos se acerca, la amenaza de que estas granjas lleguen a nuevos lugares aumenta. El movimiento ‘Acaba con las pieles’ busca apelar a las personas que defienden a los animales para que se unan de cara a exigir a las autoridades que se blinden los derechos de visones, zorros, chinchillas y perros mapache, mediante una legislación que prohíba claramente la cría de animales con finalidad exclusivamente peletera. 

Hacia el fin de las pieles

18 Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas para poner fin a esta actividad. A finales de 2025, Polonia, el principal productor europeo y el segundo del mundo después de China, aprobó una normativa que prohíbe la creación de nuevas granjas peleteras con efecto inmediato y establece un calendario de cese de la actividad existente. 

Representantes de la coalición Fur Free Alliance, formada por 45 organizaciones internacionales de protección animal, entre ellas ARDE, han acudido al evento del Parlament de Catalunya para ofrecer su apoyo a la prohibición de las granjas peleteras. Se trata de miembros de Stichting Bont Voor Dieren, Oikeutta Eläimille, Humane World for Animals, ⁠Respect for Animals, ⁠Deutscher Tierschutzbund, ⁠Four Paws, GAIA, Tušti Narvai y Animalia. Estas entidades proceden de países donde ya se han establecido prohibiciones, como Alemania, Países Bajos, Lituania, Reino Unido o Bélgica. 

Esta tendencia se ve reforzada por las principales marcas de ropa, quienes ya han declarado no usar pelo animal en sus prendas. La última en unirse ha sido la plataforma online Etsy, tras una campaña de presión en 17 ciudades estadounidenses coordinada por la Coalición contra el Comercio de Pieles (CAFT, por sus siglas en inglés). 

Perros y gatos, como ocurre con las personas, afrontan el estrés de formas distintas. Un perro puede temblar como una hoja durante su revisión veterinaria anual; una gata puede necesitar atención de urgencia por una obstrucción urinaria después de que su dueño se haya ido un fin de semana; incluso otro perro puede intentar morder la puerta de la entrada cada vez que su dueña saca la basura. Los animales pueden manifestar estrés y ansiedad de diversas maneras.

Es importante reconocer todas estas y otras señales ya que pueden afectar su bienestar general. Saber cómo identificarlas y manejarlas puede ayudar a que nuestro animal se sienta seguro y cómodo en situaciones inusuales o antes de que surja un factor estresante conocido y de difícil solución.

Las claves para reconocer las señales

A diferencia de los humanos, los animales no pueden decirnos cuándo se sienten estresados ni pueden expresar verbalmente su malestar. Pero sí se comunican a través de su comportamiento y su lenguaje corporal, que los dueños a veces interpretamos, de forma errónea, como un acto de desobediencia o terquedad.

“Los animales nos hablan a través de sus rutinas y su lenguaje corporal: cualquier cambio llamativo y mantenido en cómo comen, duermen o se relacionan con nosotros es una señal de alarma”, explica Rosana Álvarez Bueno, veterinaria especializada en Medicina del Comportamiento de Etología Veterinaria. Un signo muy común de estrés, por tanto, es el cambio en el comportamiento general. Ya sea que un animal se esconda y evite la interacción o se muestre extremadamente apegado, cualquier cambio fuera de su comportamiento habitual puede indicar estrés u otros posibles problemas de salud.

“En perros y gatos vemos con frecuencia más inquietud, vocalizaciones excesivas como ladridos o maullidos constantes, conductas destructivas, esconderse o, al contrario, volverse excesivamente dependientes de la familia”, advierte Álvarez. Además, y más allá de estos signos de comportamiento, también debemos prestar atención a otras señales más físicas, como “jadeo o temblores sin causa aparente, lamidos o acicalado hasta perder pelo, problemas con el arenero y defecar fuera de su sitio habitual a pesar de estar educados”, señala Álvarez.

Cualquier cambio en el comportamiento que se “mantenga en el tiempo y no encaje con la personalidad habitual del animal es sospechoso de estrés o ansiedad”, afirma Álvarez. Comprender qué desencadena estas respuestas permite intervenir antes de que la ansiedad se arraigue de manera profunda.

Las causas más comunes detrás del estrés en animales

Nuestros animales pueden tener dificultades con los cambios, tanto grandes como pequeños, que afectan a su vida diaria. Probablemente no nos sorprenda que los viajes en coche, las visitas al veterinario, las tormentas, los fuegos artificiales y los baños sean factores estresantes comunes. Otros incluyen la llegada de nuevos animales o personas al hogar, las mudanzas, las enfermedades, el castigo por comportamientos o cualquier otra cosa que altere su rutina habitual. 

Como admite Álvarez, “normalmente no hay una sola causa, sino una suma de factores: experiencias previas, falta de socialización temprana, dolor o enfermedad y, muy especialmente, el tipo de vida que llevan con nosotros”, afirma Álvarez, que matiza además que uno de los desencadenantes más frecuentes suele ser “la falta de previsibilidad –cambios bruscos de rutina, mudanzas, nuevos horarios de trabajo, la llegada de un bebé o de otro animal- y pasar muchas horas solos”.

En los perros, la ansiedad por separación es una de las causas más comunes de problemas ya que son animales sociales y con frecuencia dependen de la presencia de sus dueños para sentirse seguros y cómodos. 

También el entorno del hogar “puede ser estresante si es pobre en estimulación, es decir, no hay juguetes, ni rascadores u opciones de exploración”. También lo es si “hay ruidos intensos de forma recurrente”, admite Álvarez, ya que se ponen ansiosas al oír ruidos fuertes ya que, los perros en particular, tienen los sentidos del oído y del olfato muy desarrollados, lo que los hace más propensos a la ansiedad causada por ruidos fuertes.

Los animales ambién pueden contagiarse del estrés de sus dueños. “Si el ambiente familiar es muy tenso, los animales ‘absorben’ ese estrés y lo reflejan en su conducta”, afirma Álvarez. Estudios como este demuestran que los perros cuyos dueños sufren estrés crónico también pueden padecerlo. “También influyen los conflictos con otros animales de casa y la ausencia de lugares seguros donde retirarse a descansar sin ser molestados”, reconocer Álvarez.

Cómo podemos ayudar a nuestro animal a que se sienta mejor

Pensar que con el tiempo se les pasará o castigarlas no es la solución. La ansiedad rara vez desaparece sin intervención, sin tratamiento las respuestas de miedo suelen interferirse a medida que se sensibilizan a los desencadenantes. El castigo tampoco funciona: todo lo contrario, aumenta el miedo y daña la confianza entre el animal y su dueño, puede suprimir temporalmente los síntomas visibles, pero agrava la ansiedad subyacente. 

“La clave es ofrecer seguridad a través de la rutina y del respeto a sus necesidades: precisan saber, más o menos, qué va a pasar en su día a día”, reconoce la veterinaria. Debido a que los animales se benefician de la previsibilidad es clave establecer un horario regular para la alimentación, el juego y los paseos, que puede ayudar a reducir su ansiedad.

Por encima de todo, lo primero que debemos hacer es identificar los desencadenantes, anotando cuándo aparecen los síntomas, “identificar qué situaciones les superan e intentar reducirlas o hacerlas más previsibles, en lugar de obligarles a ‘aguantar’, al tiempo que cubrimos sus necesidades físicas y mentales con paseos de calidad –dejándoles olfatear–, juegos de inteligencia, rascadores y opciones de exploración”, recomienda Álvarez. 

Es muy importante además crear un espacio seguro, una zona tranquila en casa donde nuestro animal pueda refugiarse cuando se sienta abrumada. “Es muy útil crear esta ‘zona segura’ en casa, un rincón tranquilo con su cama o refugio donde sepan que nadie les va a molestar”, afirma Álvarez.

Debemos ofrecer consuelo y tranquilidad, dedicar tiempo de calidad a nuestro animal y brindarle un contacto físico suave, como caricias y mimos, para reforzar su sensación de seguridad. Es importante “relacionarnos con ellos con calma, usando refuerzo positivo y evitando castigos, porque estos solo aumentan la ansiedad y dañan el vínculo”, advierte la profesional.

Además de todas estas medidas, en ciertas circunstancias es posible, como admite Álvarez, “añadir herramientas de apoyo como feromonas, complementos específicos o tratamientos médicos, siempre dentro de un plan individualizado pautado por el veterinario”.

Si la ansiedad de nuestro animal persiste o parece grave a pesar de todas estas medidas, quizás es el momento de consultar con un especialista. La ansiedad crónica puede provocar complicaciones de salud física o agravar problemas de comportamiento. “Es fundamental pedir ayuda cuanto antes, desde que empezamos a ver cambios preocupantes, no solo cuando ‘ya lo hemos intentado todo’”, ya que entonces quizás es muy tarde y la situación insostenible. 

Para Álvarez, “debemos consultar siempre que el estrés interfiera con la calidad de vida del animal o de la familia, aunque lleve poco tiempo, y de forma urgente, si aparecen signos físicos persistentes como diarrea, pérdida de peso o automutilación, o cualquier tipo de agresividad, mordiscos, destrucción intensa o autolesiones”. Según la veterinaria, “lo ideal es empezar por una revisión con el veterinario generalista y, si es necesario, derivar pronto a un veterinario especialista en Medicina del Comportamiento ya que la intervención temprana mejora mucho el pronóstico y evita que el problema se cronifique”.

La Policía Nacional ha evitado que un varón de Ciudad Real acabase con la vida de su perro, al que se disponía a ahorcar, según detallan los Cuerpos de Seguridad. Al verse sorprendido por los agentes, huyó por los tejados y patios de las viviendas colindantes, por lo que se le imputa también un delito de allanamiento de morada y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Esta actuación de la Policía Nacional se inició cuando los agentes recibieron una llamada a través del teléfono 091 en la que una persona manifestaba haber recibido un vídeo de un conocido suyo en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello en la que se veía una “clara intención de ahorcarlo”.

A la par, se recibió la llamada de otro ciudadano que estaba paseando por la misma zona y escuchó a un varón “vociferando amenazas de muerte”.

Según la Policía, ante la “gravedad y urgencia” de la situación y los agentes se personaron en el lugar de los hechos, tratando de que el morador de la vivienda abriese la puerta de manera voluntaria. Al hacer caso omiso, finalmente los policías entraron por la fuerza en la vivienda, donde encontraron a un can de raza pequeña, completamente aturdido.

Al verse sorprendido, el dueño del animal emprendió la huida por los patios y azoteas de las viviendas colindantes. Tras una persecución por cubiertas y tejados fue interceptado y detenido por la presunta comisión de los delitos de maltrato animal, allanamiento de morada y resistencia/desobediencia a agentes de la autoridad.

El Centro de Acogida Animal de La Rioja del Gobierno de La Rioja en Cañas ha celebrado hoy una jornada de puertas abiertas con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos y cerca de una treintena de alcaldes riojanos que han podido conocer su funcionamiento, los recursos disponibles y los servicios que presta, las 24 horas del día y todos los días de la semana, en materia de recogida, atención veterinaria, identificación y adopción de perros abandonados o extraviados.

Manzanos, que ha estado acompañada de la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha explicado el proyecto de ampliación del centro que se iniciará este año con una inversión de 430.000 euros, y permitirá mejorar la capacidad operativa del centro para poder atender hasta 88 perros.

La aplicación de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales “está siendo complicada para muchos municipios”, según subraya el Gobierno de La Rioja, en lo relativo a la recogida y atención de perros abandonados, a su alojamiento en un centro de protección y la prestación de este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico “decidió ofrecer a las entidades locales una solución a las cargas que implica el cumplimiento de la normativa estatal y les ha propuesto un convenio de colaboración que les permitirá prestar el servicio de recogida de perros abandonados, extraviados y no identificados en su término municipal, incluyendo su traslado, acogida, alojamiento, manutención y asistencia veterinaria en el centro de Cañas sin coste económico”, ha destacado Noemí Manzanos.

La firma del convenio no impide que el ayuntamiento mantenga regulada esta materia o la haga en el futuro conforme a sus propias ordenanzas o instrumentos de gestión. Manzanos ha informado que, hasta la fecha, son 29 los ayuntamientos que ya ha aprobado/firmado el convenio y 31 ya han presentado parte de la documentación requerida. Otros 18 municipios también han trasladado a la Consejería de Agricultura su intención de suscribir el convenio.

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el Centro de Acogida de Animales de La Rioja ha atendido a 473 perros, de los cuales 338 han sido adoptados, “una cifra de la que podemos sentirnos muy satisfechos”, ha indicado la consejera. En este momento, las instalaciones de Cañas albergan a 55 animales a la espera de una familia.

Noemí Manzanos ha reconocido especialmente “la dedicación y la profesionalidad” del equipo de 11 personas que trabajan en el centro y que está integrado por 2 veterinarios (uno de ellos coordinador del proyecto), 2 técnicos auxiliares, y 2 educadores caninos; además de los 5 técnicos laceros asignados al servicio de recogida, que también realizan labores de apoyo y refuerzo en la atención y cuidado de los animales.

El Gobierno de La Rioja mantiene una campaña de sensibilización sobre la adopción de animales de compañía, ‘Deja huella, adopta con responsabilidad’. Todas las personas interesadas en adoptar uno de los animales acogidos en el centro puede solicitar citar previa a través del mail adopciones.canas@larioja.org. La adopción es totalmente gratuita, bajo un compromiso escrito sobre el tratamiento y cuidado idóneos del animal, que se entregará vacunado, desparasitado e identificado mediante un microchip. 

Abres el teléfono, entras en cualquier red social y no falla: una imagen o un nuevo vídeo de Punch. Punch despioja a su peluche. Punch corre con un palo. Punch es “agredido” por otros monos. “Soy yo cuando me hablan feo”, “daría mi vida por Punch”, son algunos de los comentarios que se pueden leer. Una vez más, una cría de animal que nos produce ternura se ha hecho viral. Esta vez se trata de un macaco que, tras ser abandonado por su madre, ha encontrado un sustituto: un orangután de peluche que arrastra por el recinto y al que se aferra cuando tiene miedo o quiere dormir. Es normal que nos dé pena, pero los expertos piden no dejarse llevar por la emocionalidad de las imágenes: lo más triste de su historia no es lo obvio.

Las actualizaciones de su estado funcionan como una perfecta campaña para el zoo Ichikawa de Japón, en el que vive junto a otros primates. También para la empresa que ha fabricado el peluche que arrastra desde hace semanas. Su madre lo rechazó y sus cuidadores decidieron introducir una figura que pudiese suplir su necesidad de apego. Primero fueron toallas enrolladas, luego optaron por su ya conocido amigo inanimado, que no suelta. Al principio, Punch estaba apartado y no se acercaba mucho a otros monos, pero poco a poco ha comenzado a interactuar más con el grupo. Su historia es triste, pero no es única en el mundo animal.

Sí, es monísimo —valga la redundancia—, pero los expertos piden no caer en lo que el algoritmo premia: la espectacularización y la humanización de animales salvajes. “Históricamente hemos visto a los primates como caricaturas nuestras y despiertan una gran empatía por el parecido a nosotros”, explica Laia Dotras, directora adjunta del Instituto Jane Goodall España, por lo que es normal que la historia de Punch nos enternezca.

Sin embargo, el abandono o rechazo de las madres no es raro en la fauna salvaje. “Más allá de la anécdota, este caso se ha explicado muy mal”, critica Miquel Llorente, primatólogo. Para el experto, no se ha tenido en cuenta que este tipo de rechazos o incluso agresiones por parte de la madre o el grupo “es un comportamiento natural en los macacos”, especialmente en los japoneses, con sociedades muy jerarquizadas. “Tenemos todo el derecho a que nos parezca algo muy triste pero esto sucede. Forma parte de la naturaleza”.

Si bien, es cierto que hay que tener en cuenta que este mono y su grupo están en cautividad y otros factores pueden influir en su comportamiento: “El estrés, una temperatura no adecuada para esa especie, que la hembra no haya podido observar a otras madres y no haya tenido un aprendizaje social para cuidar a un bebé”, entre otros, enumera la investigadora Laia Dotras. Aunque, eso sí, lo más importante es el entorno social: “Hay que validar hasta qué punto el grupo funciona de una manera natural y los roles están bien desarrollados”, apunta Llorente.

Aunque hay otros aspectos muy importantes como las condiciones del zoo (falta de vegetación, el tipo de recinto en el que están, el tipo de suelo que no es apropiado para su especie, etc.), lo fundamental cuando se habla de primates es la socialización. Y el problema viene cuando en cautiverio esa socialización cambia debido a las condiciones por la falta de migraciones a otros grupos o los cambios en las dinámicas por el acceso a alimentos, por ejemplo. Todo esto puede influir en cómo se desarrollan la crianza de un nuevo mono: “En vida silvestre lo que suele ocurrir es que otra hembra proporcione cuidado a esa cría y así puede establecerse en el grupo y sobrevivir”, explica Víctor Beltrán, experto en macacos.

Aunque ver cómo Punch es arrastrado por otro mono por el recinto y después corre despavorido hacia su peluche pueda darnos pena, desde luego no es “bullying”, como se ha dicho en redes sociales. Y este es uno de los principales problemas que no solo se ve en este caso, también en otros como el caso de la pequeña cría de hipopótamo Moo Deng: el de la humanización de los animales exacerbada por las redes. Para que un grupo acepte a un macaco se requiere tiempo, explica Laia Dotras: “Es un proceso gradual y se observan conductas que pueden ser totalmente normales. Incluso puede que otras hembras defiendan a sus pequeños” ante un individuo que todavía no está integrado.

También se ha llegado a sugerir que este primate podría tener algún tipo de trastorno o “depresión”. “No es nada patológico lo que está sucediendo”, afirma Miquel Llorente. Aunque en cautiverio no es extraño que los primates muestren otro tipo de comportamientos que sí lo son como “automutilarse o acicalarse en exceso”, precisa Beltrán. “Compartimos muchas cosas con los primates, pero eso no quiere decir que las explicaciones de su comportamiento las demos como si fuera un pequeño humano con pelo, eso sería incorrecto”.

Resulta inevitable hacer una comparativa con otras imágenes que hemos visto en otras ocasiones: cuando una cría de primate muere y su madre lo arrastra durante semanas en un proceso de duelo. Pero ¿por qué Punch no se separa de su peluche, aunque sea un objeto inanimado?

La importancia del apego para la supervivencia tanto de los primates pero también de los humanos se viene estudiando desde hace años. Ya en la década de 1950 el investigador Harry Harlow lo demostró en un estudio, que ha sido criticado por falta de ética al separar a crías de mono separadas de sus madres a las que se les daba dos opciones como figura de apego: una de ellas era un aparato que proporcionaba alimento. Otra, un aparato que, sin proporcionar este alimento, estaba recubierto de felpa y simulaba un mono. Las crías preferían pasar más tiempo con el que estaba cubierto de felpa, aunque no pudiesen comer de él: “El apego es muy importante, en macacos hay muchos estudios que demuestran que el hecho de que un individuo se críe con otro de su misma especie cambia totalmente sus condiciones comportamentales y sus capacidades”, explica Víctor Beltrán.

Es decir, el peluche de Punch no es un simple peluche. Cumple una función muy importante al aportarle ese contacto físico que le falta de su madre.

Los tres expertos coinciden en que ahora, el siguiente paso realmente importante es conseguir que el resto del grupo lo acepte y ese peluche que cumple esa necesidad pueda ser sustituido por otro individuo porque una madre no solo proporciona calor y alimento, también brinda conocimiento, fundamental para que la cría pueda desarrollarse plenamente.

La conexión con su madre, al igual que ocurre con los humanos, es un básico. Tanto que incluso, explica Laia Dotras, cuando las crías de primate son arrancadas de sus progenitoras para venderlos en el mercado ilegal, las madres en muchas ocasiones son quemadas y sus crías acaban llegando a los centros de rescate con esas quemaduras: “Se tiran al cuerpo quemado para estar con su madre”.

Y ese es precisamente el problema mayor que subyace de la historia de Punch. Los tres especialistas confirman que la evidencia científica indica que si tiene una consecuencia la viralización de este tipo de historias ese es el aumento de la caza furtiva. “Hay mucha gente que ve a una cría de primate con esos rasgos tan infantiles como los de un niño y dice 'yo me lo llevaría a mi casa, a un bebé así yo lo podría cuidar'. Eso puede generar mucho daño a las poblaciones de primates, es nefasto para ellos”, critica Laia Dotras, que recuerda que el proceso por el que alguien puede tener a un mono en su casa es porque ese mono ha sido separado de su madre, a la que suelen matar. “Estas crías los primeros meses pueden ser manipulables pero luego son inmanejables, tienen una dentición bestial y pasan la vida condenados”, añade.

Hay tanto consenso entre la comunidad científica sobre esto que ya incluso las propias investigadoras que trabajan en centros con primates tienen interiorizado el no subir selfies con ellos a las redes sociales, precisamente para que no se genere esta falsa idea de que pueden ser inofensivos, explica Víctor Beltrán. Diferentes asociaciones trabajan en campañas para concienciar sobre esto, como la Asia for Animals Coalition.

"El tráfico ilegal es devastador para muchas especies de primates y los condena a la extinción. Los esfuerzos se tienen que poner en conservar los hábitats naturales de estos animales y en no cazarlos. El foco tiene que estar ahí"

Laia Dotras — Directora Adjunta del Instituto Jane Goodall España

Aunque todo parece indicar que finalmente Punch será aceptado por su grupo (ya hay imágenes de él siendo desparasitado por otros monos, una buena señal), su caso no solo habla de que vincularnos con otros no es solo propio de nuestra especie. También debe servir para reflexionar sobre cómo la humanización de estos animales que puede parecer inofensiva, en realidad hace muchísimo daño. Y así lo piden los expertos: “Que su historia sirva para visibilizar a los primates que viven en libertad y a cuidar sus hábitats naturales”.

Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina han investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y otro delito contra los animales, por la captura ilegal de ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis), una especie silvestre protegida por la normativa europea y española, mediante el uso de artes de caza masivos y no selectivos prohibidos.

Las actuaciones se iniciaron tras la inspección de una parcela rústica en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), donde los agentes detectaron la captura de seis ejemplares de aves fringílidas mediante un sistema de ramas impregnadas de liga o pegamento, empleando un reclamo vivo de jilguero macho situado en las inmediaciones para atraer a otras aves.

En el lugar se localizaron cinco ejemplares de jilguero muertos en el interior de unas jaulas. Los restos fueron recogidos y remitidos al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI), donde se certificó que las aves, mantenidas en cautividad y bajo control humano, no habían recibido los cuidados necesarios para su bienestar, lo que finalmente provocó su muerte.

Este hallazgo motivó la ampliación de las diligencias policiales por un presunto delito contra los animales. Los ejemplares, inicialmente considerados silvestres, adquirieron la consideración de animales amansados a efectos penales, debido al control humano al que estaban sometidos.

Mantenía en cautividad sin permiso a ciervos y ovejas

Además, como resultado de estas actuaciones, se formularon diversas infracciones administrativas en materia medioambiental y de sanidad animal, por la tenencia en cautividad de especies cinegéticas sin autorización (ciervos), así como por la tenencia de animales de producción (ovejas) sin el correspondiente código de explotación.

En el lugar se intervinieron varios medios no selectivos empleados para la captura ilegal de aves, entre ellos una jaula trampa, once ballestas pajareras y una red japonesa o invisible con un sistema para la activación de la misma a distancia.

La captura de aves silvestres protegidas mediante métodos prohibidos constituye un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta dos años de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar durante un periodo de hasta cinco años, suponiendo además un grave perjuicio para la biodiversidad.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los perros de asistencia son animales entrenados por profesionales para auxiliar a personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. Consiguen mejorar su autonomía, seguridad y calidad de vida. Estos perros reciben una certificación oficial, tienen acceso a lugares públicos y se especializan en tareas como guiar, alertar o realizar labores domésticas. 

Pero también implican una serie de gastos que en ocasiones pueden suponer una traba para las personas con discapacidad que los necesitan.

Ahora, Castilla-La Mancha ha decidido adoptar una medida “pionera” para reducir estos obstáculos. El Consejo de Gobierno regional ha dado luz verde una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF del 30% por los gastos derivados de los controles veterinarios y vacunación de estos perros.

De esta forma, cada contribuyente, en su declaración de la renta, puede ahorrarse hasta un máximo de 100 euros, según ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Una petición histórica

Se trata una petición histórica de algunos colectivos como la ONCE. Precisamente, José Martínez, presidente del Consejo Territorial de esta organización en Castilla-La Mancha, ha celebrado la medida. “Es muy social y la celebramos abiertamente”, ha dicho.

Castilla-La Mancha ya fue pionera a la hora de incorporar una ley autonómica específica para amparar a los perros de asistencia tanto en activo como jubilados. Ahora, esta medida “viene a incorporar una percha que ya preveía esta norma y que sirve para aliviar los gastos derivados de estos magníficos compañeros y auxiliares”. “Es algo único y muy positivo, y ojalá que esta medida se pueda extender a más territorios”, ha concluido.  

Los perros de asistencia han ido adquiriendo cada vez más protección en España, como sucedió igualmente con la Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023.

Son animales que pueden ser adiestrados para guiar a personas con discapacidad visual o sordoceguera, auxiliar en la vida diaria a personas con discapacidad física (abrir puertas, recoger objetos, ayudar a la movilidad), avisar de sonidos ambientales, detectan cambios orgánicos como convulsiones o niveles de glucosa, algo vital para personas con diabetes; o mejorar la seguridad y reducir la ansiedad en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha asegurado este miércoles que la granja de codornices de Juneda (Lleida) denunciada por las condiciones de falta de higiene y presunto abandono animal pasó las inspecciones que debía. “En todos los casos se ha constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente”, señalan en un comunicado los responsables de la Generalitat. 

La entidad animalista ARDE denunció recientemente ante la Fiscalía la explotación leridana, después de grabar imágenes en su interior –a las que tuvo acceso en primicia este diario– en las que se observan aves que conviven con excrementos y cadáveres en descomposición. Además, aportaban un informe veterinario que advertía de graves deficiencias y de que lo que se veía en las grabaciones era incompatible con las garantías de bienestar animal.

ARDE lamentó en este sentido que la explotación, que pertenece al grupo Urgasa, cuente con el certificado Welfair de bienestar animal. Fuentes del organismo que otorga este sello informaron a elDiario.es de que han iniciado una investigación a las instalaciones señaladas. 

Por parte de la Generalitat, defienden que la granja superó las inspecciones, aunque no detallan cuáles ni cuándo. “En caso de detectarse cualquier incumplimiento en materia de bienestar animal, la Administración actúa de forma inmediata mediante los mecanismos sancionadores correspondientes”, añaden, aunque se entiende que no se plantean hacerlo en el caso denunciado en Juneda. 

La macrogranja leridana de Urgasa dispone de un complejo ganadero con cinco naves destinadas a la cría de codornices, una nave a la cría de perdices, otra a la incubadora de huevos de codorniz y finalmente un matadero avícola. Tras la publicación de las imágenes y de la denuncia, también la empresa se defendió alegando que las imágenes estaban editadas y que las afirmaciones no eran ciertas.

Con todo, lo que se aprecia en las grabaciones son cadáveres en estado avanzado de descomposición en contacto con las aves vivas, suciedad y heces acumuladas, codornices con el cuello mordido e incluso algunas de ellas dentro de la cinta que recoge los excrementos. Todo ello, según una veterinaria colegiada, incumpliría distintas normas de higiene y bienestar animal.

En España muchas personas celebramos la aprobación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales como un avance largamente esperado. Por primera vez, el Estado reconocía una realidad que llevaba décadas sosteniéndose en silencio: la existencia de miles de gatos comunitarios en nuestras calles y la necesidad de gestionarlos de forma ética, sanitaria y eficaz. Se visibilizaba así la labor voluntaria de cuidado animal y de sostenimiento de salud pública que venimos realizando miles de personas y asociaciones por toda nuestra geografía.

La ley es clara: la responsabilidad de esa gestión recae en los ayuntamientos. Y no se trata de una recomendación, ni de una opción política. Se trata de una obligación legal para todos. Ayuntamientos grandes y pequeños. El enfoque también es claro: la metodología científica avalada internacionalmente, el método CER (captura, esterilización y retorno), acompañado de pautas mínimas de alimentación, limpieza, seguimiento sanitario, mediación vecinal y acciones de convivencia.

Pero hay una realidad incómoda de la que se habla poco: una ley puede ser moderna, necesaria y razonable… y aun así fracasar si nadie la hace cumplir.

La trampa: obligación sin consecuencias

Hoy, a casi tres años de la aprobación de la Ley 7/2023 (anunciada con antelación y con margen para adaptarse), la situación en buena parte del territorio resulta alarmante: muchos ayuntamientos siguen sin implementar un programa CER real, otros sólo lo anuncian sin ejecutarlo, y algunos incluso mantienen ordenanzas o promueven normas que entrarían en conflicto con la legislación estatal.

Todo esto tiene una consecuencia simple: cuando no se esteriliza, nacen camadas. El problema no desaparece; se multiplica. Y con él aumentan también los conflictos vecinales, los riesgos sanitarios, los abandonos y el sufrimiento animal. Pero lo más grave es el mensaje social que se transmite: se puede incumplir una ley durante años sin consecuencias reales, siempre que quien incumpla sea una administración.

¿Qué ocurre cuando incumple un ciudadano? La contradicción es tan evidente que duele. Cualquier persona sabe que si recibe una sanción administrativa —por tráfico, por impuestos, por una obligación fiscal— no hay margen. Si se retrasa, la cuantía aumenta. Si se acumula deuda, llegan recargos, apremio y embargo. Y en poco tiempo, el mecanismo de presión hace que el sistema funcione: pagas o pagas. El ciudadano es perseguible, sancionable, exigible. Pero cuando es un ayuntamiento quien incumple, el sistema se vuelve lento, borroso e inofensivo. En la práctica, el castigo es inexistente. Y esa asimetría es devastadora para la confianza democrática: la ley no se aplica igual a todos.

La paradoja: la ley que “protege” … expone

Otra paradoja desoladora es que, mientras la ley establece obligaciones municipales, el peso real sigue recayendo en quienes siempre lo hemos sostenido: las asociaciones de protección animal y las gestoras de colonias, que durante años hemos trabajado de manera voluntaria, a menudo invisibilizadas, con frecuencia perseguidas o amenazadas y casi siempre pagando de nuestro bolsillo lo que debería asumir la administración.

Somos nosotras quienes ponemos el tiempo, el coche, las jaulas trampa, los traslados, las capturas y los retornos. Quienes limpiamos. Quienes mediamos con vecinos. Quienes pagamos tratamientos. Quienes asumimos urgencias veterinarias a cualquier hora. Quienes nos llevamos a casa animales enfermos. Quienes lloramos cuando no llegamos a tiempo. Y lo hacemos no porque queramos sustituir al ayuntamiento, sino porque no hacerlo significa asistir a un sufrimiento constante y un descontrol creciente. Es decir: la inacción institucional convierte el voluntariado en un rescate permanente.

Y cuando finalmente estas asociaciones intentamos reclamar lo mínimo (gastos veterinarios y alimentación, lo básico para que el CER exista) no encontramos un sistema que proteja nuestra labor: nos encontramos con un muro. Y esto, mientras la ley también ha abierto la puerta al oportunismo: la entrada de empresas sin trayectoria real en gestión ética de colonias felinas, más interesadas en acceder a contratos municipales que en garantizar una gestión especializada y comprometida, desplazando a quienes llevamos décadas sosteniendo el trabajo desde el voluntariado y el conocimiento práctico.

David contra Goliat. Un Estado de derecho que no protege al que cumple

Aquí aparece el mayor problema democrático de todo esto: la ciudadanía queda expuesta. Porque reclamar el cumplimiento de una ley no debería exigir abogados, años de registros, desgaste y contenciosos. No debería ser una batalla asimétrica en la que una asociación pequeña, sostenida con donaciones o aportaciones personales, se vea empujada a tribunales frente a una administración con recursos, tiempo y estructura.

La Justicia se convierte entonces en una carrera de resistencia para quien menos puede resistir. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante: si no tienes dinero, tiempo y fortaleza emocional para sostener una batalla legal, tu derecho —y el cumplimiento de la ley— se vuelve simbólico.

Preguntas inevitables a quienes deben hacer cumplir la ley

Y ante este panorama, cabe una pregunta incómoda —pero imprescindible— dirigida a las administraciones competentes: ¿qué proponen mientras tantos ayuntamientos siguen desobedeciendo abiertamente la ley, sabiendo ustedes que ocurre y sin adoptar medidas eficaces? ¿Por qué al ciudadano se le exige el cumplimiento inmediato de cualquier norma, con un régimen sancionador rápido y contundente, mientras que a la administración se le permite incumplir durante años sin consecuencias reales?

La Ley 7/2023 no nació “ayer”. Se aprobó con un periodo de adaptación, se anunció con antelación y en total han pasado ya casi tres años, más que tiempo suficiente para que cualquier entidad local hubiese activado, al menos, medidas mínimas de gestión ética de colonias felinas.

Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer mientras llega ese cumplimiento “algún día”? ¿Esperar pacientemente a que la administración “se habitúe”? ¿Esperar mientras nuestros bolsillos se vacían sosteniendo con recursos privados una obligación pública? ¿Esperar mientras las personas voluntarias nos desgastamos emocionalmente y quemamos nuestra vida en una tarea que debería estar respaldada por instituciones? ¿Y qué ocurre con los animales que ni siquiera cuentan con una asociación cerca? ¿Cuántos nacimientos, enfermedades y muertes son aceptables durante esta espera?

Porque no se trata de una discrepancia política o de un debate ético: cuando se permite por inacción que continúen situaciones de abandono, enfermedad y sufrimiento evitables, estamos ante maltrato animal tolerado en la práctica, resultado directo de no hacer cumplir la ley al infractor institucional.

Y llegados a este punto, la cuestión se vuelve todavía más desoladora: ¿se pretende que el voluntariado sostenga indefinidamente el incumplimiento municipal y, además, asuma el coste de reclamarlo? ¿Se espera que las asociaciones se vean obligadas a solicitar responsabilidad patrimonial? ¿Y quién cubre entonces los gastos de abogados, los riesgos procesales, las horas de trabajo perdidas, los costes emocionales, y todo lo gastado durante años en veterinarios y alimentación? Porque sí, algunas entidades reciben subvenciones puntuales. Pero incluso en el mejor de los casos, esas ayudas cubren una parte mínima de lo que cuesta sostener una gestión real, constante y profesionalizada. El resto lo pagan los voluntarios con dinero, tiempo y salud.

El problema no son los gatos: es la democracia

Este no es un debate solo animalista. Es un debate de legalidad. De convivencia. De buen gobierno. Porque cuando una administración decide que una obligación legal no le interesa y nadie se lo exige con firmeza, el mensaje para la ciudadanía es desesperanzador: hay leyes que se cumplen y leyes que se ignoran. Y las que se ignoran, suelen ser precisamente las que protegen a los más vulnerables.

La pregunta final no es solo por qué hay ayuntamientos que no gestionan colonias felinas. La pregunta real es: ¿De qué sirve una ley si no existe un sistema efectivo que obligue a cumplirla? Hasta que la respuesta sea algo más que un papel, el precio lo seguiremos pagando quienes llevamos décadas sosteniendo el problema: personas voluntarias, entidades pequeñas, y animales que, por no tener voz, quedan a merced de la indiferencia institucional.

Una macrogranja de codornices situada en Juneda, en Lleida, con sello de bienestar animal Welfair y que comercializa con los huevos de las aves, está en el punto de mira tras ser acusada de condiciones de insalubridad, falta de higiene y presunto maltrato animal. Como se observa en las imágenes inéditas grabadas por la asociación animalista ARDE, a las que ha tenido acceso en primicia elDiario.es, los huevos están en contacto directo con la suciedad, con excrementos y con cadáveres de aves en descomposición, lo que evidenciaría deficiencias higiénicas y sanitarias en la explotación avícola. 

La entidad de protección medioambiental y animal ARDE presentó el 16 de enero una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya por un presunto delito de abandono animal y estafa debido a las condiciones en que se encuentran las codornices en la granja. Fuentes fiscales confirman la recepción de la denuncia en la Fiscalía Superior de Catalunya y explican que previsiblemente será remitida en los próximos días a la Fiscalía de Lleida, que es la competente por territorio al estar la granja en Juneda. 

Después de que saliera a la luz el caso de la ‘granja de los horrores’ de Llucmajor (Mallorca), que tuvo que cerrar una nave y perdió su sello de bienestar tras la investigación publicada por este diario, ARDE denuncia ahora las condiciones en que se encuentran las codornices en esta explotación de Juneda. Las instalaciones son propiedad del grupo Urgasa, el grupo que registra la mayor producción de codornices a nivel europeo. 

Tras la publicación de este reportaje, el grupo Urgasa ha enviado un comunicado a este diario en el que manifiesta que las imágenes que se han publicado “muestran diferentes momentos de la granja con planos cortos, editados y sin continuidad”. “Además, se incorporan afirmaciones que no son ciertas”, han agregado. Los huevos, han afirmado, pasan por diferentes controles antes de ser comercializados y se descartan aquellos que “no cumplen con la exigencia de calidad”. “Este centro está auditado y certificado conforme al estándar IFS en seguridad alimentaria y trazabilidad”, han destacado.

La macrogranja de Juneda dispone de un complejo ganadero con cinco naves destinadas a la cría de codornices, una nave a la cría de perdices, otra a la incubadora de huevos de codorniz y finalmente un matadero avícola. En su web, Urgasa explica que para alcanzar la calidad de sus productos, controlan todas las etapas de crianza y producción, utilizando tecnología punta.

La organización ARDE ha lamentado que el grupo Urgasa disponga del certificado Welfair, que acredita el bienestar animal, de forma independiente, científica y basada en la observación directa del animal. Fuentes de Welfair explican a este diario que han iniciado una investigación en las instalaciones señaladas. “Hemos hecho una auditoría interna no anunciada el martes 20 de enero”, han afirmado. Sin embargo, han matizado que no pueden hacer más valoraciones porque desconocen de qué nave se trata. Estas fuentes añaden, aunque sin concretar, que no toda la explotación avícola dispone de la certificación de bienestar animal.

Por otro lado, ARDE también ha criticado que dispongan del certificado ‘Free to Fly’, específico en materia de bienestar animal para granjas de codornices, como aparece en la web de la empresa. El sello ha sido desarrollado por el Grupo Solé Bertrán, como figura en la web de ‘Free to Fly’. El grupo Urgasa, que ha declinado responder cuál es su relación con el sello, es la matriz del conglomerado de empresas (entre ellas, el Grupo Solé Bertrán y Aeropic S.A.).

De acuerdo con las imágenes recabadas, el interior de la explotación avícola presenta cadáveres en avanzado estado de descomposición en contacto con las aves vivas. También suciedad debido al polvo, telarañas, restos de plumas, pienso y heces acumuladas. Y cadáveres con el cuello mordido por roedores, hacinamiento de centenares de codornices en jaulas, así como aves vivas en la cinta de excrementos.

Las grabaciones de ARDE, de casi una hora y media de duración, muestran que las codornices se encuentran en un estado penoso. En primer lugar, se observan decenas de aves hacinadas en sus jaulas, algunas desplumadas o con sus plumas caídas, rodeadas de suciedad, así como cadáveres debajo de ellas. Esta falta de higiene, con restos de plumas y excrementos, se aprecia en el interior de las jaulas de los animales. La mayor acumulación de heces y restos de plumas o cáscaras de huevos se localiza en las bandejas situadas bajo las rejillas sobre las que se alojan las codornices.

Además de llevar el caso a la Fiscalía, la entidad animalista envió un escrito a la conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat el pasado 19 de enero, para alertar de esta situación. Desde la Administración catalana no han querido valorarlo a preguntas de este diario. 

Una veterinaria observa “graves” deficiencias

La asociación ARDE ha acompañado su denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya con un informe veterinario. En este escrito, al cual ha accedido este diario, se hace una evaluación exhaustiva a partir de la visualización de las imágenes. En él, la veterinaria Silvia Gimeno, colegiada en el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, afirma que de las imágenes se desprende la presencia de cadáveres de codornices “en evidente estado de descomposición”, en el interior de las jaulas, en “contacto directo con aves vivas”.

Además, observa “numerosos cadáveres adicionales” bajo las jaulas, así como a un trabajador recogiendo “un número elevado de aves muertas, lo que sugiere una mortalidad significativa y persistente”. La profesional incide, sobre el estado de las instalaciones, que la mayor acumulación de excrementos “se localiza en las bandejas situadas bajo las rejillas sobre las que se alojan las codornices, apreciándose una carga orgánica elevada y persistente”. Según la veterinaria, se debe a “una retirada insuficiente de los residuos”. Además, aprecia presencia de sangre bajo las jaulas, lo que considera compatible “con lesiones traumáticas o episodios de picaje”.

Por otro lado, las aves están alojadas en jaulas con suelo de rejilla metálica. En las imágenes analizadas se observa que los dedos de las codornices se introducen entre los huecos de la rejilla y que, en algunos casos, las patas llegan a introducirse a través del suelo. Esto indica, según la veterinaria, que el tamaño de la malla no es adecuado para esta especie y no permite un apoyo normal y seguro del animal. Desde el punto de vista veterinario, un suelo inadecuado impide una postura fisiológica correcta, por lo que puede aumentar el riesgo de lesiones, atrapamientos, dolor crónico y dificultad para el descanso.

En cuanto a la salud de las aves, el informe describe que hay animales “con pérdida de plumaje”, lo cual es compatible con “picaje” con otras codornices, indicativo de “estrés y manejo inadecuado”. Además, estos síntomas son compatibles con enfermedades o malestar, como el entrecerrado de los ojos; actitud apática o el plumaje erizado.

El erizamiento del plumaje, afirma la profesional, es un signo “frecuentemente asociado a enfermedad, dolor, debilidad, estrés térmico o infecciones”, y refleja, según la veterinaria, “una alteración del estado general del animal”. Por otro lado, lamenta que haya huevos en contacto directo con suciedad, excrementos y cadáveres de aves en descomposición, así como huevos picoteados. “Esta situación supone una grave deficiencia higiénico-sanitaria, incompatible con los requisitos de higiene de la producción primaria”, argumenta.

Potencial “riesgo” para la salud pública

Sobre la gestión de los residuos, Gimeno pone el foco en la cinta transportadora de retirada de estiércol, que está bajo las jaulas. Esta cinta está provista de tapas móviles que un trabajador retira manualmente durante las operaciones de limpieza. En las imágenes grabadas, detalla la veterinaria, se observa que hay codornices vivas fuera de las jaulas, deambulando por el suelo de la nave y algunas de ellas se encuentran sobre y dentro de la zona correspondiente a la cinta transportadora. La profesional observa que el operario, “siendo consciente de la presencia de aves vivas”, procede a retirar las tapas móviles, introducir residuos y poner en funcionamiento “la cinta transportadora con las codornices vivas aún presentes, sin retirarlas previamente”.

Por estas razones, Gimeno observa que las condiciones son “gravemente incompatibles con un nivel aceptable de bienestar animal”. Detalla que la situación del interior de la granja presenta “deficiencias estructurales y de manejo”, así como “omisiones graves del deber de cuidado”. Entre las insuficiencias, destaca higiene deficiente y acumulación de carga orgánica, contacto prolongado de animales vivos con cadáveres en descomposición; suelos inadecuados que permiten el paso de dedos y extremidades; evidencia de estrés, picaje y enfermedad no atendida y riesgo extremo e inmediato derivado del uso de un sistema mecánico de evacuación de residuos en presencia de animales vivos, con posibilidad de atrapamiento, traumatismos graves o muerte.

La veterinaria valora la existencia de “riesgos sanitarios para el consumidor”. Entre ellas, riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas (de transmisión humana), como la salmonelosis; el contacto de huevos con cadáveres en descomposición, heces y suciedad “favorece la contaminación de la cáscara, con riesgo de penetración bacteriana al interior del huevo”; la presencia de aves enfermas no aisladas “aumenta la probabilidad de diseminación de agentes infecciosos” y la manipulación de huevos en un entorno visiblemente insalubre “es incompatible con los principios básicos de higiene de la producción primaria”.

Según la veterinaria, las condiciones a que son sometidas las codornices son “compatibles con múltiples incumplimientos” de la normativa en materia de gestión animal. Incluye aquí el Decreto Legislativo 2/2008, el Real Decreto 348/2000, la Ley 32/2007, la Directiva 98/58/CE y los Reglamentos 852/2004 y 853/2004. Se incumplían, según menciona, varias obligaciones de bienestar animal: higiene deficiente, atención insuficiente a animales enfermos, retirada tardía de cadáveres y riesgo derivado de la manipulación mecánica de residuos en presencia de aves. Gimeno concluye que todo ello podría suponer infracciones graves o muy graves de las distintas normativas, lo que podría acarrear sanciones que irían desde los 6.000 a los 100.000 euros. 

La normativa europea específica de bienestar animal recoge que los huevos destinados al consumo humano “deben mantenerse limpios, secos y protegidos frente a la contaminación, desde el momento de la puesta y durante todas las fases de su manejo”, explica Gimeno. Tras el análisis global, la veterinaria aprecia “sufrimiento animal evitable, riesgo inmediato para la vida de los animales, incumplimientos reiterados y sistemáticos y potencial riesgo para la salud pública”. Esto constituiría, a su juicio, “infracciones graves y muy graves”.

La empresa hace gala de su producto

Urgasa defiende en sus publicaciones la calidad de sus productos y también el bienestar animal con el que aseguran tratar sus animales. “Nuestro esmero en vigilar todos los detalles del proceso de elaboración nos ha permitido obtener las certificaciones de mayor prestigio y rigurosas”, aseguran en su web, y añaden que es así como garantizan que sus productos “estén al nivel de la máxima categoría”. “Solo así una empresa puede convertirse en un referente internacional del sector”, indican. Unos productos que son de “máxima calidad y frescura”, según afirman.

El grupo Urgasa opera bajo varias sociedades. Una de ellas es Aeropic S.A., empresa especializada en la cría y comercialización de aves como la codorniz –y sus huevos–, el picantón y la perdiz, como destaca la web. Esta es la empresa que vende directamente a mayoristas y distribuidores al por mayor, entre ellos, al sector HORECA (acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías). Sin embargo, los huevos de codorniz de esta granja, con los códigos sanitarios 14.01367/L y 14.003390/L, corresponden a la empresa SAT 5749 Codornices Urgell y proceden del centro de clasificación de huevos del complejo. Es otra de las que opera bajo la marca del grupo, como se puede comprobar a través del buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo.

Entre los supermercados a los que distribuye en España, cabe mencionar en Catalunya a Mercadona, que bajo la marca Hacendado vende los huevos de codorniz de esta empresa, así como los supermercados Carrefour y Bon Preu. En Valencia y Madrid, bajo la marca Dagu, se vende en supermercados El Corte Inglés.

Fuentes de Mercadona afirman a este diario: “Aeropic es uno de nuestros proveedores de huevos de codorniz y cuenta con certificaciones en materia de Bienestar Animal y de Seguridad Alimentaria basadas en estándares internacionales reconocidos, como el resto de nuestros proveedores”. Y añaden que exigen cumplir con sus estándares de bienestar animal. “Tomaremos las medidas que sean necesarias”, responden por su parte fuentes del supermercado Bon Preu, que añaden que están “analizando la situación”. El resto de supermercados y empresas consultadas no ha respondido en el momento en que se publica este reportaje.

Según datos oficiales, en España hay alrededor de un centenar de grandes simios en parques zoológicos y unos 50 en centros de rescate. El destino de este grupo de gorilas, chimpancés y orangutanes depende de lo que se apruebe en la futura ley de protección de los grandes simios, un proyecto que quedó estancado tras un prometedor arranque en 2006. El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Pablo Bustinduy, ha retomado la tarea y trabaja en la que quiere llamar “Ley Jane Goodall” con el objetivo de “proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de estos animales”.

En las reuniones preliminares con los diferentes agentes implicados, el Ministerio se está encontrando dos posiciones enfrentadas: la de quienes defienden que la actual generación de grandes simios en los zoos españoles sea la última tras prohibir la cría e incorporación de nuevos individuos, y la de quienes quieren que continúe habiendo cría e intercambio de especímenes para garantizar la diversidad genética y una posible reintroducción en caso de que fuera necesaria. A un lado los activistas y los centros de rescate, al otro lado los zoológicos.

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha recibido esta semana por separado al Instituto Jane Goodall y a los representantes de los centros de rescate (Fundación Mona, Primadomus y Reinfer) y a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA). Estos últimos organizaron una jornada en el Congreso de los Diputados el pasado viernes bajo el título “Ciencia, legislación y grandes simios: hacia una normativa basada en la evidencia” para escuchar a las diferentes voces implicadas. El encuentro, que contó con la presencia de Becerra, reunió a especialistas independientes en cognición animal, a profesionales de los zoos y a representantes de distintos proyectos relacionados con la conservación de primates, y puso de manifiesto la diferencia de posturas.

“Jaulas cerradas” 

La posición más contundente es la de Pedro Pozas, director del Proyecto Gran Simio y principal impulsor de la Proposición No de Ley presentada en 2006, quien durante su intervención en la jornada hizo un duro alegato contra la existencia de los zoos que hizo removerse a muchos en sus asientos. “Mantener y reproducir grandes simios en cautividad no es ético, no es justo y no es conservacionista”, aseguró. Pozas puso el foco en la necesidad de poner fin al comercio y la reproducción en cautividad de los grandes simios, una práctica que, a su juicio, “constituye la principal vía de abastecimiento de los zoos para mantener el modelo de exhibición y negocio”. 

Pozas niega que la cría de los grandes simios se haga para su futura reintroducción en la naturaleza y asegura que no hay ejemplos exitosos. De hacerse, además, se utilizaría antes a los animales de los santuarios en los países implicados. “La reproducción se mantiene para que las colecciones no se extingan”, expuso. Su otro argumento es que quienes trafican con grandes simios pueden introducirlos en el circuito legal aprovechando las reglas del convenio CITES y falsificando su origen como si provinieran de un zoo, de modo que “facilitan el blanqueo del tráfico ilegal” y suponen “una coartada perfecta”. 

Si mañana encontrásemos a un grupo de neandertales, no admitiríamos criarlos en recintos para sostener una población cautiva, separarlos, moverlos como fichas o usar a sus crías para atraer visitantes

Pedro Pozas — Director del Proyecto Gran Simio y principal impulsor de ley

“Hablamos de homínidos, nuestros parientes evolutivos más cercanos, con los que compartimos entre un 96 y un 99% del ADN”, aseguró Pozas. “Si mañana encontrásemos a un grupo de Homo neanderthalensis, no admitiríamos criarlos en recintos para sostener una población cautiva, separarlos, moverlos como fichas o usar a sus crías para atraer visitantes”. Por estos motivos, pide que se siga el camino emprendido por otros países como Canadá y se prohíba la llegada de nuevos simios a los zoos españoles y la reproducción en cautividad. “De modo que los que hay ahora queden en donde están, 30 o 40 años o lo que duren, y, después, las jaulas cerradas”, aseguró.

Las cifras y el contexto

En los zoos españoles hay 38 gorilas, 35 chimpancés y 26 orangutanes, según datos de finales de 2025 (no hay bonobos). Sobre el número de crías que han tenido no existe una cifra oficial, pero la cantidad es muy pequeña, según los responsables. El director de Bioparc Valencia, Miguel Casares, no cree que hayan nacido más de diez crías por especie en la última década, y niega que se gestionen para atraer el público. En sus instalaciones, pone por ejemplo, hay una hembra fértil que no es capaz de criar porque no produce suficiente alimento (leche) y no le permiten seguir reproduciéndose porque no es bueno para ella.

En cuanto al movimiento de individuos entre zoos, Casares afirma que son muy limitados y que por cada especie existe un programa de conservación y un comité de expertos que se reúnen una vez al año y deciden. “A veces se muere un individuo en un zoo y tienen que reponer el macho reproductor en otro sitio”, explica. “Nosotros el año pasado enviamos un macho desde Fuengirola al zoo de Colchester, en Inglaterra, pero se hace por el bien de la especie. No es un intercambio de cromos”. 

Si esterilizamos a todos esos animales, ¿en qué beneficia esto a los chimpancés? Si los chimpancés se extinguen en África y hemos esterilizado a la población que tenemos en Europa, ¿quién asume esa responsabilidad?

Miguel Casares — Director de Bioparc Valencia

Casares recuerda que cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) hace sus valoraciones contempla la población de la especie global y no renuncia a la población de reserva, porque dada la situación límite de la mayoría de estas poblaciones sería un suicidio. “Si esterilizamos a todos esos animales y paramos la reproducción, ¿en qué beneficia esto a los chimpancés? En nada”, asegura. “Si los chimpancés se extinguen en África y hemos esterilizado a la población que tenemos en Europa, ¿quién asume esa responsabilidad?”.

Un caso espectacular es de los ibis eremitas, que se llevaron desde Marruecos a diversos zoos y desde allí se ha empezado la reintroducción, como la que se ha hecho en Cádiz, en España. Otro ejemplo muy citado es el del orangután de Sumatra, en peligro crítico de desaparición, o las reintroducciones exitosas de especies como el panda rojo o el bisonte europeo. “La UICN tiene decenas de ejemplos que publica cada año sobre animales que se han reintroducido, muchos con ayuda de zoológicos”, asegura Javier Almunia, presidente de AIZA. “Las epidemias en santuarios no son inusuales, incluso en poblaciones naturales, y si una epidemia diezmara las poblaciones la única posibilidad de recuperarlas sería a través de los zoológicos”.

Visiones enfrentadas

Muchas afirmaciones de Pozas fueron replicadas por los especialistas que asistieron a las jornadas organizadas por AIZA en el Congreso y criticadas por su falta de rigor. Ana Fidalgo, etóloga y presidenta de la Asociación Primatológica Española, defendió que los zoológicos son centros de investigación, conservación y educación y no solo espacios recreativos. “La ciencia no justifica el cautiverio, lo transforma en una herramienta para proteger individuos y especies”, aseguró. 

La ciencia no justifica el cautiverio, lo transforma en una herramienta para proteger individuos y especies

Ana Fidalgo — Etóloga y presidenta de la Asociación Primatológica Española

Sobre el blanqueo de crías secuestradas en la naturaleza con el sistema CITES, Fernando Magdaleno, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, aseguró durante su intervención que en España no se ha registrado ningún caso y que los protocolos lo hacen muy difícil. “En España los controles CITES son muy estrictos, se conoce bien la genealogía de los animales y se implanta un microchip de manera que es difícil cambiar un animal por otro”, dice Almunia. “Las pruebas genéticas actuales hacen imposible blanquear un gran simio con una falsificación de un permiso”.

Xavier Manteca, especialista en bienestar animal de la UAB, defendió que la presencia de crías tiene efectos positivos en los grupos de primates y Miquel Llorente, especialista en cognición animal de la Universidad de Girona, recordó que la reproducción es una necesidad fisiológica de los animales. Este último asegura que es un mito que la cautividad provoca trastornos mentales, además de advertir del peligro de legislar desde la emoción humana y sin escuchar a la ciencia. El especialista en cognición animal Josep Call, de la Universidad de Saint Andrews, recalcó la importancia del trabajo que se hace en los zoos para estudiar determinados aspectos cognitivos, como el de teoría de la mente.

La afirmación de Pozas de que tener a una familia de gorilas en un zoo es como mantener a una familia de neandertales en cautividad fue respondida por una autoridad mundial en genética de primates. Tomás Marqués-Bonet, genetista de la Universitat Pompeu Fabra, dejó claro que la cifra del 99% de coincidencia entre nuestro genoma y el de los chimpancés es fruto de un malentendido y se aproxima más a un 85%. “Por otro lado, nadie duda de la categoría 100% humana de los neandertales”, explicó. “[Plantearse encerrarlos] sería como hacerlo con un asiático, un australiano o un americano si nos lo encontramos por aquí”. 

¿Esterilizar o no?

Desde AIZA señalan que la limitación de la cría y el intercambio de grandes simios para los zoológicos españoles supondría la imposibilidad de participar en los programas internacionales en los que colaboran cientos de zoológicos de todo el mundo. “Es una situación absurda, especialmente cuando Proyecto Gran Simio no ha aportado ni una sola evidencia concreta sobre problemas de bienestar en los zoológicos acreditados españoles”, señala Javier Almunia. “La única razón de esta regulación parecen ser opiniones y emociones personales que no se sustentan en la evidencia científica”.

Es una situación absurda, especialmente cuando Proyecto Gran Simio no ha aportado ni una sola evidencia concreta sobre problemas de bienestar en los zoológicos acreditados españoles

Javier Almunia — Presidente de AIZA

Desde la Fundación Mona, en cambio, están a favor de la prohibición de la cría. “Consideramos que la cría de grandes simios en cautividad no tiene ninguna finalidad de reintroducción”, explica su presidenta, Olga Feliu. “Los santuarios locales ya tienen más de 1.000 individuos y si hay alguien que tiene posibilidad de reintroducirlos son ellos. Por otro lado, si no crían, ¿para qué van a mover individuos para la mejora de la diversidad genética?”.

La política de estos centros es impedir la reproducción de animales no reubicables y evitar que sean trasladados si ello implica reproducción con fines de perpetuar su cautividad. “Nosotros cuidamos de muchos chimpancés que nacieron en la selva pero fueron víctimas del tráfico ilegal”, explica Cristina Valsera, bióloga de la Fundación Mona. “Su reintroducción en su hábitat natural es completamente inviable y, si crían, hacemos el problema más grande, porque condenamos a una vida de cautividad a más animales y pueden superar los 60 años”. “Lo que nosotros defendemos es que se deje de criar y que a lo largo de los años las colecciones de grandes simios desaparezcan”, resume.

Lo que nosotros defendemos es que se deje de criar y que a lo largo de los años las colecciones de grandes simios desaparezcan

Cristina Valsera — Bióloga de la Fundación Mona

El director en España el Instituto Jane Goodall, Federico Bogdanowicz, confirma a elDiario.es que están alineados con los centros de rescate. “Nuestra postura no es prohibir la reproducción en cautividad, sino limitarla y que solo se permita cuando sea dentro de un proyecto concreto de reintroducción, como se hace con los ibis o las gacelas, no en un futuro indefinido”. En su opinión, la jornada organizada por AIZA intentó dar la impresión de que la ciencia estaba de un lado y los activistas de otro, pero no es así. Y cree que se está planteando un falso debate, porque el esfuerzo hay que centrarlo en la conservación del hábitat. “Si se extinguen los orangutanes es porque ya no tienen dónde vivir, hay que conservar eso”, asegura.

Un mes y medio para tramitar la ley

En los próximos días, el ministerio elaborará un documento con las alegaciones presentadas por las diferentes partes y convocará después a todos con la intención de empezar a tramitar la ley en el plazo de un mes y medio, según fuentes del proceso. Como representante del Ministerio de Transición Ecológica, Fernando Magdaleno insistió en que la norma que se apruebe deberá estar dentro del marco CITES y España no podrá ser una excepción.

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, aseguró que será necesario un equilibrio entre la visión científica y las visiones jurídica, ética, económica y social, y que la ley irá acompañada de una memoria económica para facilitar su cumplimiento, en referencia al impacto que pueda tener en zoos y centros de rescate. En todo caso, subrayó el representante del ministerio, “una ley de derechos de los grandes simios no trata de equiparar a los grandes simios con las personas: trata de dar derechos a unas especies que el legislador entiende que los merecen”.

Los acuarios pretenden acercar al público a la vida marina y mostrar de forma controlada la diversidad de especies acuáticas. En su origen fueron espacios de aprendizaje, donde la observación servía para despertar interés por la biología marina. Sin embargo, esa función educativa ha quedado en entredicho por las condiciones en que viven algunos animales, confinados en tanques artificiales que poco tienen que ver con su entorno natural.

Muchos recintos se han modernizado para ofrecer entornos más amplios y cuidados, pero en otros la falta de recursos y la dificultad de traslado de grandes especies han provocado un deterioro progresivo. Ese contraste entre el objetivo pedagógico y la realidad de las instalaciones ha impulsado el debate sobre su continuidad, que se ha hecho visible en Francia con el cierre de Marineland Antibes y el incierto destino de los animales que permanecen allí.

Las condiciones internas avivan la presión de colectivos y autoridades

Marineland Antibes anunció el 5 de enero de 2025 el fin de sus actividades, después de medio siglo en funcionamiento. La decisión se vinculó a los cambios legales introducidos por la ley francesa de 2021, que prohibió los espectáculos con cetáceos a partir de diciembre de 2026 y vetó el contacto del público con estos animales. El cierre dejó en las instalaciones a dos orcas, Wikie y su cría Keijo, además de doce delfines a la espera de una decisión definitiva.

La norma francesa que entrará plenamente en vigor en 2026 supuso un giro completo en la gestión de los parques marinos del país. La medida buscaba poner fin a la utilización de cetáceos en espectáculos, algo que el Ministerio de Transición Ecológica consideró incompatible con su bienestar. Con ella se marcó un calendario para clausurar instalaciones, retirar licencias y planificar la reubicación de los ejemplares que aún permanecían en cautividad.

Desde el anuncio del cierre, Marineland Antibes ha sido objeto de críticas por el estado de sus tanques y la atención a los animales. Imágenes difundidas por activistas como la española Kibara mostraban agua con algas y filtraciones en las piscinas, sobre todo en el recinto de los delfines.

En algunos vídeos se apreciaban las orcas inmóviles durante largos periodos, lo que alimentó la preocupación por su estado físico y psicológico.El acceso al recinto fue restringido, lo que impidió una supervisión externa de calidad.

Aunque los responsables del parque aseguraron que se seguían aplicando los protocolos de mantenimiento, asociaciones especializadas denunciaron que las condiciones actuales podían comprometer la salud de los cetáceos y exigieron una inspección urgente. Ante la presión pública, la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, pidió que se garantizara la seguridad y el bienestar de los ejemplares mientras no se concretara su traslado.

El destino de las orcas y delfines abre un conflicto internacional

El fin de Marineland no se debió solo al desgaste económico. Representó el efecto directo de la política francesa de bienestar animal y la transformación de un modelo de entretenimiento que había quedado desfasado. Las dificultades para adaptar las instalaciones a los nuevos requisitos legales precipitaron la clausura. Por eso, el cierre fue interpretado como una señal de que la transición hacia espacios sin espectáculos con fauna marina se había vuelto irreversible.

En enero de 2026 se definieron los planes finales para los animales. El Ministerio francés y la dirección de Marineland anunciaron que las dos orcas serían trasladadas al Whale Sanctuary Project, un santuario marino en Nueva Escocia, considerado por las autoridades “la solución más creíble y ética” y la única que cumple las condiciones de seguridad y bienestar. El traslado está previsto para el verano de 2026, en cuanto concluyan las tareas logísticas y veterinarias.

La decisión cerraba meses de disputas administrativas. El Loro Parque de Tenerife había solicitado acoger a Wikie y Keijo, respaldado por informes que avalaban la calidad de sus instalaciones. Sin embargo, la Autoridad Científica española (CITES) emitió una recomendación negativa. El zoológico canario recurrió la decisión ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al considerar que el informe que la sustentaba no había sido notificado en el plazo legal.

Su presidente, Wolfgang Kiessling, declaró a EL MUNDO que “no parece creíble que se pretenda cuestionar nuestra labor a través de un informe inexistente y que no se dé acceso a la información científica que justifique tal recomendación”. Según explicó, las instalaciones del parque superan desde 2006 todas las auditorías de bienestar animal realizadas por la Dirección General de Ganadería, Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Los doce delfines, por su parte, permanecerán temporalmente en Marineland, en piscinas catalogadas como alojamiento provisional. Se espera su futura reubicación en un nuevo centro gestionado por ZooParc de Beauval, en Francia. Las autoridades descartaron enviarlos a España o a otros países fuera del marco europeo, al estimar que no se garantizaba del todo su bienestar ni se excluía el uso con fines de espectáculo. El hipotético traslado a Beauval se presenta como una etapa intermedia antes de que los animales puedan vivir en un entorno más estable, con condiciones que les permitan recuperar parte de su comportamiento natural y reducir el estrés provocado por años de cautividad.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa han investigado a dos personas, vecinas de la localidad alicantina de Petrer, de 29 y 35 años de edad, respectivamente, como presuntos autores de dos delitos contra la flora y fauna y por otro contra los animales. La razón es la liberación de un ejemplar de caimán yacaré que fue hallado el pasado mes de julio en el pantano de Almansa, en la provincia de Albacete.

El pasado día 9 de julio de 2025, los agentes se trasladaron al pantano tras haber tenido conocimiento de la posible presencia de lo que podría ser un cocodrilo. Tras varios intentos de captura, en los que colaboró tanto la Sociedad de Pescadores de Almansa como Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, finalmente se pudo capturar al espécimen.

El ejemplar exótico, un caimán yacaré, originario de Sudamérica, registrado en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), fue entregado tras su captura a los responsables del Zoo de Madrid, según ha informado la Guardia Civil.

Se generó alarma entre la población

Ante la comisión de unos hechos presuntamente delictivos, por la alarma social generada al localizarse en una zona de baño muy accesible, el Seprona de Almansa inició las correspondientes indagaciones con el objetivo de localizar al autor o autores de esta introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural.

Las pesquisas realizadas por la Benemérita, junto a la colaboración de la Sociedad de Pescadores Pantano de Almansa, Agentes Medioambientales de la comarca de Almansa, así como de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría alicantina de Elda-Petrer, llevaron a constatar la participación en los hechos delictivos de las dos personas investigadas.

Los autores han sido investigados por dos delitos contra la flora y fauna, consistentes en la liberación no autorizada de una especie de fauna no autóctona en el medio natural y por la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre. Además, también han sido investigados por un delito contra los animales, al abandonar un animal vertebrado en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad.

Según el Código Penal, por los delitos contra la flora y fauna, estas personas podrían enfrentarse a unas penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Por el mismo texto legal y en lo que respecta al delito de abandono de animales, las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

La Guardia Civil recuerda que, conforme a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, queda prohibida la tenencia de animales de fauna silvestre en cautividad que no se encuentren incluidos en el 'Listado positivo de animales de compañía'.

Los requisitos para su inclusión en este listado son que no supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales, y que no se trate de especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el Derecho de la Unión Europea y/o los tratados internacionales ratificados por España.

Las diligencias, instruidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Almansa han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de dicha localidad, en funciones de guardia.

Una nova polèmica esquitxa PP i Vox a les Illes Balears, que governen les principals institucions de Mallorca a través de diferents acords de governabilitat. L’hipòdrom de Son Pardo, situat a la capital, no té la llicència d’activitats, segons ha pogut comprovar elDiario.es a través de documentació del Consell Insular. El recinte esportiu va intentar regularitzar la seva situació quan el 2017 va sol·licitar una llicència d’obres-activitat, que implicava una reforma de l'interior, però aquesta mai no es va arribar a completar, com consta en la documentació municipal consultada per aquest diari. Malgrat això, l’hipòdrom de Son Pardo està acollint activitats esportives amb total normalitat.

Després de sol·licitar una llicència d’obres el 2017, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) va rebre finalment el permís el 2020, i les obres van començar el 5 de novembre d’aquell any. Tres anys més tard, el 26 de setembre de 2023, l’IEHM va sol·licitar una pròrroga per acabar els treballs. El 15 d’abril de 2024, el regidor d’Urbanisme, Óscar Fidalgo (PP), va aprovar l’extensió per tretze mesos, fixant com a nova data límit el 5 de desembre de 2024, encara que amb algunes condicions. En la resolució d’Urbanisme, consultada per aquest diari, es permet sol·licitar una segona i última pròrroga de fins a sis mesos i mig, sempre que s’hagi executat almenys la meitat de l’obra i estiguin acabades façanes, cobertes i fusteries exteriors, certificat per la direcció de l’obra. Però, segons la documentació del Consell, aquestes condicions encara no es compleixen, perquè falten per completar les fases II i III de les obres.

La Llei 7/2013 estableix que, quan un edifici es construeix o reforma per a una activitat concreta —per exemple, un hipòdrom que acull competicions esportives—, no es poden tramitar per separat les obres i l’activitat. És a dir, ambdós han de gestionar-se conjuntament, assegurant que el lloc sigui segur, compleixi les normes de salubritat i medi ambient, i respecti la normativa urbanística. Es pot presentar un sol projecte que abasti tot o dos projectes separats, però sempre coordinats i revisats conjuntament. A més, la normativa balear indica que les activitats han de complir les condicions de la seva llicència i la resta de la normativa aplicable, inclosa la Llei 39/2022, de l’Esport.

Mentre es fan les curses de cavalls, l’hipòdrom de Son Pardo no compta amb la llicència d’activitat vigent, cosa que podria constituir un incompliment de la normativa, segons denuncien el PSIB-PSOE i Progreso en Verde. 'La situació a Son Pardo és d’extrema gravetat', ha afirmat Andreu Serra, conseller del PSIB-PSOE, que ha acusat el Consell Insular de 'no haver actuat amb diligència i no haver fet res' per evitar perdre la llicència provisional d’activitats. Pedro Bestard és vicepresident segon i conseller no adscrit de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, després d’haver abandonat la direcció de Vox a les Balears el setembre de 2024. Óscar Fidalgo (PP), tercer tinent d’alcalde, controla la cartera d’Urbanisme.

Ni l’Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respost a les preguntes d’aquest diari en relació amb la presumpta activitat irregular en el moment en què es publica aquesta notícia. L’hipòdrom no ha contestat els missatges ni les trucades.

Més subvencions públiques

Malgrat tot, el departament de Pedro Bestard ha incrementat en gairebé un 19% el pressupost destinat aquest any al món del trot, segons va informar el Consell de Mallorca. En aquest sentit, el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) ha pujat a gairebé 4,8 milions d’euros. La Federació Balear de Trot (FBT) ha augmentat la seva partida en 100.000 euros, situant-se en un milió dos-cents cinquanta mil euros. L’objectiu, segons el Consell Insular, és “augmentar el nombre de curses als hipòdroms” gestionats per l’IEHM.

Amb aquest augment, el departament d’Esports del Consell Insular esperava incrementar en 28 les curses de cavalls que se celebrarien a Son Pardo, passant de les 238 de 2024 fins a les 266 de 2025. En aquest sentit, el conseller Bestard va afirmar que el compromís de la institució insular és “continuar donant suport al món del trot, augmentant el nombre de curses i millorant les instal·lacions dels hipòdroms, amb l’objectiu de potenciar un esport tan arrelat a Mallorca”.

Progreso en Verde denuncia “explotació animal”

“Hem enviat un escrit al Seprona —de la Guàrdia Civil— perquè investigui què està passant”, ha explicat a aquest diari Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde. Segons el portaveu animalista, la situació és d’“extrema gravetat” perquè, com que no té la corresponent llicència, totes les curses que s’estan fent “serien il·legals”, a parer seu. Per tant, qualsevol incident que pogués ocórrer amb els assistents a les competicions esportives “també seria de molta gravetat”, ha apuntat.

No obstant això, Amengual recorda que les presumptes irregularitats al voltant de l’hipòdrom són constants. Una situació a la qual cal sumar el cas de dopatge que va sortir la setmana anterior. “És una darrere l’altra”, ha remarcat i ha acusat l’Ajuntament de manca de transparència. “Portem gairebé tres anys de legislatura i tenim zero respostes. Tot el que hem enviat sobre diferents temes, i al qual tenen l’obligació de respondre —això ens ho diuen tant el Seprona com la Policia Local—, no obtenim respostes”, ha retret. Segons Amengual, el Consistori ni tan sols respon al Seprona.

“En un cas anterior, relacionat amb les calesses, el Seprona va aixecar un ofici contra l’Ajuntament per deficiències a l’ordenança i tampoc van contestar. Quan no es respon a les autoritats, a nosaltres evidentment molt menys”, ha insistit. Progreso en Verde demana “el tancament immediat” de l’hipòdrom de Son Pardo, de manera cautelar, fins que “s’aclareixi realment què està passant”.

En aquest sentit, Amengual es remet a les declaracions del PSOE, que sostenen que el recinte funciona sense llicència. “Això ho sap tothom, fins i tot la Federació Balear de Trot (FBT). Em vaig queixar al Seprona perquè no entenc que, si no hi ha llicència d’activitats, es permeti que continuï operant”, ha valorat. La FBT no ha respost a la consulta d’aquest diari en relació amb l’activitat presumptament irregular de l’hipòdrom.

“És com un restaurant o un bar al qual li suspenen la llicència i continua obert: la multa seria molt gran i probablement el tancarien”, ha lamentat Amengual. Al seu entendre, els assumptes relacionats amb l’explotació animal semblen poder operar fora de les normes, sense control. “Si la llicència està paralitzada per unes obres, hauria de tancar-se immediatament. Estem convençuts que no serà així, que continuarà operant amb normalitat”, ha indicat i ha afegit que des del seu partit insistiran al Seprona “fins on pugui arribar”. “Però si el Consell o l’Ajuntament no volen tancar-lo, no el tancaran”.

És com un restaurant o un bar al qual li suspenen la llicència i continua obert: la multa seria molt gran i probablement el tancarien. Si la llicència està paralitzada per unes obres, hauria de tancar-se immediatament

Guillem Amengual — Progreso en Verde

Així, el president de Progreso en Verde descriu que els cavalls de curses pateixen “explotació” i “maltractament”, tant en els entrenaments com en les competicions. “Quan deixen de guanyar premis i de generar diners, molts acaben a les calesses per continuar sent explotats allà”, ha opinat.

També enumera altres suposats casos de males pràctiques: quadres que no estan en condicions i nombrosos casos de dopatge —no un ni dos, sinó molts—. “Estem convençuts que si en cada cursa es fes un control antidopatge, no hi hauria curses, perquè presumptament se’ls administren substàncies per evitar el dolor, sobretot a les potes, on pateixen moltes lesions”, ha assegurat.

Amengual ha afirmat que, després de les denúncies de Progreso en Verde, es van fer moltes revisions veterinàries i que la Fiscalia va confirmar que “tots els cavalls examinats tenien lesions antigues a les potes”. “També hi ha hagut casos de material il·legal, com les justes amb què es colpejava els cavalls, cosa que hauria d’estar totalment prohibida”, ha lamentat. Finalment, ha recordat el cas de Sorky Das Pon, un cavall que va ser assassinat per un dels seus propietaris després de perdre una cursa. “És explotació i maltractament animal”, ha conclòs.

És explotació i maltractament animal. Quan deixen de guanyar premis i de generar diners, molts cavalls acaben a les calesses per continuar sent explotats allà. Si en cada cursa es fes un control antidopatge, no hi hauria curses, perquè presumptament se’ls administren substàncies per evitar el dolor

Guillem Amengual — Progreso en Verde

En la mateixa línia s’ha pronunciat l’associació Satya Animal. “Continuar operant sense llicència d’activitats és una mostra més de la permissivitat i complicitat de les administracions amb negocis basats en l’explotació cruel d’animals, tal com veiem amb altres activitats com la tauromàquia”, ha afirmat a aquest diari Kike Gimeno.

El portaveu de l’entitat animalista lamenta que aquest tipus d’activitats es fonamenten en l'“errònia idea” que “tot el que és tradicional és vàlid”. “Ja anem tard, com a societat, en la revisió de costums i tradicions que no s’alineïn amb uns valors ètics mínims”, ha sostingut.

Els cavalls són éssers molt sensibles i intel·ligents que són domesticats a la força, obligats a realitzar esforços que comprometen la seva salut i tractats com a objectes que es rebutgen quan pateixen una lesió greu o quan el seu rendiment competitiu baixa

Kike Gimeno — Portaveu de Satya Animal

Gimeno ha recordat que els cavalls són “éssers molt sensibles i intel·ligents” que són domesticats “a la força” i “obligats a realitzar esforços que comprometen la seva salut i tractats com a objectes que es rebutgen quan pateixen una lesió greu o quan el seu rendiment competitiu baixa”. Al mateix temps, ha lamentat que aquesta “explotació” dels cavalls es combini amb una altra activitat perniciosa com són les apostes esportives, que degraden “encara més el nivell moral de la societat”.

Una nueva polémica salpica a PP y Vox en Balears, que gobiernan las principales instituciones de Mallorca a través de diferentes acuerdos de gobernabilidad. El hipódromo de Son Pardo, ubicado en la capital, carece de la licencia de actividades, según ha podido comprobar elDiario.es a través de documentación del Consell Insular. El recinto deportivo intentó regularizar su situación cuando en 2017 pidió una licencia de obras-actividad, que implicaba una reforma de su interior, pero ésta nunca se llegó a completar, como consta en la documentación municipal consultada por este diario. Pese a ello, el hipódromo de Son Pardo está acogiendo actividades deportivas con total normalidad.

Después de solicitar una licencia de obras en 2017, el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) recibió finalmente el permiso en 2020, y las obras comenzaron el 5 de noviembre de ese año. Tres años más tarde, el 26 de septiembre de 2023, el IEHM solicitó una prórroga para terminar los trabajos. El 15 de abril de 2024, el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo (PP), aprobó la extensión por 13 meses, fijando como nueva fecha límite el 5 de diciembre de 2024, aunque con algunas condiciones. En la resolución de Urbanismo, consultada por este diario, se permite pedir una segunda y última prórroga de hasta seis meses y medio, siempre que se haya ejecutado al menos la mitad de la obra y estén terminadas fachadas, cubiertas y carpinterías exteriores, certificado por la dirección de la obra. Pero, según la documentación del Consell, estas condiciones no se cumplen todavía, porque faltan por completar las fases II y III de las obras.

La Ley 7/2013 establece que, cuando un edificio se construye o reforma para una actividad concreta —por ejemplo, un hipódromo que acoge competiciones deportivas—, no se pueden tramitar por separado las obras y la actividad. Es decir, ambos deben gestionarse juntos, asegurando que el lugar sea seguro, cumpla con las normas de salubridad y medio ambiente, y respete la normativa urbanística. Se puede presentar un solo proyecto que abarque todo o dos proyectos separados, pero siempre coordinados y revisados conjuntamente. Además, la normativa balear indica que las actividades deben cumplir las condiciones de su licencia y el resto de la normativa aplicable, incluida la Ley 39/2022, del Deporte.

Mientras se realizan las carreras de caballos, el hipódromo de Son Pardo no cuenta con la licencia de actividad vigente, lo que podría constituir un incumplimiento de la normativa, según denuncian el PSIB-PSOE y Progreso en Verde. “La situación en Son Pardo es de extrema gravedad”, ha afirmado Andreu Serra, conseller del PSIB-PSOE, que ha acusado al Consell Insular de “no haber actuado con diligencia y no haber hecho nada” para evitar perder la licencia provisional de actividades. Pedro Bestard es vicepresidente segundo y conseller no adscrito de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, después de haber abandonado la dirección de Vox en Balears en septiembre de 2024. Óscar Fidalgo (PP), tercer teniente de alcalde, controla la cartera de Urbanismo.

Ni el Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respondido a las preguntas de este diario en relación a la presunta actividad irregular en el momento en que se publica esta noticia. El hipódromo no ha contestado a los mensajes ni a las llamadas.

Más subvenciones públicas

Pese a todo, el departamento de Pedro Bestard ha incrementado en casi un 19% el presupuesto destinado este año al mundo del trote, según informó el Consell de Mallorca. En este sentido, el presupuesto del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) ha ascendido a casi 4,8 millones de euros. La Federación Balear de trot (FBT) ha aumentado su partida en 100.000 euros y se ha situado en un millón doscientos cincuenta mil euros. El objetivo, según el Consell Insular, es “aumentar el número de carreras en los hipódromos” gestionados por el IEHM.

Con este aumento, el departamento de Deportes del Consell Insular esperaba incrementar en 28 las carreras de caballos que se fueran a celebrar en Son Pardo, pasando de las 238 de 2024 hasta las 266 de 2025. En este sentido, el conseller Bestard afirmó que el compromiso de la institución insular es “seguir apoyando el mundo del trote, aumentado el número de carreras y mejorando las instalaciones de los hipódromos, a fin de potenciar un deporte tan arraigado en Mallorca”.

Progreso en Verde denuncia “explotación animal”

“Hemos enviado un escrito al Seprona —de la Guardia Civil— para que investigue qué es lo que está sucediendo”, ha explicado a este diario Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde. Según el portavoz animalista, la situación es de “extrema gravedad” porque, al no disponer de la correspondiente licencia, todas las carreras que se están haciendo “serían ilegales”, en su opinión. Por tanto, cualquier incidente que pudiera ocurrir con los asistentes a las competiciones deportivas “también sería de muchísima gravedad”, ha apuntado.

No obstante, Amengual recuerda que las presuntas irregularidades en torno al hipódromo son constantes. Una situación a la que hay que sumar el caso de dopaje que salió la semana anterior. “Es una detrás de otra”, ha remarcado y ha acusado al Ajuntament de falta de transparencia. “Llevamos casi tres años de legislatura y tenemos cero respuestas. Todo lo que hemos enviado sobre distintos temas, y que tienen la obligación de responder —esto nos lo dicen tanto el Seprona como la Policía Local—, no obtenemos respuestas”, ha reprochado. Según Amengual, el Consistorio ni siquiera responde al Seprona.

“En un caso anterior, relacionado con las calesas, el Seprona levantó un oficio contra el Ayuntamiento por deficiencias en la ordenanza y tampoco contestaron. Cuando no se responde a las autoridades, a nosotros evidentemente mucho menos”, ha insistido. Progreso en Verde pide “el cierre inmediato” del hipódromo de Son Pardo, de forma cautelar, hasta que “se aclare realmente qué está sucediendo”.

En este sentido, Amengual se remite a las declaraciones del PSOE, que sostienen que el recinto funciona sin licencia. “Esto lo sabe todo el mundo, incluso la Federación Balear de trot (FBT). Yo me quejé al Seprona porque no entiendo que, si no hay licencia de actividades, se permita que siga operando”, ha valorado. La FBT no ha respondido a la consulta de este diario en relación a la actividad presuntamente irregular del hipódromo.

“Es como un restaurante o un bar al que le suspenden la licencia y sigue abierto: la multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían”, ha lamentado Amengual. En su opinión, los asuntos que tienen que ver con la explotación animal parecen poder operar fuera de las reglas, sin control. “Si la licencia está paralizada por unas obras, debería cerrarse inmediatamente. Estamos convencidos de que no será así, que va a seguir operando con normalidad” ha indicado y ha añadido que desde su partido insistirán al Seprona “hasta donde pueda llegar”. “Pero si el Consell o el Ayuntamiento no quieren cerrarlo, no lo cerrarán”.

Es como un restaurante o un bar al que le suspenden la licencia y sigue abierto: la multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían. Si la licencia está paralizada por unas obras, debería cerrarse inmediatamente

Guillermo Amengual — Progreso en Verde

El presidente de Progreso en Verde describe que los caballos de carreras sufren “explotación” y “maltrato”, tanto en los entrenamientos como en las competiciones. “Cuando dejan de ganar premios y de generar dinero, muchos acaban en las calesas para seguir siendo explotados allí”, ha opinado.

Así, enumera otros supuestos casos de malas prácticas: cuadras que no están en condiciones y numerosos casos de dopaje —no uno ni dos, sino muchos—. “Estamos convencidos de que si en cada carrera se hiciera un control antidopaje, no habría carreras, porque presuntamente se les administran sustancias para evitar el dolor, sobre todo en las patas, donde sufren muchas lesiones”, ha asegurado.

Amengual ha afirmado que, tras las denuncias de Progreso en Verde, se hicieron muchas revisiones veterinarias y que la Fiscalía confirmó que “todos los caballos examinados tenían lesiones antiguas en las patas”. “También ha habido casos de material ilegal, como las justas con las que se golpeaba a los caballos, algo que debería estar totalmente prohibido”, ha lamentado. Finalmente, ha recordado el caso de Sorky Das Pon, un caballo que fue asesinado por uno de sus propietarios tras perder una carrera. “Es explotación y maltrato animal”, ha concluido.

Es explotación y maltrato animal. Cuando dejan de ganar premios y de generar dinero, muchos caballos acaban en las calesas para seguir siendo explotados allí. Si en cada carrera se hiciera un control antidopaje, no habría carreras, porque presuntamente se les administran sustancias para evitar el dolor

Guillermo Amengual — Progreso en Verde

En la misma línea se ha pronunciado la asociación Satya Animal. “Seguir operando sin licencia de actividades es una muestra más de la permisividad y complicidad de las administraciones con negocios basados en la explotación cruel de animales, tal y como vemos con otras actividades como la tauromaquia”, ha afirmado a este diario Kike Gimeno. 

El portavoz de la entidad animalista lamenta que este tipo de actividades se fundamentan en la “errónea idea” de que “todo lo que es tradicional es válido”. “Ya vamos tarde, como sociedad, en la revisión de costumbres y tradiciones que no se alineen con unos valores éticos mínimos”, ha sostenido.

Los caballos son seres muy sensibles e inteligentes que son domesticados a la fuerza, obligados a realizar esfuerzos que comprometen su salud y tratados como objetos que son desechados cuando sufren una lesión grave o cuando su rendimiento competitivo baja

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

Gimeno ha recordado que los caballos son “seres muy sensibles e inteligentes” que son domesticados “a la fuerza” y “obligados a realizar esfuerzos que comprometen su salud y tratados como objetos que son desechados cuando sufren una lesión grave o cuando su rendimiento competitivo baja”. Al mismo tiempo, ha lamentado que esta “explotación” de los caballos se junta con otra actividad perniciosa como son las apuestas deportivas que degradan “aún más el nivel moral de la sociedad”.

Con los recientes brotes de gripe aviar y peste porcina ocupando titulares, la preocupación social se ha reactivado, especialmente entre quienes conviven con animales. Sabemos que el riesgo de contagio para los humanos es cero, o mínimo en caso de la gripe aviar, pero ¿corren algún riesgo nuestros perros o gatos?

“En el caso de la peste porcina, en absoluto va a afectar este virus a otras especies que no sean cerdos, domésticos o salvajes, como es el jabalí”, aclara José Ángel Barasona, investigador del programa Ramón y Cajal y del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET). “No va a afectar ni a mascotas, ni a otras especies de producción, podemos estar muy tranquilos porque es imposible que el virus se pueda replicar dentro de nuestras células o de nuestras mascotas”, asegura.

“Sí se han dado casos de gripe aviar de alta y baja patogenicidad en perros y gatos, tanto con síntomas como positivos sin síntomas, pero todos ellos fuera de España y relacionados presuntamente con el consumo de carne de ave cruda”, explica Natalia Pastor, veterinaria del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA). “Los síntomas suelen ser respiratorios, en perros normalmente es parecido a una tos, o neurológicos. En perros suelen ser síntomas leves, en gatos hay más mortalidad”, detalla.

Sin embargo, esto no implica que haya ningún riesgo en el consumo de piensos o comidas húmedas que contengan aves o cerdo. “En España los controles sanitarios a nivel de producción animal son muy estrictos, por lo que es muy difícil que carne contaminada de ave llegue a la cadena de consumo, pero aun así el riesgo estaría en consumir productos crudos”, destaca Pastor, porque la gripe aviar quedaría inactiva con el cocinado. En el caso de la peste porcina, no hay riesgo de contagio incluso si se llegara a consumir la carne contaminada de cerdo.

Por tanto, los expertos llaman a la tranquilidad y no le ven sentido a modificar la dieta de los animales, ya que es totalmente segura. “Por la vida que llevan ya la mayoría de perros y gatos, casi todos mascotas que viven en casa, el riesgo de contagio es muy bajo y estaría en el contacto estrecho y el consumo crudo de aves silvestres o de aves de pequeñas explotaciones con menos control”, comenta la veterinaria.

Seguir las recomendaciones sanitarias

Los dos veterinarios coinciden en seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias también a la hora de los paseos. “La Generalitat ha prohibido el paso a la zona recreativa afectada por la peste porcina, así que obviamente no vamos a permitir que nuestras mascotas vayan a pasear allí ni vamos a ir con nuestros perros a la zona, no porque nos vayamos a contagiar en ningún caso, pero para no pisar algún material contaminado y provocar una salida del virus”, valora Barasona. “Pero más allá de la zona afectada, no hay ningún inconveniente ni precaución extra que debamos tener en cuenta en los paseos”, añade.

En el caso de la gripe aviar, la veterinaria Pastor sí tiene una recomendación: “Bajo ningún concepto nos tenemos que acercar, ni nosotros ni nuestros animales a cadáveres de aves que nos podamos encontrar en el campo, ni dejar que cacen o contacten de otra manera con animales silvestres, ya no solo por la gripe aviar, hay más enfermedades que se pueden transmitir y además afecta gravemente a la supervivencia de algunas especies silvestres”. “En el caso de encontrar algún cadáver de ave, hay que avisar al 112 y las autoridades ya tienen sus protocolos para actuar de manera correcta”, señala la veterinaria.

Con estas pautas en mente, los expertos lanzan un mensaje contra el alarmismo y la preocupación. “Más allá de evitar el consumo de productos avícolas crudos y el contacto de nuestras mascotas con la fauna silvestre o aves de corral con acceso al exterior, podemos estar tranquilos, ya que las autoridades sanitarias están actuando tomando las medidas de prevención necesarias”, concluye Pastor.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes la constitución de un Comité Técnico de expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la Peste Porcina Africana (PPA) durante la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León.

El comité estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y miembros de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Su primera reunión de trabajo se celebrará el próximo martes 9 de diciembre.

Castilla y León cuenta con un censo de 4,7 millones de cabezas de porcino, situándose como la tercera comunidad autónoma en producción porcina, tras Aragón y Cataluña. El porcino constituye aproximadamente el 13% del total de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con un valor cercano a los 450 millones. Portugal, Francia y China son los principales destinos.

Fernández Mañueco ha afirmado en el encuentro que, aunque la Peste Porcina Africana no afecta a las personas ni por consumo ni por contacto con los animales, el foco declarado en Cataluña es un aviso muy serio para España después de 30 años sin la enfermedad, según un comunicado de prensa. Por eso, el presidente del Ejecutivo autonómico ha resaltado que las medidas adoptadas por la Junta desde el primer día y basadas en la rigurosidad persiguen proteger a la cabaña ganadera y la economía con una apuesta por la bioseguridad estricta y la detección precoz.

Entre otras cuestiones, la Junta de Castilla y León ha participado en las reuniones de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE); ha celebrado encuentros de trabajo interconsejerías; ha habilitado un espacio informativo en la web institucional; ha remitido SMS y correos electrónicos a ganaderos de porcino con información sobre la enfermedad, y ha reforzado el plan de vigilancia de la fauna salvaje para intensificar la caza del jabalí.

También se ha mantenido un diálogo permanente con las OPAs y organizaciones sectoriales como Interporc, Feaspor, Anprogapor o Feporcyl y, a nivel institucional, se ha solicitado la convocatoria urgente y coordinada de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural para abordar conjuntamente la PPA y la gestión de la fauna silvestre. 

Otras enfermedades para la cabaña ganadera

Durante la reunión se han analizado otras cuestiones de interés para el sector agrario como la situación de otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, en especial, la Dermatosis Nodular Contagiosa o la Influenza Aviar. Asimismo, se ha informado del anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuya vigencia finaliza este año, con una ejecución de 2.067 millones, el 98,4 % de todo el gasto público previsto en la programación, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad más eficiente de España entre las grandes gestoras de fondos europeos.

También se ha comunicado el pago de 587 millones desde el 16 de octubre de la declaración de la PAC y se ha dado cuenta de que una docena de organizaciones, así como ocho de las nueve diputaciones provinciales, se han adherido a la declaración institucional promovida por la Junta y las OPAs en defensa del modelo agrario de la Comunidad ante la negociación de la futura PAC.

Para dar comienzo a este relato o misiva, he de remontarme a mi infancia. Nacer en un pueblo, marca, con todo lo que ello conlleva. El contacto de un niño con la Naturaleza, era como una gran escuela libre. Pero no todo eran enseñanzas, o, mejor dicho, sí lo eran. Había, como era de suponer, chiquillos de cada padre y madre, con los que en ocasiones compartías largos ratos las tardes de asueto. Claro está, el mirar y observar en un niño, desde su perspectiva, predominaban normalmente a las conversaciones. No era raro ver o encontrarse con otro niño y soltar posiblemente una de las preguntas más recurridas del mundo infantil: –¿qué estás haciendo? –. En otras ocasiones bastaba observar y observar y al poco rato, sentir el deseo de imitar. Ya nos vamos acercando a uno de los escollos, si de lo que se trata no es precisamente bueno ante los ojos de Dios.

Con las vacaciones estivales el tiempo de holganza era prácticamente de la mañana a la noche, salvo encomiendas o recados maternales. En esos largos tiempos, era inevitable dar, acompañado de algún cómplice, en hacer alguna picia, de las que los mayores veían, unas veces bien y otras con malos ojos, aludiendo al archiconocido dicho: son cosas de chiquillos.

En una de estas, miro, observo y acto seguido imito, resultó ser de lo más reveladora, por lo trágico de la lección en el desenlace. Le había pedido algo de dinero a mi madre para ir a comprar lo que los había visto a otros chicos. Me acerqué a la plaza del pueblo, donde había una de esas tiendas miscelánicas que tenía un gran mostrador de madera de un color oscurecido por el uso, las manos y el tiempo. Apoyando mis manos sobre éste, le pedí al señor Palmiro, un señor alto y delgado que portaba un guardapolvos de color ocre claro, aquello que vi y deseaba tener como los otros chicos. –Aquí tienes muchacho, son veinte pesetas–. Con las mismas, me apresuré a volver a casa para poner en marcha aquel artilugio metálico. Cogí un trocito de pan de la cocina y raudo me acerqué a uno de esos montones de mies que se secaban en la era. Puse cuidadosamente abierto con los dos semicírculos tensionados de cobre con una varilla que armaba el artefacto dentro del grano, de tal manera que solo asomaba el trocito de pan que había pinchado en el centro.

Regresé a casa y tras un buen rato en otros quehaceres, oí la voz de mi madre –vamos, que es hora de comer–. Comí a toda prisa y salté de mi banqueta para salir pitando a la calle. Hacía un calor intenso propio del verano. No había nadie en la calle y el silencio era absoluto. Tan sólo una ligera brisa sonaba entre las copas de los árboles. Llegué a la era y me acerqué sigiloso a la montaña de grano. Recuerdo que me faltaba el aire por la prisa con la que salí corriendo y mi corazón estaba agitado. Sobre el amarillo pajizo del grano había algo oscuro.

Mi corazón palpitaba más y más fuerte según me iba acercando. Efectivamente, la máquina había atrapado a un gorrión. Era un precioso gorrión macho, con su bonita pechera negra. Saqué de esa trampa maldita su cuerpecito y lo sostuve mirándolo sobre mis manos. Tenía el cuello roto y su cabecita se iba para todos los lados. Debió ser una muerte horrible, pensé. En un momento inesperado, se dejó atraer con sus saltitos, no precisamente a por un insecto que estuviera encima del grano, fue directo hacia ese trocito de pan blanco. Un trocito de pan puesto con engaño le sedujo y saltó hacia él, sin saber que ya no volvería a ver más la luz del sol, ni a su pareja y muy probablemente su pequeña prole de polluelos. Mi trampa, mi ballesta floreciente de alambre de cobre, le había arrebatado la vida de un golpe. Yo era el culpable. Poco a poco, me fue entrando una tristeza que no pude resolver en tiempo.

Esos malos aprendizajes de ver a otros niños, habían surtido su efecto. Ver la realidad cruel, que implica matar a un animal. Un pequeño pajarito que vuela alegre y vive junto a nosotros para enseñarnos lo frágil que es la Naturaleza, si no ponemos de nuestra parte. Ese desenlace y todas las reflexiones en ese momento y las posteriores, me hicieron ver con otros ojos y labrar en mi corazón un amor incondicional a los animales. Aún puedo ver colgada de la vieja cuadra, sobre la blanca pared encalada, la ballesta colgada de una punta sin aquel brillo de metal reluciente, ahora polvorienta y cubierta de telarañas formará parte del recuerdo como parte de mi historia.

Hecho el preámbulo en lo que a mi testimonio ser refiere, seguiré este relato con las siguientes impresiones que espero poder transmitir de seguido el núcleo de la cuestión. Ustedes juzgarán. Es una manera de hablar. Por ahora hablaremos no de pájaros, que ya les llegará su momento a las aladas criaturas su momento, hablemos de gatos. De esos bellos e inteligentes animales, provistos de una genética y anatomía naturales, capaces de realizar las destrezas más sorprendentes. Hablar de gatos, también me hace recordar esos anclados dichos populares de nuestros ancestros. “Te han dado gato por liebre”. Pues, sí, tristemente los gatos, sin yo ser un erudito en la materia, me consta que este pobre animal, ha sido perseguido por unos y por otros.

Cuando digo unos y otros, me refiero a todos aquellos que, movidos por la ignorancia, el hambre o el dinero, han demostrado en todo momento el más mínimo cargo de conciencia y apego por este ser animal. Le han cazado, envenenado, capturado, maltratado; bien para fingir en el guiso ser un conejo o liebre, por tener éstos anatomías parecidas, la más absoluta ignorancia y, o, creencias malignas envenenándolos o por un macabro divertimento. O aquellos que los capturaban para venderlos a las facultades de medicina o veterinaria, para que estudiaran sus cuerpos los jóvenes estudiantes. Esto último lo sé de buena tinta.

Afortunadamente, algunas, –no suficientes a mi modo de ver– variaciones evolutivas en los comportamientos y valores han hecho al hombre, al que llaman sapiens, tener más consideración hacia los animales en general, y a los gatos en particular. Afortunadamente como digo, han surgido defensores y amantes de los gatos, hasta el punto que, podría decirse que se han equiparado a los amantes de los perros. De hecho, me consta, que no pocas familias o parejas o mujeres u hombres, tiene en sus casas como animal de compañía gatos. Algunas o algunos, también me consta que no sólo tienen un gato, pueden tener una pequeña ONG en casa con unas cuantas criaturas de estas que por unas u otras circunstancias han ido adoptando para constituirse en una gran familia. Puestos ya con la Ley en la mano, que da título a este relato, anotaré que recientemente han sido considerados, tanto gatos, perros y el resto de animales de compañía, como miembros de la familia. Si alguien lee dicha Ley se dará cuenta, que es sustancialmente mejorable, aunque algo es algo.

Sin apartarme mucho del tema, una preguntilla a los que redactan las leyes. Si existe la familia numerosa como tal para humanos y ahora los animales que cohabitan con estos humanos son considerados miembros de la familia, ¿por qué no prevén algunos tipos de beneficios o descuentos que puedan repercutir en la economía de esa familia solidaria por el número de animales recogidos, alimentados y cuidados, en los que obviamente se incluyera una deducción en las facturas veterinarias? Reflexión hecha. Sigo con el hilvanar de esta historia.

Es bien sabido, que algunas personas solidarias, optan no sólo por atender a su gato o gatos que tiene en casa, sino que también emplean su tiempo y su dinero para atender y alimentar a los que están en la calle. Estos son los llamados cuidadores de colonias felinas, personas altruistas que lo único que reciben a cambio es la propia satisfacción de hacer el bien y el cariño que les profesan los gatos que atienden y alimentan. Luego están otros que han heredado aquel desapego infundado de los tiempos pretéritos y odian a los gatos. Les odian hasta tal punto, que son capaces de matarlos de la forma más mezquina: envenenándolos. La gran mayoría, no llegan a tanto, pero desde luego no pueden ni verlos y recurren a la sombra del mal en tirar, romper o robar los comederos, bebederos y refugios, todo esto punible según la Ley. Luego están los que, si tienen gatos en las instalaciones en pleno campo y les molestan, les detestan hasta el punto de que les gustaría que desaparecieran.

No piensen mal. Desaparecer en el sentido, figurado de que llegara un hipotético flautista que encantara con su melodía a los gatos de esa colonia y se los llevara a hacer puñetas donde le plazca, con tal de que ella, –pues es de ese género, si se me permite la expresión y el juego de palabras, la sujeta sin predicado–, no les volviera ver por allí nunca más. Ahora mismo estoy hablando, mejor dicho, he llegado, o la causa por la cual, me aventuré a garabatear estas líneas, con las que no es otra mi intención, que poner el dedo en la llaga.

Pongámonos a ello con pequeño preámbulo. Paseaba o corría por los caminos que salen del pueblo donde vivo y advertí que, en una de las tierras próximas al camino, había dos gatitos muy pequeños que parecían estar solos. Uno era blanco y negro, igualito que mi pequeño Pip, que tristemente desapareció y la otra, pues resulto fémina, de color siamés, de carita idéntica a mi Tiny. Pensé que podían estar abandonados o le había pasado algo a su madre. A mi regreso volví a verlos y no pude por menos que pensar, que los había visto no por casualidad, porque las casualidades no existen, sino porque me habían desaparecido los hermanos de mi Bell, Pip y Tiny.

De alguna manera mi mente y mi corazón lo establecieron así; nos habíamos encontrado en el camino por una razón insondable y decidí actuar en consecuencia. Así fue, al día siguiente, salí a correr y llevé un poco de pienso de gatos pequeñines y se lo puse junto a árbol cerca donde les había visto el día anterior y continué mi camino. Al regresar de nuevo por allí, observé que estaban comiendo los dos gatitos. Esto me produjo una gran satisfacción. Harán dos años desde entonces de mi adopción en plena naturaleza, pues, aunque ellos me tienen infinito apego y muestras de cariño, he comprendido y creo que ellos también, que allí, donde nacieron, en el campo junto al río es su lugar, donde viven felizmente rodeados de otros animales y en libertad.

En uno de esos trayectos que hago habitualmente cada dos días para llevarles comida a Kitt y Ammy, observé desde el camino a una distancia considerable de los míos, diría al menos de media legua, junto a una cerca que separa las instalaciones de una gran empresa que gestiona y explota la conservación de carreteras, unos gatitos tomando el sol de la mañana. Les había de diferentes colores, aunque predominaban unos blancos y negros y blancos con manchas negras y pardas. Me pregunté si estarían atendidos, pues aparentemente parecían presentar un buen estado de salud. Un buen día decidí indagar un poco y llamé una tarde por teléfono. Supuestamente, alguien vive en esas instalaciones, imagino que también cumpliendo funciones de guarda. Es señor que me atendió al teléfono, parecía una persona sencilla y amable intentando darme la información que precisaba y que resultó, efectivamente, – que nadie se ocupaba de los gatos, que ellos se las apañaban con los desperdicios o lo que cazaban–. Me instó a que pasara un día por la mañana para que me informaran mejor de la situación. Y eso hice. –Hola buenos días, ¿qué desea? –me preguntó un señor que abrió la puerta de una de las dependencias de las naves. –Hola, buenos días, desearía hablar con el gerente o responsable–, le interpelé.

Al poco aparecieron en el pasillo estrecho de acceso a la nave, varias personas más entre las cuales, había una señora que parecía querer tomar la delantera a los otros, queriendo mostrar su supuesta jerarquía y mayor diligencia en resolver asuntos a lo que el resto asentían con su silencio. –Sobre qué tema sería–. Interpeló ella (he aquí la sujeta sin predicado) en un tono vivo y seco. Posterior a este interrogatorio de alguien que no era la persona indicada por la que preguntaba para abordar la situación de la colonia felina, me fui desolado, pensando que más podía hacer. Esta persona distaba de ser amable, solidaria y comprensiva con la situación.

Mas bien daba la impresión de ser intolerable, arrogante hasta la obsesión y sin duda con un grado alto grado de egocentrismo. Sin duda alguna detesta a los animales y no dudaría si pudiera, en hacerlos desaparecer, claro está sin manchar lo más mínimo las manos. Creo que, de aquel amargo encuentro, podía explayarme largo y tendido, pero como bien es sabido, el rememorar momentos de hiel, no es muy aconsejable.

Se puede decir, que no soy de esos que se dan por vencidos a las primeras de cambio. Así que decidí estudiar los pormenores y cómo poder llegar a revertir esa injusta situación. Pues la carga que supone la aflicción por un hecho injusto o cruel, me es insoportable. Ya está, pensé; independientemente de poner en conocimiento todo esto al responsable de Área de Medio Ambiente de Simancas, decidí contactar con la empresa en su sede principal.

En este sentido, he de anotar que las conversaciones telefónicas fueron en todo momento atendidas por mujeres súper amables y educadas. La primera era una recepcionista, muy amable, a la que le trasmití la situación y los antecedentes, pues no estaba en ese momento la secretaria del director, con la que tuve el gusto de hablar en tres ocasiones posteriormente, sin de momento tener aún una respuesta favorable. Ella, muy comprensiva en todo momento, se había ofrecido a hacer de intermediaria con los de la nave en cuestión, con lo que la respuesta que obtuvo –imagino que en un tono bien diferente–, fueron idénticas a las que a mí me dieron de mala gana. Le expliqué entre otras cosas que algunos gatos muestran síntomas y afecciones por contaminación o intoxicación, pues la mayaría tienen las patas manchadas de una especie de aceite.

Uno de ellos, un pequeñín de color blanco, al que tuve que curar una conjuntivitis aguda, pues tenía cerrado el ojito de lagañas amarillentas y sus orejitas estaban como en carne viva, desprovistas de pelo. Al cogerle para curarle, pues me conoce desde que les llevo alimento, noté que su pelo estaba apelmazado impregnado de una sustancia que olía fuertemente a diésel. Me di cuenta, –le contaba a la secretaria–, que de no haberle llevado un día a casa a bañar a Nube, pues le puse ese nombre, con dos baños calientes, pues en el primero el agua resultó casi de color negro y el posterior secado, posiblemente ese gatito habría enfermado con consecuencias fatales. Y le decía que se hiciera estas preguntas y se las trasmitiera al director: ¿si una persona puede atender una colonia de gatos, ¿cómo no iba a poder hacerlo una gran empresa, sobre todo una que se alimenta de dinero público? ¿No debería constar en el código ético de una empresa que ciertamente se supone que representa al Ministerio, las conductas medioambientales y de protección animal que dicta la ley? ¿Acaso sería mucho pedir, que les pusieran algunos bebederos de agua limpia y proveerles de comida regularmente? ¿Qué le supondría eso en coste y tiempo para una empresa grande? ¿O poder habilitarles refugios, para que resguardaran del frío y la lluvia? Desde luego lo que debería exigírseles es tener las instalaciones seguras para ellos, protegiendo aquellos productos tóxicos o contaminantes en lugares donde no tuvieran los gatos acceso o cualquier otro animal.

Me consta que hay empresas que lo hacen desinteresadamente todas estas cosas, porque les sale del corazón, no por ninguna etiqueta que promueva la imagen de la sostenibilidad natural y lo verde. Ahora estoy quedo en esta espera, a la respuesta de la secretaria, si finalmente le ha podido transmitir la situación al director, a pesar de las cosas tan importantes que tiene sobre la mesa y obrar en consecuencia. Yo le dije que esperaba su llamada y que no la volvería a llamar, más añadiendo estas últimas palabras: –esto también es importante, la vida de esos animales es importante y creo que, si nos ajustamos un poco a todos los términos de la situación en la que están, diría incluso, que es una responsabilidad.

La Ley de Bienestar Animal que el Gobierno aprobó hace más de dos años no permite enterrar a animales de compañía en cualquier sitio. Las opciones legales son la incineración o el enterramiento a través de una empresa que gestione un espacio autorizado, para lo cual es necesario presentar un certificado de la incineración o enterramiento para dar de baja al animal del registro de la base de datos. 

La mayoría de las personas opta por la incineración, al ser un procedimiento que se gestiona directamente con el veterinario y que apenas supone trámites, al ser el profesional quien contacta con la empresa de cremación.  

En este proceso, no nos entregan las cenizas de nuestra mascota, como sí se hace con los restos mortales humanos, debido a que tampoco pueden enterrarse en cualquier sitio no autorizado, por lo que no existen apenas posibilidades para ir a visitar sus restos y rendirles homenaje si así lo deseamos.

En España, hay alrededor de 30 cementerios y crematorios para mascotas y siguen creciendo cada año. Son lugares autorizados y también privados, salvo alguna excepción, donde enterrar a nuestra mascota puede costar desde 300 euros y hasta 6.000 euros, dependiendo de los servicios contratados.

'El último parque', en Arganda del Rey (Madrid); el 'Paraíso de Mascotas' en Málaga (de gestión pública); el Cementerio de Pequeños Animales de Torrelles de Llobregat (Barcelona), uno de los más antiguos del país; el cementerio 'Elisia' en Cartagena (Murcia); y 'El Recuerdo', en la localidad toledana de Ciruelos, son algunos ejemplos de estos espacios.

Ahora, en Castilla-La Mancha se abre una puerta a este respecto. El Gobierno regional quiere aprobar una orden que regule las condiciones para el enterramiento de animales de compañía en esta comunidad autónoma, porque no hay normativa autonómica sobre esta cuestión, salvo la estatal y las normas sanitarias que se aplican a subproductos animales y los no destinados al consumo humano, que datan de 2011- 

En la consulta previa para la elaboración de esta orden, el Ejecutivo de Emiliano García-Page explica que los subproductos animales, independientemente de su procedencia, constituyen un “riesgo potencial para la salud pública, la salud animal y el medio ambiente”.

“Este riesgo debe controlarse, bien orientando esos productos hacia medios de eliminación seguros o utilizándolos para diversos fines, a condición de que se apliquen condiciones estrictas que reduzcan al mínimo los riesgos sanitarios”, argumenta. 

Es el motivo por el que actualmente el Ejecutivo castellanomanchego quiere regular las condiciones básicas para el enterramiento de animales de compañía de acuerdo con las normas sanitarias mencionadas.

El objetivo es evitar la eliminación no controlada de los restos

En virtud de esa competencia, la comunidad autónoma considera necesaria la publicación de una normativa específica de la que carecía hasta ahora. Nace con el objetivo de dar respuesta a una necesidad no cubierta hasta ahora, como es la de “ofrecer un espacio para el depósito de los animales de compañía” y evitar así “la eliminación no controlada de los cadáveres de mascotas en lugares que podrían implicar posibles riesgos sanitarios y medioambientales”.

La Dirección General de Ordenación Agropecuaria considera que se tiene que optar por la redacción de una orden con el fin de regular reglamentariamente la eliminación de los animales de compañía mediante “enterramiento controlado”.

El mencionado cementerio de Ciruelos, 'El Recuerdo', es un ejemplo de cómo podrían gestionarse estos espacios. Lo regenta un matriomonio, Sonia y Manuel. Acoge, en un entorno rodeado de naturaleza, a todo tipo de mascotas: perros, gatos, aves, hamsters, conejos, tortugas, etc. También entierran cenizas en el columbario preparado para urnas.

Se puso en marcha cuando la familia perdió a su perro Yako. “Encontramos la necesidad de buscar un lugar en el que pudiera descansar en paz y donde poder recordarle y seguir mostrándole nuestro cariño”, apuntan

Este cementerio abrió en 2022 con todos los permisos, tanto del ayuntamiento de Ciruelos como de la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, el organismo que ahora ha lanzado la consulta para regular estos espacios. La normativa estatal les ha obligado a estar inscritos en el registro SANDACH (subproductos de origen animal).

Según indican, cuentan con un equipo muy cualificado para ofrecer un “servicio integral y completo”, desde la recogida, ya sea en la clínica veterinaria o en su propio domicilio, hasta el traslado y posterior enterramiento, ya sea un día laborable, o incluso sábados, domingos y festivos.

En Castilla-La Mancha, la consulta previa dará paso a un futuro borrador que será sometido a información pública y donde el Gobierno regional detallará las medidas que quiere aprobar con esta nueva regulación.