Una compra de pocos minutos puede acabar con el perro solo en la acera y con su dueño expuesto a una sanción elevada. Esa escena, que todavía se repite ante algunos comercios, choca en España con la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe dejar a una mascota atada en un espacio público sin supervisión presencial.

La norma busca evitar que el animal quede desatendido durante el tiempo que dura el recado y contempla multas que pueden ir de 500 a 10.000 euros.

DogSpot instala casetas para perros junto a supermercados alemanes

La cuantía de las sanciones previstas por la Ley de Bienestar Animal depende de la infracción que se determine y de las condiciones en las que haya permanecido la mascota. El estado del perro, incluida la posible presencia de estrés o ansiedad, puede influir en la valoración del caso.

La prohibición afecta a perros y a otras mascotas que se dejen sujetas fuera de un establecimiento mientras su responsable entra a comprar, ya que la supervisión debe mantenerse de forma presencial.

Mientras España ha optado por prohibir esa práctica, algunos supermercados de Alemania han instalado casetas cerradas para que los perros permanezcan protegidos durante la compra. La iniciativa procede de DogSpot, una startup que impulsa puntos de estacionamiento para mascotas junto a los accesos de determinados establecimientos.

Estos espacios pretenden reducir el riesgo de dejar al animal atado fuera o encerrado en un vehículo, dos situaciones que pueden provocar estrés o ansiedad.

Los expertos citados por DogSpot defienden la utilidad de estos puntos para millones de personas que se desplazan habitualmente con sus perros y necesitan realizar recados breves. Según su explicación, “ofrecemos una alternativa segura a dejarlos en el coche o atarlos fuera cuando necesitan hacer un recado rápido”.

La cifra aportada alcanza a 68 millones de dueños de mascotas que llevan a sus perros consigo cada semana, un volumen que ayuda a entender el mercado al que se dirige la propuesta.

Los habitáculos incorporan sistemas para cuidar al animal durante la espera

Las casetas incorporan control de temperatura y un sistema de ventilación que mantiene el interior en condiciones adecuadas durante la estancia del perro. Su diseño facilita la limpieza y busca que el animal permanezca aislado del tránsito de personas mientras su dueño entra en el supermercado.

El acceso puede bloquearse y abrirse mediante una aplicación para teléfono móvil o con un código facilitado por la tienda, de modo que ninguna otra persona pueda abrir la puerta durante ese periodo.

A esas medidas se añaden la videovigilancia y la desinfección automática, que permiten controlar cada módulo y acondicionarlo antes de recibir al siguiente animal. La caseta permanece cerrada, ventilada y limpia mientras el dueño está dentro del establecimiento, con un sistema pensado para limitar riesgos durante una ausencia breve.

DogSpot forma parte de Pet Care Innovation, una organización dedicada a impulsar proyectos relacionados con el cuidado de mascotas y que respalda la expansión de estas casetas. La entidad participa en la financiación y difusión del sistema, mientras la startup se ocupa de venderlo a establecimientos y usuarios privados.

Entre sus usos previstos figura la colocación junto a comercios que no permiten la entrada de animales y en otros espacios donde el dueño necesita dejarlos durante un periodo breve.

España mantiene la supervisión presencial como única opción permitida

La propuesta alemana ha generado críticas entre algunos clientes, que han expresado en redes sociales que ciertos supermercados de otros países permiten entrar con perros. Esa posibilidad elimina la necesidad de dejar al animal en una caseta exterior y plantea otra forma de resolver el mismo problema.

En España, algunos centros comerciales ya aceptan mascotas en sus instalaciones, aunque esa autorización depende de las normas de cada recinto y no se extiende a todos los establecimientos, sobre todo donde hay comida.

La comparación entre ambos modelos deja dos respuestas distintas ante una misma necesidad, porque España sanciona la falta momentánea de supervisión y Alemania prueba espacios cerrados junto a algunos supermercados. Las casetas de DogSpot ofrecen un acceso protegido y ventilación, mientras la videovigilancia permite seguir su uso, aunque su aceptación depende de que los clientes las consideren adecuadas. También influye que los comercios prefieran instalarlas antes que permitir la entrada de animales.

La Ley de Bienestar Animal obliga en España a mantener la supervisión presencial, por lo que el dueño debe permanecer junto a su mascota o recurrir a una alternativa autorizada mientras realiza la compra.

Catalunya está un paso más cerca de blindar que no pueda haber nunca más en su territorio un criadero de animales destinados a convertirse en abrigos o ribetes. Este miércoles, la comisión de Transición Ecológica del Parlament ha aprobado una resolución que insta al Govern a rubricar una ley para convertir a esta comunidad en la primera que prohibirá las industrias peleteras.

La propuesta, que ha contado con los votos del PSC, Comuns, ERC, la CUP y Junts, ha sido impulsada por la entidad ARDE con el apoyo de INTERCIDS, una asociación jurídica animalista. “Es un paso muy importante para proteger los derechos de los animales, los ecosistemas y la salud pública”, ha expresado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Esta asociación ha coordinado la campaña “Acabemos con las pieles”, que ha contado con el apoyo de más de 47.000 personas.

En Catalunya no existen granjas peleteras desde 2010, pero las entidades temen que, después de que 18 estados miembro de la UE hayan adoptado medidas para acabar con esta industria, las empresas busquen nuevos lugares para implantarse. Sobre todo les preocupa el giro que se pueda producir después de que Polonia, el principal productor europeo y el segundo mundial después de China, se comprometiera a acabar con estas granjas de cara a 2033.

“Tenemos que evitar que Catalunya se convierta en un bastión para la industria peletera, ya que las empresas están tratando de trasladar su actividad a zonas donde todavía se permite, a raíz de las prohibiciones europeas”, siguen las entidades, que recuerdan que, como esta actividad no existe actualmente en el territorio, su prohibición definitiva no afectará de ninguna manera al PIB.

La explotación peletera en Catalunya empezó sobre los 1960 en Girona y Barcelona, con dos grandes granjas que estuvieron activas hasta 2009. Ambas causaron “graves afectaciones a los ecosistemas catalanes” a causa de las fugas de bisonte americano, la principal especie que criaban. En uno de los casos, las fugas fueron puntuales, pero en la de Girona un incendio forestal provocó que casi todos los animales huyeran y se instalaran en la naturaleza.

A día de hoy, los bisontes han llegado hasta Tarragona y la frontera con Aragón, convirtiéndose en especie invasora y afectando a las actividades humanas y al equilibrio del entorno. “El bisonte americano tiene un gran impacto debido a su actividad competidora y depredadora. Afecta a especies locales y otros especímenes protegidos como el cangrejo ibérico.

Además, las entidades alertan de que las granjas de bisontes son un “riesgo real para la salud pública”, en tanto que se han detectado diversos brotes de Covid-19 en estos animales, así como casos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidad. “Son entornos de alto riesgo zoonótico debido a la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y su susceptibilidad a los virus respiratorios”, tal como apuntó un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diversos estudios veterinarios apuntan a que los bisontes, así como los zorros y perros mapache, pueden albergar un gran número de virus, especialmente respiratorios, con “alto potencial” de salto de especie, tal como cita la resolución parlamentaria, que ha sido impulsada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Junts, que ha votado a favor, no quiso sumarse al grupo promotor por no compartir algunos posicionamientos. “[En la propuesta] se hacen generalizaciones que no aplican al conjunto del sector; aun así, no vemos la necesidad de introducir esta actividad en Catalunya y su prohibición no afecta a nuestra economía. Así que votamos a favor de la resolución, pero no del relato político que lo acompaña”.

Las formaciones que han apoyado la medida destacan también la huella climática que tienen las peleteras. La producción de la piel de bisonte puede generar entre 15 y 20 veces más gases invernadero que el resto de la industria textil. Todo ello, sumado al sufrimiento de los animales criados y sacrificados en esta industria, con el único objetivo de convertirse en piezas de ropa.

“La sociedad catalana rechaza criar animales en jaulas diminutas sólo para fabricar abrigos de piel. Esperemos que el Govern traduzca lo antes posible este compromiso en una prohibición efectiva”, ha declarado Elizalde, en referencia a la proposición aprobada en el Parlament. En esta línea, desde ARDE recuerdan que el 90% de la sociedad española considera “inaceptable” el uso de animales para fabricar piezas de vestir, según una encuesta de la Fundación BBVA.

En base a estos datos, las entidades impulsoras de la resolución consideran que esta puede ser una “herramienta clave” para consolidar la prohibición de las peleteras tanto aquí como en el resto del país. Actualmente, casi todas las comunidades se encuentran en la misma situación que Catalunya; a excepción de la Comunitat Valenciana y Galicia, que concentran las únicas industrias españolas con 1 y 21, respectivamente.

Castilla-La Mancha se mantiene libre de la enfermedad de Newcastle, una infección viral que aves domésticas y silvestres, que sí ha afectado a algunas explotaciones avícolas de Castilla y León.

Así lo aseguraba la la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, en una reunión que ha mantenido con el sector. “En este momento no hay ningún foco en Castilla-La Mancha, ni tampoco sospecha de ningún caso”.

En la actualidad, en la Comunidad Autónoma se está llevando a cabo el Programa Nacional de Vigilancia de la Enfermedad de Newcastle, un programa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que está basado tanto en una vigilancia activa como pasiva. Su misión es detectar de forma precoz cualquier posible foco que pudiera haber y garantizar la ausencia de presencia de la enfermedad en las explotaciones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está manteniendo contactos con el sector avícola regional para analizar la situación y hacer seguimiento de los focos de enfermedad de Newcastle declarados en Castilla y León, con el objetivo “de analizar la evolución de la enfermedad, anticiparnos a cualquier caso que pudiera venir para dar una respuesta de manera coordinada y eficaz y disminuir en la medida de lo posible el impacto que pudiera tener en nuestras explotaciones”, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

A este encuentro asistieron la Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha (AVICAM), encabezada por su presidente, su director-coordinador y el vocal de la Junta Directiva, Vicente Arriscado, David García y Juan Julián Sánchez, respectivamente; la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) Avicultores de La Mancha, representada por Sergio Espínola; la ADSG Aves Cedillo del Condado, en cuyo nombre participó María Dolores Gálvez; la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos, que representó Eduardo Barco; y, por último, como veterinario de la empresa Camar Agroalimentaria asistió Julio García.

Con todos ellos se evaluó la situación actual y el estudio de posibles medidas que puedan contribuir a la prevención y contención de la enfermedad en caso de que llegara a detectarse algún foco en Castilla-La Mancha.

La directora general ha explicado que en este encuentro se abordaron diversas propuestas planteadas por el propio sector. Entre ellas, la posibilidad de estudiar la vacunación obligatoria como herramienta de control de la enfermedad, así como la puesta en marcha de autorizaciones excepcionales que permitan el enterramiento de cadáveres en las propias explotaciones ganaderas con el fin de reducir los movimientos asociados al transporte de animales y minimizar los riesgos de propagación del virus, “siempre, por supuesto, garantizando las condiciones sanitarias para las personas y las condiciones medioambientales”.

Lydia Benítez ha subrayado al respecto que “cualquier decisión que pueda adoptarse se hará siempre de manera consensuada y en coordinación con el sector avícola, manteniendo un contacto constante con los profesionales y empresas implicados”. Además, ha destacado que “estas reuniones responden a la necesidad de estar preparados ante cualquier eventualidad, evaluando con antelación las posibles herramientas de actuación para poder responder con rapidez y eficacia si la situación así lo requiriese”.

Para finalizar, desde la Dirección General de Ordenación Agropecuaria se pide máxima concienciación e implicación del sector, llevando a cabo una comunicación fluida, rápida y transparente de cualquier sospecha por leve que sea, tanto con los veterinarios habilitados, figura fundamental en este tipo de situaciones, como con los servicios oficiales.

De la misma manera, se insiste en la importancia de las medidas de bioseguridad que son la primera y más eficaz herramienta de lucha contra este tipo de situaciones. También se insta al conjunto del sector, desde la Administración hasta las explotaciones, a colaborar y tomar cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la continuidad de las explotaciones y la seguridad sanitaria de las ganaderías.

L'Ajuntament de Palma farà la revisió veterinària obligatòria dels 28 cavalls de galeres amb llicència a mitjan setembre, després que el partit animalista Progrés en Verd hagi denunciat aquesta setmana la manca d'atenció veterinària als equins. Els cavalls seran inspeccionats cinc mesos més tard que l'any passat, fet que implica que no hauran passat aquesta revisió durant els mesos més calorosos de l'estiu ni en plena successió d'onades de calor.

“És un desastre”, afirma a aquest diari Guillermo Amengual, portaveu del partit, que afegeix que fer la revisió al setembre “és massa tard”. Fonts de l'Ajuntament assenyalen que no hi ha cap relació entre una qüestió i l'altra, ja que l'expedient es va signar el 19 de juny. “Aleshores encara és pitjor: sense revisió des de l'abril-maig de l'any passat i havent passat dos estius pel damunt”, lamenta Amengual. El Consistori, en canvi, defensa que es fan “inspeccions aleatòries als cavalls”.

La fi de les galeres de cavalls a Palma és un dels objectius històrics de les associacions i partits animalistes. A la capital balear encara hi ha 28 llicències vigents, que són hereditàries i vitalícies, fet que dificulta posar fi a una pràctica que, per a un sector cada vegada més ampli de la població, representa “explotació animal”.

Els animalistes acusen l'àrea de Mobilitat de posar “greument en perill la vida dels cavalls”. “Fa més d'un any que no passen una revisió veterinària i continuen sent explotats tot i les alertes decretades per les altes temperatures dels darrers dies”, assegura el portaveu, que adverteix que denunciarà l'Ajuntament si durant aquest estiu “passa alguna desgràcia a algun dels cavalls de les galeres”.

Al web de Mobilitat de Cort es pot comprovar que el 2025, entre el 26 de març i el 2 d'abril, els 28 cavalls amb llicència van passar la inspecció veterinària anual obligatòria. En canvi, la revisió d'enguany s'ha ajornat fins als dies 14, 15, 16 i 17 de setembre. Igualment, Progrés en Verd afirma que està tramitant una denúncia contra l'Ajuntament de Palma i la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural per “deixadesa de funcions i presumpta prevaricació administrativa”, arran dels fets que, segons el partit, s'han produït durant els darrers tres anys de legislatura.

Denuncien manca d'atenció veterinària

“Els cavalls de les galeres no haurien de prestar servei ni un dia més sense haver passat la revisió veterinària anual”, va afirmar aquest dilluns Amengual. El portaveu va recordar que el reglament municipal del servei de transport urbà amb galeres estableix, a l'article 32, que anualment i en les dates que determini l'Administració municipal, els titulars de les llicències han de sotmetre a revisió tecnicosanitària ordinària els cavalls i els vehicles adscrits.

Els animalistes lamenten que només s'hagin dut a terme inspeccions “esporàdiques”, però no la revisió veterinària anual obligatòria, uns fets que qualifiquen de molt greus. El 2026 s'han inspeccionat cinc cavalls de galeres (llicències 1, 19, 32, 53 i 58), segons la documentació de l'Ajuntament de Palma consultada per elDiario.es. En el cas de la llicència 32, l'animal “no està adscrit a la llicència”. En el moment de l'exploració, el cavall “no presentava signes de malaltia, tot i que la seva condició corporal es podia millorar”.

Malgrat això, la inspecció va concloure que l'equí era apte per desenvolupar aquesta feina, i l'informe veterinari va ser favorable. Així mateix, es va informar el titular de la llicència de la necessitat de sol·licitar oficialment a l'Ajuntament de Palma l'adscripció del cavall a la galera corresponent, així com el retorn i la prohibició de circular fins que aquesta sol·licitud fos aprovada.

Pel que fa als cavalls amb les llicències 1, 19 i 53, la documentació indica que, en el moment de la inspecció, “no es van observar alteracions físiques remarcables” en el seu estat de salut. “Els cavalls presentaven un bon estat general, una condició corporal adequada, constants vitals dins dels valors fisiològics normals i sense signes clínics de malaltia infectocontagiosa o parasitària”.

Pel que fa al cavall amb la llicència 58, tampoc no es va observar “cap signe de malaltia”. Durant l'exploració presentava “un bon estat general, una condició corporal adequada, constants vitals dins dels valors fisiològics normals i sense evidències de patologia infecciosa o causada per paràsits”.

Tanmateix, la ferradura de la pota davantera esquerra estava molt desgastada i deixava una part del ferro al descobert. Per aquest motiu, es va obligar el titular a canviar-la per “garantir un ferratge correcte de l'animal i evitar riscos tant per als cavalls com per als vianants”. Aquest és un altre dels requisits obligatoris que estableix el reglament del servei de transport urbà amb galeres.

Amengual lamenta, a més, el mal estat general en què considera que viuen els animals. Recorda els casos de cavalls desplomats al carrer i denuncia que “malviuen” als anomenats “estables dels horrors”, en benefici d'una indústria, la de les galeres, que –segons afirma– obté beneficis a costa de la seva salut.

Les llicències són vitalícies

Entitats com Progrés en Verd i Satya Animal han demanat reiteradament la fi de les galeres de cavalls, tal com va succeir a Màlaga l'octubre del 2025, després que l'Ajuntament revoqués les 25 llicències que encara hi eren vigents. Per fer-ho, el consistori malagueny va haver d'indemnitzar els titulars amb més de 125.000 euros per llicència. El cost total va superar els 3 milions d'euros.

El cas de Palma, però, és més complex. Mentre que a Màlaga les llicències caducaven el 2035, a la capital balear són hereditàries i vitalícies. Per tant, revocar-les implica negociar amb els propietaris de les galeres, una opció que, de moment, no sembla que l'Ajuntament es plantegi.

Tot i això, hi ha alternatives. Alcúdia, el municipi des d'on surten els ferris cap a Ciutadella (Menorca), es va convertir en el primer municipi de la Unió Europea a oferir carruatges homologats amb motor elèctric. “Hem apostat pels vehicles elèctrics perquè calia donar una sortida al nostre sector. Si no ho fèiem, no teníem futur. La sensibilitat envers els animals ha canviat molt aquestes darreres dècades i era el moment d'evolucionar”, va afirmar Eduardo Salazar, la família del qual havia estat més de cinquanta anys dedicada al negoci de les galeres i que va poder reconvertir-lo en un model que posa fi al patiment animal.

El Ayuntamiento de Palma hará la revisión veterinaria obligatoria de los 28 caballos de galeras con licencia a mediados de septiembre, después de que el partido animalista Progreso en Verde haya denunciado la falta de atención veterinaria de los equinos esta semana. Los equinos serán inspeccionados cinco meses más tarde que el año pasado, lo que implica que no habrán pasado esta revisión durante los peores meses de verano y en medio de las olas de calor.

“Es un desastre”, afirma a este diario Guillermo Amengual, portavoz del partido, quien añade que hacer la revisión en septiembre “es muy tarde”. Fuentes del Ayuntamiento señalan que no hay una relación entre una cuestión y la otra, ya que el expediente se firmó el 19 de junio. “Entonces es peor: sin revisión desde abril-mayo del año pasado y con dos veranos encima”, lamenta Amengual. El Consistorio en cambio defiende que se realizan “inspecciones aleatorias a los caballos”.

El fin de los coches –galeras– de caballos en Palma es uno de los objetivos históricos de las asociaciones y partidos animalistas. En la capital balear todavía hay 28 licencias en vigor, que son hereditarias y vitalicias, lo que dificulta acabar con una práctica que para un sector de la población cada vez más amplio significa “explotación animal”.

Los animalistas acusan al área de Movilidad de poner “en serio peligro la vida de los caballos”. “Llevan más de un año sin revisión veterinaria y son explotados con las alertas decretadas por altas temperaturas en los últimos días”, asegura el portavoz, quien advierte que denunciará al Ayuntamiento si durante este verano “ocurre alguna desgracia a algunos de los caballos de las galeras”.

En la web de movilidad de Cort se puede comprobar cómo en 2025, entre el 26 de marzo y el 2 de abril, los 28 caballos con licencia pasaron la inspección veterinaria anual obligatoria. Sin embargo, la revisión de este año se ha postergado hasta los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre. Igualmente, Progreso en Verde afirma que está en proceso de denunciar al Ayuntamiento de Palma y a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Medio Natural por “dejación de funciones y presunta prevaricación administrativa”, tras lo acontecido a su juicio en los últimos tres años de legislatura.

Denuncian falta de atención veterinaria

“Los caballos de las galeras no deben prestar servicio ni un día más sin pasar la revisión veterinaria anual”, afirmó este lunes Amengual. El portavoz recordó que el reglamento municipal del servicio de transporte urbano con galeras indica, en el artículo 32, que anualmente y en fechas que determine la Administración Municipal, deberán los titulares de licencias “someter a revisión técnico‐sanitaria ordinaria las caballerías y vehículos adscritos a las mismas”.

Los animalistas lamentaron que se hayan llevado a cabo inspecciones “esporádicas”, pero no la revisión veterinaria anual obligatoria, hechos que calificaron como muy graves. En 2026 se han inspeccionado cinco caballos con galeras (licencias 1, 19, 32, 53 y 58), según la documentación del Ayuntamiento de Palma, consultada por elDiario.es. En el caso de la licencia 32, el animal “no está adscrito a la licencia”. En el momento de la exploración, el caballo “no presentaba signos de enfermedad, aunque su condición corporal se podía mejorar”.

Pese a todo, la inspección concluyó que se considera al equino “apto” para el desarrollo de ese trabajo, por lo que el informe veterinario fue favorable. Así, al dueño de la licencia se le informa sobre la necesidad de solicitar oficialmente al Ajuntament de Palma “la adscripción del caballo a la galera correspondiente”, así como el retorno y prohibición de circulación hacia la aprobación de la solicitud.

En cuanto a los caballos con licencia 1, 19 y 53, la documentación indica que, en el momento de la inspección, “no se observaron alteraciones físicas remarcables” en la salud de los animales. “Los caballos presentaban un buen estado general, con una condición corporal adecuada, constantes vitales dentro de los valores fisiológicos normales y sin signos clínicos de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria”.

Respecto al equino con licencia 58, tampoco se observó “ningún signo de enfermedad”. En el momento de la exploración, el caballo presentaba “un buen estado general, con una condición corporal adecuada, constantes vitales dentro de los valores fisiológicos normales y sin evidencias de patología infecciosa o producida por parásitos”.

Sin embargo, la herradura de la pata delantera izquierda estaba muy desgastada y tenía una parte del hierro expuesta. Por este motivo, se obligó al titular a cambiar el casco para “garantizar la correcta herradura del animal y así evitar riesgo tanto para los caballos como para los peatones”. Este es otro requisito obligatorio, además, según el reglamento del servicio de transporte urbano con galeras de caballos. Amengual lamenta, además, el mal estado general en el que, considera, viven los animales. Recuerda los casos de caballos desplomados en el suelo y que “malviven” en los “establos de los horrores” para beneficio de una industria, la de las calesas, a costa de su salud.

Las licencias son vitalicias

Entidades como Progreso en Verde y Satya Animal han pedido en repetidas ocasiones el fin de las galeras de caballos, como ocurrió en Málaga en octubre de 2025, después de que el Ayuntamiento revocara las 25 licencias que seguían en vigor. Para ello, el Consistorio malagueño tuvo que indemnizar a sus titulares con más de 125.000 euros cada uno. El coste total supuso un gasto de más de 3 millones de euros para las cuentas municipales. El caso de Palma, sin embargo, es más difícil. Mientras que en Málaga las licencias caducaban en 2035, en el caso de la capital balear, son hereditarias y vitalicias. Por tanto, revocarlas implica negociar con los caleseros, una opción que no parece estar sobre la mesa del Ayuntamiento.

No obstante, hay alternativas. Alcúdia –el municipio desde donde salen los ferris a Ciutadella (Menorca)–, situado en el noreste de Mallorca, se convirtió en el primer municipio de la UE en ofrecer carrozas con motor eléctrico homologado. “Hemos apostado por vehículos eléctricos porque había que darle una salida a nuestro sector. Si no lo hacíamos, no teníamos futuro. La sensibilidad respecto a los animales ha cambiado mucho en estas décadas y era el momento de evolucionar”, afirmó Eduardo Salazar, cuya familia llevaba más de 50 años en el negocio de las galeras, y que pudo reconvertir su negocio en uno que pusiera fin al sufrimiento animal.

Las vacas 'Tiberia 1' y 'Tiberia 2' han salvado la vida. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a un vecino de Lepe (Huelva), José Antonio Oria, que tiene dos vacas como animales de compañía, que la Junta de Andalucía pedía sacrificar, y entiende que se pueden mantener como mascotas si cumplen todos los requisitos legales para ello.

En una sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del TSJA, se ha estudiado el recurso del propietario de los animales, tras ser admitido inicialmente el presentado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que reclamaba el sacrificio de los animales.

La Consejería pedía “el sacrificio obligatorio y sin derecho a indemnización de los bovinos localizados en la finca situada en la parcela 478 del polígono 12 de Lepe y propiedad del recurrente”, según la sentencia, mientras que Oria pedía, como medida cautelar, que se concediese la suspensión de la ejecución del acto administrativo.

La Consejería aducía que estos animales pueden entrar en contacto con otros, “con el consiguiente riesgo de contagio de enfermedades como la brucelosis o tuberculosis, como el riesgo para la salud y seguridad de las personas” y subrayaba que “ni siquiera se encuentran debidamente identificados”.

El abogado de Oria certificó ante la sala que sus ejemplares están inscritos en el registro de Identificación de Animales de Compañía desde el 12 de noviembre del 2025 y tienen sus correspondientes pasaportes, y restó importancia al hecho de que la identificación se realizará con posterioridad al inicio del expediente administrativo, lo que “no invalida su eficacia actual”.

“La finalidad de la normativa de la identificación es garantizar la trazabilidad y el control sanitario, y dicha finalidad está, al día de hoy, plenamente cumplida”, ha indicado el letrado, para añadir que el 26 de marzo pasado, técnicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía certificaron la correcta identificación de los animales “mediante la lectura positiva y legible de sus respectivos microchips”.

Por todo ello, los magistrados han suspendido cautelarmente el sacrificio de los animales, aunque los mantienen inmovilizados en la finca de Lepe en la que viven, y ha dado a las partes un mes desde la notificación el pasado jueves de la sentencia para que presenten, si así lo consideran, un recurso contra su decisión.

José Antonio Oria posee una finca de unas 14 hectáreas en el municipio onubense, donde viven las dos vacas, desde que su propietario fue invitado a una comida en Sevilla y supo que las entonces terneras iban a ser sacrificadas.

Se basa en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que permite tener como animales de compañía los que han sido de producción, siempre que dejen de tener esa finalidad.

Su artículo 1 apartado b dice que tienen que dedicarse a “explotación, transporte, experimentación y sacrificio en todo su ciclo vital salvo el supuesto de que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro previsto en la presente ley”, y con ese párrafo en mano acudió a un veterinario y comenzó el proceso. EFE

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha estimat la mesura cautelar sol·licitada per l'Ajuntament d'Eivissa i ha acordat suspendre l'ordre de sacrifici de la gosseta Ikram, arribada en una pastera a l'abril de 2025.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, l'animal es troba en quarantena al Centre de Protecció Animal de Sa Coma.

L'acte judicial estableix que la gossa seguirà en aïllament i sota vigilància veterinària a les instal·lacions municipals, mentre es resol el procediment contenciós administratiu interposat pel Consistori. A més, la resolució determina que la Regidoria de Benestar Animal continuarà assumint les despeses derivades del seu manteniment durant aquest període.

L'Ajuntament ha recordat que, després de la seva arribada, ja es va fer càrrec d'una intervenció als ulls de l'animal.

Ikram va arribar a Eivissa l'abril de 2025 juntament amb el seu propietari, un jove d'Algèria. La Direcció General de Salut Pública del Govern va ordenar el sacrifici de l'animal en procedir d'un país en què la ràbia és endèmica. El Consistori, però, es va negar defensant que era molt baixa la possibilitat que el gos fos portador de la ràbia.

La Regidoria va interposar un recurs i va sol·licitar la suspensió cautelar de la mesura.

En la resolució, el TSJIB assenyala que, malgrat que la protecció de la salut pública ha de prevaler, en aquest cas és possible compatibilitzar-ho amb el benestar animal ja que Ikram està aïllada, sota vigilància veterinària i sotmesa a controls permanents, sense que això representi un risc per a la població. A més, el Tribunal considera que executar el sacrifici abans de resoldre el procediment provocaria un prejudici irreversible en cas que finalment prosperés el recurs.

El regidor de Benestar Animal, Manuel Jiménez, ha recordat que el Consistori va anunciar el passat any que assumirà la cura d'Ikram, després de reclamar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació un informe sobre la situació sanitar i legal de l'animal. El document va confirmar que la gossa va arribar a Espanya sense complir els requisits establerts pel Reglament (UE) 576/2013, relatiu a desplaçaments sense ànim comercial d'animals de companyia.

“Des del primer moment, el nostre compromís ha estat garantir la salut pública i el benestar d'Ikram. La gossa està sota control veterinari i en unes instal·lacions adequades”, ha dit.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Ibiza y ha acordado suspender la orden de sacrificio de la perrita Ikram, llegada en una patera en abril de 2025.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el animal se encuentra en cuarentena en el Centro de Protección Animal de Sa Coma.

El acto judicial establece que la perra seguirá en aislamiento y bajo vigilancia veterinaria en las instalaciones municipales, mientras se resuelve el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por el Consistorio. Además, la resolución determina que la Concejalía de Bienestar Animal seguirá asumiendo los gastos derivados de su mantenimiento durante este periodo.

El Ayuntamiento ha recordado que, tras su llegada, ya se hizo cargo de una intervención en los ojos del animal.

Ikram llegó a Eivissa en abril de 2025 junto a su propietario, un joven de Argelia. La Dirección General de Salud Pública del Govern ordenó el sacrificio del animal al proceder de un país en el que la rabia es endémica. El Consistorio, sin embargo, se negó defendiendo que era muy baja la posibilidad de que el perro fuera portador de la rabia.

La Concejalía interpuso un recurso y solicitó la suspensión cautelar de la medida.

En la resolución, el TSJIB señala que, a pesar de que la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizarlo con el bienestar animal ya que Ikram está aislada, bajo vigilancia veterinaria y sometida a controles permanentes, sin que ello represente un riesgo para la población. Además, el Tribunal considera que ejecutar el sacrificio antes de resolver el procedimiento provocaría un perjuicio irreversible en caso de que finalmente prosperara el recurso.

El regidor de Bienestar Animal, Manuel Jiménez, ha recordado que el Consistorio anunció el pasado año que asumirá el cuidado de Ikram, tras reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un informe sobre la situación sanitaria y legal del animal. El documento confirmó que la perra llegó a España sin cumplir los requisitos establecidos por el Reglamento (UE) 576/2013, relativo a desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía.

“Desde el primer momento, nuestro compromiso ha sido garantizar la salud pública y el bienestar de Ikram. La perra está bajo control veterinario y en unas instalaciones adecuadas”, ha dicho.

Guerra abierta entre el Ayuntamiento de València y la protectora de animales Modepran por la gestión de los refugios de València. La Guardia Civil confirma que fue el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, quien requirió a los agentes del Seprona para facilitar información sobre la asociación, que pierde este viernes la gestión del refugio de la ciudad. Fuentes del instituto armado apuntan que la unidad recibió “una solicitud” del edil del PP para trasladar información sobre una empresa con la que mantiene un contrato o convenio el Ayuntamiento.

Agentes del Uprona, una unidad del Seprona, se personaron el miércoles en el consistorio para reunirse con el edil. Entonces se trasladó que se investiga a raíz de un requerimiento si se habría producido tráfico ilegal de animales, mientras la protectora y decenas de activistas critican que una empresa vaya a hacerse cargo de los animales abandonados en la ciudad. Fuentes del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, trasladaron que se trataba de un encuentro de colaboración.

El concejal negó el miércoles a preguntas de elDiario.es haber presentado una denuncia, él o el propio Ayuntamiento. “Taxativamente no”, señaló a esta redacción. Trasladó que el consistorio aportó la información solicitada por el instituto armado en el marco de una investigación, en una reunión agendada previamente. El edil de Bienestar Animal insiste en que él no ha denunciado nada y en la línea de colaboración con el instituto armado. Fuentes del Ayuntamiento trasladan que es una investigación que lleva tiempo en marcha y se habían mantenido más reuniones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó que los agentes se habían personado por una denuncia. La Guardia Civil apunta que no se ha formalizado una denuncia, pero que con esa información determinará si abre diligencias de oficio para una investigación.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas ha recibido varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que este miércoles se produjo una reunión entre la Guardia Civil y el concejal de Bienestar Animal “en el marco de una colaboración” que el Ayuntamiento lleva “desarrollando desde hace mucho tiempo”, pues “la Guardia Civil lleva años analizando la gestión de Modepran”.

Catalá ha confirmado que lo que se produjo este miércoles fue una reunión “a instancias” del concejal pero, ha dicho, “en el marco de una colaboración que llevamos desarrollando con la Guardia Civil” que está “años” analizando la gestión de la protectora.

“Éramos conocedores de ese contexto”, ha dicho Catalá, quien no obstante, ha instado a la Guardia Civil y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que habló ayer de “denuncia”, a que expliquen quién la ha puesto ya que la primera edil rechaza hablar de “investigación” sino que se refiere a “análisis de la gestión de un modelo” sobre el que llevan “años” trabajando con el instituto armado.

Preguntada sobre esta denuncia, Catalá ha afirmado que es la delegada y la Guardia Civil “la que tiene que dar explicaciones, ya que fue ella quien habló de esa denuncia”.

La gestión del centro de adopción de animales de València se ha convertido en un gran e inesperado incendio político. Unas pesquisas de la Guardia Civil por supuesto tráfico ilegal de animales unido al cambio de gestión de la protectora Modepran a una unión de empresas de control de plagas han desatado el malestar en la ciudad, con cruces de acusaciones ante el cambio inminente en el refugio público.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. El primero, en el barrio de Natzaret, era de gestión municipal directa desde su origen; el segundo, sito en Benimàmet, llevaba 15 años a cargo de la protectora de animales Modepran. El cambio, fruto de un concurso público para adaptarse a la legislación en vigor, ha desatado una oleada de críticas contra el Gobierno de PP y Vox que encabeza María José Catalá, más aún a sabiendas de que una de las empresas ha sido objeto de investigaciones por el trato a los animales.

La personación de los agentes del Seprona en el Ayuntamiento de València ha terminado de agitar el avispero. Este miércoles, a tres días del cambio de gestor, un equipo del servicio de medio ambiente y protección animal entraba en el consistorio para reunirse con el responsable de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero. Los agentes acudían a pedir información sobre una investigación abierta de la que ni el Cuerpo ni el consistorio han querido facilitar detalles. Fuentes del instituto armado solo han confirmado que los agentes se han reunido “para recabar información sobre un asunto”.

Según ha podido saber elDiario.es, los agentes han ido a requerimiento tras una llamada telefónica, cuyo origen aún se desconoce, lo que podría desembocar en una denuncia formal por un posible caso de tráfico ilegal de animales que señalaría a la protectora. El concejal del ramo, Juan Carlos Caballero, niega a preguntas de elDiario.es que el consistorio haya presentado denuncia contra la protectora.

Desde Modepran afirman no tener conocimiento alguno de las pesquisas, ni haber recibido requerimientos ni peticiones de información al tiempo que aseguran estar muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y afirman que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Fuentes del consistorio apuntan que se han producido más reuniones con el Seprona durante este mandato y enmarcan la cita de este miércoles en una serie de encuentros de colaboración. Ni hay investigación al Ayuntamiento, ni se han llevado documentación, ni ha habido registros, señalan. Solo han acudido a pedir información, señalan estas fuentes. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, únicamente informó este miércoles de que los agentes acudieron por una denuncia.

Un contrato de cinco millones atragantado

El cambio en la gestión de los refugios se debe a un concurso público, un proceso que lleva años atragantado. Hasta la fecha, el refugio de perros y gatos de Benimàmet se ha ido gestionando mediante un convenio caducado hace años, un modelo al que los servicios jurídicos han puesto reparos. Desde entonces, el consistorio abona mensualmente las facturas de los gastos a la protectora, unos 52.000 euros mensuales, que ha seguido prestando el servicio de recogida y atención con un extenso equipo de voluntarios.

El gobierno de Compromís y el PSPV trató de sacar a concurso el refugio, pero la convocatoria quedó desierta. Con el cambio de color en el consistorio, PP y Vox volvieron a iniciar el trámite, y esta vez se presentaron dos ofertas: la UTE Athisa Medioambiente-Adda Ops y la misma Modepran. Por el camino, en 2023, se aprobó la ley de Bienestar Animal, que ha obligado a modificar los términos y adaptarlos.

La UTE Athisa Medioambiente (de Andalucía) y Adda Ops (Castellón) fue elegida como adjudicataria en un concurso público. Obtuvo la mejor puntuación frente a la protectora Modepran, la única opción alternativa en este proceso. Athisa, dedicada al control de plagas, tiene un servicio de recogida y proteccion de los animales vagabundos y abandonados y gestiona otros ocho refugios en España. Adda Ops es una constructora que también presta servicios de control de fauna, centrada en palomas, jabalís y especies invasoras. La nueva adjudicataria es una alianza de dos empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras, que también gestionan otros refugios en España. La protectora les acusa de tener procesos abiertos por maltrato animal. La Guardia Civil abrió un expediente a Athisa por la gestión del refugio en la Bahía de Cádiz a instancias de una denuncia vecinal.

El contrato abarca el “servicio de gestión integral de recogida, acogida, atención veterinaria y mantenimiento de los animales en los centros municipales de animales abandonados en el municipio de València, con la finalidad de ejercer las competencias municipales atribuidas por las Leyes 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales y Ley 2/2023, de 13 de marzo, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañia y otras medidas de bienestar animal”.

Pese a los 15 años de experiencia, la protectora no logró la mejor puntuación. Su punto fuerte es el conocimiento del refugio de Benimàmet, centrado en perros y gatos, pero los informes consideran que no se describe adecuadamente el proyecto para el centro de Natzaret (dedicado a las especies exóticas) y que, en general, su redacción es “confusa” respecto a medidas de seguridad. En la valoración técnica, Modepran obtuvo 16,65 puntos y la UTE 25.

La protectora ha tratado de paralizar por todos los medios administrativos el contrato. Primero recurrieron al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que lo suspendió cautelarmente pero finalmente autorizó seguir con el proceso. Tras esta decisión, Modepran ha acudido al juzgado de lo contencioso para tratar de revertir la contratación, y apunta a irregularidades en el proceso, según denuncian fuentes cercanas a la protectora.

La protectora y decenas de activistas en redes sociales han iniciado una fuerte campaña contra la adjudicación de la gestión del refugio, convocando incluso una protesta ciudadana para este viernes. Desde el consistorio insisten en que se va a cumplir estrictamente la ley de Bienestar Animal, que el refugio seguirá teniendo supervisión pública, a cargo de los técnicos municipales, y que habrá programas de voluntariado con los animales que se irán implementando junto a la nueva gestión. Por lo pronto, en vísperas del cambio, parece haberse desatado una guerra entre el Ayuntamiento, la protectora y la nueva adjudicataria.

La gestió del centre d'adopció d'animals de València s'ha convertit en una gran i inesperada polèmica política. Unes pesquises de la Guàrdia Civil per un suposat tràfic il·legal d'animals, unides al canvi de gestió de la protectora Modepran a una unió d'empreses de control de plagues, han desencadenat el malestar a la ciutat, amb encreuaments d'acusacions davant el canvi imminent al refugi públic.

A partir d'aquest divendres, una unió de diverses empreses dedicades al control de plagues i espècies invasores es farà càrrec dels dos centres municipals que alberguen animals, el d'espècies exòtiques i el d'animals domèstics. El primer, al barri de Natzaret, era de gestió municipal directa des del seu origen; el segon, situat a Benimàmet, portava 15 anys a càrrec de la protectora d'animals Modepran. El canvi, fruit d'un concurs públic per adaptar-se a la legislació vigent, ha desencadenat una onada de crítiques contra el govern del PP i Vox que encapçala María José Catalá, encara més tenint en compte que una de les empreses ha sigut objecte d'investigacions pel tracte als animals.

La personació dels agents del Seprona a l'Ajuntament de València ha acabat d'obrir la caixa dels trons. Aquest dimecres, a tres dies del canvi de gestor, un equip del servei de medi ambient i protecció animal entrava al consistori per reunir-se amb el responsable de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero. Els agents acudien a demanar informació sobre una investigació oberta de la qual ni el Cos ni el consistori han volgut facilitar detalls. Fonts de l'institut armat només han confirmat que els agents s'han reunit “per recaptar informació sobre un assumpte”.

Segons ha pogut saber elDiario.es, els agents han actuat arran d'una telefonada, l'origen de la qual encara es desconeix, fet que podria desembocar en una denúncia formal per un possible cas de tràfic il·legal d'animals que assenyalaria la protectora. El regidor del ram, Juan Carlos Caballero, nega a preguntes d'elDiario.es que el consistori haja presentat cap denúncia contra la protectora.

Des de Modepran afirmen no tindre coneixement de cap investigació, ni haver rebut requeriments ni peticions d'informació, alhora que asseguren estar molt tranquils perquè “no hi ha res a ocultar” i afirmen que el canvi de gestió previst per a aquest divendres es farà “amb calma i normalitat”.

Fonts del consistori apunten que s'han produït més reunions amb el Seprona durant aquest mandat i emmarquen la cita d'aquest dimecres en una sèrie de trobades de col·laboració. Ni hi ha cap investigació a l'Ajuntament, ni s'han endut documentació, ni hi ha hagut registres, assenyalen. Només han acudit a demanar informació, indiquen aquestes fonts. La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, únicament va informar aquest dimecres que els agents van acudir arran d'una denúncia.

Un contracte de cinc milions encallat

El canvi en la gestió dels refugis es deu a un concurs públic, un procés que fa anys que està encallat. Fins ara, el refugi de gossos i gats de Benimàmet s'ha gestionat mitjançant un conveni caducat fa anys, un model al qual els serveis jurídics han posat objeccions. Des de llavors, el consistori abona mensualment les factures de les despeses a la protectora, uns 52.000 euros mensuals, que ha continuat prestant el servei de recollida i atenció amb un ampli equip de voluntaris.

El govern de Compromís i el PSPV va intentar traure a concurs el refugi, però la convocatòria va quedar deserta. Amb el canvi de color polític al consistori, PP i Vox van tornar a iniciar el tràmit i, aquesta vegada, es van presentar dues ofertes: la UTE Athisa Medi Ambient-Adda Ops i la mateixa Modepran. Pel camí, l'any 2023, es va aprovar la Llei de Benestar Animal, que ha obligat a modificar-ne els termes i adaptar-los.

La UTE Athisa Medi Ambient (Andalusia) i Adda Ops (Castelló) va resultar adjudicatària en un concurs públic. Va obtindre la millor puntuació davant de la protectora Modepran, l'única opció alternativa en aquest procés. Athisa, dedicada al control de plagues, disposa d'un servei de recollida i protecció dels animals abandonats i extraviats i gestiona altres huit refugis a Espanya. Adda Ops és una constructora que també presta serveis de control de fauna, centrada en coloms, senglars i espècies invasores.

La nova adjudicatària és una aliança de dues empreses dedicades al control de plagues i espècies invasores, que també gestionen altres refugis a Espanya. La protectora les acusa de tindre processos oberts per maltractament animal. La Guàrdia Civil va obrir un expedient a Athisa per la gestió del refugi de la Badia de Cadis arran d'una denúncia veïnal.

El contracte abasta el “servei de gestió integral de recollida, acollida, atenció veterinària i manteniment dels animals als centres municipals d'animals abandonats del municipi de València, amb la finalitat d'exercir les competències municipals atribuïdes per la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, i la Llei 2/2023, de 13 de març, de protecció, benestar i tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal”.

Tot i els seus 15 anys d'experiència, la protectora no va obtindre la millor puntuació. El seu punt fort és el coneixement del refugi de Benimàmet, centrat en gossos i gats, però els informes consideren que no descriu adequadament el projecte per al centre de Natzaret (dedicat a les espècies exòtiques) i que, en general, la seua redacció és “confusa” pel que fa a les mesures de seguretat. En la valoració tècnica, Modepran va obtindre 16,65 punts i la UTE, 25.

La protectora ha intentat paralitzar per totes les vies administratives el contracte. Primer va recórrer al Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, que el va suspendre cautelarment però finalment va autoritzar continuar amb el procés. Després d'aquesta decisió, Modepran ha acudit al jutjat contenciós administratiu per intentar revertir l'adjudicació i apunta a irregularitats en el procés, segons denuncien fonts pròximes a la protectora.

La protectora i desenes d'activistes a les xarxes socials han iniciat una intensa campanya contra l'adjudicació de la gestió del refugi, convocant fins i tot una protesta ciutadana per a aquest divendres. Des del consistori insistixen que es complirà estrictament la Llei de Benestar Animal, que el refugi continuarà tenint supervisió pública, a càrrec dels tècnics municipals, i que hi haurà programes de voluntariat amb els animals que s'aniran implantant juntament amb la nova gestió. De moment, en vigílies del canvi, sembla que s'ha desencadenat una guerra entre l'Ajuntament, la protectora i la nova adjudicatària.

El Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) ya es Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI y único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno de esa comunidad.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se recoge que esta tradición constituye un rasgo identitario de Medinaceli, en cuya representación anual participan activamente sus vecinos, dentro de la fiesta local de los Cuerpos Santos. Se trata, además, de un festejo tradicional singular dentro de los festejos taurinos populares porque el animal no es sacrificado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que “no se hace para aplacar ningún debate”, sino porque es una “celebración de largo recorrido en el tiempo, muy excepcional dentro de Castilla y León y porque hay un indulto al toro”. “Hay dos elementos distintos que conviene aclarar: una cosa es el debate en torno a la celebración del toro y otra es su declaración como BIC”, ha expuesto ante los medios.

Fernández Carriedo ha defendido que la Justicia ha definido esta celebración dentro de la legalidad y ha garantizado que se han unas “condiciones añadidas” para protegerlo a través de la declaración de Bien de Interés Cultural dados “el valor de la tradición, la singularidad y las condiciones específicas”. También ha explicado que ha habido más alegaciones a favor de esta declaración que en contra.

El toro es “indultado” después

El Toro Jubilo -cuya denominación procede de jubileo o indulgencia y no de júbilo- es una representación de los toros de fuego que se desarrollan por el litoral Mediterráneo y los valles de Ebro y el Jalón. La singularidad de este evento es que el toro siempre es “indultado”, constituyendo una excepción frente a otros festejos taurinos tradicionales.

E incluso la propia ordenanza municipal reguladora del festejo obliga a que haya un certificado o declaración jurada del empresario propietario del animal indultado de que no será utilizado para lidias posteriores en otros festejos.

Esa singularidad ya figura en los primeros documentos históricos sobre el Toro Jubilo, que establecen expresamente que no se puede matar al animal, ocurriendo con frecuencia en el pasado que un mismo animal fuera protagonista de la fiesta en diferentes años.

El Toro Jubilo se celebra en la Plaza Mayor de Medinaceli la noche del sábado más cercano al día 13 de noviembre, día de la festividad religiosa de los Cuerpos Santos en honor de los Santos Arcadio, Eutiquiano, Pascasio, Paulino y Probo.

Desde el año 2002 esta fiesta está declarada Espectáculo Taurino Tradicional, al amparo del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero y, además, el Ayuntamiento de Medinaceli lo regula a través de una Ordenanza Municipal.

Pacma presentó un recurso en contra

El pasado abril, el Partido Animalista Pacma comunicó la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal de Instancia de Soria, contra la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli, según recoge EFE.

Según Pacma, tanto el Ayuntamiento de Medinaceli como la Junta de Castilla y León son “plenamente conscientes” de que el festejo carece de la declaración de 'Espectáculo Taurino Tradicional' desde 2015, cuando el consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras “sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento autonómico”.

Sobre esta declaración como BIC, Pacma arguyó en el inicio del expediente que era “otra argucia para impedir o entorpecer cualquier recurso contra el festejo” por lo que presentaron alegaciones para evitar que fuera BIC un festejo “contrario a la legalidad”.

Agentes de la Paprona de Illescas han puesto a disposición judicial a dos personas investigadas por un delito de falsificación de documento público y suplantación de identidad.

Como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el pasado mes de diciembre se detectó la existencia de un albergue en esta localidad toledana en el que se custodiaban a 14 perros, varios ejemplares de cerdo vietnamita y una gran cantidad de gatos de distintas razas.

Fruto de la investigación se comprobó que dicho establecimiento operaba de manera clandestina, que carecía de la documentación obligatoria y que estaba al margen de las inspecciones de los veterinarios de la administración pública, según el instituto armado.

Presunta colaboración en fraude de una veterinaria

Al solicitar a la titular del albergue la documentación obligatoria para la identificación de los animales y comprobación de las vacunas y tratamientos sanitarios, una veterinaria habría cumplimentado fraudulentamente con su número de colegiada, los sellos oficiales antirrábicos.

De las gestiones de averiguación por parte de la Paprona de Illescas, se constató que la clínica donde supuestamente trabajaba la veterinaria que había certificado los tratamientos bajo sospecha, no dispensaba asistencia a perros o gatos, trabajando únicamente con animales exóticos y confirmando sus responsables que los animales localizados en Illescas en ningún momento habían sido tratados por ellos.

Desde la dirección de la clínica denunciaron el uso fraudulento del sello de su empresa, constándose cuatro firmas manifiestamente distintas de la supuesta veterinaria y modificaciones en las fechas de administración de las vacunas para que parecieran inyectadas previamente a la inspección del Seprona con la finalidad de evadir posibles responsabilidades administrativas.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha declarat nul·les les restriccions aprovades per l'Ajuntament de Palma per a impedir que els cavalls de galeres circulessin durant episodis de calor extrema. La resolució no entra a valorar el fons de les mesures de benestar animal, sinó que justifica que la modificació del reglament municipal es va tramitar sense el preceptiu informe d'avaluació d'impacte de gènere que la Llei balear d'igualtat entre dones i homes obliga a incorporar a l'hora de donar llum verda a normes o modificacions per part de les administracions públiques de les illes.

En concret, la reforma, aprovada al juliol de 2022 per l'anterior equip de govern progressista, introduïa limitacions dirigides a garantir el benestar animal sota condicions meteorològiques extremes. Entre altres mesures, prohibia el treball dels cavalls quan l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) activés avisos grocs, taronges o vermells per altes temperatures, impedia col·locar determinats adorns sobre els animals com a capells, cintes i cascavells, modificava les condicions dels arnesos i obligava a suspendre el servei quan l'estat físic del cavall no fos adequat.

Llevat que l'Ajuntament invoqui altres protocols municipals, reglaments de rang superior o adopti noves mesures d'urgència, la sentència podria deixar sense cobertura jurídica la prohibició específica, vigent avui dia, que les galeres treballin durant alertes meteorològiques per calor. Consultades per elDiario.es, fonts del Consistori assenyalen que en aquests moments es troben analitzant al detall l'abast de la resolució, que no és ferma i pot ser recorreguda en cassació.

La sentència deixa ara en l'aire la futura situació dels cavalls de les galeres a Palma. Malgrat les restriccions aprovades en els últims anys per a limitar la seva activitat durant episodis de calor extrema, les imatges i titulars es repeteixen cada estiu a Palma: equins desplomats sobre l'asfalt, animals desnodrits o exhaustos sota temperatures extremes o denúncies per fer treballar a exemplars d'avançada edat i amb visibles problemes físics. En els últims anys, episodis de cops de calor, caigudes en ple carrer i actuacions policials contra galeres han alimentat una creixent polèmica sobre el benestar animal i la continuïtat d'aquest servei turístic en la capital balear.

En concret, el TSJIB ha estimat el recurs presentat per diversos titulars de llicències de galeres contra l'acord del ple municipal que va modificar diversos articles del Reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal. Els demandants al·legaven que l'expedient administratiu era incomplet i que la modificació mancava de proporcionalitat. També van denunciar l'absència de mecanismes de participació ciutadana i, especialment, la falta de l'informe d'impacte de gènere exigit per la normativa autonòmica.

Durant el procediment, el Consistori va defensar que la modificació perseguia garantir el benestar animal i la seguretat viària secundant-se en informes tècnics sobre els riscos de les altes temperatures per als èquids. En aquest sentit, sostenia que l'informe d'impacte de gènere no era necessari atès que la reforma no tenia incidència en matèria d'igualtat.

No obstant això, el TSJIB rebutja aquest argument i recorda que la Llei balear 11/2016 d'igualtat entre dones i homes estableix l'obligatorietat d'incorporar un informe d'avaluació d'impacte de gènere en l'elaboració de disposicions reglamentàries per part de les administracions públiques de les illes. La Sala subratlla, a més, que el propi informe jurídic incorporat a l'expedient ja advertia de la necessitat d'incloure aquest document abans de l'aprovació definitiva de la modificació.

“L'omissió de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere determina, en aplicació de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, la nul·litat de la modificació de l'Ordenança objecte del present procediment”, assenyala el tribunal, que insisteix que l'informe d'impacte de gènere “té caràcter preceptiu i, malgrat que afirmi l'Administració demandada que aquest informe no pot determinar la nul·litat de la modificació reglamentària perquè aquesta manca de connotacions de gènere, és aquest precís informe que no consta el que hauria d'haver fet la referida afirmació”.

Protestes animalistes

Cal recordar que, abans d'aquesta modificació, ja existia un decret municipal aprovat en 2018 que suspenia parcialment el servei entre les 12.00 i les 17.00 hores durant alertes taronja o vermella per calor. Aquell decret va ser recorregut judicialment i un jutjat va concloure que la restricció havia d'incorporar-se mitjançant una modificació reglamentària i no a través d'un simple decret d'Alcaldia, la qual cosa va portar posteriorment a la reforma ara anul·lada pel TSJIB.

Durant els últims anys, entitats com a Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o l'Associació de Defensa dels Animals (ADA Mallorca) han denunciat la situació dels cavalls de les galeres en considerar-la una forma de maltractament animal institucionalitzat. A més, organitzacions com AnimaNaturalis, Baldea i Fundación Franz Weber han liderat campanyes, manifestacions i recollides de signatures per a aconseguir la prohibició definitiva d'aquesta activitat. Alguns partits polítics també han assumit aquesta reivindicació i han intentat legislar al respecte, encara que el debat continua obert.

Els animalistes recriminen, sobretot, les condicions extremes a les quals molts d'aquests animals es veuen exposats en ser obligats a treballar durant llargues jornades, fins i tot en plena onada de calor, arrossegant pesades galeres sobre l'asfalt i exposats al trànsit urbà, especialment en aquelles ciutats amb una forta activitat turística com Palma. La substitució de la tracció animal per galeres elèctriques és una de les seves principals reivindicacions. En el municipi d'Alcúdia, per exemple, les calesses tirades per cavalls ja han estat substituïdes per vehicles elèctrics en una iniciativa presentada com a referent per a altres municipis turístics de Balears.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulas las restricciones aprobadas por el Ayuntamiento de Palma para impedir que los caballos de galeras circulasen durante episodios de calor extremo. La resolución no entra a valorar el fondo de las medidas de bienestar animal, sino que justifica que la modificación del reglamento municipal se tramitó sin el preceptivo informe de evaluación de impacto de género que la Ley balear de igualdad entre mujeres y hombres obliga a incorporar a la hora de dar luz verde a normas o modificaciones por parte de las administraciones públicas de las islas.

En concreto, la reforma, aprobada en julio de 2022 por el anterior equipo de gobierno progresista, introducía limitaciones dirigidas a garantizar el bienestar animal bajo condiciones meteorológicas extremas. Entre otras medidas, prohibía el trabajo de los caballos cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara avisos amarillos, naranjas o rojos por altas temperaturas, impedía colocar determinados adornos sobre los animales como gorros, cintas, cascabeles y cascabeles, modificaba las condiciones de los arneses y obligaba a suspender el servicio cuando el estado físico del caballo no fuera adecuado.

Salvo que el Ayuntamiento invoque otros protocolos municipales, reglamentos de rango superior o adopte nuevas medidas de urgencia, la sentencia podría dejar sin cobertura jurídica la prohibición específica, vigente a día de hoy, de que las galeras trabajen durante alertas meteorológicas por calor. Consultadas por elDiario.es, fuentes del Consistorio señalan que en estos momentos se encuentran analizando al detalle el alcance de la resolución, que no es firme y puede ser recurrida en casación.

La sentencia deja ahora en el aire la futura situación de los caballos de las galeras en Palma. Pese a las restricciones aprobadas en los últimos años para limitar su actividad durante episodios de calor extremo, las imágenes y titulares se repiten cada verano en Palma: equinos desplomados sobre el asfalto, animales desnutridos o exhaustos bajo temperaturas extremas o denuncias por hacer trabajar a ejemplares de avanzada edad y con visibles problemas físicos. En los últimos años, episodios de golpes de calor, caídas en plena calle y actuaciones policiales contra galeras han alimentado una creciente polémica sobre el bienestar animal y la continuidad de este servicio turístico en la capital balear.

En concreto, el TSJIB ha estimado el recurso presentado por varios titulares de licencias de galeras contra el acuerdo del pleno municipal que modificó diversos artículos del Reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal. Los demandantes alegaban que el expediente administrativo era incompleto y que la modificación carecía de proporcionalidad. También denunciaron la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y, especialmente, la falta del informe de impacto de género exigido por la normativa autonómica.

Durante el procedimiento, el Consistorio defendió que la modificación perseguía garantizar el bienestar animal y la seguridad vial apoyándose en informes técnicos sobre los riesgos de las altas temperaturas para los équidos. En este sentido, sostenía que el informe de impacto de género no era necesario dado que la reforma no tenía incidencia en materia de igualdad.

Sin embargo, el TSJIB rechaza este argumento y recuerda que la Ley balear 11/2016 de igualdad entre mujeres y hombres establece la obligatoriedad de incorporar un informe de evaluación de impacto de género en la elaboración de disposiciones reglamentarias por parte de las administraciones públicas de las islas. La Sala subraya, además, que el propio informe jurídico incorporado al expediente ya advertía de la necesidad de incluir dicho documento antes de la aprobación definitiva de la modificación.

“La omisión del informe de evaluación de impacto de género determina, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la nulidad de la modificación de la Ordenanza objeto del presente procedimiento”, señala el tribunal, que insiste en que el informe de impacto de género “tiene carácter preceptivo y, pese a que afirme la Administración demandada que dicho informe no puede determinar la nulidad de la modificación reglamentaria pues ésta carece de connotaciones de género, es ese preciso informe que no consta el que debería haber hecho la referida afirmación”.

Protestas animalistas

Cabe recordar que, antes de esta modificación, ya existía un decreto municipal aprobado en 2018 que suspendía parcialmente el servicio entre las 12.00 y las 17.00 horas durante alertas naranja o roja por calor. Aquel decreto fue recurrido judicialmente y un juzgado concluyó que la restricción debía incorporarse mediante una modificación reglamentaria y no a través de un simple decreto de Alcaldía, lo que llevó posteriormente a la reforma ahora anulada por el TSJIB.

Durante los últimos años, entidades como Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o la Asociación de Defensa de los Animales (ADA Mallorca) han denunciado la situación de los caballos de las galeras al considerarla una forma de maltrato animal institucionalizado. Además, organizaciones como AnimaNaturalis, Baldea y Fundación Franz Weber han liderado campañas, manifestaciones y recogidas de firmas para lograr la prohibición definitiva de esta actividad. Algunos partidos políticos también han asumido esta reivindicación y han intentado legislar al respecto, aunque el debate continúa abierto.

Los animalistas recriminan, sobre todo, las condiciones extremas a las que muchos de estos animales se ven expuestos al ser obligados a trabajar durante largas jornadas, incluso en plena ola de calor, arrastrando pesadas galeras sobre el asfalto y expuestos al tráfico urbano, especialmente en aquellas ciudades con una fuerte actividad turística como Palma. La sustitución de la tracción animal por galeras eléctricas es una de sus principales reivindicaciones. En el municipio de Alcúdia, por ejemplo, las calesas tiradas por caballos ya han sido sustituidas por vehículos eléctricos en una iniciativa presentada como referente para otros municipios turísticos de Balears.

El Gobierno de Castila-La Mancha ha asegurado que sancionará a Puy du Fou si se han producido infracciones referidas al enterramiento de animales en su recinto.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo regional se abre a llevar a cabo una investigación después de que el parque temático ubicado en Toledo reconociera la semana pasada que dentro de sus instalaciones se realizaron enterramientos clandestinos de animales que forman parte de sus espectáculos, hechos por los que la empresa despidió a tres responsables del departamento de animales, y tres semanas después de publicarse la investigación de elDiario.es que destapó el caso. Esta misma semana, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante un juzgado de Toledo por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“Nosotros siempre vamos a hacer que se cumpla la legislación y, si se ha producido una infracción, abriremos el expediente correspondiente para condenarlo”, ha asegurado la consejera portavoz, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Aunque Padilla ha reconocido que un primer momento desde el Gobierno regional no tuvieron conocimiento de estos hechos, la semana pasada ya si que lo tuvieron y ahora la Consejería de Desarrollo Sostenible “va a iniciar los trabajos de investigación, de inspección” para saber qué ha ocurrido y establecer los trámites que sean necesarios “para hacer que se cumpla la ley y la normativa”.

“Ausencia de actuación” del Gobierno regional

Esta es la primera vez que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se abren a tomar algún tipo de medida contra los enterramientos ilegales realizados por el parque temático. Después de publicarse la investigación de elDiario.es destapando el caso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha declinó hace valoraciones.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, cuestionó a los extrabajadores que dieron la alarma: “Cabe preguntar la motivación de quienes han hecho la denuncia solo ante los medios de comunicación”, señaló en su momento.

Esta “ausencia de actuación” del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, fue criticada por Ecologistas en Acción, que afeó que estaban “más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático”.

Puy du Fou quiere contratar a una persona a la que “le apasione el bienestar animal” para ocupar el puesto de responsable del equipo de animales. La oferta laboral se ha publicado una semana después de que el parque temático anunciase el despido de tres responsables de este departamento y reconociera que dentro del recinto de este parque ubicado en Toledo se realizaron enterramientos clandestinos de animales que forman parte de sus espectáculos.

“Tu misión principal será garantizar el máximo bienestar, salud y seguridad de nuestros animales, asegurando el cuidado, alimentación, higiene y conducta”, afirma el texto de la oferta, publicado en una popular plataforma de empleo, que busca a una persona que tenga, entre otros requisitos, un conocimiento “profundo” de la legislación y normativa vigente sobre bienestar animal.

Obligaban a trabajadores a enterrar animales

La investigación que abrió Puy du Fou, que ha concluido con el despido de tres responsables del departamento de animales y la admisión de que en su recinto se enterraban animales, se produjo como consecuencia de las informaciones publicadas por elDiario.es, en las que varios extrabajadores aseguraban que existió un cementerio de animales dentro del perímetro.

Según contaron estos exempleados, los responsables de los departamentos de animales y caballería obligaban a sus equipos a enterrar especies como ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos; además de restos de partos como placentas.

Se trata de una práctica ilegal, según la Ley de Bienestar Animal, de la que el máximo responsable de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, fue informado por medio de una exempleada. Esta trabajadora también le advirtió sobre el maltrato sufrido por algunos animales, anomalías en los registros de nacimientos y muertes; así como del suministro de pienso en mal estado.

Ante estos hechos, Ecologistas en Acción denunció este lunes a Puy du Fou por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales, y exigió su cierrre total o parcial hasta que se pueda “garantizar el buen estado de salud sanitario”.

Dejar al perro atado a una farola, a la valla de un comercio o junto a la puerta del supermercado mientras entramos a comprar el pan o a hacer un recado rápido ha sido, durante décadas, una estampa de lo más cotidiana en nuestros barrios. Sin embargo, este gesto tan arraigado ya forma parte del pasado y es motivo de sanción. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha transformado por completo las obligaciones de los titulares de mascotas, priorizando la seguridad y el cuidado de los animales en los espacios públicos y prohibiendo de forma expresa ciertas conductas que antes considerábamos inofensivas.

El marco legal actual es muy claro respecto a las nuevas obligaciones de los propietarios en la vía pública. El Artículo 27.d de la normativa, centrado en las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía prohíbe explícitamente “mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Esta prohibición de mantener a los animales desatendidos en la vía pública se enmarca dentro de las políticas para combatir una de las grandes problemáticas actuales en España: la falta de identificación y el abandono. Según el primer estudio oficial sobre la gestión de la protección animal en España, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más del 80% de los perros y gatos que llegan a los centros de recogida no están identificados con chip.

De forma concreta, el estudio revela lo siguiente:

Infracciones y sanciones de la Ley de Bienestar Animal

El marco regulador de la normativa determina en su Artículo 72 que constituyen infracciones administrativas todas las acciones u omisiones que incumplan las obligaciones o prohibiciones dispuestas en la ley. Para garantizar una aplicación justa de la norma, estas conductas se clasifican en tres niveles diferenciados (leves, graves y muy graves) según la naturaleza de la falta, el riesgo generado o el daño físico ocasionado al animal. Este cuadro sancionador se traduce en un estricto baremo de multas económicas cuyos ingresos, tal y como dictamina la propia ley, se destinarán íntegramente de forma finalista a la financiación de actuaciones y planes públicos enfocados en la protección de los animales.

Asimismo, el Artículo 77 contempla la aplicación de sanciones accesorias que complementan a la multa económica según la naturaleza de los hechos. Así, ante una falta leve, el infractor puede ser obligado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de formación en bienestar animal, mientras que en los casos más graves la autoridad puede intervenir al animal para trasladarlo a un centro de protección o la inhabilitación para la tenencia de mascotas. Para fijar la cuantía exacta y graduar estas sanciones, el Artículo 78 establece que las autoridades tendrán en cuenta criterios clave como el perjuicio causado al animal, la continuidad de la conducta o el grado de culpabilidad, intencionalidad, imprudencia o negligencia del responsable.

La Justicia ha absuelto a los dos trabajadores acusados de maltrato animal en el caso Vivotecnia, al considerar que no han quedado acreditados los hechos y que el delito de maltrato animal ha prescrito, aunque reconoce que las prácticas generaron “dolor y sufrimiento innecesario” a los animales.

El caso se destapó en 2021. Una investigación publicada en exclusiva por la ONG Cruelty Free International (CFI) mostraba actos crueldad contra los animales en el laboratorio madrileño Vivotecnia, organización dedicada a la investigación por contrato (CRO) para farmacéuticas y biotecnológicas. La empresa realizaba con los animales pruebas de toxicidad para la industria cosmética, química, agroquímica, biocidas y productos sanitarios.

En una nota, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que la resolución judicial considera probado que uno de los acusados intervino en la eutanasia de un conejo “sin comprobar adecuadamente la correcta sedación y sujeción del animal, lo que provocó que éste saltara de la mesa de trabajo y cayera al suelo”. “No obstante, el magistrado concluye que no ha quedado acreditado que el animal sufriera lesiones graves ni que falleciera como consecuencia directa de dicha caída. La sentencia también destaca que no se pudo demostrar que el acusado fuese el responsable principal del procedimiento ni que conociera que el conejo no estuviera correctamente sedado”, añade.

Sobre el segundo acusado, la resolución declara probado que “realizó extracciones de sangre retro-orbitales a varias ratas sin que estuvieran adecuadamente anestesiadas, incumpliendo así el protocolo legal y técnico aplicable a la experimentación animal”. La sentencia entiende que con ello “generó dolor y sufrimiento innecesario a los animales”. Sin embargo, le absuelven “tampoco se ha podido acreditar con la certeza exigida en el proceso penal que dichas actuaciones causaran lesiones graves a las ratas”.

El juez considera que las grabaciones con las que se destapó el caso, realizadas por una trabajadora infiltrada en las instalaciones de Vivotecnia, no vulneraran el derecho a la intimidad de los acusados y añade que es “legítima su utilización como prueba en el procedimiento judicial, al haberse obtenido en un entorno profesional y por una persona que participaba directamente en los hechos grabados”.

Por todo ello, el juez concluye que no queda probado el delito de maltrato animal, pero que sí podría aplicarse un delito leve de maltrato cruel al segundo acusado “por haber actuado con indiferencia ante el sufrimiento de los animales al practicar técnicas invasivas sin anestesia efectiva”, pero añade que está prescrito “al haber transcurrido más de un año entre los hechos y la interposición de la denuncia”.

Con poco más de 200 habitantes, el municipio de Las Majadas se ha convertido en todo un referente del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, pese a encontrarse en una ‘zona roja’ de despoblación, en plena España vaciada. Destaca principalmente por su impresionante entorno natural y geológico. Su principal atractivo son 'Los Callejones', un espectacular paraje de formaciones rocosas calizas esculpidas por la erosión, junto con su arquitectura tradicional serrana y densos pinares

Pero hay otro tipo de iniciativas, de las que adolecen muchos pueblos pequeños, relacionada con el mundo animal y que también está convirtiéndose en referente: la Asociación Felina Las Majadas. Es un colectivo sin ánimo de lucro que gestiona un total de nueve colonias felinas y que se dedica al cuidado, alimentación, castración y vacunación de gatos callejeros, a menudo impulsando campañas de ayuda o micromecenazgo para sostener sus labores veterinarias.

Lo más significativo de esta asociación de Las Majadas es que la ha puesto en marcha la actriz Paula Usero. Muy activa en teatro, cine y televisión, es conocida principalmente por interpretar el papel de Luisita en la serie ‘Amar es para siempre’ y también por su papel en la película ‘La boda de Rosa’, de Icíar Bollaín.

La actriz es valenciana y reside en Madrid, pero Las Majadas es el pueblo natal de su padre, y lo considera como propio. Hace tiempo que se ha convertido en impulsora y defensora de esta iniciativa. Lo hace a través de sus redes sociales, donde explica los procedimientos para gestionar las colonias con un carácter muy divulgativo y cercano a la gente.

El método que utiliza es el conocido como CER, que consiste en 'Capturar, Esterilizar y Retornar', para evitar la reproducción incontrolada de los gatos callejeros y mantenerlos así en sus colonias en perfectas condiciones de salubridad y bienestar animal.

Este método es el modelo ético obligatorio que ampara la Ley de Bienestar Animal de 2023, y es obligado en España para gestionar colonias felinas. En principio, son los ayuntamientos los que están obligados de gestionar estas colonias y aplicar el CER, pero también pueden hacerlo las asociaciones acreditadas y autorizadas.

“Durante años he visto a los gatos vivir en la calle, alimentarse con lo que les daban los vecinos y he visto nacer a cientos de gatitos sin un hogar, condenados a una muerte prematura por falta de cuidados y de servicio veterinario. Su esperanza de vida en la calle es de siete años como mucho. Como sucede en muchos pueblos, hay una tasa de abandono y de maltrato animal muy alta y muchos ayuntamientos no pueden hacerse cargo”, explica Paula a este medio.

En el caso de Las Majadas, explica que la Corporación local es muy pequeña y no dispone de recursos, ni económicos ni de servicios adecuados, para habilitar colonias felinas. Y aunque existen ayudas públicas, ella decidió tomar la iniciativa: el pasado mes de diciembre creó ella misma la mencionada asociación para que todos esos gatos y gatas tuvieran “un futuro”. Actualmente, hay 70 censados en las citadas nueve colonias.

En un principio corrió con los gastos de todo. Y no fue poco: hacen falta alimentos, jaulas, transportines, servicios veterinarios y medicinas. Pero pronto se dio cuenta de que no era viable. “Era muchísimo dinero”. Y por ello decidió organizó una campaña de micromecenazgo en GoFundMe.

La gente empezó a apoyarla con donaciones, lo que le permitió a ella y a otras compañeras voluntarias que empezaron a ayudarla, iniciar los procesos de captura, castración, desparasitación, comida, transporte y gasolina. Incluso los propios trámites para dar de alta la asociación son muy costosos, por lo que “toda aportación, sea la que sea, es bienvenida”.

Paula Usero va a Las Majadas siempre que puede, se organiza el tiempo para poder revisar el estado de las colonias y de los gatos, así como para gestionar los viajes que tenga que realizar, pero también las voluntarias que la ayudan se encargan de supervisar que los animales estén en buenas condiciones, al menos en el refugio que la Asociación ha habilitado en un pequeño terreno del pueblo.    

Muchos ayuntamientos no disponen de recursos, tampoco tienen la culpa

Paula Usero — Actriz

“Nos estamos haciendo cargo de una situación que no nos corresponde en absoluto, pero que es que si no la hacemos nosotras, no se haría”. Defiende la Ley de Bienestar Animal pero cree que hay “muy poco control sobre su efectividad”. Pero tampoco consideraría justo que se multara a determinados ayuntamientos por no ponerla en práctica, ya que en muchos casos “no disponen de recursos, no tienen la culpa”.

Por eso, lo único que pide son “facilidades”. “Solo queremos respeto hacia lo que estamos construyendo y hacia los gatos del pueblo, que no tienen culpa de nada. Queremos apoyo vecinal, que lo tenemos, pero nos gustaría que fuera más amplio. Que nos permitan crecer. Colocar puntos estratégicos de alimento para que no lo hagan siempre en la calle, porque a veces todo resulta demasiado complicado”.     

Lo dice porque pese a la gestión de las colonias y al trabajo que realizan ella y sus compañeras, al final “no dejan de ser gatos que viven en la calle, que son alimentados en las puertas de las viviendas”. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sobre todo el control poblacional mediante la castración de más de 40 ejemplares y eso, con “muchísimo esfuerzo”. “Es realmente muy difícil capturar a gatos con cero experiencia”, señala.

“Ahora es época de cría y hay muchos cachorros, por lo que queremos sacar a los adultos sociables para darlos en adopción o en acogida, y por supuesto seguir controlando la población”.

En Las Majadas no hay clínica veterinaria y los desplazamientos los han realizado a Cuenca capital, con 50 minutos de bajada y otros tantos de subida, y también a Motilla del Palancar, a una hora y media de recorrido. “Hemos llegado a llevar hasta 20 gatos y, claro, a todos los tienen que castrar el mismo día. Es un esfuerzo enorme, mental y físico, pero todo merece la pena. Merecen un futuro”.

El objetivo de Paula es que la asociación siga creciendo, porque “esto es algo, lo tengo claro, que no va a terminar”. “Entiendo que dentro de, por ejemplo, cuatro años, cuando ya no haya tantos gatos en el pueblo, la gente se dará cuenta de todo este esfuerzo tan tremendo que estamos haciendo”. También está convencida de que este tipo de iniciativas deben conocerse, principalmente en pueblos donde “seguramente estarán igual de perdidos”.

Vamos a seguir con ello y si crecemos y en algún sitio quieren nuestra ayuda, se la daremos

“Muchas veces no paro de pensar si los gatos estarán mal, estarán bien, si les faltará algo. Los tengo en la cabeza todo el rato”. Por eso se muestra muy agradecida por las ayudas que está recibiendo y por la gente que está escribiendo a la asociación para apoyarlas a ella y a sus compañeras. “Vamos a seguir con ello y si crecemos y en algún sitio quieren nuestra ayuda, se la daremos”, concluye.

Una carrera imparable

Paula Usero emprendió su carrera con tal solo siete años, cuando comenzó a ser la imagen de una marca de muñecas y participó en otras campañas publicitarias. Durante su infancia se formó como actriz y cuando terminó bachillerato, empezó a cursar Ciencias Políticas en la Universitat de València. En paralelo, realizó cortos con amigos que estudiaban Comunicación Audiovisual, quienes le plantearon dedicarse seriamente a la interpretación.

Poco tiempo después, accedió, en 2012, a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de València, donde cursó el Grado de Interpretación Textual. En 2015 participó en su primer largometraje, 'El olivo', dirigido por Icíar Bollaín, con la que repetió años después en 'La boda de Rosa'. Se trasladó a Madrid en el año 2016 después de acabar la carrera en la ESAD.

A finales de este 2017 empezó a trabajar en la sexta temporada de la famosa serie 'Amar es para siempre', en el papel de Luisita Gómez, hija de Manolita y Marcelino, quienes regentan un bar en la Plaza de los Frutos. Durante el año 2018 aparece en un capítulo de 'Paquita Salas', representando a Charlotte García, antigua secretaria de PS Management.

Al mismo tiempo, continuó trabajando en la séptima temporada de 'Amar es para siempre', en la que tomó un papel protagonista gracias a su trama romántica con el personaje de Amelia (interpretado por Carol Rovira). La relación entre ambas se basa en una historia de amor entre dos mujeres durante el año 1976, juntas forman la pareja ficticia “Luimelia”. Precisamente, en 2020 estrenó un spin-off  titulado #Luimelia, que surge gracias al éxito que tuvo en redes sociales la pareja formada por Luisita y Amelia.

En junio de 2021, el Festival de Cinema Jove de València reconoció a Paula con el Premio 'Un Futuro de Cine', galardón que augura un porvenir de éxitos a intérpretes de la nueva hornada de la industria audiovisual española. En los dos últimos años, la actriz ha participado en las series de Netflix 'Manual para señoritas' y 'Esa noche'.