La Audiencia de Balears revisará el archivo del caso de la “macrogranja de los horrores” de Mallorca

La Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el archivo del caso de la conocida como “macrogranja de los horrores” de Llucmajor (Mallorca), en el que investigaban posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor. El procedimiento se reabriría a efectos de estudio del recurso, después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acordara el sobreseimiento provisional al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester –cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A–, como informó este diario. Cabe señalar que la explotación avícola ha estado en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el 26 de mayo de 2025 y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El despacho Peñas Roldán Abogados, que defiende a la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma al entender que la decisión del sobreseimiento de las actuaciones se había producido sin haber agotado “las posibilidades de indagación e investigación de los hechos”. “Es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamentó Lorenzo Peñas a elDiario.es. Los vecinos y vecinas afectados, ahora constituidos en una plataforma, insistían en que se habían adherido a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”.

Nati García, que vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a este diario. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadía. Pep, que vive a escasos 500 metros de la granja, lamentó a este respecto que no podía “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

En el recurso de apelación –ahora aceptado a trámite– se recordaba que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”. El motivo de la denuncia se fundamenta, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

“Perjuicio emocional y económico”

A estos daños denunciados hay que sumar, afirman, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor. “Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, argumentaron.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves –cabe señalar que una ha sido cerrada–, se encuentran construidas en suelo no urbanizable”. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

Según los vecinos, el juez instructor solo ha tenido en cuenta 'el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo'

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma se denunciaba la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Además, se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, complementado por uno de Ganadería y Sanidad Animal, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

El juzgado descartó los delitos denunciados

El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y, por lo tanto, de las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. De hecho, después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve.

Después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumentó que los índices se encontraban dentro de los límites considerados “normales” –según el auto del juzgado–. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. La jueza tampoco consideró que existieran riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprendía a partir de las pruebas de sanidad animal realizadas, que descartaron los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recogía el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado reiteró que se consideraban estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se consideró que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causaron un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente.

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descartó el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se había cometido un maltrato activo o doloso. Añadía, asimismo, que no quedaba acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pudiera considerar relevante.

En ese sentido, resolvió que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectaban al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por los afectados, que solicita la investigación de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor.

* Una primera versión de esta información aseguraba erróneamente que la Audiencia Provincial había ordenado reabrir el caso.