Docents en Lluita concluye que las mejoras exigidas por el profesorado son “perfectamente viables” con los presupuestos actuales

Docents en Lluita ha elaborado un informe técnico según el cual la Conselleria de Educación dispone de recursos suficientes para atender las reivindicaciones de la enseñanza pública valenciana.

El informe, titulado Viabilitat Pressupostària de les Reivindicacions de l’Ensenyament Públic Valencià (2026-2029), concluye que las principales demandas planteadas por la comunidad educativa son “económicamente viables” dentro del marco presupuestario actual de la Generalitat Valenciana.

El estudio se ha elaborado a partir de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, informes sindicales de seguimiento de nóminas e incidencia de la huelga, la normativa europea de financiación 2021-2027 y estimaciones técnicas de coste docente. El documento muestra que, “incluso sin una reforma del sistema de financiación autonómica”, el Gobierno valenciano “dispone de un margen económico significativo”. Según los autores, este remanente permitiría avanzar en la reducción de ratios, la mejora de las plantillas docentes, el refuerzo de la atención a la diversidad y la recuperación de derechos laborales y retributivos.

Además, en un escenario de mejora de la financiación autonómica, la disponibilidad de recursos aumentaría entre 750 y 800 millones de euros anuales adicionales. Esto “permitiría una reducción más intensa de las ratios escolares y la incorporación de miles de docentes al sistema educativo valenciano”.

El estudio concluye que las reivindicaciones de la enseñanza pública “no responden a demandas inalcanzables, sino a objetivos perfectamente compatibles con la capacidad presupuestaria de la administración educativa”. En este sentido, señala que la cuestión fundamental no es la carencia de recursos, sino la prioridad política que se decida otorgar a la educación pública.

Con este documento, Docents en Lluita desmonta el argumento de la insuficiencia presupuestaria utilizado reiteradamente por la Conselleria para rechazar las demandas de la comunidad educativa. Por ello, reclaman la apertura inmediata de un proceso de negociación que permita traducir esta capacidad económica en mejoras reales para los centros educativos, el profesorado y el alumnado.