La empresa de la 'granja de los horrores' de Mallorca quiere construir otra explotación con 80.000 gallinas

Avícola Son Perot S.A., empresa que opera bajo la marca Avícola Ballester, quiere construir una macrogranja con 80.000 gallinas ponedoras después de haber tenido que sacrificar casi 90.000 en la explotación de Llucmajor (Mallorca) para cumplir con las medidas dictadas por el Govern. Conocida como la ‘granja de los horrores’, estuvo operando de forma ilegal tanto por las sucesivas ampliaciones que se hicieron en las instalaciones, como por la inexistencia de determinados permisos y autorizaciones ambientales obligatorias, según el Govern. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sancionó a la empresa con 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, como informó este diario.

Las instalaciones de Llucmajor estuvieron en el punto de mira después de que elDiario.es publicara en primicia unas imágenes inéditas que mostraban la perniciosa situación en la que malvivían las gallinas. El interior de la macrogranja presentaba unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas. Las imágenes, grabadas entre los días 21 y 29 de abril de 2025, fueron facilitadas a este diario por las asociaciones ARDE y Satya Animal.

La nueva granja que proyecta Avícola Son Perot pretende construir una explotación avícola de dos naves con una capacidad de 40.000 gallinas en cada una, en una parcela ubicada en la finca de Son Brau (Manacor). Así consta en el Proyecto básico de obra, consultado por este diario. Con ubicación en Manacor, sería la segunda granja que la empresa construye en este término municipal. La totalidad de las gallinas ponedoras estarían destinadas a la tipología con código 2, de gallinas en suelo. Es decir, con libertad de movimientos pero sin acceso al exterior.

La capacidad del proyecto presentado ante el Govern –se abrió un plazo de alegaciones de treinta días que se abrió a exposición pública el 28 de mayo, según el anuncio del BOIB–, roza los límites de lo que permite la legislación y debe pasar por varios trámites, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada. La cifra de 80.000 aves coincide exactamente con uno de los umbrales fijados por la ley agraria balear para determinar las distancias mínimas que se deben respetar en la construcción de instalaciones avícolas respecto a los núcleos urbanos residenciales.

Avícola Ballester defiende que cumple

Avícola Son Perot sostiene que la macrogranja cumple este requisito porque la ley exige una separación de 6.000 metros únicamente a las granjas que superen la carga ganadera equivalente a 80.000 gallinas ponedoras, según argumentan en el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, consultado por este diario. Al no superar esa cifra, sino situarse exactamente en ella, la empresa entiende que le resulta aplicable el escalón anterior, que obliga a mantener una distancia mínima de 4.000 metros respecto al suelo urbano residencial más próximo.

Según el proyecto, la urbanización de Son Talent, el núcleo residencial más cercano, se encuentra a 4.435 metros de las instalaciones previstas. La distancia a los cascos urbanos de Manacor, Petra y Ariany es de 5.560, 5.820 y 6.610 metros, respectivamente. La interpretación de ese límite podría ser objeto de discusión durante la tramitación ambiental. elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Son Perot, que responde que no va a hacer declaraciones sobre el proyecto, dado que está en fase de exposición pública.

Uno de los problemas asociados a otra de las granjas de la empresa, la explotación de Llucmajor (Mallorca), son los malos olores que soportan los vecinos de las urbanizaciones colindantes. Estos y otros problemas relacionados fueron los que llevaron a los vecinos de Sineu a rechazar un proyecto de dimensiones estratosféricas: una macrogranja de 750.000 gallinas ponedoras, cuya tramitación fue paralizada por el Ayuntamiento. Pese a todo, la empresa considera que “no es previsible que se originen molestias a la población por olores”, teniendo en cuenta la distancia de la explotación a los núcleos urbanos mencionados.

En este sentido, argumentan que para reducir los olores y evitar afecciones ambientales por la emisión de los mismos “se aplicarán de forma continua en la instalación una serie de medidas preventivas”. Entre ellas, se dispondrá de un plan de gestión. Además, pretenden instalar barreras sanitarias para “disminuir el riesgo de difusión de enfermedades”. El Ajuntament de Manacor no ha respondido a las consultas de este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

Qué dice el proyecto

La explotación avícola se prevé edificar sobre una superficie de 403.119 metros cuadrados, de los cuales 376.178 corresponden a un área de suelo rústico, que es donde se pretenden colocar las instalaciones. Por otro lado, hay una parcela de 26.941 metros cuadrados considerada como Área de Prevención de Riesgos (APR) de incendios, a unos 300 metros de la ubicación de las hipotéticas naves.

Además, contempla la construcción de un almacén para el empacado de los huevos de unos 343 metros cuadrados; un estercolero de unos 644 metros cuadrados, dimensionado para poder almacenar el estiércol producido durante un periodo de 4 meses y otras construcciones auxiliares. El estercolero solo podrá gestionar el estiércol procedente de esta explotación.

Bajo un sistema de producción de huevo basado en un régimen de semilibertad (las gallinas se alojan libres en las instalaciones, sin jaula, pero también sin salida al exterior), las aves llegan a la explotación con 17 semanas de vida. Tras un periodo de adaptación de una semana, empiezan el período de puesta que suele durar un año. Pasado este tiempo, se llevan al matadero. Los cadáveres se almacenarán en un contenedor cerrado hasta el momento de su traslado a la planta de valorización energética, es decir, la incineradora gestionada por TIRME. Se prevé una producción de 25,6 millones de huevos al año.

Esta producción implica un consumo de 9.600 metros cúbicos de agua. Para ello, la explotación dispondrá de abastecimiento de agua procedente de un pozo propio, debidamente legalizado, así como una concesión para explotar las aguas subterráneas, con un volumen anual de 17.817 metros cúbicos para regadío, otros usos agrarios y abastecimiento de la granja.

La zona se encuentra en una área de vulnerabilidad de acuíferos media, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Manacor. De hecho, el estado global de esta masa de agua subterránea es malo, y esta área es vulnerable “a la contaminación por nitratos de origen agrario”. Las consecuencias negativas sobre las aguas subterráneas podrían derivarse todavía más si se produjera una mala gestión del estiércol, lo cual debe evitarse con un plan de vigilancia ambiental. Avícola Son Perot maneja un presupuesto de un millón de euros para ejecutar el proyecto.

Sobre esta cuestión, la Dirección General de Recursos Hídricos responde a este diario que el proyecto todavía está “en una fase muy inicial de tramitación”, y que, por tanto, no se ha emitido “ningún informe” al respecto. Cuando corresponda, se analizarán las cuestiones que son competencia de la Dirección General, “como la disponibilidad de recursos hídricos, el aprovechamiento del agua prevista para la actividad, posibles cambios de uso, así como otros aspectos relacionados con el Plan Hidrológico o posibles afecciones al dominio público hidráulico”. Se trata de un procedimiento, señalan dichas fuentes, que todavía tiene un recorrido administrativo importante, “por lo que en estos momentos no es posible realizar una valoración concreta”.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural –hay informes que dependen de dos de sus direcciones generales– señalan que se aprobó el Decreto Ley 1/2025 –con el voto favorable de MÉS, partido en la oposición–, avalado por los ayuntamientos, que establece medidas urgentes para proteger el medio ambiente y fija limitaciones estrictas a las explotaciones avícolas. El proyecto, por tanto, deberá encajar dentro de esta norma. Las mismas fuentes señalan que las autorizaciones pueden demorarse entre año y medio y dos años, si todos los informes de las autoridades competentes son favorables.

El proyecto ha salido a exposición pública a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, por lo que será este organismo quien solicitará todos los informes a las autoridades competentes. Este procedimiento incluye el informe del Ayuntamiento, que tiene que justificar si autoriza o no el proyecto, y en base a qué motivos. Fuentes de la Conselleria de Territorio explican que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, que es el órgano ambiental que otorga la autorización ambiental integrada, está condicionada por el Decreto Ley 1/2025.

Esta norma destaca el límite máximo de capacidad fijado en 160.000 gallinas y la obligación de respetar distancias mínimas respecto a núcleos residenciales. El proyecto presentado es de hasta un máximo de 80.000 gallinas, lo que obliga que debe estar a una distancia de 4.000 metros de los núcleos urbanos. En cuanto a su tramitación, el proyecto “se encuentra actualmente en una fase inicial, y en este tipo de procedimiento, su tramitación administrativa puede durar entre un año y medio y dos años”.

Después del inicio del periodo de información pública, las distintas administraciones públicas deberán realizar sus informes y se abre periodo de alegaciones para todas aquellas personas interesadas. “Una vez concluya este proceso de información pública, se deberá iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, obligatorio en una instalación de estas características”, señalan las fuentes consultadas. El Ayuntamiento de Manacor, finalmente, deberá informar si el proyecto es compatible o no con la planificación urbanística del municipio.

Alternativas al proyectoc

Avícola Son Perot se plantea alternativas a la presentación del actual proyecto. En primer lugar, la opción de no ejecutarlo porque de este modo “los impactos medioambientales negativos del proyecto se evitarían”, como figura en el Estudio de Impacto Ambiental, consultado por este diario.

En segundo lugar, la empresa explica que ha intentado elegir el lugar de forma que “los costes medioambientales y económicos del proyecto fueran los mínimos posibles”. La empresa promotora detalla, teniendo en cuenta las limitaciones que suponen las distancias respecto a las zonas residenciales, que no se han encontrado “alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas que la elegida” y que sean “técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características específicas”.

En tercer lugar, plantean la posibilidad de reducir “la capacidad productiva”. Así, se reducirían todos los factores ambientales que van directamente ligados al número de animales, como “las emisiones totales a la atmósfera, el consumo de agua, la cantidad total de estiércol producida o el número de cadáveres”.

Sin embargo, a juicio de Avícola Son Perot, esta opción reduce la “rentabilidad del proyecto” y añade que, por razones de economía de escala, un aumento de la capacidad permite “reducir los costes de producción por plaza, aumentando la rentabilidad económica de la actividad y la viabilidad futura de la explotación”. Aspectos que son “realmente importantes en un sector que sufre especialmente los sobrecostes de la insularidad”.