La Comunidad de Madrid deniega por segunda vez la beca de comedor escolar, en calidad de víctimas de violencia de género, a las dos hijas menores de la vecina de Villaverde asesinada por su expareja en 2023. En la última convocatoria de ayudas para el alumnado de centros públicos, la de 2025/2026, las niñas no figuran como seleccionadas en la resolución definitiva de la Consejería de Educación, cuyo plazo de alegaciones concluyó el pasado 6 de abril. Estos bonos financian un menú escolar para estudiantes de centros infantiles, colegios o institutos gestionados por la administración autonómica, y uno de los requisitos que figuran en el criterio de evaluación es que los solicitantes tengan a alguna víctima de violencia de género dentro de su unidad familiar.

La madre de ambas chicas, que tuvo otra hija actualmente mayor de edad y hermana de las menores, contaba con 36 años cuando murió a manos del hombre con el que convivía. Con el tiempo se creó un comité de crisis para coordinar instituciones en casos de violencia machista que llevó el nombre de la fallecida, Miguela Novas Noboa. En enero de este año, sus hijas fueron desahuciadas del domicilio en Villaverde donde residía su abuela, madre de la mujer asesinada, con la que se habían mudado las tres hermanas.

La mujer, que vivía a pocas calles de donde mataron a la víctima, tenía una deuda hipotecaria después de que la sociedad limitada Ciclevile SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, adquiriera el descubierto que la fallecida había contraído con Caixabank antes de perder la vida. Al tiempo, la compañía pasó a reclamar la propiedad del piso después de una pugna por su titularidad que había comenzado años antes, en 2018, cuando otra empresa registrada en Luxemburgo solicitó a la abuela de las niñas que abandonaran el domicilio.

Contactada por este periódico sobre el criterio de selección para admitir o denegar solicitudes, la Consejería de Educación explica que está estudiando el recurso presentado por la familia ante la negativa a concederle la beca, aunque asegura “haber realizado correctamente todas las gestiones respecto a esta solicitud”. En cualquier caso, fuentes de este departamento recuerdan que si este recurso es estimado, la beca será concedida con efecto retroactivo y cubrirá desde el comienzo del curso escolar 2025/26.

Un desahucio hipotecario y tres víctimas desamparadas

En su momento, la hermana mayor ya se hizo eco de los problemas que tenían no solo para encontrar alternativa habitacional ante un desahucio inminente –ella misma acababa de mudarse a casa de sus suegros ante la ansiedad que le provocaba la situación en casa–, sino también para adquirir la propia condición oficial de víctimas de violencia de género. Aunque, en su día, fuentes del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid indicaron que el ofrecimiento de recursos municipales a víctimas de un desahucio se produce “con independencia” de que exista un vínculo con algún caso de violencia, la familia de Miguela aseguró que solo recibieron opciones temporales en centros de los servicios sociales, pero declinaron la oferta.

Desde entonces, han permanecido dispersas hasta encontrar una forma de volver juntas a Villaverde. La hermana mayor continúa en casa de los padres de su novio, y ha sido en este tiempo cuando solicitaron para las menores las ayudas autonómicas para las becas de comedor. En total, según datos aportados por la familia, la cuantía que corresponde al menú de ambas menores entre diciembre de 2025 y el próximo mes de junio suma 1.342 euros, 671 por cada una para 122 días lectivos. Según relatan, en el momento de enviar su solicitud para recibir las becas marcaron la casilla que permitía a la administración consultar su perfil y la documentación asociada.

Sin embargo, en la lista publicada recientemente por la Consejería de Educación –e incluye a solicitantes incorporados a la red madrileña a partir del 15 de noviembre– no aparecen sus nombres, y sus familiares denuncian una gota más en la laguna de problemas para obtener apoyo en una situación vulnerable que, además, es reconocida a nivel público.

A finales de febrero, desde el entorno más próximo a la hermana mayor insistían en que su “principal problema estaba siendo la Justicia”, pues según decían no habían conseguido aún un certificado oficial que habilitara su condición de víctima. Finalmente, lo obtuvieron el día 19 de ese mes, unas dos semanas antes de enviar la solicitud para la beca, que se registró el 2 de marzo. “Todo va muy lento”, percibían ya por aquel entonces, con la esperanza de que la reciente reunión con una fundación de mujeres que les ayudó durante el proceso y que asistió con la documentación a la Fiscalía sirviera para mover ficha.

Así fue, aunque la cadena burocrática de solicitudes y reclamaciones tiene “saturada” a la hermana mayor, que compagina su trabajo con las diversas gestiones administrativas para que sus hermanas obtengan la beca de comedor. “La apoyamos en lo que podemos, pero no llegamos a todo”, confiesan fuentes de su entorno. Poco después, celebran haberlo conseguido, aunque desconocen las razones por las que les rechazaron la beca.

Desde la oposición política en la Asamblea de Madrid, la diputada del PSOE Lorena Morales espeta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que el criterio de selección “otorgue las mismas oportunidades a un hijo de guardia civil que unas víctimas de violencia de género”.

No entiendo que el criterio de selección priorice a hijos de policías frente a los de otros funcionarios, como los sanitarios

Lorena Morales — Diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid

Morales recuerda que en la lista de requisitos para obtener la beca de comedor existen categorías que benefician a familiares de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o enviados de las Fuerzas Armadas a la Comunidad de Madrid. Algo que considera una “incongruencia” teniendo en cuenta que, aunque ve comprensible dar prioridad a hijos de víctimas de violencias o terrorismo, no halla razón para, por ejemplo, “elevar a policías por encima de los sanitarios”. En respuesta a una solicitud de información que presentó al Gobierno de Ayuso, el Ejecutivo informó de que este curso se concedieron 119.870 becas a las familias con menos renta per cápita. El segundo grupo receptor fueron los hijos de policías, guardias civiles o militares.

A estos últimos se les ofrecieron 15.541 bonificaciones, mientras que 2.981 fueron a parar a víctimas de violencia de género, las terceras en la lista. En 2025 se presentaron 33.516 denuncias por violencia de género en la Comunidad de Madrid, según datos del informe anual que elabora el Consejo General del Poder Judicial. Por lo general, coinciden menos en una misma región los familiares afectados por un caso grave de violencia machista que aquellos vinculados a cuerpos de seguridad. Los datos recopilados apuntan a que otro grupo importante de becas se destinó a quienes percibían el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o las familias numerosas.

No obstante, para la diputada socialista este orden de prioridades “deja fuera” a los núcleos monoparentales. En junio de 2023, la presidenta regional anunció un plan de apoyo con nuevas ayudas destinadas, especialmente, a las familias numerosas y las monoparentales, con pagos únicos de 1.800 euros por hijo y 3.600 para tutores legales de gemelos o mellizos. Pero en la resolución que muestra Morales no aparecen como categoría aparte. En los últimos cinco años, las denuncias por violencia de género presentadas en instancias de la Comunidad de Madrid han ido en aumento. Las becas de comedor son una de las prestaciones públicas que favorecen a sus víctimas, pero las hijas de esta vecina de Villaverde aún tendrán que esperar.

Un nuevo curso académico en la Comunidad de Madrid supone un nuevo quebradero de cabeza para las familias que solicitan una beca educativa a la administración regional. Al mismo tiempo que se supo esta semana que una de cada tres solicitudes de las becas comedor resultaron denegadas el curso pasado, sin explicaciones sólidas por parte de la Consejería, se ha hecho público el nuevo contrato por el que la Comunidad ha aumentado este año un 18% el dinero otorgado a una empresa (Gureak) para externalizar la gestión de las solicitudes –un 135% más respecto al curso 2023/24–. 

Esta inversión no ha supuesto una simplificación del proceso ni una mayor asistencia a las familias que solicitan la ayuda. “Hay familias que están desesperadas”, denuncia la presidenta de la Federación madrileña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA Francisco Giner de los Ríos), Mari Carmen Morillas.

La Consejería de Educación no ha respondido las preguntas de este periódico referidas a los motivos que les han llevado a elevar por encima de los 650.000 euros el contrato a la empresa por la que se privatiza el servicio de recepción, gestión y comunicación de las solicitudes. “Toda la documentación sobre justificación e importes de los contratos públicos se puede consultar en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid”, aseguran estas fuentes, aunque el contrato lo único que argumenta es que la contratación de personal interino para realizar este trabajo supondría casi 200.000 euros más de dinero público. Así, la Comunidad de Madrid justifica el pago de 650.000 euros a una empresa licitada por la gestión de un servicio público como es la tramitación de las becas comedor, de gran importancia para familias en situación de pobreza.

Sin embargo, una gestión directa de la Comunidad podría facilitar la “comprobación automática de la renta” que, según la responsable de Incidencia Política de Educo, María Lafuente, es “fundamental” para que el derecho al comedor se extienda a todo aquel niño o niña que lo necesite. El curso pasado 137.000 alumnos se beneficiaron de la ayuda, que solo sufraga el comedor escolar en su totalidad al 2% de los solicitantes, el resto reciben la ayuda de casi la mitad del precio de este servicio escolar. Alrededor de 140.000 niños madrileños viven en una situación de pobreza severa y Lafuente incide: “La clave es que todo el alumnado que necesite esta beca la tenga, y eso en la Comunidad de Madrid no está pasando”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado lunes los datos macroeconómicos de la comunidad, que creció un 2,9% en el último año. Ayuso erige a Madrid como el “motor” económico que tira de España, “a pesar de” Pedro Sánchez. El Gobierno madrileño presumió hace unos meses de ampliar este curso la cobertura de la ayuda alimentaria a hijos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la región y de ampliar los umbrales de renta permitidos en el caso de las familias numerosas, pero ha mantenido la partida presupuestaria en los 68 millones, como el curso anterior. Todo ello dificulta el aumento del número de niños que puedan recibir una beca que sufrague el 100% del precio del comedor escolar que, de momento, se limita prácticamente a las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital y a los alumnos amparados por la Protección Internacional.

A pesar de la ampliación del umbral de renta que se contempla para la concesión de las becas, Morillas remarca que “aún sigue siendo insuficiente”. De los 137.000 beneficiarios de las becas comedor del curso anterior aproximadamente 40.000 fueron los únicos que recibieron el sufragio total del coste del comedor escolar, una cifra muy por debajo del índice de pobreza infantil, que se sitúa en el 30,2%, superando los 300.000 niños y adolescentes en riesgo de exclusión social.

Otro de los problemas según la presidenta de la FAPA es la dificultad burocrática del proceso que permite solicitudes únicamente a través de internet, en las secretarías de los centros y en ventanilla única, donde no se revisa que el solicitante haya presentado todo lo necesario para el trámite. “No es fácil”, dice Morillas, a lo que añade: “Y los recursos, menos”. Desde la FAPA aseguran que han tenido que “mediar” entre los colegios y la Administración porque hay centros y familias que llegan a una “bancarrota técnica” incluso antes de recibir las becas adjudicadas. La primera remesa de becas se recibió el año pasado en diciembre. “Para nosotros, el modelo ideal sería un comedor gratuito, universal y de gestión pública directa”, explica Morillas, a lo que Lafuente añade: “Es una herramienta clave de equidad educativa”.

Una sola respuesta: 'Excluido'

Pilar tiene dos hijos y una hija que estudian en cursos de primaria de un colegio público del barrio madrileño de Tetuán. A pesar de que los dos últimos cursos recibieron una beca parcial del precio del comedor escolar para cada uno de sus hijos, al intentar la renovación automática de la ayuda este año la respuesta de la Administración ha sido de una sola palabra: “Excluido”. Su unidad familiar supera este año por muy poco el umbral de renta permitido para la beca, pero continúa dentro de lo permitido si se consideran las tres solicitudes de sus tres hijos como miembros de una sola familia numerosa. Desde un primer momento, la gestora no lo ha tomado como tal.

En conversación con elDiario.es, Pilar relata la odisea que ha atravesado para intentar subsanar esta resolución y comunicarle a la Consejería que, en su caso, conforman una familia numerosa que está amparada por la ayuda. Al escribir al correo de contacto (infobecascen@madrid.org), recibió una respuesta automática que decía 'El buzón de correo del destinatario está lleno...', y cuando rellenó el formulario de contacto de la aplicación móvil, nunca recibió una contestación. Como la lista provisional se publicó el 31 de julio, los centros educativos estaban cerrados y las familias no podían acudir a ellos para poder preguntar. “La convocatoria se publica demasiado tarde”, denuncia la portavoz de Educo.

Tras recibir una segunda resolución negativa en la lista definitiva, con las mismas escasas explicaciones, Pilar cuenta su impotencia: “Si siempre me contestan lo mismo, y no puedo comunicarme con ellos, no sé si han mirado mi caso”. Aun así, ha presentado un recurso contra la decisión de la Comunidad de Madrid, a pesar de las dudas que le suscita el proceso: “Yo no soy abogada, no sé si hay que redactarlo de una manera determinada”. Mientras espera la respuesta final, Pilar y el resto de familias solicitantes pagan el precio completo del comedor escolar, en caso de poder hacerlo. “Conozco familias en mi colegio que no los llevan al comedor porque no pueden pagar lo que no cubre la beca o esperar a que les digan algo”, denuncia.

Un trámite que tanto para Pilar como para las fuentes expertas consultadas debería ser de comprobación y concesión automática por parte de la Administración es completamente opaco, sin información ni explicaciones y pone en riesgo el derecho alimentario de los alumnos. “Esto lo pagan los niños”, lamenta esta madre, que añade: “Es un derecho que no debería dejarse únicamente en manos de las familias”.

Un total de 58.925 solicitudes de la beca comedor para familias vulnerables resultaron denegadas al final del proceso, un 36% del total de las solicitudes recibidas. El 99,5% de las becas denegadas responden a que los solicitantes no cumplen con requisitos “multimodalidad”, un término que la Consejería no explica, pero que el PSOE-M achaca a las trabas burocráticas que las familias han denunciado desde hace varios cursos. Unas trabas que han facilitado la presentación de dosieres incompletos para los requisitos excesivos. A pesar de que el Gobierno de Ayuso ha defendido la cobertura de esta prestación, con los 103.210 niños que la recibieron el curso pasado, no se ha conocido la cifra de rechazos hasta la pregunta parlamentaria efectuada por Lorena Morales, diputada del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.

Tal y como ha adelantado este lunes la Cadena Ser, y ha podido confirmar elDiario.es, más de un tercio de los niños se quedaron fuera de la protección alimentaria que suponen las becas comedor para las familias con dificultades económicas. “Ayuso tiene 140.000 niños y niñas en pobreza severa, pero sólo sacó 103.000 becas de comedor escolar”, señala Morales en conversación con este periódico, a lo que añade: “Madrid es rica solo para unos pocos, los suyos”.

La gestión de las becas comedor está adjudicada, desde hace tres años, a una empresa que presta el servicio para la Consejería, cuya partida se ha triplicado, de los 227.000 euros para el curso 2023/2024 a los 651.000 para el curso que comienza. Para Morales, esta inversión no se traduce proporcionalmente a un aumento en el número de beneficiarios becados. “Mientras el presupuesto para becas comedor no ha subido ni un euro para este año, el de la empresa que gestiona esas becas lo ha hecho un 17%”, denuncia la diputada.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido este lunes ante los periodistas que el hecho de que haya un gran número de solicitudes denegadas “no quiere decir que haya personas que tengan derecho a la beca que se queden sin ella”.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado la burocracia que hay detrás de estas solicitudes, que exige la aportación documental obligatoria a través de internet a familias vulnerables que no siempre tienen acceso a este servicio, y ha asegurado que “muchas familias se quedan fuera por trabas burocráticas o requisitos injustos”. Ha prometido, además, el registro de una proposición de ley por parte de su grupo parlamentario para “garantizar este derecho sin discriminación ni cargas burocráticas” a través de un “comedor universal gratuito y saludable”. “La burocracia está diseñada para expulsar a la ciudadanía de los derechos más básicos”, ha añadido.

El grupo socialista, a su vez, ha propuesto mejorar el umbral de renta para ampliar el derecho a comedor gratuito inmediato a todas las familias que ingresen menos de 35.000 euros al año.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este jueves la convocatoria de becas de comedor y de material curricular para el próximo curso escolar, unas ayudas a las que el Gobierno autonómico destina más de 14 millones de euros y que las familias pueden solicitar desde este viernes y hasta el próximo 26 de junio.

En el caso de las becas de comedor, el presupuesto destinado supera los 11,8 millones de euros y pueden acceder a ellas los alumnos que en el próximo curso vayan a cursar segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial o tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria, Centros Públicos Integrados, Centros Rurales Agrupados y Centros de Educación Especial de carácter público, y cuyo límite de renta familiar no supere los 14.400 euros anuales, ha informado el Gobierno de Aragón.

La ayuda para sufragar los gastos de comedor será de 860 para todo el periodo lectivo. En cuanto al alumnado escolarizado en un centro que no disponga de comedor, la cuantía será de 720 euros, al no contemplarse el gasto de monitores.

Mientras, las ayudas durante los meses de junio a septiembre se realizarán preferentemente de manera articulada con programas de apertura de centros.

No obstante, en aquellos casos en que no sea posible, se reconocerá una ayuda de 180 euros por menor en edad escolar para todo el periodo estival.

Material curricular

Por su parte, las becas de material curricular cuentan con una dotación de 2,3 millones de euros. Están destinadas a alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y Educación Especial --cuya renta familiar no supere los 14.400 euros-- y las cuantías son de 160 euros para Primaria y Especial, y de 230 euros para ESO y FP básica.

Tanto para unas ayudas, como para otras, la prelación de solicitudes se establecerá atendiendo a la renta familiar, de menor a mayor nivel de renta.

En caso de misma renta, se aplicarán criterios de desempate en función de las circunstancias socio familiares: familias numerosas, monoparentales, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, perceptor de Ingreso Mínimo Vital, ayuda de emergencia social o cualquier prestación sustitutiva de las anteriores.

En ambos casos, las solicitudes se presentarán en el centro escolar en que se encuentre matriculado el alumno o en el que se hubiese presentado la solicitud en el proceso de admisión si aún no está matriculado en ninguno.

Este curso 2024/2025 un total 23.688 alumnos han accedido a una beca de comedor o de material curricular.

Son 623 alumnos más que el curso pasado, en la apuesta firme del Gobierno de Aragón por ampliar el sistema de ayudas, avanzar en la equidad y apoyar a las familias aragonesas en el regreso a las aulas.

Por segundo año, la convocatoria de ayudas ha vuelto a adelantarse y se ha lanzado con el curso aún en marcha para mejorar el procedimiento en los centros escolares, que son los que gestionan las solicitudes. Ello permite también resolver el proceso antes de empezar el nuevo curso.

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la convocatoria de ayudas al comedor escolar para el próximo curso con 3,1 millones de euros y ha cambiado los intervalos de renta para poder acceder a ellas, de forma que amplía la renta máxima para poder recibir estas ayudas.

En concreto, ha aumentado el intervalo de renta per cápita necesario para la obtención de estas becas, “con el objetivo de que puedan beneficiarse más familias de las ayudas de tipo 2 y tipo 3”, según ha explicado. La previsión es que el número de beneficiarios se incremente el 10%.

Los intervalos de las ayudas del tipo 1, las de cuantía más alta destinadas a las rentas más bajas (hasta 6.200 euros de renta per cápita), se mantienen igual. Para las ayudas de tipo 2 aumenta el intervalo en mil euros, pasando de un tramo de más de 6.200 euros a 7.300 euros, hasta los 8.300 euros de renta per capita, lo que aumentarña la cuantía que reciben familias beneficiarias que, con el mismo umbral de renta del pasado año, pasarían de recibir la ayuda tipo 3 a la tipo 2. Por último, podrán optar a las ayudas tipo 3 las familias con renta per cápita superior a 8.300 euros y hasta 9.000 euros, que en la convocatoria anterior no recibían ninguna ayuda, ya que estaba limitada para un intervalo de renta per cápita superior a los 7.300 euros y hasta los 8.300 euros. 

Así, los tres tipos de ayudas para el alumnado no transportado a partir del próximo curso se establece de la siguiente manera:

Durante este curso 2024-2025 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.579 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.765 alumnos; las tipo 2, a 453 estudiantes; y las tipo 3, a 379 alumnos.  

Las familias andaluzas podrán solicitar los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares en los centros educativos públicos del 1 al 10 de junio de 2025. Esta convocatoria incluye colegios de Educación Infantil, Primaria, zonas rurales y educación especial.

📅 Fechas clave:

Centros con alumnado de secundaria

Para los centros donde el servicio de comedor escolar también atienda a alumnado de secundaria con reserva de plazas, habrá un proceso adicional:

Plazos en institutos de secundaria (IES)

En los institutos de enseñanza secundaria (IES), el plazo de solicitud será del 1 al 10 de julio de 2025, y la resolución definitiva se publicará el 30 de julio.

Este calendario ha sido establecido por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Más centros con servicios complementarios en 2025

Para el curso 2025-26, se amplían los centros con estos servicios:

✅ 1.639 centros con aula matinal (+23 respecto al curso anterior).

✅ 2.048 centros con comedor escolar (+12 nuevos centros).

✅ 1.677 centros con actividades extraescolares (+7 colegios).

Desde el curso 2019-20, la oferta ha crecido con:

📌 +180 centros con aula matinal.

📌 +109 centros con comedor escolar.

📌 +20 centros con actividades extraescolares.

Plazo de escolarización abierto hasta el 31 de marzo

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado 1.388.605 plazas públicas y concertadas para el próximo curso:

“Volvemos a abrir los comedores escolares en el periodo estival para dar cobertura a las familias que puedan tener una situación económica desfavorecida lo que pone de manifiesto ese compromiso que asumimos desde la llegada al Gobierno de Castilla-La Mancha que es que ningún niño o niña se quede sin su menú diario”.

Son palabras de Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes, al anunciar que el servicio llegará a más de 6.800 escolares de 29 municipios de la región.

Amador Pastor ha destacado que de los escolares, un total de 4.731 tendrán una beca total del servicio que cubrirá el 100 por cien del gasto y 2.075 la tendrán al 50 por ciento.

Estos comedores escolares están ubicados en Albacete capital, en la provincia albaceteña. En el caso de la provincia de Ciudad Real, se abrirán en Alcázar de San Juan, Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, Malagón, Pedro Muñoz, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes.

En el caso de la provincia de Cuenca serán en la capital conquense, en Mota del Cuervo y en San Clemente a los que se sumarán los de Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo, Pioz, Torrejón del Rey y Guadalajara en la provincia alcarreña.

Y en la provincia de Toledo serán en El Casar de Escalona, Fuensalida, Illescas, Méntrida, Olías del Rey, Seseña, Sonseca, Talavera de la Reina, Villaluenga de la Sagra, Yepes y Yuncler.

Llega el verano, el tiempo libre, el ocio, abren las piscinas y cierran los comedores escolares. Y, sin ellos, unos 850.000 menores se quedan sin su beca de comedor, según denuncia el informe Los derechos de la infancia no se van de vacaciones, elaborado por la ONG Educo. El estudio alerta del riesgo que esconden los casi ochenta días de verano escolar: sin la beca de comedor que disfrutan durante el curso peligra la comida saludable y completa al día que sí tienen el resto del año. La ONG denomina esta situación como el “olvido vacacional”.

Pilar Orenes, directora general de Educo, lamenta que el “derecho a la alimentación” de estos menores “está en entredicho”. Pese a que ya existen ayudas por parte de las administraciones públicas y de entidades sociales, es cada vez más complejo saber “cuántos niños y niñas llegan [a las becas] o si cubren todos los meses de verano”. Según una encuesta de la misma entidad, solo una de cada siete escuelas que participa en los programas de Educo afirma que el alumnado con beca comedor tiene asegurada su alimentación todo el verano.

Orenes denuncia que los campamentos de verano destinados a los más vulnerables “no siempre incluyen la comida, no llegan a todos los que lo necesitan, no cubren todo el coste y no suelen abarcar todo el periodo vacacional”. Por todo ello, la entidad también la lanzado la campaña Miedo a la nevera vacía, con el objetivo de mostrar el temor de muchas familias de que sus hijos se den cuenta de su situación.

El país con más pobreza infantil de la UE

España encabeza el podio de la pobreza infantil dentro la Unión Europea. Casi la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes o comprar productos proteicos necesarios para una alimentación sana: carne roja, aceite, mantequilla, pescado o complementos vegetarianos. Unos 12,7 millones de españoles viven en situación de pobreza. De ellos, 2,7 millones –uno de cada tres– son niños y niñas que viven bajo el umbral de pobreza infantil. Familias afectadas por la situación económica piden “medidas” al gobierno, cuenta Educo, dado que la población se está “empobreciendo y son los niños quienes lo padecen”. Según la FAO, comer de manera sana y saludable cuesta seis veces más que simplemente comer lo suficiente. “Mi hija se da cuenta de que no puede tener todo lo que quiere cuando quiere”, explica una madre con frustración por no poder garantizarle una comida sana al día sin la beca.

Algunos de los factores que pueden explicar esta crisis son los costes derivados de la inflación, como el incremento del precio de la cesta de la compra, que ha subido un 38% –sobre todo en los alimentos más proteicos–; el aumento del precio del alquiler, que no corresponde con el salario mínimo para poder mantener una vida “digna”, mucho menos cuando hay niños y niñas a cargo. Más del 19% de los menores viven en hogares que no están bien acondicionados: “Se pasa frío en invierno y calor en verano”.

Esta situación empeora cuando se trata de familias monoparentales –un 80% de ellos están encabezadas por mujeres–, como es el caso de Bárbara, madre soltera de dos niños de seis y nueve años. “Una termina cayendo en la bollería industrial o cosas que no son tan saludables”, admite, como alimentos con demasiado azúcar, sal y grasas saturadas, señala el informe. Como madres, pese a tener recursos como los productos ofrecidos por el banco de alimentos u otras asociaciones, no poder ofrecer una comida saludable puede resultar frustrante, además de tener que enfrentarse a situaciones incómodas, expone Educo. Ada, madre de una niña de cuatro años, recuerda cómo cuando fue al pediatra para una revisión médica la enfermera le dijo “que no le daba comida nutritiva. Yo no supe cómo explicarle la situación”.

El gasto en comedor es casi inasumible para algunas familias. Mariana, con seis nietos de entre ocho y 18 años a cargo, pone un candado en la nevera o en el armario de la comida para que los productos lleguen a final de mes. Ada gasta 700 de los 800 euros que ingresa en el pago del alquiler. “Con 100 euros hago malabares”, explica.

En España, las iniciativas y las ayudas como la beca comedor dependen de comunidades autónomas, ayuntamientos, barrios, entidades sociales o centros educativos y asociaciones de familias. También su precio. En Madrid, por ejemplo, el precio del servicio de comedor está alrededor de los 5,50 euros por día; en Catalunya, el gobierno de la Generalitat decretó que el precio máximo del servicio de comedor pasara de los 6,91 euros actuales a los 7,25 euros diarios para el curso 2024-2025. En La Rioja, el precio del menú por día se elevó de 4,59 euros a los 6,82 euros, lo que supone unos 44,6 euros al mes más por estudiante, 90 si la familia tiene dos hijos. Con estos costes y una situación propia precaria, Bárbara y Ada cuentan que quedarse sin la beca que reciben es “imposible”.

Comer bien se está convirtiendo en un lujo que no todos se pueden permitir, advierte la ONG. Desde que perdió su trabajo, Mariana, abuela de 63 años y con seis nietos de entre 8 y 18 años a cargo, pone un candado en la nevera o en el armario de la comida para que los productos lleguen a final de mes. Ada cuenta que lo tiene todo calculado. Actualmente se encuentra en el paro y está estudiando para cambiar esa dinámica. Por su situación recibe una ayuda del ingreso mínimo vital de 800 euros, aunque 700 se le van en el pago del alquiler. “Con 100 euros hago malabares”, explica.

Además, estas madres señalan los beneficios para los niños de las becas comedor van más allá de la alimentación: son oportunidades para que los niños y niñas se relacionen, aprendan a resolver conflictos, generen lazos de amistad e incluso aprendan a comer todo tipo de alimentos. Para ellas, también es una forma de conciliar las necesidades de sus hijos con el trabajo.

Por todo ello, la Educa ha pedido a todas las administraciones una mayor coordinación para tener una imagen completa de las ayudas que reciben en verano los niños y niñas vulnerables, dada la falta de información y transparencia. La organización reclama el derecho de todos los niños y niñas a tener una comida saludable los 365 días del año y, además, una oferta gratuita de ocio y tiempo libre de calidad durante los 80 días que dura el verano escolar.

El Pacto contra la Pobreza Infantil

Desde que asumió el cargo de ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha prometido “abandonar el dato que nos sitúa como el país de la UE con más pobreza monetaria entre niños”. Rego aseguró en una entrevista a elDiario.es que “hay que trabajar” desde el Gobierno para que el servicio de comedor se convierta en un bien gratuito e universal en España, una opción que los expertos no consideran siquiera que sea “especialmente ambiciosa”.

Este martes, la ministra se reunió con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para abordar el pacto de Estado contra la pobreza infantil. En ella, Rego ha presentado a los responsables autonómicos un primer diagnóstico sobre la situación de la pobreza infantil en España. Aunque no se ha hecho mención de la situación de las becas comedor, la ministra ha solicitado la colaboración de las comunidades autónomas para completar la imagen de la pobreza infantil a todos los niveles, y recalcó la importancia de elevar la tasa de inversión pública en políticas destinadas a erradicar la pobreza infantil para acercarla a la media europea, el 2,3% PIB.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha adelantado algunos de los asuntos que el GPS va a defender en el Pleno de mañana jueves. Sara Orradre ha asegurado que, en la parte de control al Gobierno, “preguntaremos sobre qué tiene previsto hacer el Ejecutivo con los recursos procedentes del Gobierno de España a través del sistema de financiación autonómica”. Orradre ha recordado que “La Rioja va a recibir 1.442 millones de euros del Gobierno de España este año, 256 más que en 2023”. 

Además, la portavoz adjunta ha señalado que también “pediremos información al Gobierno sobre la situación de las Becas de Comedor Escolar, toda vez que el ejecutivo todavía no ha cumplido con la PNL aprobada el pasado mes de marzo y a través de la cual se solicitaba que se incrementara el umbral de renta para el acceso a esas becas y que se mejorase el porcentaje de financiación”. 

Sara Orradre ha asegurado que otro de los asuntos “que los Socialistas vamos a abordar es conocer los motivos por los que La Rioja declinó su asistencia el pasado 17 de mayo a la reunión técnica entre el Ministerio de Derechos Sociales y las CCAA con el objeto de abordar la implementación del programa Tarjetas Monedero”.

La portavoz adjunta ha explicado que, por lo que respecta al impulso al Gobierno, “vamos a pedir al Ejecutivo regional que apruebe una Estrategia Industrial 2024-2027”. Se trata, ha dicho Orradre, de “impulsar la economía regional ante la nula política económica e industrial del Gobierno de Capellán”. 

Sara Orradre ha añadido que en el Pleno de mañana “también instaremos al Gobierno a que apruebe un nuevo Proyecto de ley de protección y bienestar animal, tal y como se comprometió cuando derogó la Ley anterior al inicio de la presente Legislatura”. 

La Comunidad de Madrid tiene un déficit de 60.000 plazas de comedor en los centros de enseñanza públicos. Esta falta de plazas afecta a todos los ciclos educativos, pero especialmente a los que imparten ESO, Formación Profesional y Bachillerato, según ha denunciado CCOO en un comunicado.

El problema, sin embargo, no alcanza a los centros privados, explica la responsable del sindicato a nivel regional, Isabel Galvín, hasta el punto de que pese a que estos tienen menos alumnado que los públicos, cuentan con una mayor proporción de usuarios de comedor.

En el curso 2022/23 el porcentaje de alumnado madrileño en segundo de Infantil en centros públicos era del 54,8%, pero los usuarios del comedor representaban el 50% del total. En Primaria, parecido: el 54,7% del alumnado madrileño cursaba esta etapa en un centro público, pero el porcentaje de los que acudían al comedor baja al 49,6%. El desfase es mayor en la ESO: el 53,1% del alumnado madrileño acude a un IES público, pero sólo el 2,8% usa el comedor escolar. En cuanto a FP y Bachillerato, solo el 0,7% de los usuarios de comedor de Bachillerato es alumnado de centros públicos, cuando los escolarizados en esa etapa son mayoría en los IES. “Solo en la ESO, para tener un porcentaje de alumnos de centros públicos similar al de los privados, habría que dotar a los centros de 60.000 plazas de comedor”, reitera Galvín.

CCOO es consciente de que en las etapas más avanzadas (ESO, sobre todo Bachillerato) la norma en la región en los centros públicos es la jornada continua (acaba a mediodía), pero eso no es óbice para que el alumnado pudiera disfrutar del comedor escolar. “Podrían comer después de clase. En la privada lo hacen, pero en los centros públicos no hay comedores”, explica Galvín. “Y es un servicio escolar que muchas familias necesitan para los alumnos también porque en muchos casos, lamentablemete, sería la única comida buena que tendrían. Pero eso no ocurre en la pública y sí en concertada”, añade.

Según CCOO, si hubiera “una mayor equidad en la asignación de los fondos para ayudas al comedor” se generaría una mayor demanda en la escuela pública. Pero sin comedores a los que acudir, porque no existen en los institutos, es difícil pedir una ayuda.

Caos en la gestión

Este curso que ahora acaba ha sido caótico en la gestión de becas de comedor en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se vio superado por las peticiones de las familias, el sistema colapsó y el Ejecutivo acabó decidiendo conceder las becas a todo el que la hubiera pedido, tuviera méritos para ello o no. Pero al cabo de unos meses, cuando consiguió resolver los problemas, exigió el dinero que le había ido dando a algunas familias, bien porque la beca que finalmente se les concedió no cubría todo el coste del comedor, bien porque acabaron rechazando su petición. Familias vulnerables de toda la región se vieron en noviembre con una deuda de cientos de euros que no esperaban.

En España, aproximadamente la mitad de las familias que pide una beca para el comedor se queda sin ella, según la ONG Educo. En cifras absolutas, esto quiere decir que un millón de niños y niñas no tienen ayudas para este servicio, que aunque se basa en ofrecer “al menos una comida completa y nutritiva” al día a los más vulnerables, ofrece más, según Educo. “Además aprenden hábitos nutricionales y sociales, juegan, se relacionan con sus compañeros y compañeras, gestionan conflictos o administran su tiempo libre. Por todo ello, desde Educo consideramos que el comedor escolar y el espacio del mediodía forman parte del derecho a la educación de la infancia”, añaden.

Donald Bundy es uno de los grandes expertos mundiales en nutrición escolar. Epidemiólogo de formación y actualmente en la dirección del Consorcio Mundial de Investigación sobre Salud Escolar y Nutrición, lleva 30 años dedicado al estudio de este área desde diferentes flancos: como catedrático de Epidemiología en la London School of Hygiene & Tropical Medicine, como asesor del Programa Mundial de Alimentos (FAO) en Roma o desde el Banco Mundial en Washington DC. Su trabajo se basa en analizar cómo impacta la salud y la alimentación de la infancia en su desarrollo en la etapa escolar.

Esta semana ha participado en un encuentro internacional sobre comedores escolares organizado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno español en Donostia en el marco de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Un foro en el que se han tratado las medidas sobre alimentación en la escuela como una política vertebral de infancia. Bundy atiende elDiario.es desde la ciudad vasca con un mensaje de partida: “Me ha llevado la mitad de mi carrera entender el problema, y la otra mitad intentar resolverlo”.

Uno de cada cuatro niños en la UE está bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué relación tiene este dato con la política de comedores escolares? 

El problema con las comidas escolares es que no se trata sólo de nutrición. La gente a menudo se imagina que cuando hablamos de comidas escolares hablamos solo de alimentar a los niños, pero es mucho más que eso. Proporcionar a un niño una comida nutritiva es muy importante porque le apoyas a él y a su familia para que siga adelante. Pero, además, dar una comida adecuada nivela el campo de juego para que incluso los niños cuyos padres no pueden permitirse alimentarlos suficientemente tengan las mismas oportunidades que otros. Detrás de esta idea está la Garantía Infantil Europea que estamos discutiendo estos días. Eso es realmente de lo que se trata, de que todos puedan alcanzar su pleno potencial en la vida.

Las instituciones de la UE dicen que la pobreza está aumentando como resultado de la inflación de precios y que la proporción de niños en riesgo ha crecido. Es una tragedia que en nuestras sociedades, que aunque son heterogéneas se encuentran entre las más ricas del mundo, no hayamos conseguido controlar la pobreza. Una parte de nuestra población se enfrenta a retos que el resto de nosotros no. Espero, insisto, que la garantía infantil ayude a abordarlo.

“No se trata sólo de nutrición”, dice. ¿Qué más está en juego?

La perspectiva es mucho más interseccional. Los niños de la UE en general, y de España en particular, tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Si no te aseguras de que esos niños también disfrutan del bienestar y están bien alimentados, entonces no aprovecharán la educación como es debido. La inversión tiene una amplia gama de rendimientos.

A menudo los políticos están menos interesados en estos objetivos a largo plazo de invertir en un niño para que en el futuro se convierta en un miembro más productivo de la sociedad. Pero hay que insistir en que también existen algunos beneficios a corto plazo. Uno de los más evidentes se da en la agricultura. Si los alimentos de los que se benefician los niños fueran también alimentos que beneficiaran a los agricultores de España o de la UE, habría un beneficio inmediato a corto plazo para la sociedad. Es una forma de mantener la inversión en la agricultura local. De nuevo, solo estoy tratando de ilustrar la idea de que no es sólo una buena comida. Es mucho más que eso.

¿Cómo se relaciona el comedor escolar con el rendimiento educativo y el proceso de aprendizaje?

Históricamente, cuando hablamos de la infancia en la etapa escolar nos hemos centrado en la educación que reciben, la formación de los profesores y el tipo de libros de texto que pueden tener. Todo esto ha formado parte de nuestro debate sobre cómo educar a los niños. En realidad, hace muy poco que hemos empezado a reconocer que podemos hablar de la educación, pero también tenemos que hablar del alumno. Tenemos que hablar del niño que está aprendiendo en el sistema educativo, y de que la condición del alumno va a ser obviamente importante para el resultado de la educación.

Si tenemos a un niño o niña que está desnutrido y no presta atención o se duerme, no importa lo buenos que sean tus libros de texto. No vas a conseguir un buen resultado educativo. Solía ser un debate entre sectores. El educativo decía: “Bueno, ese no es nuestro problema. Es problema del sector sanitario”. Pero en los dos últimos años hemos visto una serie de publicaciones, especialmente de la Unesco, que señalan que la salud y el bienestar del alumnado son cruciales para los resultados del aprendizaje. Eso es un verdadero cambio y hemos estado pensando en ello. Podemos ser muy buenos con las pruebas, pero la comida y el bienestar son partes clave de la buena educación. Esto ahora lo reconocemos mucho más claramente como sociedades.

En España tenemos la tercera tasa más alta de pobreza infantil de la Unión Europa. El precio del comedor está entre 4,5 y 6,5 euros, dependiendo de las comunidades autónomas, y en algunas, como Extremadura, la gratuidad existía pero se ha revertido. Poco más del 10% del alumnado tiene beca. ¿Esta situación se asemeja a la de otros países de la UE?

No soy la persona más indicada para hablar de cuáles son las mejores inversiones para España. Seguro que hay gente excelente en España que puede responder directamente a esa pregunta. El principio rector debe ser cuál es el mayor beneficio para el pueblo español y también la manera en que el gobierno aplica la normativa. Cuando hablamos de una garantía infantil europea se trata de identificar cuáles son las cuestiones clave que cada país debe abordar.

Es una tragedia que en nuestras sociedades, que aunque son heterogéneas se encuentran entre las más ricas del mundo, no hayamos conseguido controlar la pobreza

La garantía infantil de la UE no tiene ningún valor a menos que los países miembros la consideren importante. Y lo que he visto es que España la considera realmente importante. España es, de hecho, un gran patrocinador de esto. Está liderando la reunión en torno a este tema. Así que me imagino que estarían muy interesados en tener más claro cuáles son los componentes clave para el éxito del apoyo y la protección de los niños.

¿El camino es garantizar el acceso gratuito universal a los comedores escolares?

No es tan sencillo. La idea de las comidas escolares gratuitas universales realmente ha tenido un impulso importante. Me ha llevado la mitad de mi carrera entender el problema y la otra mitad intentar resolverlo. Trabajo en el Consorcio de Comidas Escolares (School Meals Coalition), del que forman parte 95 países, entre ellos muchos de la UE, naciones a las que queremos apoyar y orientar, pero nuestra visión es más global. En el panorama mundial en términos de provisión universal de comidas escolares descubrimos que casi la mitad de todas las que se proporcionan sobre una base diaria lo hacen como parte de un programa gratuito. Así que esto no es algo raro, no es algo especial que solo algunos países puedan hacer.

Otra cosa sorprendente es que la mayoría de esas comidas se dan en países de ingresos bajos o medios bajos. Digo esto para eliminar la ilusión de que ese tipo de políticas son inasequibles, imposibles, o que es algo que solo pueden hacer unos pocos países ricos. No es así en absoluto, aunque es necesario un análisis específico y serio del diseño del programa para asegurarse de que es eficiente. Así que no voy a predecir que España vaya a sugerir que en todas partes haya comidas escolares universales y gratuitas, pero creo que habrá muchos países que, cuando vean la realidad, lo consideren una buena opción.

Estados Unidos, que no es el primer país al que miramos para fijarnos en estos programas, ofreció durante la pandemia todos los niños que iban a la escuela comidas escolares gratuitas. Cuando la situación de emergencia disminuyó, el programa se detuvo. Sin embargo, hay cosas que se han aprendido de esta experiencias. Una de ellos es la creación de algo que se llama la 'provisión de elegibilidad de la comunidad'. Significa que si una escuela tiene más del 40% de sus niños elegibles para comidas escolares gratuitas, entonces toda la escuela recibe comidas escolares gratuitas. En la práctica, lo que esto ha significado es que en casi todas las ciudades de los Estados Unidos se superaba este 40%, así que la mayoría ofrecen las comidas gratuitas. Ocurre tanto en ciudades republicanas como demócratas. La idea no es tan loca o tan ambiciosa como algunas personas podrían pensar.

¿A qué países hay que mirar para encontrar buenos ejemplos de políticas?

Hay dos países en Europa que han mantenido durante muchos años programas universales de comidas gratuitas en las escuelas: son Finlandia y Suecia, y ambos comenzaron sus programas hace casi 75 años. Es mucho tiempo y demuestra que este tipo de programa puede integrarse en las estructuras de un país de forma asequible. También porque han durado tanto tiempo tienen muy buenos datos sobre los resultados que dan este tipo de programas. En particular en Suecia, hay una publicación reciente que tomó un perfil de 30 años y observó cómo los jóvenes que se beneficiaron del programa terminaron con mayores tasas de ingresos que no. Son ejemplos son bastante ilustrativos e interesantes para que otros países, como España, lo consideren.

¿Han cambiado mucho las recomendaciones para hacer menús escolares en los últimos años?

Ha habido un verdadero cambio en la forma en que la gente ve el papel de las comidas escolares. Al principio, la percepción era que servían para abordar el hambre y proporcionar energía. Dar a los niños algo de comer sin preocuparse por la composición nutricional. Eso ha cambiado. Ahora hay un enfoque de proporcionar una nueva dieta que sea nutricionalmente adecuada y apropiada para el grupo de edad particular del niño.

La percepción de las comidas escolares era que servían para abordar el hambre y proporcionar energía. Dar algo de comer sin preocuparse por la composición nutricional. Eso ha cambiado

Y mucho más recientemente se ha producido otra transformación: la de buscar formas de producir alimentos que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, que utilicen cultivos apropiados para las circunstancias locales, que no dependan de la importación, etcétera. Así que ha habido un gran cambio en la forma en que la gente piensa en la dieta, pero no son cosas complicadas de gestionar.

Esto se enmarca en un marco global que nos dice que los hábitos alimentarios en los países ricos tienen que cambiar. Hablamos de comidas más flexitarianas, que tienen menos carne, más pescado y más peso de los vegetales. Conseguirlo en las escuelas mientras los jóvenes crecen es probablemente una de las formas más efectivas que tenemos de asegurar que, a medida que esos niños socializan, también aprenden preferencias dietéticas que llevarán consigo el resto de sus vidas.

¿Qué opina de dar diferentes menús según las opciones personales: vegetarianos, veganos, sin carne de cerdo por motivos religiosos… ?

Es un tema complejo porque ninguna de estas cosas está separada de las percepciones culturales de la gente sobre quiénes son y qué son. Creo que hay muchas cuestiones en juego, algunas relacionadas con los prejuicios y otras con las normas culturales. El punto de partida para el debate debe ser que las dietas sean sostenibles. A menudo lo que entra en juego aquí es el punto de vista de los padres y madres y no de la infancia. En este mundo real tenemos una tarea: ayudar a la gente a aprender a sentarse juntos, a comer juntos y a vivir juntos como buenos ciudadanos. Ese es el contexto. La terminología que me gusta es flex, que significa flexibilidad en esto. No solo hay una manera de hacer esto. No hay sólo una solución vegana, sino diferentes tipos. Y se trata de cómo una sociedad puede unirse y hacer que esas soluciones funcionen.

En España hubo un enfrentamiento entre ministerios por la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas insanas dirigidas a menores. Se desarrolló una iniciativa y finalmente se frenó. ¿Cuesta tanto plantar cara a la industria?

Es una cuestión compleja, pero está absolutamente claro: algunos artículos son perjudiciales para los niños y también para los adultos. No hay dudas sobre las bebidas azucaradas, eliminarlas tiene beneficios muy positivos para la salud. Vale la pena hacer hincapié en que algunas de las cosas que se están discutiendo, sin duda hay una buena evidencia de que son perjudiciales. Y se podría decir, incluso en un mundo liberal, que no se debería animar a los niños a usar cosas perjudiciales. Creo que hay un montón de ejemplos en los que deliberadamente elegimos mantener a los niños fuera de peligro.

Los casos de Finlandia y Suecia, con comidas gratuitas desde hace 70 años, demuestra que estos programas pueden integrarse en la estructura de un país de forma asequible

¿Cuál es la mejor gestión de los comedores escolares? ¿Es partidario de que sean los municipios directamente quien se encarguen del servicio? En España el modelo mayoritario es la privatización del servicio a empresas externas.

Hay excelentes ejemplos de comidas organizadas por los municipios. De hecho, hay una organización mundial de municipios formada por más de 100 países. Y también hay muchos otros ejemplos que utilizan modelos muy diferentes. Si nos fijamos en el Reino Unido, en Inglaterra la mayoría de las comidas escolares son suministradas por proveedores comerciales y, a menudo, en las propias escuelas. Así que en realidad se les contrata para cocinar y proporcionar la comida. Mientras que en Escocia, en el extremo opuesto de la isla, el sistema suele estar gestionado por el gobierno local, que contrata y paga a las personas que cocinan. En lo que respecta a los niños, no creo que haya una diferencia muy obvia.

Hablando de políticas municipales y de Reino Unido, el alcalde de Londres ha anunciado que todos los niños de Primaria de la ciudad recibirán a partir de 2024 un menú escolar gratuito.

Será muy interesante ver cómo funciona. Los distritos de Londres están gestionados por grupos que a menudo tienen visiones políticas muy diferentes. Ya existen zonas que ofrecen comedor escolar gratuito y universal, pero hay otros que no.

¿Cuánto va a costar?

He oído hablar de 130 millones pero no ha habido un anuncio formal de un presupuesto específico. No es una cantidad trivial pero estamos hablando de una de las más grandes ciudades de Europa. Sé que hay una serie de organizaciones preparadas para supervisar la forma en que se desarrolla el programa. Me encantaría conocer los detalles de la financiación, pero me temo que no los conozco y no creo que lo sepamos hasta que se haya hecho realidad.

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que se concederán todas las becas de comedor escolar que se habían solicitado para este curso incluso las que no cumplieran los requisitos exigidos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trata así de zanjar la polémica suscitada por las numerosas incidencias que ha habido con las miles de solicitudes surgidas en Madrid debido al cambio de procedimiento para pedirlas. La medida afectará a 107.000 familias que la pidieron “dentro del plazo establecido”, es decir, hasta el 7 de julio, según lo ha cifrado el nuevo consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Se trata de una medida transitoria y excepcional que se aplica para la actual convocatoria. El sistema de precios reducidos que se venía utilizando cambió este año a otro de becas de concesión directa con el objetivo de incrementar las garantías del procedimiento”, ha señalado. Con ello se intenta “evitar que las incidencias formales puedan causar perjuicios a cualquier familia que necesite que sus hijos hagan uso de este servicio”, para que “reciban este año los importes de la modalidad solicitada, con efecto retroactivo al comienzo del curso”.

Además, Viciana ha anunciado que ya están “trabajando en un sistema más simplificado y sencillo para las familias de cara al próximo curso 2024/25. ”Queremos asegurar que la alimentación de los menores esté garantizada“, ha asegurado.

Precisamente este martes la portavoz de Más Madrid-Verdes Equo, María Pastor, mostró su indignación en la Comisión de la Asamblea de Madrid, en la que compareció el consejero, porque el Gobierno de Ayuso no les quería facilitar datos sobre las becas concedidas y rechazadas a las familias madrileñas solicitantes de esa ayuda de comedor escolar.

El caos que se organizó al inicio de curso ante el cambio realizado por la CAM para optar a estas becas provocó muchos rechazos por “defectos de forma”, y que algunas familias decidieran adelantar el gasto del primer mes a la espera de subsanar esos errores. Otras, directamente, desistieron y renunciaron a la ayuda.

Más Madrid exige la gratuidad de comedor y el PSOE pone como tope que los ingresos estén en menos 35.000 euros anuales.

La medida aprobada este miércoles entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). El Consejero de Educación ha aprovechado su comparecencia para recordar que ya en septiembre su departamento dio instrucciones a los centros educativos para que todos los hijos de aquellas familias que aún esperaban saber la resolución de su solicitud accedieran al comedor escolar, ya que la Comunidad “sufragaría los gastos”.

El curso escolar comenzó hace más de un mes –el 6 de septiembre– y muchas familias están viendo cómo las ayudas que prometió la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso no llegan. Algunas no pueden acceder a ellas ante las complicaciones que se encuentran por el cambio en el sistema para solicitarlas. Y otras porque los límites de renta de los beneficiarios han sido modificados y varían en función de las ayudas, provocando las críticas de familias y sindicatos.

En el caso de las prestaciones escolares uno de los requisitos para pedir esas ayudas ha sido no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. El curso anterior fue de 25.000 para Infantil, de 10.000 para Bachillerato y 20.000 para las FP de grado superior. Pero, por ejemplo, para acceder a los llamados cheques-canguros destinados a sufragar parte de lo que las familias destinan a cuidadoras de sus hijos, el Gobierno de Ayuso permite que las familias con dos hijos puedan ingresar 120.000 euros al año y hasta 150.000 euros también anuales si tiene cinco hijos

Durante la primera jornada del Debate de Investidura celebrado en junio, la presidenta regional anunció un Plan de Apoyo a las Familias que incluía nuevas ayudas y bonificaciones destinadas especialmente a las familias numerosas y monoparentales con dos hijos. Entonces adelantó que tendrían un descuento del 50% en el transporte público y pagarían un 30% menos por el comedor escolar.

Además, la presidenta ya se había comprometido a implementar una nueva ayuda “directa” por parto o adopción múltiple, en un pago único de 1.800 euros por hijo: 3.600 euros en el caso de gemelos o mellizos, 5.400 euros en el caso de trillizos y 7.200 euros en el caso de parto o adopción múltiple de cuatro hijos, “para hacer frente a los primeros gastos de los recién nacidos”, sin tener en cuenta la renta familiar.

Avalancha de quejas y denuncias

En cuanto a las becas de comedor, según la orden emitida por la Comunidad de Madrid, habría dos tipos de ayudas: las que cubren el 82% del coste del comedor (un euro el menú, en lugar de 5,5 euros), para las familias con menos de 3.000 euros al mes de renta per cápita; y otra que cubre el 45,5% (tres euros el menú) del precio total para quienes no superen los 4.260 euros de renta per cápita. Estas becas las reciben sistemáticamente los hijos de familias víctimas de violencia de género, víctimas de atentado terrorista, niños en acogida y los hijos de policías, guardia civiles y militares.

Pero el sistema para recibir la ayuda ha sido modificado este curso y ahora en lugar de ser tramitadas por los propios centros se realizan on line a través de empresas externalizadas que se encargan de recibir las solicitudes, lo que ha provocado numerosas incidencias a la hora de completar todos los requisitos que se exigen.

La Comunidad contrató para gestionar y “agilizar” los trámites de estas becas comedor en centros públicos a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) Randstad, con un contrato por valor de 227.298,50 euros para el curso 2023/ 2024. Según otra resolución, “los abonos a los centros privados sostenidos con fondos públicos y a las escuelas infantiles de gestión indirecta [es decir, regidas por cooperativas de educadoras] se realizarán a través de otra ”entidad colaboradora“, en este caso Gureak Marketing S.L.U ”que actuará para dichos fines“, según develan fuentes de Ameigi, la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta.

Sin embargo, la situación con este sistema ha ido a peor y han sido varias las familias que en el inicio del curso no habían logrado completar correctamente las solicitudes, por lo que se vieron obligadas a adelantar el dinero del primer mes, mientras otras terminaron renunciando a la beca. Con todo, la situación más complicada la están sufriendo las llamadas familias monoparentales ya que la Comunidad de Madrid exige la firma del otro progenitor, una sentencia de divorcio o el certificado de defunción de la supuesta pareja para completar la solicitud. Pero hay mujeres que viven solas con sus hijos y por determinadas circunstancias no pueden aportar esa documentación. Y el plazo de subsanación de errores concluyó el 4 de octubre.

Ante la avalancha de quejas recibidas y las denuncias de la oposición, el nuevo consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se comprometió a mediados de septiembre a adelantar el coste del servicio a quienes ya lo había adelantado y a no excluir a nadie. También señaló que estaba convencido de que todas esas incidencias quedarían resueltas antes del 31 de octubre. Viciana recordó además que este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios. Este viernes, el Gobierno regional se comprometió además en un nuevo sistema “más sencillo” que agilice la petición de esas ayudas.

Menores en “situación de desprotección”

Pero la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) 'Francisco Giner de los Ríos' no se conforma y amenaza con denunciar ante la Fiscalía de Menores a la Comunidad de Madrid por si se está cometiendo un delito contra los derechos de los menores. Además se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitar amparo por la “situación de desprotección” en la que quedaban estos de esos niños y niñas miembros de familias más vulnerable.

“El curso ya ha empezado y muchos menores dependen de la comida del centro educativo como la única completa que realizan al día; pero, a día de hoy, los niños y niñas más vulnerables no está comiendo en los comedores escolares porque la Comunidad de Madrid no ha resuelto las becas”, sentenció la FAPA en un comunicado. “Es inadmisible que las becas de comedor no estén resultas en tiempo, antes del inicio de curso, y que además esta situación se produzca año tras año”, añadía en el comunicado la organización de padres y madres, que reclaman un modelo de comedor escolar “gratuito y universal”. La Federación se reunía de nuevo este martes para abordar esta problemática.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid calificó directamente de “crisis humanitaria” los problemas generados en los centros de la capital. El sindicato ha denunciado que muchos de los requisitos para conceder dichas becas “no figuran en la convocatoria inicial”, que “se rige exclusivamente por los ingresos familiares”.

Desde la Consejería de Educación han afirmado a esta redacción que “el proceso para la concesión de las becas de comedor se encuentra aún abierto, por lo que no disponemos aún de datos”. “En cuanto al resto de becas no han tenido ningún cambio con respecto a años anteriores y se están concediendo con normalidad”, afirman.

Madrid, a la cabeza del país en el coste de la crianza

Los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid, Más Madrid y PSOE, han exigido a Ayuso que el comedor sean gratuito para las familias más vulnerables. Así lo defienden tanto la portavoz de Educación de Más Madrid, María Pastor, como su homólogo del PSOE, Esteban Álvarez y su compañera en la Comisión de Política Social, Lorena Morales. El PSOE pone como tope que que los ingresos estén en menos 35.000 euros anuales.

Ambos grupos apelan al informe de Save The Children de 2022 en el que se sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de todo el país en el coste de la crianza, un 21% por encima de la media nacional. El informe sitúa la inversión por alumno en 20 euros cuando la media nacional es de 40 euros. “Esto implica, por tanto, que las familias madrileñas asumen un mayor coste a la hora de criar y que están teniendo que hacer un esfuerzo mayor que el que hacen el resto de las familias españolas”, asegura María Pastor.

Desde Más Madrid hacen hincapié en que aumento de precio del comedor escolar llevado a cabo este curso por la Consejería de Educación con la excusa de que han subido los precios de los cáterin, se sitúa en torno a un 13%, llegando hasta 5,50 euros al día. “Este incremento implica una subida en torno a 130 euros al año por hijo y para muchas familias es inasumible”, afirma. En una Proposición No de Ley que este grupo llevó el pasado mes de septiembre a Pleno, exigieron al Gobierno regional que asumiera ese incremento del 13%. Pero la iniciativa fue rechazada en el Pleno de la Asamblea de Madrid con los votos del Partido Popular. 

El grupo de Mónica García advierte que van a “perseguir” al nuevo Consejero de Educación hasta que les diga “cuántas becas de comedor se han perdido y el número de las solicitantes”, motivo por el que han solicitado que Viciana, el consejero de Educación, comparezca la semana que viene en comisión.

Las denuncias de la oposición

Los socialistas se muestran también muy beligerantes con la política de ayudas de Ayuso. Este viernes defendían en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para atajar la pobreza infantil en la que solicitan, entre otras muchas cosas, que “los hijos/as de las familias con rentas brutas anuales inferiores a 35.000 euros queden exentos del pago del menú escolar, así como los beneficiarios de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital”.

Además, quieren que ese límite de 35.000 euros anuales se revise al alza para las familias numerosas y monoparentales y que “se reconozcan a estas como a las numerosas, aunque tengan solo un hijo si cumplen los requisitos como cualquier otra familia”. El PSOE cifra este grupo en 254.000, en su mayoría mujeres, “pero no tienen decreto que las reconozca y para acceder a becas les piden documentos que son ofensivos”.

Los socialistas solicitan también la aprobación de una ayuda para las familias directa y mensual de 100 euros por hijo/a cargo de entre 0 a 17 años desde el nacimiento, acogimiento permanente, preadoptivo y adopción que dispongan de unos ingresos brutos anuales inferiores a 35.000 euros“. Junto a esto piden que se dicte un nuevo ”decreto de familias monoparentales de urgencia para apoyar a las más de 254.000 que hay en Madrid, que las equipare a las numerosas en todos los beneficios y prestaciones, también a las que tienen un solo hijo/a“. El PSOE añade en la Proposición no de ley que ”aquellos usuarios/as que acrediten no poder hacer frente al pago de la factura de agua en su vivienda habitual obtengan la bonificación total“ y ”para las familias que ingresen menos de 35.000 euros brutos al año la bonificación en su vivienda habitual será del 50% del importe de la cuota de servicio fija“.

“La Comunidad más rica no puede dejar a sus niños, su futuro, atrás y debe garantizar el acceso a la alimentación”, zanja Lorena Morales, que también muestra indignada porque “en los institutos públicos de secundaria no hay comedor y eso es un agravio comparativo porque los concertados si lo tiene y muchas familias pueden recibir la beca si cumple los requisitos. Cree además que ”las ayudas de la Comunidad de Madrid están diseñadas para dejar fuera la mayoría de las mujeres“.

Polémica por los cheques-canguro

Una de las medidas que más ha indignado a los dos grupos de izquierdas es que mientras que muchas familias sufren lo suyo para acceder a las becas comedor, Ayuso se ha mostrado dispuesta a la concesión de un cheque-canguro para ayudar al pago de los costes laborales de la persona o personas empleadas del hogar que hayan estado contratadas durante el año 2022 en casas con niños menores de 12 años, también menores de 18 con discapacidad o con familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

Según explicó, se trata otorgar ayudas directas de hasta 4.000 euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, responsable de estas subvenciones, señaló que dichas ayudas estaban pensadas para “familias de rentas medias-bajas”. Sin embargo, su publicación ha sido polémica ya que a ellas pueden acceder familias con ingresos muy altos, debido a los baremos establecidos en la convocatoria.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha fijado una renta per cápita en cada familia por debajo de 30.000 euros anuales para poder acceder a dichas ayudas. Esto significa que en una casa con dos progenitores y dos niños podrán entrar hasta 120.000 euros al año y ser compatibles con la subvención. En una de cinco miembros la cantidad se elevaría hasta los 150.000 euros. En el caso de rentas per cápita inferiores a 20.000 euros anuales, la concesión de la ayuda sería completa, del 100%, mientras que las que van desde esa cifra hasta los 30.000 euros sería del 60%.

Para obtener este cheque-canguro, la persona empleada de hogar deberá haber trabajado en el domicilio del empleador, que debe estar situado en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, y el contrato tiene que haberse extendido durante al menos 58 días naturales. Lo sorprendente es que esas ayudas, si se cumplen los requisitos exigidos, se están entregando por orden de entrada de cada petición en el registro, por lo que familias de menor renta podrían quedarse sin la subvención si otras con mayores ingresos presentaron antes su instancia. El plazo para solicitar esta ayuda acabó el 8 de septiembre. La Comunidad tampoco ha facilitado datos a esta redacción sobre el número de beneficiarios.

“Guardiola ha jugado a la lotería con las familias extremeñas”. Esta es la sensación que tienen muchas de ellas tras ser excluidas de la gratuidad del comedor escolar, a pesar de que este curso y el próximo tendrían que estar bonificado al 100% para todos los solicitantes. Sin embargo, el Gobierno PP-Vox en Extremadura se escuda en razones presupuestarias y en una instrucción que elaboró el PSOE el pasado junio para no aplicar un derechos que se aprobó en la Asamblea y se incluyó en las cuentas autonómicas para este ejercicio.

Casi 15.500 menores han conseguido la ayuda pero las familias de más de 2.100 niños y niñas tendrán que pagar de su bolsillo y directamente a las empresas de catering los 5,69 euros que costará le menú, un 31% más caro que el curso anterior. En principio, la Consejería de Educación asegura que todas las familias vulnerables tienen garantizada la beca y que solo van a pagar aquellas que pueden afrontar ese gasto. El problema es que la baremación, y que esta se haya aplicado por centros escolares, ha provocado desigualdades, agravios comparativos y casos paradójicos, como que se hayan quedado fuera de la gratuidad familias monomarentales, con un miembro en paro o con un trabajo temporal u otras que necesitan conciliar porque son cuidadoras de personas con dependencia. Incluso se da la circunstancia que hay hermanos que van a comer gratis en el comedor y otros tendrán que pagarlo.

“Me subo por las paredes con lo que dijo el jueves la consejera de Educación. ¿Cómo que solo van a pagar los que más tienen y pueden permitírselo?”. La madre del colegio Alba Plata que Cáceres que hace estas declaraciones a elDiario.es Extremadura, y que prefiere no desvelar su identidad, no disfrutará este curso de la gratuidad del comedor y lo entiende. Según ha explicado, aunque en su casa entra solo un sueldo, es conocedora de que en el colegio al que va su hija hay situaciones más complicadas: “Tengo que pagar cuando los ingresos de mi casa son 1.400 euros al mes, lo acepto, pero hay gente más vulnerable que tampoco puede ir gratis”, cuenta una madre del colegio público Alba Plata que se ha puesto en contacto con este periódico.

Las familias que han solicitado el comedor por motivos de conciliación laboral han tenido que presentar un certificado de horarios firmado por las empresas donde trabajan, aunque este extremo está siendo verificado aún por multitud de centros educativos. Pero es que hay progenitores que en el momento de presentar la solicitud no estaban trabajando, una situación que ha cambiado semanas después. “En los colegios nos conocemos todos y vemos cómo hay casas donde los dos padres son funcionarios y tienen derecho a la ayuda y otras donde esta solo la madre y no tienen derecho. Que vengan a mi a decirme que con un sueldo tienes la misma capacidad de pago que las casas donde entra dinero por partida doble con un solo hijo”, según esta madre.

Rentas bajas sin beca y gratis para medianas

Situaciones como esta se repiten en varios centros educativos. Y es que la baremación de la Consejería de Educación se ha llevado a cabo por colegio debido a la limitada capacidad de plaza de sus comedores escolares, aunque en 27 de ellos se duplicarán los turnos para atender toda la demanda, aunque no la gratuidad. Ello ha llevado a que haya familias con rentas medianas que obtengan beca para sus hijos y otros con menores ingresos que tengan que abonar el precio a las empresas de catering. Por ejemplo en Mérida, donde el cupo de plazas gratis en un colegio de la periferia se ha quedado en torno a los 24.000 euros de ingresos y en otro de nueva creación puedan entrar sin pagarlos hijos de padres que cobran más de 28.000 euros anuales.

Otros padres y madres se quejan de que el único concepto que la Junta de Extremadura ha tenido en cuenta además de la renta ha sido la conciliación, pero solo la laboral. Silvia Tostado tiene a sus dos hijos matriculados en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Miajadas (Cáceres). Tendrá que pagar por ambos si quiere que almuercen en el comedor escolar, aunque “mi pareja trabaja dos meses al año, hoy –el viernes– es su último día y es muy complicado encontrar otras opciones de trabajo pues Javier, uno de nuestros hijos, tiene un 38% de dependencia y necesita terapia, asistir a extraescolares, acompañamiento...”.

A su juicio, el problema estriba en que Educación ha entendido que la conciliación solo se da cuando hay dos personas trabajando de forma remunerada, “pero hay muchas otras circunstancias y hay familias en situaciones más ventajosas que la mía, que además tengo la consideración de familia numerosa, que no van a pagar”, lamenta Silvia, que está preparando una reclamación contra la Junta para saber “exactamente” los criterios de valoración y el motivo por el que familias con dos adultos, “en ambos casos en la función pública”, van a disfrutar de las becas comedor.

No obstante, aclara que, aunque no es partidaria de que sea un servicio gratis para todo el mundo, “si ese fue el compromiso, el nuevo Gobierno de la Junta tendría que haberlo respetado y haber hecho todo lo necesario para cumplirlo, que para eso están gestionando”.

Ana BR, otra madre del mismo centro educativo, en el que 16 familias se han quedado sin ayudas públicas, no sale de su asombro porque sus hijos estaban becados desde que entraron en primero de Primaria “y ahora en cuarto tienen que pagar cuando en mi casa, con cuatro miembros, solo entra un sueldo”. Pero, según describe, en el colegio van a tener que abonar los 5,69 euros del menú “familias monomarentales, o que tienen un hijo que padece autismo. Si es que hasta en una primera baremación entre mi hijo pero mi hija se quedó fuera”. Ahora están los dos excluidos.

Educación pública y gratis

Desde UGT aseguran que la falta de planificación de la Junta ha generado mucha inquietud entre las familias en la semana de arranque del curso escolar. La secretaria general del sindicato en Extremadura, Patro Sánchez, critica que ha habido familias con necesidad de conciliar por motivos laborales que el primer día de clases aún no sabían si podían dejar a sus hijos en el comedor “aunque fuera pagando”.

Sánchez considera que si Educación ha logrado dar cabida a todos los solicitantes, “todos tendrían que tener una bonificación del 100% al menos hasta final de año porque ese fue el compromiso”. “Si hay espacio, se puede hacer y no me vale con que no hay dinero. Cuando hay voluntad se pueden hacer las modificaciones presupuestarias que sean necesarias”, indica.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Centro Públicos (Freampa), Iván Fedrón, explica que se han dado “todo tipo de situaciones por el efecto llamada que supuso el anuncio de la gratuidad”. Pero, a su juicio, la Junta de Extremadura ha reaccionado tarde, lo que ha generado “inquietud” en las familias. Por ello, la federación exige que se amplíe el presupuesto de los comedores escolares para que el servicio sea gratuito y público.

Los baremos del periodo de renta y otros requisitos que son obligatorios en la petición de las ayudas para libros de texto y comedor escolar en Castilla-La Mancha han dejado fuera a muchas familias de la región, pese al gran volumen de solicitudes. Así lo han puesto de manifiesto en sus últimos informes tanto Save The Children como Educo, quienes llevan tiempo solicitando que los requisitos para la petición de estas ayudas se unifiquen y sean similares en todas las comunidades autónomas.

En Castilla-La Mancha, según trabajadores y educadores sociales, una de las condiciones que pone el Gobierno regional es que estas peticiones solo puedan realizarse de forma telemática, lo que provoca que muchas familias sin recursos ni conocimientos para ello se queden fuera de la convocatoria.

También señalan otros casos, como la denegación de las ayudas porque se bareman los ingresos de hasta dos años antes de la convocatoria. Así ha sucedido con una familia de Villamalea (Albacete) con tres hijos menores. Solicitaron la ayuda para la compra de libros de texto y comedor escolar del curso escolar 2023-2024 pero les denegaron la ayuda por contabilizar los ingresos de 2021.

Así lo establece la resolución de las ayudas para el presente curso escolar. Entre los requisitos, se encuentra la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2021 o, en su caso, certificación de ingresos obtenidos por el padre, la madre o tutor/a legal o el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación al padre o la madre y que formen parte de la unidad familiar en dicho ejercicio emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) u organismo tributario competente.

Más de 1.000 euros para iniciar el curso

La cuestión, para esta familia albaceteña, es que ese año, el padre de los menores tenía trabajo. Actualmente no. Por tanto, necesitan unos 1.000 euros solo para el material escolar, incluido el exigido en Educación Infantil, etapa que no está incluida en las ayudas por no ser obligatoria.

Esto hizo que la familia pidiera ayuda a los servicios sociales del municipio albaceteño, desde donde les asesoraron y acompañaron para recurrir la negativa de la ayuda. Se la volvieron a denegar y ahora mismo les resulta imposible afrontar ese gasto.

El periodo ordinario para la petición de estas ayudas en Castilla-La Mancha finalizó el mes de julio pero actualmente existe un periodo extraordinario que se mantiene abierto durante todo el curso escolar 2023/24 para dos supuestos especiales.

El primero de ellos es que sea alumnado procedente de otra región o país, cuyo plazo de presentación de solicitudes será de10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la matriculación en el centro educativo. Y el segundo, cuando por circunstancias sobrevenidas durante el curso escolar o por motivos debidamente justificados, se produce una modificación en la situación económica o familiar del alumno o alumna que determine la concurrencia de un supuesto de emergencia social o económica desfavorecida, se podrá solicitar la ayuda prevista en esta convocatoria a lo largo de todo el curso escolar.

Esta última es la alternativa de la que dispone esta familia albaceteña: acogerse al periodo extraordinario debido a que los padres ya no disponen de ingresos. Según el Colegio Oficial de Trabajo Social, al establecerse como baremo el año 2021, hay muchas familias con trabajos temporales y/o precarios que deben acogerse a esta convocatoria especial al cambiar su situación económica. Esto provoca que sus hijos e hijas comiencen el curso sin el material escolar necesario, o en su caso, sin la beca para el comedor. 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una entrevista con elDiarioclm.es, argumenta que el año de ingresos que se establece es el “último ejercicio consolidado” en cuanto a la declaración del IRPF, a fin de evitar a las familias “presentar más documentación y poder nosotros cruzar los datos”.

Defiende a este respecto que el periodo extraordinario está abierto todo el año y en ese caso se tienen en cuenta las “circunstancias actuales de renta”. Detalla que el año pasado se subieron un 30% los umbrales de renta para ser beneficiarios de las ayudas.

A finales de agosto, el consejero anunció que este curso escolar los centros educativos disponen de un banco de libros de texto para que las familias que quieran utilizarlos puedan hacer uso de ellos de manera gratuita y en régimen de préstamo. Se financiará con el dinero extra que el Gobierno regional está destinando, este y el pasado curso escolar, a la implantación de la LOMLOE.

Una propuesta que no salió adelante

Aparte, se da la circunstancia de que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales elevó al último pleno una resolución para destinar ayudas directas de 300 euros a niños y niñas escolarizados. En este texto se establecía su concesión a familias con rentas inferiores a 20.200 euros.

La resolución no se aprobó debido a la ajustada mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento castellanomanchego. La ausencia de un diputado socialista provocó un insólito empate en el número de votos y la propuesta no se aprobó.

En ese texto, con respecto a las ayudas para libros de texto para educación primaria y educación secundaria obligatoria, también se incluía mejorar el acceso a las mismas mediante la modificación de los tramos de renta, de forma que sean más las familias que pueden acceder a la misma, adaptándolas simultáneamente a la inflación real.

En el Gobierno autonómico, de momento, mantienen abierta la vía de la convocatoria extraordinaria para que se sumen a ella todas las familias que no han accedido a las becas en el plazo ordinario. En el caso de la familia de Villamalea, los servicios sociales así van a hacerlo, aunque insisten en que los requisitos deberían flexibilizarse para llegar a todas las familias de manera más fácil y efectiva. 

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Vox ha decidido alinearse con la izquierda y dejar solo a su socio de gobierno en Extremadura, el PP de María Guardiola, en plena polémica por la eliminación de la gratuidad universal de los comedores escolares. El partido de extrema derecha ha apoyado una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura (UPE) que incluye la revisión de los umbrales de becas, el impulso de los bancos de libros y el refuerzo de los comedores en los centros educativos.

El voto de Vox a favor se produce después de que la Junta de Extremadura haya dejado fuera de la gratuidad del servicio de comedor escolar a 2.126 menores, cuyas familias tendrán que pagar directamente a la empresa de catering al no haberse concedido becas a todos los solicitantes, como PSOE y UPE aprobaron para este curso y el próximo.

El diputado de extrema derecha, Javier Bravo Arrobas, ha justificado el voto positivo de su grupo en que para ellos prevalece el interés general y “formar a nuestros hijos en igualdad de oportunidades”, y ha echado mano del artículo 27 de la Constitución, que estable el derecho a la educación y que “los poderes públicos deben sustentar estos derechos”.

Bravo Arrobas, pese al voto favorable de su grupo, que ha reconocido que es “sorpresivo”, ha considerado no obstante que la “falsa” gratuidad de los comedores escolares anunciada por el PSOE fue un “brindis al sol”. Pero al margen de ello, ha señalado que la gratuidad en la educación, “a la que Vox no se opone”, debe impulsarse “revisando los criterios de renta para evitar la exclusión de familias vulnerables”.

El PP, entre gestión privada y centros concertados

En su propuesta de impulso, con una enmienda de modificación del PP, que ha sido rechazada, UPE instaba a la Junta de Extremadura a revisar los umbrales de renta necesarios para el acceso a las becas, impulsar la renovación de los bancos de libros en la red pública de centros y a reforzar el sistema de comedores escolares, aumentando su presupuesto y apostando por un modelo de gestión pública para ofrecer un servicio a las familias con necesidades económicas y a las que tengan necesidad de conciliación.

En la enmienda rechazada, el PP pedía que no solo se tuvieran en cuenta los criterios de renta para el acceso a becas y ayudas, que la renovación de los bancos de libros llegase también a los colegios concertados y revisar el sistema de comedores pero sin tocar el presupuesto y dejando la puerta abierta a la gestión privada.

En su defensa de la propuesta de impulso, el diputado de la coalición de izquierdas, Joaquín Macías ha instado al Ejecutivo a cumplir la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2023, en la que “se fija una exención de tasas del 100% para los comedores escolares” tras una enmienda que presentó su grupo y que fue aceptada por el PSOE, entonces grupo mayoritario. “Fue aprobada por la mayoría parlamentaria”, incluido Ciudadanos -hoy fuera del Parlamento-, por lo que “por lo menos” debería ser respetada por el Gobierno hasta el fin de este ejercicio, ha pedido.

Macías ha lamentado que, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta, más de 2.000 alumnos tienen que pagar por el servicio “porque el gobierno no quiere hacer una ampliación de crédito de algo de más 800.000 euros” para garantizar la gratuidad universal hasta fin de año.

En esta línea, ha acusado a la presidenta de la Junta de plantear “excusas” porque las modificaciones presupuestarias son algo habitual en la administración pública y porque esta misma semana ha presentado una rebaja fiscal de 40 millones de euros para “eliminar impuestos a los más ricos”. “Diga claramente que no lo quiere hacer” y no se “escude” en la herencia socialista o el “efecto llamada” provocado con el anuncio de la gratuidad, ha manifestado.

Asimismo, Macías ha alegado que Extremadura es una de las últimas comunidades autónomas en cobertura de la población escolar en comedores, “con lo que implica para la conciliación y el empleo femenino”, y ha lamentado que la “moderada esperanza de avanzar en ese camino” lograda la legislatura pasada ahora haya sido frenada “en seco”.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles, día 21 de junio, la convocatoria de becas de libros de texto y comedor escolar del curso 2023-2024. Está previsto conceder más de 100.000 becas: unas 80.000 becas de libros de texto y unas 25.000 becas de comedor escolar.

En concreto, la consejera ha subrayado que el número de becas de comedor escolar será más o menos similar al de este año, pero que se producirá un aumento de unas 7.000 becas de libros de texto como resultado de la ampliación del importe de las mismas y la bajada del umbral de renta para dar respuesta a los gastos derivados de la implantación de la nueva ley educativa.

La consejera también ha comentado que las familias castellanomanchegas que quieran solicitar las ayudas lo podrán hacer desde el 22 de junio y hasta el 12 de julio, ambos incluidos. Para ello, se deberá realizar la solicitud a través de la Plataforma EducamosCLM.

Casi el 62 por ciento comprometidas de las plazas de 0 a 3

En otro orden de cosas, a juicio de la consejera la escuela rural también ha sido otro capítulo importante de este curso, con la apertura de tres nuevas, como también lo ha sido la ampliación y prolongación de la ‘Estrategia de escolarización de 0 a 3 años’.

“Hasta la fecha se han rubricado un total de 79 convenios, que nos han permitido crear 2.109 plazas”, ha concretado la consejera, que, igualmente, ha avanzado que “está previsto firmar otros ocho convenios nuevos en las próximas semanas, que nos permitirán dar el visto bueno a otras 191 plazas. Esto supondrá haber creado casi el 62 por ciento de las plazas comprometidas antes de 2025”. 

La FP también ha sido referida por la consejera, con una oferta de más de 1.000 ciclos y más de 45.000 plazas, como la digitalización y las infraestructuras, de las que ha señalado su avance en este tiempo hasta terminar un total de 102 actuaciones en centros educativos repartidos por todo el territorio“.  

Ha comenzado el curso 2022/2023 y la Junta de Extremadura aún no ha pagado a las familias las ayudas para el comedor escolar del curso pasado, en concreto, la de los centros que no cuentan con comedores propios y son gestionados por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas). Tampoco se ha hecho pública la lista de beneficiarios y excluidos. La Junta de Extremadura, en declaraciones a este diario, ha pedido a las familias “tranquilidad y confianza porque se van a pagar pronto”.

La Junta de Extremadura cuenta con una red de 215 comedores escolares, seis más que el curso anterior, que son gestionados por el gobierno regional y que dieron servicio a 13.260 alumnos, de los cuales, el 80 por ciento está exento de pago.

Para los alumnos cuyo centro no cuenta con estos comedores de la Junta de Extremadura, se dan ayudas individualizadas, que se engloban en un paquete donde se contemplan también subvenciones para el alumnado que tampoco puede hacer uso de las rutas de transporte escolar de la Consejería, por vivir en núcleos muy diseminados en el territorio.

Ha sido, precisamente, en este tipo de ayudas, donde se ha producido una “avalancha” de solicitudes, que ha obligado a la Junta de Extremadura a tener que hacer un incremento de créditos por un importe de casi 600.000 euros, que se sumarán al millón y medio de euros que se destinaron inicialmente para las ayudas individualizadas de transporte y comedor.

Tramitar administrativamente esa ampliación de crédito es lo que, según fuentes de la Junta de Extremadura, ha “dilatado un poco” el pago de estas ayudas, que todos los años se hace efectiva al término del curso escolar, ya que, las familias tienen que justificar que se ha hecho uso de servicio durante todo el curso.

“Aun así, el procedimiento está en marcha y esperamos que esas familias puedan recibir en el menor espacio de tiempo posible la ayuda. La Junta de Extremadura es sensible y quiere transmitir a esas familias tranquilidad y confianza de que pronto van a recibir la ayuda”. En total, serán 551 escolares los beneficiados por estas becas.

El dinero destinado a las ayudas de comedor y transporte, según la junta, se ha incrementado notablemente, con respecto a años anteriores, estando la ejecución por encima de los 2 millones de euros.

“La Consejería de Educación y Empleo -insisten las mismas fuentes- está haciendo un esfuerzo importante para atender todas las solicitudes recibidas, hecho que ha causado el retraso en el abono de una parte de las ayudas.”.

A pesar de que aún no se ha efectuado el pago de las ayudas individualizadas de comedor del curso pasado, la Junta ya ha aprobado las ayudas para transporte y comedor del curso actual 202272023,con 1,4 millones de euros.

La Junta de Extremadura la convocatoria de ayudas individualizadas al transporte y comedor escolares para este curso que está a punto de comenzar, a las que se destina un presupuesto máximo de 1.400.000 euros.

En lo que se refiere a las ayudas individualizadas al transporte escolar, la orden establece dos modalidades. La primera se trata de subvenciones para el transporte diario que servirán para sufragar los gastos del traslado diario del alumnado, desde su domicilio habitual familiar, Escuela Hogar o Residencia, en la que tiene adjudicada plaza, al centro escolar o a la parada más próxima de una ruta de transporte escolar organizado. Las ayudas oscilarán entre los 930 y los 280 euros, dependiendo de los kilómetros semanales a recorrer pro el alumnado.

La otra modalidad es para el transporte fin de semana que se destinan a sufragar los gastos del traslado del alumnado, los fines de semana, desde su domicilio habitual familiar a la Escuela Hogar o Residencia en la que tiene adjudicada plaza. En esta modalidad, la cuantía de las ayudas oscilará entre los 100 y los 400 euros, dependiendo de los kilómetros a recorrer por el alumnado.

En cuanto a las ayudas para el comedor escolar, sufragarán los gastos derivados de comedor al alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, siempre que éstos no dispongan de servicio de comedor escolar gestionado por la Administración educativa. La cuantía máxima prevista para la ayuda individualizada de comedor es de 749 euros.

Pasear con Francesc Freixanet por la escuela Antaviana es como intentar cruzar la alfombra roja con un actor de Hollywood. Cada dos pasos alguien sale a su encuentro. Presume del centro dando un largo paseo que coincide con la hora del recreo, así que el recorrido se convierte en una especie de besamanos. Francesc devuelve las muestras de cariño de todos los niños y niñas que le abordan. Con algunos hace un saludo coreográfico y personalizado. Con otros da toques a la pelota. Y a los demás, les atusa el pelo cuando le abrazan haciendo pucheros y pidiéndole que no se vaya.

Francesc Freixanet llegó a Antaviana en 1979 como profesor de sociales. Los últimos 20 años los ha pasado como director, uno de los más longevos de la escuela pública en Catalunya. Pero le ha llegado el turno de jubilarse. Su marcha es una realidad que amarga el último día de curso, antes de las vacaciones de verano.

Ha habido llantos de los niños -y de algún adulto- cuando los 700 alumnos y los dos centenares de trabajadores se han colocado a los flancos de escaleras y pasillos que Francesc ha ido recorriendo desde el ático, al son de los aplausos. Incluso le han regalado una pequeña encina, que se ha plantado en el patio junto a otra que plantó él mismo el día que llegó, hace ahora 43 años.

Podría parecer una reacción exagerada ante la marcha de un simple director. Pero es que Francesc no es un simple director. Desembarcó en el barrio barcelonés de Les Roquetes desde Camarasa, un pequeño pueblo de Lleida, para convertirse en un firme defensor de los derechos de los vecinos, ya fueran adultos o infantes. “De joven no solo quería ser maestro, quería ir más allá de los libros y ayudar a quienes lo estuvieran pasando mal”, recuerda. Fue ese deseo el que le impulsó a aceptar un trabajo en el distrito de Nou Barris, el más empobrecido de Barcelona y en el que se sufren más desahucios de toda la ciudad.

Desde la escuela para el barrio

“En nuestro centro hay de todo: familias muy pobres, destartaladas, monoparentales... También niños con discapacidad y muchos alumnos gitanos, que son en su gran mayoría absentistas”, relata Freixanet. La realidad del barrio es muy dura y Francesc nunca lo ha obviado. De hecho, hace algunos causó mucho revuelo cuando, entrevistado en el programa 'Salvados' de Jordi Évole, afirmó en 2013 que algunos de sus alumnos tenían que rebuscar en la basura porque pasaban hambre.

“El día a día de este centro es escuchar a familias llorando, que te ponen encima de la mesa quinientas monedas de céntimo para pagar lo que te deben”, reconoce el director. Para paliar esa precariedad galopante, se convirtió uno de los grandes impulsores de las becas comedor en Barcelona, motivo por el cual llegó a reprender diversas veces al exalcalde Jordi Hereu. “Los políticos piensan que la realidad aparece en los ordenadores de sus despachos, pero no tienen ni idea”, dice.

La lucha de maestros como Francesc Freixenet consiguió que el consistorio doblara el presupuesto para becas comedor en 2014, un año muy marcado por la recesión económica. Así, esas ayudas pudieron llegar a muchos niños que “de no ser por la escuela, no tendrían qué comer”, dice Francesc, sobre una realidad que conoce bien, puesto que el 70% de sus alumnos recurre a esta beca.

Pero las ayudas públicas no suplen todas las carencias y menos ante sacudidas socioeconómicas como la causada por la pandemia. “Esta crisis es peor que la de hace diez años porque es más silenciosa. Vemos muchas carencias emocionales y materiales y las intentamos suplir como podemos”, explica el docente, quien dedica gran parte de su esfuerzo a trabajar con Servicios Sociales, ONG y casas de monjas que puedan facilitar comida. También se coordina con entidades del barrio para parar desahucios o, en su defecto, conseguir un hogar alternativo. “Debemos buscar la felicidad de los niños y sus familias, sea como sea. Y eso supone que no pasen hambre y tengan un techo”, asegura.

El maestro que burló al subastero Alberto Royuela

Si dentro del aula Francesc Freixanet era todo ternura, fuera enseñaba las garras. Fue muy incisivo con la administración pública y hacía gala de la picaresca para sortear a cualquiera que quisiera desestabilizar los pilares de su escuela. Así lo hizo con Alberto Royuela, el subastero y conocido militante de extrema derecha. Sus caminos se cruzaron cuando Ton i Guida (el centro que luego se fusionaría con otra escuela para formar Antaviana) se encontraba en su proceso para convertirse en escuela pública, tras la muerte de Franco.

“Aquello fue una guerra. Estábamos endeudados hasta el cuello, así que hicimos manifestaciones y nos encerramos en el despacho del conseller Joan Guitart para que nos dejara pasarnos a la red pública, a pesar de los números rojos”, recuerda Freixanet. Incluso, llegó a escribir una carta a Marta Ferrussola, esposa de Jordi Pujol y subscriptora de la escuela, para que les ayudara a superar el bache económico. Pero nada funcionó y se vieron empujados a una subasta pública para liquidar la deuda.

Como no podía ser de otra manera, allá por los ochenta, Royuela apareció, junto a otros subasteros, un clan de una sesentena de personas que con malas artes acaparaban las subastas judiciales en la Barcelona de los 80. Freixanet los conoció cuando llegaron para hacerse con las entrañas de la escuela y luego lucrarse con ellas.

“¡Pero les dimos bien por saco!”, exclama Francesc. Todo lo que había de valor en la escuela se lo quedaron y, en su lugar, subastaron cosas que la gente del barrio quería tirar. Libros anticuados, muebles ajados...Todo lo que no servía es lo que fue a parar a manos de los subasteros. “Había que hacer lo que fuera para salvar la escuela”, dice este director, cuyo periplo no había hecho más que empezar.

La crisis que llegaría años más tarde haría que se encarara también con inspectores de educación y políticos, sobre todo durante aquellos años durante los cuales la consellera de educación Irene Rigau prohibió a los docentes hablar con la prensa sobre los recortes. “A mí nadie consiguió hacerme callar”, dice. Por motivos como este, en el equipo de Rigau se le conocía como “revolucionario”. Tanto, que la consellera declinó asistir al aniversario de Antaviana por miedo a “una encerrona”, tal como ella misma le reconoció en una reunión que tuvieron.

“Sabía que éramos un centro combativo. Y lo sabía porque tenía un dosier lleno de fotos de nuestra escuela durante las protestas”, recuerda Francesc. “Aquello era espionaje y así se lo dije. También le aseguré que en mi escuela cualquiera es bienvenido y tratado con respeto, aunque al día siguiente me vaya a una manifestación contra su gestión”, añade el director, quien reconoce que, tras esa charla, mantuvo una relación muy “plácida” con Rigau. “Como amigos de toda la vida”, dice entre risas.

34 años en la corteza de un árbol

Francesc Freixanet repasa la historia de su escuela mientras presume de todas las aulas y recovecos de Antaviana. Ese es su hogar y también el de 700 niños y niñas. “Algún día escribiré un libro sobre este lugar”, dice, dejando asomar la melancolía. Pero este director no se jubilará nunca del todo. Puede que deje de venir cada día al centro, “pero me seguirán teniendo cerca. Ahora verás por qué”, asegura, antes de mostrar la que es la joya de la corona.

Dejando atrás las zonas de recreo, hay una serie de rampas que acaban en una puerta cerrada. “No te asustes”, advierte Francesc. Al abrirla, muestra una habitación oscura, solo iluminada por una bombilla roja, bajo la que se acurrucan unos cuantos patitos. En esta incubadora llegan al mundo las aves que habitan Antaviana, entre las que también hay pollos y gallinas ponedoras. La fauna va aumentando gracias a los regalos de las familias y alumnos. “Este me lo dieron hace poco, es muy exótico”, dice en referencia a un pollo japonés, que atrapa con habilidad para colocárselo en el brazo y decirle toda clase de monerías.

Si la fauna crece, la flora no se queda atrás. Al hacerse mayores, los patos irán a parar al huerto que hay tras la escuela, del que nacen patatas, calabazas y toda clase de frutas como kakis, higos o membrillo. Vegetales que van a los hogares de los alumnos. “No sabes la cara de felicidad de un niño con su saco de patatas, cultivadas por él. Y tampoco la alegría de una familia de recibir esa comida”, reconoce Francesc.

Esos árboles son testigo de su paso por la escuela desde el primer al último día. “Venir aquí fue la mejor decisión que he tomado”. Pero algo habrá de lo que se arrepienta. “Claro. De no haber sido más duro con la administración para pedir más recursos y mejor repartidos”, dice Francesc, quien quizás se jubila como docente, pero todavía no tiene pensado darse de baja en su militancia por la educación y los derechos sociales en el barrio.