Desde este lunes, 5 de octubre, están en vigor las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno, que afectan a los nuevos contratos que se firmen en España desde hoy, pero también a la información que deben revelar las empresas a todos sus trabajadores con relaciones laborales vigentes. Entre las novedades, hay información relevante sobre salarios, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) que afectan a los trabajadores, entre otros datos.

La norma es fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, para que las relaciones laborales sean más “transparentes” y “previsibles”, que España transpone muy tarde, ya que debería estar en vigor desde agosto de 2022.

Así, los nuevos contratos que se firmen deben contar con más información que antes –por ejemplo sobre los periodos de prueba– y, de cara a las relaciones laborales ya en vigor, los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar estos nuevos datos obligatorios desde este lunes a sus empresas, que deben responder en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes en la página web del SEPE los modelos de contratos laborales que cumplen con estos nuevos mínimos exigidos por Bruselas.

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, un aspecto aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

Aquí, se puede consultar el decreto en el BOE con todos los detalles que exige esta nueva regulación sobre transparencia laboral.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas a partir de dicho trabajo de fiscalización, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento. En dicho documento se explica que, “con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo”, que “se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo”.

Desde la Cámara de Cuentas aclaran también que “la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno”. Se trata de un cambio especialmente relevante, ya que, mientras el control previo se realiza antes de aprobar el gasto y permite suspender el expediente hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, el control financiero permanente actúa una vez realizada la actividad y ejecutado el gasto, sin efectos suspensivos.

Los acuerdos de Consejo de Gobierno del periodo analizado “justifican, con carácter general, la sustitución” del control previo por el financiero permanente “en base a razones vinculadas a la buena gestión, como la agilización de la tramitación administrativa, la previsión de un elevado volumen de expedientes, la carga de trabajo o la automatización y robotización de procedimientos”.

“No obstante, dichas motivaciones se expresan de forma genérica y no van acompañadas, con carácter previo, de criterios o indicadores que permitan evaluar comparativamente la idoneidad de la sustitución del control previo”, se puede leer en el resumen del informe, en el que se señala que “dichos acuerdos configuran la aplicación del procedimiento sin una delimitación temporal expresa ni una cuantificación global previa de los importes afectados”.

Alcance de la aplicación del procedimiento

En el resumen del informe se detalla que, “desde el punto de vista del ámbito objetivo, el procedimiento se ha aplicado a tres grandes bloques”; en concreto, “órganos y servicios, subvenciones y ayudas, y otros gastos”.

Desde el punto de vista económico, “las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024”. El “mayor peso” corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.

En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la Consejería de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe, con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las consejerías competentes en Igualdad y Educación.

Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado. En este ámbito destacan especialmente los gastos vinculados al ámbito educativo, como los salarios del personal docente, y los gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios, según se concreta en el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

No hay registro centralizado y homogéneo

Posteriormente se advierte de que “la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no dispone de un registro centralizado y homogéneo de la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente, lo que ha dificultado el cálculo sistemático de los tiempos medios de tramitación y la evaluación de la eficiencia del procedimiento”.

En el trabajo íntegro de la Cámara se detalla que, “del total de informes definitivos” de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado, que han sido 188, un 6,38% -un total de 12- son “con opinión favorable”, 134 “con salvedades” (71,28%), y 42 presentan una “opinión desfavorable” (22,34%). En conjunto, por tanto, más del 93 % de los informes no fueron plenamente favorables.

Las incidencias más comunes en materia de contratación detectados en estos informes de control financiero son “la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100% de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75% de los casos”.

En subvenciones y ayudas, “destacan los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión de las mismas, presentes en el 94,44% de los casos; a la justificación y pago, en el 88,89%; y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios, en el 72,22%”, se detalla también en el resumen del informe.

Y, en “otros gastos”, las incidencias más relevantes se refieren a “errores en la cumplimentación de comisiones de servicio, detectados en el 77,78% de los informes, y a deficiencias en la documentación justificativa, presentes en el 55,56%”.

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que “la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad”.

“En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera”, se puede leer también en el documento, en el que se avisa de que “esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública”.

Recomendaciones

Desde la Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones a la Junta, como “implantar un instrumento de información agregada que permita la identificación y seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios encuadrados en este procedimiento”, y “realizar un inventario consolidado del universo sometido a sustitución, integrando el acuerdo aplicable, la fecha de efectos, la tipología, el centro gestor, la unidad interventora responsable, el volumen ejecutado, la periodicidad prevista y el estado de planificación y ejecución del control”.

Otras recomendaciones incluidas en el informe son “analizar el impacto del procedimiento de sustitución; reforzar la planificación anual del control financiero permanente mediante criterios de priorización por riesgo y materialidad”, y “definir y aplicar indicadores que permitan evaluar los efectos del procedimiento de sustitución en términos de eficacia, eficiencia y economía”.

L’Ajuntament de València torna a contractar el grup de pop cristià Hakuna per a oferir un concert a la ciutat. La Regidoria de Turisme, que dirigeix Paula Llobet, ha aprovat la contractació del grup religiós per al pròxim 25 d’octubre, en vespres de la fi del III Any Jubilar Eucarístic del Sant Calze.

El departament de Turisme ha aprovat un expedient de 14.900 euros, quasi al límit dels contractes menors de serveis, per a comptar amb el grup, que opera a través de la Fundación Hakuna Revolution, amb seu a Las Rozas (Madrid). El document només preveu la part artística del concert, que durarà entre 60 i 90 minuts; els mitjans tècnics de producció de l’esdeveniment —escenari, equips de so, il·luminació i seguretat— tindran una “contractació independent”.

L’objecte del contracte és “la celebració d’un acte de clausura de l’Any Jubilar de caràcter obert, gratuït i de projecció pública, que constituïsca un tancament solemne i festiu de les celebracions, reforce la imatge de València com a destinació vinculada al turisme religiós, cultural i experiencial i contribuïsca a dinamitzar el centre històric”.

El concert es farà a la plaça de la Reina de València, un espai d’alt valor patrimonial amb un aforament reduït. La raó d’aquesta ubicació és, segons l’expedient, “la seua centralitat turística i el seu valor simbòlic, per la proximitat a la Catedral Metropolitana de València, lloc on es custodia el Sant Calze i epicentre de les celebracions de l’Any Jubilar”. Per la delicadesa del patrimoni, el consistori va denegar un festival sobre salut sexual al centre històric, després d’un informe específic per a organitzar l’esdeveniment al barri del Carme.

El pressupost per a la contractació d’Hakuna procedeix del romanent d’una subvenció que la fundació del Sant Calze no va poder justificar. Com va informar elDiario.es, l’Ajuntament es va negar a abonar un dinar de mil euros a la Fundació i factures de fins a 42.000 euros perquè anaven a nom d’una de les patrones i no s’ajustaven a la normativa. Així, d’una subvenció de 100.000 euros, el consistori només va considerar justificats 59.470 euros.

El Ayuntamiento de València vuelve a contratar al grupo de pop cristiano Hakuna para dar un concierto en la ciudad. La concejalía de Turismo, que dirige Paula Llobet, ha aprobado la contratación del grupo religioso para el próximo 25 de octubre, en vísperas del fin del III Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz.

El departamento de Turismo ha aprobado un expediente de 14.900 euros, casi en el límite de los contratos menores de servicios, para contar con el grupo, que opera a través de la Fundación Hakuna Revolution, con sede en Las Rozas (Madrid). El documento solo contempla la parte artística del concierto, que durará entre 60 y 90 minutos; los medios técnicos de producción del evento —escenario, equipos de sonido, iluminación y la seguridad— tendrán una “contratación independiente”.

El objeto del contrato es “la celebración de un acto de clausura del Año Jubilar de carácter abierto, gratuito y de proyección pública, que constituya un cierre solemne y festivo de las celebraciones, refuerce la imagen de València como destino vinculado al turismo religioso, cultural y experiencial y contribuya a dinamizar el centro histórico”.

El concierto se realizará en la Plaza de la Reina de València, un espacio de alto valor patrimonial con un aforo reducido. La razón para esta ubicación es, según el expediente, “su centralidad turística y a su valor simbólico, por su proximidad a la Catedral Metropolitana de València, lugar en el que se custodia el Santo Cáliz y epicentro de las celebraciones del Año Jubilar”. Por la delicadeza del patrimonio el consistorio denegó un festival sobre salud sexual en el centro histórico, tras un informe específico para organizar el evento en el barrio del Carmen.

El presupuesto para la contratación de Hakuna procede del sobrante de una subvención que la fundación del Santo Cáliz no pudo justificar. Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento se negó a abonar una comida de mil euros a la Fundación y facturas de hasta 42.000 euros porque iban a nombre de una de las patronas y no se ajustaban a la normativa. Así, de una subvención de 100.000 euros, el consistorio solo consideró justificados 59.470 euros.

Las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno entran en vigor en España el próximo 5 de octubre. La norma, fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, implica que las empresas deberán facilitar más información sobre condiciones salariales, el periodo de prueba, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) a sus trabajadores, entre otros datos.

El Gobierno aprobó el real decreto el pasado 8 de septiembre, pero su entrada en vigor está contemplada 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dado que la norma se ha publicado este martes, las obligaciones comienzan a partir del lunes 5 de octubre.

Las nuevas obligaciones, que tratan de dar más transparencia y previsibilidad a las condiciones de trabajo, deben facilitarse en los contratos laborales o en documentos por escrito antes de comenzar la relación laboral en cuestión.

Para los contratos ya en vigor, las personas trabajadoras pueden solicitar esta nueva información obligatoria a sus empresas, que tendrán un plazo de 30 días hábiles para responder a su petición.

España transpone muy tarde esta directiva. Debería estar en vigor desde agosto de 2022 y ha contado con el bloqueo en el Congreso de una ley de 2024, que el Gobierno no ha podido sacar adelante. Aunque el decreto transpone el grueso de los cambios, hay algunos que aún quedan pendientes de la aprobación de una ley, como un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborale

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

El Gobierno aprobará el próximo martes un real decreto para transponer el grueso de la Directiva Europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente en España desde agosto de 2022 y por la que Bruselas ha denunciado al país ante la justicia europea por su tardanza. La norma exigirá a las empresas especificar más la información sobre los salarios y la jornada de los trabajadores en los contratos de trabajo, entre otros datos, así como justificar más el periodo de prueba en este documento, explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El real decreto será un reglamento en el que se especifiquen algunas de las nuevas exigencias que deberán plasmar los nuevos contratos de trabajo debido a la Directiva europea, así como algunas especificaciones más que ha incluido el Ministerio de Trabajo.

Por ejemplo, el derecho individual de las personas trabajadoras a que en el contrato se especifique si hay algoritmos que intervengan en su relación laboral, en cuestiones como la fijación de horarios, salarios o en la extinción del contrato, destacan desde el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio de Trabajo destacan la relevancia de esta nueva norma en cuanto a la lucha contra la precariedad y la discriminación. Así, subrayan el mayor derecho de información de los trabajadores y su valor de cara a conflictos y procedimientos judiciales que puedan existir.

Los trabajadores ya contratados pueden pedir la información

La obligación de información para los nuevos contratos de trabajo estará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indican en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, previsiblemente, será el miércoles o el jueves.

El decreto obligará a detallar más en el contrato el salario que cobrará la persona trabajadora (también en cuanto a los complementos y pluses), así como su jornada de trabajo. En el departamento de Yolanda Díaz destacan que se deberá concretar en qué consiste la distribución irregular de la jornada, si la hubiere, algo que consideran muy relevante para evitar abusos en los horarios y para poder probar excesos sobre las jornadas “formales” en caso de conflicto judicial.

Los trabajadores y trabajadoras ya contratadas no se quedan fuera de la normativa. El decreto prevé el derecho de solicitar esta nueva información requerida a sus empresas, que deberán proporcionarla en un plazo de 30 días, explican en Trabajo.

Además, si sus condiciones laborales pactadas cambian, por ejemplo con un nuevo salario, nuevos pluses o un nuevo horario, las empresas sí estarían obligadas a reflejar estos cambios por escrito, afirman en el Ministerio de Díaz.

Más justificación del periodo de prueba

En el departamento de Yolanda Díaz insisten también en la importancia de varias novedades incluidas en el real decreto respecto el periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

El Ministerio de Trabajo quería prohibir esta posibilidad de ampliación, como contempló en un proyecto de ley, pero este texto legal está bloqueado en el Congreso de los Diputados. En este nuevo reglamento no se modifica esta duración (ya que requiere una norma con rango de ley), pero Trabajo destaca que ha incluido varias precisiones para que las empresas tengan que justificar más el periodo de prueba.

Por un lado, las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”. Y, por otro, la duración exacta del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

En Trabajo consideran claves estas precisiones, ya que creen que dan herramientas a los trabajadores para evitar contratos de prueba abusivos, sin causas que lo justifiquen, y que también impone más exigencias a las prolongaciones del periodo de prueba por convenio.

Qué se queda pendiente de aprobar

Ante el bloqueo parlamentario al anteproyecto de ley que pretendía transponer esta Directiva europea, el Gobierno va a recurrir a este real decreto con el objetivo de tratar de reducir las consecuencias del retraso en el cumplimiento de la normativa, que pueden suponer una cuantiosa multa para España.

No obstante, todavía quedan pendientes de aprobar algunos cambios que requieren de rango de ley. Por ejemplo, la obligación de informar de las vacantes a todos los trabajadores, ya que el Estatuto de los Trabajadores ahora solo regula esta posibilidad para ciertos contratos, como los temporales, formativos y fijos-discontinuos.

También un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborales. Fuentes de Trabajo indican que el grueso de la directiva quedará transpuesta, algo que creen que valorará la Comisión Europea, y están estudiando en qué ley pueden aprobar estas otras exigencias pendientes.

La Junta de Paz de Donald Trump, creada para supervisar la reconstrucción de Gaza, ha adjudicado su primer contrato de construcción en el territorio devastado tras casi tres años de guerra: un proyecto para construir un puesto militar rudimentario con capacidad para 150 personas, destinado a albergar tropas marroquíes, según ha informado a The Guardian una fuente conocedora del contrato.

El contrato, que aún no se ha formalizado, fue adjudicado a Arkel International, una empresa con sede en Louisiana (Estados Unidos) que ya ha trabajado con el Gobierno estadounidense en países como Irak.

En un correo electrónico, un funcionario de la Junta de Paz (presidida por el presidente de EEUU) afirmó que el organismo y un grupo de tecnócratas palestinos designados para supervisar Gaza “se encuentran en las etapas finales de la preparación de varias adjudicaciones de contratos. Ninguno se ha formalizado aún”. El grupo tecnócrata al que se refiere es el Comité Nacional para la Administración de Gaza, formado a principios de este año y supeditado a la Junta.

El funcionario escribió en ese email: “Un posible contrato se refiere a instalaciones para apoyar a la Fuerza Internacional de Estabilización, que contribuirá a la implementación de los acuerdos de seguridad y gobernanza de la hoja de ruta”. Esa hoja de ruta es el plan de 20 puntos diseñado por el equipo de Trump y aceptado por Israel y Hamás en octubre de 2025. El funcionario agregó: “Este contrato será uno de los muchos que son esenciales para el futuro de Gaza”.

La adjudicación se concede pocos días después de que Trump anunciara que Hamás había accedido a desarmarse, aunque existen serias dudas sobre cómo se aplicará el acuerdo alcanzado por el grupo islamista, la Junta de Paz y los mediadores (Egipto, Qatar y Turquía). Israel se ha opuesto al plan e intensificó los ataques aéreos contra Gaza tras el anuncio de Trump del 31 de julio.

Anteriormente, The Guardian informó de que el plan original de reconstrucción de Gaza, propuesto por la Junta, se había reducido drásticamente, pasando de un ambicioso proyecto para rehabilitar todo el territorio a un pequeño proyecto piloto en el sur de la Franja.

Un pequeña base “habitable”

La base que se está planificando ahora mide apenas 100 por 120 metros y está destinada a albergar un contingente de tropas marroquíes, que rotarían desde una base en Israel, según la fuente anónima. Estaría ubicada en el territorio de Gaza que el ejército israelí controla. Desde su retirada parcial en octubre de 2025, las fuerzas israelíes han ampliado sus dominios de poco más del 50% a más del 60% y están levantando una gran barrera de arena para delimitar esa zona.

La fuente indicó a The Guardian que la base se encuentra a aproximadamente un kilómetro y medio de la frontera israelí y que contaría con una ruta de evacuación rápida en caso de que fuera atacada.

La resolución de la ONU que respaldó el plan de Trump y la creación de la Junta de Paz había aprobado el establecimiento de una “fuerza internacional de estabilización” para Gaza. Desde entonces, han circulado diversas informaciones sobre qué países enviarían tropas. Marruecos ha prometido un pequeño contingente, pero el marco legal para la fuerza multinacional aún no se ha finalizado y no está claro cuándo comenzaría el despliegue. Su papel sería destacado si finalmente se lleva a cabo el desarme de las milicias palestinas de la Franja.

En planes contractuales vistos anteriormente por The Guardian, la base para 150 personas era la primera fase de un plan para construir una base para hasta 5.000 uniformados en Gaza. Esa base habría tenido un terraplén perimetral —o terraplén defensivo elevado—, además de instalaciones rudimentarias adecuadas para despliegues de corta duración. El contrato anterior indicaba que la primera fase consistiría en “tiendas de campaña y catres para que las fuerzas durmieran, así como baños químicos y puestos de lavado de manos. En esta fase, esto es lo que consideraríamos habitable”.

En la inauguración de la Junta de Paz, el pasado enero, el yerno de Trump, Jared Kushner, presentó un “plan maestro” para construir la “Nueva Gaza”, una extensa ciudad costera con relucientes torres de uso mixto: “Podría ser una esperanza, podría ser un destino. Mucha industria”, afirmó.

Al menos el 80% de los edificios de Gaza fueron dañados o completamente destruidos por el ejército israelí durante la guerra. Diez meses después del alto el fuego de octubre de 2025, la mayoría de los dos millones de habitantes del territorio aún viven en campamentos improvisados e insalubres. Desde entonces, más de 1.250 palestinos han sido asesinados.

Texto traducido y editado por la redacción de elDiario.es

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado esta semana la adjudicación del contrato para el desarrollo de actividades socioculturales en los centros públicos de educación infantil y primaria, las sedes de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste y los centros de promoción sociocultural del municipio, por un valor de 10.189.053,60 euros para los próximos tres años, con posibilidad de prórroga de hasta dos más adicionales.

En un comunicado, el Consistorio explica que la nueva contratación destinará más de 3,3 millones de euros al año a estas actividades, frente a los 970.000 euros anuales del contrato anterior, lo que supone un incremento cercano al 250%.

La adjudicación, realizada a la empresa EULEN S.A., permitirá garantizar la continuidad y ampliación de unos programas que alcanzan a miles de personas de todas las edades y que constituyen una herramienta fundamental para promover la educación no formal, la participación ciudadana, la conciliación familiar y laboral y el envejecimiento activo.

La concejala de Educación, Nina Santana, ha señalado que “con esta adjudicación damos un paso decisivo para consolidar una red de actividades socioculturales de calidad en toda la ciudad. Se trata del mayor contrato de estas características impulsado por el Ayuntamiento, que permitirá seguir acercando oportunidades de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal a la ciudadanía, desde la infancia hasta las personas adultas”.

Asimismo, Santana ha destacado que “este importante esfuerzo inversor refuerza nuestro compromiso con una ciudad más inclusiva, donde la educación, la cultura y la participación actúan como herramientas para generar igualdad de oportunidades y fortalecer la cohesión social en todos los barrios”.

Más de 5,6 millones de euros para la Universidad Popular

El primer lote del contrato, adjudicado por 5.675.023,20 euros, permitirá desarrollar la programación de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, orientada a promover el envejecimiento activo y prevenir la dependencia mediante actividades de carácter físico-preventivo, programas de salud, acciones destinadas al mantenimiento de la vida autónoma, el desarrollo personal, las habilidades manuales y la práctica artística y cultural.

Entre las propuestas figuran acciones de alfabetización digital para reducir la brecha tecnológica, enseñanza de idiomas en niveles básicos, actividades artísticas y culturales, además de charlas, tertulias, excursiones e iniciativas destinadas a favorecer la convivencia y la integración social.

La programación contempla, de forma orientativa, 1.960 horas semanales de actividades distribuidas entre los centros de Santa Catalina, Ciudad Alta, La Paterna, Arenales, Tamaraceite, Lomo Blanco, Guanarteme, La Isleta y la sede del Cono Sur.

Más de 4,5 millones para las actividades en los centros educativos

El segundo lote, adjudicado por 4.514.030,40 euros, permitirá desarrollar actividades y talleres dirigidos a la infancia y la juventud tanto dentro como fuera del horario escolar y durante los periodos vacacionales, contribuyendo a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. El programa incorpora, además, medidas específicas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

Dentro de este bloque se encuentra el proyecto ‘Ampliación de horario–Conciliando’, que ofrece un espacio de acogida y ocio en horario de tarde con apoyo al estudio, juegos cooperativos, talleres de hábitos saludables y educación emocional, robótica, actividades vinculadas a días internacionales y propuestas de psicomotricidad, música y movimiento para la etapa de infantil.

La programación también incluye campus vacacionales durante los periodos no lectivos, un amplio catálogo de actividades extraescolares destinadas al refuerzo curricular, la mejora de idiomas, la expresión artística, el deporte y la recuperación y difusión de las tradiciones canarias.

Asimismo, el contrato contempla programas de educación en valores que fomentan el respeto, la inclusión, la solidaridad y la cultura democrática, además de la organización de eventos y celebraciones vinculados a fechas y temáticas de relevancia educativa.

Este lote prevé el desarrollo de 1.220 horas semanales de actividades en 61 centros públicos del municipio, con una programación de 20 horas semanales por centro durante 40 semanas, desarrollándose principalmente entre los meses de septiembre y junio.

Los contratos laborales verbales existen y son perfectamente legales, aunque el trabajador siempre puede solicitar una copia por escrito. Esta opción es un derecho que asiste al empleado, no un favor que la empresa le haga, hasta el punto de que si se niega a facilitarlo se expone a una sanción económica y a que la relación contractual se entienda que es indefinida y a jornada completa.

Así lo señalan desde la Oficina de Atención Sociolaboral de UGT Andalucía, desde la que se apunta que el Estatuto de los Trabajadores recoge que el contrato es válido “aunque sea verbal” y no exige que toda relación laboral se tenga que formalizar por escrito. Pero en un contexto en el que un trabajador puede necesitar una copia por escrito (para solicitar una hipoteca o un préstamo), puede solicitarla “y la empresa está obligada a dársela”.

“Por muy pequeño que sea el contrato, tiene derecho a pedirlo y están obligados a entregárselo”, una medida diseñada para evitar “abusos laborales”. Eso sí, el hecho de que la contratación sea verbal no implica que el empleado esté desprotegido, ya que debe estar dado de alta en la Seguridad Social y tiene las nóminas para demostrar su relación con la empresa, con lo que está cubierto por ejemplo en caso de accidente laboral.

“Siempre es una mejor garantía”

“Lo importante es que el trabajador sepa que existe esta opción y que es su derecho, que puede ejercer o no”, se apostilla desde la Oficina de Atención Sociolaboral. La recomendación, no obstante, es disponer de una copia por escrito, ya que “siempre es una mejor garantía” ante situaciones como que la empresa cambie las condiciones laborales o asigne al empleado a otro puesto u horario. La compañía, asimismo, también puede solicitar que se formalice por escrito la relación laboral.

Si el trabajador pide una copia y no se le facilita, la empresa se expone a una multa de hasta 7.500 euros, ya que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) considera esta situación como una infracción grave. Además, y ante cualquier contingencia, la normativa considera que si no hay contrato por escrito, el vínculo laboral es indefinido y a jornada completa.

Y si bien la ley contempla la posibilidad de un contrato verbal, de hecho “hay más de los que pueda parecer”, existen otros casos en los que sí es obligatorio plasmar por escrito la relación entre empresa y trabajador. Esto abarca a los contratos formativos, a tiempo parcial, fijos-discontinuos, de relevo y de trabajo a distancia.

Igualmente, hay que formalizarlo en los casos de contratos temporales de más de cuatro semanas y en los de trabajadores en el extranjero. Y también tiene que quedar constancia por escrito de aspectos como el periodo de prueba al que se somete a la persona contratada, así como el posible pacto de permanencia.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha pedido al Congreso el permiso necesario para procesar por prevaricación al diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por los contratos a dedo que adjudicó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

En un auto, el instructor recoge que ha apreciado “elementos bastantes” para considerar que Alonso, como alcalde de Altafulla, abusó de la figura de los contratos a dedo para beneficiar a una consultora afín a su partido. La Fiscalía había apoyado la petición de suplicatorio, mientras que la defensa del político se había opuesto.

El magistrado indica que en la etapa como alcalde de Alonso, entre 2011 y 2019, el Ayuntamiento de Altafulla “recurrió a la figura del contrato menor sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”. Las contrataciones investigadas suman 30.000 euros.

La resolución no acoge la tesis de defensa de Alonso, que en su declaración voluntaria ante el Supremo negó que hubiera criterios políticos para adjudicar al despacho del exconseller de ICV Salvador Milà varios contratos municipales en materia de Urbanismo, sino que se debió a la falta de personal del consistorio.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso optó por hacer un contrato menor para estos servicios. Para su defensa, el consistorio no necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar.

Por el contrario, el juez considera que hubo un “uso indebido” de la prórroga y del contrato menor “con la voluntad” de Alonso “de introducir empresas con vinculación política” y necesidades recurrentes del consistorio que debían vehicularse a través de un concurso.

Como marca la ley, antes de proceder penalmente y procesar al diputado, el juez tiene que pedir el suplicatorio al Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para enviarlo, previo refrendo de los magistrados.

Mägo de Oz puede presumir de ser el grupo que abrió de par en par las puertas del heavy metal español a las audiencias masivas y el gran público. La banda madrileña que mezcla violines y guitarras lleva casi cuatro décadas sobre los escenarios, aunque con una formación muy distinta con la que arrancó su historia. Varias sentencias judiciales revelan cómo los fundadores y actuales líderes del grupo, el batería Txus y el violinista Moha, han sido condenados a pagar 33.000 euros a los antiguos guitarristas de la banda, Carlitos y Frank, tal y como habían pactado tras su salida del grupo. Los documentos de la demanda muestran el cruce de acusaciones entre antiguos compañeros y cómo los propios líderes de la banda descartan que la formación original vuelva a reunirse.

Contactados por elDiario.es, ni Frank ni Carlitos han querido hacer comentarios sobre la sentencia o la separación del grupo. Los actuales miembros de la banda tampoco han contestado al correo enviado por este periódico antes de la publicación del reportaje.

Jesús María Hernández (Txus) y Carlos Prieto (Moha) fundaron el grupo Mägo de Oz en mayo de 1989 en el barrio madrileño de Begoña. Amigos desde la adolescencia, los primeros ensayos en un local de una asociación vecinal de Fuencarral dieron paso a un primer disco homónimo publicado en 1994. Un lanzamiento en el que Juan Carlos Marín (Carlitos) ya participó como guitarrista tras estrenarse dos años antes en un concierto en Sevilla. Francisco Javier Gómez de la Serna (Frank) se incorporó a la segunda guitarra antes del segundo disco de la banda, Jesús de Chamberí, publicado en 1996 ya con José Andrëa como vocalista.

Después de su discreto debut más pegado al rock y al blues, el segundo álbum del grupo dio paso a La Leyenda de la Mancha, Finisterra o las tres entregas de Gaia. Más de tres millones de discos vendidos tanto en España como en América, números inalcanzables para los pioneros del heavy metal español como Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Panzer, Sangre Azul o Santa, además de una presencia inédita para el género en los medios de masas y emisoras comerciales. Los años dieron paso a las grietas y José Andrëa, la voz más reconocible de los años dorados del grupo, abandonó la banda en 2011. Los guitarristas Carlitos y Frank anunciaron su salida ya en febrero de 2020, formando el grupo Runa Llena.

Los documentos judiciales a los que ha accedido elDiario.es revelan que en ese mismo momento empezó una batalla judicial entre los fundadores del grupo que se mantenían al frente de Mägo de Oz, Txus y Moha, y los guitarristas que habían abandonado la formación. Su salida de la banda se había sellado con la firma de un contrato en la que ambas partes adquirían una serie de compromisos. Los guitarristas dejaban el grupo, renunciaban a sus derechos sobre la marca, se desprendían de su parte de la empresa 'Mago de Oz Espectáculos SL' y, a cambio, recibían una remuneración. Un total de 53.000 euros por cabeza para cada uno en varios pagos a lo largo de 2020.

Frank y Carlitos decidieron ir a los tribunales un año después para reclamar los 33.000 euros que sus antiguos compañeros les habían dejado sin pagar. Txus y Moha contestaron con una reconvención de la demanda en la que acusaban a los guitarristas de haber incumplido su parte del contrato: no habían ido al notario a renunciar a su parte de la empresa y, además, habían creado una nueva llamada 'Los Magos Entertainment'. Por encima de todo, añadían el batería y el violinista en sus alegaciones, ese año 2020 fue el año de la pandemia en que tuvieron que suspender una gira mundial y eso impidió cumplir con los compromisos económicos del contrato.

Primero un juzgado y ahora la Audiencia Provincial de Madrid han dado la razón a Frank y Carlitos frente a los dos fundadores del grupo y han reconocido su derecho a cobrar esos 33.000 euros cada uno además de los intereses que se han generado en los últimos seis años. Ambas sentencias, que han sido recurridas en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la espera de la admisión a trámite, entienden que el contrato que firmaron en 2020 está plenamente vigente y que los efectos de la pandemia, tantos años después, no impiden que los líderes de Mägo de Oz paguen lo adeudado a sus antiguos compañeros.

“A nadie le interesa la reunificación del grupo”

El grupo Mägo de Oz está de gira después de sacar su último disco, Malicia, la noche de las brujas (2025, Warner Music), con el cantante Rafa Blas al micrófono y con Txus y Moha como únicos miembros originales del grupo, aunque algunos como el bajista Fernando Mainer llevan más de una década en la banda. Una de sus últimas polémicas tuvo lugar el verano pasado cuando uno de sus actuales guitarristas, Víctor de Andrés, insultó al presidente del Gobierno y después bromeó con la prostitución a cuenta del caso Koldo: “Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas”. El Concello de Vilagarcía canceló su participación en las fiestas de San Roque y llamó, en su lugar, a los Toreros Muertos de Pablo Carbonell.

La relación de Mägo de Oz con algunos de sus antiguos miembros, al menos a nivel público, siempre ha sido conflictiva. Varios de ellos, como por ejemplo el cantante del primer disco Juanma Lobón, se agruparon hace una década bajo el proyecto Amigoz, capitaneado por el primer bajista del grupo, Salva García. En la actualidad, bajo el nombre de Kabrönes, antiguos miembros de la banda dan conciertos repasando los grandes éxitos de la primera etapa del grupo: José Andrëa, los guitarristas Frank y Carlitos y el bajista Salva, entre otros.

Las sentencias que ha podido examinar elDiario.es revelan que los propios Txus y Moha esgrimieron como argumento a su favor que no había ninguna intención de reunificar la formación original de la banda. “Es muy claro que a ninguna de las partes le interesa, casi cuatro años después de la ruptura, la reunificación del grupo musical ”Mägo de Oz“ en su formación anterior, dado el deterioro en lo personal y en lo artístico”.

Los jueces que han estudiado el pleito entienden que nada impide a los actuales miembros de Mägo de Oz pagar esos 33.000 euros a sus dos antiguos guitarristas. En primer lugar, dicen las sentencias, porque no incurrieron en ningún incumplimiento grave al poner en marcha una nueva empresa llamada “Los Magos Entertainment” o por no ir al notario a certificar su renuncia a la empresa anterior. Esas alegaciones “no tienen la relevancia o gravedad suficiente para impedirles exigir el pago”.

Tampoco prosperan las alegaciones sobre cómo la pandemia de 2020 provocó la suspensión de las giras musicales y eso impidió al grupo pagar a sus antiguos integrantes. Los jueces repasan las cuentas de la empresa que también es obligada al pago: números rojos el año de la pandemia pero vuelta a los beneficios en 2021. Mägo de Oz recibió, incluso, una “ayuda” de más de 155.000 euros en ese periodo de tiempo y se ofrecieron a hacer algunos pagos a sus antiguos guitarristas. La pandemia, dicen los jueces, fue algo “imprevisible e inevitable” pero sí pudieron afrontar el pago un año después: el grupo volvió a los escenarios con una importante gira por España y América.

El caso está ahora en manos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Txus, Moha y la empresa que sustenta la banda ha llevado el caso en casación y ahora están pendientes de si el alto tribunal admite o no a trámite su reclamación y acepta estudiar el fondo del asunto.

El gerente del SERIS, Luis Ángel González, junto a la gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, y la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha informado este lunes 29 de junio de la incorporación de nuevos profesionales en el Servicio Riojano de Salud, “que permitirán incrementar y mejorar la atención sanitaria que se presta a los riojanos”, así como de la planificación elaborada para garantizar la cobertura asistencial en verano.

Un refuerzo de recursos humanos que principalmente se producirá por tres vías: los contratos formalizados con facultativos y enfermeras que este año han culminado su residencia; la llegada de una nueva promoción de residentes a nuestros hospitales y centros de salud; y -para estos meses de verano- las contrataciones de profesionales de diversas categorías que constituyen el contingente estival. Además, como ha recordado el gerente, “en todo momento estamos abiertos a captar profesionales que quieran venir a trabajar con nosotros, algo que se está produciendo cada vez en mayor medida, atraídos por las interesantes condiciones que ofertamos a través de instrumentos como el Plan de Fidelización y Atracción de Talento o las plazas declaradas de difícil cobertura”.

Especialmente eficaces se han demostrado en el Hospital de Calahorra en el que tras el periodo habitual de concursos de traslados se ha conseguido sumar más profesionales de los que ha elegido otro destino para trabajar, con 14 incorporaciones en distintas especialidades tan cruciales como Urgencias, Pediatría (2), Dermatología, Alergología (2), Ginecología, Otorrinolaringología (2), Atención Primaria, Medicina Preventiva, Oftalmología y Reumatología (2), además de otras previstas para después del verano. 

Las medidas adoptadas desde la Dirección de Recursos Humanos han probado claramente su efectividad en la firma de contratos con 45 especialistas (médicos y enfermeras) que una vez finalizado su periodo de residencia se han incorporado a los distintos dispositivos asistenciales del SERIS. De ellos, cerca del 80 por ciento se ha formado en el propio sistema sanitario riojano. “Este dato refleja nuestra capacidad para fidelizar talento y consolidar profesionales que han desarrollado aquí su formación”, ha señalado Luis Angel González. Se trata además de un proceso aún no terminado, sino que continuará durante los próximos meses. 

Asimismo, ha recordado que se acaban de incorporar 74 residentes de primer año, al haber cubierto la totalidad de la oferta de plazas MIR, EIR y otras categorías al igual que ya ocurrió en 2025. En este apartado, Gonzalez ha anunciado que el SERIS podrá reforzar su capacidad docente de cara a próximas promociones, ya que el Ministerio ha dado el visto bueno a la acreditación de puestos de formación para facultativos en Cardiología (donde será posible sumar uno más), Anestesiología (uno más) y Endocrinología (especialidad en la que hasta el momento no se realizaba actividad formativa). “La obtención de estas nuevas acreditaciones pone de manifiesto la calidad asistencial y docente de nuestros servicios y nos permite seguir afianzando especialidades estratégicas para el futuro del sistema sanitario riojano”, ha añadido.

Por último, el gerente se ha referido de forma específica al contingente de profesionales incluido en el plan asistencial previsto para los meses de verano. Esta estrategia organizativa posibilitará garantizar la calidad de la atención sanitaria que presta el SERIS con las 1.100 contrataciones ya ratificadas y que aún podrán aumentar en las próximas semanas. En total supondrán más de 64.000 jornadas de trabajo, frente a las 43.834 del año anterior. Estas incorporaciones permitirán compatibilizar el descanso de los profesionales con la continuidad de la asistencia sanitaria, así como ofertar empleo en las bolsas de trabajo habilitadas para ello. 

La mayoría de los contratos corresponden a profesionales de Enfermería, TCAE y celadores, aunque también se incluyen fisioterapeutas, personal administrativo, técnicos de radiodiagnóstico, cocineros y otras categorías. Más de 300 contrataciones se destinan a Atención Primaria y alrededor de un centenar al Hospital de Calahorra.

En este sentido, González ha recordado que la planificación de verano forma parte de la organización habitual de los servicios de salud y responde a un contexto asistencial diferente al del invierno, con menor presión hospitalaria y variaciones en la demanda.

Asimismo, ha subrayado que el sistema sanitario público riojano “dispone de capacidad de adaptación suficiente para responder ante posibles incrementos de actividad asistencial”, mediante la activación progresiva de recursos y la coordinación entre centros y profesionales.

Las gerentas de Atención Primaria y Atención Hospitalaria se han referido al plan desarrollado por el SERIS para este verano.

Actividad ordinaria y cobertura asegurada en Atención Primaria

En relación con Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha confirmado que se ha realizado una reorganización interna de consultorios y plantillas para asegurar la cobertura asistencial durante el periodo vacacional, manteniendo operativos los centros de salud y garantizando la atención a la ciudadanía.

Para ello, a las cerca de 200 contrataciones de profesionales vinculados a la Enfermería se sumarán los refuerzos de médicos de familia y pediatras a través de consultas de apoyo y acúmulos de jornadas para hacer frente a los cambios asistenciales que plantea la estación.  

En concreto ha detallado que se mantendrá la actividad ordinaria en las veinte zonas básicas de salud, así como el funcionamiento de los 18 Puntos de Atención Continuada repartidos por toda la Comunidad más el CARPA en Logroño y del servicio de Emergencias Sanitarias 061. “Como en el verano pasado, no vamos a necesitar cerrar ningún dispositivo asistencial, algo que no ocurre en todos los territorios”.

Refuerzo de Ezcaray

Es más, Ganuza ha destacado que el plan contempla refuerzos específicos en aquellas zonas con mayor presencia de población desplazada durante los meses de verano. Y ha puesto el ejemplo de Ezcaray, uno de los mayores nodos de turismo de La Rioja, en dónde se contará con la presencia continua de una ambulancia y se ha contratado tres celadores más para una mejor gestión de la demanda.

La gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, ha indicado que la atención en los hospitales de La Rioja “queda plenamente garantizada durante todo el verano gracias a una planificación coordinada entre centros”.

Además, aunque la actividad asistencial disminuye en verano, se mantiene el esfuerzo para contener las listas de espera tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas, pese a los perjuicios derivados de las huelgas vinculadas al proyecto de Estatuto Marco del Ministerio, que ya han supuesto más de un mes adicional de demora quirúrgica.

En relación con la cobertura de vacaciones en Enfermería de Atención Hospitalaria, a fecha de la semana pasada y con el proceso de contratación aún en curso, el SERIS se sitúa ya en torno a un 98% de cobertura de las sustituciones previstas para el periodo estival, lo que permite garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria. 

En cuanto a la capacidad de hospitalización, a pesar de la habitual reducción de efectivos, en el Hospital San Pedro se prevé una mayor actividad que en el pasado verano. Por su parte, el Hospital de Calahorra mantendrá la totalidad de sus camas operativas durante el periodo estival.

“En set entitats s'han rebut béns i serveis sense l'oportú expedient de contractació, incomplint els principis generals de la contractació pública”. Aquesta és una de les irregularitats més greus detectades per la Intervenció de la Generalitat Valenciana en l'auditoria del Sector Públic Instrumental (SPI) corresponent a l'exercici 2024, amb Carlos Mazón encara al capdavant de la Presidència de la Generalitat tal com ha informat elDiario.es.

L'expresident del PP, que es va mostrar especialment crític amb la gestió del Govern del Botànic arran de cada informe relatiu als seus anys de govern, va anunciar la creació d'una comissió d'investigació sobre el sector públic a les Corts, que es va tancar el març passat per acord del PP i Vox sense que arribara a celebrar-se ni una sola reunió.

Aquell mateix mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, i el viceinterventor, Ignacio Pérez, van signar una demoledora auditoria sobre tot el sector públic instrumental (SPI) de l'Administració autonòmica corresponent a l'exercici 2024, que revela un rosari d'irregularitats i casos de malbaratament.Tot i que l'informe es va signar fa tres mesos, no ha sigut fins a aquest dijous 4 de juny quan s'ha publicat al portal de la Conselleria d'Hisenda.

El document posa un èmfasi especial en l'abús dels contractes menors i en la recepció de béns i serveis sense el preceptiu expedient de contractació. De fet, assenyala que “en catorze entitats de l'SPI s'ha fet un ús incorrecte de la contractació menor, ja que es tracta de necessitats recurrents que es repeteixen any rere any o es produeixen fraccionaments de contractes per eludir la tramitació de procediments no menors, incomplint els límits que estableixen els articles 29.8 i 118 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)”.

Les dades parlen per si soles: el 92 % dels 77.800 contractes del sector públic de la Generalitat Valenciana durant l'any 2024 es van adjudicar sense el preceptiu expedient de contractació o van ser contractes menors, és a dir, a dit. En concret, es van adjudicar 11.138 contractes menors per valor de 34,2 milions d'euros i 60.328 despeses sense expedient per valor de 157,7 milions d'euros.

Respecte de l'any 2023, Mazón va incrementar el nombre de contractes a dit —encara que per un import lleugerament inferior— i de despeses sense expedient. Així, aquell any es van adjudicar 10.500 contractes menors per valor de 35,1 milions d'euros i es van registrar 53.350 despeses sense expedient per valor de 149 milions d'euros.

En l'àmbit de personal, l'auditoria xifra en 22.562 el total de treballadors del sector públic instrumental de la Generalitat, 2.591 més que el 2023, la qual cosa suposa un increment de la despesa de 62 milions d'euros, malgrat que Mazón sempre va criticar el Govern del Botànic per l'excés de despesa o de “greix administratiu” i va prometre aprimar l'Administració per a estalviar.

A més, l'auditoria omet un dels aspectes més criticats pel PP de Mazón i per Juanfran Pérez Llorca: les contractacions de personal laboral temporal sense autorització d'Hisenda, una dada que fins ara aquests informes sempre recollien i que servia de munició a l'oposició. Es tracta del personal de substitució que requereix una tramitació àgil, especialment en els àmbits dels serveis socials i de la sanitat. En l'informe corresponent a 2023 es destacava que 2.750 contractacions de personal laboral temporal no havien comptat “amb la preceptiva autorització de la Direcció General de Pressupostos”. Una situació que es repeteix cada any en major o menor mesura i que, en aquesta ocasió, no apareix en el document.

“En siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública”. Esta es una de las irregularidades más graves detectadas por la Intervención de la Generalitat Valenciana en su auditoría del Sector Público Instrumental (SPI) relativa al ejercicio 2024, con Carlos Mazón aún al frente de la presidencia, como ha informado elDiario.es.

El expresidente del PP, que se mostró tremendamente crítico con la gestión del Gobierno del Botánico tras cada informe relativo a sus años de gestión, anunció la creación de una comisión de investigación del sector público en las Corts que se cerró el pasado mes de marzo por acuerdo del PP y de Vox sin que se produjera ni una sola reunión. Ese mismo mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, y el viceinterventor, Ignacio Pérez, firmaron una demoledora auditoría sobre todo el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica relativo al ejercicio 2024 que arroja un rosario de irregularidades y despilfarro. Pese a que el informe se firmó hace tres meses, fue este jueves 4 de junio cuando se ha colgado en el portal de la Conselleria de Hacienda.

El documento hace especial énfasis en el abuso de los contratos menores y en la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación. De hecho, señala que “en catorce entidades del SPI se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que disponen los artículos 29.8 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.

Los datos hablan por sí solos: el 92% de los 77.800 contratos del sector público de la Generalitat Valenciana durante el año 2024 se realizaron sin el preceptivo expediente de contratación o fueron menores, es decir, a dedo. En concreto, se otorgaron 11.138 contratos menores por valor de 34,2 millones de euros y 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones de euros.

Con respecto al año 2023, Mazón incrementó el número de contratos a dedo (aunque la cuantía fue ligeramente inferior) y de gastos sin expediente. Así, en ese año se produjeron 10.500 contratos menores por valor de 35,1 millones y 53.350 gastos sin expediente por valor de 149 millones de euros.

En el área de personal, se cifra en 22.562 el total de trabajadores del sector público instrumental de la Generalitat, 2.591 más que en 2023, lo que supone un aumento de gasto de 62 millones de euros a pesar de que Mazón siempre criticó al Gobierno del Botánico por el exceso de gasto o de “grasa administrativa” y prometió adelgazar la administración para ahorrar.

Además, la auditoría oculta uno de los aspectos más criticados por el PP de Mazón y de Pérez Llorca como son las contrataciones de personal laboral temporal sin permiso de Hacienda, un dato que hasta ahora siempre aportaban estos documentos y que era munición para la oposición. Se trata del personal de sustitución que necesita una rápida tramitación, especialmente en servicios sociales o sanidad. En el informe de 2023 se destacaba que 2.750 contrataciones de personal laboral temporal no había contado “con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuesto”. Una situación que cada año se da en mayor o menor medida y que en esta ocasión no aparece.

La Intervención General del Gobierno de Navarra ha solicitado el reintegro de 652.222 euros a Parquenasa, sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene un 45% de las participaciones, por las irregularidades en la reconstrucción del parque Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

El informe de fiscalización al que ha tenido acceso elDiario.es y fechado el 23 de abril de 2026, acredita que existió un “fraccionamiento indebido” en el contrato para las obras de reconstrucción. Señala que Parquenasa adjudicó de forma “no ortodoxa” a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

Según la Intervención General estos contratos debían haberse adjudicado de manera unificada y mediante el procedimiento reglado porque las cuatro obras tenían un “objeto similar”, “se llevaron a cabo en el mismo periodo de tiempo” y respondían a la “misma necesidad, enmarcándose dentro del mismo proyecto”.

“Los diferentes proyectos han de ser considerados, cuando menos, prestaciones relacionadas, susceptibles, por tanto, de licitación en un mismo procedimiento cuyo valor estimado total sea la suma de todas ellas”, añade. La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 admitió hace unas semanas una querella presentada por Vox por estos mismos hechos.

Por todo ello, la Intervención concluye que Parquenasa debe reintegrar la parte correspondiente al “fraccionamiento indebido” del total de la subvención de 5,8 millones de euros que el Gobierno de María Chivite otorgó a esta sociedad para la reconstrucción del parque Sendaviva.

La unidad gestora había propuesto el reintegro de los sobrecostes de los modificados de los contratos, pero Intervención destaca que ello supone un “perjuicio económico” para la Hacienda Foral por lo que expone que el reintegro debe incluir “la suma de todas las facturas relacionadas con las tres actuaciones subvencionadas referentes a las fases I, II y III, esto es 652.222,66 euros (217.149,46 + 217.746,45 + 217.326,75 respectivamente), más los intereses de demora correspondientes”.

Con todo, continúa siendo solo una parte del total de la subvención, ya que se aprecia que “la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente”, según apuntó hace unos meses la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, en una comparecencia en el Parlamento navarro. “Las actuaciones realizadas por la beneficiaria de la subvención alcanzan de modo significativo el cumplimiento de la finalidad de la subvención, al estar materialmente ejecutadas tal y como ya se expuso en el informe de omisión de fiscalización, por lo que el reintegro no debe alcanzar la totalidad de la subvención obtenida (5.794.887 euros), sino únicamente la parte correspondiente a las inversiones objeto del fraccionamiento indebido”, apostilla la Intervención General.

Adentro Construimos, la empresa adjudicataria de los cuatro contratos que se fraccionaron de manera “indebida” para la reconstrucción de Sendaviva, según la Intervención General, en la misma empresa que realizó las obras de reforma de la vivienda de Ramón Alzórriz, el ex 'número dos' de Chivite en el PSN. Un juzgado ha remitido recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Navarra una denuncia de Vox en la que se asegura que esas obras fueron la contraprestación por la adjudicación de los contratos de Sendaviva.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) ha abierto una causa por prevaricación al exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV Joan Herrera, por el uso “fraudulento” de contratos menores (a dedo) que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) habría adjudicado al despacho que comparten los dos políticos.

Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán, competente para los aforados catalanes, ha aceptado la causa que le ha derivado el juzgado de El Vendrell (Tarragona) que inició las pesquisas. El mismo juzgado ya derivó al Tribunal Supremo el caso para el exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns en el Congreso.

La Fiscalía se mostró favorable a abrir una causa contra los políticos. En su auto, adelantado por El País, los magistrados exponen que una de las conductas investigadas consistiría “de forma provisional, presunta y meramente indiciaria” en un “concierto” entre los investigados para “aprovechar” la figura del contrato menor y prorrogar varios contratos adjudicacos al despacho de Elena y Herrera.

En vez de una licitación pública basada en la transparencia y los distintos candidatos, los investigados se concertaron “en su propio interés y violentando los principios y las reglas” de la contratació pública, apunta el auto.

Según el TSJC, Elena y Herrera, como administradores de la mercantil Sinergia E.D.M., se prestaron presuntamente a que el alcalde de Altafulla investigado les adjudicara “sin publicidad ni licitación alguna” y sin los informes preceptivos las prórrogas de un contrato de asesoramiento, “calificándolo de menor”.

El Gobierno de Navarra eliminará para el próximo curso de la Escuela Oficial de Idiomas, con sedes en Pamplona y Tudela, la oferta de los llamados “idiomas no oficiales”, pese a que tanto el alumnado como el profesorado y las propias escuelas defendían mantener los cursos. El aviso llegó durante la primera semana de mayo, cuando las escuelas comunicaron por correo electrónico al alumnado de estos idiomas que, “por motivos ajenos”, en Pamplona los cursos de árabe, chino, español para extranjeros, japonés y portugués, y en Tudela de árabe e italiano, no podrán “tener continuidad”.

Desde Educación, en respuesta a este periódico, sostienen que “se han visto obligados a adoptar la decisión” porque la contratación del profesorado no seguía las reglas de la administración pública. Según explican, el Departamento pidió a los centros que “regularizaran las contrataciones” de los docentes para “adaptarlas a la normativa vigente”, creando plazas y listas oficiales de contratación para esos idiomas, pero “no lo han hecho”, afirman desde Educación, porque, al parecer, no había suficiente “demanda de alumnos”. Sin embargo, los centros niegan “tener esa competencia”.

“Por motivos ajenos a la escuela, los cursos de idiomas no oficiales no van a tener continuidad. Lamentamos mucho no haber encontrado una solución viable para poder proporcionando este servicio”, se plasma en el comunicado del centro. En este mismo mensaje, también agradecían “al profesorado la profesionalidad e ilusión que han puesto en sus clases” y a los usuarios “la confianza depositada en EOIP/IHEO durante estos años”. Los profesores de estos cinco cursos se incorporaron entre 2008 y 2018.

Una de las docentes, que enseña uno de esos idiomas, explica que hasta ahora “facturaban por horas” (al no ser una trabajadora, sino una “colaboradora”) y que tenían sus limitaciones, como “formar un grupo, el aula o los horarios”. La hora de las clases de estos cursos son las que “quedaban libres”, una queja compartida con los alumnos de este idioma (que se imparte ininterrumpidamente desde el 2008) junto con la falta de niveles, pues “un mismo profesor no puede impartir dos niveles [del mismo idioma]”. La profesora lamenta que no sea posible avalar su trabajo de más de década y media en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. “Pedí EOIP que me dieran un justificante o certificado en el que constase mi colaboración como profesora durante estos años, pero no ha sido posible”, explica.

La docente detalla que supo de la noticia porque la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona “convocó una reunión para transmitir la decisión de la Educación al profesorado de idiomas no oficiales”, aunque no se detallaron las razones. “Podemos colaborar en actividades extraescolares ocasionales como la Semana Cultural, en una conferencia o taller”, explica la profesora, “pero no puede tener una continuidad”. Según describe, “la directora y el vicedirector de la EOIP fueron muy amables y considerados” al comunicar la decisión.

“Se ha peleado mucho para que siguiera adelante”, explican desde la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, y afirman que “desde Educación comunicaron que [los cursos] no podían continuar” al no cumplir “algún criterio técnico”. Aunque intentaron recurrir al Ayuntamiento y a Plurilingüismo “para ver si se le daba la vuelta” y poder continuar, “no ha habido manera”, explican. “Se ha intentado de verdad y nos da muchísima pena”, afirman desde la dirección del centro. Por ello, no entienden la explicación del Departamento de Educación, que asegura que “la oferta de estos idiomas y la contratación del profesorado que las ha venido impartiendo a lo largo de los años ha correspondido siempre a las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y Tudela”. “No tenemos competencias”, afirman desde la escuela de idiomas de Pamplona. Al igual que la dirección de la escuela de idiomas de Tudela, que afirma que “la decisión de no continuar con los cursos de idiomas no oficiales es obviamente de Educación”. “No es nada que elijamos las escuelas”.

“Solo somos intermediarios. Para la oferta tenemos que informar a Educación y, desde allí, nos dicen si sí o si no”, expresan desde el centro de la capital navarra. En el Decreto Foral 245/2023, que establece las competencias del departamento dirigido por Carlos Gimeno, también se describe así. Según la ley navarra, corresponde al Departamento de Educación “la coordinación” y “la gestión de las escuelas oficiales de idiomas”, incluyendo la “planificación de la oferta” de las mismas.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra insiste en que “el Departamento nunca ha contratado a esas profesoras/es y nunca ha intervenido en la oferta de esas lenguas. Ha correspondido al ámbito de autonomía de gestión propio de ambas escuelas”. “Las escuelas debían regularizar esas contrataciones para adaptarlas a la normativa vigente”, defienden. “Educación planteó a las escuelas que 'oficializasen' esa oferta, de modo que se crearan las correspondientes especialidades de esos idiomas, se crearan las litas de contratación y se ofertaran. Pero no lo han hecho. La información de que disponemos indica que analizaron la posibilidad, pero, al parecer, comprobaron que no existía demanda de alumnado suficiente”. Una versión que choca con la expresada por la directiva de los centros y el decreto que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación.

“Me da mucha pena porque, aunque algunos hemos hablado para poder seguir con la profesora por nuestra cuenta, si se impartía en la escuela de idiomas hay una referencia y visibilidad para cualquiera que se anime a aprender”, explica una alumna de chino. La joven llevaba un año acudiendo a clases, en las que “había muy buen ambiente”, y ahora su curso “se queda a la mitad”. “Aparte del idioma, nuestra profesora también nos enseñaba muchas cosas de la cultura china. Era muy enriquecedor para todos”, explica. Además, declara haber comentado la situación con otros compañeros y que “pensaron en hacer una recogida de firmas o manifestación en Educación” para quejarse. Al igual que ella, todos los alumnos de chino, unos 30 en total entre los dos niveles, recibieron la noticia con “mucha pena”.

“Desde la escuela sí que hemos sentido que han hecho todo lo que han podido por mantener los idiomas no oficiales”, cuenta la hasta ahora alumna de chino de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Junto con sus compañeros, todavía tiene esperanza de que se encuentre una solución para que estos idiomas no oficiales puedan aprenderse de forma pública en Navarra.

Los sindicatos UGT y CCOO saldrán este viernes, Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, a las calles de Castilla-La Mancha para reivindicar “derechos, no trincheras”, plantar clara a quienes defienden los discursos de odio y para solicitar “mejores salarios, vivienda digna y democracia”.

Así lo han puesto de manifiesto la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, junto a los responsables de la provincia de Toledo de ambos sindicatos, Silvia López y Federico Pérez.

Las manifestaciones llegarn este viernes a Albacete, desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez; Ciudad Real, donde habrá una manifestación en Alcázar de San Juan desde la calle Cruz Verde a la estación del ferrocarril, y en Puertollano (que acogerá la manifestación regional) desde la Glorieta Virgen de Gracia a la Concha de la Música.

En Cuenca, la manifestación convocada por ambos sindicatos partirá desde la estación de ferrocarril a la Plaza de España y en Guadalajara desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia.

Todas estas manifestaciones se llevarán a cabo a las 12.00 horas menos la de Toledo, que partirá del Paseo de Recaredo a la Plaza de Zocodover y que se iniciará a las 11.00 horas.

Nos encontramos en un momento clave en el que muchos promueven el odio y buscan dividir a la sociedad

Los secretarios generales de UGT y CCOO Castilla-La Mancha han coincidido en afirmar que los logros y conquistas laborales siempre han sido fruto de la lucha sindical. Así, inciden en que frente a aquellos que buscan el enfrentamiento y levantar trincheras, el movimiento sindical responde con más derechos, más cohesión social y más democracia.

En este sentido, Lola Alcónez asegura que “nos encontramos en un momento clave en el que muchos promueven el odio y buscan dividir a la sociedad”, ello en un escenario internacional de conflicto que, “además de suponer muerte y destrucción, está teniendo mucha repercusión en la vida de las personas trabajadoras de este país debido al encarecimiento de la energía, los combustibles y la cesta de la compra”.

Este 1º de Mayo también debe ser un día de reivindicación para mejorar los salarios. “Somos el estado de la UE que más crece, sin embargo es algo que no está revirtiendo en las condiciones laborales. Debe haber un reparto más justo de la riqueza y hay dos vías para llevar a cabo este reparto: tener unos servicios públicos financiados con un sistema fiscal justo y, en segundo lugar, a través de la negociación colectiva”.

En este punto instaba a la patronal a llevar propuestas “comprometidas” a la mesa del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ya que “llevamos muchos meses sin recibir de la parte empresarial demandas claras”. Advertía, además, de que si los criterios no quedan fijados en el V AENC, “habrá más conflictos y huelgas”.

Riesgo de “involución democrática”

El secretario regional de CCOO ha indicado que “nos encontramos ante el mayor riesgo de involución democrática y social en muchos años” y que “frente al odio y el interés por dividir a la sociedad, el movimiento sindical debe responder con una agenda propositiva centrada en los problemas de la gente”.

Entre ellos, particularmente este año, el de la vivienda que debe sonar “como un clamor” en todas las manifestaciones. Y es que, a juicio de Ortega, “no se puede hipotecar el futuro de toda una generación privándola de su proyecto de vida”.

En la misma línea, ha abogado por defender en la calle salarios justos, con incrementos de entre el 4% y el 7%, y que se reactive la negociación colectiva. Todo ello con el trasfondo de la subida de precios por culpa de una guerra “que evidencia el fracaso de la comunidad internacional para garantizar la paz”. Por eso desde CCOO reclaman el final de los conflictos armados y la protección de la población civil.

Salarios y contratos

Por su parte, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha y responsable del sindicato en la provincia de Toledo, Silvia López, recordaba que los salarios de las personas trabajadoras de esta región son de los más bajos del país.

Igualmente, “en nuestras empresas se abusa mucho del contrato parcial y muchas de ellas, las más pequeñas, no cuentan con representación sindical”. Hacía un alegato a seguir mejorando las condiciones de trabajo y a que el SMI continúe subiendo porque “es una medida que ha demostrado dignificar las condiciones”.

Por último, el secretario general de CCOO en Toledo, Federico Pérez, ha puesto el foco en los “discursos interesados de la patronal sobre el que llaman absentismo” y que no es otra cosa que tratar de penalizar a las personas trabajadoras cuando están enfermas.

Este 1º de Mayo, ha dicho, “vamos a defender que la clase trabajadora no pierda un solo euro de poder adquisitivo” y a celebrar los logros y mejoras conseguidos en este tiempo gracias a las personas que se organizan en los centros de trabajo.

El grupo municipal de EH Bildu ha solicitado realizar una auditoría externa independiente de los contratos de los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava), tras la elaboración de varios informes de reparo por parte de la interventora respecto a la contratación del año 2025. La coalición abertzale lo demandará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, con el objetivo de que “estas contrataciones sean analizadas y aclaradas”, así como para solicitar que se creen instrumentos para “mejorar la contratación municipal”.

EH Bildu ha reclamado que dicha auditoría esté finalizada antes de finales de junio para poder poner en marcha cuanto antes medidas de mejora de la gestión pública. Según ha trasladado, los informes de contratación de la Intervención, tanto informativos como suspensivos, se han repetido a lo largo de toda la legislatura, pero este último informe con reparos a la contratación de 2025 supera los 200.000 euros, lo que “rebasa lo que puede considerarse como un error puntual”, recoge Europa Press.

En este sentido, ha señalado que por un único contrato, que se adjudicó directamente en mayo de 2024, se han pagado mediante facturas 117.490 euros en año y medio, cuando según “la ley no se pueden superar los 15.000 euros en el plazo de un año para este tipo de contratos”. Un caso, ha añadido, que “no es aislado”, ya que el informe menciona que durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 la Intervención ha avisado de que los contratos adjudicados directamente a la misma empresa por el mismo servicio han superado la barrera legal de 15.000 euros para la adjudicación directa durante al menos estos cinco años y “exige la adopción de medidas para el año 2026”.

El portavoz de EH Bildu Amurrio, Jon Berganza, ha reclamado elaborar una “fotografía en profundidad de la situación de la contratación municipal, para dar solución a los errores detectados por los trabajadores municipales” y que “las conclusiones de ese estudio nos den herramientas para una buena actuación”.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.