El grupo municipal de EH Bildu ha solicitado realizar una auditoría externa independiente de los contratos de los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava), tras la elaboración de varios informes de reparo por parte de la interventora respecto a la contratación del año 2025. La coalición abertzale lo demandará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, con el objetivo de que “estas contrataciones sean analizadas y aclaradas”, así como para solicitar que se creen instrumentos para “mejorar la contratación municipal”.

EH Bildu ha reclamado que dicha auditoría esté finalizada antes de finales de junio para poder poner en marcha cuanto antes medidas de mejora de la gestión pública. Según ha trasladado, los informes de contratación de la Intervención, tanto informativos como suspensivos, se han repetido a lo largo de toda la legislatura, pero este último informe con reparos a la contratación de 2025 supera los 200.000 euros, lo que “rebasa lo que puede considerarse como un error puntual”, recoge Europa Press.

En este sentido, ha señalado que por un único contrato, que se adjudicó directamente en mayo de 2024, se han pagado mediante facturas 117.490 euros en año y medio, cuando según “la ley no se pueden superar los 15.000 euros en el plazo de un año para este tipo de contratos”. Un caso, ha añadido, que “no es aislado”, ya que el informe menciona que durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 la Intervención ha avisado de que los contratos adjudicados directamente a la misma empresa por el mismo servicio han superado la barrera legal de 15.000 euros para la adjudicación directa durante al menos estos cinco años y “exige la adopción de medidas para el año 2026”.

El portavoz de EH Bildu Amurrio, Jon Berganza, ha reclamado elaborar una “fotografía en profundidad de la situación de la contratación municipal, para dar solución a los errores detectados por los trabajadores municipales” y que “las conclusiones de ese estudio nos den herramientas para una buena actuación”.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

Izquierda Unida ha iniciado en Logroño un servicio de asesoría sobre la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 o 2027 durante este mes de abril.

Tal y como ha informado, con esta acción quiere ofrecer información clara, acompañamiento y orientación práctica para que las personas inquilinas conozcan sus derechos en relación con la posible prórroga de las condiciones de su contrato de alquiler. Éste, ha recordado, debe solicitarse por escrito y mantiene las mismas condiciones contractuales, salvo en los supuestos excepcionales previstos.

La atención se prestará de forma presencial todos los martes del mes de abril, en la sede de la organización (Avenida de Navarra, 8-10, bajo), en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. También se atenderán consultas a través del correo electrónico larioja@izquierdaunida.org.

Izquierda Unida ha señalado que enmarca esta iniciativa en su defensa de “políticas públicas firmes para garantizar el derecho a la vivienda”. En este sentido, la organización reclama límites efectivos a los precios del alquiler, más parque público de vivienda asequible, la movilización de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, mayor protección para las personas inquilinas y medidas contundentes contra los usos especulativos de la vivienda que expulsan a vecinas y vecinos de sus barrios.

Para la responsable de IU Logroño, “no basta con reconocer el problema: hay que intervenir el mercado cuando el mercado está expulsando a la gente de sus casas”. A su juicio, “hace falta valentía política para frenar la especulación y para situar el derecho a la vivienda por encima del beneficio privado”.

La prórroga no es automática

Con este servicio, ha dicho, IU quiere “que nadie deje de ejercer sus derechos por falta de información o por sentirse solo ante su casero o la administración”.

Desde IU recuerdan que la solicitud de la prórroga no es automática y que hay que realizarla antes de que el Real Decreto se vote en el Congreso, algo que está previsto que durante el mes de abril.

Ha explicado que conviene realizarla por una vía que deje constancia fehaciente, ya que esa petición debe formularse expresamente para que pueda desplegar efectos.

También recuerdan que existen excepciones, como la firma de un nuevo acuerdo entre las partes o la necesidad acreditada de la vivienda por parte de la persona arrendadora o de un familiar directo.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC y que analiza recursos contra licitaciones) ha desestimado una denuncia relacionada con el caso del exjefe de seguridad de Osakidetza, un ertzaina que falseó su titulación universitaria y que ha acabado despojado de su cargo y denunciado en un juzgado de Vitoria. Un particular, J.C.V.M., planteó que se revisara la “legalidad” de la adjudicación del servicio de vigilancia de Osakidetza, gestionado por el denunciado, Juan José Quiñones. Sin embargo, el OARC estima que ese tipo de actuaciones no entran dentro de sus competencias.

El puesto de responsable de Seguridad en el Servicio Vasco de Salud fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022. El nombramiento del ahora destituido se produjo en 2023 tras un proceso de designación en que fue el único candidato y en el que se ajustaron algunos requisitos para adaptarlos a su perfil. Durante dos años, Quiñones ocupó un puesto con un salario superior a los 60.000 euros anuales incumpliendo la premisa de tener una titulación universitaria. Había presentado un título de la EHU que se dio por bueno. Venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo. A finales de 2025, se produjo una revisión de su expediente, se comprobó la falsedad y Quiñones fue despedido y denunciado. Actualmente está abierta una causa penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.

La denuncia al OARC demandaba revisar la “legalidad” de las contrataciones. “Que se verifique la habilitación administrativa y profesional de la persona que intervino como director de Seguridad en la elaboración o firma de la documentación técnica del expediente”, se solicitaba, además de reclamar las “medidas necesarias” en el caso de que se constataran las “irregularidades”.

Sin embargo, el 13 de marzo el OARC inadmitió el caso. Expone que su intervención está tasada para revisar licitaciones y sostiene que la comunicación recibida sobre Osakidetza “ni siquiera se identifica como recurso”. “Es una mera denuncia de la que difícilmente puede defenderse el poder adjudicador y sobre la que mal pueden alegar otros interesados. Por ello, si este órgano la tramitara como recurso estaría favoreciendo la indefensión de Osakidetza y de los demás interesados y concediendo una ventaja antijurídica a quien no ha formulado con una mínima concreción su posición”, argumenta la resolución. Se indica, eso sí, que cabe recurso ya ante la Justicia ordinaria, concretamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El ERE de Tubos Reunidos, que afecta a 285 personas, ha destapado la existencia de más de 40 contratos eventuales que la Inspección de Trabajo considera que se encuentran en fraude de ley y que, por lo tanto, tendrían que ser contratos indefinidos. Los sindicatos han informado de esta cuestión después de la reunión que han mantenido con la Inspección para presentar sus alegaciones el ERE. Estos contratos -entre 42 y 47- forman parte de los 80 eventuales que la empresa ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo, y que, en teoría, dejarían la empresa este mismo mes, que acaba el próximo martes. Al considerar la Inspección que están en fraude de ley, deberían ser contratos fijos, lo que supone que la dirección de Tubos Reunidos tendrá que presentar “una nueva decisión” sobre estos trabajadores incluidos en el ERE, según han confirmado fuentes del departamento de Trabajo. Las mismas fuentes han señalado que se ha detectado el fraude en la revisión que la Inspección hace de todos los contratos de una empresa que están afectados por un expediente de regulación.

Si estos más de 40 trabajadores con contratos en fraude pasan a ser considerados fijos, la empresa debería ofrecerles las mismas condiciones que al resto de los trabajadores con contratos indefinidos, y poder sumarse a las bajas voluntarias, con las que se ha pactado una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades. Aunque son unas cantidades que están sujetas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”. Son cifras por encima de la que recibirán los eventuales, 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, pero que no están sujetas a esas condiciones. Desde la dirección de la empresa no han querido comentar este miércoles qué pasos dará a partir de ahora.

Los sindicatos han denunciado tras la reunión con la Inspección de Trabajo, en la que han conocido los contratos en fraude de ley, que se quiere “maquillar los despidos” como salidas “voluntarias” . “Tienen que tener las mismas opciones de despido que tiene la plantilla fija”, ha señalado el representante de ESK, Gorka Abaskal, y, por lo tanto, “la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias”. Y ha denunciado que la empresa les quiere dejar como única opción aplicarles un despido objetivo con veinte días de indemnización por año.

Mientras la resolución del ERE se complica, ya que 40 bajas voluntarias más encarecería aún más la factura de los despidos, que suman alrededor de 40 millones -un dinero que hoy por hoy no tiene- la empresa espera la decisión de la Sepi sobre la deuda que acumula. En principio, 241 millones de euros, de los que la Sepi es el principal acreedor, y una pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros. Las cifras se actualizarán en los próximos días, cuando presente los resultados definitivos. Y todo hace prever que para mal.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha presentado una reclamación ante la Junta de Contratación de la empresa pública TRAGSA por el incumplimiento de la normativa vigente en el concurso para el servicio de videovigilancia móvil en dos obras estratégicas de la región: la ampliación del Centro de Salud de Calahorra y la nueva Residencia de personas mayores de Torrecilla en Cameros.

Un incumplimiento flagrante de la Ley derivado de los pliegos de condiciones que, con un presupuesto de licitación de 47.395 euros (sin IVA), establecen que la adjudicación se basará exclusivamente en la oferta económica (100 % de la ponderación). FeSMC UGT denuncia que esta fórmula ignora la Ley de Contratos del Sector Público que estipula que en servicios de vigilancia y seguridad los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51 % de la puntuación total.

Para el sindicato, esta omisión va más allá de una cuestión meramente administrativa, ya que tiene consecuencias directas sobre el empleo y el servicio. Por un lado, genera una evidente falta de garantías sociales, ya que, al competir únicamente por precio, se incentiva la aparición de ofertas a la baja que ponen en riesgo el cumplimiento de los convenios colectivos y las condiciones de las personas trabajadoras.

Además, esta limitación total de criterios en torno al precio podría generar deficiencias en el servicio debido a que se obvian factores fundamentales como la solvencia técnica de las empresas o las mejoras en los medios tecnológicos, entre otras.

FeSMC UGT considera que una empresa pública como TRAGSA debe ser ejemplar en la inclusión de cláusulas sociales y no permitir que la seguridad de las infraestructuras y servicios riojanos se subasten al mejor postor. Por ello, tras trasladar estas consideraciones a la Junta de Contratación de TRAGSA, solicita la correspondiente subsanación de los pliegos para que se ajusten a la legalidad y garanticen un servicio de calidad que responda a las necesidades reales de las obras. El sindicato se mantendrá vigilante para asegurar que la contratación pública en esta comunidad no sirva como herramienta para la precarización del sector de la seguridad privada. 

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha renunciado a recurrir el archivo de la causa de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que instruía un Juzgado de Sevilla, confirman a este periódico fuentes del Ministerio Público.

El plazo para interponer un recurso ante la Audiencia Provincial expiraba este martes a mediodía, pero la decisión del fiscal fue anunciada antes por la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, que aseguró ante la prensa que el Ministerio Público “no recurrirá el archivo de la causa” judicial de Sevilla, la primera de las tres investigaciones que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por irregularidades en la contratación a dedo del SAS entre 2020 y 2024.

Quienes sí han impugnado el auto del juez José Antonio Gómez son las acusaciones populares, PSOE y Podemos, al considerar que el sobreseimiento del caso tras 15 meses de instrucción ha sido “prematura e improcedente”. Ambos partidos, en sendos escritos de 110 y nueve páginas respectivamente, solicitan a la Audiencia de Sevilla que “revoque” el auto provisional del juez y continúe con la instrucción, porque existen “indicios racionales y plurales de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, de malversación y de administración desleal de fondos públicos”, reza uno de los recursos.

El Juzgado de Instrucción número 13 fue el primero en abrir diligencias para investigar un posible supuesto de prevaricación en la contratación a dedo del SAS con clínicas privadas, amparada en un Real Decreto que estaba derogado.

El magistrado que abrió la instrucción llamó a declarar como imputada a la gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, además de interrogar como testigos a otros altos cargos del Gobierno andaluz, como la número dos de Hacienda y exinterventora general de la Junta, Amelia Martínez, o la exconsejera de Salud, actual titular de Medio Ambiente, Catalina García.

El auto de sobreseimiento de la causa en Sevilla, celebrado por el Gobierno de Moreno y recurrido por sus rivales políticos (Podemos y PSOE), concluía que no existen “principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.

El juez reconocía las irregularidades detectadas y denunciadas en una docena de informes desfavorables elaborados a posteriori por los interventores del SAS -base de las querellas-, y admitía que los contratos de emergencia, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, se prolongaron dos años y medio amparándose en un Real Decreto habilitado por el Gobierno central en pandemia, a pesar de que ya estaba derogado.

Pero descartaba de plano “que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación”, y defendía, en consonancia con la Junta de Andalucía, que estos respondían “a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”.

Tan contundente es el auto de archivo de la causa como los recuros de PSOE y Podemos. El juez Gómez admitió las “irregularidades administrativas” denunciadas por la Intervención del SAS, pero argumentó que la suma de estas y su prolongación en el tiempo no convertía en prevaricación algo que aisladamente no lo era.

El abogado de Podemos defiende que no eran errores formales ni aislados, sino “un modus operandi instaurado en el seno del SAS que, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, eludió de forma deliberada y persistente los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública, lo que además de suponer una irregularidad generalizada, puede haber presuntamente producido una merma en las arcas públicas”.

La investigación de los contratos del SAS con clínicas privadas en un juzgado de Sevilla era la más avanzada de las tres que estaban en curso (otras dos siguen vivas, una en Cádiz y otra en Córdoba). La primera, y la que más profundizó en la instrucción, nace de una querella colectiva de 30 diputados del PSOE andaluz, a la que luego se suma Podemos como acusación popular.

Los abogados del PSOE-A han remitido a la Audiencia de Sevilla un voluminoso argumentario a favor de la reapertura de la causa judicial, que contiene expedientes de gasto de la investigación y enlaces directos a miles de contratos bajo sospecha, para facilitar así la labor de los magistrados. “En lugar de ser deducido testimonio de particulares concretos, solicitamos sea elevada al tribunal de apelación la causa completa, en la integridad de sus Folios, CDs unidos y grabación de declaraciones”, concluyen.

En su recurso, defienden la “absoluta improcedencia del sobreseimiento y archivo de la causa, al existir una patente e indudable concurrencia de indicios racionales de criminalidad”.

El escrito carga contra el juez Gómez, al que reprocha la “vulneración de la doctrina jurisprudencial y el principio in dubio proiudicio -”en caso de duda, a favor del juicio“-, subrayando que el magistrado ha dado carpetazo al asunto sin esperar a las diligencias solicitadas por las partes, incluida la Fiscalía, que incluía la petición de más documentación y correos electrónicos a la Junta.

Los abogados del PSOE denuncian la “vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al proceso, por existir una base indiciaria objetivable”, y acusan la “prematuridad y la extemporaneidad” de la resolución al no haber esperado a recibir la documentación pendiente.

También hacen una especial mención a la “flagrante y continuada vulneración de la legalidad aplicable sobre la prórroga de la contratación de emergencia”, y denuncian la “errónea valoración e ignorancia de las reales causas, finalidades y efectos del acuerdo del Consejo de Gobierno, del 6 de octubre de 2020, que eliminó los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por auditorías a posteriori (estas últimas serían las que destaparon las irregularidades dos años después).

“Sin el acuerdo del Consejo de Gobierno, no hubiera sido posible la consumación de los hechos objeto de investigación”, concluye el recurso del PSOE, que subraya una relación causa-efecto entre la retirada de los controles previos y las “muy graves irregularidades” detectadas a posteriori por la Intervención.

Sin personación de la Junta

La Junta de Andalucía no estaba personada en esta causa, aunque sí lo está en la instrucción de Cádiz, que aúna ahora la investigación por malversación en el abuso de contratos menores del SAS (fraccionamiento masivo de contrratos millonarios con la misma empresa y por el mismo servicio) y la de los contratos de emergencia.

En su recurso, Podemos acusa al SAS en su recurso del “apartamiento consciente, sistemático y grosero de la legalidad en materia de contratación pública” y afea al juez Gómez que haya “relativizado la importancia de los reparos” que plantearon reiteradamente los interventores en sus informes sobre los ejercicios de contabilidad 2020, 2021, 2022 y 2023.

El partido morado impugna el auto de sobreseimiento del juez porque subraya, uno a uno, los “demoledores” informes de la Intervención, que alertaron sin éxito a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de la continuidad en el tiempo de “graves salvedades” en la contratación a dedo y la “falta de motivación para volver a la vía ordinaria”.

El recurso señala también la trascendencia de la sustitución del control previo por el control financiero permanente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, un cambio en el sistema de fiscalización al que el juez instructor “restó importancia”, dando por buena la versión de sus responsables, a saber, que era un método de vigilancia “más eficaz”.

Por último, Podemos defiende la necesidad de continuar la instrucción para calcular el “posible perjuicio económico derivado del conjunto de las irregularidades” y pide para ello, en consonancia con el PSOE, que la Audiencia pida “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado. “Descartar la relevancia penal de los hechos sin haber practicado diligencias encaminadas a cuantificar este posible perjuicio y a esclarecer, visto que existen indicios racionales de criminalidad, si existió un favorecimiento deliberado a determinadas empresas, supone un cierre prematuro de la instrucción, por lo que el sobreseimiento acordado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte (art. 24.2 de la Constitución), impidiendo que los hechos sean debidamente investigados y, en su caso, enjuiciados”, concluye.

Es una de las dudas más frecuentes que se plantean al empezar un nuevo contrato laboral: si se prefiere recibir el sueldo prorrateado en 12 meses o conviene mantener las tradicionales 14 pagas. “La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. No hay una opción universalmente mejor, porque a efectos de salario anual no cambia nada, el trabajador cobra lo mismo”, sostiene Andrea Morales, experta en finanzas personales de HelpMyCash.

Mismo salario, distinto reparto

La principal diferencia radica exclusivamente en la distribución del dinero: cobrar en 12 pagas implica recibir más dinero cada mes, mientras que en 14 supone que la empresa retiene una parte para entregar dos pagas extras, normalmente en verano y en Navidad. “Económicamente, disponer antes del dinero es una ventaja, pero solo para quien sabe qué hacer con él, es decir, quien tiene un presupuesto. Para el resto, esa ventaja teórica puede diluirse, porque en lugar de ahorrar dinero y ponerlo a trabajar, pueden gastar más porque mensualmente reciben más”, asegura Morales.

Respecto a la fiscalidad, es importante aclarar que el número de pagas no afecta al IRPF total. “Hacienda calcula el impuesto sobre el salario bruto anual y la situación personal del trabajador”, confirma la experta. “Lo único que varía es el reparto de la retención”, pero al final del año el resultado es idéntico. “Lo que sí cambia es la sensación de liquidez mes a mes, algo que influye mucho en cómo la gente planifica, o no, su dinero”, señala.

12 pagas: liquidez y rentabilidad

Cobrar de forma prorrateada suele ser la opción preferida para quienes tienen un control estricto de sus finanzas. Para Morales, este sistema beneficia a quien es organizado y ahorrador “porque el dinero se puede poner a trabajar antes en cuentas remuneradas, depósitos o, para perfiles más avanzados, en inversión periódica”. Además, valora que este sistema es especialmente útil para:

14 pagas: un salvavidas psicológico

Para muchas personas, recibir una suma importante de dinero dos veces al año funciona como una herramienta de gestión emocional. “Las 14 pagas funcionan para muchas personas como un ‘ahorro forzoso’. El dinero se acumula sin tocarse y llega de golpe”, explica Morales. “Para quien tiene dificultades para ser constante, las extras pueden convertirse en una forma casi automática de reservar dinero, siempre que se separen nada más cobrarlas y no se diluyan en gasto impulsivo”, destaca. 

“Si prefieres no tener la tentación de gastar ese dinero mes a mes y contar con un ingreso extra en épocas de mayor consumo, las 14 pagas pueden ser tu mejor aliado”, aclara. Sin embargo, la experta advierte que este sistema pierde su sentido si las pagas extra se gastan sin planificación o si se utilizan para cubrir recibos básicos, lo que indicaría que el presupuesto mensual está demasiado ajustado. 

“Hablamos de forma general, pero vale la pena hacer siempre una autoevaluación para poder saber qué método nos conviene más”, resume Morales, que insiste en que la decisión final depende totalmente del perfil del trabajador. “Lo que importa es la planificación”, concluye.

Las tres investigaciones judiciales contra el Gobierno andaluz por irregularidades en la contratación a dedo con la sanidad privada siguen caminos divergentes.

Un juzgado de Sevilla acaba de dar carpetazo a la causa por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024, tras 15 meses de instrucción. Casi en paralelo, el juzgado de Cádiz que investigaba al SAS por malversación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores durante 2021 ha abierto una “pieza separada” para poner bajo la lupa la misma querella del PSOE que acaba de archivarse en Sevilla.

Este movimiento del juez Manuel Jesús Gómez, que pasó desapercibido en la última línea de una providencia firmada el pasado 4 de diciembre, ha empezado a caminar este lunes, cuando el magistrado imputó a dos altos cargos del SAS en Cádiz -el exgerente del hospital Puerta del Mar y el responsable de compras- y abrió una nueva línea de investigación. Ambos directivos tendrán que acudir a declarar al juzgado, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo.

La “ampliación” de la querella interpuesta por el PSOE, como acusación popular, viene a unificar las dos causas judiciales que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicaciones a dedo millonarias a la sanidad privada entre 2020 y 2024: el caso de los contratos troceados y el caso de los contratos de emergencia amparados en un Real Decreto ya derogado.

Ambos tienen el mismo origen: los informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta de Andalucía que alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de las “irregularidades” detectadas en los procedimientos de contratación del SAS con la sanidad privada, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y sorteando los controles habituales de los auditores.

La conexión entre ambas investigaciones forma parte de la estrategia procesal del PSOE, cuyos abogados han visto cómo, en apenas un mes, una de las causas se desinflaba, y otras dos cogían fuerza. La pieza separada que ha abierto el juez de Cádiz viene a corregir y ampliar la instrucción original, que partió de una denuncia de Podemos centrada exclusivamente en los contratos troceados del SAS.

Los socialistas, promotores de la querella por prevaricación contra los tres últimos gerentes del SAS en el juzgado de Sevilla, se personaron luego en el tribunal de Cádiz con la causa ya abierta, y con la idea de unificar todas sus denuncias en un mismo procedimiento.

Lo han logrado en este tribunal, pero también en otro de Córdoba, que ha abierto diligencias este mismo mes para investigar desde el principio tanto el abuso de los contratos menores -a través del fraccionamiento de un mismo contrato millonario por el mismo servicio y con la misma empresa para eludir los topes legales- como las prórrogas de los contratos de emergencia hasta 2024 usando un Real Decreto derogado en mayo de 2021, y en contra de las instrucciones de la propia Consejería de Hacienda.

La causa judicial abierta en Córdoba hace tres semanas, que instruye el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, concentra toda la estrategia procesal del PSOE contra el “uso sistémico” de la adjudicación a dedo de contratos a empresas privadas, bien con la fórmula del contrato de emergencia, o bien a través del troceamiento recurrente de contratos menores.

La querella criminal se apoya, como las otras, en las denuncias que emitieron los interventores de la Junta de Andalucía en sus informes a posteriori de la contabilidad del SAS, de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. “Dado que este incumplimiento ha sido advertido en anteriores informes y recomendaciones, se trata de una práctica mantenida en el tiempo y cuyo montante sigue siendo amplio”, reza uno de las últimas auditorías del supervisor, que obra en manos de los jueces.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y Córdoba, los socialistas habían presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

De momento, el juez de Cádiz investiga si el Gobierno de Moreno malversó fondos públicos y el juez de Córdoba se centra en los delitos “administrativos”. Con la ampliación de su querella, el PSOE ha logrado en Cádiz algo que el juez de Sevilla les denegó: reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice, de forma “global”, todos los expedientes de gasto bajo sospecha y que elabore informes sobre la justificación de los contratos, sobre los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial” debido a la falta de publicidad y concurrencia competitiva.

Comparar los precios antes y después de los contratos a dedo

El juzgado de Cádiz investiga un delito de malversación, no es de extrañar que el magistrado haya pedido a los interventores que “revisen los precios” que pagaba el SAS a la sanidad privada usando los contratos de emergencia o el fraccionamiento masivo, y que los compare con los precios estipulados para los mismos servicios en un contrato ordinario en abierto, que la Junta dejó de usar como regla general entre 2020 (inicio de la pandemia) hasta 2025.

Lo que busca el juez con esta “evaluación de contraste” entre los precios contratados [a dedo] y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia, es aclarar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”. Para ello, el magistrado también ha pedido una comparativa de precios de los servicios sanitarios contratados en otras comunidades autónomas.

El juzgado de Sevilla ha ordenado archivar la causa sin llegar a cotejar este desfase de precios, de hecho, en su auto niega de plano esta posibilidad: “La contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia, como tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de Fondos europeos”, reza el escrito.

En la querella criminal interpuesta contra los tres últimos gerentes del SAS, el PSOE llegó a cuantificar en más de 24 millones el delito de malversación de caudales públicos, una cifra que representa el 10% de los 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 que están bajo sospecha. Ese 10% es la rebaja media que suele haber en las contrataciones públicas de la Junta de Andalucía sobre los precios de licitación, cuando se usa el procedimiento abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, a resultas de las distintas ofertas que hacen las empresas interesadas para hacerse con el contrato.

Según los denunciantes, el abuso de la contratación a dedo durante más de dos años restringió esa libre competencia, lo cual redundó en “una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz”. 

Defensa de la legalidad de los contratos

El Gobierno de Moreno ha defendido en todo momento la legalidad de los contratos del SAS y ha sacado pecho de su gestión sanitaria tras el archivo de una de las causas. Sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación (14 de marzo de 2023).

Entre 2019 -antes de la pandemia de coronavirus- y 2025, el SAS orilló la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, para hacer adjudicaciones directas de servicios, obras y prestaciones a empresas privadas elegidas a dedo, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y el contrato negociado sin publicidad.

Las tres variantes son legales, pero pueden dejar de serlo si la Administración no argumenta una urgente e imperiosa necesidad que justifique saltarse los controles regulares y evitar un procedimiento en abierto ante una situación sobrevenida, imprevista o catastrófica, como una dana. O como lo fue la pandemia de Covid-19.

Los interventores del SAS consideraron -y así lo plasmaron en una docena de informes- que la pandemia no justificaba el uso sistemático del contrato de emergencia ya en 2021. Y menos en 2022, 2023 y 2024. El juez José Antonio Gómez, que acaba de dar carpetazo a la investigación más avanzada sobre este asunto, admite en su auto ese cúmulo de “irregularidades” detectadas por los auditores, pero concluye que “no hay delito”.

Y defiende justo lo contrario, que el impacto de la pandemia en la presión asistencial andaluza seguía justificando la contratación a dedo dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda remitiera un escrito a Salud para que dejara de hacerlo y limitara este sistema a un uso “residual”.

Los órganos de fiscalización interna reprochan a la Junta de Andalucía haber convertido estas figuras excepcionales de contratación en la regla general del SAS, por la que se adjudicaron a dedo cientos de millones de euros a un puñado de empresas privadas. El carpetazo a la causa abierta en Sevilla va camina de un recurso de apelación por parte de las acusaciones, PSOE y Podemos, aunque es probable que la Fiscalía Anticorrupción se inhiba.

Otros dos juzgados siguen investigando, por separado, la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023, prorrogando dos años y medio la vigencia de un Real Decreto derogado, que el Gobierno central habilitó durante el primer año de la pandemia para flexibilizar las compras de suministros y la contratación de servicios por parte de las administraciones.

También se investiga si hubo malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021 en Cádiz, donde está imputado el responsable provincial de compras del SAS, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, el carpetazo judicial al caso de los contratos de emergencia con la sanidad privada en Andalucía -la primera y más avanzada de las tres investigaciones por corrupción que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno- ha desatado la euforia en el PP y dejado noqueado al PSOE, promotor de la querella que motivó la apertura de diligencias hace 15 meses.

El Gobierno andaluz llevaba más de un año sufriendo el hostigamiento de una oposición que centraliza todos sus esfuerzos en cuestionar su gestión sanitaria, desde las demoras para ser atendido por un médico de familia y la larga lista de esperas quirúrgicas, hasta las investigaciones judiciales por prevaricación y malversación en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada, que ponen bajo sospecha cientos de millones de euros.

Ahora el PP considera este archivo judicial una enmienda a la totalidad a la estrategia del PSOE de María Jesús Montero y, por extensión, un aval a toda la gestión sanitaria de la Junta.

La Justicia investigaba al Gobierno de Moreno por seguir usando contratos de emergencia con clínicas privadas -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- amparándose en el marco legal habilitado en pandemia dos años después de que se derogase.

Las prórrogas y ampliaciones millonarias de estos contratos continuaron después de que una instrucción de la Consejería de Hacienda advirtiera por escrito de que debían parar, y así aparece en los múltiples informes de los interventores del SAS, que denunciaron las irregularidades que dan pie a la investigacion judicial.

La Junta anunció que suspendía ese tipo de contratos 24 horas después de que lo publicase elDiario.es, pero posteriormente defendió que el procedimiento de contratación de emergencia hasta 2024 era legítimo, porque la OMS aún no había levantado oficialmente la declaración de pandemia.

La querella que se acaba de archivar era la más trabajada y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en la causa que instruye un juez de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

“Colapso” de la salud pública

Las causas judiciales abiertas contra el Ejecutivo andaluz eran, en realidad, un complemento más del discurso omnipresente que mantienen sus rivales políticos para denunciar el “colapso” de la sanidad pública andaluza y una “estrategia” para instrumentalizar ese deterioro progresivo de lo público y justificar la “gran privatización” del sistema sanitario [un tercio del Presupuesto autonómico], derivando miles de pacientes a clínicas privadas.

El primer juzgado (de Sevilla) que empezó a investigar al SAS por prevaricación en la contratación pública terminó imputando a la actual gerente, Valle García, y a sus dos predecesores -Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-. Citó a declarar como testigos a miembros en activo del actual gabinete -la consejera de Medio Ambiente (ex de Salud) y la viceconsejera de Hacienda- y apuntó la instrucción hacia el mismo Consejo de Gobierno, donde se acordó retirar los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por auditorías a posteriori.

Todos los pasos que dio el juez José Antonio Gómez inflamaron la estrategia de oposición del PSOE andaluz contra Moreno, atizado en cada sesión parlamentaria con un binomio envenenado que ligaba “mala gestión” con “corrupción”. Hasta hace diez días, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidencia, María Jesús Montero, le reprochaba en cada acto que mantuviera en su puesto a la gerente imputada del SAS.

El archivo “temporal” de la causa -el auto será recurrido ante la Audiencia de Sevilla- ha desinflado a los socialistas, aunque este lunes se hayan aferrado a las otras dos investigaciones en curso (una en Cádiz y otra en Córdoba) y anunciado que acudirán a instancias judiciales superiores para reabrir el caso.

Sus representantes legales “no se lo esperaban”. El carpetazo del juez les ha pillado “por sorpresa”, les ha parecido “precipitado”, porque incluso faltaban expedientes por llegar al juzgado que habían solicitado las acusaciones. Los socialistas presentarán recurso de apelación antes del próximo lunes -fecha tope de plazo- alegando que el sobreseimiento “no cumple la doctrina del Tribunal Supremo”, dado que hay “indicios suficientes” para seguir investigando. Está por ver si la Fiscalía se alinea con el juez o también recurre el auto.

“Desconcierto y estupor”

En el PSOE andaluz se reconocen “desconcertados”, porque 48 horas antes del archivo de la causa, el juez tomó declaración a la exconsejera de Salud, Catalina García, cuarto alto cargo del Ejecutivo de Moreno que pasaba por el juzgado ofreciendo una versión distinta sobre quién ordenó retirar los controles previos a los contratos sanitarios. La exinterventora general de la Junta, y actual número dos de Hacienda, Amelia Martínez, señaló a García, y García señaló a su “equipo técnico”, entre ellos, el exresponsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda.

El magistrado apenas hace mención a este cruce de contradicciones en su escrito. El juez Gómez reconoce los informes de los interventores del SAS que denunciaron reiteradamente las irregularidades en la contratación, admite que cientos de contratos se amparan en un Real Decreto “ya derogado”, pero le resta importancia porque prima, por encima de todo, las circunstancias de la pandemia, vigentes hasta la última prórroga de esos contratos, en 2024.

“No puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”, reza el escrito.

El auto defiende que “no hay delito” argumentando que ninguna otra empresa sanitaria del sector privado recurrió los contratos a dedo del SAS, al considerar que todas ganaban con el procedimiento de adjudicación directa y de urgencia. El juez resta importancia a la diferencia de precio que supone para la Administración contratar de emergencia o usar el procedimiento ordinario, abierto y con concurrencia pública. Ese desfase de precios se imputa a las arcas públicas, pero el juez lo minimiza.

A la izquierda del PSOE, donde se sitúa Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos (éste último denunció el fraccionamiento de contratos del SAS que investiga un tribunal de Cádiz y se sumó a la querella socialista en Sevilla), la reacción al archivo de la causa ha sido más visceral, llegándose a preguntar qué “amigos” tiene Moreno en la judicatura y qué “milagro” tiene que ocurrir para que un tribunal investigue la corrupción en el PP.

El presidente de la Junta siempre defendió que no había delito -como acaba de ratificar el juez- y que, a lo sumo, habría “irregularidades administrativas”. Moreno se basaba en las “conversaciones con amigos juristas”, una expresión que ahora recuperan algunos dirigentes de izquierdas para verter sospechas sobre el archivo de la causa de los contratos.

“Que pidan perdón a los andaluces”

La sacudida política que ha provocado este último auto del juez ha sido, por tanto, similar a la de los anteriores escritos del magistrado en los que la instrucción avanzaba y el PSOE sostenía que “el cerco a Moreno se estrechaba”. No es de extrañar que la reacción de la Junta y del PP andaluz haya sido la de sacar pecho, exigir a la oposición que “pida perdón” e intepretar el archivo de esta causa judicial como un “aval” a toda la gestión sanitaria de Moreno.

Con el auto del juez, que defiende de forma contundente la actuación de la Junta al prorrogar los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, pese a que el marco legal habilitado en pandemia ya estaba derogado, el Ejecutivo andaluz trata de aplastar todo el cuerpo argumentativo de sus rivales políticos, que va más allá de la denuncia en los juzgados, y abarca desde las críticas por las listas de espera quirúrgicas a la reciente crisis de los cribados de cáncer de mama. Este último escándalo golpeó a Moreno más que ningún otro y provocó el cese de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, y media docena de altos cargos.

“Este archivo viene a corroborar lo que ya estábamos diciendo desde la Junta: que se actuó en el ámbito de una crisis sanitaria, así decretada por el Gobierno, que nuestros controles eran superiores y que estos contratos tenían informes jurídicos, por tanto eran legales. No se hicieron por capricho”, dijo este lunes la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España.

Tanto ella como el número dos del PP andaluz, Antonio Repullo, han acusado al PSOE y a Podemos de “indignidad” por “intentar sacar rédito político de la tragedia del coronavirus”, que dejó 16.000 muertos en Andalucía.

La factura dels danys causats per la dana al patrimoni públic de la Generalitat Valenciana s’elevava fins al mes d’octubre passat a 642,6 milions d’euros. Aquest és l’import dels contractes d’emergència adjudicats a dit pel Govern de Mazón dels quals fins ara s’ha donat compte a la comissió d’investigació de la dana en les Corts, segons la documentació recaptada per elDiario.es.

Amb motiu de les inundacions del 29 d’octubre, la Generalitat va activar els mecanismes previstos en la legislació vigent per a donar resposta immediata a les necessitats urgents derivades de la catàstrofe. Es va aplicar així l’article 120 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, regulador de la contractació d’emergència, que implica la possibilitat d’adjudicar els contractes a dit sense traure’ls a concurs públic per a agilitzar els terminis.

Les obres s’han adjudicat a un total de 150 empreses, moltes de les quals de prestigi i amb un gran recorregut, alguna qüestionada per tindre vinculacions amb membres del gabinet de Mazón i altres, si bé amb grans capacitats tècniques, materials i humanes per a afrontar obres de gran importància a curt termini, amb directius condemnats per corrupció en el passat.

En aquest últim grup s’enquadrarien Becsa (21,5 milions), CHM Obras e Infraestructuras (24,1 milions) i Tizor, del Grupo Cívica, vinculada a l’empresari alacantí Enrique Ortiz (1,7 milions). En total, 47,3 milions d’euros en contractes adjudicats a dit.

En el cas de Becsa, un dels seus accionistes, l’empresari castellonenc Gabriel Alberto Batalla, va ser condemnat en el marc del cas Gürtel a un any i nou mesos de presó per dos delictes electorals relatius als comicis autonòmics i municipals del 2007 i per un delicte de falsedat documental.

Els contractes que se li han adjudicat han sigut per 10,2 milions d’euros la redacció del projecte i execució de les obres d’emergència dana-2024 de rehabilitació de diversos trams de les carreteres CV-35, CV-42, CV-43, CV-50, CV-235, CV-245, CV-390, CV-355 i CV-515. Zona de conservació València Nord. Per 8,1 milions la redacció del projecte i execució de les obres d’emergència dana-2024 de rehabilitació dels ponts de la carretera CV-50 situats en els punts quilomètrics 74+000 i 76+200. Terme municipal de Xest (la Foia de Bunyol). I per 3,2 milions les obres per a la reposició d’elements de seguretat i estudi i mesures per a garantir l’estabilitat de la presa de Buseo en el terme municipal de Xera (la Plana d'Utiel-Requena), amb motiu de les pluges torrencials esdevingudes el dia 29 d’octubre de 2024.

Per part de CHM Obras e Infraestructuras, el seu president, l’empresari Francisco Javier Martínez Berna, va assumir la mateixa pena (un any i nou mesos) en la causa pel finançament il·legal del PP valencià. Les adjudicacions a la mercantil han sigut 11,5 milions per a la redacció del projecte i execució de les obres d’emergència dana-2024 de rehabilitació de la carretera CV-36 des del punt quilomètric 8+000 fins al punt quilomètric 10+000 i reparació del viaducte sobre el barranc de Poio en el punt quilomètric 8+640, terme municipal d’Alaquàs, Aldaia i Torrent (l’Horta Sud). Contracte d’emergència per valor de 6,4 milions per a les obres de rehabilitació del pont ferroviari sobre el barranc de Poio a Paiporta, juntament amb la inspecció i mesures correctives de les estructures en el tram Picanya-Castelló pel desbordament del barranc de Poio. I un contracte per valor de 6,2 milions per a les obres de reconstrucció de dos centres de la Generalitat en la localitat de Catarroja, a la comarca de l’Horta Sud.

L’empresa alacantina Tizor Hormigones y Asfaltos SL, integrada en el Grupo Cívica, va ser adjudicatària de la reconstrucció d’infraestructures afectades per la dana en el municipi de Xestalgar, en la ribera del riu Túria, per 1,7 milions d’euros, impostos inclosos. La companyia i el hòlding empresarial pertanyen a la família de l’empresari alacantí Enrique Ortiz, condemnat després de confessar que havia finançat il·legalment el PP valencià.

D’altra banda, l’empresa STV Gestión SL, de la qual va ser responsable de Relacions Institucionals José Manuel Cuenca, el que va ser cap de gabinet de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, es va adjudicar 2,7 milions en un dels primers contractes d’emergència adjudicats, per a la neteja de polígons industrials afectats per la barrancada.

Diversos dels propietaris de l’empresa també són accionistes de la societat Tecnologia de la Construcción y Obras Públicas SA, adjudicatària de 3,2 milions d’euros en un contracte d’emergència per a obres en una depuradora.

La Generalitat defensa les contractacions

Fonts autonòmiques consultades per elDiario.es defensen sobre aquest tema que la contractació d’emergències duta a terme per la Generalitat en el marc de les faenes per a reconstruir infraestructures danyades o directament arrasades per la dana segueix “escrupolosament la normativa”. La contractació per emergència “és una forma de contractació que s’adapta a l’actual situació en què no hi ha temps a perdre i, per això, no es presenten diversos candidats per a fer les obres, sinó que s’assigna de manera directa per part de la Generalitat”, expliquen.

Segons expliquen, “s’ha buscat un repartiment equitatiu i que no foren dues o tres empreses les úniques que assumiren les reparacions”. De fet, “en el cas de les carreteres de titularitat autonòmica, de les set obres més rellevants, cap firma repeteix”. Una situació molt similar s’esdevé “en les obres locals assumides per la Generalitat davant la impossibilitat de fer-les els ajuntaments, com és el cas”.

Les mateixes fonts afigen: “Parlem que només en les faenes dutes a terme per la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Recuperació han treballat de manera directa 150 empreses. Calia un esforç massiu i s’han triat empreses que podien fer les faenes dins del termini i en la manera corresponent i tingueren mitjans. Parlem d’empreses que han tingut contractes en aquesta legislatura i l’anterior i que també han fet contractes per al Govern. Com s’ha fet en aquest procés, s’han prioritzat criteris de disponibilitat immediata, solvència i que busquen que les obres es puguen acabar íntegrament i que no desistisca una signatura a mitjan execució”.

A més de les ja esmentades, aquestes són algunes de les empreses que han participat en les tasques de reconstrucció com a adjudicatàries de contractes d’emergències:

La factura de los daños causados por la dana al patrimonio público de la Generalitat Valenciana se elevaba hasta el pasado mes de octubre a 642,6 millones de euros. Este es el montante de los contratos de emergencia adjudicados a dedo por el Gobierno de Mazón de los que hasta ahora se ha dado cuenta a la comisión de investigación de la dana en las Corts, según la documentación recabada por elDiario.es.

Con motivo de las inundaciones del 29 de octubre, la Generalitat activó los mecanismos previstos en la legislación vigente para dar respuesta inmediata a las necesidades urgentes derivadas de la catástrofe. Se aplicó así el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, regulador de la contratación de emergencia, que implica la posibilidad de adjudicar los contratos a dedo sin sacarlos a concurso público para agilizar los plazos.

Las obras se han adjudicado a un total de 150 empresas, muchas de ellas de prestigio y con un gran recorrido, alguna cuestionada por tener vinculaciones con miembros del gabinete de Mazón y otras, si bien con grandes capacidades técnicas, materiales y humanas para afrontar obras de gran calado en el corto plazo, con directivos condenados por corrupción en el pasado.

En este último grupo se encuadrarían Becsa (21,5 millones), CHM Obras e Infraestructuras (24,1 millones) y Tizor, de Grupo Cívica, vinculada al empresario alicantino Enrique Ortiz (1,7 millones). En total, 47,3 millones de euros en contratos adjudicados a dedo.

En el caso de Becsa, uno de sus accionistas, el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla, fue condenado en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a los comicios autonómicos y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental.

Los contratos que se le han adjudicado han sido por 10,2 millones de euros la redacción del proyecto y ejecución de las obras de emergencia DANA-2024 de rehabilitación de varios tramos de las carreteras CV-35, CV-42, CV-43, CV-50, CV-235, CV-245, CV-390, CV-355 y CV-515. Zona conservación Valencia Norte. Por 8,1 millones la redacción del proyecto y ejecución de las obras de emergencia DANA-2024 de rehabilitación de los puentes de la carretera CV-50 situados en los puntos kilométricos 74+000 y 76+200 término municipal de Cheste (Valencia). Y por 3,2 millones las obras para la reposición de elementos de seguridad y estudio y medidas para garantizar la estabilidad de la presa de Buseo en el término municipal de Chera (Valencia), con motivo de las lluvias torrenciales ocurridas el día 29 de octubre de 2024.

Por parte de CHM Obras e Infraestructuras, su presidente, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, asumió la misma pena (un año y nueve meses) en la causa por la financiación ilegal del PP valenciano. Las adjudicaciones a la mercantil han sido 11,5 millones para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de emergencia DANA-2024 de rehabilitación de la carretera CV-36 desde el punto kilométrico 8+000 hasta el punto kilométrico 10+000 y reparación del viaducto sobre el Barranco del Poyo en el punto kilométrico 8+640 en los términos municipales de Alaquàs, Aldaia y Torrent (València). Contrato de emergencia por valor de 6,4 millones para las obras de rehabilitación del puente ferroviario sobre el barranco del Poyo en Paiporta, junto con la inspección y medidas correctivas de las estructuras en el tramo Picanya-Castelló por el desbordamiento del Barranco del Poyo. Y un contrato por valor de 6,2 millones para las obras de reconstrucción de dos centros de la Generalitat en la localidad de Catarroja, en la comarca de l'Horta Sud.

La empresa alicantina Tizor Hormigones y Asfaltos SL, integrada en el Grupo Cívica, fue adjudicataria de la reconstrucción de infraestructuras afectadas por la dana en el municipio de Gestalgar, en la rivera del río Túria por 1,7 millones de euros, impuestos incluidos. La compañía y el holding empresarial pertenecen a la familia del empresario alicantino Enrique Ortiz, condenado tras confesar haber financiado ilegalmente al PP valenciano.

Por otra parte, la empresa STV Gestión SL, de la cual fue responsable de Relaciones Institucionales José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, se adjudicó 2,7 millones en uno de los primeros contratos de emergencia, para la limpieza de polígonos industriales afectados por la barrancada.

Varios de los propietarios de la empresa también son accionistas de la sociedad Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, adjudicataria de 3,2 millones de euros en un contrato de emergencia para obras en una depuradora.

La Generalitat defiende las contrataciones

Fuentes autonómicas consultadas por elDiario.es defienden al respecto que la contratación de emergencias llevada a cabo por la Generalitat en el marco de los trabajos para reconstruir infraestructuras dañadas o directamente arrasadas por la DANA sigue “escrupulosamente la normativa”. La contratación por emergencia “es una forma de contratación que se adapta a la actual situación donde no hay tiempo que perder y, por ello, no se presentan varios candidatos para realizar las obras, sino que se asigna de forma directa por parte de la Generalitat”, explican.

Según explican, “se ha buscado un reparto equitativo y que no fueran dos o tres empresas las únicas que asumieran las reparaciones”. De hecho, “en el caso de las carreteras de titularidad autonómica, de las siete obras más relevantes, ninguna firma repite”. Una situación muy similar tiene lugar “en las obras locales asumidas por la Generalitat ante la imposibilidad de realizarlas los ayuntamientos, como es el caso”.

Las mismas fuentes añaden: “Hablamos de que solo en los trabajos realizados por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Recuperación han trabajado de forma directa 150 empresas. Hacía falta un esfuerzo masivo y se han escogido empresas que podían realizar los trabajos en tiempo y forma y tuviesen medios. Hablamos de empresas que han tenido contratos en esta y la anterior legislatura y que también han realizado contratos para el Gobierno. Como se ha hecho en este proceso, se han priorizado criterios de disponibilidad inmediata solvencia y que buscan que las obras puedan ser finalizadas en su totalidad y que no desista una firma a mitad de ejecución”.

El 2025 ha sido un año que desde el punto de vista laboral en Navarra ha estado marcado por el cierre de la planta de BSH en Esquíroz, en la que trabajaban 660 personas. Con todo, la comunidad foral ha cerrado el año con buenas cifras de empleo: 5.405 afiliados más a la Seguridad Social que al cierre del 2024 y el número de parados más bajo desde el año 2007.

Navarra finalizó el 2025 con 315.741 afiliaciones, que según la afiliación media, son 5.405 personas afiliadas más que hace un año, lo que supone un crecimiento anual del empleo del 1,7%. Navarra cierra el año con balance positivo pese a que, en el mes de diciembre la afiliación media registró un descenso de 1.793 personas respecto a noviembre, un 0,56% menos. Desde el Gobierno navarro señalan que este último dato sigue la tendencia habitual del último mes del año en el que se registra una ralentización de actividades en diversos sectores clave en la comunidad Foral como la industria.

Respecto al paro registrado, en términos interanuales, el número de personas desempleadas ha bajado en 872, lo que representa un descenso del 2,9%. Al cierre del año se contabilizan 29.483 personas desempleadas, la cifra de paro de cierre anual más baja desde el 2007. Sin embargo, en diciembre el número de parados aumentó en 271 personas. “Es importante reseñar que diciembre suele ser un mes desfavorable para el empleo en Navarra, debido principalmente al descenso de la actividad en sectores como la industria y determinados servicios públicos por las vacaciones navideñas (desde 2007, únicamente en dos ocasiones, 2018 y 2023, se ha registrado un descenso del paro en este mes)”, apuntan desde el Ejecutivo foral.

Por sectores, el sector primario ha sido el único que ha mostrado un descenso en el número de parados con 14 personas desempleadas menos que en noviembre. La mayor subida se ha registrado en el sector industrial, con 152 personas paradas más. En segundo lugar, se encuentra la construcción, con un aumento del 2,8% (34 personas paradas más), seguido por el sector servicios con un incremento de 0,6% (127 personas más).

En cuanto a la contratación, en diciembre se han registrado 21.907 contratos, un 0,9% menos que en el mes anterior (207 contratos menos). En términos anuales se ha producido un incremento del 4,3% respecto al mes de diciembre de 2024 (913 contratos más). Por tipo de contrato, se han formalizado 3.771 contratos indefinidos y 18.136 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en noviembre, el 17,2% han sido indefinidos.

La decisión del juez de instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, de pedir “auxilio pericial” a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para investigar el supuesto delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada ha roto la estrategia procesal y política del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada, sin publicidad ni concurrencia competitiva, están siendo investigadas por dos juzgados andaluces: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia, en un tribunal de Sevilla; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, desde un tribunal de Cádiz.

El Ejecutivo de Moreno sólo está personado en esta segunda causa. Primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.

La instrucción de los contratos troceados se inició hace un año, pero el proceso parecía avanzar “a paso de tortuga”, lastrado también por el cambio de juez, informan fuentes del caso. En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, consideraban (y consideran) que “no hay caso”, que “todo lo que había que investigar ya se ha investigado”, y que a lo sumo se trata de irregularidades administrativas, nunca de la gravedad de malversación de fondos públicos ni prevaricación en el sistema de contratación.

El pasado 29 de septiembre, la abogada del SAS solicitó el “sobreseimiento de la causa, o subsidiariamente, el sobreseimiento” respecto a la imputación del director económico de la Central Provincial de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, “por no existir indicio alguno que justifique su condición de investigado”. El Gobierno de Moreno maniobró para dar carpetazo al caso nada más declarar el primer alto cargo imputado. Pero el magistrado, que también había escuchado a los interventores del SAS ratificarse en sus denuncias, rechazó el recurso y prorrogó la investigación seis meses más, hasta abril de 2026.

A finales de noviembre, la abogada del SAS hizo otro amago por frenar la instrucción y recurrió ante la Audiencia Provincial de Cádiz el auto del juez que acordó la prórroga. El abogado de Podemos, Gorka Ander Velle, solicitó la impugnación de dicho recurso, acusando a la Junta de estar cometiendo un “fraude procesal” en su personación en la causa. “Debería ser la especial interesada en investigar y esclarecer los supuestos denunciados, y no ejercitar una suerte de co-defensa de las personas investigadas”, reza su escrito de impugnación.

Ante las maniobras de las defensas por intentar el archivo del caso, las acusaciones populares -PSOE y Podemos- decidieron el pasado 26 de noviembre solicitar un “impulso procesal” para que el juzgado abriese el abanico de la investigación, solicitando más documentación, más informes y más testificales, dando un salto cualitativo importante a la instrucción.

El pasado 4 de diciembre, mientras Moreno y su Gobierno celebraban el Día de la Bandera de Andalucía, el juez Gómez dictó una providencia para recabar un informe de los peritos de la Intervención General del Estado, organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda, hoy dirigido por María Jesús Montero, a la sazón, líder del PSOE andaluz y rival de Moreno en las elecciones autonómicas de la próxima primavera.

Este salto sitúa el proceso de fiscalización interna de la Junta de Andalucía en manos de la Administración General del Estado, que se rige en estos casos por el principio del deber de colaboración con la justicia general. Pero la IGAE no puede solicitar documentación a la Junta, sólo puede examinar los expedientes que haya reclamado el juez del caso y que formen parte de la instrucción.

Cuando llega la petición del magistrado a la IGAE, ésta valora si lo que piden está dentro de su ámbito de acción o no. Si está entre sus competencias, la primera opción será designar a alguno de los interventores que trabajan en la unidad de auxilio judicial de la IGAE. Si están ya sobrecargados, se le planteará a otros interventores en función de la localización territorial de los juzgados, informan fuentes del Ministerio de Hacienda.

“Un paso más” en la instrucción

La Junta ha minimizado la importancia a esta decisión del juez. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado que es “un paso más” en la instrucción, y que su departamento “está dispuesto a ofrecer todas las explicaciones”. Pero en privado, fuentes del Ejecutivo andaluz no restan un ápice de preocupación y admiten que el juez acaba de “dilatar y sobredimensionar” una causa judicial que, hasta hoy, pensaban que se desvanecería tras las primeras pesquisas.

Fuentes del caso consultadas por este periódico explican que el magistrado ha pedido a los peritos del Ministerio de Hacienda un “escáner completo” de todos los contratos sanitarios troceados bajo sospecha firmados por el SAS en Cádiz durante el ejercicio 2021, de la normativa que se ha aplicado -“si existió o no la debida justificación”-, el presupuesto que se usó y los “precios” estipulados para la contratación a dedo de servicios y de la compra de bienes y suministros con empresas privadas, para compararlos con lo que habría costado usando la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva.

La entrada en escena de los peritos del Ministerio de Hacienda es, a priori, una mala noticia para el Gobierno de Moreno. Los partidos de izquierda en la oposición argumentan que el caso de los contratos a dedo del SAS es similar al fraude de los ERE, que se llevó por delante al Ejecutivo socialista.

El fondo de la cuestión no tiene nada que ver, pero el procedimiento de instrucción va dando los mismos pasos y la lectura política que hace hoy el PP, desde el Gobierno, es diametralmente opuesta a la que hizo hace 15 años, desde la oposición, sobre cada auto, cada informe y cada diligencia del caso ERE. La Intervención General del Estado también emitió un rotundo informe sobre aquella causa, en diciembre de 2013, con más de 8.000 folios, que vino a ratificar las principales denuncias de fraude contra la Junta, y que los populares, como acusación particular, consideraron “clave”.

La Intervención General del Estado, con más personal y más recursos, va a seguir ahora los pasos andados por los interventores del SAS, que ya alertaron en sus informes de un posible “fraude de ley” en el abuso de la figura del contrato menor, a través de un “fraccionamiento masivo e irregular” de contratos millonarios “con las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, eludiendo publicar nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia”.

Esas auditorías a posteriori de los contratos sanitarios -coincidentes en las ocho provincias- son la piedra angular de la investigación judicial en Cádiz, la única donde prosperó una denuncia de Podemos por un presunto delito de malversación. Los informes de los interventores del SAS se basan en la revisión de una muestra de expedientes de contratos menores, con un hallazgo de irregularidades en el 98% de los casos, que puso bajo sospecha la adjudicación a dedo de cientos de contratos encadenados por un montante global de 1.225 millones en toda Andalucía.

Cuando elDiario.es publicó dichos informes, el Gobierno andaluz trató de desacreditar las conclusiones de sus propios interventores, asegurando que la muestra era “insignificante” y “no representativa”. El mismo argumento usaron los abogados del SAS durante la instrucción, cuando solicitaron al juez el archivo de la causa.

El magistrado replicó entonces que la muestra con la que trabajan los interventores de la Junta está “estandarizada”, el número no es arbitrario y la extrapolación de las conclusiones sigue los mismos parámetros en toda la Unión Europea, y sus conclusiones se consideran “significativas”.

En todo caso, en esta fase temprana de la instrucción, el juez ha considerado que los indicios delictivos son lo suficientemente significativos como para pedir a los peritos de la Intervención del Estado que examine “todos los contratos objeto de la investigación, incluidas las adendas, prórrogas y modificaciones, a los efectos de constatar y pronunciarse en relación a las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención de la Junta”.

Los auditores del SAS analizaron “una muestra”, y el objeto de la nueva pericia consistirá en “un análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud”.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros (el máximo legal que estipula la ley para la contratación menor), aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los interventores del SAS en las ocho provincias coincidieron en sus informes “desfavorables” y con “carácter definitivo”, tumbando las alegaciones de la Junta para defender los contratos troceados: “Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año”, en contra de lo dispuesto en la ley, y “sin los informes y autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente, coinciden los cuatro documentos.

En los ejercicios posteriores -2022 y 2023-, el SAS no modificó el modus operandi y los auditores amenazaron con elevar un “informe de actuación” a la Consejería de Hacienda –una suerte de código rojo cuando se aprecian indicios delictivos– si “en el plazo de seis meses” no se habían cumplido las recomendaciones planteadas en las auditorías de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén para corregir las irregularidades. “La inobservancia en el plazo de seis meses de las recomendaciones que se consideren en este informe como de especial relevancia podrán dar lugar a la emisión de un informe de actuación”, concluyen todas las auditorías.

El juez que investiga si hubo un delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz ha dado un salto de pértiga en la instrucción al reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice todos los expedientes de gasto bajo sospecha y elabore informes sobre la justificación de los contratos, los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial”.

En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez de instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, admite la solicitud del PSOE (acusación popular), que pidió la participación de los intereventores del Estado en una causa que salpica directamente al Gobierno de Juan Manuel Moreno, personado como responsable civil subsidiario.

El objeto pericial consiste en “un análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud”, es decir, la Intervención General del Estado revisará los contratos troceados y los informes “desfavorables” que elaboraron los auditores del SAS (a partir de una muestra aleatoria de expedientes), que dieron pie a la apertura de diligencias.

Dos juzgados andaluces investigan en la actualidad la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, en el SAS: un juez de Sevilla ha imputado a los tres últimos gerentes de la sanidad andaluza por supuesta prevaricación por el abuso de los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.

La otra causa, la de Cádiz, investiga un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en esta provincia durante el ejercicio 2021. Aquí está imputado el responsable de compras del SAS en Cádiz, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

El pasado octubre, el juez de Cádiz rechazó el recurso interpuesto por los abogados del SAS para archivar la investigación y decidió prorrogarla otros seis meses. Ahora, el magistrado pide a la Intervención General del Estado que le remita una serie de informes periciales sobre el enorme volumen de contratación fraccionada bajo sospecha, para testar su “legitimidad” y hacer un diagnóstico “técnico” sobre el procedimiento administrativo elegido por el SAS.

De los “informes técnicos” solicitados, destaca la “determinación del daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial, a partir del análisis de las consecuencias de la presencia, o ausencia, en los expedientes analizados, de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia”.

El magistrado también reclama a los interventores del Estado que revisen “los precios” resultantes de la contratación fragmentada y que haga una “evaluación de contraste” con el coste que habría supuesto con “los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público y mediando publicidad y concurrencia en la contratación”. El objetivo de este paso en la instrucción es también determinar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”.

Los interventores del Estado también deberán analizar las fuentes presupuestarias con las que se financiaron los importes de la contratación investigada -analizando las fases de autorización y aprobación del gasto público- y su “acomodo a la normativa”.

La decisión del juez de apoyarse en el máximo órgano de fiscalización interna del Estado tiene una lectura política clara: el PSOE, como parte acusatoria, reclamaba al magistrado que diera este paso por dos razones: la primera es que el ingente volumen de la documentación investigada (contratos, informes, normativa...) desborda la propia instrucción y la capacidad del juzgado para avanzar en las pesquisas a un ritmo razonable. La Intervención General del Estado tiene más personal y recursos para auxiliar en esta causa.

Y la segunda es el deseo, indisimulado, de que los observadores que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez apuntalen los informes de los propios auditores del SAS, que denunciaron las “irregularidades” en la contratación fraccionada. El PSOE también solicitó la participación de la Intervención General del Estado en la causa de los contratos de emergencia, que instruye un juez de Sevilla, pero éste de momento no ha recurrido al “auxilio pericial”.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros (el máximo legal que estipula la ley para la contratación menor), aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los auditores denunciaron un “abuso” de la figura del contrato menor en el SAS, que se repetía en todas las provincias andaluzas, y que motivaron la apertura de una investigación interna ordenada por la Intervención General de la Junta de Andalucía. El contrato menor es una figura que recoge la ley para servicios, bienes y prestaciones en situaciones de urgente necesidad, pero los interventores atestiguaron que el SAS encadenada cientos de contratos menores con la misma empresa para pagar el mismo servicio, lo cual “vulnera” la Ley de Contratos del Sector Público.

El juez José Antonio Gómez, que investiga las irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2021 y 2024, ha citado a declarar como testigo a un miembro del Gobierno de Juan Manuel Moreno, la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, responsable de la cartera de Salud durante los años que se investigan, y al ex número dos de la Consejería de Hacienda, Roberto Ochoa, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Durante el interrogatorio a los primeros testigos de la causa, hace dos semanas, García fue señalada por la exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, como la persona que decidió retirar el control previo a los contratos de emergencia del SAS, aunque esto no formaba parte de la propuesta que ella misma había elevado por escrito a la Consejería de Hacienda, ni venía avalado por un informe preceptivo.

La exinterventora, y actual viceconsejera de Hacienda, le explicó al juez que la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente (auditorías a posteriori) se adoptó, de manera informal, en una reunión del consejillo previa al Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que formalizó dicho acuerdo.

El llamado consejillo es el foro de todos los viceconsejeros del Ejecutivo andaluz, presidido por el número dos de Presidencia -que entonces era Antonio Sanz, hoy responsable de Sanidad-, que decide el orden del día de leyes, proyectos y acuerdos que son elevados al Consejo de Gobierno para su aprobación al día siguiente.

Según el testimonio de Martínez, en aquella reunión la entonces número dos de Salud, Catalina García, le pidió a su homólogo de Hacienda, Roberto Ochoa, que incluyese los contratos del SAS con la sanidad privada en la propuesta de gastos y servicios que podían prescindir del control previo, para así agilizar la tramitación de los mismos, adjudicándose a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para ser auditados a posteriori.

Esos contratos no estaban en el listado de gastos que la Intervención General de la Junta había solicitado, en una memoria escrita redactada una semana antes, aunque desde el Gobierno de Moreno aseguran que Martínez aseguró en sede judicial que no se adoptó esta medida a sus espaldas, que Salud le consultó y ella consintió.

El problema es que, una semana después testificó como imputado el primero de los tres gerentes del SAS imputados por prevaricación, Miguel Ángel Guzmán, que al ser preguntado por esta versión, la desmintió rotundamente. Guzmán aseguró que ni él ni nadie de su equipo fue consultado para sustituir el control previo por la fiscalización a posteriori, subrayó que esa decisión no está entre las competencias de un gestor, y que, en todo caso, él fue el “sufridor” de aquel acuerdo, que posteriormente daría lugar a todos los informes de los interventores cuestionando la contratación a dedo dos años después de que se derogase el marco legal de la pandemia.

Para resolver esa discrepancia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que tomase declaración a los aludidos, esto es, a Catalina García y Roberto Ochoa que, siendo viceconsejeros de Salud y Hacienda respectivamente, habrían decidido retirar el control previo a los contratos sanitarios. El magistrado ha dictado este viernes una providencia en la que cita en el juzgado a la hoy consejera de Medio Ambiente y al ex número dos de Hacienda el mismo día, 20 de enero, de manera consecutiva: Ochoa a las 12.25 horas y García a las 12.45 horas.

La Justicia investiga un supuesto delito de prevaricación en la contratación de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, por un montante de 242,3 millones de euros, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, han declarado como imputados ante el juez, después de que cinco altos cargos de la Junta declarasen como testigos, entre ellos la exinterventora general y el director general económico del SAS, José Antonio Miranda, que autorizó el sistema de contratación a dedo durante cinco años.

Los gerentes, según la declaración de Guzmán, decidieron obviar la instrucción de la Consejería de Hacienda, de mayo de 2021, advirtiendo de que el Real Decreto del Gobierno que facilitaba la contratación de emergencia estaba “plenamente derogado”, que las adjudicaciones a dedo por la vía de urgencia debían tener carácter “residual”, y las administraciones debían volver a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva.

Guzmán explicó que no se sintieron “concernidos” por esa instrucción de Hacienda, ni tampoco por los sucesivos informes de los interventores, realizados a posteriori, en los que alertaron una y otra vez de que el sistema de contratación de emergencia en 2021, 2022 y 2023 no tenía cobertura legal.

Los primeros testigos e imputados citados por el juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas han aportado declaraciones contradictorias.

La más llamativa es el choque entre los máximos responsables de la Consejería de Salud, que adjudicaron a dedo los contratos bajo sospecha, y la principal responsable de la Intervención General de la Junta, que debía fiscalizar esas adjudicaciones. Sus versiones no concuerdan.

La exinterventora general Amelia Martínez, que hoy es viceconsejera de Hacienda, explicó al juez que la decisión de sustituir la fiscalización previa por el control financiero permanente (a posteriori) para los contratos de emergencia del SAS se decidió en la reunión de viceconsejeros que tuvo lugar un día antes del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, donde se aprobó la medida.

Ese acuerdo no está sustentado por un informe de la Intervención ni se desprende de la memoria que redactó una semana antes la propia Martínez, con una lista de los gastos y servicios de la Junta que podían prescindir del control previo, donde no aparecían los contratos del SAS.

La hoy número dos de Hacienda le dijo al juez que aquella decisión partió de Catalina García, entonces viceconsejera de Salud, luego ascendida a consejera del ramo y actualmente al frente del departamento de Medio Ambiente. Según su versión, García le pidió a su homólogo en la Consejería de Hacienda, Roberto Ochoa, que colase en el acuerdo del Consejo de Gobierno los contratos de emergencia, para así agilizar la tramitaciíon de pacientes derivados a la sanidad privada y descargar la presión asistencial en los hospitales públicos.

Una semana después de esa declaración, la persona que ocupaba la dirección gerente del SAS en ese momento, Miguel Ángel Guzmán, desmintió ante el juez el relato de la exinterventora. Guzmán, que está imputado por prevaricación en la adjudicación a dedo de 242,3 millones de euros a clínicas privadas, aseguró que ni él ni nadie de su equipo fue consultado sobre la necesidad de cambiar el sistema de fiscalización de los contratos de emergencia.

Fue a preguntas de los fiscales, cuando el primero de los tres gerentes del SAS que declaró como investigado aclaró que no está entre las competencias de los gestores el decidir cómo se fiscalizan los gastos de su departamento. Y añadio: “Yo fui un sufridor” de ese acuerdo, que posteriormente aparecería en todos los informes “desfavorables” de los interventores del SAS, acusando a la dirección gerente de “abusar” de la contratación de emergencia, con prórrogas y contínuas adendas de ampliación de gasto entre 2021 y 2024, cuando “la pandemia estaba ya muy atemperada”.

Para aclarar esta disonancia de versiones, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Antonio Gómez que llame a declarar como testigos a García y a Ochoa, la primera por haber sido señalada como autora intelectual de retirar los controles previos a los contratos sanitarios, y el segundo por formalizar esa decisión en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020.

La petición de los fiscales, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, debe resolverla ahora el magistrado, tras la primera ronda de declaraciones, que ha permitido escuchar a dos interventoras de la Junta ratificándose en los informes que censuraron los contratos de emergencia; la exinterventora general y dos altos cargos de la plataforma de compras del SAS, entre ellos, el director económico, José Antonio Miranda, que firmó las alegaciones a todas las auditorías que cuestionaban los contratos, siendo desestimadas todas ellas.

También han declarado los tres gerentes del SAS que están imputados por prevaricación: la persona que ocupa el cargo ahora, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Los tres, que sólo respondieron a preguntas del juez, de los fiscales y de su abogado, coincidieron en justificar los contratos a dedo en el colapso sanitario que provocó la pandemia de coronavirus.

El juez preguntó a Guzmán por qué no se volvió a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, cuando lo ordenó la Consejería de Hacienda, a través de una instrucción de mayo de 2021, y éste respondió que “no se sintió concernido” por esa orden, porque los técnicos del SAS le decían que la situación sanitaria seguía siendo extrema. Vargas, además, aseguró que cada mañana “se desayunaba” los partes diarios con el número de muertos e infectados por la Covid-19. “Todavía tengo pesadillas”, dijo.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat ha sancionado con un millón de euros a la empresa Extreme Works UAB, una de las subcontratas en las obras del Camp Nou, por tener 79 trabajadores de origen turco sin papeles, según ha avanzado El Periódico.

La sanción, impuesta a una subcontrata de la constructora Limak, encargada de las obras del estadio, es resultado de una denuncia que CCOO interpuso en septiembre ante la presencia de trabajadores en situación irregular.

El sindicato se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar las prácticas de la empresa, que ha estado despidiendo a trabajadores a medida que se ha ido cumpliendo el calendario de las obras. Algunos despidos, además, se han dado justo después de que los trabajadores realizaran protestas para denunciar su situación, tal como explicó elDiario.es.

En la concentración de la semana pasada, el responsable de la federación Hàbitat de CCOO, Carlos del Barrio, aseguró que los despidos se producen “sin ningún tipo de garantía ni derechos”.

Según explica la empresa, los operarios son reclutados en origen y desplazados “temporalmente” a España “de acuerdo con los acuerdos internacionales aplicables”. Pero desde el sindicato niegan la mayor y aseguran que muchos de los operarios tienen permisos de residencia de otros países de la UE y, en algunos casos, ya caducados.

Por tanto, ninguno de los operarios cuenta con un contrato: la contratación y, por ende, el despido han sido verbales. “No hay ningún documento que acredite nada”, lamentan desde el sindicato. A consecuencia, nadie ha cotizado durante su estancia en Barcelona y tampoco tendrán derecho a indemnización.

Con todo, la compañía requiere a los operarios que regresen a Turquía “lo antes posible” porque “su periodo de desplazamiento internacional ha finalizado”. Así, sostienen que cobrarán lo que se les debe una vez regresen, pero desde CCOO alertan que eso no sucederá.

“Es una manera de asfixiarles económicamente. Les pagarán el sueldo, pero no todas las horas que han hecho y mucho menos una indemnización”, apunta del Barrio. Según apunta el sindicato, los operarios han trabajado una media de 12 horas al día, 7 días a la semana por unos 2.000 euros al mes. “Eso, sin cotizar, es prácticamente lo mismo que el Salario Mínimo”, concretan.

El sindicato se plantea ahora denunciar a la empresa y, paralelamente, intentar una regularización extraordinaria de los trabajadores. Esto último lo trabajarán con el Gobierno, en base a una puerta que abre la ley de Extranjería según la cual se tramitará un permiso de trabajo y residencia de un año para aquellas personas que denuncien a sus empleadores tras haber estado trabajando de manera ilegal durante más de seis meses. 

Las presuntas irregularidades contractuales en la Junta Municipal de Hortaleza, liderada por el concejal David Pérez, han desatado diversas reacciones entre la oposición, el propio equipo de Gobierno municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida y el tejido social del distrito. Entre duras críticas, defensas cerradas o peticiones de dimisión, los procedimientos han dado pie ya a denuncias y requerimientos administrativos dirigidos al Ayuntamiento de Madrid.

La más importante hasta la fecha es la denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, presentada en la mañana del martes por el letrado Javier Flores a raíz de la última información al respecto publicada por Somos Madrid: la Junta de Hortaleza organizó y publicitó actos en el auditorio Pilar García Peña, pese a que quedó desierto el contrato para su asistencia técnica. Este incluye desde la disposición de equipos de música al control del aforo, y la Junta Municipal tampoco cerró contratos menores para cubrir estas tareas. “¿Cómo han contratado y pagado al personal de seguridad de esos eventos?”, se preguntan fuentes próximas al organismo distrital.

Flores formula denuncia “por la posible existencia de irregularidades graves en materia de contratación pública, ejecución contractual, utilización de fondos públicos y fraccionamiento o elusión de procedimientos”. Según expone, “todo ello encajaría, en su caso, en malas prácticas administrativas, infracciones graves de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y podría constituir supuestos de desviación de poder, prevaricación administrativa o malversación en su modalidad de administración desleal, sin perjuicio de lo que se determine tras la investigación interna”.

Este letrado ha elevado asimismo dos solicitudes de revisión al Consistorio, por la contratación de la cabalgata de Reyes de Sanchinarro de 2024 y por la adjudiación de una ayuda de 3.100 euros a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio en las Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2024. En el primer caso, la Junta de Hortaleza aprobó una adjudicación de 10.000 euros a una empresa no inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece), pese a que los pliegos exigían esta condición y al voto en contra de la interventora delegada del distrito. En cuanto al segundo asunto, Pérez rubricó la concesión de 3.100 euros a una asociación afín al edil a pesar de que la entidad había incumplido las bases, ya que presupuestó su proyecto primero en 12.000 euros y luego en 8.000 cuando el límite establecido en la convocatoria era de 6.000.

Las primeras denuncian exigen la nulidad de los procedimientos y “la depuración de responsabilidades”

En ambos escritos, el abogado exige que “se declare la nulidad de pleno derecho” y “la depuración de responsabilidades administrativas o de control interno que pudieran derivarse”. En el caso de la ayuda a la asociación vecinal, recuerda “la obligación de reintegrar la totalidad de los fondos indebidamente percibidos por la entidad beneficiaria”. En declaraciones a este periódico, Flores describe “un patrón general de irregularidades y actuaciones arbitrarias que exceden el hecho aislado”. “La respuesta del Ayuntamiento, lejos de examinarlo o investigarlo, es un desafío a denunciar. Por eso lo hacemos, queremos dar una oportunidad para que revise la actitud y los procedimientos del concejal”, dice.

Referencia así a la primera respuesta del alcalde, que la semana pasada reaccionó a la primera información (la contratación de la cabalgata) con estas palabras: “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que se no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”. Es lo que ahora hace el jurista, para que “desde el Ayuntamiento examinen que todos los actos se ajustan a derecho o, como pensamos, incurren irregularidades”.

La notoriedad de ambos recursos es especialmente relevante dada la implicación de Flores Vaquerizo en algunos de los principales conflictos y reveses judiciales que el equipo de Almeida ha sufrido en los últimos tiempos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concedió al letrado varias rectificaciones a los cambios que Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid introdujeron en el Plan General de Ordenación Urabana (PGOU). Entre ellas, el veto a los cantones municipales de limpieza en zonas verdes, a que los partidos políticos sean homologados a la administración para disfrutar de ventajas como colocar sus sedes en parcelas con ese uso o a reducir las regulaciones de habitabilidad para la transformación de locales a vivienda (de forma que las ventanas pudiesen dar a un patio con dimensiones menores a las que recoge la normativa).

Flores adelanta además futuros acontecimientos en caso de que los requerimientos no prosperen en el seno del Ejecutivo municipal: “Si admiten los dos recursos y la denuncia, deberían dar lugar a nulidades y depurar responsabilidades. Tanto si los inadmiten como si concluyen que todo está bien, estaríamos dispuestos muy probablemente a escalarlo para examinar los modos de contratación de la Junta en la Justicia. Si no conseguimos la anulación en el trámite administrativo, estudiaremos el posible alcance penal”.

El letrado pone el acento en los actos del auditorio, celebrados después de que el lote para su cobertura técnica quedara desierto sin que la Junta tampoco emprendiera contratos menores para los eventos del recinto, y explica por qué en esta cuestión acude directamente a la Oficina antifraude: “Lo envío directamente a anticorrupción porque puede haber temas penales. No se puede hacer una contratación a dedo y sin el oportuno procedimiento, debe haber aunque sea un contrato menor, aquí al parecer no hay nada”. Lamenta por último que “en Hortaleza se han normalizado este tipo de actuaciones”.

Entidades de Hortaleza piden la dimisión o el cese del “peor concejal de la corporación municipal”

A la par que la vía legal, la contestación social crece en el distrito. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza reclama en un comunicado la dimisión de David Pérez, por “irregularidades en la adjudicación tanto de contratos públicos como de subvenciones”. En el escrito apelan además a la intervención de Almeida: “No puede seguir como concejal una persona que incumple la normativa municipal a su antojo de forma constante. Si no dimite, debería ser el alcalde el encargado de cesarle por su nefasta gestión al frente del distrito”. Este organismo, que agrupa a una treintena de asociaciones del distrito, califica al excalcalde de Alcorcón como “el peor concejal de la historia de Hortaleza y el peor de los que forman actualmente la corporación municipal”.

La Coordinadora señala en el escrito, previo a las informaciones sobre el auditorio publicadas por este periódico, las anomalías detectadas en la adjudicación de la cabalgata de 2024 y en la concesión de la ayuda a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio. “En esa ocasión, el concejal castigó a otras asociaciones críticas con su gestión, una constante en su acoso y maltrato sistemático a los colectivos que nos denomina, de forma sectaria, como de extrema izquierda”, añade el documento remitdo a los medios de comunicación.

No puede seguir como concejal una persona que incumple la normativa municipal a su antojo de forma constante. Si no dimite, debería ser el alcalde el encargado de cesarle por su nefasta gestión al frente del distrito

Entre esas agrupaciones vecinales hay varias con una labor “histórica” en el barrio, como las de los barrios de Villa Rosa, Manoteras o San Lorenzo, junto diversas entidades sociales y culturales. En su comunicado, la Coordinadora califica como “nefasta” la gestión de David Pérez desde que llegó al distrito en 2023, procedente del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (donde fue consejero primero de Vivienda y después de Transportes). “Desde entonces ha mostrado una obsesión por torpedear la participación ciudadana y prohibir iniciativas del movimiento vecinal”, sostienen.

“En apenas dos años, David Pérez se ha ganado el apelativo de concejal aguafiestas por impedir la celebración de festejos populares, festivales de música gratuitos y eventos en la calle promovidos por el vecindario. También ha impuesto multas y una ley seca en algunas fiestas de forma arbitraria y discrecional. Del mismo modo, ha expulsado a las asociaciones vecinales del recinto ferial del distrito, entre ellas a Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, que llevaba más de 30 años participando en las fiestas”, denuncia la Coordinadora.

Las entidades de Hortaleza también señalan que el concejal del PP ha cerrado el centro municipal de Participación Ciudadana o desmantelado un exitoso proyecto de compostaje comunitario por su “fanatismo”. “David Pérez lleva toda la vida viviendo de los cargos públicos, pero en Hortaleza está demostrando que no cree en lo público y gobierna de forma autoritaria atacando al vecindario, haciendo un uso constante de la mentira y retorciendo la normativa, cuando no la incumple directamente”.

En ese sentido, la Coordinadora advierte también de la “purga” de funcionarios en la Junta Municipal de Hortaleza por “motivos ideológicos”, que algunos afectados están llevando a los tribunales: “Un trabajo que David Pérez encomienda a su coordinador, Miguel Ángel López del Pozo, un político camuflado que ha generado un ambiente irrespirable en la Junta Municipal, como denuncia la plantilla”. “Nada de lo que está haciendo David Pérez figuraba en el programa del Partido Popular y nuestras críticas son compartidas por muchos de sus votantes en el distrito, también por representantes del partido en Hortaleza”, asegura la Coordinadora, que lamenta la actitud “cómplice y protectora” del alcalde de Madrid.

El Ayuntamiento mantiene el respaldo al “gran trabajo” de Pérez frente a la “estupefacción” en Más Madrid

La pasada semana, Almeida recalcó el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza. “Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal. Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”, opina el regidor. “No hay irregularidades y entendemos que la actuación es correcta. Ningún funcionario ha puesto ningún reparo”, declaró la vicealcaldesa Inmaculada Sanz en declaraciones a los medios de comunicación el pasado jueves, en respuesta a las preguntas de este periódico acerca de las dos adjudicaciones cuestionadas que se conocían entonces.

Frente a ese cierre de filas del equipo de Gobierno, el portavoz en funciones de Más Madrid en Cibeles, Eduardo Rubiño, ha manifestado la “estupefacción” de su partido ante “los sucesivos escándalos que siguen rodeando a David Pérez”. Habla de “contratos adjudicados contra los pliegos, reparto caprichoso a determinadas entidades consideradas amigas frente al desprecio al tejido social y un concejal que considera que el distrito es su cortijo”. Por ello, volvió a solicitar a Almeida que su edil “sea cesado por las informaciones conocidas y el desprecio a los asociaciones del distrito”.

Los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), imputados por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia suscritos con clínicas privadas entre 2021 y 2024, han admitido este martes ante el juez que prorrogaron esos contratos, ampliando el presupuesto inicial de 70 millones a 242.3 millones de euros, porque cuando la Consejería de Hacienda les advirtió, por escrito, de que debían suspender las adjudicaciones a dedo y volver a la contratación ordinaria “no se sintieron concernidos” por esa orden.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán [noviembre de 2019 - julio de 2022] y Diego Vargas [que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023], están imputados en una causa judicial que salpica de lleno al Gobierno de Juan Manuel Moreno; y que trata de esclarecer por qué la Junta prorrogó casi tres años la contratación de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó al inicio de la pandemia cuando ya estaba derogado.

La justificación que han dado es que la pandemia seguía haciendo estragos en el sistema sanitario andaluz en 2021, 2022 y 2023 y, en consecuencia, decidieron ignorar una orden expresa de Hacienda y (más tarde) una docena de informes de los interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que aquellos contratos no tenían cobertura legal.

Los tres gerentes están representados por el mismo abogado, de modo que su estrategia de defensa es la misma: sólo han respondido a las preguntas del juez, de los fiscales y de sus representantes legales (no de la acusación) y sus declaraciones han sido muy similares.

Guzmán, Vargas y García, por orden de antigüedad en el cargo, han testificado aferrándose al mismo relato: que adjudicaron todos esos contratos a dedo a clínicas privadas y firmaron las prórrogas y las adendas con sucesivas ampliaciones de gasto por la situación crítica que vivía la población andaluza como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Por un “problema extremo de salud pública”, por la “incertidumbre respecto a la evolución del virus”, por el colapso del sistema sanitario sometido a “una presión asistencial inédita” y porque, cada día, recibían los partes con el número de muertes e infectados, que aún hoy les quitan el sueño. “Me desayunaba todas las mañanas con docenas de muertos. Todavía tengo pesadillas”, ha asegurado Vargas, según fuentes presentes.

Desde el Gobierno andaluz muestran “plena satisfacción” con las declaraciones de los tres imputados. “La acusación del PSOE se está desmoronando poco a poco y está quedando acreditada la plena legalidad de los procedimientos”, aseguran.

En un momento del interrogatorio, el juez ha preguntado directamente a los ex gerentes del SAS por qué no volvieron a la contratación ordinaria cuando lo más grave de la pandemia había pasado y la capacidad de respuesta de las administraciones era más previsible. El magistrado les ha recordado que Hacienda dio una orden expresa, el 18 de junio de 2021, para que todos los departamentos del Gobierno andaluz dejaran de contratar por la vía de emergencia.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, los gerentes del SAS entendieron que aquella orden “no les concernía” a ellos, de modo que ignoraron la instrucción de Hacienda y siguieron prorrogando los contratos a dedo, al menos, hasta mayo de 2023, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin oficial de la pandemia.

En realidad, el anuncio se hizo un poco antes, aunque no se ejecutara. Este periódico destapó los contratos a dedo bajo sospecha el 12 de marzo de 2023: el SAS llevaba dos años firmando adjudicaciones a dedo a clínicas privadas para derivar a miles de pacientes en lista de espera amparándose en un decreto derogado.

Al poco de publicarse la noticia, la Intervención de la Junta elevó un escrito a la Consejería de Hacienda informando de que ya estaba investigando este asunto y, 24 horas después de la publicación, el Gobierno de Moreno anunció la cancelación de los contratos para el 30 de junio de ese año, cuando expiraban las últimas adjudicaciones (aunque luego volvieron a firmar adendas hasta principios de 2024, ya con una nueva gerente y con la investigación judicial abierta).

Durante el interrogatorio de este martes, los tres gerentes del SAS tampoco han dado detalles de por qué no suspendieron los contratos a dedo tras ser alertados por los primeros informes “desfavorables” de los interventores del SAS, las auditorías realizadas a posteriori correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, advirtiéndoles de que el procedimiento no se ajustaba a la ley y estaba provocando “irregularidades”.

El aviso por escrito de Juan Bravo

El 18 de junio de 2021, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda, entonces pilotada por Juan Bravo (hoy vicesecretario general del PP) envió una instrucción escrita a todas las consejerías -incluida Saluld- advirtiéndoles de que el artículo 16 del Real Decreto 7/2020 (que habilitaba a las comunidades a saltarse los controles ordinarios de contratación para combatir la pandemia) estaba “plenamente derogado”.

Bravo les recordaba -ya lo había hecho el Gobierno central- que la justificación del coronavirus ya no era motivo suficiente para usar regularmente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. Pese a ello, el SAS siguió adjudicando decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles.

La decisión de obviar esa orden reapareció años después en los informes que elevaron los interventores del SAS, que son la base fundamental de la causa judicial en la que están imputados los tres gerentes por un supuesto delito de prevaricación. La dirección gerente del SAS ya presentó alegaciones a las advertencias de aquellos informes para tratar de justificar la amplicación de los contratos a dedo hasta 2024, pero fueron desestimadas.

La Intervención acusó a la dirección gerente del SAS de “abuso” en la adjudicación a dedo “cuando la pandemia ya estaba muy atemperada” y concluyó que esos contratos de emergencia carecían de anclaje legal, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

Pese a todo, Guzmán, Vargas y García no se han movido un milímetro del guión que llevaban. Los tres han defendido todas sus actuaciones amparándose en la grave situación de excepción que provocó la pandemia, con un relato más personal y emocional que técnico, y sin que el juez ni los fiscales hurgasen demasiado en las contradicciones entre sus explicaciones y los informes de la Intervención.

Contradicciones entre la versión de Salud y la de Hacienda

Lo que sí ha roto el guión han sido las respuestas del primer gerente del SAS -hoy director médico de la multinacional de la sanidad privada ASISA en Andalucía- a las preguntas de los fiscales. Estos le han preguntado por el testimonio que dio, hace justo una semana, la exinterventora general de la Junta, Amelia Martínez, sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 que retiró los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por una fiscalización permanente (auditorías a posteriori).

Guzmán ha desmentido a la hoy vicenconsejera de Hacienda que, ante el juez, admitió que aquella decisión no estuvo avalada por ningún informe preceptivo y no forma parte de su memoria, en la que proponía sustituir el sistema de fiscalización para determinados gastos y servicios de la Junta, pero no a los contratos a dedo del SAS.

Martínez aseguró en sede judicial que aquello fue una decisión “informal” que se adoptó en la reunion del consejillo, el foro que reúne a todos los viceconsejeros de la Junta para preparar el orden del día con las medidas que aprobará el Consejo de Gobierno al día siguiente. El consejillo está presidido por el número dos de Presidencia, que en octubre de 2020 era Antonio Sanz, hoy ascendido a consejero de la Presidencia y, desde hace algo más de un mes, titular de la cartera de Sanidad.

Según la versión que dio la exinterventora Amelia Martínez, la sustitución de los controles previos por la fiscalización posterior fue una petición de la viceconsejera de Salud, Catalina García [luego titular de la cartera y hoy consejera de Medio Ambiente] a su homólogo de Hacienda, Roberto Ochoa, para que, aprovechando la propuesta de la Intervención General para ampliar la relación de gastos y servicios exentos de control previo, se añadiera otro relativo a los contratos del SAS.

En el juzgado no se ha presentado ningún documento oficial que acredite esto, pero Martínez aseguró ante el juez que Salud le había consultado y ella había consentido, de manera verbal. Este martes, Guzmán -que en ese momento era gerente del SAS- ha asegurado en sede judicial que eso no ocurrió así.

“A mí ni a nadie de mi equipo en el SAS se nos pidió opinión sobre este acuerdo”, ha respondido al fiscal, desvinculándose de la decisión que Martínez imputa a la Consejería de Salud. Según el exgerente, esto “no compete al ámbito de un gestor del SAS” y él fue el “sufridor” de una decisión que adoptó el departamento de Hacienda, donde está adscrita la Intervención.

El relato de Guzmán es diametralmente opuesto al de la hoy viceconsejera de Hacienda. El ex gerente del SAS asegura que fue el propio equipo de interventores de Martínez el que presionó para cambiar el sistema de fiscalización a posteriori, porque el volumen de trabajo que tenían con los controles previos era imposible de gestionar.

A partir de estas discrepancias, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar como testigos a los aludidos, es decir, la consejera de Medio Ambiente en el Gobierno de Moreno, que entonces formó parte de aquel consejillo como número dos de Salud; y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, que ya está desvinculado del Ejecutivo, según ha adelantado la Cadena Ser.