El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha pedido al Congreso el permiso necesario para procesar por prevaricación al diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por los contratos a dedo que adjudicó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

En un auto, el instructor recoge que ha apreciado “elementos bastantes” para considerar que Alonso, como alcalde de Altafulla, abusó de la figura de los contratos a dedo para beneficiar a una consultora afín a su partido. La Fiscalía había apoyado la petición de suplicatorio, mientras que la defensa del político se había opuesto.

El magistrado indica que en la etapa como alcalde de Alonso, entre 2011 y 2019, el Ayuntamiento de Altafulla “recurrió a la figura del contrato menor sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”. Las contrataciones investigadas suman 30.000 euros.

La resolución no acoge la tesis de defensa de Alonso, que en su declaración voluntaria ante el Supremo negó que hubiera criterios políticos para adjudicar al despacho del exconseller de ICV Salvador Milà varios contratos municipales en materia de Urbanismo, sino que se debió a la falta de personal del consistorio.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso optó por hacer un contrato menor para estos servicios. Para su defensa, el consistorio no necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar.

Por el contrario, el juez considera que hubo un “uso indebido” de la prórroga y del contrato menor “con la voluntad” de Alonso “de introducir empresas con vinculación política” y necesidades recurrentes del consistorio que debían vehicularse a través de un concurso.

Como marca la ley, antes de proceder penalmente y procesar al diputado, el juez tiene que pedir el suplicatorio al Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para enviarlo, previo refrendo de los magistrados.

Mägo de Oz puede presumir de ser el grupo que abrió de par en par las puertas del heavy metal español a las audiencias masivas y el gran público. La banda madrileña que mezcla violines y guitarras lleva casi cuatro décadas sobre los escenarios, aunque con una formación muy distinta con la que arrancó su historia. Varias sentencias judiciales revelan cómo los fundadores y actuales líderes del grupo, el batería Txus y el violinista Moha, han sido condenados a pagar 33.000 euros a los antiguos guitarristas de la banda, Carlitos y Frank, tal y como habían pactado tras su salida del grupo. Los documentos de la demanda muestran el cruce de acusaciones entre antiguos compañeros y cómo los propios líderes de la banda descartan que la formación original vuelva a reunirse.

Contactados por elDiario.es, ni Frank ni Carlitos han querido hacer comentarios sobre la sentencia o la separación del grupo. Los actuales miembros de la banda tampoco han contestado al correo enviado por este periódico antes de la publicación del reportaje.

Jesús María Hernández (Txus) y Carlos Prieto (Moha) fundaron el grupo Mägo de Oz en mayo de 1989 en el barrio madrileño de Begoña. Amigos desde la adolescencia, los primeros ensayos en un local de una asociación vecinal de Fuencarral dieron paso a un primer disco homónimo publicado en 1994. Un lanzamiento en el que Juan Carlos Marín (Carlitos) ya participó como guitarrista tras estrenarse dos años antes en un concierto en Sevilla. Francisco Javier Gómez de la Serna (Frank) se incorporó a la segunda guitarra antes del segundo disco de la banda, Jesús de Chamberí, publicado en 1996 ya con José Andrëa como vocalista.

Después de su discreto debut más pegado al rock y al blues, el segundo álbum del grupo dio paso a La Leyenda de la Mancha, Finisterra o las tres entregas de Gaia. Más de tres millones de discos vendidos tanto en España como en América, números inalcanzables para los pioneros del heavy metal español como Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Panzer, Sangre Azul o Santa, además de una presencia inédita para el género en los medios de masas y emisoras comerciales. Los años dieron paso a las grietas y José Andrëa, la voz más reconocible de los años dorados del grupo, abandonó la banda en 2011. Los guitarristas Carlitos y Frank anunciaron su salida ya en febrero de 2020, formando el grupo Runa Llena.

Los documentos judiciales a los que ha accedido elDiario.es revelan que en ese mismo momento empezó una batalla judicial entre los fundadores del grupo que se mantenían al frente de Mägo de Oz, Txus y Moha, y los guitarristas que habían abandonado la formación. Su salida de la banda se había sellado con la firma de un contrato en la que ambas partes adquirían una serie de compromisos. Los guitarristas dejaban el grupo, renunciaban a sus derechos sobre la marca, se desprendían de su parte de la empresa 'Mago de Oz Espectáculos SL' y, a cambio, recibían una remuneración. Un total de 53.000 euros por cabeza para cada uno en varios pagos a lo largo de 2020.

Frank y Carlitos decidieron ir a los tribunales un año después para reclamar los 33.000 euros que sus antiguos compañeros les habían dejado sin pagar. Txus y Moha contestaron con una reconvención de la demanda en la que acusaban a los guitarristas de haber incumplido su parte del contrato: no habían ido al notario a renunciar a su parte de la empresa y, además, habían creado una nueva llamada 'Los Magos Entertainment'. Por encima de todo, añadían el batería y el violinista en sus alegaciones, ese año 2020 fue el año de la pandemia en que tuvieron que suspender una gira mundial y eso impidió cumplir con los compromisos económicos del contrato.

Primero un juzgado y ahora la Audiencia Provincial de Madrid han dado la razón a Frank y Carlitos frente a los dos fundadores del grupo y han reconocido su derecho a cobrar esos 33.000 euros cada uno además de los intereses que se han generado en los últimos seis años. Ambas sentencias, que han sido recurridas en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la espera de la admisión a trámite, entienden que el contrato que firmaron en 2020 está plenamente vigente y que los efectos de la pandemia, tantos años después, no impiden que los líderes de Mägo de Oz paguen lo adeudado a sus antiguos compañeros.

“A nadie le interesa la reunificación del grupo”

El grupo Mägo de Oz está de gira después de sacar su último disco, Malicia, la noche de las brujas (2025, Warner Music), con el cantante Rafa Blas al micrófono y con Txus y Moha como únicos miembros originales del grupo, aunque algunos como el bajista Fernando Mainer llevan más de una década en la banda. Una de sus últimas polémicas tuvo lugar el verano pasado cuando uno de sus actuales guitarristas, Víctor de Andrés, insultó al presidente del Gobierno y después bromeó con la prostitución a cuenta del caso Koldo: “Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas”. El Concello de Vilagarcía canceló su participación en las fiestas de San Roque y llamó, en su lugar, a los Toreros Muertos de Pablo Carbonell.

La relación de Mägo de Oz con algunos de sus antiguos miembros, al menos a nivel público, siempre ha sido conflictiva. Varios de ellos, como por ejemplo el cantante del primer disco Juanma Lobón, se agruparon hace una década bajo el proyecto Amigoz, capitaneado por el primer bajista del grupo, Salva García. En la actualidad, bajo el nombre de Kabrönes, antiguos miembros de la banda dan conciertos repasando los grandes éxitos de la primera etapa del grupo: José Andrëa, los guitarristas Frank y Carlitos y el bajista Salva, entre otros.

Las sentencias que ha podido examinar elDiario.es revelan que los propios Txus y Moha esgrimieron como argumento a su favor que no había ninguna intención de reunificar la formación original de la banda. “Es muy claro que a ninguna de las partes le interesa, casi cuatro años después de la ruptura, la reunificación del grupo musical ”Mägo de Oz“ en su formación anterior, dado el deterioro en lo personal y en lo artístico”.

Los jueces que han estudiado el pleito entienden que nada impide a los actuales miembros de Mägo de Oz pagar esos 33.000 euros a sus dos antiguos guitarristas. En primer lugar, dicen las sentencias, porque no incurrieron en ningún incumplimiento grave al poner en marcha una nueva empresa llamada “Los Magos Entertainment” o por no ir al notario a certificar su renuncia a la empresa anterior. Esas alegaciones “no tienen la relevancia o gravedad suficiente para impedirles exigir el pago”.

Tampoco prosperan las alegaciones sobre cómo la pandemia de 2020 provocó la suspensión de las giras musicales y eso impidió al grupo pagar a sus antiguos integrantes. Los jueces repasan las cuentas de la empresa que también es obligada al pago: números rojos el año de la pandemia pero vuelta a los beneficios en 2021. Mägo de Oz recibió, incluso, una “ayuda” de más de 155.000 euros en ese periodo de tiempo y se ofrecieron a hacer algunos pagos a sus antiguos guitarristas. La pandemia, dicen los jueces, fue algo “imprevisible e inevitable” pero sí pudieron afrontar el pago un año después: el grupo volvió a los escenarios con una importante gira por España y América.

El caso está ahora en manos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Txus, Moha y la empresa que sustenta la banda ha llevado el caso en casación y ahora están pendientes de si el alto tribunal admite o no a trámite su reclamación y acepta estudiar el fondo del asunto.

El gerente del SERIS, Luis Ángel González, junto a la gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, y la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha informado este lunes 29 de junio de la incorporación de nuevos profesionales en el Servicio Riojano de Salud, “que permitirán incrementar y mejorar la atención sanitaria que se presta a los riojanos”, así como de la planificación elaborada para garantizar la cobertura asistencial en verano.

Un refuerzo de recursos humanos que principalmente se producirá por tres vías: los contratos formalizados con facultativos y enfermeras que este año han culminado su residencia; la llegada de una nueva promoción de residentes a nuestros hospitales y centros de salud; y -para estos meses de verano- las contrataciones de profesionales de diversas categorías que constituyen el contingente estival. Además, como ha recordado el gerente, “en todo momento estamos abiertos a captar profesionales que quieran venir a trabajar con nosotros, algo que se está produciendo cada vez en mayor medida, atraídos por las interesantes condiciones que ofertamos a través de instrumentos como el Plan de Fidelización y Atracción de Talento o las plazas declaradas de difícil cobertura”.

Especialmente eficaces se han demostrado en el Hospital de Calahorra en el que tras el periodo habitual de concursos de traslados se ha conseguido sumar más profesionales de los que ha elegido otro destino para trabajar, con 14 incorporaciones en distintas especialidades tan cruciales como Urgencias, Pediatría (2), Dermatología, Alergología (2), Ginecología, Otorrinolaringología (2), Atención Primaria, Medicina Preventiva, Oftalmología y Reumatología (2), además de otras previstas para después del verano. 

Las medidas adoptadas desde la Dirección de Recursos Humanos han probado claramente su efectividad en la firma de contratos con 45 especialistas (médicos y enfermeras) que una vez finalizado su periodo de residencia se han incorporado a los distintos dispositivos asistenciales del SERIS. De ellos, cerca del 80 por ciento se ha formado en el propio sistema sanitario riojano. “Este dato refleja nuestra capacidad para fidelizar talento y consolidar profesionales que han desarrollado aquí su formación”, ha señalado Luis Angel González. Se trata además de un proceso aún no terminado, sino que continuará durante los próximos meses. 

Asimismo, ha recordado que se acaban de incorporar 74 residentes de primer año, al haber cubierto la totalidad de la oferta de plazas MIR, EIR y otras categorías al igual que ya ocurrió en 2025. En este apartado, Gonzalez ha anunciado que el SERIS podrá reforzar su capacidad docente de cara a próximas promociones, ya que el Ministerio ha dado el visto bueno a la acreditación de puestos de formación para facultativos en Cardiología (donde será posible sumar uno más), Anestesiología (uno más) y Endocrinología (especialidad en la que hasta el momento no se realizaba actividad formativa). “La obtención de estas nuevas acreditaciones pone de manifiesto la calidad asistencial y docente de nuestros servicios y nos permite seguir afianzando especialidades estratégicas para el futuro del sistema sanitario riojano”, ha añadido.

Por último, el gerente se ha referido de forma específica al contingente de profesionales incluido en el plan asistencial previsto para los meses de verano. Esta estrategia organizativa posibilitará garantizar la calidad de la atención sanitaria que presta el SERIS con las 1.100 contrataciones ya ratificadas y que aún podrán aumentar en las próximas semanas. En total supondrán más de 64.000 jornadas de trabajo, frente a las 43.834 del año anterior. Estas incorporaciones permitirán compatibilizar el descanso de los profesionales con la continuidad de la asistencia sanitaria, así como ofertar empleo en las bolsas de trabajo habilitadas para ello. 

La mayoría de los contratos corresponden a profesionales de Enfermería, TCAE y celadores, aunque también se incluyen fisioterapeutas, personal administrativo, técnicos de radiodiagnóstico, cocineros y otras categorías. Más de 300 contrataciones se destinan a Atención Primaria y alrededor de un centenar al Hospital de Calahorra.

En este sentido, González ha recordado que la planificación de verano forma parte de la organización habitual de los servicios de salud y responde a un contexto asistencial diferente al del invierno, con menor presión hospitalaria y variaciones en la demanda.

Asimismo, ha subrayado que el sistema sanitario público riojano “dispone de capacidad de adaptación suficiente para responder ante posibles incrementos de actividad asistencial”, mediante la activación progresiva de recursos y la coordinación entre centros y profesionales.

Las gerentas de Atención Primaria y Atención Hospitalaria se han referido al plan desarrollado por el SERIS para este verano.

Actividad ordinaria y cobertura asegurada en Atención Primaria

En relación con Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha confirmado que se ha realizado una reorganización interna de consultorios y plantillas para asegurar la cobertura asistencial durante el periodo vacacional, manteniendo operativos los centros de salud y garantizando la atención a la ciudadanía.

Para ello, a las cerca de 200 contrataciones de profesionales vinculados a la Enfermería se sumarán los refuerzos de médicos de familia y pediatras a través de consultas de apoyo y acúmulos de jornadas para hacer frente a los cambios asistenciales que plantea la estación.  

En concreto ha detallado que se mantendrá la actividad ordinaria en las veinte zonas básicas de salud, así como el funcionamiento de los 18 Puntos de Atención Continuada repartidos por toda la Comunidad más el CARPA en Logroño y del servicio de Emergencias Sanitarias 061. “Como en el verano pasado, no vamos a necesitar cerrar ningún dispositivo asistencial, algo que no ocurre en todos los territorios”.

Refuerzo de Ezcaray

Es más, Ganuza ha destacado que el plan contempla refuerzos específicos en aquellas zonas con mayor presencia de población desplazada durante los meses de verano. Y ha puesto el ejemplo de Ezcaray, uno de los mayores nodos de turismo de La Rioja, en dónde se contará con la presencia continua de una ambulancia y se ha contratado tres celadores más para una mejor gestión de la demanda.

La gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, ha indicado que la atención en los hospitales de La Rioja “queda plenamente garantizada durante todo el verano gracias a una planificación coordinada entre centros”.

Además, aunque la actividad asistencial disminuye en verano, se mantiene el esfuerzo para contener las listas de espera tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas, pese a los perjuicios derivados de las huelgas vinculadas al proyecto de Estatuto Marco del Ministerio, que ya han supuesto más de un mes adicional de demora quirúrgica.

En relación con la cobertura de vacaciones en Enfermería de Atención Hospitalaria, a fecha de la semana pasada y con el proceso de contratación aún en curso, el SERIS se sitúa ya en torno a un 98% de cobertura de las sustituciones previstas para el periodo estival, lo que permite garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria. 

En cuanto a la capacidad de hospitalización, a pesar de la habitual reducción de efectivos, en el Hospital San Pedro se prevé una mayor actividad que en el pasado verano. Por su parte, el Hospital de Calahorra mantendrá la totalidad de sus camas operativas durante el periodo estival.

“En set entitats s'han rebut béns i serveis sense l'oportú expedient de contractació, incomplint els principis generals de la contractació pública”. Aquesta és una de les irregularitats més greus detectades per la Intervenció de la Generalitat Valenciana en l'auditoria del Sector Públic Instrumental (SPI) corresponent a l'exercici 2024, amb Carlos Mazón encara al capdavant de la Presidència de la Generalitat tal com ha informat elDiario.es.

L'expresident del PP, que es va mostrar especialment crític amb la gestió del Govern del Botànic arran de cada informe relatiu als seus anys de govern, va anunciar la creació d'una comissió d'investigació sobre el sector públic a les Corts, que es va tancar el març passat per acord del PP i Vox sense que arribara a celebrar-se ni una sola reunió.

Aquell mateix mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, i el viceinterventor, Ignacio Pérez, van signar una demoledora auditoria sobre tot el sector públic instrumental (SPI) de l'Administració autonòmica corresponent a l'exercici 2024, que revela un rosari d'irregularitats i casos de malbaratament.Tot i que l'informe es va signar fa tres mesos, no ha sigut fins a aquest dijous 4 de juny quan s'ha publicat al portal de la Conselleria d'Hisenda.

El document posa un èmfasi especial en l'abús dels contractes menors i en la recepció de béns i serveis sense el preceptiu expedient de contractació. De fet, assenyala que “en catorze entitats de l'SPI s'ha fet un ús incorrecte de la contractació menor, ja que es tracta de necessitats recurrents que es repeteixen any rere any o es produeixen fraccionaments de contractes per eludir la tramitació de procediments no menors, incomplint els límits que estableixen els articles 29.8 i 118 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)”.

Les dades parlen per si soles: el 92 % dels 77.800 contractes del sector públic de la Generalitat Valenciana durant l'any 2024 es van adjudicar sense el preceptiu expedient de contractació o van ser contractes menors, és a dir, a dit. En concret, es van adjudicar 11.138 contractes menors per valor de 34,2 milions d'euros i 60.328 despeses sense expedient per valor de 157,7 milions d'euros.

Respecte de l'any 2023, Mazón va incrementar el nombre de contractes a dit —encara que per un import lleugerament inferior— i de despeses sense expedient. Així, aquell any es van adjudicar 10.500 contractes menors per valor de 35,1 milions d'euros i es van registrar 53.350 despeses sense expedient per valor de 149 milions d'euros.

En l'àmbit de personal, l'auditoria xifra en 22.562 el total de treballadors del sector públic instrumental de la Generalitat, 2.591 més que el 2023, la qual cosa suposa un increment de la despesa de 62 milions d'euros, malgrat que Mazón sempre va criticar el Govern del Botànic per l'excés de despesa o de “greix administratiu” i va prometre aprimar l'Administració per a estalviar.

A més, l'auditoria omet un dels aspectes més criticats pel PP de Mazón i per Juanfran Pérez Llorca: les contractacions de personal laboral temporal sense autorització d'Hisenda, una dada que fins ara aquests informes sempre recollien i que servia de munició a l'oposició. Es tracta del personal de substitució que requereix una tramitació àgil, especialment en els àmbits dels serveis socials i de la sanitat. En l'informe corresponent a 2023 es destacava que 2.750 contractacions de personal laboral temporal no havien comptat “amb la preceptiva autorització de la Direcció General de Pressupostos”. Una situació que es repeteix cada any en major o menor mesura i que, en aquesta ocasió, no apareix en el document.

“En siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública”. Esta es una de las irregularidades más graves detectadas por la Intervención de la Generalitat Valenciana en su auditoría del Sector Público Instrumental (SPI) relativa al ejercicio 2024, con Carlos Mazón aún al frente de la presidencia, como ha informado elDiario.es.

El expresidente del PP, que se mostró tremendamente crítico con la gestión del Gobierno del Botánico tras cada informe relativo a sus años de gestión, anunció la creación de una comisión de investigación del sector público en las Corts que se cerró el pasado mes de marzo por acuerdo del PP y de Vox sin que se produjera ni una sola reunión. Ese mismo mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, y el viceinterventor, Ignacio Pérez, firmaron una demoledora auditoría sobre todo el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica relativo al ejercicio 2024 que arroja un rosario de irregularidades y despilfarro. Pese a que el informe se firmó hace tres meses, fue este jueves 4 de junio cuando se ha colgado en el portal de la Conselleria de Hacienda.

El documento hace especial énfasis en el abuso de los contratos menores y en la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación. De hecho, señala que “en catorce entidades del SPI se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que disponen los artículos 29.8 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.

Los datos hablan por sí solos: el 92% de los 77.800 contratos del sector público de la Generalitat Valenciana durante el año 2024 se realizaron sin el preceptivo expediente de contratación o fueron menores, es decir, a dedo. En concreto, se otorgaron 11.138 contratos menores por valor de 34,2 millones de euros y 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones de euros.

Con respecto al año 2023, Mazón incrementó el número de contratos a dedo (aunque la cuantía fue ligeramente inferior) y de gastos sin expediente. Así, en ese año se produjeron 10.500 contratos menores por valor de 35,1 millones y 53.350 gastos sin expediente por valor de 149 millones de euros.

En el área de personal, se cifra en 22.562 el total de trabajadores del sector público instrumental de la Generalitat, 2.591 más que en 2023, lo que supone un aumento de gasto de 62 millones de euros a pesar de que Mazón siempre criticó al Gobierno del Botánico por el exceso de gasto o de “grasa administrativa” y prometió adelgazar la administración para ahorrar.

Además, la auditoría oculta uno de los aspectos más criticados por el PP de Mazón y de Pérez Llorca como son las contrataciones de personal laboral temporal sin permiso de Hacienda, un dato que hasta ahora siempre aportaban estos documentos y que era munición para la oposición. Se trata del personal de sustitución que necesita una rápida tramitación, especialmente en servicios sociales o sanidad. En el informe de 2023 se destacaba que 2.750 contrataciones de personal laboral temporal no había contado “con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuesto”. Una situación que cada año se da en mayor o menor medida y que en esta ocasión no aparece.

La Intervención General del Gobierno de Navarra ha solicitado el reintegro de 652.222 euros a Parquenasa, sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene un 45% de las participaciones, por las irregularidades en la reconstrucción del parque Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

El informe de fiscalización al que ha tenido acceso elDiario.es y fechado el 23 de abril de 2026, acredita que existió un “fraccionamiento indebido” en el contrato para las obras de reconstrucción. Señala que Parquenasa adjudicó de forma “no ortodoxa” a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

Según la Intervención General estos contratos debían haberse adjudicado de manera unificada y mediante el procedimiento reglado porque las cuatro obras tenían un “objeto similar”, “se llevaron a cabo en el mismo periodo de tiempo” y respondían a la “misma necesidad, enmarcándose dentro del mismo proyecto”.

“Los diferentes proyectos han de ser considerados, cuando menos, prestaciones relacionadas, susceptibles, por tanto, de licitación en un mismo procedimiento cuyo valor estimado total sea la suma de todas ellas”, añade. La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 admitió hace unas semanas una querella presentada por Vox por estos mismos hechos.

Por todo ello, la Intervención concluye que Parquenasa debe reintegrar la parte correspondiente al “fraccionamiento indebido” del total de la subvención de 5,8 millones de euros que el Gobierno de María Chivite otorgó a esta sociedad para la reconstrucción del parque Sendaviva.

La unidad gestora había propuesto el reintegro de los sobrecostes de los modificados de los contratos, pero Intervención destaca que ello supone un “perjuicio económico” para la Hacienda Foral por lo que expone que el reintegro debe incluir “la suma de todas las facturas relacionadas con las tres actuaciones subvencionadas referentes a las fases I, II y III, esto es 652.222,66 euros (217.149,46 + 217.746,45 + 217.326,75 respectivamente), más los intereses de demora correspondientes”.

Con todo, continúa siendo solo una parte del total de la subvención, ya que se aprecia que “la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente”, según apuntó hace unos meses la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, en una comparecencia en el Parlamento navarro. “Las actuaciones realizadas por la beneficiaria de la subvención alcanzan de modo significativo el cumplimiento de la finalidad de la subvención, al estar materialmente ejecutadas tal y como ya se expuso en el informe de omisión de fiscalización, por lo que el reintegro no debe alcanzar la totalidad de la subvención obtenida (5.794.887 euros), sino únicamente la parte correspondiente a las inversiones objeto del fraccionamiento indebido”, apostilla la Intervención General.

Adentro Construimos, la empresa adjudicataria de los cuatro contratos que se fraccionaron de manera “indebida” para la reconstrucción de Sendaviva, según la Intervención General, en la misma empresa que realizó las obras de reforma de la vivienda de Ramón Alzórriz, el ex 'número dos' de Chivite en el PSN. Un juzgado ha remitido recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Navarra una denuncia de Vox en la que se asegura que esas obras fueron la contraprestación por la adjudicación de los contratos de Sendaviva.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) ha abierto una causa por prevaricación al exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV Joan Herrera, por el uso “fraudulento” de contratos menores (a dedo) que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) habría adjudicado al despacho que comparten los dos políticos.

Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán, competente para los aforados catalanes, ha aceptado la causa que le ha derivado el juzgado de El Vendrell (Tarragona) que inició las pesquisas. El mismo juzgado ya derivó al Tribunal Supremo el caso para el exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns en el Congreso.

La Fiscalía se mostró favorable a abrir una causa contra los políticos. En su auto, adelantado por El País, los magistrados exponen que una de las conductas investigadas consistiría “de forma provisional, presunta y meramente indiciaria” en un “concierto” entre los investigados para “aprovechar” la figura del contrato menor y prorrogar varios contratos adjudicacos al despacho de Elena y Herrera.

En vez de una licitación pública basada en la transparencia y los distintos candidatos, los investigados se concertaron “en su propio interés y violentando los principios y las reglas” de la contratació pública, apunta el auto.

Según el TSJC, Elena y Herrera, como administradores de la mercantil Sinergia E.D.M., se prestaron presuntamente a que el alcalde de Altafulla investigado les adjudicara “sin publicidad ni licitación alguna” y sin los informes preceptivos las prórrogas de un contrato de asesoramiento, “calificándolo de menor”.

El Gobierno de Navarra eliminará para el próximo curso de la Escuela Oficial de Idiomas, con sedes en Pamplona y Tudela, la oferta de los llamados “idiomas no oficiales”, pese a que tanto el alumnado como el profesorado y las propias escuelas defendían mantener los cursos. El aviso llegó durante la primera semana de mayo, cuando las escuelas comunicaron por correo electrónico al alumnado de estos idiomas que, “por motivos ajenos”, en Pamplona los cursos de árabe, chino, español para extranjeros, japonés y portugués, y en Tudela de árabe e italiano, no podrán “tener continuidad”.

Desde Educación, en respuesta a este periódico, sostienen que “se han visto obligados a adoptar la decisión” porque la contratación del profesorado no seguía las reglas de la administración pública. Según explican, el Departamento pidió a los centros que “regularizaran las contrataciones” de los docentes para “adaptarlas a la normativa vigente”, creando plazas y listas oficiales de contratación para esos idiomas, pero “no lo han hecho”, afirman desde Educación, porque, al parecer, no había suficiente “demanda de alumnos”. Sin embargo, los centros niegan “tener esa competencia”.

“Por motivos ajenos a la escuela, los cursos de idiomas no oficiales no van a tener continuidad. Lamentamos mucho no haber encontrado una solución viable para poder proporcionando este servicio”, se plasma en el comunicado del centro. En este mismo mensaje, también agradecían “al profesorado la profesionalidad e ilusión que han puesto en sus clases” y a los usuarios “la confianza depositada en EOIP/IHEO durante estos años”. Los profesores de estos cinco cursos se incorporaron entre 2008 y 2018.

Una de las docentes, que enseña uno de esos idiomas, explica que hasta ahora “facturaban por horas” (al no ser una trabajadora, sino una “colaboradora”) y que tenían sus limitaciones, como “formar un grupo, el aula o los horarios”. La hora de las clases de estos cursos son las que “quedaban libres”, una queja compartida con los alumnos de este idioma (que se imparte ininterrumpidamente desde el 2008) junto con la falta de niveles, pues “un mismo profesor no puede impartir dos niveles [del mismo idioma]”. La profesora lamenta que no sea posible avalar su trabajo de más de década y media en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. “Pedí EOIP que me dieran un justificante o certificado en el que constase mi colaboración como profesora durante estos años, pero no ha sido posible”, explica.

La docente detalla que supo de la noticia porque la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona “convocó una reunión para transmitir la decisión de la Educación al profesorado de idiomas no oficiales”, aunque no se detallaron las razones. “Podemos colaborar en actividades extraescolares ocasionales como la Semana Cultural, en una conferencia o taller”, explica la profesora, “pero no puede tener una continuidad”. Según describe, “la directora y el vicedirector de la EOIP fueron muy amables y considerados” al comunicar la decisión.

“Se ha peleado mucho para que siguiera adelante”, explican desde la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, y afirman que “desde Educación comunicaron que [los cursos] no podían continuar” al no cumplir “algún criterio técnico”. Aunque intentaron recurrir al Ayuntamiento y a Plurilingüismo “para ver si se le daba la vuelta” y poder continuar, “no ha habido manera”, explican. “Se ha intentado de verdad y nos da muchísima pena”, afirman desde la dirección del centro. Por ello, no entienden la explicación del Departamento de Educación, que asegura que “la oferta de estos idiomas y la contratación del profesorado que las ha venido impartiendo a lo largo de los años ha correspondido siempre a las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y Tudela”. “No tenemos competencias”, afirman desde la escuela de idiomas de Pamplona. Al igual que la dirección de la escuela de idiomas de Tudela, que afirma que “la decisión de no continuar con los cursos de idiomas no oficiales es obviamente de Educación”. “No es nada que elijamos las escuelas”.

“Solo somos intermediarios. Para la oferta tenemos que informar a Educación y, desde allí, nos dicen si sí o si no”, expresan desde el centro de la capital navarra. En el Decreto Foral 245/2023, que establece las competencias del departamento dirigido por Carlos Gimeno, también se describe así. Según la ley navarra, corresponde al Departamento de Educación “la coordinación” y “la gestión de las escuelas oficiales de idiomas”, incluyendo la “planificación de la oferta” de las mismas.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra insiste en que “el Departamento nunca ha contratado a esas profesoras/es y nunca ha intervenido en la oferta de esas lenguas. Ha correspondido al ámbito de autonomía de gestión propio de ambas escuelas”. “Las escuelas debían regularizar esas contrataciones para adaptarlas a la normativa vigente”, defienden. “Educación planteó a las escuelas que 'oficializasen' esa oferta, de modo que se crearan las correspondientes especialidades de esos idiomas, se crearan las litas de contratación y se ofertaran. Pero no lo han hecho. La información de que disponemos indica que analizaron la posibilidad, pero, al parecer, comprobaron que no existía demanda de alumnado suficiente”. Una versión que choca con la expresada por la directiva de los centros y el decreto que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación.

“Me da mucha pena porque, aunque algunos hemos hablado para poder seguir con la profesora por nuestra cuenta, si se impartía en la escuela de idiomas hay una referencia y visibilidad para cualquiera que se anime a aprender”, explica una alumna de chino. La joven llevaba un año acudiendo a clases, en las que “había muy buen ambiente”, y ahora su curso “se queda a la mitad”. “Aparte del idioma, nuestra profesora también nos enseñaba muchas cosas de la cultura china. Era muy enriquecedor para todos”, explica. Además, declara haber comentado la situación con otros compañeros y que “pensaron en hacer una recogida de firmas o manifestación en Educación” para quejarse. Al igual que ella, todos los alumnos de chino, unos 30 en total entre los dos niveles, recibieron la noticia con “mucha pena”.

“Desde la escuela sí que hemos sentido que han hecho todo lo que han podido por mantener los idiomas no oficiales”, cuenta la hasta ahora alumna de chino de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Junto con sus compañeros, todavía tiene esperanza de que se encuentre una solución para que estos idiomas no oficiales puedan aprenderse de forma pública en Navarra.

Los sindicatos UGT y CCOO saldrán este viernes, Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, a las calles de Castilla-La Mancha para reivindicar “derechos, no trincheras”, plantar clara a quienes defienden los discursos de odio y para solicitar “mejores salarios, vivienda digna y democracia”.

Así lo han puesto de manifiesto la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, junto a los responsables de la provincia de Toledo de ambos sindicatos, Silvia López y Federico Pérez.

Las manifestaciones llegarn este viernes a Albacete, desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez; Ciudad Real, donde habrá una manifestación en Alcázar de San Juan desde la calle Cruz Verde a la estación del ferrocarril, y en Puertollano (que acogerá la manifestación regional) desde la Glorieta Virgen de Gracia a la Concha de la Música.

En Cuenca, la manifestación convocada por ambos sindicatos partirá desde la estación de ferrocarril a la Plaza de España y en Guadalajara desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia.

Todas estas manifestaciones se llevarán a cabo a las 12.00 horas menos la de Toledo, que partirá del Paseo de Recaredo a la Plaza de Zocodover y que se iniciará a las 11.00 horas.

Nos encontramos en un momento clave en el que muchos promueven el odio y buscan dividir a la sociedad

Los secretarios generales de UGT y CCOO Castilla-La Mancha han coincidido en afirmar que los logros y conquistas laborales siempre han sido fruto de la lucha sindical. Así, inciden en que frente a aquellos que buscan el enfrentamiento y levantar trincheras, el movimiento sindical responde con más derechos, más cohesión social y más democracia.

En este sentido, Lola Alcónez asegura que “nos encontramos en un momento clave en el que muchos promueven el odio y buscan dividir a la sociedad”, ello en un escenario internacional de conflicto que, “además de suponer muerte y destrucción, está teniendo mucha repercusión en la vida de las personas trabajadoras de este país debido al encarecimiento de la energía, los combustibles y la cesta de la compra”.

Este 1º de Mayo también debe ser un día de reivindicación para mejorar los salarios. “Somos el estado de la UE que más crece, sin embargo es algo que no está revirtiendo en las condiciones laborales. Debe haber un reparto más justo de la riqueza y hay dos vías para llevar a cabo este reparto: tener unos servicios públicos financiados con un sistema fiscal justo y, en segundo lugar, a través de la negociación colectiva”.

En este punto instaba a la patronal a llevar propuestas “comprometidas” a la mesa del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ya que “llevamos muchos meses sin recibir de la parte empresarial demandas claras”. Advertía, además, de que si los criterios no quedan fijados en el V AENC, “habrá más conflictos y huelgas”.

Riesgo de “involución democrática”

El secretario regional de CCOO ha indicado que “nos encontramos ante el mayor riesgo de involución democrática y social en muchos años” y que “frente al odio y el interés por dividir a la sociedad, el movimiento sindical debe responder con una agenda propositiva centrada en los problemas de la gente”.

Entre ellos, particularmente este año, el de la vivienda que debe sonar “como un clamor” en todas las manifestaciones. Y es que, a juicio de Ortega, “no se puede hipotecar el futuro de toda una generación privándola de su proyecto de vida”.

En la misma línea, ha abogado por defender en la calle salarios justos, con incrementos de entre el 4% y el 7%, y que se reactive la negociación colectiva. Todo ello con el trasfondo de la subida de precios por culpa de una guerra “que evidencia el fracaso de la comunidad internacional para garantizar la paz”. Por eso desde CCOO reclaman el final de los conflictos armados y la protección de la población civil.

Salarios y contratos

Por su parte, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha y responsable del sindicato en la provincia de Toledo, Silvia López, recordaba que los salarios de las personas trabajadoras de esta región son de los más bajos del país.

Igualmente, “en nuestras empresas se abusa mucho del contrato parcial y muchas de ellas, las más pequeñas, no cuentan con representación sindical”. Hacía un alegato a seguir mejorando las condiciones de trabajo y a que el SMI continúe subiendo porque “es una medida que ha demostrado dignificar las condiciones”.

Por último, el secretario general de CCOO en Toledo, Federico Pérez, ha puesto el foco en los “discursos interesados de la patronal sobre el que llaman absentismo” y que no es otra cosa que tratar de penalizar a las personas trabajadoras cuando están enfermas.

Este 1º de Mayo, ha dicho, “vamos a defender que la clase trabajadora no pierda un solo euro de poder adquisitivo” y a celebrar los logros y mejoras conseguidos en este tiempo gracias a las personas que se organizan en los centros de trabajo.

El grupo municipal de EH Bildu ha solicitado realizar una auditoría externa independiente de los contratos de los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava), tras la elaboración de varios informes de reparo por parte de la interventora respecto a la contratación del año 2025. La coalición abertzale lo demandará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, con el objetivo de que “estas contrataciones sean analizadas y aclaradas”, así como para solicitar que se creen instrumentos para “mejorar la contratación municipal”.

EH Bildu ha reclamado que dicha auditoría esté finalizada antes de finales de junio para poder poner en marcha cuanto antes medidas de mejora de la gestión pública. Según ha trasladado, los informes de contratación de la Intervención, tanto informativos como suspensivos, se han repetido a lo largo de toda la legislatura, pero este último informe con reparos a la contratación de 2025 supera los 200.000 euros, lo que “rebasa lo que puede considerarse como un error puntual”, recoge Europa Press.

En este sentido, ha señalado que por un único contrato, que se adjudicó directamente en mayo de 2024, se han pagado mediante facturas 117.490 euros en año y medio, cuando según “la ley no se pueden superar los 15.000 euros en el plazo de un año para este tipo de contratos”. Un caso, ha añadido, que “no es aislado”, ya que el informe menciona que durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 la Intervención ha avisado de que los contratos adjudicados directamente a la misma empresa por el mismo servicio han superado la barrera legal de 15.000 euros para la adjudicación directa durante al menos estos cinco años y “exige la adopción de medidas para el año 2026”.

El portavoz de EH Bildu Amurrio, Jon Berganza, ha reclamado elaborar una “fotografía en profundidad de la situación de la contratación municipal, para dar solución a los errores detectados por los trabajadores municipales” y que “las conclusiones de ese estudio nos den herramientas para una buena actuación”.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

Izquierda Unida ha iniciado en Logroño un servicio de asesoría sobre la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 o 2027 durante este mes de abril.

Tal y como ha informado, con esta acción quiere ofrecer información clara, acompañamiento y orientación práctica para que las personas inquilinas conozcan sus derechos en relación con la posible prórroga de las condiciones de su contrato de alquiler. Éste, ha recordado, debe solicitarse por escrito y mantiene las mismas condiciones contractuales, salvo en los supuestos excepcionales previstos.

La atención se prestará de forma presencial todos los martes del mes de abril, en la sede de la organización (Avenida de Navarra, 8-10, bajo), en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. También se atenderán consultas a través del correo electrónico larioja@izquierdaunida.org.

Izquierda Unida ha señalado que enmarca esta iniciativa en su defensa de “políticas públicas firmes para garantizar el derecho a la vivienda”. En este sentido, la organización reclama límites efectivos a los precios del alquiler, más parque público de vivienda asequible, la movilización de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, mayor protección para las personas inquilinas y medidas contundentes contra los usos especulativos de la vivienda que expulsan a vecinas y vecinos de sus barrios.

Para la responsable de IU Logroño, “no basta con reconocer el problema: hay que intervenir el mercado cuando el mercado está expulsando a la gente de sus casas”. A su juicio, “hace falta valentía política para frenar la especulación y para situar el derecho a la vivienda por encima del beneficio privado”.

La prórroga no es automática

Con este servicio, ha dicho, IU quiere “que nadie deje de ejercer sus derechos por falta de información o por sentirse solo ante su casero o la administración”.

Desde IU recuerdan que la solicitud de la prórroga no es automática y que hay que realizarla antes de que el Real Decreto se vote en el Congreso, algo que está previsto que durante el mes de abril.

Ha explicado que conviene realizarla por una vía que deje constancia fehaciente, ya que esa petición debe formularse expresamente para que pueda desplegar efectos.

También recuerdan que existen excepciones, como la firma de un nuevo acuerdo entre las partes o la necesidad acreditada de la vivienda por parte de la persona arrendadora o de un familiar directo.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC y que analiza recursos contra licitaciones) ha desestimado una denuncia relacionada con el caso del exjefe de seguridad de Osakidetza, un ertzaina que falseó su titulación universitaria y que ha acabado despojado de su cargo y denunciado en un juzgado de Vitoria. Un particular, J.C.V.M., planteó que se revisara la “legalidad” de la adjudicación del servicio de vigilancia de Osakidetza, gestionado por el denunciado, Juan José Quiñones. Sin embargo, el OARC estima que ese tipo de actuaciones no entran dentro de sus competencias.

El puesto de responsable de Seguridad en el Servicio Vasco de Salud fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022. El nombramiento del ahora destituido se produjo en 2023 tras un proceso de designación en que fue el único candidato y en el que se ajustaron algunos requisitos para adaptarlos a su perfil. Durante dos años, Quiñones ocupó un puesto con un salario superior a los 60.000 euros anuales incumpliendo la premisa de tener una titulación universitaria. Había presentado un título de la EHU que se dio por bueno. Venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo. A finales de 2025, se produjo una revisión de su expediente, se comprobó la falsedad y Quiñones fue despedido y denunciado. Actualmente está abierta una causa penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.

La denuncia al OARC demandaba revisar la “legalidad” de las contrataciones. “Que se verifique la habilitación administrativa y profesional de la persona que intervino como director de Seguridad en la elaboración o firma de la documentación técnica del expediente”, se solicitaba, además de reclamar las “medidas necesarias” en el caso de que se constataran las “irregularidades”.

Sin embargo, el 13 de marzo el OARC inadmitió el caso. Expone que su intervención está tasada para revisar licitaciones y sostiene que la comunicación recibida sobre Osakidetza “ni siquiera se identifica como recurso”. “Es una mera denuncia de la que difícilmente puede defenderse el poder adjudicador y sobre la que mal pueden alegar otros interesados. Por ello, si este órgano la tramitara como recurso estaría favoreciendo la indefensión de Osakidetza y de los demás interesados y concediendo una ventaja antijurídica a quien no ha formulado con una mínima concreción su posición”, argumenta la resolución. Se indica, eso sí, que cabe recurso ya ante la Justicia ordinaria, concretamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El ERE de Tubos Reunidos, que afecta a 285 personas, ha destapado la existencia de más de 40 contratos eventuales que la Inspección de Trabajo considera que se encuentran en fraude de ley y que, por lo tanto, tendrían que ser contratos indefinidos. Los sindicatos han informado de esta cuestión después de la reunión que han mantenido con la Inspección para presentar sus alegaciones el ERE. Estos contratos -entre 42 y 47- forman parte de los 80 eventuales que la empresa ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo, y que, en teoría, dejarían la empresa este mismo mes, que acaba el próximo martes. Al considerar la Inspección que están en fraude de ley, deberían ser contratos fijos, lo que supone que la dirección de Tubos Reunidos tendrá que presentar “una nueva decisión” sobre estos trabajadores incluidos en el ERE, según han confirmado fuentes del departamento de Trabajo. Las mismas fuentes han señalado que se ha detectado el fraude en la revisión que la Inspección hace de todos los contratos de una empresa que están afectados por un expediente de regulación.

Si estos más de 40 trabajadores con contratos en fraude pasan a ser considerados fijos, la empresa debería ofrecerles las mismas condiciones que al resto de los trabajadores con contratos indefinidos, y poder sumarse a las bajas voluntarias, con las que se ha pactado una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades. Aunque son unas cantidades que están sujetas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”. Son cifras por encima de la que recibirán los eventuales, 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, pero que no están sujetas a esas condiciones. Desde la dirección de la empresa no han querido comentar este miércoles qué pasos dará a partir de ahora.

Los sindicatos han denunciado tras la reunión con la Inspección de Trabajo, en la que han conocido los contratos en fraude de ley, que se quiere “maquillar los despidos” como salidas “voluntarias” . “Tienen que tener las mismas opciones de despido que tiene la plantilla fija”, ha señalado el representante de ESK, Gorka Abaskal, y, por lo tanto, “la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias”. Y ha denunciado que la empresa les quiere dejar como única opción aplicarles un despido objetivo con veinte días de indemnización por año.

Mientras la resolución del ERE se complica, ya que 40 bajas voluntarias más encarecería aún más la factura de los despidos, que suman alrededor de 40 millones -un dinero que hoy por hoy no tiene- la empresa espera la decisión de la Sepi sobre la deuda que acumula. En principio, 241 millones de euros, de los que la Sepi es el principal acreedor, y una pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros. Las cifras se actualizarán en los próximos días, cuando presente los resultados definitivos. Y todo hace prever que para mal.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha presentado una reclamación ante la Junta de Contratación de la empresa pública TRAGSA por el incumplimiento de la normativa vigente en el concurso para el servicio de videovigilancia móvil en dos obras estratégicas de la región: la ampliación del Centro de Salud de Calahorra y la nueva Residencia de personas mayores de Torrecilla en Cameros.

Un incumplimiento flagrante de la Ley derivado de los pliegos de condiciones que, con un presupuesto de licitación de 47.395 euros (sin IVA), establecen que la adjudicación se basará exclusivamente en la oferta económica (100 % de la ponderación). FeSMC UGT denuncia que esta fórmula ignora la Ley de Contratos del Sector Público que estipula que en servicios de vigilancia y seguridad los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51 % de la puntuación total.

Para el sindicato, esta omisión va más allá de una cuestión meramente administrativa, ya que tiene consecuencias directas sobre el empleo y el servicio. Por un lado, genera una evidente falta de garantías sociales, ya que, al competir únicamente por precio, se incentiva la aparición de ofertas a la baja que ponen en riesgo el cumplimiento de los convenios colectivos y las condiciones de las personas trabajadoras.

Además, esta limitación total de criterios en torno al precio podría generar deficiencias en el servicio debido a que se obvian factores fundamentales como la solvencia técnica de las empresas o las mejoras en los medios tecnológicos, entre otras.

FeSMC UGT considera que una empresa pública como TRAGSA debe ser ejemplar en la inclusión de cláusulas sociales y no permitir que la seguridad de las infraestructuras y servicios riojanos se subasten al mejor postor. Por ello, tras trasladar estas consideraciones a la Junta de Contratación de TRAGSA, solicita la correspondiente subsanación de los pliegos para que se ajusten a la legalidad y garanticen un servicio de calidad que responda a las necesidades reales de las obras. El sindicato se mantendrá vigilante para asegurar que la contratación pública en esta comunidad no sirva como herramienta para la precarización del sector de la seguridad privada. 

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha renunciado a recurrir el archivo de la causa de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que instruía un Juzgado de Sevilla, confirman a este periódico fuentes del Ministerio Público.

El plazo para interponer un recurso ante la Audiencia Provincial expiraba este martes a mediodía, pero la decisión del fiscal fue anunciada antes por la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, que aseguró ante la prensa que el Ministerio Público “no recurrirá el archivo de la causa” judicial de Sevilla, la primera de las tres investigaciones que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por irregularidades en la contratación a dedo del SAS entre 2020 y 2024.

Quienes sí han impugnado el auto del juez José Antonio Gómez son las acusaciones populares, PSOE y Podemos, al considerar que el sobreseimiento del caso tras 15 meses de instrucción ha sido “prematura e improcedente”. Ambos partidos, en sendos escritos de 110 y nueve páginas respectivamente, solicitan a la Audiencia de Sevilla que “revoque” el auto provisional del juez y continúe con la instrucción, porque existen “indicios racionales y plurales de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, de malversación y de administración desleal de fondos públicos”, reza uno de los recursos.

El Juzgado de Instrucción número 13 fue el primero en abrir diligencias para investigar un posible supuesto de prevaricación en la contratación a dedo del SAS con clínicas privadas, amparada en un Real Decreto que estaba derogado.

El magistrado que abrió la instrucción llamó a declarar como imputada a la gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, además de interrogar como testigos a otros altos cargos del Gobierno andaluz, como la número dos de Hacienda y exinterventora general de la Junta, Amelia Martínez, o la exconsejera de Salud, actual titular de Medio Ambiente, Catalina García.

El auto de sobreseimiento de la causa en Sevilla, celebrado por el Gobierno de Moreno y recurrido por sus rivales políticos (Podemos y PSOE), concluía que no existen “principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.

El juez reconocía las irregularidades detectadas y denunciadas en una docena de informes desfavorables elaborados a posteriori por los interventores del SAS -base de las querellas-, y admitía que los contratos de emergencia, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, se prolongaron dos años y medio amparándose en un Real Decreto habilitado por el Gobierno central en pandemia, a pesar de que ya estaba derogado.

Pero descartaba de plano “que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación”, y defendía, en consonancia con la Junta de Andalucía, que estos respondían “a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”.

Tan contundente es el auto de archivo de la causa como los recuros de PSOE y Podemos. El juez Gómez admitió las “irregularidades administrativas” denunciadas por la Intervención del SAS, pero argumentó que la suma de estas y su prolongación en el tiempo no convertía en prevaricación algo que aisladamente no lo era.

El abogado de Podemos defiende que no eran errores formales ni aislados, sino “un modus operandi instaurado en el seno del SAS que, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, eludió de forma deliberada y persistente los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública, lo que además de suponer una irregularidad generalizada, puede haber presuntamente producido una merma en las arcas públicas”.

La investigación de los contratos del SAS con clínicas privadas en un juzgado de Sevilla era la más avanzada de las tres que estaban en curso (otras dos siguen vivas, una en Cádiz y otra en Córdoba). La primera, y la que más profundizó en la instrucción, nace de una querella colectiva de 30 diputados del PSOE andaluz, a la que luego se suma Podemos como acusación popular.

Los abogados del PSOE-A han remitido a la Audiencia de Sevilla un voluminoso argumentario a favor de la reapertura de la causa judicial, que contiene expedientes de gasto de la investigación y enlaces directos a miles de contratos bajo sospecha, para facilitar así la labor de los magistrados. “En lugar de ser deducido testimonio de particulares concretos, solicitamos sea elevada al tribunal de apelación la causa completa, en la integridad de sus Folios, CDs unidos y grabación de declaraciones”, concluyen.

En su recurso, defienden la “absoluta improcedencia del sobreseimiento y archivo de la causa, al existir una patente e indudable concurrencia de indicios racionales de criminalidad”.

El escrito carga contra el juez Gómez, al que reprocha la “vulneración de la doctrina jurisprudencial y el principio in dubio proiudicio -”en caso de duda, a favor del juicio“-, subrayando que el magistrado ha dado carpetazo al asunto sin esperar a las diligencias solicitadas por las partes, incluida la Fiscalía, que incluía la petición de más documentación y correos electrónicos a la Junta.

Los abogados del PSOE denuncian la “vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al proceso, por existir una base indiciaria objetivable”, y acusan la “prematuridad y la extemporaneidad” de la resolución al no haber esperado a recibir la documentación pendiente.

También hacen una especial mención a la “flagrante y continuada vulneración de la legalidad aplicable sobre la prórroga de la contratación de emergencia”, y denuncian la “errónea valoración e ignorancia de las reales causas, finalidades y efectos del acuerdo del Consejo de Gobierno, del 6 de octubre de 2020, que eliminó los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por auditorías a posteriori (estas últimas serían las que destaparon las irregularidades dos años después).

“Sin el acuerdo del Consejo de Gobierno, no hubiera sido posible la consumación de los hechos objeto de investigación”, concluye el recurso del PSOE, que subraya una relación causa-efecto entre la retirada de los controles previos y las “muy graves irregularidades” detectadas a posteriori por la Intervención.

Sin personación de la Junta

La Junta de Andalucía no estaba personada en esta causa, aunque sí lo está en la instrucción de Cádiz, que aúna ahora la investigación por malversación en el abuso de contratos menores del SAS (fraccionamiento masivo de contrratos millonarios con la misma empresa y por el mismo servicio) y la de los contratos de emergencia.

En su recurso, Podemos acusa al SAS en su recurso del “apartamiento consciente, sistemático y grosero de la legalidad en materia de contratación pública” y afea al juez Gómez que haya “relativizado la importancia de los reparos” que plantearon reiteradamente los interventores en sus informes sobre los ejercicios de contabilidad 2020, 2021, 2022 y 2023.

El partido morado impugna el auto de sobreseimiento del juez porque subraya, uno a uno, los “demoledores” informes de la Intervención, que alertaron sin éxito a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de la continuidad en el tiempo de “graves salvedades” en la contratación a dedo y la “falta de motivación para volver a la vía ordinaria”.

El recurso señala también la trascendencia de la sustitución del control previo por el control financiero permanente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, un cambio en el sistema de fiscalización al que el juez instructor “restó importancia”, dando por buena la versión de sus responsables, a saber, que era un método de vigilancia “más eficaz”.

Por último, Podemos defiende la necesidad de continuar la instrucción para calcular el “posible perjuicio económico derivado del conjunto de las irregularidades” y pide para ello, en consonancia con el PSOE, que la Audiencia pida “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado. “Descartar la relevancia penal de los hechos sin haber practicado diligencias encaminadas a cuantificar este posible perjuicio y a esclarecer, visto que existen indicios racionales de criminalidad, si existió un favorecimiento deliberado a determinadas empresas, supone un cierre prematuro de la instrucción, por lo que el sobreseimiento acordado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte (art. 24.2 de la Constitución), impidiendo que los hechos sean debidamente investigados y, en su caso, enjuiciados”, concluye.

Es una de las dudas más frecuentes que se plantean al empezar un nuevo contrato laboral: si se prefiere recibir el sueldo prorrateado en 12 meses o conviene mantener las tradicionales 14 pagas. “La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. No hay una opción universalmente mejor, porque a efectos de salario anual no cambia nada, el trabajador cobra lo mismo”, sostiene Andrea Morales, experta en finanzas personales de HelpMyCash.

Mismo salario, distinto reparto

La principal diferencia radica exclusivamente en la distribución del dinero: cobrar en 12 pagas implica recibir más dinero cada mes, mientras que en 14 supone que la empresa retiene una parte para entregar dos pagas extras, normalmente en verano y en Navidad. “Económicamente, disponer antes del dinero es una ventaja, pero solo para quien sabe qué hacer con él, es decir, quien tiene un presupuesto. Para el resto, esa ventaja teórica puede diluirse, porque en lugar de ahorrar dinero y ponerlo a trabajar, pueden gastar más porque mensualmente reciben más”, asegura Morales.

Respecto a la fiscalidad, es importante aclarar que el número de pagas no afecta al IRPF total. “Hacienda calcula el impuesto sobre el salario bruto anual y la situación personal del trabajador”, confirma la experta. “Lo único que varía es el reparto de la retención”, pero al final del año el resultado es idéntico. “Lo que sí cambia es la sensación de liquidez mes a mes, algo que influye mucho en cómo la gente planifica, o no, su dinero”, señala.

12 pagas: liquidez y rentabilidad

Cobrar de forma prorrateada suele ser la opción preferida para quienes tienen un control estricto de sus finanzas. Para Morales, este sistema beneficia a quien es organizado y ahorrador “porque el dinero se puede poner a trabajar antes en cuentas remuneradas, depósitos o, para perfiles más avanzados, en inversión periódica”. Además, valora que este sistema es especialmente útil para:

14 pagas: un salvavidas psicológico

Para muchas personas, recibir una suma importante de dinero dos veces al año funciona como una herramienta de gestión emocional. “Las 14 pagas funcionan para muchas personas como un ‘ahorro forzoso’. El dinero se acumula sin tocarse y llega de golpe”, explica Morales. “Para quien tiene dificultades para ser constante, las extras pueden convertirse en una forma casi automática de reservar dinero, siempre que se separen nada más cobrarlas y no se diluyan en gasto impulsivo”, destaca. 

“Si prefieres no tener la tentación de gastar ese dinero mes a mes y contar con un ingreso extra en épocas de mayor consumo, las 14 pagas pueden ser tu mejor aliado”, aclara. Sin embargo, la experta advierte que este sistema pierde su sentido si las pagas extra se gastan sin planificación o si se utilizan para cubrir recibos básicos, lo que indicaría que el presupuesto mensual está demasiado ajustado. 

“Hablamos de forma general, pero vale la pena hacer siempre una autoevaluación para poder saber qué método nos conviene más”, resume Morales, que insiste en que la decisión final depende totalmente del perfil del trabajador. “Lo que importa es la planificación”, concluye.

Las tres investigaciones judiciales contra el Gobierno andaluz por irregularidades en la contratación a dedo con la sanidad privada siguen caminos divergentes.

Un juzgado de Sevilla acaba de dar carpetazo a la causa por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024, tras 15 meses de instrucción. Casi en paralelo, el juzgado de Cádiz que investigaba al SAS por malversación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores durante 2021 ha abierto una “pieza separada” para poner bajo la lupa la misma querella del PSOE que acaba de archivarse en Sevilla.

Este movimiento del juez Manuel Jesús Gómez, que pasó desapercibido en la última línea de una providencia firmada el pasado 4 de diciembre, ha empezado a caminar este lunes, cuando el magistrado imputó a dos altos cargos del SAS en Cádiz -el exgerente del hospital Puerta del Mar y el responsable de compras- y abrió una nueva línea de investigación. Ambos directivos tendrán que acudir a declarar al juzgado, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo.

La “ampliación” de la querella interpuesta por el PSOE, como acusación popular, viene a unificar las dos causas judiciales que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicaciones a dedo millonarias a la sanidad privada entre 2020 y 2024: el caso de los contratos troceados y el caso de los contratos de emergencia amparados en un Real Decreto ya derogado.

Ambos tienen el mismo origen: los informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta de Andalucía que alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de las “irregularidades” detectadas en los procedimientos de contratación del SAS con la sanidad privada, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y sorteando los controles habituales de los auditores.

La conexión entre ambas investigaciones forma parte de la estrategia procesal del PSOE, cuyos abogados han visto cómo, en apenas un mes, una de las causas se desinflaba, y otras dos cogían fuerza. La pieza separada que ha abierto el juez de Cádiz viene a corregir y ampliar la instrucción original, que partió de una denuncia de Podemos centrada exclusivamente en los contratos troceados del SAS.

Los socialistas, promotores de la querella por prevaricación contra los tres últimos gerentes del SAS en el juzgado de Sevilla, se personaron luego en el tribunal de Cádiz con la causa ya abierta, y con la idea de unificar todas sus denuncias en un mismo procedimiento.

Lo han logrado en este tribunal, pero también en otro de Córdoba, que ha abierto diligencias este mismo mes para investigar desde el principio tanto el abuso de los contratos menores -a través del fraccionamiento de un mismo contrato millonario por el mismo servicio y con la misma empresa para eludir los topes legales- como las prórrogas de los contratos de emergencia hasta 2024 usando un Real Decreto derogado en mayo de 2021, y en contra de las instrucciones de la propia Consejería de Hacienda.

La causa judicial abierta en Córdoba hace tres semanas, que instruye el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, concentra toda la estrategia procesal del PSOE contra el “uso sistémico” de la adjudicación a dedo de contratos a empresas privadas, bien con la fórmula del contrato de emergencia, o bien a través del troceamiento recurrente de contratos menores.

La querella criminal se apoya, como las otras, en las denuncias que emitieron los interventores de la Junta de Andalucía en sus informes a posteriori de la contabilidad del SAS, de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. “Dado que este incumplimiento ha sido advertido en anteriores informes y recomendaciones, se trata de una práctica mantenida en el tiempo y cuyo montante sigue siendo amplio”, reza uno de las últimas auditorías del supervisor, que obra en manos de los jueces.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y Córdoba, los socialistas habían presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

De momento, el juez de Cádiz investiga si el Gobierno de Moreno malversó fondos públicos y el juez de Córdoba se centra en los delitos “administrativos”. Con la ampliación de su querella, el PSOE ha logrado en Cádiz algo que el juez de Sevilla les denegó: reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice, de forma “global”, todos los expedientes de gasto bajo sospecha y que elabore informes sobre la justificación de los contratos, sobre los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial” debido a la falta de publicidad y concurrencia competitiva.

Comparar los precios antes y después de los contratos a dedo

El juzgado de Cádiz investiga un delito de malversación, no es de extrañar que el magistrado haya pedido a los interventores que “revisen los precios” que pagaba el SAS a la sanidad privada usando los contratos de emergencia o el fraccionamiento masivo, y que los compare con los precios estipulados para los mismos servicios en un contrato ordinario en abierto, que la Junta dejó de usar como regla general entre 2020 (inicio de la pandemia) hasta 2025.

Lo que busca el juez con esta “evaluación de contraste” entre los precios contratados [a dedo] y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia, es aclarar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”. Para ello, el magistrado también ha pedido una comparativa de precios de los servicios sanitarios contratados en otras comunidades autónomas.

El juzgado de Sevilla ha ordenado archivar la causa sin llegar a cotejar este desfase de precios, de hecho, en su auto niega de plano esta posibilidad: “La contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia, como tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de Fondos europeos”, reza el escrito.

En la querella criminal interpuesta contra los tres últimos gerentes del SAS, el PSOE llegó a cuantificar en más de 24 millones el delito de malversación de caudales públicos, una cifra que representa el 10% de los 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 que están bajo sospecha. Ese 10% es la rebaja media que suele haber en las contrataciones públicas de la Junta de Andalucía sobre los precios de licitación, cuando se usa el procedimiento abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, a resultas de las distintas ofertas que hacen las empresas interesadas para hacerse con el contrato.

Según los denunciantes, el abuso de la contratación a dedo durante más de dos años restringió esa libre competencia, lo cual redundó en “una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz”. 

Defensa de la legalidad de los contratos

El Gobierno de Moreno ha defendido en todo momento la legalidad de los contratos del SAS y ha sacado pecho de su gestión sanitaria tras el archivo de una de las causas. Sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación (14 de marzo de 2023).

Entre 2019 -antes de la pandemia de coronavirus- y 2025, el SAS orilló la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, para hacer adjudicaciones directas de servicios, obras y prestaciones a empresas privadas elegidas a dedo, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y el contrato negociado sin publicidad.

Las tres variantes son legales, pero pueden dejar de serlo si la Administración no argumenta una urgente e imperiosa necesidad que justifique saltarse los controles regulares y evitar un procedimiento en abierto ante una situación sobrevenida, imprevista o catastrófica, como una dana. O como lo fue la pandemia de Covid-19.

Los interventores del SAS consideraron -y así lo plasmaron en una docena de informes- que la pandemia no justificaba el uso sistemático del contrato de emergencia ya en 2021. Y menos en 2022, 2023 y 2024. El juez José Antonio Gómez, que acaba de dar carpetazo a la investigación más avanzada sobre este asunto, admite en su auto ese cúmulo de “irregularidades” detectadas por los auditores, pero concluye que “no hay delito”.

Y defiende justo lo contrario, que el impacto de la pandemia en la presión asistencial andaluza seguía justificando la contratación a dedo dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda remitiera un escrito a Salud para que dejara de hacerlo y limitara este sistema a un uso “residual”.

Los órganos de fiscalización interna reprochan a la Junta de Andalucía haber convertido estas figuras excepcionales de contratación en la regla general del SAS, por la que se adjudicaron a dedo cientos de millones de euros a un puñado de empresas privadas. El carpetazo a la causa abierta en Sevilla va camina de un recurso de apelación por parte de las acusaciones, PSOE y Podemos, aunque es probable que la Fiscalía Anticorrupción se inhiba.

Otros dos juzgados siguen investigando, por separado, la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023, prorrogando dos años y medio la vigencia de un Real Decreto derogado, que el Gobierno central habilitó durante el primer año de la pandemia para flexibilizar las compras de suministros y la contratación de servicios por parte de las administraciones.

También se investiga si hubo malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021 en Cádiz, donde está imputado el responsable provincial de compras del SAS, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, el carpetazo judicial al caso de los contratos de emergencia con la sanidad privada en Andalucía -la primera y más avanzada de las tres investigaciones por corrupción que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno- ha desatado la euforia en el PP y dejado noqueado al PSOE, promotor de la querella que motivó la apertura de diligencias hace 15 meses.

El Gobierno andaluz llevaba más de un año sufriendo el hostigamiento de una oposición que centraliza todos sus esfuerzos en cuestionar su gestión sanitaria, desde las demoras para ser atendido por un médico de familia y la larga lista de esperas quirúrgicas, hasta las investigaciones judiciales por prevaricación y malversación en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada, que ponen bajo sospecha cientos de millones de euros.

Ahora el PP considera este archivo judicial una enmienda a la totalidad a la estrategia del PSOE de María Jesús Montero y, por extensión, un aval a toda la gestión sanitaria de la Junta.

La Justicia investigaba al Gobierno de Moreno por seguir usando contratos de emergencia con clínicas privadas -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- amparándose en el marco legal habilitado en pandemia dos años después de que se derogase.

Las prórrogas y ampliaciones millonarias de estos contratos continuaron después de que una instrucción de la Consejería de Hacienda advirtiera por escrito de que debían parar, y así aparece en los múltiples informes de los interventores del SAS, que denunciaron las irregularidades que dan pie a la investigacion judicial.

La Junta anunció que suspendía ese tipo de contratos 24 horas después de que lo publicase elDiario.es, pero posteriormente defendió que el procedimiento de contratación de emergencia hasta 2024 era legítimo, porque la OMS aún no había levantado oficialmente la declaración de pandemia.

La querella que se acaba de archivar era la más trabajada y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en la causa que instruye un juez de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

“Colapso” de la salud pública

Las causas judiciales abiertas contra el Ejecutivo andaluz eran, en realidad, un complemento más del discurso omnipresente que mantienen sus rivales políticos para denunciar el “colapso” de la sanidad pública andaluza y una “estrategia” para instrumentalizar ese deterioro progresivo de lo público y justificar la “gran privatización” del sistema sanitario [un tercio del Presupuesto autonómico], derivando miles de pacientes a clínicas privadas.

El primer juzgado (de Sevilla) que empezó a investigar al SAS por prevaricación en la contratación pública terminó imputando a la actual gerente, Valle García, y a sus dos predecesores -Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-. Citó a declarar como testigos a miembros en activo del actual gabinete -la consejera de Medio Ambiente (ex de Salud) y la viceconsejera de Hacienda- y apuntó la instrucción hacia el mismo Consejo de Gobierno, donde se acordó retirar los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por auditorías a posteriori.

Todos los pasos que dio el juez José Antonio Gómez inflamaron la estrategia de oposición del PSOE andaluz contra Moreno, atizado en cada sesión parlamentaria con un binomio envenenado que ligaba “mala gestión” con “corrupción”. Hasta hace diez días, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidencia, María Jesús Montero, le reprochaba en cada acto que mantuviera en su puesto a la gerente imputada del SAS.

El archivo “temporal” de la causa -el auto será recurrido ante la Audiencia de Sevilla- ha desinflado a los socialistas, aunque este lunes se hayan aferrado a las otras dos investigaciones en curso (una en Cádiz y otra en Córdoba) y anunciado que acudirán a instancias judiciales superiores para reabrir el caso.

Sus representantes legales “no se lo esperaban”. El carpetazo del juez les ha pillado “por sorpresa”, les ha parecido “precipitado”, porque incluso faltaban expedientes por llegar al juzgado que habían solicitado las acusaciones. Los socialistas presentarán recurso de apelación antes del próximo lunes -fecha tope de plazo- alegando que el sobreseimiento “no cumple la doctrina del Tribunal Supremo”, dado que hay “indicios suficientes” para seguir investigando. Está por ver si la Fiscalía se alinea con el juez o también recurre el auto.

“Desconcierto y estupor”

En el PSOE andaluz se reconocen “desconcertados”, porque 48 horas antes del archivo de la causa, el juez tomó declaración a la exconsejera de Salud, Catalina García, cuarto alto cargo del Ejecutivo de Moreno que pasaba por el juzgado ofreciendo una versión distinta sobre quién ordenó retirar los controles previos a los contratos sanitarios. La exinterventora general de la Junta, y actual número dos de Hacienda, Amelia Martínez, señaló a García, y García señaló a su “equipo técnico”, entre ellos, el exresponsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda.

El magistrado apenas hace mención a este cruce de contradicciones en su escrito. El juez Gómez reconoce los informes de los interventores del SAS que denunciaron reiteradamente las irregularidades en la contratación, admite que cientos de contratos se amparan en un Real Decreto “ya derogado”, pero le resta importancia porque prima, por encima de todo, las circunstancias de la pandemia, vigentes hasta la última prórroga de esos contratos, en 2024.

“No puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”, reza el escrito.

El auto defiende que “no hay delito” argumentando que ninguna otra empresa sanitaria del sector privado recurrió los contratos a dedo del SAS, al considerar que todas ganaban con el procedimiento de adjudicación directa y de urgencia. El juez resta importancia a la diferencia de precio que supone para la Administración contratar de emergencia o usar el procedimiento ordinario, abierto y con concurrencia pública. Ese desfase de precios se imputa a las arcas públicas, pero el juez lo minimiza.

A la izquierda del PSOE, donde se sitúa Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos (éste último denunció el fraccionamiento de contratos del SAS que investiga un tribunal de Cádiz y se sumó a la querella socialista en Sevilla), la reacción al archivo de la causa ha sido más visceral, llegándose a preguntar qué “amigos” tiene Moreno en la judicatura y qué “milagro” tiene que ocurrir para que un tribunal investigue la corrupción en el PP.

El presidente de la Junta siempre defendió que no había delito -como acaba de ratificar el juez- y que, a lo sumo, habría “irregularidades administrativas”. Moreno se basaba en las “conversaciones con amigos juristas”, una expresión que ahora recuperan algunos dirigentes de izquierdas para verter sospechas sobre el archivo de la causa de los contratos.

“Que pidan perdón a los andaluces”

La sacudida política que ha provocado este último auto del juez ha sido, por tanto, similar a la de los anteriores escritos del magistrado en los que la instrucción avanzaba y el PSOE sostenía que “el cerco a Moreno se estrechaba”. No es de extrañar que la reacción de la Junta y del PP andaluz haya sido la de sacar pecho, exigir a la oposición que “pida perdón” e intepretar el archivo de esta causa judicial como un “aval” a toda la gestión sanitaria de Moreno.

Con el auto del juez, que defiende de forma contundente la actuación de la Junta al prorrogar los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, pese a que el marco legal habilitado en pandemia ya estaba derogado, el Ejecutivo andaluz trata de aplastar todo el cuerpo argumentativo de sus rivales políticos, que va más allá de la denuncia en los juzgados, y abarca desde las críticas por las listas de espera quirúrgicas a la reciente crisis de los cribados de cáncer de mama. Este último escándalo golpeó a Moreno más que ningún otro y provocó el cese de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, y media docena de altos cargos.

“Este archivo viene a corroborar lo que ya estábamos diciendo desde la Junta: que se actuó en el ámbito de una crisis sanitaria, así decretada por el Gobierno, que nuestros controles eran superiores y que estos contratos tenían informes jurídicos, por tanto eran legales. No se hicieron por capricho”, dijo este lunes la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España.

Tanto ella como el número dos del PP andaluz, Antonio Repullo, han acusado al PSOE y a Podemos de “indignidad” por “intentar sacar rédito político de la tragedia del coronavirus”, que dejó 16.000 muertos en Andalucía.

La factura dels danys causats per la dana al patrimoni públic de la Generalitat Valenciana s’elevava fins al mes d’octubre passat a 642,6 milions d’euros. Aquest és l’import dels contractes d’emergència adjudicats a dit pel Govern de Mazón dels quals fins ara s’ha donat compte a la comissió d’investigació de la dana en les Corts, segons la documentació recaptada per elDiario.es.

Amb motiu de les inundacions del 29 d’octubre, la Generalitat va activar els mecanismes previstos en la legislació vigent per a donar resposta immediata a les necessitats urgents derivades de la catàstrofe. Es va aplicar així l’article 120 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, regulador de la contractació d’emergència, que implica la possibilitat d’adjudicar els contractes a dit sense traure’ls a concurs públic per a agilitzar els terminis.

Les obres s’han adjudicat a un total de 150 empreses, moltes de les quals de prestigi i amb un gran recorregut, alguna qüestionada per tindre vinculacions amb membres del gabinet de Mazón i altres, si bé amb grans capacitats tècniques, materials i humanes per a afrontar obres de gran importància a curt termini, amb directius condemnats per corrupció en el passat.

En aquest últim grup s’enquadrarien Becsa (21,5 milions), CHM Obras e Infraestructuras (24,1 milions) i Tizor, del Grupo Cívica, vinculada a l’empresari alacantí Enrique Ortiz (1,7 milions). En total, 47,3 milions d’euros en contractes adjudicats a dit.

En el cas de Becsa, un dels seus accionistes, l’empresari castellonenc Gabriel Alberto Batalla, va ser condemnat en el marc del cas Gürtel a un any i nou mesos de presó per dos delictes electorals relatius als comicis autonòmics i municipals del 2007 i per un delicte de falsedat documental.

Els contractes que se li han adjudicat han sigut per 10,2 milions d’euros la redacció del projecte i execució de les obres d’emergència dana-2024 de rehabilitació de diversos trams de les carreteres CV-35, CV-42, CV-43, CV-50, CV-235, CV-245, CV-390, CV-355 i CV-515. Zona de conservació València Nord. Per 8,1 milions la redacció del projecte i execució de les obres d’emergència dana-2024 de rehabilitació dels ponts de la carretera CV-50 situats en els punts quilomètrics 74+000 i 76+200. Terme municipal de Xest (la Foia de Bunyol). I per 3,2 milions les obres per a la reposició d’elements de seguretat i estudi i mesures per a garantir l’estabilitat de la presa de Buseo en el terme municipal de Xera (la Plana d'Utiel-Requena), amb motiu de les pluges torrencials esdevingudes el dia 29 d’octubre de 2024.

Per part de CHM Obras e Infraestructuras, el seu president, l’empresari Francisco Javier Martínez Berna, va assumir la mateixa pena (un any i nou mesos) en la causa pel finançament il·legal del PP valencià. Les adjudicacions a la mercantil han sigut 11,5 milions per a la redacció del projecte i execució de les obres d’emergència dana-2024 de rehabilitació de la carretera CV-36 des del punt quilomètric 8+000 fins al punt quilomètric 10+000 i reparació del viaducte sobre el barranc de Poio en el punt quilomètric 8+640, terme municipal d’Alaquàs, Aldaia i Torrent (l’Horta Sud). Contracte d’emergència per valor de 6,4 milions per a les obres de rehabilitació del pont ferroviari sobre el barranc de Poio a Paiporta, juntament amb la inspecció i mesures correctives de les estructures en el tram Picanya-Castelló pel desbordament del barranc de Poio. I un contracte per valor de 6,2 milions per a les obres de reconstrucció de dos centres de la Generalitat en la localitat de Catarroja, a la comarca de l’Horta Sud.

L’empresa alacantina Tizor Hormigones y Asfaltos SL, integrada en el Grupo Cívica, va ser adjudicatària de la reconstrucció d’infraestructures afectades per la dana en el municipi de Xestalgar, en la ribera del riu Túria, per 1,7 milions d’euros, impostos inclosos. La companyia i el hòlding empresarial pertanyen a la família de l’empresari alacantí Enrique Ortiz, condemnat després de confessar que havia finançat il·legalment el PP valencià.

D’altra banda, l’empresa STV Gestión SL, de la qual va ser responsable de Relacions Institucionals José Manuel Cuenca, el que va ser cap de gabinet de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, es va adjudicar 2,7 milions en un dels primers contractes d’emergència adjudicats, per a la neteja de polígons industrials afectats per la barrancada.

Diversos dels propietaris de l’empresa també són accionistes de la societat Tecnologia de la Construcción y Obras Públicas SA, adjudicatària de 3,2 milions d’euros en un contracte d’emergència per a obres en una depuradora.

La Generalitat defensa les contractacions

Fonts autonòmiques consultades per elDiario.es defensen sobre aquest tema que la contractació d’emergències duta a terme per la Generalitat en el marc de les faenes per a reconstruir infraestructures danyades o directament arrasades per la dana segueix “escrupolosament la normativa”. La contractació per emergència “és una forma de contractació que s’adapta a l’actual situació en què no hi ha temps a perdre i, per això, no es presenten diversos candidats per a fer les obres, sinó que s’assigna de manera directa per part de la Generalitat”, expliquen.

Segons expliquen, “s’ha buscat un repartiment equitatiu i que no foren dues o tres empreses les úniques que assumiren les reparacions”. De fet, “en el cas de les carreteres de titularitat autonòmica, de les set obres més rellevants, cap firma repeteix”. Una situació molt similar s’esdevé “en les obres locals assumides per la Generalitat davant la impossibilitat de fer-les els ajuntaments, com és el cas”.

Les mateixes fonts afigen: “Parlem que només en les faenes dutes a terme per la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Recuperació han treballat de manera directa 150 empreses. Calia un esforç massiu i s’han triat empreses que podien fer les faenes dins del termini i en la manera corresponent i tingueren mitjans. Parlem d’empreses que han tingut contractes en aquesta legislatura i l’anterior i que també han fet contractes per al Govern. Com s’ha fet en aquest procés, s’han prioritzat criteris de disponibilitat immediata, solvència i que busquen que les obres es puguen acabar íntegrament i que no desistisca una signatura a mitjan execució”.

A més de les ja esmentades, aquestes són algunes de les empreses que han participat en les tasques de reconstrucció com a adjudicatàries de contractes d’emergències: