Servicios sin contrato o fraccionamientos: la Intervención detecta un rosario de irregularidades y despilfarro con Mazón

El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, anunció en enero de 2024 la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar supuestos “aspectos de dudosa legalidad” en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y anunció la supresión de seis empresas “fantasma” cuyas funciones aseguraba que estaban duplicadas. De esta forma trataba de arrojar dudas y sospechas sobre la gestión del Gobierno del Botánico.

Por este motivo, un mes más tarde anunció la creación de una comisión de investigación del sector público en las Corts que se cerró el pasado mes de marzo por acuerdo del PP y de Vox sin que se produjera ni una sola reunión. Ese mismo mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, y el viceinterventor, Ignacio Pérez, firmaron una demoledora auditoría sobre todo el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica relativo al ejercicio 2024 que arroja un rosario de irregularidades y despilfarro. Pese a que el informe se firmó hace tres meses, ha sido este jueves 4 de junio cuando se ha colgado en el portal de la Conselleria de Hacienda.

Entre los aspectos más graves, la auditoría pone de relieve que “en siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública” destacando el Hospital General de Valencia con 118,5 millones, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló con 25,5 millones y Feria Valencia con 8,1 millones.

En catorce entidades del SPI se ha realizado “un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que disponen los artículos 29.8 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En total, se contabilizan 11.138 contratos menores por valor de 34,2 millones de euros y 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones de euros.

En veinticinco entidades del SPI no se han implementado “declaraciones de conflicto de intereses para todas las personas participantes en la tramitación de los expedientes u otras medidas adecuadas adoptados por los órganos de contratación, incumpliendo la previsión establecida en el art. 64 de la LCSP”.

En todas las universidades se ha detectado “el uso de contratos menores para satisfacer necesidades periódicas, recurrentes o previsibles que deberían licitarse mediante procedimientos abiertos, sistemas dinámicos de adquisición o acuerdos marco. Una de las universidades auditadas hace un uso intensivo del contrato menor”. En particular, destaca el caso de la Politécnica de València con 55.118 contratos menores, el 59% del total de contrataciones.

En el área de personal, se cifra en 22.562 el total de trabajadores del sector público instrumental de la Generalitat, 2.591 más que en 2023, lo que supone un aumento de gasto de 62 millones de euros a pesar de que Mazón siempre criticó al Gobierno del Botánico por el exceso de gasto o de “grasa administrativa” y prometió adelgazar la administración para ahorrar.

Además, la auditoría oculta uno de los aspectos más criticados por el PP de Mazón y de Pérez Llorca como son las contrataciones de personal laboral temporal sin permiso de Hacienda, un dato que hasta ahora siempre aportaban estos documentos y que era munición para la oposición. Se trata del personal de sustitución que necesita una rápida tramitación, especialmente en servicios sociales o sanidad. En el informe de 2023 se destacaba que 2.750 contrataciones de personal laboral temporal no había contado “con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuesto”. Una situación que cada año se da en mayor o menor medida y que en esta ocasión no aparece.

Sí que se destaca, por ejemplo, que “en la ejecución del Plan Anual de Auditorías 2025, de 46 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 5 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos”.

En determinados casos (como en los encargos realizados a la entidad VAERSA) “no se acredita suficientemente el cumplimiento efectivo de la exigencia de que el medio propio disponga de recursos humanos, materiales y técnicos adecuados y suficientes para llevar a cabo las prestaciones encargadas” y respecto a tres expedientes de encargos ordenados a VAERSA y analizados añade: “Una parte significativa del personal vinculado a su ejecución ha sido contratada mediante relaciones laborales de carácter temporal, alcanzando en uno de los casos un 60 % del total; no consta que la entidad haya solicitado la preceptiva autorización previa del órgano competente de la Conselleria con competencias en materia de Hacienda para la contratación de personal laboral temporal, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 36.5, párrafo segundo, de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024”.

Asimismo, dentro de los principales incumplimientos detectados en el transcurso de los trabajos de auditoría destacan los siguientes: “Se ha exigido el reintegro de cantidades indebidamente abonadas en la entidad Plan Cabanyal; se ha detectado el abono de gastos de acción social y/o productividades en cuatro entidades (FGV, ITV, Feria Valencia y SGISE)”.