La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT esperan que la Conselleria de Educación les presente el documento base que solicitaron en la reunión de este domingo y mantienen acciones puntuales de protesta esta semana como votaron “mayoritariamente” los profesores en la consulta telemática que se hizo el viernes y el sábado.

En este sentido, varias columnas de manifestantes han tomado calles como Colón o Conde Trénor de València, donde han realizado una sentada, y en Alicante decenas de profesores se han plantado en los exteriores de Ciudad de la Luz para recibir al presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a gritos de “consellera dimisión”.

Los tres sindicatos mayoritarios en la mesa de negociación -están también representados ANPE y CSIF- han señalado en un comunicado conjunto que ayer la Conselleria les informó de que este lunes les facilitaría el nuevo documento con las aportaciones que aceptaban de las propuestas sindicales y que convocaría reuniones parciales de cada tema entre hoy y el miércoles.

“De momento no se nos ha facilitado el documento y se han convocado las reuniones parciales telemáticamente”, indican, e informan de que por ello no se han conectado a la de esta mañana, a las nueve horas.

Los sindicatos lamentan que la Conselleria se mostrara ayer “tan cerrada, nuevamente, respecto a reabrir la negociación de las retribuciones y a mejorar la situación del valenciano a la enseñanza” e insisten en que han intentado conseguir un documento marco con avances en todos los temas para poder presentar al profesorado.

“Una vez la Conselleria facilite el documento a los sindicatos se estudiarán las incorporaciones y se hará público para que sea estudiado por el conjunto del profesorado”, añaden.

Comunican por último que esta semana convocarán acciones puntuales “tal y como se votó mayoritariamente en la consulta de este fin de semana”.

Bajo las calles de Alicante existe otra ciudad. Una invisible, silenciosa y marcada por uno de los episodios más duros de la Guerra Civil española. Mientras arriba circulan coches, turistas y vecinos, bajo tierra todavía sobreviven decenas de refugios antiaéreos construidos para proteger a la población de los bombardeos que castigaron la ciudad durante los años treinta.

Alicante es, de hecho, la única ciudad española que conserva más de 90 refugios antiaéreos catalogados repartidos por su casco urbano. Muchos permanecieron tapiados y olvidados durante décadas, aunque en los últimos años el Ayuntamiento ha comenzado a recuperarlos y abrir algunos al público para convertirlos también en espacios de memoria histórica.

Los refugios se concentran especialmente en barrios como Carolinas Bajas, Mercado Central, San Antón o Campoamor. Algunos de ellos se encuentran bajo plazas y calles por las que hoy pasan miles de personas sin imaginar lo que esconden bajo sus pies. La ciudad sufrió durante la Guerra Civil un total de 71 bombardeos que dejaron cerca de 500 muertos y destruyeron centenares de edificios. La amenaza aérea obligó a desarrollar toda una red subterránea de protección civil que acabó convirtiéndose en una de las más extensas de España.

Una red subterránea construida durante la guerra

Durante la contienda se levantaron alrededor de 94 refugios antiaéreos con el objetivo de proteger a la mayor cantidad posible de población. Algunos fueron promovidos por las instituciones y otros por particulares o empresas, aunque todos debían cumplir unas normas muy concretas relacionadas con la resistencia de las estructuras y la capacidad de acogida.

El 10 de julio de 1937 se creó en Alicante el Comité Local de Defensa Pasiva, encargado de coordinar todas las cuestiones relacionadas con la protección civil frente a los ataques aéreos. A partir de entonces, las nuevas construcciones residenciales e industriales debían incluir también refugios financiados por los propios promotores.

Tal y como dice la web del Ayuntamiento de Alicante, “durante la contienda se construyeron en torno a 94 refugios antiaéreos en la ciudad para albergar a la máxima cantidad posible de población y protegerla así de los ataques aéreos y químicos”. Aquella red subterránea se convirtió en un elemento esencial para la supervivencia de miles de personas durante los bombardeos.

Según los documentos municipales de la época, en julio de 1938 ya existían 55 refugios con capacidad para más de 38.000 personas, aunque el objetivo era seguir ampliando la infraestructura hasta poder acoger a más de 100.000.

Los refugios que hoy pueden visitarse

Durante muchos años apenas podían visitarse algunos espacios concretos, como los refugios de las plazas Balmis y Séneca o el Centro de Interpretación de los Refugios Antiaéreos. Sin embargo, el Ayuntamiento inició hace unos años un proyecto de recuperación de varios enclaves históricos repartidos por la ciudad.

Entre los refugios incluidos en ese plan aparecen los situados en el Paseo Marvá, Marqués de Molins, calle Padre Mariana, Plaza Hermanos Pascual, Mercado Central y la antigua Fábrica de Tabacos. El objetivo no solo pasa por conservar estas estructuras, sino también por convertirlas en espacios de divulgación y reflexión sobre la memoria democrática de Alicante.

Muchos de estos refugios permanecían sellados, llenos de escombros o sin accesos adecuados. Por eso, una de las primeras actuaciones consistió en reabrir entradas, limpiar interiores e instalar sistemas eléctricos para garantizar futuras visitas. Hoy, Alicante sigue conservando bajo tierra una de las huellas más impactantes de su historia reciente. Una ciudad oculta construida a toda prisa para sobrevivir a las bombas y que todavía recuerda, décadas después, cómo la guerra también quedó grabada bajo el asfalto.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado citar a declarar el próximo 17 de junio en calidad de testigos a los representantes de seis empresas en el marco de las diligencias previas en las que se investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización les Naus de esta ciudad.

La magistrada ha adoptado esta decisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en una providencia notificada este viernes, en la que también ha decidido que comparezcan ese día mismo día otros dos testigos que ya habían prestado declaración con anterioridad: la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante.

Igualmente, reclama en esa resolución a uno de los investigados, gerente de la cooperativa promotora de las viviendas, diversa documentación relativa al proyecto y a los empleados de dos mercantiles.

La instructora ha dictado otras dos providencias este viernes. En la primera, pide al sindicato CGT que preste una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación popular. En la segunda, encarga a la Policía Nacional personarse en el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación.

Esa última medida ha sido adoptada al no constar respuesta por parte del Consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo para que se remitieran esos documentos.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante deberá personarse así en las dependencias de los servicios jurídicos municipales para identificar a su responsable y requerirle para que aporte los documentos solicitados “en el plazo improrrogable de cinco días naturales”.

Todo ello “bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el art. 556 del Código Penal”, tal y como establece expresamente la providencia.

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP) del sindicato CGT se ha personado como acusación popular en la causa de las viviendas de protección pública que investiga una jueza de Alicante.

FETAP-CGT alude a la “gravedad de unos hechos que afectan de lleno a la confianza ciudadana en la gestión pública, especialmente cuando lo investigado se refiere a viviendas de protección pública y a posibles irregularidades en su adjudicación”.

“No estamos ante un asunto menor ni ante una controversia meramente administrativa: cuando hay dudas sobre el acceso a vivienda protegida, sobre posibles tratos de favor o sobre el uso de una posición institucional, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad”, afirma el sindicato libertario en un comunicado.

FETAP-CGT también recuerda que la Administración “no pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes ocupan temporalmente un cargo público” sino “a la ciudadanía”, por lo que “debe funcionar bajo principios de legalidad, igualdad, transparencia y responsabilidad”.

La Federación representa a afiliados del Ayuntamiento de Alicante “y a trabajadoras y trabajadores públicos que sostienen diariamente la actividad municipal y es por ello que considera que el descrédito institucional provocado por hechos de esta naturaleza también afecta a la plantilla pública, que no puede quedar asociada a prácticas ajenas a los principios que deben regir la función pública”, concluye el comunicado.

Un busto romano en buen estado de conservación y que podría representar a la diosa Venus se ha hallado en la ciudad de Alicante durante las excavaciones que se están realizando debido a las obras de regeneración de la playa de la Almadraba, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento alicantino.

“Se trata de un hallazgo cultural e histórico de valor incalculable”, aseguró Nayma Beldjilali, concejala de cultura, que además añade que se podría hablar de “uno de los más importantes hallazgos en toda la historia en Alicante y provincia de una escultura romana”.

Este busto de la época alta romana, de gran calidad técnica, estaría datado entre los siglos I y II d.C, que según los especialistas sería de las más relevantes encontradas en el entorno de la antigua ‘Lucentum’ y que podría formar parte en un futuro de la colección del Museo de la Ciudad de Alicante (MUSA), en el castillo de Santa Bárbara.

La pieza tiene unas medidas de 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho, y encaja como lo que podría ser una cabeza de una escultura como las que solían decorar las casas patricias romanas. En este sentido cabe mencionar que la zona era conocida por la existencia de una villa romana vinculada a la ciudad de Lucentum, que con este último hallazgo confirmaría su nivel económico elevado.

Las pistas que lleva a pensar que se trata de una Venus

Ese busto romano de gran calidad artística y óptimo estado de conservación, que podría representar a la diosa Venus según los técnicos municipales. “Presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado recogido hacia atrás con raya en medio siguiendo el modelo idealizado de representaciones de divinidades como la Afrodita griega o la Venus romana”, afirma el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos.

Sin embargo, como apunta el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante al diario local Información, cabe todavía estudiar dos cuestiones esenciales como el contexto exacto y el material de la escultura, que en caso de ser de mármol que no procede de la zona tendría un valor todavía mayor.

Zona de riqueza arqueológica y origen de la ciudad de Alicante

La zona donde se ha hallado, en el yacimiento de la Almadraba, se sitúa cerca del Tossal de Manises, donde aparece el corazón de la antigua Alicante, que fue Lucentum, una ciudad de gran importancia debido a su posición estratégica en la costa mediterránea y que había sido previamente un antiguo poblado íbero.

Esta zona vivió su máximo esplendor durante el mandato del emperador Augusto, siendo cuando adquirió el título de municipio romano y cuando se construyeron edificios importantes como el foro, termas públicas, templos y el sistema de alcantarillado. En este contexto, la diosa Venus, como su equivalente griega Afrodita, era considerada en el Imperio la madre del pueblo romano y al representar el amor, la belleza y la fertilidad.

Acuerdo entre el PP y Vox sobre el plan de trabajo de la comisión de investigación de las Corts por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante.

La mesa de la comisión, con mayoría de ambos partidos, ha acordado este viernes llamar a declarar al alcalde popular, Luis Barcala, a cambio de no citar a ningún responsable del Gobierno valenciano, ni tan siquiera a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni al expresidente Carlos Mazón como responsable de los cambios normativos que redujeron los controles y bajo los que se produjeron las presintas irregularidades.

En la propuesta inicial del grupo popular de las Corts no figuraba ningún miembro del Consell y tampoco Luis Barcala, mientras en la de Vox sí que se incluía al primer edil de Alicante, pero no así a responsables del Gobierno valenciano. De esta forma se desprende que ha habido un acuerdo por el que se llama a comparecer a Barcala a cambio de evitar el desgaste de los responsables autonómicos, así como de Mazón, en un interrogatorio en las Corts.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha denunciado que “una vez más se asiste a una no comisión de investigación como sucedió con la dana” al tiempo que ha lamentado que “es un teatro del PP y de Vox que tienen mayoría en la mesa y que han tardado tres meses en llegar a un acuerdo y presentar un plan de trabajo”.

Salvador ha considerado que la discusión sobre la inclusión de Barcala entre los comparecientes “ha retrasado el acuerdo en el plan de trabajo y finalmente el PP acepta que venga a cambio de no vengan Mazón, Camarero ni Pérez Llorca que son fundamentales para la investigación” puesto que “la normativa que rige el proceso de adjudicación es de la Generalitat y el señor Mazón, con Susana Camarero de consellera, aprobó un decreto que modificó los controles en las adjudicaciones, mientras que Pérez Llorca dijo que iba a introducir nuevos controles y no lo ha hecho”.

Por su parte, la diputada de Compromís, María Josep Calabuig, ha criticado que sigue sin haber un calendario para las comparecencias y que “faltan tres de los cuatro máximos responsables porque no están ni la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni el máximo responsable del decreto que ha abierto la puerta a esta presunta estafa, Carlos Mazón, ni al actual presidente que ha heredado esta normativa y no ha hecho nada, Juan Francisco Pérez Llorca”.

Calabuig ha lamentado que están en las Corts para investigar, pero “los máximos responsables de la normativa vigente que ha propiciado esta situación no vendrán porque entre el PP y Vox se tapan las vergüenzas” y ha considerado que “es una falta de respeto para las 76.000 personas que están en lista de espera para obtener una vivienda protegida”.

La Mesa de les Corts rectifica i admet a tràmit les preguntes presentades pel PSPV sobre el procés d’ascens a comandament de bombers de la mà dreta de Carlos Mazón en Emergències, Alberto Javier Martín Moratilla. L’òrgan de govern de la cambra, presidida per Vox i amb majoria del PP, ha estimat el recurs de les diputades socialistes, que demanen una sèrie de documentació sobre els cursos que va superar l’exdirector general per a optar a processos selectius públics.

Les diputades van registrar les peticions referides al director general d’Emergències llavors, que va aprovar un procés intern per a accedir a l’escala de comandament en el cos de bombers d’Alacant, d’on procedeix. Martín Moratilla va cursar una de les fases pràctiques del curs just abans de ser nomenat director general per Mazón, el juliol del 2024, abans fins i tot del període que la resolució indicava: setembre del mateix any. La sospita de les socialistes i del sindicat Comissions Obreres, que ha portat el procés a Antifrau, és que, d’acord amb les bases, no es poden fer les pràctiques abans d’hora i hauria d’haver sigut suspés. Així ho va afirmar el sindicat en la seua denúncia, i va demanar a l’Agència d’Emergències que aclarira aquest extrem. El ja ex-director general va tornar a fer el curs el maig del 2025 i en tots dos casos va aprovar, cosa que no quadra a les parlamentàries.

Per això, les diputades Marisa Navarro i Alicia Andújar van registrar una bateria de preguntes sobre les qualificacions de l’opositor a bomber, incloent-hi qualificacions i terminis. Després d’una primera tanda, van tornar a tractar d’afinar les perquisicions i van preguntar per què Martín Moratilla fa les pràctiques abans del termini i per què va tornar a fer les pràctiques mesos després. La Mesa de les Corts Valencianes va considerar que l’enunciat de les preguntes “inclou la identificació de diverses persones que no tenen transcendència pública” a la Comunitat Valenciana, encara que només una esmenta un funcionari que no ha sigut un alt càrrec del Consell. Per això, l’òrgan va traslladar al PSPV que havia acordat “suspendre la tramitació de les preguntes esmentades” i va requerir al partit que les reformulara.

En el recurs, les parlamentàries justifiquen que Martín Moratilla és una persona amb transcendència pública a la Comunitat Valenciana, “ja que, com a càrrec públic va participar en la gestió d’emergències de la Conselleria d’Emergències i Interior mentre va ser director general d’Emergències i Extinció d’Incendis, en un primer moment i fins al 14-5-25, i director general de Coordinació de l’Speis, en segona ocasió, havent compaginat la realització del curs amb l’acompliment de tots dos càrrecs”. Assenyalen a més que va adquirir també rellevància pública “per la seua participació en l’obtenció de la conversa entre les tècniques del 112 i de l’Aemet, posteriorment manipulada i descontextualitzada”.

“Busquem saber què va ser el que realment ha passat en nom de la transparència i els principis que han de regir tot procés selectiu”, assenyala la diputada Marisa Navarro, coautora de les iniciatives, que exigeix al Consell que proporcione la informació. “La Mesa rectifica davant l’atropellament que suposava el veto i censura unes preguntes que s’ajustaven al reglament”, apunta la parlamentària socialista, que parla d’un “presumpte tracte de favor” cap a l’exalt càrrec.

Els dubtes sobre l’ascens

Martín Moratilla va cessar en el càrrec el maig del 2025 per a fer el curs per a comandaments de bomber. La portaveu del Consell llavors, Susana Camarero, ja va explicar que se n’anava per a prendre possessió d’una plaça com a bomber a Alacant i que l’executiu preveia recuperar-lo. El 16 de juny el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant va publicar el seu nomenament com a oficial del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers, després d’haver aprovat el concurs oposició. El 17 de juny va ser nomenat director general de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (Speis), de nou en el Govern valencià. El gener del 2026, la Diputació d’Alacant el va nomenar inspector en cap del servei operatiu del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant de manera provisional, fins que es resolga el procés.

El sindicat CCOO va relatar en la seua denúncia que, en haver presentat les pràctiques de manera extemporània —abans de començar el curs—, l’Ivaspe hauria d’haver-lo suspés i haver passat al curs següent. La responsable de l’Ivaspe va ser apartada dos mesos després, al començament del 2025. La resolució sobre aquest procés estableix que el curs comença el 16 de setembre de 2024, i la normativa vigent assenyala que les pràctiques han de fer-se almenys després de la publicació de la resolució.

La Mesa de las Corts rectifica y admite a trámite las preguntas presentadas por el PSPV sobre el proceso de ascenso a mando de bomberos de la mano derecha de Carlos Mazón en Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla. El órgano de gobierno de la Cámara, presidida por Vox y con mayoría del PP, ha estimado el recurso de las diputadas socialistas, que piden una serie de documentación sobre los cursos que superó el exdirector general para optar a procesos selectivos públicos.

Las diputadas registraron las peticiones referidas al entonces director general de Emergencias, que aprobó un proceso interno para acceder a la escala de mando en el cuerpo de bomberos de Alicante, de donde procede. Martín Moratilla cursó una de las fases prácticas del curso justo antes de ser nombrado director general por Mazón, en julio de 2024, antes incluso del periodo que la resolución indicaba: septiembre del mismo año. La sospecha de las socialistas y del sindicato Comisiones Obreras, que ha llevado el proceso a Antifraude, es que, de acuerdo a las bases, no se pueden realizar las prácticas antes de tiempo y debería haber sido suspendido. Así lo afirmó el sindicato en su denuncia, y pidió a la Agencia de Emergencias que aclarase este extremo. El ya exdirector general volvió a realizar el curso en mayo de 2025 y en ambos casos aprobó, algo que no cuadra a las parlamentarias.

Por ello, las diputadas Marisa Navarro y Alicia Andújar registraron una batería de preguntas sobre las calificaciones del opositor a bombero, incluyendo calificaciones y plazos. Tras una primera tanda, volvieron a tratar de afinar las pesquisas y preguntaron por qué Martín Moratilla realiza las prácticas antes del plazo y por qué realizó nuevamente las prácticas meses después. La Mesa de las Corts Valencianes consideró que el enunciado de las preguntas “incluye la identificación de diversas personas que no tienen trascendencia pública” en la Comunitat Valenciana, aunque solo una de ellas menciona a un funcionario que no ha sido un alto cargo del Consell. Por ello, el órgano trasladó al PSPV haber acordado “suspender la tramitación de las referidas preguntas” y requirió al partido a que las reformule.

En el recurso, las parlamentarias justifican que Martín Moratilla es una persona con trascendencia pública en la Comunitat Valenciana, “ya que, como cargo público participó en la gestión de emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior mientras fue director general de Emergencia y Extinción de Incendios, en un primer momento y hasta el 14-5-25, y director general de Coordinación de SPEIS, en segunda ocasión, habiendo compaginado la realización del Curso con el desempeño de ambos cargos”. Señalan además que adquirió también relevancia pública “por su participación en la obtención de la conversación entre las técnicas del 112 y de AEMET, posteriormente manipulada y descontextualizada”.

“Buscamos conocer qué fue lo que realmente ha ocurrido en aras a la transparencia y los principios que deben regir todo proceso selectivo”, señala la diputada Marisa Navarro, coautora de las iniciativas, que exige al Consell que proporcione la información. “La Mesa rectifica ante el atropello que suponía el veto y censura a unas preguntas que se ajustaban al reglamento”, apunta la parlamentaria socialista, que habla de un “presunto trato de favor” hacia el exalto cargo.

Las dudas sobre el ascenso

Martín Moratilla cesó en el cargo en mayo de 2025 para realizar el curso para mandos de bombero. La entonces portavoz del Consell, Susana Camarero, ya explicó que marchaba para tomar posesión de una plaza como bombero en Alicante y que el Ejecutivo preveía recuperarlo. El 16 de junio el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publicó su nombramiento como oficial del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Consorcio de Bomberos, tras aprobar el concurso-oposición. El 17 de junio fue nombrado director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), de nuevo en el Gobierno valenciano. En enero de 2026, la Diputación de Alicante lo nombró inspector jefe del servicio operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante de forma provisional, hasta que se resuelva el proceso.

El sindicato CCOO relató en su denuncia que, al haber presentado las prácticas de forma extemporánea -antes de iniciar el curso-, el IVASPE debería haberlo suspendido y haber pasado al siguiente curso. La responsable del IVASPE fue apartada dos meses después, a principios de 2025. La resolución sobre este proceso establece que el curso comienza el 16 de septiembre de 2024, y la normativa vigente señala que las prácticas deben realizarse al menos tras la publicación de la resolución.

A Rocío Gómez, la exedil de Urbanismo de Alicante investigada en la causa del escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas, se le han olvidado varios puntos relevantes sobre el residencial Les Naus, donde obtuvo con su esposo una vivienda pública, especialmente relativos a su papel como concejala del ramo. Gómez, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la declaración, ha manifestado este miércoles ante la jueza instructora de la causa que se enteró de la promoción de Les Naus por su marido, años antes de incorporarse en 2023 como concejala al consistorio que gobierna el popular Luis Barcala.

La exedil, dimitida a consecuencia de la polémica adjudicación, no recordaba ante la jueza que se le informara sobre Les Naus en su etapa de concejala de Urbanismo. Tampoco recordaba que el departamento de Patrimonio reclamara apoyo técnico del arquitecto municipal, una afirmación que contradice de plano a las testificales de los técnicos que han declarado previamente.

La investigada también ha mostrado severos vacíos de memoria en relación con las reuniones con el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi e investigado en la causa). Tampoco recordaba que Ordiñana pidiera modificaciones del contrato, como ha relatado el técnico Pablo Torregrosa en su declaración como testigo.

Por otro lado, Gómez ha asegurado que desconoce si sus suegros, asimismo beneficiarios de una de las viviendas, están empadronados en el residencial Les Naus.

El 18 de diciembre de 2021, según ha afirmado, su marido y ella se apuntaron a la cooperativa que impulsaba el residencial. Al año siguiente, abonaron la entrada de la vivienda. Gómez ha sostenido que, antes de ser nombrada edil, no contaba con información de la promoción por parte del ayuntamiento.

También ha asegurado que no mantiene relación con los hijos de la exdirectora general municipal de Contratación Pública María Pérez-Hickman, que también fueron agraciados con sendas viviendas protegidas.

El arquitecto municipal encargado del expediente

Por su parte, el arquitecto municipal Francisco Nieto, también imputado y que obtuvo una vivienda protegida, ha declarado este miércoles ante la jueza que no hizo valer su condición de servidor público para hacerse con el piso y que se postuló a la adjudicación antes de ser funcionario de carrera, según las fuentes consultadas.

El investigado ha relatado que a principios de 2022, un compañero de piso le comentó la oferta de viviendas de protección pública y él fue a las oficinas de la promotora y dio sus datos. Le llamaron ya en enero de 2025 y el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi), le explicó el funcionamiento de la cooperativa.

Ordiñana le dijo que había una vacante y le avisó de que podía abonar el dinero para incorporarse a la cooperativa y obtener así la vivienda.

Previamente a entrar en la cooperativa, en julio de 2024, la concejala Rocío Gómez, también investigada en la causa, le anunció que, desde el departamento de Patrimonio, le iban a comentar cuestiones técnicas sobre la obra de Les Naus, situado en la playa de San Juan de Alicante.

El 1 de agosto de aquel año se reunió por primera vez con Antonio Faura, técnico municipal de Urbanismo citado como testigo, para tratar “cuestiones técnicas” (meses más tarde, en octubre, se volvieron a reunir).

El arquitecto municipal se ha escudado en que no hizo valer su condición de funcionario para adquirir una de las viviendas y ha asegurado que en ningún caso solicitó “de forma espontánea” que fuera precisamente él el responsable técnico de contrato.

El promotor se quejó al alcalde por el precio del solar

El tercer investigado que ha declarado ha sido el promotor Francisco Ordiñana, que ha explicado que sacó la relación de cooperativistas de listas de otras promociones suyas.

Ordiñana ha afirmado que se reunió con el alcalde Barcala y la concejala de Urbanismo para solicitar la devolución de dinero que consideraba que la promotora había pagado de más por el solar. También propuso, como alternativa, que le compensaran con otro solar, aunque no le hicieron caso, según ha manifestado.

El investigado ha mantenido que cuando se reunió con el arquitecto municipal por primera vez no cayó en que Francisco Nieto formaba parte de la cooperativa y que, en su día, le había solicitado información.

El promotor, en caso de bajas en la lista, llamaba directamente a candidatos que habían quedado fuera inicialmente por si seguían interesados en optar a una de las viviendas de protección pública. También ha afirmado que no tiene relación con Pérez-Hickman ni sus hijos.

Pérez-Hickman no consideró la posibilidad de abstenerse

De hecho, Pérez-Hickman ha declarado que desconocía que sus hijos se habían apuntado a la lista, según ha afirmado ante la jueza. Lo supo cuando pasaron a la siguiente fase e incluso lo advirtió en la mesa de contratación.

Sin embargo, no consideró que tuviera que abstenerse. Sus vástagos, según ha dicho, se enteraron de la promoción de vivienda protegida “por su primo”, ha agregado.

El funcionario que visó el expediente de su esposa

Por otro lado, también ha declarado el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, Roberto Palencia (alto funcionario de la Generalitat Valenciana encargado de visar los expedientes cuya esposa —arquitecta municipal—obtuvo una de las viviendas). Palencia ha confirmado que tramitó todos los expedientes de Les Naus por falta de personal.

El investigado ha reconocido que le informó a su mujer de la existencia de la promoción de vivienda de protección pública. Sin embargo, se ha escudado en que estaban planteándose separarse, aunque sin llegar al divorcio. El funcionario ha reconocido que “nunca” ha cesado la convivencia con su esposa.

Roberto Palencia, según ha mantenido ante la instructora, nunca consideró procedente abstenerse en el visado de su mujer porque su función, ha defendido, era un mero trámite. Tampoco informó nunca sobre este hecho.

Los testigos apuntan a la exconcejal de Urbanismo

La jueza instructora de la causa, que ha excluido a la Generalitat como acusación particular al ver un “evidente conflicto de intereses”, también ha tomado declaración este miércoles a tres técnicos municipales, en condición de testigos

La primera testigo que ha declarado este miércoles, la funcionaria Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, ha apuntado a la exconcejal Rocío Gómez por el descontrol en la obra de las viviendas protegidas, y a María Pérez-Hickman como la encargada de los contratos privados.

Por su parte, el segundo testigo, Pablo Torregrosa, ha afirmado que pidieron “constantemente” a la concejala Rocío Gómez que les asignaran un técnico arquitecto sin recibir una respuesta clara.

El tercer testigo, el funcionario Antonio Faura, ha confirmado que, en las reuniones que mantuvo con el arquitecto municipal y con la concejala de Urbanismo, “ninguno de los dos” mencionó su participación en la cooperativa de Les Naus.

La primera testigo que declara en la causa que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas protegidas en Alicante ha responsabilizado directamente a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del descontrol del que alertaron los técnicos.

Se trata de la funcionaria Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, que también ha apuntado a María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal de Contratación Pública cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas en el residencial Les Naus, como la encargada de los contratos privados. “Siempre los llevaba” Pérez-Hickman, ha afirmado la testigo, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. 

Por otro lado, Romero ha refrendado que la empresa de Les Naus (una de las cinco que optaba al proceso) se presentó a la licitación pública al día siguiente de la publicación de los pliegos. Entre 2022 y 2025, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, no nombró a “nadie” para “controlar técnicamente” la obra.

Los técnicos, ha apostillado la testigo, lo solicitaron “muchas veces”, incluso a la concejala de urbanismo, Rocío Gómez, según ha destacado.

El baile de informes en el expediente

Paloma Romero también ha asegurado que ella no hubiera permitido la actuación de Francisco Nieto, arquitecto municipal, “si hubiera sabido que se le adhirió a la cooperativa Les Naus”.

Por otro lado, también ha expuesto que existen informes en el expediente municipal que son meros borradores elaborados por ella y por Pablo Torregrosa, técnico de Gestión Patrimonial, que no están firmados y que “no deberían estar ahí”.

Romero también ha dicho que desconocía por qué el informe final, firmado por ella y por Torregrosa, omitía los nombres de los implicados en las adjudicaciones, que sí que figuraban en los borradores iniciales. El primer escrito, con los detalles sobre los beneficiados y las presuntas irregularidades detectadas, fue remitido al alcalde, Luis Barcala.

Pidieron “constantemente” a la edil que se asignara un técnico

Por su parte, el segundo testigo, Pablo Torregrosa, ha manifestado que, desde 2022, pidieron “constantemente” a la concejala Rocío Gómez que les asignaran un técnico arquitecto sin recibir una respuesta clara.

Además, también ha asegurado que el arquitecto municipal, adjudicatario de una de las viviendas, no podía en ningún caso ejercer de responsable del contrato ni mencionó que estaba vinculado a la cooperativa de Les Naus. El aludido, Francisco Nieto, se ha escudado en que se apuntó a la cooperativa previamente a incorporarse al puesto y ha alegado que no usó su condición de funcionario público para hacerse con la vivienda de Les Naus.

Torregrosa también ha dicho que el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi e investigado en la causa) dijo en las reuniones que mantuvo con los funcionarios que había pagado mucho por el suelo y les exigió una compensación económica o que le adjudicaran otra parcela.

Ni la edil ni el arquitecto municipal dijeron que participaban

El tercer testigo, el funcionario Antonio Faura, nombrado finalmente responsable técnico de la obra, ha confirmado ante la jueza instructora que, en las reuniones que mantuvo con el arquitecto municipal y con la concejala de Urbanismo, “ninguno de los dos” mencionó su participación en la cooperativa de Les Naus.

El arquitecto Francisco Nieto, según el testigo, le dijo que se ofreció a Patrimonio para supervisar la obra (lo cual contradice la declaración del investigado).

También ha dicho que Nieto llevaba en las reuniones un documento con modificaciones del contrato, que coindicían con las tesis de la empresa constructora.

Un “grave fallo de control”, según la oposición

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha denunciado que en Les Naus fallaron los controles municipales y que el consistorio gobernado por Barcala “dejó el contrato sin supervisión”.

Barceló, cuyo partido ejerce junto con Ciudadanos sendas acusaciones populares en la causa, ha exigido a Barcala que esclarezca quién dio la orden de modificar el contenido del informe municipal inicial que dio origen al caso de Les Naus y eliminar los nombres de los adjudicatarios de vivienda pública que aparecían en ese primer documento.

La portavoz del PSPV-PSOE ha afirmado que las testificales “confirman que Les Naus no fue un error aislado, sino un grave fallo de control, transparencia y responsabilidad política dentro del Ayuntamiento”.

Tanda de declaraciones de investigados

La jueza instructora de la causa, que ha excluido a la Generalitat como acusación particular al ver un “evidente conflicto de intereses”, citó este miércoles a declarar a una importante tanda de investigados, además de la exconcejal Rocío Gómez y la alta funcionaria María Pérez-Hickman.

Se trata del arquitecto municipal, Francisco Nieto; el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, Francisco Palencia (alto funcionario de la Generalitat Valenciana encargado de visar los expedientes cuya pareja —arquitecta municipal—obtuvo una de las viviendas), y el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana.

Tras la testifical de la funcionaria, la jueza instructora ha adelantado la declaración como investigado del arquitecto municipal. Otros dos funcionarios están citados como testigos, al no haber acudido a la primera testifical acordada para el pasado 8 de mayo (la magistrada tuvo que enviar a la Policía entregar la citación).

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública en Alicante ha denegado la personación como acusación particular de la Generalitat Valenciana al ver un “evidente conflicto de intereses”.

La magistrada, en un auto del pasado martes, recuerda que la Generalitat “aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en el que aquellos se produjeron”.

La resolución, tal como pedía la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Ciudadanos, deniega la personación de la Generalitat al detectar un conflicto de intereses “incompatible con el ejercicio de la acción penal”.

“Esta circunstancia compromete la exigencia de objetividad que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acción penal como parte acusadora pudiendo generar una quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a un proceso con todas las garantías”, afirma la jueza María Amparo Rubio, titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

La magistrada instruye una causa en la que 15 personas figuran como investigadas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y varios funcionarios, por la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

La mujer de 32 años que permanece aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por cuarta vez negativo en la prueba PCR, según ha informado este domingo la Conselleria de Sanidad.

La paciente permanecerá de momento ingresada en el mismo hospital alicantino, y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, según lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad, ha indicado la Generalitat valenciana en un comunicado.

El centro hospitalario ha establecido un protocolo específico en el que se fijan medidas de seguridad “exhaustivas y concretas”. Así, la mujer podrá recibir visitas de familiares de primer grado a partir del próximo lunes, con un horario restringido, según ha concretado la Generalitat.

El viernes 22 de mayo se le volverá a extraer una muestra para la realización de una nueva PCR -la quinta prueba de este tipo- que se remitirá de nuevo al Centro Nacional de Microbiología.

El pasado viernes 8 de mayo, tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer.

La mujer, que fue la primera ingresada con sospechas de hantavirus en España con síntomas leves (tos), fue evacuada durante la tarde de ese viernes desde su domicilio a un centro hospitalario de la provincia de Alicante en una ambulancia dotada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el hospital, fue trasladada a una habitación con presión negativa “garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento”, según explica la Generalitat.

La Conselleria de Sanidad activó así “desde el primer momento los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios”.

El municipio alicantino de Dolores ha amanecido este sábado en “shock” absoluto. A primera hora de la mañana, se ha encontrado sin vida a un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos en su domicilio, en las dependencias del cuartel. El agente, de 55 años, era un veterano del Cuerpo en el municipio y residía con su mujer de 51 años y su hijo de 24 en una vivienda del cuartel.

Los cuerpos presentan heridas de arma de fuego, según apuntan fuentes de la Guardia Civil a elDiario.es, y han sido encontrados a las 7 de la mañana por un sargento. Primero ha sido descubierto el del agente, junto a su arma reglamentaria, y posteriormente el de su mujer y el de su hijo en otra habitación, según apuntan las mismas fuentes.

Según ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien se ha desplazado al municipio alicantino, se realizará el lunes la autopsia tras una primera inspección realizada ya. “Todas las investigaciones están abiertas. También la de un posible asesinato por violencia de género”, ha explicado Bernabé, que pide esperar a que se desarrolle la investigación. La delegada ha confirmado que no había denuncias previas por violencia de género ni el Guardia Civil tiene antecedentes por estos delitos. “La investigación ha de culminar para dar datos de forma más precisa”, ha insistido la delegada del Gobierno.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, “ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio”. El alcalde de Dolores, José Joaquín Hernandez, se ha mostrado consternado y apunta que el municipio se encuentra “totalmente sorprendido”.

Una jueza de Alicante ha requerido a Renfe los vídeos de las cámaras de videovigilancia de los viajes en AVE del activista ultra Vito Quiles, al que ha imputado por un presunto delito de estafa, según ha adelantado El Plural. Quiles, afirma la denuncia de Renfe, viajaba “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto. Hasta que lo pillaron.

El auto de la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, al que ha tenido acceso elDiario.es, cita a declarar a Quiles en condición de investigado, previa averiguación de su domicilio.

La resolución solicita a Adif que busque en sus sistemas de videovigilancia si aparece Quiles en las imágenes en las fechas en que Renfe ha detectado que el activista ultra viajó desde Alicante con un billete con destino a Albacete, aunque situándose en la cafetería para llegar a Madrid.

La denuncia de Renfe, a la que también ha tenido acceso este diario, afirma que Quiles “de forma habitual y recurrente”, viajaba en trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico (con un destino notoriamente más próximo) y, “además, utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”. 

La denuncia de la empresa pública apostilla que el investigado reconoció en redes sociales los “actos fraudulentos” supuestamente cometidos. Por otro lado, “aprovechando su notoria presencia pública e influencia digital, se jactó abiertamente de haber disfrutado reiteradamente de los servicios de primera clase sin abonar su coste, mofándose de la empresa denunciante y animando a terceros a realizar conductas similares”, agrega la denuncia.

El “potencial efecto multiplicador” entre los usuarios

La repercusión de la conducta de Quiles provocó un “grave perjuicio reputacional” a Renfe, al “proyectar públicamente una imagen de impunidad frente al fraude, afectando a su credibilidad como operadora de transporte público y generando un potencial efecto multiplicador entre usuarios”.

La denuncia reseña el incidente del 11 de agosto de 2025, cuando Quiles fue detectado “in fraganti” viajando en AVE a Madrid con un título de transporte de Alicante a Albacete, por un precio con tarifa joven por importe de 6,15 euros. El activista ultra fue pillado en la cafetería una vez el convoy traspasó Albacete en dirección a Madrid.

Vito Quiles, según la denuncia, trató de “esquivar el abono del billete y viajar gratuitamente”. Solo abonó el precio del billete cuando faltaban 20 minutos para la llegada a Madrid, habiendo sido previamente advertido por el revisor de que se procedería a su identificación policial en caso contrario.

La denuncia detalla que Quiles acabó pagando 89,71 euros, además del 3,5% de los gastos de gestión (un importe notablemente superior a los 6,15 euros que había abonado). Posteriormente, el activista ultra arguyó en sus redes sociales que se había tratado de un error, una “apariencia exculpatoria incompatible con la realidad comprobada”, según Renfe.

Un “patrón de comportamiento” desde “al menos” 2024

A raíz del incidente y de su amplificación por parte de Quiles en redes sociales, la empresa pública comprobó que la conducta del imputado, lejos de ser una pauta “aislada y casual”, respondía a un “patrón de comportamiento” del activista ultra, “al menos” desde 2024.  

La denuncia cruza los viajes abonados hasta Albacete con las ubicaciones físicas exhibidas en redes por Quiles en Madrid. A su vuelta desde la capital, según la denuncia, también recurría a billetes con destino a Albacete, a pesar de que habría alargado el trayecto hasta Alicante, su lugar de residencia.

“En ninguna ocasión se ha realizado publicación alguna por parte del denunciado en Albacete el mismo día en que efectúa el viaje”, afirma la denuncia. 

Renfe advierte de que la jugada de Quiles es fácilmente contrastable con las imágenes de las cámaras de seguridad. De hecho, la empresa pública pidió a Adif el “bloqueo” de las imágenes de los andenes de Albacete y Madrid.

Tras el análisis, Renfe cifra el perjuicio ocasionado por Quiles en un importe “no inferior a 850 euros”. Aunque también advierte de que podría incrementarse “en función de las diligencias que se practiquen”.

Villajoyosa, también conocida como La Vila Joiosa, conserva una relación muy directa con el mar. La localidad alicantina, situada en la Marina Baja, mantiene todavía esa imagen de pueblo costero donde el puerto, las casas de pescadores y el casco antiguo forman parte de una misma escena. No es un lugar que se explique solo por sus playas: buena parte de su interés está en cómo el municipio ha mantenido visible su pasado defensivo, su tradición marinera y una arquitectura popular que se reconoce a primera vista.

Uno de los rasgos más identificables de Villajoyosa son las fachadas de colores que aparecen junto al frente marítimo y en el entorno del río Amadorio. Esa imagen tiene un origen práctico. Las antiguas viviendas de pescadores se pintaban con tonos diferenciados para que pudieran localizarse desde las embarcaciones al regresar a tierra. Con el tiempo, esa costumbre acabó formando parte de la identidad visual de la localidad y sigue marcando el recorrido por la zona antigua.

El centro histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, permite ver esa mezcla de mar, defensa y vida cotidiana. La villa conserva restos de su antiguo recinto amurallado, levantado en el siglo XVI, y varios elementos que ayudan a entender su papel en la protección del litoral frente a los ataques corsarios. Entre ellos destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, integrada en el conjunto defensivo y visible desde la Costera de la Mar. A partir de ahí, el paseo se abre hacia el puerto, las playas y varias torres vinculadas a la vigilancia de la costa.

Un casco antiguo entre murallas y fachadas de colores

El recorrido por Villajoyosa puede empezar en el casco antiguo, donde las calles descienden hacia el mar y el río Amadorio marca parte del paisaje urbano. La Costera de la Mar es uno de los puntos más representativos, porque permite observar la relación entre las viviendas tradicionales y los restos de la antigua muralla. En ese tramo, las casas pintadas parecen apoyarse sobre los muros de piedra, creando una de las imágenes más conocidas de la localidad.

La muralla conservada pertenece al conjunto defensivo del siglo XVI y forma parte del patrimonio protegido del municipio. Su presencia recuerda que Villajoyosa no fue únicamente un núcleo pesquero, sino también una población expuesta a los riesgos del litoral mediterráneo. Los restos visibles ayudan a entender cómo se organizaba la defensa de la villa y cómo el caserío fue ocupando después ese borde amurallado.

Muy cerca se encuentra la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El edificio, construido en el siglo XVI, responde al modelo de iglesia-fortaleza, ya que no solo cumplía una función religiosa, sino que también formaba parte de la protección de la población. Su estilo gótico incorpora elementos posteriores y en su interior se conserva un retablo barroco.

La visita por el interior de la localidad puede completarse con el Museo Valenciano del Chocolate, una parada vinculada a otra de las tradiciones más conocidas de Villajoyosa. Aunque el peso principal del recorrido está en el casco antiguo y en su relación con el mar, la industria chocolatera añade otro elemento a la identidad local.

Playas y torres defensivas más allá del casco urbano

El litoral de Villajoyosa tiene varios tramos de baño a lo largo de sus 15 kilómetros de costa. La playa de Torres, situada a unos dos kilómetros del casco urbano, es una playa semiurbana de 560 metros de longitud y unos 10 metros de anchura. Está acompañada por un paseo marítimo con zonas verdes, lo que la convierte en una opción cercana para quienes quieren salir del centro sin alejarse demasiado de la localidad.

La Caleta se encuentra también a unos dos kilómetros del núcleo urbano y tiene unas dimensiones más reducidas, con 139 metros de longitud. Su entorno natural es uno de sus principales rasgos, con palmeras junto a la playa y vegetación mediterránea en los alrededores. Racó del Conill, a unos tres kilómetros del centro, presenta un paisaje más recogido y queda dividida en dos partes por una lengua de roca. Esa forma le da un aspecto diferente al de otras zonas de baño del municipio.

En varios puntos de la costa aparecen además construcciones relacionadas con la vigilancia del Mediterráneo. La Torre del Charco se sitúa sobre un acantilado, mientras que la Torre d’Aguiló domina el litoral desde una posición elevada. Esta última fue levantada en el siglo XVI como torre defensiva y permite observar una amplia franja de costa. Su presencia recuerda que estos enclaves no fueron solo espacios de pesca o descanso, sino también lugares estratégicos dentro del sistema de control marítimo.

Otro punto destacado es la Torre de San José, también conocida como Torre de Hércules, situada cerca de la playa del Torres. Se trata de un monumento funerario romano construido entre los años 150 y 170 d.C. y considerado una pieza relevante por sus dimensiones y por su ubicación junto al Mediterráneo. Con este conjunto de playas, calas, torres y restos defensivos, Villajoyosa mantiene una identidad ligada al mar, pero también a una historia urbana que todavía se puede recorrer a pie.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, el expediente completo. Así se desprende de una providencia dictada este martes por la titular de la plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en la que pide “con urgencia” tanto el expediente completo como otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización Les Naus.

Por otro lado, a la Sociedad Cooperativa Residencial Les Naus Coop. V., promotora de la urbanización de viviendas protegidas, le requiere las actas de su constitución en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles.

Se trata de diligencias planteadas por la Fiscalía y por una de las defensas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Por otro lado, la providencia, a instancias de la defensa de la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, María P.H., investigada en la causa, requiere también a la corporación municipal para que remita antes de las declaraciones previstas el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela antes citada y los antecedentes del mismo a partir de 2016.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa que investiga el escándalo de la adjudicación de las VPO de Alicante rechaza la pretensión de la Generalitat Valenciana de personarse en la causa como perjudicada. El escrito del partido naranja, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona de plano que la Generalitat pueda ejercer la acusación particular —“resulta redundante e innecesaria” al solaparse con el Ministerio Fiscal— y cuestiona que ostente la condición de víctima.

“La pretensión de la Generalitat de ser acusación particular es un intento de fraude procesal”, sostienen los abogados de la formación, Eduardo García Ontiveros y Mamen Peris.

Además, su hipotética personación en el procedimiento “envenena la pureza del proceso penal, introduce intereses extrajurídicos y genera un conflicto de intereses insalvable entre su deber de transparencia y su estrategia de parte acusadora”, apostilla el escrito.

La acusación popular considera que la intención de la Generalitat resulta “procesalmente perturbadora” y “jurídicamente incompatible” con la estructura del proceso penal, “debido al evidente conflicto de intereses que subyace en su intervención”.

El escrito argumenta que la investigación de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante “gravita” sobre la gestión de recursos públicos y la adjudicación de viviendas “cuya tutela, inspección y control corresponden, por mandato legal, a la propia Generalitat Valenciana”.

Además, resulta “inevitable”, a juicio de Ciudadanos, que el foco de la instrucción de la causa “recaiga” sobre los actos administrativos, los informes técnicos y las omisiones de vigilancia de los propios organismos de la Generalitat.

“Por tanto”, agrega el escrito, “permitir que la Administración se persone como acusación particular crea una situación kafquiana en el proceso: la entidad que debería ser fiscalizada por su posible responsabilidad (civil subsidiaria o incluso penal de sus cargos públicos) pretende ocupar el puesto de la víctima”.

Una “bicefalia acusatoria inasumible”

La acusación popular también alerta de una eventual “bicefalia acusatoria pública inasumible” al crearse una “duplicidad de esfuerzos”, en referencia al papel del Ministerio Fiscal. En la hipótesis de que se personara la Generalitat, figurarían dos entes públicos “acusando por el mismo interés general, pero con criterios potencialmente divergentes”.

Otro escenario sería la intervención de la Generalitat en interrogatorios de sus propios funcionarios o técnicos con una posición de parte, “pudiendo condicionar las declaraciones para salvaguardar el prestigio de la institución”.

“La admisión de la Generalitat Valenciana como acusación particular generaría un desequilibrio procesal (ruptura de la igualdad de armas), al permitir que dos instituciones públicas ejerzan la misma función bajo etiquetas distintas, con una duplicidad de esfuerzos acusatorios públicos que no encuentra amparo en la naturaleza del perjuicio alegado”, afirma el escrito.

Por otro lado, la acusación popular también alude a la competencia de la Generalitat para sancionar administrativamente o retirar calificaciones de vivienda de protección pública.

La jueza de Alicante que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública ha enviado a la Policía para entregar la citación a declarar como testigos a los tres funcionarios municipales que no lo hicieron el pasado 8 de mayo, fecha de su primera testifical. Se trata de los mismos tres funcionarios que no acudieron a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha vuelto a citar para el próximo 20 de mayo para que declaren como testigos.

La primera citación se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio ayuntamiento, la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo.

Por el contrario, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), esta nueva citación de cara al próximo 20 de mayo se efectuará ahora por la unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados.

Por otro lado, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el próximo 5 de junio de un investigado, J.B.B., beneficiario de una de las viviendas, a petición de su representación legal. La nueva fecha de esa declaración es también el 20 de mayo.