EH Bildu ha criticado este lunes las 28 detenciones que llevó a cabo la semana pasada la Policía Nacional por los altercados que se produjeron en los alrededores de la Universidad de Navarra el 30 de octubre de 2025 tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles. La coalición abertzale ve “desproporcionadas” estas detenciones e interpelará el martes en el pleno que se celebrará en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Al fascismo hay que hacerle frente también aquí, en las instituciones, pero también, cómo no, en las calles; y no se puede criminalizar”, ha aseverado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, que ha explicado que el operativo policial llevó a cabo las detenciones en domicilios y en centros estudiantiles con “presencia masiva” policial y acusaciones “totalmente desproporcionadas”. “Posteriormente, además, todas las personas detenidas fueron puestas en libertad”, ha añadido.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

La coalición abertzale ve en esta actuación un caso similar al de las cargas de la Policía Nacional en el estadio de El Sadar de Pamplona tras el partido que enfrentó a Osasuna y al Real Madrid esta temporada y ha alertado de que se están “repitiendo con frecuencia” este tipo de actuaciones policiales. “Pensamos que los movimientos y respuestas antifascistas no se pueden criminalizar ni judicializar, como está haciendo la policía española”, ha apostillado.

Así, ha recordado que quién empezó “incumpliendo”, “provocando” y “quebrantando” fue el agitador ultra Vito Quiles, que pretendía llevar a cabo un acto “sin el permiso correspondiente”. “Hay veces que se nos olvida eso. El detonante fue la provocación por parte de un ultraderechista”, ha indicado, para anunciar que el martes interpelarán al ministro Marlaska. “Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la criminalización del antifascismo y de la protesta social y reivindicamos el derecho a la movilización”, ha continuado, para reclamar que “cesen las actuaciones contra las personas investigadas”. “Trasladamos nuestra solidaridad a las personas afectadas”, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido a estas declaraciones diciendo que “el único partido que no puede hablar de fascismo es Euskal Herria Bildu porque ”sigue defendiendo a terroristas, sigue haciendo los homenajes, los sigue integrando en sus listas electorales, sigue participando de ellos y sigue sintiéndose orgulloso de todo lo que ha significado 50 años de terrorismo en España“.

“¿Hay mayor fascismo que asesinar a quien no piensa como tú? Escuchar a la portavoz de EH Bildu hablar de fascismo resulta hiriente”, ha continuado Esparza, para criticar que la presidenta de Navarra, María Chivite, haya dicho que EH Bildu “ha dado pasos”. “Que María Chivite escuche la intervención de la portavoz de EH Bildu y nos diga si han dado pasos o no”, ha apuntado para asegurar que “EH Bildu sigue donde estaba”.

EH Bildu se ha abstenido en la ponencia legislativa del Parlamento Vasco que tramita la reforma de la normativa de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias. No es un gesto menor, porque ello permitiría que saliera adelante la propuesta del PNV, que en este debate no cuenta con el apoyo de su socio de Gobierno, el PSE-EE, si es que EH Bildu se mantiene en esta misma postura en comisión y en el pleno definitivo. Por el contrario, la propuesta alternativa y más ambiciosa de la coalición abertzale no ha recibido el apoyo del PNV, según confirman fuentes parlamentarias, aunque técnicamente sigue viva.

Fuentes de EH Bildu han indicado que con este movimiento “EH Bildu pretende seguir dando cauce a la negociación abierta con el PNV”, aunque semanas atrás se habían quejado de que les pidieran adhesión a su propuesta mientras criticaban la alternativa. “En plena ofensiva política, mediática y judicial contra el euskara, EH Bildu considera que el no acuerdo no es una opción”, abundan estas fuentes sobre el riesgo real de que este debate, abierto hace ya un año, quedase en nada. Y es que el Parlamento vive un escenario inédito, porque la evidente brecha en el Ejecutivo aboca al PNV a encarar sin mayoría esta tramitación y precisando de otros apoyos o, en este caso, de que EH Bildu deje pasar la proposición de ley con una abstención.

El PNV aspira blindar a las instituciones locales en sus convocatorias públicas frente a posibles recursos judiciales y, al texto original de hace un año, le ha planteado tres enmiendas. Según se explicó, buscan que desaparezcan los índices “generales” fijados por el Gobierno vasco a la hora de marcar las exigencias lingüísticas para que se creen unos nuevos índices en cada municipio o zona, siempre desde la “proporcionalidad”. El PNV también propone hacer obligatorio que en todas las convocatorias haya un porcentaje de plazas con requisito de euskera pero que podría cumplirse pasados unos años, con facilidades también para el estudio del idioma. “Que nadie diga que en las convocatorias se discrimina a personas que no tengan perfil [de euskera]”, se planteó.

Numéricamente, el PNV podría sacar adelante su ley en solitario con 27 votos si los también 27 de EH Bildu se van absteniendo en los próximos trámites, ya que PSE-EE, PP, Sumar y Vox tienen 21 en total y habría más 'síes' que 'noes'. Ahora bien, las negociaciones no están cerradas. “Seguimos hablando”, dice el PNV, lacónicamente. “Tanto el euskera como la ley de empleo público requieren de acuerdos y consensos amplios. Es el momento de dar pasos firmes en el estatus jurídico del euskera y de avanzar en la igualdad de derechos. Estamos convencidos de que es posible hacer frente a esa ofensiva con la puesta en marcha de una nueva política lingüística que revitalice el euskara. Para ello, el diálogo y la negociación son herramientas indispensables”, abunda EH Bildu, aunque no tiene, en sentido contrario, el apoyo del PNV para sus propuestas y podrían tener que conformarse con intentar introducir enmiendas en el del PNV.

De su lado, el PSE-EE ha lamentado que avance la propuesta del PNV ya que acarrea “incertidumbre jurídica”. A los socialistas les llama la atención que EH Bildu criticara en su día el articulado de los nacionalistas por ser un “parche” y que ahora lo faciliten. El socio minoritario del Gobierno recalca que está “todavía pendiente” una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la actual normativa de empleo público.

Si se celebraran ahora elecciones forales, el PNV ganaría en Bizkaia, EH Bildu lo haría en Gipuzkoa y ambas fuerzas abertzales estarían casi en empate técnico en Álava, con ligera ventaja para los 'jeltzales'. Es la principal conclusión del Sociómetro, la encuesta de la casa Ikerfel para la Presidencia Vasca, que hace un prospección de cara a unos comicios que se celebrarán en mayo de 2027, a la vez que las municipales, y que tienen gran relevancia porque, entre otras materias, las diputaciones tienen todas las competencias fiscales. El trabajo, sin embargo, no ofrece estimación de escaños al no haber base suficiente para medir la realidad de todas las circunscripciones, muchas de ellas de pequeño tamaño.

Aunque los datos han trascendido este lunes, Ikerfel realizó las entrevistas para el Gabinete de Prospección Sociológica (GPS) del Gobierno vasco entre el 20 y el 26 de mayo. No se recogen, por lo tanto, todas las nuevas investigaciones de corrupción en torno al PSOE de los últimos días, algunas de ellas con incidencia directa en suelo vasco, como lo relativo al rescate de Tubos Reunidos. La muestra es de 800 alaveses, 1.485 vizcaínos y 1.200 guipuzcoanos y el margen de error general es del 1,7%.

Los datos globales muestran una primacía del PNV, con subidas con respecto a los datos de las forales de 2023 en los tres territorios, una EH Bildu consolidada en Gipuzkoa como primera fuerza y como la alternativa más fuerte en los otros dos territorios, un PSE-EE con ligero desgaste y un PP que no termina de avanzar ante un Vox creciente, sobre todo en Álava. El sondeo pregunta por dos candidaturas de izquierdas, una Sumar y otra llamada “Elkarrekin Podemos”. En 2023 se presentó una coalición llamada “Elkarrekin” que aglutinaba a Podemos, IU, Equo y otras fuerzas. Se estima una participación del entorno del 59-60%.

Álava: el PNV, por poco

En Álava, un PNV que no ha concretado si Ramiro González, diputado general desde 2015, volverá a ser el candidato y optar a un cuarto mandato, ganaría las elecciones con un 28,5% de los votos, según el Sociómetro. EH Bildu alcanzaría un 28,2%. En 2023 también hubo una diferencia de menos de un punto, aunque ahora la cocina estima que ambas fuerzas subirían en detrimento del resto, con la excepción de Vox.

Bajarían los socialistas, socios del PNV, bajaría igualmente el PP en su principal caladero tradicional -gobernó en Álava de 1999 a 2007 y de 2011 a 2015- y la división en la izquierda no nacionalista allende el PSE-EE les dejaría en la mitad de votos que en 2023 tuvo la marca única Elkarrekin y con problemas para alcanzar el 3% que permite entrar al reparto de escaños en esta convocatoria. La cocina otorga a Vox un 5,9%. Sería su máximo de nunca en unas elecciones de este tipo. No hay reparto de escaños, pero con esa cifra y teniendo en cuenta el peso de Vitoria en el reparto de los 51 asientos de las Juntas Generales, el Parlamento foral, la ultraderecha obtendría una relevante cuota de representación, muy por encima del único escaño actual.

Bizkaia: sigue mandando el PNV

En Bizkaia, el sondeo apunta a que el PNV volvería a rondar el 40% de apoyos, con diez puntos de ventaja sobre la segunda fuerza, EH Bildu. Eso sí, aunque los nacionalistas mejorarían con respecto al resultado de Elixabete Etxanobe en 2023, la coalición abertzale le daría un significativo mordisco a la ventaja. Con un 14,9%, lejos, quedaría el PSE-EE, el otro partido del Gobierno junto con los 'jeltzales', y que notaría desgaste.

En la derecha, el PP caería por debajo del 7%, cuando en 2023 superó el 8%, pero Vox saltaría por encima del 3,1%. Es muy difícil saber qué pasaría con los escaños en las circunscripciones, pero la ultraderecha estaría ya en condiciones de superar el 3% en algunas de ellas y de poder optar a irrumpir por vez primera en las Juntas Generales vizcaínas. En la izquierda, Podemos y Sumar por separado obtendrían la mitad de la marca compartida Elkarrekin de 2023, y quedarían en principio sin opciones de lograr representación.

Gipuzkoa: el feudo de EH Bildu

En Gipuzkoa, EH Bildu ganaría holgadamente con cerca de un 40% de intención de voto, al nivel del PNV en Bizkaia y subiendo con respecto a la forales anteriores. Además, supera en más de seis puntos al PNV. En 2023 ya ganó, pero PNV y PSE-EE, apoyados por el PP, retuvieron el poder en la Diputación, con Eider Mendoza al frente. Los 'jeltzales' también mejorarían sus perspectivas.

Los socialistas serían tercera fuerza, con un 13,1%, dejándose varios puntos. Gipuzkoa ofrece el escenario más estable para el PP, donde mantendría su peso en torno al 6% después de haber sido decisivos en la gobernabilidad. Vox no se presentó en 2023 y ahora alcanzaría apenas un 1,5%, sin opciones de escaños. Podemos tendría más intención de voto que Sumar, pero de nuevo por debajo del 3% que permite optar a asientos en las Juntas Generales.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, contra Vox por un mensaje en redes sociales, en septiembre de 2024, en el que se le denominaba “alcalde etarra” y se le acusaba de “seguir patrocinando el terrorismo” con motivo de la publicación del cartel de las fiestas de San Fermín Txikito de 2024, según ha informado Vox en un comunicado. El alcalde pedía una indemnización de 30.000 euros por “vulnerar su derecho al honor”.

En el mensaje difundido a través de la cuenta de X de Vox Navarra, la formación de Santiago Abascal llamó “etarra” a Joseba Asiron por subvencionar desde el Ayuntamiento, “con el dinero de todos los pamploneses”, a la comisión de fiestas de San Fermín Txikito, unas fiestas que se celebran en el Casco Viejo de la ciudad a finales del mes de septiembre. En concreto Vox aludía a uno de los carteles de la fiesta en el que aparecían “símbolos nacionalistas e independentistas vascos de un partido independentista vasco como es Sortu (hoy parte de EH Bidu) y anagramas de los presos de ETA”, según recoge la sentencia.

Tanto el juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona como la Audiencia Provincial de Navarra desestimaron la demanda en mayo y noviembre de 2025, respectivamente, al considerar “que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política”. Y, aunque admite que “las afirmaciones” son “ciertamente desafortunadas”, las estima “legítimas” en una “sociedad democrática” e interpreta que “el partido político demandado (Vox Navarra) critica el destino o utilización de fondos públicos”.

“Nos hallamos, por tanto, ante un contexto de naturaleza eminentemente política o de interés o alcance general, vinculado al contenido del cartel anunciador de uno los eventos festivos o de ocio más relevantes y populares entre la población de la ciudad de Pamplona/Iruña (San Fermín Txikito 2024), que goza del patrocinio o subvención del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña (gestión de fondos públicos), consistorio en el que el demandante-apelante [Joseba Asirón] ostenta el cargo (manifiesta relevancia pública) de alcalde”, razonaba la sentencia de mayo de 2025, ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

El alcalde de Pamplona acudió a la cúspide del órgano judicial pero, tal y como señala Vox Navarra, “este ha inadmitido el recurso de casación al no apreciar que el recurrente justificara suficientemente la necesidad de corregir el juicio de ponderación realizado por la Audiencia Provincial”, ya que en dicha sentencia, la argumentación jurídica se apoya en sentencias emitidas por el propio Tribunal Supremo, “en línea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional”.

“La sentencia es ya firme y el alcalde ha sido condenado al pago de las costas procesales y a la pérdida del depósito constituido”, afirma el partido demandado en un comunicado.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga, una localidad de Bizkaia, ha condenado a través de un comunicado una agresión tránsfoba contra un concejal de EH Bildu ocurrida el pasado sábado. En la nota, el equipo de Gobierno, formado por EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA, ha mostrado su “firme rechazo ante estos hechos y su apoyo y solidaridad a la víctima”, a la que han descrito como “un representante de la ciudadanía”, pero cuya identidad por el momento no se ha hecho pública por su protección.

Según han informado desde el Ayuntamiento, durante la agresión algunas personas “intervinieron ante la situación, protegiendo y respondiendo de forma activa frente al suceso”, algo que, han agradecido alegando que se trata de una actitud que demuestra “que la solidaridad y la responsabilidad colectiva son indispensables ante el odio y la discriminación”.

Sobre el suceso, en el comunicado alegan que no solamente “se muestra la LGTBIfobia a través de agresiones físicas”. “Los insultos, desprecios, cuestionamientos o menosprecios son también expresiones de discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Este tipo de ataques no afectan solo a una persona individual, sino que el mensaje excluyente se dirige a todo el colectivo LGTBI, por lo que la lucha contra la LGTBIfobia es una responsabilidad que compete a toda la sociedad”, ha denunciado el Consistorio, que ha recalcado que “reafirma su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros”.

Desde EH Bildu, por su parte, han denunciado a través de las redes sociales el suceso, han trasladado que “no tolerarán ningún tipo de ataque ni actitud intolerante” y han mostrado su solidaridad y apoyo total a la víctima. “Seguiremos desarrollando políticas públicas integrales para que los pueblos y barrios de Euskal Herria puedan ser espacios libres de LGTBIfobia y para que todas las personas puedan vivir en libertad, con dignidad y sin miedo”, han detallado.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 abortos entre enero y finales de abril de 2026, según consta en un breve informe remitido al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. El coste medio por intervención es de 238,44 euros, a la luz de estos datos.

Históricamente, Euskadi ha derivado a la Sanidad privada un porcentaje altísimo de las interrupciones del embarazo, siempre del entorno del 95%. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales anunció en 2025 que, en aplicación de una de las medidas incorporadas al pacto de salud firmado con diferentes agentes, iba a asumir “progresivamente” la atención de “todas” las mujeres que quisieran ejercer este derecho reconocido por ley aunque solamente un año atrás defendiera el modelo externalizado. Entonces se habló de un volumen anual del entorno de 4.200 casos. Con las cifras de derivaciones formalizadas en 2026 conocidas ahora no se aprecia un cambio de tendencia en la privatización de este servicio.

Los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

Askabide estuvo precisamente en el ojo del huracán porque grupos de ultracatólicos organizaron protestas contra el derecho al aborto en la entrada de sus centros, principalmente en el de Vitoria. El caso fue denunciado en aplicación de la nueva ley que castiga las coacciones a las mujeres y a los sanitarios que las atienden y se celebró en Álava el primer juicio en España por este tipo de situaciones. La sentencia se conoció en diciembre de 2025 y los 21 imputados quedaron absueltos. Actualmente se mantienen este tipo de iniciativas, pero en plazas alejadas de la entrada de las clínicas. Ya se buscan 'voluntarios' para hacer rezos en Vitoria y Bilbao a la vuelta del verano. La organización asegura que controlará que no haya nunca más de “19 personas” a la vez, el tope legal para que no sea considerado como manifestación y haya obligación de comunicarlo a la Ertzaintza.

“Se llega a la conclusión de que no están cumpliendo lo que anunciaron”, dice EH Bildu a la luz de las estadísticas. Y añade Ubera: “Solicitamos dicha información el 24 de abril al consejero de Salud para saber si estaban cumpliendo realmente su anuncio de octubre de 2025 de que de manera progresiva iban a dejar de derivar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas para realizarlas en hospitales de Osakidetza. [Pero] Tenemos una Consejería que nos ha acostumbrado a muchos anuncios y promesas que luego no acaban materializándose. Los antecedentes nos hacían sospechar que podíamos estar otra vez ante un caso así y, lamentablemente, los datos remitidos por el Departamento no hacen sino confirmar nuestras sospechas”.

Queda ya menos de un año para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027 y, como si fuera ya campaña, este sábado ha habido actos de todos los principales partidos políticos vascos. El PNV se ha ido a Gipuzkoa, PSE-EE y EH Bildu han coincidido en Vitoria y el PP, con Miguel Tellado de invitado, se ha reunido en Bilbao.

El PNV, por ejemplo, ha procedido a la inauguración del nuevo 'batzoki' en Lasarte-Oria (Gipuzkoa). El dirigente 'jeltzale', Aitor Esteban, ha defendido que “hay un valor inexcusable, que es la honestidad” de la “marca PNV”. Ha repetido lo que ya viene diciendo en los últimos días, que la situación en Madrid es “grave”, dada la sucesión de investigaciones de corrupción. Igualmente, ha considerado que las explicaciones prometidas por Pedro Sánchez llegarán muy tarde y que la legislatura está agotada.

EH Bildu se ha dado cita en Vitoria en el llamado 'Bat egin eguna'. La portavoz local, Rocío Vitero, ha asegurado que su partido está “absolutamente centrado en ofrecer respuestas a la crisis de la vivienda, al aumento del coste de la vida, a incrementar la protección social o a impulsar la economía y el empleo” y ha señalado que la ciudadanía “espera de su clase política dejar de lado intereses partidistas”. “Detrás de la marca de EH Bildu lo que hay son miles y miles de personas comprometidas que día a día dan lo mejor de si mismas para que Gasteiz y Euskal Herria avancen”, ha apostillado.

El PSE-EE también ha organizado un acto en Vitoria por el 80 aniversario del nacimiento de Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000. El secretario general, Eneko Andueza, ha apelado a la defensa de las políticas de izquierdas que favorezcan a “toda la ciudadanía”. Además, ha asegurado que ni los nacionalistas “de uno u otro signo”, ni la derecha y la ultraderecha, impedirán a su partido defender “las señas de identidad” de los socialistas, “la libertad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el diálogo”. El líder del PSE-EE de Álava y consejero, Javier Hurtado, ha agregado que Buesa “representó una Euskadi plural, abierta y democrática donde nadie tuviera que renunciar a pensar diferente”.

El PP, finalmente, ha estado en Bilbao. Acompañados de Miguel Tellado, dirigente nacional, han organizado un acto festivo en Indautxu en el que han tomado parte el presidente de los 'populares' vascos, Javier De Andrés, y las también dirigentes del partido Esther Martínez y Amaya Fernández. “Somos la única alternativa ideológica a todo lo que representa la izquierda, porque el PNV se ha entregado a la causa del PSE-EE, porque depende de él en todas las instituciones”, ha señalado De Andres.

El consejero socialista Denis Itxaso va ofreciendo con cuentagotas detalles de cómo será la nueva reforma de la ley de Vivienda de 2015, la segunda en menos de un año y que golpea de lleno a la principal preocupación ciudadana del momento. A la idea inicial de poner coto al fraude “generalizado” en la venta de viviendas protegidas tasadas -que suelen incorporar un sobreprecio camuflado de pago por muebles o similar para acercar su coste al del mercado-, se unirá la de impedir la pérdida de protección de casas previas a 2003, cuando ya se hizo permanente el blindaje, siempre que estén en zonas tensionadas. No se ha aclarado aún si será un proyecto del Gobierno o una proposición de los partidos en el Parlamento -esto segundo es lo más probable porque fue la fórmula del pasado año y porque le evita al Ejecutivo trámites e informes- ni se han los plazos precisos, aunque Itxaso ha explicado a los periodistas que 2027 sería un horizonte deseable para su entrada en vigor.

“La técnica legal no la tenemos definida. Lo estamos valorando. Estamos viendo diferentes alternativas. Mi propuesta, mi promesa, es que que el año que viene pueda estar aprobada. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Mire, la política de vivienda es una fotografía en movimiento y diría más, en movimiento muy rápido. Se está moviendo todo a toda velocidad. En todo momento, este Gobierno ha asumido un papel reformista y honesto desde el punto de vista de ir monitorizando los problemas e ir tomando decisiones y medidas que nos permitan afrontar esos desafíos”, ha explicado Itxaso en una comparecencia ante los medios de comunicación. El consejero ha señalado que Catalunya, por ejemplo, ya ha adoptado medidas similares con perfecta seguridad jurídica.

¿Cómo se traducirá en datos la nueva reforma legal? “En Euskadi, las viviendas protegidas calificadas a partir de 2003 cuentan con protección permanente y, sin embargo, 1.071 viviendas anteriores a esa fecha van a perder su calificación temporal en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas tensionadas”, ha señalado el propio consejero. Más en detalle, “se evitará la descalificación de 510 viviendas en alquiler de Benta Berri en San Sebastián”, un caso que ha ganado relevancia por las denuncias vecinales al ser un fondo buitre su nuevo casero. También hay otras 119 en Donostia, además de 248 en Vitoria y 21 en Bilbao que se salvarían de pasar a ser totalmente libres, lo que dispararía su atractivo en el mercado.

En cuanto a los sobreprecios ocultos de las viviendas protegidas de venta, si hasta ahora era el titular el que buscaba un comprador y la Administración sólo visaba los requisitos, en el futuro será el Gobierno el que asuma la búsqueda de un nuevo morador. Por un lado, se evitarán cobros ocultos y, por otro, las asignaciones responderán a los baremos de las listas de Etxebide. Son “más de 1.000 transmisiones” anuales las que se verían condicionados.

Se da la circunstancia de que, en diciembre de 2025, el Parlamento ya aprobó una reforma de la ley de Vivienda, y de otros adyacentes, con una primera batería de medidas urgentes. Fue la reconciliación legislativa entre el PSE-EE, el partido que gestiona esta cartera en Euskadi, y el PNV, el socio mayoritario del Gobierno de Imanol Pradales. En 2015, con los nacionalistas en minoría en el Ejecutivo, el PSE-EE logró sacar adelante desde la oposición la ley ahora en vigor con apoyos de EH Bildu y UPyD. Y, en 2023, el PNV se opuso a la normativa estatal de Pedro Sánchez y en Euskadi la recurrió al Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo, entonces Iñaki Arriola.

Itxaso, a la luz de que la nueva propuesta viene pactada de nuevo con el PNV, ha querido “poner en valor” que “después de muchos años” esta legislatura “está siendo la del consenso” entre los socios. “Estamos aplicando las zonas tensionadas que devienen de la ley estatal, en ayuntamientos de todos los colores”, ha puesto como otro ejemplo del nuevo clima. Fuentes del PNV consultadas por este periódico confirman la sintonía con esta nueva iniciatva. Ambos partidos tienen mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara.

Con EH Bildu

La reflexión sobre la sintonía entre PNV y PSE-EE tenía una segunda derivada, porque este viernes se ha producido una reunión entre el consejero socialista y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, para hablar del plan de vivienda lanzado hace unas semanas por la principal fuerza de la oposición. La formación abertzale insiste en ver “neoliberal” al PNV en materia de vivienda y en sentirse más próximo a los socialistas, en un intento de meter cuña en la coalición. Según Otxandiano, las posiciones “antagónicas” entre los socios no son cosa del pasado y ha señalado, por ejemplo, que los nacionalistas, en Donostia, van de la mano del PP para que parcelas de la zona llamada Infierno sean cedidas a promotores privados para levantar pisos de 400.000 euros, cuando podrían ir al Gobierno vasco para construir casas protegidas.

Sobre la reforma legislativa, una EH Bildu que consideró la anterior una “contrarreforma” esperará a tener la “letra pequeña” de la nueva para posicionarse. Eso sí, el portavoz de la coalición ha recordado que “hace cuatro años” propusieron atajar el fraude en la venta de viviendas protegidas y que el predecesor de Itxaso, el también socialista Arriola, se opuso con rotundidad porque era “más difícil que nunca” que hubiese irregularidades. “Se han perdido cuatro años”, ha lamentado Otxandiano, que en todo caso ha recordado que la normativa vigente permite a la Administración ejercer el derecho de tanteo y quedarse con los pisos que se enajenan para luego destinarlos al alquiler social. “Y esto apenas se ha hecho”, ha asegurado el dirigente de EH Bildu.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, parece haber pasado ya página del episodio de las cargas de la Ertzaintza en la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Loiu. Preguntado este viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco, no ha vuelto a realizar ninguna referencia directa al operativo y ha insistido en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y ha garantizado que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden” y que las “familias” puedan ir a ver el fútbol o el ciclismo con tranquilidad.

Según Zupiria, Euskadi ha ido construyendo “un modelo de convivencia” durante décadas con “respeto a la ley” como “criterio” básico“, ha indicado que la Ertzaintza es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía y ha avisado de que hay un sector de la población que ya está alimentando nuevas acusaciones hacia la Policía de cara al verano. Y ha añadido que ”algunos han estado ausentes“ de la convivencia, en referencia a la izquerda abertzale, que es la que había forzado la pregunta a Zupiria en el arranque del pleno.

El consejero ha indicado que, tras acceder al cargo en 2024, se han registrado del orden de 130 incidentes o altercados y ha indicado que cuando se ha registrado “algún comportamiento dudoso o denunciable”, que no ha concretado, se han “asumido los errores”. Y se han adoptado las “medidas necesarias para que no se repitan”. Lo que no va a hacer la Policía vasca es “renunciar” a actuar en determinados “espacios públicos o sociales” y garantizar el “orden”, ha zanjado.

EH Bildu ha renunciado al habitual 'cara a cara' de su líder, Pello Otxandiano, con el lehendakari en las sesiones de control quincenales para que su portavoz en materia de Seguridad, Gorka Ortiz de Guinea, debatiera con Zupiria sobre el “modelo policial”. El representante abertzale se ha quejado de la “oportunidad de oro” perdida por Zupiria, a su juicio, de no responder claramente a si cree que el despliegue en el aeropuerto que da servicio a Bilbao fue “proporcional o no”. Voces internas de relevancia, desde el anonimato, constataron a este periódico que no lo fue. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

Para EH Bildu, Zupiria se ha situado con “PP y Vox” en su respuesta a estos sucesos, “con los negacionistas”. “Se ha convertido en el portavoz del sector más rancio de la sociedad”, ha añadido Ortiz de Guinea, que ha hablado de los “relatos inverosímiles” sobre Loiu y de “golpes en la nuca”. Ha añadido que los responsables han de ser destituidos, aunque otro partido de la oposición, Sumar, eleva las responsabilidades al propio Zupiria. Ortiz de Guinea ha arrancado las risas de las bancadas del PNV, tanto en el hemiciclo como en el palco de invitados, cuando ha apelado al Gobierno a imitar al primer lehendakari en la Guerra Civil, José Antonio de Aguirre, nacionalista, y a su consejero Telesforo Monzón, en lo tocante al modelo policial.

Este jueves, el Movimiento Feminista de Errenteria, Bertsozale Elkartea y Oiartzungo Feministen Asanblada han denunciado un caso de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola de la localidad guipuzcona, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores. El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha condenado “enérgicamente” las agresiones machistas presuntamente realizadas por un profesor del centro a varias alumnas y ha decidido suspender la actividad del servicio municipal. “Nunca debieron haber ocurrido”, ha señalado.

En un comunicado, ha subrayado que las agresiones denunciadas, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”, informa Europa Press.

Según ha explicado, este pasado miércoles ha comunicado a padres y madres del alumnado lo sucedido y la decisión de suspender la actividad de la Bertso Eskola en una reunión convocada con carácter de urgencia. Desde el Ayuntamiento han señalado que han conocido recientemente que “una persona que en el pasado ha sido profesor y ahora miembro activo de la Bertso Eskola, ha tenido comportamientos inadecuados hacia algunas alumnas, llegando a acosarlas y en algún caso, agredirlas, de forma continuada en el tiempo”.

Tal y como se señala en la denuncia hecha pública, este miembro “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, detalla.

El Ayuntamiento ha apuntado que ha conocido que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”.

Pero, tal y como se ha sabido ahora, “no ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado. En esa línea, ha incidido en que “no es el agresor el único que ha incumplido los compromisos adquiridos”, ya que Bertsozale Elkartea “informó en su momento a un miembro de la dirección de Bertso Eskola de la conversación mantenida con el agresor y de los compromisos adquiridos por éste, para que la dirección, a su vez, tomara las medidas oportunas”.

“El hecho de que el agresor no haya cumplido con los compromisos adquiridos con Bertsozale Elkartea demuestra que, al menos, ha contado con el apoyo de ese miembro para seguir desarrollando su actividad vinculada a la Bertso Eskola”, ha insistido, al tiempo que ha lamentado que “se ha protegido al agresor y se ha desprotegido a las víctimas o posibles víctimas”, lo que el Ayuntamiento considera que es “inaceptable”.

El Ayuntamiento, en mayo, nada más tener conocimiento de las denuncias, solicitó a la dirección de Bertso Eskola que apartara al presunto agresor de todas las actividades formales e informales de Bertso Eskola. Ahora, consciente de que el profesor ha tenido apoyo, ha decidido suspender la actividad de Bertso Eskola, “como medida imprescindible para garantizar la seguridad y el bienestar de su alumnado y familias”. Finalmente, el Consistorio de Errenteria no descarta la posibilidad de adoptar otras medidas y, además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la concentración convocada para este sábado por el Movimiento Feminista de Errenteria, Bertsozale Elkartea y Oiartzungo Feministen Asamblada, que tendrá lugar a las 12.30 horas en Foru Plaza (Xenpelar).

El PNV pide ir a la Fiscalía

En un comunicado, el PNV, en la oposición considera que “la suspensión de actividades o medidas puntuales no son suficientes”. “La ciudadanía necesita garantías claras de que el Ayuntamiento de Errenteria ha actuado desde el primer momento con todos los mecanismos institucionales y administrativos necesarios para esclarecer lo sucedido y evitar que situaciones similares puedan repetirse. El debate no puede limitarse únicamente a los hechos denunciados. También debe abordarse si las instituciones públicas han cumplido adecuadamente con sus obligaciones de prevención, vigilancia y protección, y qué medidas concretas deben adoptarse ahora para acompañar y reparar a las víctimas, apoyar a las familias, evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad y garantizar que hechos así no vuelvan a producirse”, indican.

También ha demandado al Ayuntamiento que “traslade toda la información disponible a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que puedan actuar con todas las garantías” y que “abra una investigación interna que permita esclarecer posibles fallos en los mecanismos de prevención, supervisión y protección”. “Consideramos imprescindible revisar todas las actividades municipales dirigidas a menores de edad para asegurar que cumplen con los máximos estándares de protección, prevención y cuidado”, abundan.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

La comisión de Juventud del Parlamento Vasco ha visado también este miércoles la modificación legislativa para endurecer el control de los campamentos de verano. Finalmente, no introduce cambio alguno con respecto al texto acordado la pasada semana en la ponencia, en la que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, acordaron dos enmiendas con el PP para incrementar las sanciones hasta los 600.000 euros y que se acompasaran con las existentes en la ley vasca de Infancia y Adolescencia.

A pesar de que los 'populares' querían negociar más ajustes en lo tocante a la declaración responsable que habrán de presentar antes de las actividades los organizadores -es algo que volverán a plantear de cara a la votación definitiva del pleno-, fuentes parlamentarias indican que la ley se aprobará el 11 de junio tal como está ahora y que esos requisitos previos se fijarán 'a posteriori' en un decreto que se aprobará inmediatamente después de la promulgación de la ley. La firmará la consejera Nerea Melgosa.

Es más, la votación del articulado ha sido tan confusa que ha dado la sensación de que EH Bildu, que no ha negociado nada con el Ejecutivo, ha apoyado más apartados que el propio PP. Como anécdota, los 'populares' incluso se han opuesto a la exposición de motivos, sin contenido jurídico y meramente simbólica.

El portavoz del PNV, Ander Añibarro, ha insistido en que la reforma impone más “mecanismos de control” y mayor garantía de “protección de menores de edad”. La propuesta, tramitada por la vía de urgencia, surgió tras la acumulación de denuncias por violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo.

La portavoz de EH Bildu, Edurne Benito del Valle, ha manifestado que todos los grupos apoyan el objetivo de garantizar el “bienestar” de los menores, pero ha criticado la forma en que se ha tramitado la reforma legislativa. Ha mencionado las “prisas” -aunque finalmente no se hizo por la vía de la lectura única-, los “procedimientos poco garantistas” e incluso las “chapuzas” y “errores jurídicos”. Ha ironizado que el Gobierno ha necesitado las correcciones del PP para evitar el entuerto de tener dos tipos de sanciones diferentes para las mismas conductas. Además, ha apuntado que los grandes cambios llegarán “vía decreto” y no en la ley, aunque ha concedido que el actual reglamento, de la década de 1980, ha de ser actualizado.

El socio minoritario del Gobierno, el PSE-EE, ha defendido la “necesidad” de la reforma porque en Bernedo se vivieron “momentos complicados” y “esto no debe volver a ocurrir”. Itxaso Asensio ha destacado que, con la nueva ley, la entidad organizadora asumirá la plena responsabilidad de lo que pueda suceder. Asensio ha asegurado que el PP ha “enriquecido” la ley, pero ha indicado que no comparten el tono de la justificación de esas enmiendas.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

La comisión de Seguridad del Parlamento Vasco ha modificado el orden del día de la reunión prevista para este martes y, finalmente, podrá comparecer el consejero Bingen Zupiria, del PNV, para dar explicaciones sobre la carga de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu durante la llegada de los miembros de la Flotilla Global Summud, según confirman fuentes parlamentarias. En un gesto poco usual en la Cámara, la comparecencia se producirá apenas 72 horas después de que se produjeran los hechos.

En puridad, antes de la petición del consejero llegó otra de EH Bildu, registrada el mismo sábado. La coalición abertzale, apenas unas horas después de lo sucedido en Loiu, tramitó una petición “de urgencia” a la luz del eco que ya estaba adquiriendo la actuación policial.

El anterior precedente de una comparecencia tan rápida es de 2012. El 9 de abril falleció el joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cabacas, había resultado herido unos días antes en una carga con pelotas de goma tras un partido europeo. El entonces consejero Rodolfo Ares, del PSE-EE, acudió el 12 de abril a la Cámara.

La comisión de Seguridad iba a tratar ya un caso que motivó otra investigación interna, la detención de una persona en Elgoibar que sufrió un problema de salud en los calabozos de la comisaría de Eibar. Se produjo en abril. Zupiria también tenía preguntas sobre el informe de 2025 sobre el estado de la seguridad pública en Euskadi y sobre la fuga de benceno de la refinería de Petronor.

Hasta el momento, Zupiria ha indicado que está abierta una doble investigación interna sobre la justificación de unas cargas que han dado la vuelta al mundo, la de Asuntos Internos y la de la comisión de control. Igualmente, los cuatro activistas que resultaron detenidos están siendo también investigados. El consejero ha considerado que hubo “provocaciones” que motivaron la respuesta policial, pero también ha asumido que no era la imagen más óptima que se podía dar.

Zupiria es el más veterano de los consejeros del Gobierno vasco. Está en su tercera legislatura, aunque en las dos primeras, con Iñigo Urkullu como lehendakari, fue titular de la cartera de Cultura. Además, fue portavoz del gabinete en la segunda. Desde 2024, con Imanol Pradales, es el consejero de Seguridad. De 65 años, tiene también una larga experiencia previa tanto en medios de comunicación como en áreas de comunicación política, ya que trabajó también con otro lehendakari del PNV, José Antonio Ardanza.

Con la excepción de 2020, el año en que la COVID-19 detuvo muchas actividades, 2025 fue el ejercicio en que la Comisión de Ética del Gobierno vasco, puesta en marcha en 2013 para analizar posibles vulneraciones del código ético y de conducta que han de suscribir los altos cargos, tuvo menos actividad. Únicamente emitió dos resoluciones, la última de ellas sobre Osalan. En lo que va de 2026 tampoco consta que haya habido movimientos.

El pasado miércoles, la consejera María Ubarretxena, que es la presidenta de este foro con cinco integrantes, tres de ellos cargos políticos y dos expertos externos, presentó en el Parlamento Vasco la memoria de actividades de la comisión en 2025. Es un documento de cinco folios que se puede leer aquí. Nada tiene que ver con la primera, que vio la luz en 2014 y que era un documento maquetado de 68 páginas que se presentaba incluso en rueda de prensa.

Desde la oposición, EH Bildu y PP coincidieron en resaltar lo llamativo de la escasa actividad de este organismo. En 2023, por ejemplo, abordó catorce asuntos. Para Lamia Arcas, de la coalición abertzale, hay cierta “decadencia”. Para Ainhoa Domaica, del PP, “llama la atención” la escasa actividad dado el “gran volumen” de organismos y altos cargos sujetos a estas normas de conducta.

Ubarretxena, acompañada del viceconsejero Xabier Ochandiano, a su vez secretario de la Comisión de Ética, ironizó que se critica al Gobierno porque hay pocos casos lo mismo que se le criticaría si hay muchos. Ochandiano agregó que responde a lo que tiene que responder y que lo hace siempre “en tiempo y forma”.

A juicio de Ubarretxena, que las denuncias vayan en descenso puede significar que los altos cargos van asumiendo las pautas éticas de funcionamiento y que no es necesario reprenderles, argumentó. “Los cargos tenemos muy interiorizada la ética”, sentenció. “Cuantitativamente breve, institucionalmente relevante”, señaló también sobre la memoria. E insistió en la idea de que todos los acuerdos son adoptados por unanimidad, de modo que los expertos externos coinciden con el sentir de la parte política cuando se trata de emitir un dictamen.

EH Bildu no salió muy satisfecha de las explicaciones de Ubarretxena. Comparó la actividad de la Comisión de Ética vasca con la catalana o andaluza, o incluso con la de Irlanda, y consideró que la local sale perdiendo. Entiende que ha de pasar de ser un órgano “reactivo” para ser más “proactivo”. En el pasado, la formación abertzale rebautizó al organismo como “Comisión de Estética” porque muy pocas veces ha emitido un dictamen crítico con las actuaciones de los altos cargos.

El debate parlamentario estuvo entrelazado con la reciente aprobación de la ley vasca de transparencia. Euskadi es la última comunidad autónoma con un texto de esas características pero tanto Ubarretxena como el representante del PNV, Jon Andoni Atutxa, insistieron en que el Gobierno vasco es “pionero” en estos temas. El socio, el PSE-EE, apuntó que Euskadi tiene un “sólido corpus normativo” en lo tocante a buen gobierno y transparencia.

El Departamento de Salud ultima los pliegos de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, según confirman fuentes oficiales. Es el servicio externalizado de mayor volumen, con un coste actualmente de unos 8 millones de euros mensuales sin contar la red de Gipuzkoa. De abrirse ahora la licitación, las nuevas contratas podrían estar asignadas a la vuelta del verano, salvo que medien recursos u otras incidencias. El Gobierno subraya, como novedad, que ha recogido “aportaciones de las asociaciones de pacientes” para mejorar el servicio.

El actual contrato tiene una relevancia singular porque vendría a regularizar el servicio después de la convulsa etapa de la catalana Grup La Pau, la adjudicataria en Bizkaia y Álava que vio rescindido su contrato antes de su finalización por un rosario de incumplimientos laborales, salariales y asistenciales negados en un inicio por la Administración. Aquello se produjo en noviembre de 2024 y, para garantizar la continuidad asistencial, se optó por contrataciones de emergencia con la nueva marca Bizkanb (la UTE de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y la local Baztan-Bidasoa) en Bizkaia y con una extensión de la contratista guipuzcoana, Ambulancias Gipuzkoa, para cubrir también Álava. En un inicio se habló de un parche para catorce meses con un coste de 110 millones totales pero, al llegar enero de 2026, se conoció que la duración de las adjudicaciones directas era en realidad indefinida.

La oposición está urgiendo ya al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que explique por qué no está abierto el nuevo concurso. Rebeka Ubera, de EH Bildu, que realiza un estrecho marcaje de la política sanitaria, señala que las últimas noticias que tenían apuntaban al “primer cuatrimestre” de 2026, un plazo ya superado. Ubera ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Vasco y, entre otros puntos, pide que se aclaren plazos y las reuniones mantenidas para la confección de los pliegos y si han incluido a los sindicatos.

Denuncias en Álava

De hecho, la renovación de la contrata coincide con nuevas denuncias de irregularidades, en este caso del comité de Ambulancias Gipuzkoa en Álava. Los sindicatos CCOO, LAB, ELA y ESK explican que la compañía ha acumulado 18 requerimientos de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos” de variados tipos desde la contratación de emergencia. Apuntan, igualmente, ha que “hay abiertos varios casos de agresión verbales o físicas a personas trabajadoras por parte de pacientes o familiares” sin que Ambulancias Gipuzkoa haya respaldado a sus profesionales.

El comité cuestiona también el estado de la flota. Aluden a “fallos electrónicos de motor”, “sillas de traslado sujetas con bridas” o incluso a “tuberías de oxígeno” con pérdidas. Además, las unidades de reserva “no cumplen con los pliegos” del contrato anteriores. Los sindicatos desconocen si Salud ha realizado “algún tipo de control para verificar el cumplimiento” de las condiciones de la contrata en Álava e ironizan que, en principio, se hablaba de catorce meses de recambio temporal para Grup La Pau.

“En los últimos diez años, han pasado tres empresas distintas por la provincia de Álava, dejando todas ellas deudas con las personas trabajadoras [y] acumulando todas ellas innumerables sanciones e incumplimientos en Inspección de Trabajo [y] sentencias en contra, vulnerando derechos de las personas trabajadoras. Y todo con el beneplácito del Gobierno vasco, que [...] ha permitido la desprotección de la ciudadanía con estas empresas piratas”, añaden CCOO, LAB, ELA y ESK. Contactada por este periódico, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de aclaraciones.

El servicio de transporte sanitario de Osakidetza tiene tres modalidades diferencias. Las UVI móvil, con la excepción de Donostia, están gestionadas directamente con recursos públicos. Por el contrario, la red urgente (vehículos amarillos) y la red de traslados programados o no asistenciales (azules y blancos) están externalizadas. El nombre de la empresa adjudicataria aparece siempre en la puerta.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El Parlamento Vasco, fuera del salón de plenos y en apenas unos minutos, ha superado este jueves el que posiblemente sea el trámite más relevante de la jornada. Se ha constituido ya la ponencia legislativa para modificar la normativa de Juventud en busca de endurecer el control de los campamentos de verano. Es una propuesta de PNV y PSE-EE para tratar de evitar que en 2026 se reproduzcan las denuncias de violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, un caso actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la ponencia cierre este mismo viernes, a las 9.30 horas, el articulado definitivo. Después, una comisión tendrá que aprobar el dictamen, pero sería perfectamente posible que un pleno de junio apruebe la reforma legislativa. El objetivo siempre fue tenerlo antes del verano, para que las modificaciones surtan efecto en la edición de este año de Euskal Udalekuak.

Entre los cambios previstos, se endurecen las sanciones, se sustituye la comunicación previa de una actividad por una declaración responsable obligatoria siempre que participen menores de edad en una colonia y se refuerza el control para que los trabajadores presenten el certificado de ausencia de antecedentes sexuales. Eso sí, PNV y PSE-EE han presentado una autoenmienda para ajustar la redacción de un artículo sobre las infracciones “muy graves”. Donde antes se hablaba de penalizar actuaciones que “por acción u omisión” implicasen “racismo, xenofobia, violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”, se acepta ahora que lo sancionable sean “actuaciones que promuevan actitudes y conductas discriminatorias, limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia”. Es una “mejora” realizada “a instancias del Ararteko”, la Defensoría del Pueblo.

Está por ver si las formaciones del Gobierno aceptan enmiendas de la oposición. EH Bildu tiene cuatro presentadas, las mismas que el PP. No constan de Sumar y de Vox. La coalición abertzale pide que los controles sean para actividades de duración “igual o superior” a cuatro días o tres noches, si tienen pernocta, para evitar una “carga burocrática desproporcionada” en el ocio infantil y juvenil. Reclama también rescatar un inciso que eliminaban nacionalistas y socialistas para controlar que haya actividades que “encubran” ánimo de lucro cuando supuestamente no lo tenían. Los 'populares', de su lado, tienen enmiendas para ajustar el papel de las diputaciones o arreglar los “despropósitos” de que la normativa de Juventud previa como sanciones en casos muy graves cuantías mucho más bajas que la de Infancia y Adolescencia para casos muy similares.

La reforma legal se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque en el camino el PP solicitó una ampliación del plazo de presentación de enmiendas. La tramitación fue iniciada en marzo, aunque las denuncias se conocieron en septiembre de 2025. El Gobierno recibió críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. De hecho, el Ejecutivo intentó hacerlo por lectura única, sin debate de expertos ni ponencia legislativa. Asimismo, se trata de un texto presentado como “proposición” de los partidos del Ejecutivo y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. En paralelo, el Ejecutivo prepara un decreto en el mismo sentido, de la mano de la consejera Nerea Melgosa, del PNV.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.