EH Bildu, la coalición Elkarrekin (encabezada por Podemos) y el PP han presentado varias enmiendas a los proyectos de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramitan en Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. En general, buscan que se endurezca la normativa planteada por PNV y PSE-EE en algunos supuestos, por ejemplo con mayor presión a los pisos turísticos o a los cruceros. Las enmiendas adquieren un papel relevante en Gipuzkoa y en Álava, ya que en estos dos territorios los partidos de Gobierno foral no tienen mayoría y precisan del voto de uno de estos grupos para sacar adelante la norma. No sucede así en Bizkaia, donde tiene mayoría en las Juntas Generales el equipo de Gobierno. En 2025, nacionalistas y socialistas sacaron adelante la reforma fiscal con Podemos.

Una vez finalizada la presentación de enmiendas -cuyo plazo en el caso de Gipuzkoa terminaba este viernes, no así en el resto de territorios, ya que en Bizkaia ni siquiera ha empezado- arrancará el proceso de tramitación para que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027, como se ha pactado entre las tres diputaciones para dar margen a los Ayuntamientos vascos a adecuar sus ordenanzas municipales a la norma. Pese a la petición expresa del alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, a los grupos para que adelantaran la aplicación del impuesto vía enmiendas, sólo el PP presenta una enmienda para que el proyecto se aplique cuanto antes. En concreto, los 'populares' introducen la salvedad de que, pese a que con carácter general entre en vigor en 2027, “los ayuntamientos que hubieran aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada a esta norma foral podrán acordar la aplicación efectiva del impuesto desde una fecha anterior en su ámbito territorial”. Es decir, que aunque PNV y PSE-EE no contemplan la posibilidad de adelantar la entrada en vigor, si necesitan pactar con el PP en Gipuzkoa podrían introducir la salvedad que permitiría al alcalde de Donostia adelantar la aplicación.

En concreto ,en las Juntas Generales de Gipuzkoa Elkarrekin (que allí solamente tiene representantes de Podemos) ha presentado siete enmiendas, las mismas que EH Bildu, y cinco el PP. En los dos primeros grupos las enmiendas serán iguales para los tres territorios. En el caso del PP es previsible que también, aunque no se ha confirmado este extremo desde esta formación.

Elkarrekin: “Intensidad” turística

Los representantes de Elkarrekin en las Juntas de Bizkaia, y Álava, Eneritz de Madariaga, y David Rodríguez, respectivamente, junto al coordinador general de Podemos, Richar Vaquero, han presentado este viernes las enmiendas con las que pretenden “que el impuesto refleje mejor el impacto real de las estancias y refuerce su capacidad de retorno social”. De entrada, proponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, y que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Además, modifican las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equiparan el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros, En el proyecto de norma se fija entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también plantea elevar el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, plantea incluir un nuevo concepto en la norma, el de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal”. Con ello se dotaría de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible. A su vez, plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III.

EH Bildu: un día más “se paga”

Desde EH Bildu las enmiendas también se dirigen entre otras cuestiones a que las viviendas turísticas tengan la “tasa máxima”, ya que, “con la actual crisis de vivienda, sobre la que inciden las viviendas turísticas, no se pueden tratarlas de manera ligera”, ha señalado en la Cámara vasca la parlamentaria Itziar Murua, que ha interpelado al consejero Javier Hurtado sobre los retrasos en la aplicación de este impuesto. De entrada, una de las enmiendas presentadas va encaminada a que quede especificado el impacto que genera la actividad turística en los alquileres de vivienda. En este sentido, piden también que el pago de este impuesto en las viviendas de uso turístico se iguale con los hoteles de cinco estrellas. También plantean modificar las horquilla de pagos al alza sobre todo para los cruceros que los equipara también con los hoteles de máxima categoría.

EH Bildu propone eliminar el límite de máximo de cinco días sobre los que se paga el impuesto, porque si argumenta que los costes que genera el turismo están directamente relacionados con la duración de la estancia, la “lógica es que un día más, se paga”, ha señalado Murua. Además, introduce cambios para los ayuntamientos puedan acceder a la información de los alojamientos de manera fiable y segura, y establecen que se pueda poner a disposición de las administraciones municipales “la información que los establecimientos de alojamiento deban remitir de acuerdo con la normativa aplicable en materia de seguridad pública”. En la misma línea de facilitar el trabajo a los ayuntamientos introduce el compromiso de la Diputación Foral de Gipuzkoa de que “poner a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos adecuados, mediante la creación de un sistema eficaz para la recogida fiable de la información y el cumplimiento de sus obligaciones”.

EH Bildu propone también que la evaluación del impacto del impuesto se lleve a cabo mediante una comisión de evaluación constituida por las tres Haciendas forales y por Eudel.  Por otra parte, propone que se modifique la norma cuando se defina o desarrolle el concepto e intensidad turística en el marco de la normativa turística de Euskadi.

PP: adelantar la fecha

En lo que se refiere a los 'populares', las enmiendas presentadas introducen la citada permitiendo a los ayuntamientos la entrada en vigor antes del 1 de enero de 2027, si tienen aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada. Consideran que de esta forma se permite “una implantación progresiva y flexible del impuesto respetando la autonomía municipal”. Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos puedan “establecer bonificaciones sobre la cuota tributaria de hasta el cien por cien, en función de las características del municipio, del volumen de plazas alojativas, de la tipología de los establecimientos o de otras circunstancias de interés público debidamente justificadas”. La norma actual prevé bonificaciones de hasta el 100% sólo para los municipios con 25 o menos plazas alojativas. En la misma línea solicitan que “las bonificaciones previstas en este artículo podrán dar lugar a una cuota tributaria efectiva nula, en los términos que establezca la correspondiente ordenanza fiscal”. Es decir, que se permita que “en la práctica y con total seguridad jurídica, un ayuntamiento apruebe y aplique el impuesto, pero con un impacto económico cero para el contribuyente si así lo decide”. También pide que se pueda eximir del impuesto a alojamientos rurales y de pequeña escala, adaptando la carga fiscal a la realidad de cada municipio.

Por último, desde el PP, se establece sobre el destino de la recaudación que los ayuntamientos establecerán en la ordenanza fiscal que desarrolle el Impuesto sobre Estancias Turísticas que “el ingreso generado se destine a partidas presupuestarias de mantenimiento urbano, seguridad, mejora de infraestructuras locales, limpieza, promoción de un turismo más sostenible y conservación del patrimonio histórico y cultural o cualquier otro siempre y cuando dichos recursos no se empleen para la creación de ningún tipo de sociedad ni para el funcionamiento administrativo de empresas públicas de turismo.”

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

El Parlamento Vasco propondrá la semana próxima al Senado a los juristas Xabier Arzoz y Javier García Roca como candidatos al Tribunal Constitucional. Son nombres lanzados por PNV y PSE-EE, respectivamente. Por diferentes circunstancias, los intentos de 2013, 2015, 2016 ó 2022 de activar ese procedimiento no se llevaron a término y es algo que no se somete a consideración de la Cámara desde 2008. Pero no es un mero trámite. Hace 18 años se plantearon también dos nombres, los de José Luis Aurtenetxe y Adela Asua. Y la segunda, propuesta por los socialistas, acabó como magistrada y vicepresidenta de la corte de garantías.

Arzoz, el propuesto por el PNV, tiene un amplia formación en derecho, es catedrático de la UNED y ha sido letrado en el Constitucional precisamente al lado de Asua primero y después del ahora presidente, Cándido Conde-Pumpido. Ha participado como asesor de la Defensoría del Pueblo estatal en el proceso de reparación de las víctimas de violencia sexual en la Iglesia católica y tiene 150 publicaciones y una veintena de libros entre obras propias, compartidas o coordinadas. Están hechas en castellano, euskera, inglés y alemán.

Se da la circunstancia de que Arzoz compareció en noviembre de 2025 en el Parlamento en el marco de la reforma sobre la normativa de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración tras una sucesión de recursos y sentencias judiciales. Se trata de una doble tramitación que sigue abierta, aunque ya es público que hay una brecha en el Ejecutivo de PNV y PSE-EE. Por un lado, se analiza una propuesta de artículo único del PNV para dotar de “seguridad jurídica” a las instituciones locales en sus convocatorias modificando los índices de obligado cumplimiento preexistentes; por otro lado, EH Bildu ha planteado un articulado más amplio para solicitar de entrada ambas lenguas oficiales, inspirada en el modelo catalán o gallego, y luego regular las excepciones.

Arzoz, el ahora candidato del PNV, no fue precisamente benévolo con la iniciativa legislativa de ese partido. Mencionó que el texto de los nacionalistas “no era muy comprensible” y que, en lo tocante a la seguridad jurídica, no preveía grandes cambios en las sentencias, es decir, que la propuesta fuese a ser “efectiva”. La calificó de “parche”. Después aludió al texto de EH Bildu, mencionó su inspiración gallega y catalana y señaló que el Constitucional, órgano al que aspira a entrar, no las ha anulado, aunque con el relevante matiz de que el alto tribunal tampoco ha ofrecido un “cheque en blanco” a exigencias de todo lo que no sea castellano. El portavoz del PNV en la ponencia legislatura, Markel Olano, encajó la intervención asumiendo que habían recibido “palos”. “Elijamos la fórmula que elijamos, no tendremos seguridad del 100%”, se defendió, poniendo en valor a sus juristas.

García Roca, de su lado, es licenciado en derecho y diplomado en economía. También ha sido letrado del Constitucional y miembro de diferentes órganos jurídicos. En su currículum se mencionan, igualmente, hasta once obras relativas al constitucionalismo, incluidas una “pautas para una reforma”, editado en 2014.

De los doce integrantes del Constitucional, cuatro los designa el Senado. La Cámara alta de las Cortes Generales, a su vez, pide dos nombres a cada uno de los Parlamentos autonómicos. En ese contexto, el presidente, Pedro Rollán, escribió a su homóloga vasca, Bakartxo Tejeria, y se los solicitó. El pleno los visará la semana que viene. Solamente PNV y PSE-EE han propuesto sus candidatos, de modo que se da por hecho que serán elegidos Arzoz y García Roca, ya que ambas formaciones gozan de mayoría absoluta. Tras varios intentos fallidos por disoluciones o del Senado o del Parlamento Vasco, hay que remontarse a 2008 para encontrar una votación similar. De los 65 participantes en aquella sesión solamente quedan dos en la actualidad, la propia Tejeria, entonces parlamentaria rasa del PNV, encabezado por Juan José Ibarretxe como lehendakari, y Laura Garrido del PP. La izquierda abertzale de entonces, EHAK, no participó, y tenían presencia partidos como EA, Aralar y EB (la marca de entonces de IU). En el grupo del PP ocupaba un escaño Santiago Abascal, actual líder de Vox.

El grupo municipal de EH Bildu en Getxo vuelve a estar personado como acusación particular en la causa del palacete protegido derribado en Getxo, en la que figuran como investigados tres exconcejales del PNV en la localidad y varios funcionarios municipales, además de representantes de las empresas promotoras. El juez instructor, Marcos Amor, que asumió el caso con la instrucción ya iniciada, ha admitido la querella criminal presentada por el grupo después de que decidiera expulsarlos como parte del procedimiento porque la formación abertzale había presentado una denuncia -que fue la que dio inicio a la investigación por parte de la Fiscalía- y no una querella formal contra personas concretas, lo que el magistrado entiende necesario para poder personarse. Solventado el requisito, EH Bildu figura de nuevo como parte en la causa, en la que también es acusación particular el PP.

En concreto, EH Bildu presenta su querella por delitos contra el patrimonio histórico, prevaricación administrativa y posible concurrencia de delitos de corrupción urbanística, contra los tres exconcejales del PNV, Irantzu Uriarte, Ignacio Uriarte e Iñigo Urkitza, y tres técnicas municipales del área de urbanismo, Argiñe Encinas, Isabel Peral y Sonia Quintana. Además, figuran como querellados cuatro personas relacionadas con las empresas que llevaron a cabo las obras que acabaron con el derribo del palacete Irurak Bat: Ander Madariaga, promotor de la empresa Biurban, José Ramón Foraster, arquitecto del estudio encargado de los pisos de lujo que iban a ocupar el solar en el que estaba el palacete, otro arquitecto técnico, Haritz Pinedo, y el jefe de obra Erlantz López. Todos ellos figuran ya como investigados en la causa.

Entre las diligencias de investigación que solicita en el escrito EH Bildu está la “tasación pericial del inmueble en el estado anterior a su demolición, a fin de determinar el valor económico del bien catalogado destruido y cuantificar el perjuicio patrimonial causado al patrimonio cultural, tanto a efectos de la responsabilidad civil derivada del delito como de la calificación jurídico-penal de los hechos”, así como que se “autorice y confirme el volcado, estudio y análisis de la información contenida” en los dispositivos incautados por parte de la Policía judicial de la Ertzaintza en el registro realizados en el mes de enero, “incluyendo el acceso a aplicaciones y almacenamiento en la nube utilizados por los investigados”. Respecto a estos dispositivos incautados, el juez Amor ha señalado en una reciente resolución, que los imputados tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados.

El escrito de la querella detalla los posibles hechos delictivos en torno al derribo del edificio Irurak bat, que se encontraba incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio bajo la categoría de edificio de “custodia municipal”, que debía ser tratados como “bienes culturales de protección básica”. Entre ellos, que el 18 de octubre de 2022, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getxo concedió licencia de obras a la promotora del proyecto Biurban SL, para la denominada “rehabilitación integral” del inmueble protegido, un proyecto técnico redactado por el estudio Foraster Arquitectos. Es una licencia en la que ya se constataron diversas irregularidades.

El 5 de enero de 2024 se presentó ante el Ayuntamiento un Proyecto de Ejecución que resultaba “manifiestamente incompatible con la licencia concedida y, sobre todo, con el régimen de protección del inmueble”. El proyecto contemplaba, de facto, la demolición total del edificio bajo la apariencia de una rehabilitación. El 12 de febrero de 2024 se inició la demolición del inmueble, que procedió a eliminar la estructura interior, la fachada sur íntegra, partes de las fachadas este y oeste, y la cubierta, y el 2 de agosto de 2024 se procedió a la demolición total de las fachadas restantes, “alegándose por los responsables de la obra un supuesto riesgo inminente de colapso que no había sido constatado por los servicios técnicos municipales ni avalado por ningún informe pericial independiente”.

Señala el documento que en el marco de las actuaciones municipales relacionadas con este proyecto, concurrieron “circunstancias de especial gravedad”, al conocerse que dos cargos electos del consistorio por el PNV, Inaxio Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde, e Irantzu Uriarte, cuarta vicealcaldesa, que eran pareja y que integraron la Junta de Gobierno local que aprobó la licencia de obras, habían suscrito, con anterioridad a la aprobación definitiva de la licencia, un contrato de reserva de una de las viviendas de lujo que se iban a construir en el solar ocupado por el eficio protegido. “Estos concejales, además, participaron en la asamblea de socios de la cooperativa Ereaga Atalaya celebrada el 16 de noviembre de 2023, en la que Ander Madariaga y José Ramón Foraster informaron de que el estudio geotécnico del Proyecto de Ejecución obligaba a derribar las fachadas no previstas en la licencia, y que el edificio tenía protección de Custodia Municipal. A partir de ese momento, los concejales adquirieron conocimiento cierto de que la solución técnica proyectada conllevaba el derribo total del edificio protegido, incumpliendo el artículo 45 de la LPCV. Sin embargo, no solo no pusieron en conocimiento del Área de Urbanismo tal circunstancia, sino que en la asamblea de 31 de enero de 2024 autorizaron el inicio de las obras previsto para febrero de 2024, aun sin contar con acta de replanteo ni notificación favorable del Ayuntamiento”, exponen.

Constata además el beneficio económico que supuso para los promotores la demolición del edificio. “El ahorro económico obtenido mediante la demolición y posterior reconstrucción del inmueble, en comparación con la rehabilitación integral que habría exigido el régimen de protección aplicable, ascendió a 732.506,26 euros. Este diferencial -calculado tomando como base los datos aportados por la propia promotora y aplicando el módulo básico de edificación del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) para edificios singulares histórico-artísticos (1.249,05 €/m²)- acredita el beneficio patrimonial directo obtenido por los promotores como consecuencia de la destrucción del bien protegido”, señalan.

Por otra parte, indican que en el marco de las diligencias previas han quedado acreditadas una serie de circunstancias que refuerzan los “indicios de connivencia y actuación concertada entre los investigados”. Por ejemplo que las funcionarias municipales Argiñe Encinas y Sonia Quitana, accedieron a los expedientes sin competencia, y que “ambas funcionarias tenían conocimiento de que la intervención pretendida consistía en la demolición parcial de un edificio de Protección Básica y de que, por tanto, la licencia no era otorgable”. Además, consta que Biurban SL inició la comercialización de la promoción en febrero de 2023 —apenas producida la modificación del Proyecto Básico— y que Ander Madariaga, en calidad de Administrador Único de Biurban SL, firmó el 17 de mayo de 2022 un contrato de compraventa con los propietarios del inmueble por un precio total de 3.300.000 euros. “El contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre Biurban SL y Ereaga Atalaya incluye expresamente la tarea 'Gestión de la promoción ante antiguos propietarios del terreno, Ayuntamiento', lo que permite inferir la probable existencia de contactos informales entre Biurban SL y alguna persona del Ayuntamiento en el contexto de la tramitación del expediente de licencia”.

Además del delito contra el patrimonio histórico por el derribo de un edificio protegido, EH Bildu entiende que la conducta de los funcionarios municipales intervinientes en la tramitación y resolución del expediente de licencia, “en cuanto indiciariamente habrían dictado resolución injusta a sabiendas -prescindiendo de trámites esenciales, omitiendo informes preceptivos y calificando el proyecto como obra nueva-, puede ser constitutiva del delito de prevaricación administrativa”. Al igual que la “pasividad de los cargos electos que, conociendo la ilegalidad manifiesta de la intervención y teniendo directo interés económico en la promoción, omitieron toda actuación tendente a restablecer la legalidad, puede ser analizada bajo este mismo tipo o como omisión del deber de perseguir delitos”. Por otra parte, considera que los hechos descritos, “especialmente la confluencia entre la posición de los concejales que aprobaron la licencia, su adquisición simultánea de unidades del proyecto resultante de la demolición del bien protegido, y su posterior inhibición ante la actuación ilegal”, abren la posibilidad de que concurran los tipos previstos en el artículo 320 CP (prevaricación urbanística específica) y, en su caso, en los artículos 419 y siguientes del Código Penal relativos a la corrupción de funcionarios y autoridades públicas“.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, tiene ya listo el borrador de un decreto por el que se creará en Euskadi un organismo llamado Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Se trata una nueva agencia con, entre otros objetivos, la coordinación de la respuesta a epidemias o pandemias, la realización de seguimiento estadístico de enfermedades, la vigilancia alimentaria y ambiental (aire, agua de consumo o zonas de baño), la prevención de adicciones o la realización de análisis de laboratorio.

El Instituto Vasco de Salud Pública fue regulado por ley en 2023. Se hablaba entonces de un plazo de año y medio para su configuración por decreto. En 2025, la oposición denunció en el Parlamento los retrasos en la puesta en marcha de la iniciativa. La portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, llegó a manifestar también en ese debate en la Cámara que el Gobierno de Imanol Pradales había contratado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) la elaboración del borrador de los estatutos (66.308,00 euros) y a LKS un plan de acción.

Medio año después de aquella sesión y casi tres años después la aprobación de la ley, el consejero Martínez ha firmado ya la orden con la aprobación con “carácter previo” del decreto de creación de Osasungintza. Lo hizo este martes a las 12.23 horas, según la documentación consultada. El decreto consiste en una exposición de motivos, en unos pocos artículos que regulan la subrogación de los medios y personal de la actual dirección de Salud Pública por parte del nuevo ente llamado Osasungintza y en los estatutos, de más de 30 páginas.

Osasungintza quiere ofrecer “de forma integral” una respuesta a todas las necesidades de salud pública de la comunidad autónoma. Tendrá un alto cargo al frente, no se especifica dónde estará su sede y plantea operar en euskera y castellano, pero también en otras lenguas “cuando así lo requiera la mejor atención a las personas residentes en Euskadi”. Los estatutos aluden a la importancia de la “universalidad” en las prestaciones sanitarias y cuelan también una idea que lleva tiempo repitiendo el consejero Martínez, el concepto “one health” o 'una sola salud', en castellano, que implica también prestar atención a la salud de animales y ecosistemas porque ello incide en la de los seres humanos.

El nuevo organismo tendrá un consejo de administración en el que se situará al frente el propio consejero. Habrá también un vicepresidente, que será el viceconsejero, y siete vocales, uno de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), uno de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo), uno de Educación, uno de Seguridad, uno de Medio Ambiente, uno de Agricultura y otro de Patrimonio. Asimismo, habrá una dirección, un alto cargo de “reconocida experiencia” en la materia designado por el consejero de Salud y equivalente al puesto que ahora ocupa Guillermo Herrero, director de Salud Pública dentro del equipo de Martínez.

Osasungintza tendrá cinco áreas o subdirecciones. Son “Vigilancia, prevención y control de enfermedades” (todo lo tocante a virus, infecciones de transmisión sexual y alertas), “Protección de la salud” (seguridad alimentaria, zoonosis, aguas, legionela, sanidad mortuoria, calidad del aire y químicos o playas), “Promoción de la salud y prevención de adicciones” (información y educación desde “el enfoque de salud en todas las políticas”), “Laboratorio” (analíticas e informes) y “Administración y Servicios Generales” (informes, sanciones y recursos). También habrá una delegación por territorio, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El decreto prevé que Osasungintza asuma los “derechos y obligaciones” de la actual dirección de Salud Pública. “El personal funcionario, de carrera o interino, y el laboral que, en la fecha de entrada en funcionamiento de Osasungintza ejerza en el Departamento Salud [sic] funciones técnicas o administrativas coincidentes o vinculadas con las que tiene asignadas Osasungintza, se integrará en [él] manteniendo su condición originaria y las condiciones que ostenta”, se indica.

Como detalle, Salud trasfiere a la nueva agencia todas las atribuciones de “planificación, gestión, evaluación y optimización” de los registros estadísticos. Este periódico ha publicado que el del cáncer, la patología con mayor incidencia en Euskadi, lleva sin datos nuevos desde 2019 y que el de anomalías congénitas está parado desde 2015. Ambos serán ahora gestionados por Osasungintza, incluido el segundo aunque Martínez dijera en el Parlamento, cuando preguntó por ello EH Bildu, que no iban a retomarlo porque no era “obligatorio”. Los estatutos de Osasungintza, en concreto, prevén también registros de enfermedades de declaración obligatoria, vigilancia microbiológica, mortalidad, altas hospitalarias, abortos, adicciones y enfermedades raras.

La ley que regula Osasungintza es de la pasada legislatura, con Gotzone Sagardui al frente de Salud. Salió adelante merced a la mayoría de PNV y PSE-EE en la Cámara, pero sin la oposición. La propuesta original del Gobierno no contemplaba la creación de un Instituto de Salud Pública pero se acordó en el trámite de enmiendas. La consejera consideró esta norma “todo un hito”, aunque lo que se destacó de ella es la cláusula que permitía la contratación de médicos extracomunitarios.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, de un plumazo y en apenas tres cuartos de hora, una doble reforma legislativa del sistema electoral para eliminar que el orden de las candidaturas en las elecciones forales y autonómicas, las que se pueden regular desde las instituciones vascas, venga establecido por el tiempo en que se registran, lo que había motivado largas esperas de horas o incluso días, también de madrugada, para coger el primer turno en el día en que se abría el plazo de presentación. El retoque venía previamente pactado por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, y a esa amplia mayoría se ha sumado el PP. Es decir, 73 de 75 escaños. Sí se ha opuesto Sumar, lo que ha motivado un durísimo cruce de acusaciones entre el portavoz socialista, Ekain Rico, y el parlamentario de la coalición de izquierdas, Jon Hernández, que ha incluido un doble aviso al primero de la presidenta, Bakartxo Tejeria, para que Rico se contuviera en el escaño. También Vox ha votado 'no'.

La aprobación de los cambios, consistentes en apenas un artículo en las respectivas leyes, de 1987 y 1990, respectivamente, estaba ya asegurada de antemano. La nueva redacción dejará el orden en función del resultado de la anterior cita con las urnas o, en el caso de nuevas siglas, por sorteo. Se había justificado la urgencia de la tramitación porque es inoportuno modificar la normativa electoral cuando queda menos de un año para una cita con las urnas y la siguiente, en principio, está fijada en el calendario para mayo de 2027, por lo que había que operar en abril de 2026. El asunto ha seguido el procedimiento de lectura única, es decir, sin comparecencias de expertos y debates de enmiendas en comisión. Al ser una iniciativa de los partidos y no del Gobierno, tampoco han sido necesarios todos los informes consultivos que exigen los proyectos de ley. Ahora bien, un matiz relevante es que las elecciones forales coincidirán con las municipales, todavía bajo la norma estatal y que les exigiría, igualmente, volver a las colas si quieren tener un orden prioritario.

Los tres partidos proponentes, PNV, PSE-EE y EH Bildu, han expuesto sus argumentos muy brevemente, en apenas ocho minutos del turno de la primera de las leyes, sin participar en los turnos de la segunda. “No tiene efectos en los derechos de electores y partidos”, ha dicho Jon Andoni Atutxa, del PNV, en una exposición de apenas unos segundos, mucho más corta que las que se suelen hacer en iniciativas no legislativas. El socialista Rico y Eraitz Sáez de Egilaz, de EH Bildu, han coincidido en que era un ajuste necesario para evitar “fotografías curiosas” en cada proceso electoral, la de las sillas de playa y los víveres para 'acampar' delante de los palacios de justicia, donde están las juntas electorales.

El debate se ha estirado porque Jon Hernández de Sumar ha formulado una dura crítica a la propuesta presentada por la mayoría parlamentaria. Ha señalado que “es una reforma no muy democrática” y que se hace “para tener ventaja”. “Se han puesto de acuerdo para tener ventaja”, ha insistido Hernández, que procede del PCE y de IU. Ha alegado que es “bien conocido” que el orden de las candiaturas tiene “efectos” y ha lamentado también las formas de acometer una reforma como la electoral, sin apenas debate. Ha abundado que “no había inseguridad jurídica con el sistema actual”, más allá de la “incomodidad” de las colas. “Hay alternativas mucho más democráticas o neutrales. Desde la izquierda se debe defender el pluralismo político, nos beneficie o nos perjudique”, ha añadido Hernández, que planteaba un sorteo entre todas las candidaturas.

Sus palabras han encendido a Rico, que no iba a volver a intervenir en las réplicas, pero que ha cambiado de ideas, según ha admitido. Ha considerado “insoportable” y llena de “mentiras” la postura de Sumar, una coalición con la que los socialistas comparten el Gobierno de España. No ha aceptado que pueda ser “antidemocrático” ordenar las listas en función del número de votos de las anteriores convocatorias, porque eso es justamente lo que se hace con los espacios publicitarios o en los medios de comunicación públicos, por ejemplo. Ha citado que se calca el modelo ya vigente en el Senado, por ejemplo. “Yo me he comido muchísimas colas. He coincidido con el PNV, con EH Bildu, con el PP. Hasta nos hemos hecho amigos. Hasta tenemos grupos de WhatsApp. A ustedes no les visto nunca. No son ustedes la España que madruga, precisamente”, le ha espetado a Hernández.

El representante de Sumar ha vuelto a la tribuna y a denunciar la reforma y los comentarios del PSE-EE. Desde el escaño, Rico ha seguido quejándose y es cuando la presidenta Tejeria ha intervenido. “¿Usted me va a decir a mí lo que es militancia?”, ha lanzado Hernández, que ha criticado las decenas de “liberaciones” y “cargos” de las que gozan algunos partidos. Desde el PNV, Atutxa, de nuevo brevemente, ha ironizado que igual con la reforma le hacen un “favor” a Sumar porque, en las últimas elecciones, tuvo un orden mucho más retrasado que el que le daría su posición en las urnas, quinta fuerza de la comunidad autónoma.

PP y Vox no han intervenido hasta después de votadas y aprobadas las leyes. Los 'populares' lo han hecho para darles el visto bueno, según ha indicado Laura Garrido. Vox, por el contrario, ha votado en contra por el “fondo” y por la “forma”. Amaia Martínez Grisaleña ha dicho que es “legislación a la carta” para dar “ventaja electoral” a las grandes fuerzas. “Se altera el tablero electoral”, ha dicho la fuerza que quedó séptima en las autonómicas, incluso por detrás en votos de la extraparlamentaria Podemos.

Un informe de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, enviado al Parlamento Vasco apunta a que, entre 2023 y 2025, 17 profesionales sanitarios, catorce mujeres y tres hombres, denunciaron “acoso sexual o acoso por razón de sexo” en la asesoría “confidencial” habilitada en el Servicio Vasco de Salud. De todos los casos, solamente uno ha acabado en una denuncia en la Fiscalía.

Los datos, solicitados en la Cámara por la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, muestran que hubo cuatro denunciantes en 2023, dos mujeres y dos hombres, seis en 2024, cinco y uno, y siete en 2025, todas ellas mujeres. A partir de ahí, el documento explica algunas de las consecuencias de estas denuncias. Por ejemplo, las comunicaciones han motivado la apertura de doce expedientes “informativos”, tres, cuatro y cinco en los tres ejercicios analizados, respectivamente. Sin embargo, los expedientes “disciplinarios” han sido la mitad, seis, cinco de ellos el pasado año.

En dos supuestos, según expone Osakidetza, el caso ha acabado en “sanción”, aunque no precisa más detalles. Son dos casos de 2024, a los que se suman otro de ese mismo año “pendiente de resolución judicial”, otro de 2025 “pendiente de finalización del expediente disciplinario” y otro “pendiente de apertura de expediente disciplinario”. En tres años, solamente una de las denuncias ha sido remitida a la Fiscalía por parte del Servicio Vasco de Salud, siempre según estos datos. Por lo demás, once casos han sido “archivados” y hay uno más que se ha dado por prescrito. En este en concreto, Osakidetza ha “instado” a la persona denunciada “a que realice un curso de sensibilización”.

Según explica Osakidetza, toda la plantilla -incluido “personal en formación, estudiantes en prácticas” o trabajadores de “empresas externas” contratadas- tienen derecho a contactar con la asesoría. Hay un formulario en la web y también un teléfono, el 945 20 79 79. Se indica que sirve de “cauce” para “solucionar casos de acoso sexual y por razón de sexo”. Ofrece “asesoramiento e investigación ante presuntas situaciones de discriminación por conductas sexistas que se produzcan en el entorno laboral de Osakidetza”, emite “recomendaciones para erradicar las conductas sexistas” y traslada informes de conclusiones a la dirección de Recursos Humanos. “La investigación que realice frente a la denuncia tendrá la consideración de expediente informativo a efectos disciplinarios”, se apunta.

La web de este organismo detalla algunas de las conductas denunciables. Por ejemplo, considera que hay “conducta sexista” en “cualquier comportamiento de corte machista, generalmente molestos o desagradables para las personas que los sufren”. “Aunque no revistan la gravedad suficiente como para calificarse de acoso sexual o acoso por razón de sexo y a veces sean tolerados en los usos sociales, son contrarios a los valores de Osakidetza, y por lo mismo, rechazables”, se indica. Después está el “acoso sexual”, que “es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Finalmente, el “acoso por razón de sexo” es “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

El PSE-EE ha dado por hecho que no habrá acuerdo con su socio de Gobierno, el PNV, en el debate para la reforma de la ley vasca de empleo público, centrada en blindar las exigencias de euskera en el acceso a la Administración en un contexto de sentencias judiciales que han tumbado convocatorias de ayuntamientos y otros organismos. Eneko Andueza, líder socialista, ha indicado este martes que ya ha trasladado la decisión al PNV y fuentes nacionalistas lo confirman a este periódico.

La reforma arrancó en 2025. EH Bildu planteó un articulado amplio con el objetivo de que ambas lenguas oficiales fueran requisito en la Administración y que después se regularan las excepciones. Después, el PNV lanzó en solitario, sin el PSE-EE, una iniciativa de artículo único para buscar blindar las propuestas de las instituciones locales. En el debate de toma en consideración, el PNV logró poder tramitar su iniciativa gracias a EH Bildu y, a la inversa, los nacionalistas no impidieron hacer lo propio con un texto de la oposición.

Después de la fase de comparecencias de expertos y varias prórrogas del plazo de enmiendas, donde se han de plasmar los acuerdos, el PSE-EE y el PNV no han llegado a un acuerdo. Formalmente, quedan aún unos días tras el último intento de los 'jeltzales' de apurar los plazos, pero Andueza ha sido claro. Los socialistas han alcanzado ya la “impresión” de que “no es posible un acuerdo en torno al euskera en la Administración en el marco que propone el PNV”.

Y ha añadido: “La propuesta que nos plantea el PNV tiene su origen en la proposición de ley que registró de forma unilateral hace casi un año, cuando puso punto final a las conversaciones que mantenía con el Partido Socialista. Hoy, pese a nuestra voluntad por encontrar una vía de acuerdo, que se ha traducido en varios meses de conversaciones, vemos que la propuesta del PNV abre la puerta a la discrecionalidad y al aumento de la exigencia del euskera en la Administración”, ha explicado Andueza, que significativamente ha dado una rueda de prensa coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno, una sesión especial en la que consejeros de PNV y PSE-EE han homenajeado al primer Ejecutivo autonómico de la Guerra Civil.

“Se ha producido la última petición de ampliación de plazo por parte del PNV, pero sin que se haya traducido en ninguna propuesta distinta”, ha abundado Andueza, que ha agregado que tanto su socio como EH Bildu usan como “excusa” el “blindar el euskera ante los recursos y las sentencias en los tribunales” para subir las exigencias idiomáticas e ir “en contra de los derechos de miles de vascos que quieren acceder a un empleo o que quieren consolidar su plaza en la Administración después de trabajar en ella durante años sin estabilidad”.

“Con estas dos propuestas se abre la puerta a que las Administraciones públicas aumenten la actual exigencia del euskera por encima, incluso, de la situación actual, en la que ya se dan excesos evidentes. Ni la propuesta del PNV ni la de EH Bildu resuelven ningún problema, porque seguirá habiendo recursos y seguirá habiendo sentencias. El PNV tomó la decisión a rebufo de EH Bildu y pretende romper los consensos entre PSE-EE y PNV que dieron lugar, en su momento, a la ley y hace dos años al decreto de perfiles, que recogía unos índices de obligado cumplimiento. El Partido Socialista ha defendido y defiende la normalización de euskera, su conocimiento, su uso y el derecho de toda la ciudadanía a utilizarlo. Hay que garantizar el uso del euskera en la Administración (el derecho a usarlo en la relaciones con la Administración y el derecho a trabajar en euskera), pero no se puede pasar por encima de los derechos de otras personas”, ha explicado Andueza.

De consumarse este disenso, será la brecha más relevante entre PNV y PSE-EE en la legislatura porque afecta a un debate legislativo. Aunque no es la única. De hecho, en la misma comparecencia Andueza ha insistido en que sería un error la transferencia del puerto de Pasaia, como ha propuesto el PNV, dado que implicaría que perdiera su categoría de “interés general”.

La reacción del PNV

El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, ha comparecido en la Cámara horas después de este anuncio. “Sí, ha confirmado en público lo que ya nos había trasladado en privado”, ha indicado el dirigente nacionalista, que ha considerado lo sucedido como una “mala noticia”. Ha considerado que el PSE-EE es un “agente fundamental” en los consensos construidos sobre el euskera desde la ley de 1982 y ha confiado en que, en el futuro, puedan retomar la senda del entendimiento.

Ahora, el PNV se dice abierto a hablar con “todos” en el Parlamento para lograr “seguridad jurídica”, sobre todo pensando en los opositores que dedican meses a estudiar y pagan sus tasas en las oposiciones que son paralizadas por los tribunales. En todo caso, ha dado a entender que la propuesta de EH Bildu no es tan “realista” como la del PNV, que está alejado tanto del “inmovilismo” sobre el euskera como del “maximalismo”. “Es el nuestro el modelo que da más garantías [...]. Todavía está abierto el plazo de enmiendas. No sería responsable ni prudente poner líneas rojas”, ha indicado.

Preguntado si esta ruptura afecta a otras conversaciones, como la de la reforma del Estatuto, Díez Antxustegi ha señalado que no, “en absoluto”. Ha insistido en que sos dos fuerzas políticas diferentes pero de acuerdo en dar “estabilidad” a las instituciones a varios niveles. “Que no fructifique un acuerdo no implica que se resquebraje la confianza, ni mucho menos. Sabemos aislar unos temas de otros”, ha indicado.

EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.

Un reciente informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, muestra que la denominada sección central de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que es la rama de la división de Investigación Criminal y Policía Judicial especializada en tramas de corrupción, tiene exclusivamente seis agentes. Es el equivalente en la Policía autonómica a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional. Este grupo, asimismo, ha asumido recientemente labores de apoyo en la investigación de casos que incluyan el manejo de criptomonedas.

Los datos figuran en una respuesta a una iniciativa del parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea, que preguntaba por las adaptaciones en la Ertzaintza para afrontar una nueva realidad, la criminalidad a través de criptoactivos. Explica Zupiria que son las comisarías las que inician los posibles trabajos, pero que hay dos grupos especializados como apoyo. El primero es la jefatura de coordinación de Ciberseguridad, que tiene una sección llamada Innovación y otra de Investigación propiamente dicha, con tres subsecciones, fraudes, delitos sexuales contra menores y “hacking y propiedad intelectual”.

En 2026 esta brigada “ha comenzado a asumir la realización de informes técnicos de trazabilidad de criptomonedas en aquellos casos en los que la complejidad de la investigación sobrepase los conocimientos del personal de investigación” de las comisarías. En total, tiene 26 agentes, con un subcomisario al frente, dos oficiales, tres suboficiales, cuatro cabos o agentes primeros y 16 ertzainas rasos.

Los 26 efectivos de Ciberseguridad -que nada tienen que ver con otro organismo externo llamado Cyberzaintza- son muchos más, en todo caso, que la plantilla del otro grupo de apoyo, la unidad de Delitos Económicos. Dispone de únicamente seis efectivos y el de más rango es un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. A finales de 2024, en otra comunicación de Zupiria al Parlamento, se hablaba de ocho policías adscritos, de modo que se ha perdido una cuarta parte en menos de dos años. En comparación, en 2025 se manejaba el dato de que la UCO disponía entre 500 y 600 guardiaciviles. La oposición y la Fiscalía han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de recursos en Euskadi contra la corrupción.

Por otro lado, Zupiria informa de que en 2025 la Ertzaintza conoció 541 denuncias relacionadas con criptomonedas. Los casos siguen bajo investigación, de modo que no hay aún conclusiones del resultado de esas pesquisas. Por el momento, no hay convenios con las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para cooperar en esta materia. “No constan casos investigados por la Ertzaintza vinculados a comunicaciones de las Haciendas forales en materia de criptoactivos durante los últimos cinco años”, asegura el consejero de Seguridad.

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

La consejera de Cultura y Politíca Lingüística y también vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha señalado este viernes en el Parlamento Vasco que desea que las plataformas audiovisuales pongan a disposición del público en euskera sagas de películas como las de 'Harry Potter', 'La Guerra de las Galaxias' y 'Juego de Tronos'. Ha asegurado que están trabajando en ello y que espera poder traer “buenas noticias” al respecto a lo largo de este año 2026. Para ello, ha prometido que el Ejecutivo vasco va a seguir estando presente en “foros y eventos” en los que las plataformas participen. “Estoy segura de que todo este trabajo y esfuerzo dará sus frutos”, ha aventurado.

“Estamos avanzando. Aún queda mucho por hacer y siempre quedará. Las películas subtituladas o dobladas al euskera están en la agenda del Gobierno vasco. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto y seguiremos dando pasos. Porque tenemos un camino que recorrer, pero no estamos en el kilómetro cero”, ha apostillado Bengoetxea en euskera.

Las palabras de Bengoetxea han sido en respuesta a las cuestiones planteadas por Garikoitz Mujika, de EH Bildu, en el pleno de control de este viernes. “Aunque vivimos una explosión de contenidos audiovisuales, la presencia del euskera en los catálogos de estas plataformas sigue siendo a día de hoy residual. Y esto sitúa a nuestra lengua en una posición de clara desventaja competitiva y de debilidad digital”, ha lamentado. Y ha pedido que se actué “con más impulso” y “con más decisión” en el fomento del idioma. “Cuanto más contenido haya en euskera, más consumo habrá en euskera. Y esta lógica es muy sencilla, pero es fundamental para las nuevas generaciones”, ha subrayado.

El parlamentario de EH Bildu ha suscrito la tesis de que, siendo las plataformas el principal punto de acceso a los contenidos audiovisuales para los más jóvenes e incluso un espacio en el que se socializa, es importante que puedan encontrar en ellas contenidos en euskera. Si no, ha lamentado, se seguirán consumiendo esos contenidos solamente en castellano y en inglés. “El futuro de los contenidos audiovisuales en euskera depende de nuestra capacidad y nuestra iniciativa. Por eso, creo que nos corresponde a todos comprometernos”, ha requerido.

Según los datos brindados por la asociación Pantailak Euskaraz en una comparecencia en comisión en el Parlamento Vasco el pasado octubre, los contenidos originales en euskera en plataformas de 'streaming' como Netflix y Prime Video son muy pocos, así como también son escasos los productos audiovisuales que se doblan o subtitulan a ese idioma. La situación, según advertían, es “aún más grave” en los cines, con menos del 1% de todas las proyecciones en euskera.

La consejera, en cualquier caso, ha recordado que hay conversaciones con varias plataformas, entre las que se incluyen Netflix y Prime Video, pero también Disney+, HBO, Movistar y Filmin, además de otras. Y ha barrido también para casa haciendo alusión a las plataformas propias, como Primeran y Guau. “Hace unos años, no teníamos una plataforma bajo demanda para EiTB y hoy está disponible para todos y es gratuita; las demás son de pago y la de casa es gratis. Una plataforma pública, por lo tanto, que ofrece un amplio catálogo en euskera”, ha recalcado.

Bengoetxea ha recordado también que EiTB facilita el acceso a todos los materiales de los que es titular. Cuando las bandas de doblaje en euskera, por ejemplo, se quieren poner a disposición de terceros, es neceario contar con la autorización de los titulares. Ha mencinoado un ejemplo concreto: Warner Bros. solicitó 156 bandas de doblaje en euskera de obras de su titularidad y se le facilitaron. “Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo”, ha subrayado. “EiTB Media también informa periódicamente a la Filmoteca Vasca sobre todos los subtítulos que va generando. Primero para que exista constancia de esos materiales, y también para que queden disponibles en ese catálogo para aquellas entidades que lo soliciten”, ha abundado la consejera y vicelehendakari primera.

Cabezón de Etxauri Bizirik, plataforma creada para la “defensa del medio ambiente, el territorio y la soberanía popular” en la Sierra de Etxauri ante el “macroproyecto fotovoltaico” previsto en el territorio, han acudido a la sede del Departamento de Medio Ambiente a entregar un millar de alegaciones para paralizar la instalación por considerarla un “despropósito” para la fauna y flora de la zona. Además, los integrantes denuncian una “gestión irresponsable” por parte del Ayuntamiento de Etxauri, que consideran que “ha ocultado información” y ha roto “la cohesión social entre los vecinos”.

Antes de entrar al Departamento, varias personas se han concentrado en señal de protesta con una ruidosa cacerolada durante varios minutos este viernes al mediodía.

Tal y como trasladan desde el colectivo, junto con las “miles de alegaciones” de los vecinos y ayuntamientos de los municipios de la Sierra de Etxauri, también se ha presentado un amplio informe con unas conclusiones “demoledoras y contundentes” sobre el “impacto ambiental de distinto tipo”. “Es un sitio de alto valor ambiental donde no tiene sentido hacer una actividad industrial con altos impactos medioambientales”, afirman desde la organización.

Además “de los vecinos y vecinas”, también se han sumado a la queja “ayuntamientos y concejos” como Salinas de Oro, Vidaurreta, Cendea de Oza, Otxobi, Sarasate, Azanza, Valle de Goñi, que han “presentado alegaciones y mociones pidiendo la paralización del proyecto”.

“No somos pocos y seguiremos creciendo con el objetivo único de proteger el entorno natural de quienes quieren especular y enriquecerse con él”, trasladan desde el colectivo ciudadano. Y remarcan que no es solo el daño visual al entorno natural, “que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sin necesidad de conocimientos técnicos, ya solo con ver la ubicación física se escandalizarían”, sino también el peligro de salud del terreno y de los ciudadanos de la cuenca de Pamplona.

“Aparte de ser un espacio de alto valor ambiental: muy sensible, rodeado de especies protegidas y sin actuación humana en el entorno; es una zona kárstica, el suelo es como un queso gruyer y toda el agua se filtra. Si haces algo en su superficie, se esparce por toda la zona. No tiene sentido [que se construyan sobre ese terreno] nueve centros de transformación, con aceite y refrigeración, y [circulen diariamente] camionetas para hacer mantenimiento durante 30 años, además de las personas [que trabajen], cableados, PVC, hormigón... El agua que se filtra de ese terreno luego se recoge en Arteta para el consumo de agua potable en Pamplona”, explican. Y por eso remarcan que “aparte de la ruptura visual, para las propias especies” y los habitantes de los municipios “es un impacto terrible”.

Según explican, la ideación del proyecto fotovoltaico comenzó en 2022, cuando estaba prevista “una instalación en la parte alta del monte Sarbil a unos 800 metros de altitud”. En este terreno, de titularidad privada, se pretendía instalar 80.000 paneles solares, una inversión de 40.000.000 de euros. Sin embargo, la empresa promotora no pudo continuar con la iniciativa, pues “en aquel momento hubo una respuesta social de los ayuntamientos de la zona, incluido el Ayuntamiento de Etxauri”, según explican, que “presentaron alegaciones” para proteger un “entorno ambiental tan especial como este”. Tras el recurso, la instalación fotovoltaica “se consiguió paralizar”, pero en 2025 el proyecto volvió a salir para adelante.

El colectivo denuncia que “este proyecto no es diferente” y que “a nivel técnico es prácticamente lo mismo que lo que se expuso en 2022”, pero que se ha resuelto por un impulso “en la sombra” de determinados intereses políticos.

Aunque señalan una “gestión irresponsable del partido EH Bildu”, único representante del consistorio de Etxauri, por una supuesta “falta de información” y ocultar “las gestiones que han estado realizando y que siguen realizando”, desde Cabezón de Etxauri Bizirik trasladan que su objetivo no es la confrontación política y que únicamente buscan “la paralización del proyecto” por “el dónde” se quiere ubicar. Según explican, buscan aglutinar “a toda persona, institución o sujeto que quiera compartir la respuesta colectiva y conjunta en cuanto a los impactos ambientales. Sin entrar en otras cuestiones de otra índole” como la política. “Aquí hay personas que pueden tener opiniones distintas, pero que tienen claro que ese no es el sitio [para desarrollar el proyecto]”.

Desde la plataforma, esperan que el Departamento de Medio Ambiente “ponga sentido común y vea de forma clara” lo que se plasma en “los informes de alegaciones” presentados. Aunque, según explican, no obtuvieran respuesta de “la invitación al Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, Jose María Aierdi, “para dialogar y entregarle” las alegaciones, afirman tener “esperanza absoluta en que se paralice el proyecto”. “Las conclusiones son clarísimas”, expresan.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado esta semana al Parlamento Vasco de que han sido hasta 22 los tipos diferentes de vacunas pasadas de fecha que ha administrado en 2023, 2024 y 2025. La directora general, Lore Bilbao, ha matizado que en algunas de ellas se emplean varias marcas comerciales, lo que explica la elevada cifra.

En esta última versión, el total de afectados no difiere en exceso con lo ya conocido, con 89 en 2023, 7 en 2024 y 274 en 2025. El último dato referido al pasado año era del entorno de 260 personas erróneamente vacunadas incluyendo los primeros días de 2026, cuando trascendió este asunto. Sí es relevante, dado que el dato no había trascendido, que ha habido incidencias en las trece OSI o comarcas sanitarias de la red. En marzo ya se informó de casos de 2017.

La información ha llegado a la Cámara a solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que fue la que en su día lo denunció y motivó que, 'a posteriori', se confirmara públicamente. La triple vírica de Priorix es la que más veces se ha ofrecido pasada de fecha, 84 veces en 2023, 6 en 2024 y 44 en 2025. Después están la tetravalente Tetraxim, con 55, y la hexavalente Vaxelis, con 36, que fue la primera que originó la revisión de inoculaciones anteriores. En el listado, en cambio, hay muchos más tipos de vacunas, algunas con una sola incidencia, como la Rotatez, la Boostrix o la Engerix B. Esta revisión no afecta a los dos productos más comunes, la inmunización contra la gripe estacional y la COVID-19.

Ubera ha insistido en que Osakidetza tiene un problema “estructural” con este asunto. “No es un error aislado o suelto, como lo han querido vender. No hay trazabilidad”, ha indicado a los medios de comunicación. También el PP se ha mostrado crítico y ha asegurado que el problema “no está encarrilado” todavía, según Laura Garrido.

Esto ha sido desmentido con rotundidad por el consejero, Alberto Martínez. Ha asegurado que los partidos políticos son libres para estirar el chicle pero que el Gobierno ya lo da como “tema zanjado”. “Para los pacientes está resuelto” y se han implementado ya las medidas para evitar que se pueda volver a repetir, principalmente el sistema “datamatrix” y de “los siete correctos” -en referencia a un protocolo de comprobaciones de siete pasos-, así como la cartilla de vacunación digital. “El 98,5% de las vacunas administradas en 2025 se hicieron de forma correcta”, ha dicho también Bilbao. El Ejecutivo recalca que no se le puede acusar de opacidad cuando hubo una incidencia “en diciembre y enero” en un centro y se han revisado muchos más meses y tipos de vacunas “en toda la red”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que es poco aceptable que, en su web de citas, se ofrezcan consultas para dentro de muchas semanas en su red de atención primaria. Ahora, por ejemplo, “para el 8 de mayo”. Y buscará una fórmula para adecuar el sistema informático y que eso no ocurra. La directora general, Lore Bilbao, la autora de la fecha de ejemplo, ha explicado que la web solamente tiene en cuenta la agenda del médico asignado a cada paciente y que, si está de baja o vacaciones, demora hasta su vuelta automáticamente la primera fecha disponible. Se soluciona con una llamada o una visita al ambulatorio, insiste Osakidetza, pero ajustarán, de acuerdo con los sindicatos, la parte informática para que las quejas continuadas desaparezcan. El deseo que es que en no más de “48 ó 72 horas” se resuelvan todas las peticiones.

Bilbao ha expuesto esta cuestión a los periodistas, así como la idea de empezar con un piloto en Elgoibar un cribado de prevención de riesgos cardiovasculares, tras la reunión de seguimiento denominado “pacto vasco de salud”, el catálogo de medidas para mejorar Osakidetza acordado en junio de 2025 en la mesa creada con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades y que, aparentemente, en un 85% de las 332 iniciativas ya está en marcha. A su lado, el consejero de Salud y principal muñidor del pacto, Alberto Martínez, ha destacado la “ilusión” de quienes se han sentado otra vez en el palacio de congresos Europa de Vitoria para repasar el grado de cumplimiento de lo acordado. Incluso se ha atrevido a felicitarse por tener ahora “más respaldo” que hace diez meses porque las centrales Satse -el mayoritario en la Sanidad vasca-, UGT y CCOO han participado no habiendo firmado en 2025 el acuerdo final, como el conjunto de la representación sindical con la excepción del pequeño SAE.

En la cita ha estado, igualmente, EH Bildu. El principal partido de la oposición en Euskadi tampoco posó en la fotografía final del acuerdo, pero desea participar en el seguimiento, según ha explicado su portavoz, Rebeka Ubera. Ha considerado que Martínez hace “marketing, marketing y marketing” con este foro porque se presentan como novedades medidas ya planteadas por anteriores consejeros o que proceden del Ministerio de Sanidad, como el análisis de las aguas para detectar problemas de salud pública. Diagnostica Ubera que el objetivo actual del PNV con Osakidetza es exclusivamente “cambiar la percepción” del deterioro de la Sanidad pública pero no adoptar los cambios “estructurales” que precisa el sistema.

Ubera, de hecho, ha anunciado la “adhesión” de EH Bildu a las protestas convocadas para este fin de semana en Bilbao, Vitoria y Donostia en defensa de una Sanidad pública de calidad. Esas movilizaciones, que han tenido un aperitivo en la puerta misma del Europa mientras se celebraba la reunión, incluyen una petición de dimisión del consejero Martínez, particularmente por la crisis de las vacunas caducadas. Preguntada por los periodistas, la representante de la coalición abertzale ha precisado que ellos piden por el momento que la dirección política asuma sus “responsabilidades”, en general, pero aclarando que “no es ningún ultimátum”.

El PP también ha estado en la reunión. En su día, acordó 14 de las 24 líneas del pacto, según ha recordado Laura Garrido. La portavoz 'popular' ha sido también muy crítica con la gestión de Osakidetza y ha hablado de “precipitación”, “improvisación” o incluso de “poca utilidad” del foro. Sumar ya se descolgó totalmente del pacto en 2025 y no ha regresado y Vox, el otro partido de la oposición, nunca fue invitado.

Se da la circunstancia de que la propia composición del equipo de Martínez ha cambiado de raíz tras la firma del pacto. A las pocas semanas, en julio del pasado año, salieron el viceconsejero Enrique Peiró y fue promocionado Gontzal Tamayo, precisamente uno de los dinamizadores de este foro. Y, entre otros movimientos, la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dejó paso a la actual, a Lore Bilbao.

En el ambiente ha flotado también el efecto de la huelga de médicos que está teniendo lugar en España una semana al mes. El Gobierno vasco la identifica como una protesta contra la ministra, Mónica García, que es de Sumar, pero los efectos los notan los sistemas autonómicas. Se da por hecho que cuando se actualicen las listas de espera en mayo habrá un empeoramiento en las tres mediciones -operaciones, pruebas y consultas especializadas- por este motivo. “Es una de nuestras mayores preocupaciones”, ha reconocido Bilbao, que ha considerado que “va a afectar seriamente” a las mejoras que se habían ido consiguiendo lentamente tras el deterioro ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

El Gobierno vasco admite que la denominada “comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco”, prevista en una ley de 2022 y creada por decreto en 2023, “no se ha reunido en sesión formal” ni una sola vez en este tiempo. Se da la circunstancia de que en 2024, en medio de críticas de PP, Sumar y Vox por el incremento de altos cargos y tras una propuesta de EH Bildu para abordar esta cuestión, el lehendakari, Imanol Pradales, reunió en la Presidencia vasca a los tres diputados generales y a Eudel para tocar estos temas y que se anunció que aquella era la primera sesión de “muchas”.

La comisión, en verdad, procede de la etapa de Iñigo Urkullu. El reglamento que desarrolla la ley de 2022 del sector público vasco lo firmó el anterior lehendakari en marzo de 2023. Su misión principal es “el estudio y la formulación de propuestas en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos y, en particular, en relación tanto con el conjunto del sector público vasco como con el sector público estatal”. Pero también tiene la obligación de redactar “anualmente” una “memoria de gestión que incluya información sobre los estudios realizados y las propuestas debatidas en el seno de la comisión”.

La parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha preguntado por este organismo en la Cámara a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Y la respuesta viene sin actas de los acuerdos y sin detalle de la composición del foro, en el que en principio han de estar representantes forales y de Eudel, la asociación de municipios. El Ejecutivo se escuda en que, “si bien la comisión no se ha reunido en sesión formal, el conjunto de las administraciones públicas vascas trabaja de manera continuada en la mejora de la colaboración y coordinación interadministrativa para una mayor interoperabilidad, eficiencia, eficacia y racionalidad”.

Significativamente, a los pocos meses de llegar a Ajuria Enea Pradales asumió el reto en primera persona de “mejorar la eficiencia” de la Administración. Para ello, reunió en Lehendakaritza a Ramiro González, Elixabete Etxanobe, y Eider Mendoza, representantes forales, y a Esther Apraiz, de Eudel. “El sistema institucional que hemos ido construyendo gradualmente en estas cuatro décadas y media es bueno y eficaz [...], un sistema de gobernanza multinivel que tiene carácter confederal”, describió. Pero apeló a que en el siglo XXI toca ganar en “eficacia” y en “eficiencia”. “De esta forma, podrá ofrecer un mejor servicio. Es lo que nos demanda la ciudadanía. Que le facilitemos su relación con las instituciones”, defendió.

La política en Iparralde, como se conoce en euskera a los territorios vascos dentro de las fronteras de Francia, está ofreciendo signos de cambio en los últimos años. En las legislativas de 2024, la marca hermana de EH Bildu (EH Bai, que aglutina, entre otros, a Sortu o EA), logró su primer escaño en la Asamblea Nacional francesa dentro de la coalición que fue el Frente Popular con todas las izquierdas. En las recientes municipales, el PNV, que allí emplea las siglas EAJ-PNB, conquistó en las urnas la alcaldía más relevante de su historia, la de Kanbo o Cambo-les-Bains, donde ETA escenificó su final en 2018. Lo logró el exdirigente durante la etapa de Andoni Ortuzar Peio Etxeleku, un reconocido empresario en la zona. Y, en los últimos días, la Mancomunidad que aglutina a todos los municipios de Iparralde ha pasado a tener un “lehendakari” abertzale, Alain Iriart, de EH Bai, precisamente gracias al apoyo de Etxeleku. Han desalojado a quien ocupaba el cargo desde la misma creación de ese organismo en 2017, el alcalde de Baiona Jean-Rene Etchegaray, macronista.

“Es un sueño cumplido”, se congratuló el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, presente en Baiona, nada más conocerse este fin de semana la designación de Iriart, a quien definió como “militante abertzale de izquierdas” y euskaldun. La presidencia del conocido en euskera como Euskal Hirigune Elkargoa se elige entre los compromisarios de los municipios al calor de las recientes elecciones. Iriart, alcalde de Hiriburu (Saint-Pierre-d'Irube), perdió en primera vuelta contra Etchegaray, pero que pudo superarle en la segunda gracias a la retirada de Etxeleku y su apoyo expreso. Había una cuarta opción lepenista que tuvo apoyo residual. La Mancomunidad, aunque con competencias muy escasas y desde luego mucho menores que las de las autonomías españolas o incluso que las de las diputaciones forales (como explicó el lehendakari, Imanol Pradales, esta Semana Santa en París), siempre ha sido muy simbólica para el nacionalismo al ser la primera articulación territorial diferenciada de la zona vasca, a diferencia del departamento de Pirineos Atlánticos o de la región de Nueva Aquitania de la jacobina república.

El “sueño” de Otegi ha tenido réplicas en todos los ámbitos administrativos. “Las dinámicas políticas de Iparralde nos deberían inspirar también en el caso de Hegoalde”, manifestó el líder en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en una conferencia en Bilbao. Las dos caras más visibles en Navarra actualmente, Laura Aznal e Irati Jiménez, de su lado, replicaron en X los mensajes de Otegi, incluido el de que el país ahora tiene tres “lehendakaris”, por Imanol Pradales, María Chivite y el recién llegado Iriart.

En el caso del PNV, el movimiento en Iparralde tiene otro componente llamativo, porque son socios del macronismo a nivel europeo. Forman parte de una alianza centrista cuyo principal partido es el del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pradales, siendo aún candidato, se estrenó en Bruselas bajo el apadrinamiento de Stéphane Séjourné. El propio lehendakari y particularmente su predecesor, Iñigo Urkullu, mantuvieron una estrechísima relación con Etchegaray.

“La relación se limita a que el partido de Macron [Renaissance, en su denominación actual] y el PNV se sientan en el mismo grupo político en el Parlamento europeo, que es Renew Europe”, explican desde el PNV. Los nacionalistas vascos sí tienen más vínculos con Modem, otra formación centrista francesa asociada al macronismo y encabezada por François Bayrou, exprimer ministro durante unos meses el pasado año. Juntos forman parte del PDE o Partido Demócrata Europeo.

Fuentes del PNV exponen que el partido ahora dirigido por Aitor Esteban “da un voto de confianza” a Iriart “para revertir las dinámicas generadas bajo el mandato de Etchegaray”, hasta hace nada agasajado en Ajuria Enea. En todo caso, pidieron no leer la situación política de Iparralde “con el esquema de Hegoalde de bloques y partidos”. “Aquí pesan mucho más las dinámicas locales, la relación entre municipios, la confianza personal y la forma de ejercer la gobernanza que una simple suma de siglas”, indican.

“La posición del PNV en este proceso responde a esa lógica. No se trata de una alianza política estratégica con EH Bai o [EH] Bildu ni de un cambio de marco político, sino de una decisión concreta ante una forma de gobernar que había generado un malestar amplio, también entre muchos cargos municipales y sectores moderados. Lo que estaba en juego no era una suma ideológica, sino la necesidad de evitar una continuidad que no estaba respondiendo bien al equilibrio territorial ni al sentir de muchos municipios del interior de Iparralde. Por tanto, lo ocurrido debe entenderse como una operación táctica y de contexto, y no como una redefinición de espacios políticos. el PNV sigue defendiendo su propio proyecto, su propia cultura política y su propia manera de entender el país, también en Iparralde. Una construcción nacional seria, institucional, europea, humanista y basada en acuerdos amplios”, indican estas fuentes.

Y abundan sobre la reacción de EH Bildu a lo acontecido: “La clave está en que en Iparralde se votaba una determinada manera de ordenar la gobernanza local y las prioridades de esta. Y EAJ-PNB ha actuado con responsabilidad, escuchando a su base, interpretando el momento y priorizando una solución útil para el territorio. Quien quiera leerlo como otra cosa, no está entendiendo ni Iparralde ni la forma en que aquí se desenvuelve la política. Seguiremos en los próximos días negociando la composición de los órganos ejecutivos de la mancomunidad que se elegirán a lo largo del mes”. En una entrevista en ETB desde su viaje a América, Aitor Esteban ha sido aún más claro. “¿De la noche a la mañana Iparralde se ha vuelto abertzale? No es así”, ha señalado. Se puede leer aquí más sobre el PNB.

PNV y EH Bildu mantienen una pugna soterrada por la hegemonía en la comunidad autónoma vasca. En las autonómicas de 2024, de las que ahora se cumplen dos años, empataron a 27 escaños, aunque Pradales ganó en votos a Otxandiano. Este mismo martes, en las porfías en torno a la reforma de la ley del euskera, la izquierda abertzale ha vuelto a emplazar al PNV a buscar un acuerdo porque son la primera fuerza municipalista. En la comunidad foral navarra, en cambio, se apoyan con naturalidad. El PNV está dentro de la coalición Geroa Bai. En Pamplona, el alcalde es Joseba Asiron, de EH Bildu, tras una moción de censura a UPN apoyada por los socialistas... pero también por el PNV. Y en el Gobierno foral de la socialista María Chivite, sostenido en el Parlamento por EH Bildu, hay consejeros de Geroa Bai y uno de ellos, Mikel Irujo, es 'jeltzale'.

El PP vasco ha aprovechado las circunstancias para insistir en su tesis de que el PNV sigue alimentando el bloque de la izquierda. Después del amago de 'deshielo' entre ambos partidos de hace unas semanas, que fue desmentido por la vía de los hechos, Javier de Andrés ha atacado a los de Esteban porque “fingen estar en el centro pero los hechos les colocan en la izquierda radical”. “Palabras de centralidad, pero votos para EH Bildu. Me gustaría que el PNV fuera otro, un PNV con el que fuera posible entenderse”, agregó en una comparecencia ante los medios de comunicación.

El Parlamento Vasco tramita una doble proposición de reforma de las exigencias de euskera para acceder a la Administración ante la sucesión de sentencias judiciales que han tumbado algunas convocatorias, sobre todo en el ámbito municipal. Es un proceso singular, porque una de las iniciativas es del PNV en solitario, sin su socio el PSE-EE. En paralelo, los nacionalistas accedieron a que se tramitara igualmente una más ambiciosa de EH Bildu, que busca emular a “Galicia, Catalunya, Valencia y Baleares” y configurar las dos lenguas oficiales como obligatorias para ser funcionario.

Este viernes finalizaba, tras dos prórrogas, el plazo para presentar enmiendas. Es el momento en el que se muestran los posibles acuerdos, ya que ni PNV ni EH Bildu, en solitario, tienen fuerza para aprobar sus iniciativas. En realidad, existe un período de gracia y el registro iba a estar abierto hasta el lunes siguiente a mediodía. Pero ni por ésas parece suficiente.

Según las fuentes consultadas, ahora mismo no hay acuerdo en el seno del Gobierno vasco. Una de las voces asume que es “difícil” que se reconduzcan las posturas separadas que se han hecho públicas en los últimos meses. Es una de las brechas más importantes en el bipartito desde que se puso en marcha en 2016. Por eso, el PNV ha decidido estirar el plazo dos semanas más para intentar salvar el equilibrio en el seno del Ejecutivo, según confirman fuentes de la formación nacionalista. En realidad, el proceso ya acumula tres prórrogas a instancias de Sumar y PP y no cabrían más, pero la Mesa puede decidir lo contrario. De hecho, ha accedido a dar siete días, pero con los festivos pueden estirarse algo más. A falta de concreciones, porque en medio hay días festivos, finales de abril se antoja como siguiente escenario (el 30 de abril a mediodía, como referencia).

De su lado, EH Bildu se ha mostrado dispuesto a modular su propuesta inicial con el ánimo de que las tres principales “familias” cierren un texto único en torno al euskera. No obstante, el portavoz de la formación abertzale en la materia ha admitido en que el diálogo a tres bandas “no está ocurriendo” tampoco, más allá de “cafés” y contactos informales “en los pasillos” del Parlamento. “Su prioridad es llegar a un acuerdo entre ellos. Pero creemos que por la importancia nuclear que tiene el blindaje el sistema de perfiles lingüísticos, deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo entre los tres. EH Bildu es la segunda fuerza del Parlamento, empatada con la primera, y la que seguramente más ayuntamientos está gestionando. No es entendible que no quieran hablar con nosotros. Hemos intentado hablar con el PSE-EE y con el PNV pero hoy es el día que no quieren. Me gustaría que abriésemos una vía de negociación y diálogo”, ha señalado Aztiria en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Preguntado expresamente si hay alguna opción de buscar una mayoría alternativa a la del Gobierno, la de PNV y EH Bildu, Aztiria ha señalado que matemáticamente “cabría la posibilidad” y que “hay puntos de encuentro” que “no son insalvables” entre los planteamientos sobre el euskera de PNV y EH Bildu. Pero tampoco hay “feedback” ni nada por el estilo, ha admitido el representante de EH Bildu. Aztiria, eso sí, no ha escatimado en críticas a la propuesta del PNV: ha recordado que la presentó después de que se conociera la de EH Bildu, la ha considerado un mero “parche” y ha puesto de relieve que “todos” los expertos que han pasado por la ponencia legislativa han dicho que es mejor la suya, incluso apelando a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España porque emula los modelos de las zonas de habla gallega y catalana.

¿Qué está dispuesto a modificar EH Bildu? Aztiria ha explicado la posibilidad de cambiar el índice que regula el porcentaje de plazas en las que se exige el euskera por otro que regule las que se excepciona. También se abre ofrecer “más derechos para aprender euskera” a los empleados públicos que no lo dominen, incluyendo liberaciones para estudiar y otras facilidades. La idea final es que en “quince o veinte años”, es decir, a lo sumo en 2046, la Admnistración sea perfectamente bilingüen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Nadie tiene el derecho a ser funcionario. Es la Administración la que tiene que responder a los derechos lingüísticos [de usuarios y ciudadanía]. El empleado público tiene que responder a esos derechos. Será mucho mejor una Administración plenamente bilingüe que una parcialmente bilingüe [...] después de 44 años de la ley de normalización del euskera”, ha entendido Aztiria.

El Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado un acuerdo sobre las inversiones que se realizarán con los 271 millones de euros que tuvo la comunidad foral de superávit en el año 2024. Los detalles del acuerdo los dará a conocer el miércoles el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, tras la aprobación del Plan de Inversiones, pero este lunes la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha avanzado el acuerdo para el destino del superávit que estará incluido en el plan.

La portavoz de EH Bildu ha celebrado el acuerdo, que según ha apuntado, servirá para que “este dinero se utilice en favor de la ciudadanía”. “Cuando EH Bildu participa en la toma de decisiones, es la ciudadanía navarra la que gana”, ha afirmado.

Entre las propuestas pactadas entre EH Bildu y el Ejecutivo navarro se encuentran la financiación de la variante de Arraitz, la sustitución del puente de San Andrés en la localidad de Villava, el impulso a un centro logístico agroalimentario en Noáin, así como inversiones en sanidad y vivienda.

Según ha precisado Laura Aznal, se trata de propuestas concretas en las que han “priorizado” la lucha contra la despoblación con la variante de Arraitz, una infraestructura “necesaria desde hace décadas” que es “estratégica y urgente”.

También las consecuencias de la emergencia climática “como las inundaciones”. “Hemos garantizado los fondos necesarios para la sustitución del puente de San Andrés de Villava”, ha informado, para precisar que han solicitado 2,3 millones de euros que “van a permitir que por fin este puente se pueda sustituir”.

Además, ha detallado que apuestan por la soberanía alimentaria y han impulsado, en sus propuestas, el centro logístico de Noáin para pequeños productores porque les “preocupa el dominio de la gran distribución en la comercialización del sector agrario”. “En este centro de Intia se desarrollará una actividad clave para el producto local y sostenible y también será un punto de venta directo para los consumidores”, ha expuesto.

Aznal ha comentado además sus propuestas en el ámbito sanitario como mejoras en las instalaciones del hospital de Tudela, mejoras en la accesibilidad de las personas en el CASSYR de Andraize y de la climatización del Hospital Universitario de Navarra, así como medidas destinadas a reforzar las políticas públicas de vivienda.

También han valorado de forma positiva el acuerdo los socios de Gobierno PSN y Geroa Bai. “Nos va a permitir destinar muchísimos más recursos a prioridades de la ciudadanía” como vivienda, más infraestructuras educativas, sanitarias, carreteras, infraestructuras de ámbito industrial y “todo tipo de inversiones que van a poder permitir mejorar las prestaciones y los servicios a la ciudadanía navarra”, ha destacado la parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu. “Es un principio de acuerdo para reinvertir millones de euros en cuestiones que se contemplan como estratégicas en materias de salud, de industria, en el sector primario e infraestructuras de cohesión territorial”, ha añadido el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona.

El principal partido de la oposición, UPN, ha criticado que haya sido EH Bildu quien haya anunciado el acuerdo sobre el destino de las inversiones y no el Gobierno de Navarra, al que ha acusado de “permitirle todo” a la izquierda abertzale. “EH Bildu ya es segunda fuerza política en Navarra, pero a este paso la diferencia que va a tener con el Partido Socialista y con Geroa Bai va a ser abismal”, ha señalado Javier Esparza.