El Banco de España prevé que el peor escenario de la guerra en Oriente Medio suponga un frenazo en el crecimiento económico de España y una inflación disparada, por el efecto de la subida de los precios del petróleo y de las disrupciones en el comercio internacional en el caso de que el conflicto se estanque.

La entidad ha publicado este viernes sus proyecciones económicas de primavera que, en su escenario central –el que los técnicos creen más probable–, mejora las previsiones de diciembre en cuanto a la evolución del producto interior bruto (PIB). Así, la estimación oficial revisa al 2,3%, una décima más, el crecimiento para 2026 gracias a que el vigor de la actividad y el Plan anticrisis aprobado por el Gobierno compensarán los efectos más negativos de la guerra en Oriente Medio. La inflación, eso sí, se disparará al 3%, 0,9 puntos más de los previstos con anterioridad.

Esta estimación llega solo unos días después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hayan rebajado las proyecciones de crecimiento para este año y el que viene. 

El Banco de España calculaba que la economía española avanzaría un 2,4% antes de desatarse el conflicto en Oriente Medio, gracias a su “dinamismo elevado y superior a lo previsto”, con un vigoroso comportamiento del consumo privado y de la inversión. Esto eran dos décimas más que en el escenario de diciembre, cuando apuntaron a un avance del 2,2%.

Pero la guerra y la subida de los precios energéticos ha trastocado la previsión. Según los cálculos de la dirección general de Economía, la guerra le costará 0,4 puntos al crecimiento del PIB. Un efecto que verá compensado, en parte (0,3 puntos), por el Real Decreto-Ley anticrisis que el Congreso avaló este jueves. 

El balance resulta positivo y arroja una revisión al alza, al citado 2,3%. Pero el Banco adelanta que el escenario está “sujeto a un grado de incertidumbre especialmente elevado como consecuencia del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo”. Así, dibujan dos escenarios más: uno adverso, en el que las disrupciones se plantean como transitorias; y otro severo, con un conflicto más duradero y una interrupción de los flujos de materias primas energéticas hasta finales de año.

En el primero de ellos, los economistas apuntan a un recorte de una décima adicional, hasta el 2,2%. Pero en el peor de los casos podría ralentizarse el crecimiento hasta el 1,9%.

Anticipa una desaceleración en 2027

La entidad que dirige José Luis Escrivá sí anticipa un frenazo económico hacia delante, ya que rebaja al 1,7% la proyección de crecimiento de 2027, que caería al 1,1% en el peor de los casos. 

Donde se notará más el impacto del conflicto en Oriente Medio será en los precios, fruto del encarecimiento del petróleo y el gas. En concreto, el Banco de España calcula que la inflación será del 3% de media en 2026, 0,9 puntos más, de lo que estimaron en diciembre. En el escenario más grave, el dato general podría situarse en el 5,9%, cifras no vistas desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En cuanto a la tasa subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles, se situaría en el 2,7% en el escenario central, dos décimas más.

“Este mayor crecimiento de los precios previsto para 2026 refleja, fundamentalmente, la trayectoria reciente de la inflación, junto con el incremento de los precios energéticos a escala global, efectos que se verían compensados, parcialmente, por la reducción de la fiscalidad energética aprobada en marzo”, destaca la entidad.

En 2027, la tasa general y la subyacente se situarían en el 2,5% y el 2,7%, respectivamente, seis décimas por encima de lo previsto hace seis meses. Si la guerra se recrudece, la subida de los precios sería, de media, del 3,2%.

Por lo que respecta al mercado laboral, el Banco de España prevé que la creación de empleo siga siendo sólida en los próximos dos años, del 2,2% y del 1,3% en cuanto al número de ocupados, y del 2,2% y el 1,2% en lo referente a las horas trabajadas. De esta manera, el paro cerrará este año, de media, en el 9,9%, que será el 9,6% el ejercicio que viene.

De las cuentas públicas, el Banco de España empeora ligeramente las cifras de déficit para este año hasta el 2,3% (dos décimas más), por las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. Con todo, el endeudamiento se situará en el 99,2% a final del 2026, por primera vez desde 2019 por debajo del umbral del 100% del PIB.

El Banco de España ha disparado la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026 al 2,2% (cuatro décimas más) y al 1,9% (0,2 puntos) para 2027, después de que la economía española haya demostrado una mayor fortaleza de la esperada durante 2025, a pesar del incierto contexto internacional, y gracias a la fuerza del consumo de los hogares y la inversión.

La entidad que dirige José Luis Escrivá ha presentado este miércoles sus proyecciones económicas de invierno, que revisan al alza los tres años del horizonte de previsión del informe, después de que la última revisión de la Contabilidad Nacional arrojara un mayor dinamismo de la actividad del que se había calculado con anterioridad.

El Banco de España apunta a que la economía española crecerá un 2,9% en 2025, tres décimas más que en la previsión de septiembre y en la línea del consenso de los analistas. Este mismo miércoles el Instituto Nacional de Estadística ha presentado los datos de la Contabilidad Nacional correspondientes al tercer trimestre, en el que el PIB avanzó un 0,6%. Con los datos del año casi cerrados, el crecimiento está prácticamente confirmado en esa cifra.

El supervisor eleva notablemente sus previsiones de cara a los dos próximos ejercicios, en la línea de una mejora de la economía a escala global, gracias a una menor incertidumbre que hace unos meses. Los acuerdos comerciales han amortiguado la guerra comercial desatada por Donald Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y, aunque serán un factor que limite notablemente la actividad, no serán tan nocivos como se esperaba hace un año. Las dudas en relación con los conflictos bélicos en Palestina o Ucrania también se han suavizado, pero podrían dispararse en los próximos meses y siguen siendo un factor de riesgo para el crecimiento.

La renta, el empleo y los salarios disparan el consumo

El informe, el primero de David López Salido como director general de Economía del Banco de España, explica que la revisión obedece tanto a una mejora de los datos de la Contabilidad Nacional, como a la “fortaleza del consumo privado, que ha superado las expectativas” y a un “ciclo de inversión que se mantiene robusto”, sobre todo en el caso de 2026.

“El dinamismo del consumo estaría reflejando la mejora de las condiciones financieras para créditos al consumo, así como el repunte de la confianza del consumidor en un entorno de dinamismo del empleo y de aumentos de la riqueza de los hogares, lo que podría prolongar esta tendencia en los próximos trimestres”, señala el documento.

Esta mejora se estaría traduciendo sobre todo en el consumo de bienes duraderos (como coches o electrodomésticos), un factor que estaría “detrás de la resiliencia y de la importancia de la demanda interna sosteniendo el crecimiento”, ha dicho López Salido durante la presentación del documento.

El sector exterior también se habría contraído menos de lo que se anticipaba a mediados de este año y las exportaciones de servicios no turísticos habrían experimentado un “significativo dinamismo”.

Es por todo esto que el Banco de España cree que la economía española seguirá creciendo a buen ritmo, muy por encima del resto de los socios europeos, aunque se desacelerará ligeramente en los próximos años. “El consumo privado sería el componente con mayor aportación al crecimiento, impulsado por la renta disponible de los hogares, el empleo y los flujos migratorios. No obstante, se anticipa una desaceleración gradual del consumo a lo largo del horizonte de proyección, en línea con la ralentización esperada de dichos factores y en un contexto en el que la tasa de ahorro, aunque se reduciría en los próximos años, se mantendría por encima de su promedio histórico”, apunta el documento. 

La inversión, que se está acelerando en los últimos trimestres, seguirá fuerte gracias al despliegue de los fondos europeos, que caducan el próximo 31 de agosto, y a una mejora de las condiciones de financiación gracias a la relajación de la política monetaria. La inversión en vivienda cada vez aporta más al crecimiento. Pero esta rúbrica se desacelerará en los próximos años, conforme se ralentice la actividad económica.

A la baja influirá el sector exterior. Por un lado, por una gradual moderación en la llegada de turistas extranjeros y de las exportaciones de servicios no turísticos. Por otro, porque las importaciones (que han sido muy dinámicas este año), se desacelerarán en los próximos ejercicios.

La inflación, más fuerte de lo esperado

El Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de inflación, que será más 'pegajosa' de lo que habían proyectado. Este año cerrará en el 2,7% (dos décimas más), mientras que en 2026 será del 2,1% (cuatro décimas más) y del 1,9% en 2027. Estas revisiones se explican por una dinámica inflacionaria superior a la esperada en septiembre, así como a una subida salarial por encima de la estimada. 

Los precios crecen más en España que en los países de nuestro entorno, lo que resta competitividad a la economía española. Francia se sitúa en torno al 0,8% y Alemania está por encima del 2%. Pero el último dato de España coloca el IPC en el 3,2%, “destacando por encima de la media de forma consistente”, subrayan.

El Banco de España también eleva con fortaleza las previsiones de creación de empleo: subirá un 2,7% este año, un 2,0% el que viene y un 1,4% en 2027. La tasa de paro bajará más despacio (10,6% de media en 2025, 10,0% en 2026 y 9,6% en 2027), debido a que la población activa aumentará a un mayor ritmo, gracias a la inmigración.

Sobre las cuentas públicas, el supervisor estima que el Gobierno cumplirá con su objetivo de déficit del 2,5% este año y mejora su previsión para el que viene, hasta el 2,1%. Con todo, el descuadre en las cuentas públicas volvería a empeorarse en 2027, fundamentalmente porque ese año se producirá la mayor subida del acuerdo salarial pactado con los funcionarios. La deuda pública bajará en 2026 por debajo del 100% del PIB (99,1%), por lo que el Estado habrá disipado por completo los efectos del subidón a cuenta de la pandemia. En 2027, esta ratio se colocará en el 98,3% del PIB.

El escenario que dibuja el Banco de España no está exento de riesgos. Por un lado, una mayor evolución de los salarios y los márgenes empresariales podría disparar la inflación y restar crecimiento del PIB. La vivienda será otro factor clave: si la oferta responde de manera más intensa, esto podría azuzar el crecimiento y también los precios. Y el sector exterior, con tanta incertidumbre a escala global, podría también torpedear la actividad. A eso habría que sumar la alta cotización en las bolsas mundiales: “Los episodios recientes de volatilidad financiera —asociados a las empresas tecnológicas— evidencian el riesgo de una corrección abrupta de la valoración de los activos con riesgo”.

“Los bancos centrales debemos ser cautelosos a la hora de opinar”, defiende el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (Albacete, 1960). Una de las grandes diferencias con sus predecesores está ahí: en no opinar con contundencia sobre áreas que no son de su competencia. Es muy prudente al hablar de pactos de renta: “Las decisiones sobre salarios las tienen que tomar los agentes sociales”. O sobre impuestos, como el que afecta a la banca: “El Banco de España no debe opinar sobre temas impositivos, porque son elementos fuertemente redistributivos, y no tenemos legitimidad democrática”.

Escrivá sí defiende que la independencia del Banco de España le obliga a rendir cuentas: “Tienes que explicar muy bien lo que haces para que los ciudadanos puedan entender cómo funcionas y qué decisiones tomas”. También se pronuncia algo más al hablar de la vivienda, donde cree imprescindible “aumentar la oferta”, construir más. “La vivienda es un tema muy relevante”, argumenta. “La evidencia demuestra que España tiene mucho margen para que las políticas públicas redistribuyan mejor”. También recuerda que el proyecto de ley sobre la autoridad del cliente financiero, que está en el Parlamento, le daría al Banco de España competencias para proteger a los hipotecados vulnerables.

¿Qué preocupa más al Banco Central Europeo (BCE) en este momento?, ¿el escaso crecimiento de la Eurozona o la inflación?

Con el mandato que tiene el Banco Central Europeo, que es la estabilidad de precios, eso es lo que nos preocupa en primer lugar. Es verdad que también tenemos que mirar todo el conjunto de políticas que terminan afectando en distintos horizontes a los precios, pero la gran contribución que los bancos centrales hacen a la sociedad es asegurar que mantenemos el valor del dinero y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Habrá pronto nuevas bajadas de tipos?

Lo que está comunicando el BCE en sus declaraciones después de cada reunión, y tendremos una próximamente, es que una vez que la inflación está realmente en el objetivo, que es el 2%, nos parece que es un buen momento para mirar hacia adelante y pensar que el nivel actual de los tipos de interés es el apropiado.

¿Cómo son los debates dentro del consejo del BCE? ¿Es fácil el consenso? ¿Son más duros de lo que usted esperaba antes de llegar allí?

Yo fui director de la división de Política Monetaria del BCE en los primeros años de la Unión Monetaria y he conocido un poco cómo ha evolucionado. De las cosas que más me ha agradado del modelo actual, en el que se discuten las decisiones de política monetaria y se lleva un proceso de formación de criterio y de consenso, es la labor que desarrolla la presidenta del Banco [Christine Lagarde], como persona que tiene que facilitar ese debate a través de una gran transparencia. Los miembros del consejo antes no tenían acceso a tanta información tan pronto para prepararse las reuniones como ahora.

Cogiendo la definición que siempre se suele usar en el Banco Central sobre los partidarios de más austeridad o más generosidad, ¿usted es halcón o paloma?

Hay muchos estereotipos. Cuando veo las clasificaciones por parte de especialistas, e incluso de agencias, que hacen de los distintos gobernadores, y veo lo que ocurre dentro del Consejo, las correspondencias no son muy exactas. Más que halcones o palomas… la economía no es una ciencia exacta, tiene mucha incertidumbre, y hay que valorar las condiciones del entorno en el que se desarrolla la política monetaria del euro. Hay escenarios alternativos. Vamos cambiando de opinión según vamos valorando de una forma distinta, o con matices, los elementos que deben llevarnos a la formación de criterio. No es un concepto estático.

¿El sistema bancario español necesita fusiones o habría más competencia y mejores condiciones para sus clientes con más bancos?

Ese es terreno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC]. Nosotros tenemos otras competencias: en solvencia, en protección del consumidor, en sistemas de pagos. Yo tendería a pensar que a veces algunos problemas que se perciben como de falta de competencia en el sistema bancario tienen más que ver con la asimetría de información entre el cliente y el banco. A través de la educación financiera –y eso sí que es una competencia nuestra– debemos trabajar para que los ciudadanos, los autónomos, las empresas tengan mejor cultura financiera, mejor información y puedan interaccionar mejor con los bancos. Creo que esto es más eficaz para tener determinados resultados que la propia microestructura del mercado.

Usted ha criticado que una OPA en el sector financiero como la que hemos vivido con el BBVA y el Sabadell no puede tardar tanto tiempo en resolverse. Al margen de cambiar los tiempos, ¿qué más habría que cambiar en la regulación?

De nuevo, muchas de las cuestiones son competencia de otra institución independiente, que es la Comisión Nacional de Mercados de Valores [CNMV]. Pero sí creo, y es lo que yo he dicho, que períodos tan largos en los cuales entidades están dedicando sus energías a defenderse o a diseñar una estrategia para que la OPA tenga éxito me da la impresión de que no es el mejor de los mundos.

No tengo conocimiento de que haya ninguna otra OPA en marcha

Desde el punto de vista de la solvencia del sector financiero, ¿son necesarias más fusiones?

No sé si están suficientemente aquilatados los términos del debate. Por una parte, en un mundo en el que la tecnología es muy importante y en el que hay que hacer grandes inversiones en ciberseguridad y en plataformas digitales, tener tamaño y capacidad para poder explotar esas economías de escala es una ventaja. Por otro lado, creo que para determinados servicios bancarios, como en el de las micropymes, por ejemplo, tener una banca de proximidad que conozca bien la realidad local puede ser una ventaja.

¿Y cree que habrá más fusiones en el sector financiero tras esta OPA fallida del BBVA sobre el Sabadell?

No tengo conocimiento de que haya ninguna otra en marcha.

Si hablamos de macroeconomía, el crecimiento del PIB español lleva muchos años por encima de la media europea. Cuando le preguntan a usted fuera de España, ¿cómo lo explica?

Me lo preguntan con mucha frecuencia. No solo es que el crecimiento sea muy elevado, sino que la brecha positiva de crecimiento con Europa está a unos niveles sin precedentes. Y eso es, si cabe, más sorprendente o destacable, porque la economía española no ha hecho más que integrarse económicamente con el resto de Europa, por lo que la capacidad de diferenciación en principio debería ser menor. Por eso es singular la situación. Yo diría que se ha configurado un entorno europeo post COVID y post guerra de Ucrania donde hay todo un conjunto de elementos que favorecen a la economía española y que además hacen que determinadas políticas por las que ha apostado España durante cierto tiempo sean palancas de crecimiento mayor.

¿Como los cambios tras la pandemia, con el turismo, el consumo, el ocio?

Sí, hay tres o cuatro elementos que ayudan a hacer más eficaz la economía española. Ha habido un cambio de preferencias en los europeos hacia el ocio. Y una economía que produce más servicios de ocio y de turismo se beneficia a costa de economías que producen otro tipo de cosas en mayor medida. Pero hay otros elementos también que inciden.

España se beneficia de tener buenas leyes migratorias. Por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que ha regulado los nómadas digitales, o tenemos buenas normas para atraer trabajadores especializados de una forma ágil

¿La inmigración es uno de ellos?

Sí, pero yo creo que la inmigración más bien es un elemento que hace que lo que en otros países está siendo un importante cuello de botella en el mercado de trabajo por falta de trabajadores, y que se convierte en un limitador del crecimiento, en España no lo está siendo. Yo no creo que sea el elemento central, siendo muy importante. Pero en España están creciendo mucho, después del COVID, los servicios no turísticos porque se ha percibido que el teletrabajo es más factible de lo que pensábamos. España se beneficia de tener buenas leyes migratorias. Por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que ha regulado los nómadas digitales, o tenemos buenas normas para atraer trabajadores especializados de una forma ágil. Y después tenemos una cuestión que es muy importante: una buena red de digitalización y de fibra, una buena conectividad.

¿Es un crecimiento sostenible a largo plazo?

Va a depender mucho de que alguno de estos elementos pueda sostenerse en el tiempo, pero también de que nosotros seamos capaces de que estas políticas que han tenido continuidad las llevemos hacia adelante. Otro elemento, por ejemplo, que no he citado anteriormente: España ha reducido muchísimo los costes energéticos para las empresas. Eso requiere unas políticas continuadas de apuesta por las energías renovables, que son las que en este momento han abaratado el coste y nos han dado una ventaja competitiva.

Los datos macroeconómicos son francamente buenos: el PIB, el empleo, la prima de riesgo o los ratings de las agencias de calificación. Pero muchos ciudadanos creen que las cosas no marchan tan bien, especialmente con el precio de la vivienda. ¿Es lo que más le preocupa?

España tiene mucho margen para que las políticas públicas redistribuyan mejor. La vivienda es un tema muy relevante. Es una preocupación social y también desde el punto de vista del mercado de trabajo y el movimiento económico. El Banco lo ha estudiado mucho y ha aportado elementos singulares y bien trabajados al debate, sobre todo en determinados ámbitos de vivienda asequible en alquiler, donde hay una carencia particularmente grande. A medio plazo, necesitamos expandir la oferta y, al mismo tiempo, dado que esta se ajusta con lentitud, hay que gestionar situaciones transicionales, donde se pueden aplicar políticas de demanda. Pero me preocupa que centrándonos en estas políticas nos olvidemos de que hay que construir y movilizar oferta, que requiere una coordinación mucho mejor entre los tres niveles de la administración.

¿Hay una burbuja inmobiliaria? ¿La subida de precios va a continuar?

Cuando definimos una burbuja inmobiliaria, como la que hubo en la primera década de este siglo, lo que vemos es un exceso de demanda insostenible, que empuja los precios de forma desmesurada, en una dinámica que retroalimenta el proceso, y con una posición financiera insostenible de las familias. Eso explicó que la burbuja explotara, pero aquí no tenemos esa caracterización. Es cierto que, como resultado de una oferta insuficiente y de forma más heterogénea geográficamente que en el pasado, tenemos estas dinámicas de precios. De todas formas, el precio de la vivienda, en términos reales, está hoy en el nivel del año 2003-2004 y ni siquiera en los sitios con los niveles más altos estamos en los máximos. Esto no quiere decir que no haya que seguir con mucho cuidado y preocupación dinámicas de precios muy fuertes en determinados mercados.

¿Se plantean tomar medidas de supervisión en el Banco de España para exigir a la banca que proteja a los hipotecados vulnerables?

El proyecto de ley sobre la autoridad del cliente financiero, que está en el Parlamento, nos daría esas competencias.

¿Impuesto a la banca? Le vemos problemas de diseño, pero ni el BCE ni el Banco de España deben opinar sobre temas impositivos

La banca está hoy en niveles récord de beneficios y dividendos. ¿Apoya usted que el impuesto extraordinario se haga permanente o está en contra, como ha manifestado el Banco Central Europeo?

Lo que vemos son problemas de diseño, pero ni el Banco Central Europeo ni el Banco de España deben opinar sobre temas impositivos, porque son elementos fuertemente redistributivos, y no tenemos legitimidad democrática para decir a quién hay que poner un impuesto.

Con los datos que tiene el Banco de España, ¿cree que algún día los contribuyentes españoles podrán recuperar el dinero que costó el rescate de las cajas en la anterior burbuja inmobiliaria? ¿Cuánto dinero fue?

El efecto de la crisis está relativamente acotado. Fueron unos 70.000 o 80.000 millones de dinero público que hubo que asumir por parte de todos los ciudadanos y no hay mecanismos de recuperación.

Usted fue el ministro de Seguridad Social que logró el histórico acuerdo para equiparar en 2032 las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados. Es una reforma que ahora se ha detenido al renunciar el Gobierno a subir las cuotas. ¿Qué consecuencias puede tener ese parón y cómo lo valora?

Sería oportuno recordar que la cotización por ingresos reales de los autónomos fue, probablemente, el elemento que más consenso suscitó, tanto en el Pacto de Toledo como con las propias organizaciones sindicales, patronales y las de autónomos y, después, en el ámbito político de decisión final. También hubo cierto consenso, como se reflejó en la elaboración de la norma, en que era deseable que hubiera un periodo progresivo para que se vayan adaptando a esa cotización, como lo hacen los asalariados, por sus ingresos reales y, al mismo tiempo, que haya un mecanismo de reforzamiento de las prestaciones que les proporciona el sistema.

En esta clave, hemos visto como muchos profesionales autónomos, sobre todo abogados, han pedido cotizar más para tener más prestaciones sociales.

Para que lo entienda un ciudadano medio, ¿por qué es tan importante el euro digital?

Cuando pagamos con un billete de euro o incluso cuando hacemos una transacción bancaria, detrás está el Banco Central. Es el que da garantía a ese pago, da seguridad y valor porque está en el balance del Banco Central. En la medida en la que en el mundo digital, donde hay nuevas tecnologías que son muy interesantes, que dan posibilidades de pagos que antes no teníamos, instrumentos como por ejemplo la tokenización, debemos incorporarlos a las formas de emisión de billetes del Banco Central. Sería un error que no diéramos esa opción a los ciudadanos y fueran emisiones puramente privadas de dinero.

Como banquero central, ¿cómo valora las presiones de Donald Trump sobre la Reserva Federal estadounidense?

En casi todo el mundo los bancos centrales son independientes y los gobiernos renuncian a decidir sobre las condiciones monetarias, los tipos de interés y otra serie de instrumentos porque existe el riesgo de que consideraciones de corto plazo electorales lleven a políticas que generen inflación. La inflación es un impuesto enormemente regresivo, que erosiona el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y que tiende a concentrarse en los de renta más baja. Por razones de equidad y de estabilidad de las economías, hay que dar una orientación a medio plazo que trascienda los ciclos políticos. Por eso es preocupante [la presión de Trump].

Hablando de inflación, durante el pico de hace unos años, su predecesor insistió en un pacto de rentas pidiendo moderación salarial. Ahora, los informes del propio Banco de España y otros organismos confirman que gran parte de esa inflación fue impulsada por un aumento de los márgenes empresariales más que de los salarios. ¿Se equivocó el Banco de España al poner el foco en los salarios y no en los beneficios de las grandes empresas?

Mucha gente opinó que había que hacer un pacto de rentas, incluso desde el Gobierno. Yo nunca opiné eso porque creo que las decisiones sobre salarios las tienen que tomar los agentes sociales. Los gobiernos no deben interferir en las decisiones que toman genuinamente, entre los representantes de los empresarios y los trabajadores. Personalmente, nunca me he sentido cómodo en ese debate y creo que es muy difícil encontrar un banco central que haya opinado sobre este tema.

Sin embargo, una de las características de los últimos gobernadores es que han sido muy intervencionistas desde el Banco de España sobre las políticas públicas. Han opinado de prácticamente todas.

Los bancos centrales tienen que ser cautelosos para opinar sobre las políticas de terceros por su déficit de legitimidad democrática. Nosotros tenemos poderes delegados muy importantes en política monetaria, en estabilidad financiera, en sistemas de pagos, en supervisión bancaria. Los poderes públicos nos han dado esas responsabilidades y eso es lo que tenemos que hacer bien, esa es nuestra legitimidad.

¿Hacen falta fusiones transfronterizas, es decir, que se genere un único mercado financiero de toda Europa, en vez de, como hay ahora, bancos que operan cada uno en sus distintos países?

Yo quitaría énfasis a este tema porque, en la parte minorista, la competencia no es entre un banco finlandés y uno español. En la parte mayorista existe realmente un mercado europeo. Quizá no para las pymes o las micropymes, pero sí para las empresas medianas y las grandes. Lo que falta en Europa es un mercado de capital riesgo que movilice el ahorro y realmente apueste por las compañías innovadoras europeas que necesitan un capital que los bancos no le van a dar, porque no están especializados en dar capital, sino en dar créditos y, además, están penalizados por regulaciones internacionales para dar crédito a largo plazo.

¿Europa podría permitirse elevar el gasto militar al 5%, como pide Donald Trump?

Decidir en qué gasta cada país lo que recauda con los impuestos es una decisión soberana. Otra cosa es que, en un contexto en el que la seguridad europea se ha convertido en un bien público, uno deba tener una sensibilidad con estos temas. Este no es un ámbito de los bancos centrales pero lo que yo diría es que hay que decidir a nivel nacional cómo se quieren asignar los recursos públicos y tener interiorizado el entorno europeo en el que nos desenvolvemos.

En distintas intervenciones ha hablado de aumentar la transparencia del Banco de España y ha hecho, por ejemplo, una política para hacer visitas al propio banco. ¿Ha sido el banco opaco en el pasado?

Cuando yo llegué, el Consejo de Gobierno acordó revisitar el reglamento del banco, que estamos analizando en este momento. En esa evaluación se ve que, efectivamente, hay pocos artículos dedicados a la rendición de cuentas, por lo que podemos reforzar la transparencia. Creo que cuanto más independiente se es, más cuentas se tienen que rendir. Además, si no tienes una legitimidad democrática, porque tus poderes son delegados, tienes que explicar muy bien lo que haces para que los ciudadanos puedan entender cómo funcionas y qué decisiones tomas.

Usted es funcionario del Banco de España desde 1985. ¿En su opinión, en estos 40 años, qué es lo que mejor ha hecho y lo que peor ha hecho la institución?

El Banco de España ha contribuido siempre, dando elementos a los Gobiernos y en los papeles que ha tenido a nivel europeo, a que España se fuera integrando cada vez más con Europa. En 1985 ni siquiera estábamos en la Unión Europea, después entramos en el sistema monetario y nos preparamos para la unión monetaria. Desde el primer momento, el Banco fue un contribuidor muy importante para todo el proceso de diseño de esa política monetaria europea y su ejecución. Además, es muy respetado técnicamente en este ámbito. Donde ha habido más claroscuros, sobre todo en un periodo particular, es en la supervisión bancaria.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que en 2026 las cuotas de los autónomos se sitúen entre 200 euros y 605 euros mensuales en función de las distintas categorías de ingresos. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, planteó estas cuantías el lunes después de verse obligada a rectificar su planteamiento inicial –que proponía cuotas de entre los 217 y 796 euros al mes– al recibir un aluvión de críticas tanto de los colectivos profesionales de los autónomos, los principales sindicatos y partidos de izquierda y derecha. El Ejecutivo, no obstante, se basó para su cálculo inicial en el desarrollo del sistema que se estableció en 2022 a través de un real decreto que fue ampliamente avalado por el Congreso de los Diputados con 260 síes, algunos de ellos de partidos como el PP, que ahora se han lanzado a criticar con dureza la actualización de las cuotas por parte de la Seguridad Social.

Ese texto salió de un acuerdo alcanzado bajo el mandato de José Luis Escrivá para que los autónomos cotizaran por fin por sus ganancias, con un periodo de transición de diez años, hasta 2032. Además del voto a favor del PSOE, ese documento recibió el apoyo tanto de Unidas Podemos –algunos de cuyos miembros son ahora de Sumar– como de PP, PNV, y otras fuerzas nacionalistas. Solo se opusieron Vox, Ciudadanos, UPN y Foro. Y EH Bildu así como ERC se abstuvieron. En el debate que se produjo entonces en el Congreso, los grupos que respaldaron la convalidación del real decreto destacaron que el texto había sido consensuado con los agentes sociales y compartieron el objetivo de la norma impulsada entonces por José Luis Escrivá, entonces ministro de la Seguridad Social y ahora gobernador del Banco de España: intentar acercar las cotizaciones a los ingresos reales de los autónomos y equipararlas a las del resto de los trabajadores.

Muchos de los grupos aprovecharon su intervención en el Pleno para advertir, sin embargo, de que el decreto sí establecía un sistema de cálculo, pero únicamente concretaba las tablas de ingresos y cotizaciones para tres años, es decir, hasta finales de 2025. Vaticinaban así el debate que se está produciendo en los últimos días cuando el Gobierno ha tratado de especificar las formas de cálculo y las cuotas para los próximos años. El propio texto de 2022 señalaba que “antes del 1 de enero de 2026, el Gobierno (...) determinará el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual contemplará el despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un máximo de seis años”.

El mismo PP que ahora habla de “sablazo fiscal” por el incremento de las cuotas o que acusa al Gobierno de querer utilizar a los autónomos “para pagar chistorras” o “prostitutas” respaldaba hace tres años sin ambages el acuerdo en el que se basa ahora el Ejecutivo y que estableció por ley que “las bases medias de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos experimentarán un crecimiento al menos similar al de las medias del Régimen General” de forma anual.

El PP dijo que era su exigencia y Unidas Podemos lo definió como “un gran paso”

“El Partido Popular vota sí porque fue una exigencia nuestra en la negociación del Pacto de Toledo, vota sí porque lo ha acordado el diálogo social, vota sí porque hemos conseguido que se tramite como proyecto de ley para seguir mejorando este proyecto y vota sí porque hemos conseguido una vez más que el Gobierno rectifique”, aseguró durante aquel Pleno del 25 de agosto de 2022 el diputado del PP Tomás Cabezón, que además de defender el real decreto que tres años después trata de desarrollar el actual Ejecutivo se atribuía el haber conseguido que el Gobierno de entonces hubiera rebajado las cotizaciones planteadas inicialmente.

El texto también fue asumido por la izquierda. “Me alegra enormemente esta modificación del régimen especial de autónomos. Creo que es un gran paso el que da este Gobierno al modificarlo, al hacer un régimen más justo y con más garantías y hay que seguir avanzando, porque hoy hemos demostrado que este Gobierno cree en los autónomos, se lo toma en serio y ha venido a garantizar sus derechos”, aseguró, por su parte, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco. “Constatamos y aplaudimos que hay un cambio de cotizaciones. Veremos si ocurre en el sistema”, añadió, además, con matices, el diputado de ERC Joan Capdevila, cuyo partido facilitó la convalidación del decreto también con su abstención.

Los intervinientes, no obstante, ya advirtieron de que ahora, a finales de 2025, podía producirse una nueva discusión entre administraciones y organizaciones profesionales y sindicatos al tener que establecer las nuevas cuotas y tramos una vez pasados los tres años que quedaron específicamente regulados en el decreto. “Su reforma es a largo plazo, pero no recoge más que las medidas de la primera fase”, advertía el diputado del PP. “¿Qué tiene pensado para la segunda fase, señor ministro?”, le preguntaba Cabezón directamente al entonces ministro Escrivá. “¿Qué va a pasar si a partir de 2026 no hay acuerdo? Esto es algo de lo que tendremos que hablar”, reconocía.

Oskar Matute, de EH Bildu, formación que se abstuvo, también reprochó al Gobierno que en el decreto de 2022 quedaban “elementos postergados para el futuro” y mencionaba, en concreto, 2025, la fecha en la que deben decidirse las nuevas cuotas. Desde el PNV, Iñigo Barandiaran, que anunció el apoyo de su grupo a la convalidación del decreto, aseguró que la que se estaba debatiendo era “una buena ley” entre otras razones “porque es producto del acuerdo social y del acuerdo con autónomos”. “Pero ojo con su desarrollo futuro, que debe ser equitativo. Recuerde [le dijo al ministro] que el futuro del sistema reside en sus ingresos, pero también es la garantía de los principios de solidaridadd y contributividad y, por lo tanto, en el nexo que ello debe tener con su tratamiento fiscal”, añadió.

Consenso y diálogo social

En su intervención, Escrivá defendió la reforma, pero no se refirió a lo que podría ocurrir en 2025, cuando el Gobierno debía aprobar las nuevas cotizaciones como lleva proponiendo en los últimos días. “Se trata de una reforma estructural que hace más justo, flexible y equitativo el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia y que moderniza y mejora la acción protectora de la Seguridad Social hacia este colectivo”, apuntó, para apostillar: “El cambio de este modelo hace que las prestaciones se alineen con el esfuerzo contributivo y hace más equiparable el modelo de protección de los trabajadores por cuenta ajena a los del régimen general”.

Sin mencionar el desarrollo futuro, el ministro consideró que la reforma implicaba “mejoras visibles e inmediatas a los trabajadores autónomos, pero sobre todo supondrá un antes y un después en su relación con la Seguridad Social. Es un punto de inflexión que permitirá no solo mejorar la acción protectora sobre este colectivo de trabajadores, sino que también lo hará porque aumentará la equidad del sistema, su flexibilidad y su sostenibilidad. Y sobre todo es una reforma que da estabilidad, que está asentada en el consenso y en el diálogo, (...) y en el acuerdo con los interlocutores sociales y los representantes de los trabajadores autónomos”. Tres años después el Gobierno trata de recuperar ese consenso tras el primer golpe que supuso esta semana que Seguridad Social tuviera que rectificar su primera propuesta.

La vida sigue. El fracaso del intento de compra (OPA) de BBVA por Sabadell ha dejado a las dos entidades con la exigencia de seguir adelante con sus planes de negocio en solitario. Una estrategia que llevaba 17 meses marcada por una operación corporativa que no ha materializado por el rechazo mayoritario de los accionistas del banco catalán. Ahora, ambas partes tienen que plantearse el camino a seguir que, aunque plagado de incertidumbres, también presenta certezas, sobre todo, por la lluvia de dividendos que han prometido a sus respectivos accionistas.

Lo primero que parece despejarse –al menos, de momento– es que las dos entidades van a mantener a sus respectivos equipos directivos. El de Sabadell sale muy reforzado de la OPA, porque ha triunfado su hoja de ruta y, sobre todo, porque tiene un amplísimo respaldo entre los pequeños accionistas. En el caso de BBVA, el batacazo de la oferta podría haber abierto la puerta a la salida de la presidencia a Carlos Torres, más aún cuando ha intentado dos veces la misma fusión y en ambas ocasiones ha tropezado. Sin embargo, el directivo ha dejado muy claro que piensa continuar. 

Analizamos qué tienen por delante tanto Sabadell como BBVA y qué puede pasar con dos de las cinco mayores entidades financieras de España.

Sabadell, un futuro en solitario, pero siendo más pequeño

Una de las diferencias entre el Banco Sabadell previo a la OPA y el que sale de ella es que va a ser una entidad más pequeña con un foco de actividad exclusivamente centrado en España. En pleno verano y como contraataque a la operación de BBVA, Sabadell anunció la venta de su división en Reino Unido a Santander por 2.900 millones de libras (el equivalente a unos 3.400 millones de euros). No es un negocio pequeño, al margen de que suponía ser su única baza fuera de España. Por ejemplo, en 2024, TSB aportó 208 millones al beneficio neto del grupo, el 11% de todo lo que ganó en el ejercicio.

Decidió venderlo porque con esos ingresos dio luz verde a un megadividendo histórico, de 2.500 millones de euros que sus accionistas –también los que acudieron a la OPA y ahora recuperan sus títulos– cobrarán el año que viene, una vez se cierre la venta a Santander. Además, ese megadividendo va a ser mayor, porque superará los 6.400 millones hasta 2027, lo que le va a exigir mantener el ritmo de crecimiento de su rentabilidad.

Por tanto, cuando se cierre esa desinversión de TSB, Sabadell será un banco local en un mercado donde hay tres entidades más grandes, tanto en activos como en red comercial: Caixabank, Santander y BBVA. Así que si quiere engordar tiene dos opciones: o aumentar su capacidad de crecimiento sabiendo que tiene que destinar una parte considerable de sus recursos a la política de retribución a los accionistas o buscar una unión con otro banco. Ahí entran opciones como Bankinter –que hasta ahora no ha entrado en el baile de fusiones– y los dos nombres que más han sonado hasta el momento como posibles socios: Abanca y Unicaja. En ambos casos, porque su presencia territorial sería bastante compatible con la de Sabadell.

De momento, parece que la apuesta pasa por crecer en solitario. “Nosotros tenemos una cuota del 8%, progresivamente iremos aumentando esa cuota, despacito, para no romper nada. Seremos muy relevantes porque generaremos competencia y, por lo tanto, habrá financiación, a las pymes, en particular”, aseguró el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, en una entrevista con elDiario.es.

Además, la entidad tiene que coser un roto provocado por la OPA: su consejo de administración. Su principal accionista individual, David Martínez, que suma el 3,8% del capital, se desmarcó de la OPA y aceptó la oferta de BBVA. De hecho, González-Bueno reconoció abiertamente en esa entrevista que la relación con el mexicano estaba rota. 

Otro de los mayores accionistas individuales de Sabadell es el promotor de centros comerciales Tomás Olivo. En este caso, no llega al 3% y no acudió a la OPA, según recoge Expansión. Su opinión puede ser determinante porque Olivo es el segundo mayor inversor de Unicaja, con el 9,4% del capital, solo por detrás de la Fundación Unicaja, que supone el 30%.

BBVA no supera a Santander en España

Tras asumir en la noche del jueves su patinazo en la OPA, BBVA se apresuró a lanzar un mensaje al mercado: ahora que no va a ir a por Sabadell va a tener más fondos para retribuir a los accionistas y para seguir creciendo. Lo que no mencionó es que se ha roto su sueño de ser el segundo banco más grande de España gracias a la aportación de Sabadell. 

Su consejero delegado, Onur Genç, recalcó el viernes cuáles son los pasos a seguir que, a día de hoy, no contemplan más compras. Además, en el caso de Sabadell, la legislación le impediría lanzar otra OPA en, al menos, un año. “Crecimiento orgánico”, repitió en varias ocasiones el directivo turco. “Si vemos el sector europeo, en comparación con los 15 mayores bancos, crecemos más. En los últimos 12 meses, hemos crecido en la cartera de préstamos un 16% y, en España, un 6%. Estamos ganando cuota, tenemos que seguir creciendo”, repitió.

Mientras, en un encuentro con empleados, Torres defendió el viernes la mirada a largo plazo del banco, tras la oportunidad perdida de la compra de Sabadell, y expuso que ahora hay que pisar el acelerador para seguir adelante.

A diferencia de Sabadell, BBVA tiene más patas de negocio fuera de España, pero ahí tienen relevancia dos mercados condicionados por la inestabilidad geopolítica: Turquía y México. De hecho, ambos pesan mucho en sus resultados, más que España. En el caso turco, el pasado año aportó 21.414 millones de euros a sus ingresos ordinarios. México supuso 25.498 millones y España 19.388 millones de euros.

A partir de ahora, si quiere crecer en España tendrá que hacerlo a pulmón, con sus recursos propios, sabiendo los elevados compromisos que se ha marcado en la retribución al accionista: por un lado, 36.000 millones de euros en dividendos hasta 2028, de los que 13.000 los abonará en el corto plazo. Por otro, una compra inmediata de acciones por valor de 1.000 millones, a la que se sumará otra megacompra en un futuro próximo, porque tiene intención de solicitar al Banco Central Europeo (BCE) que le permita una “significativa recompra adicional”, que aún no ha cuantificado.

Precisamente, el BCE va a pesar en las decisiones a futuro de BBVA y de Sabadell, porque el supervisor lleva tiempo reclamando fusiones transfronterizas entre diferentes países europeos, para conseguir que la eurozona tenga algún banco que sea capaz de competir cara a cara con las grandes entidades estadounidenses y asiáticas.

De momento, no parece que esté cocinándose ninguna operación corporativa supranacional que afecte a las entidades españolas. Sin embargo, el mismo día en que BBVA tropezaba con la OPA, la presidenta de Santander abría la opción de mantener conversaciones, en algún momento, con el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. “No estoy sugiriendo una OPA hostil, pero siempre estoy abierta a negociar”, aseguró Ana Botín en un evento del sector financiero. 

Todo el mundo mira a la Bolsa

Al margen del futuro a medio y largo plazo, casi desde el instante en el que se supo el rechazo a la OPA, el mercado mira las acciones de los dos bancos, para ver si la OPA estaba funcionando como tope o como lastre para las entidades. De momento, la primera sesión tras conocerse el final de la operación se saldó con una caída de Sabadell del 6,7% y el despegue de BBVA, que repuntó un 6%. 

En el siguiente gráfico se ve la evolución de las dos entidades desde los meses previos a la OPA.

Ese despegue de BBVA se explica porque “se ha eliminado el riesgo de una ampliación de capital, que era lo que el mercado estaba empezando a temer si se daba el potencial escenario de una segunda OPA en efectivo. Por otro lado, al retirar la OPA ha reanudado la política de retribución”, lo que premian los mercados, explica Nuria Álvarez, analista de Renta 4 Banco. “En el caso de Sabadell, había mucho inversor esperando a una segunda OPA a un precio mayor y en efectivo”, algo que ya no va a producirse.

Cambiar la Ley de OPAS

Otro de los factores que sobrevuela el futuro de los bancos –y de todas las cotizadas– es el marco y las condiciones que impone la Ley de OPAS. Y crecen las voces que piden cambios normativos, para evitar que las operaciones corporativas se prolonguen más de año y medio, como en este caso, y acaben, prácticamente, en la casilla de salida.

Torres, por ejemplo, reclamó en rueda de prensa la reforma de esta ley. “Se ha puesto de manifiesto que necesita un refresco, porque hemos visto, en este largo proceso, que determinados artículos no son claros, están sujetos a ambigüedades y hay situaciones que no están recogidas”. “No recoge el comportamiento de los fondos pasivos, que no tienen información sobre las aceptaciones. Merece la pena revisarlo”, aseguró.

Esa misma opinión la han señalado representantes de la patronal y de los sindicatos. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, pidió el viernes una ley “eficiente” que “se adapte a las necesidades del siglo XXI”, ya que Sabadell y BBVA “han perdido oportunidades porque sus equipos de gestión han estado centrados en las operaciones”.

“España tiene que revisar el procedimiento vigente de las OPAS, porque 17 meses en esta situación tiene muy poco sentido”, señaló en la misma dirección el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Lo mismo aseguró hace unas semanas el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. “Esto se está prolongando mucho y es deseable repensar en el futuro si no tendríamos que ver un conjunto de normas que acortaran los plazos. Porque no es deseable tener a entidades tan importantes en el sistema bancario español dedicando muchas energías a este ministerio, o energías que podrían dedicarse a otras cosas”. Desde la noche del pasado jueves, ese escenario, el de cada uno a sus cosas, es el que ya viven los equipos tanto de Sabadell como de BBVA.

El Banco de España ha fichado a un alto cargo de la Reserva Federal (Fed) para dirigir su brazo de análisis económico. La institución ha elegido a David López Salido, actualmente director general adjunto de la división de Asuntos Monetarios del banco central de Estados Unidos, como sustituto de Ángel Gavilán al frente de la dirección general de Economía, tras la polémica por su dimisión hace unas semanas.

Ángel Gavilán abandonó su cargo justo un día después de la presentación del informe anual del Banco de España —el primero del gobernador José Luis Escrivá—. La polémica se desató porque el consejo de gobierno del regulador financiero no apoyó “un informe tan prescriptivo como el de otros años”, y le obligó a modificarlo, retrasando su publicación.

Ese documento hace una radiografía exhaustiva de la economía española, y en los últimos ejercicios, con Pablo Hernández de Cos al frente —nombrado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018— se había posicionado en contra o había cuestionado políticas y reformas como la laboral, la de las pensiones, la subida del salario mínimo (SMI)...

Para sustituir a Ángel Gavilán, el Banco de España abrió un proceso de elección con el formato de “expresión de interés”, que permitía presentarse como candidato a cualquier profesional que cumpliera el perfil requerido. El gobernador José Luis Escrivá llegó a afirmar que “si hay alguien que está cualificado en España para hacer una reforma moderna y profunda, y reforzar la dirección de Economía, soy yo”.

Este lunes, la institución ha comunicado la resolución de este proceso, en el que “para asesorar al gobernador, se ha contado con un panel de tres expertos de máximo prestigio en el ámbito del análisis y la investigación económica: Andrew Haldane, Andreu Mas-Colell y Alejandro Werner”. David López Salido, que trabaja para Fed desde 2006, empezará a ejercer en el Banco de España a partir del 1 de octubre.

En este tiempo, José Luis Escrivá también ha asegurado que meterá “el menos ruido posible sobre pensiones”, tras ser cuestionado por el cambio de posición del Banco de España respecto a la sostenibilidad del sistema, hasta ahora muy crítica y cuya última reforma fue impulsada por él mismo en su etapa como ministro de Seguridad Social.

El gobernador defiende que la institución “no debe opinar sobre lo que no tiene evidencias”, y afirma que “ningún banco central opina sobre distribución renta, porque no tenemos legitimidad democrática”. Según añade, “las decisiones sobre impuestos o cómo se redistribuye el gasto... Esto lo tiene que decidir el Parlamento y los gobiernos. Somos muy cuidadosos en eso”.

“Durante este proceso de selección [del directo general de Economía], el panel fue informado por el gobernador de la previsible existencia de una nueva vacante en otra dirección general del Banco, tras haberle comunicado la actual directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y de Transparencia que, por razones personales sobrevenidas e ineludibles, tenía intención de renunciar a su cargo”, explica el Banco de España.

“El panel consideró al candidato que había quedado en segundo lugar en este proceso, Galo Nuño, que venía ocupando el cargo de director general adjunto de Economía, como un candidato adecuado para cubrir esta vacante”, prosigue el regulador en la nota de prensa difundida este lunes.

Por esta razón, “el consejo de gobierno ha acordado convocar una nueva expresión de interés para cubrir la posición de director general adjunto de Economía, con el objetivo de poder realizar su cobertura, en la medida de lo posible, a partir del 1 de octubre”.

“San Josemaría era un santo muy aragonés, muy cabezón. No se paraba ante nada si creía que 'era de Dios'. Pues el obispo de ahora, igual”. Un anciano sacerdote de Barbastro, que conoció al fundador del Opus Dei (fallecido ahora hace 50 años), contempla con tranquilidad el penúltimo episodio del 'caso Torreciudad': el obispado ha pedido al Vaticano que tome las riendas del complejo y le quite cualquier control a la prelatura a cambio de renunciar al santuario situado en un territorio propiedad de la diócesis que dirige Pérez Pueyo.

El movimiento ha llegado a punto de cumplirse dos años –será el próximo 18 de julio–, del momento en que el obispo rompió la baraja y, tras varios intentos infructuosos, nombró un rector para el complejo gestionado por el Opus Dei. Torreciudad es un destino que cada año recibe a casi doscientos mil fieles católicos, que dejan en sus arcas varios millones de euros que escapan al control del Obispado.

“Pueyo es un obispo que, como decimos aquí, no rebla, no se achanta”, añade el mismo clérigo. Sólo así se explica que, después de haber logrado que el papa Francisco asumiera como propio el tema y nombrara un comisario pontificio (el español Alejandro Arellano) para alcanzar una resolución final para el conflicto al mismo tiempo que había llegado una interesada filtración desde el entorno de la Obra que había señalado que la decisión ya estaba tomada, el obispo Pérez Pueyo se descolgara con una petición que ha sorprendido tanto al Opus como a la Santa Sede: está dispuesto a perder la 'joya de la corona' del Pirineo aragonés para intentar que no quede en manos de los seguidores de Escrivá.

El Opus aprovecha el cambio de Papa

El 22 de julio de 2023, pocos días después de que Pérez Pueyo nombrase al primer rector de Torreciudad ajeno al Opus Dei el papa Francisco publicaba Ad Charisma Tuendum, un Motu Proprio que obligaba a la Obra a adecuar sus estatutos, poniéndola al borde de la pérdida de su estatus (único en la Iglesia) de prelatura personal.

Su máximo responsable, Fernando Ocáriz, dejaba de ser obispo, y el Opus pasaba a depender del dicasterio para el Clero, lo que convertía, de facto, al Opus, en una asociación clerical. Y, por tanto, sin posibilidad en la práctica de gestionar un santuario. A ello se sumaba la reapertura del caso Gaztelueta y otros escándalos que afectaban a la prelatura, como el de las denuncias por semiesclavitud de decenas de mujeres en Argentina, desvelados por elDiario.es. Sin embargo, la influencia del Opus Dei en el Vaticano logró dilatar ambos procesos (estatutos y Torreciudad), en la clásica operación made in Escrivá –y conocida por todos en la Santa Sede– de “hacer del limón limonada”. Es decir, tratar de ganar tiempo, esperar y, mientras tanto, bajo las declaraciones de obediencia al Papa y a sus dictámenes, tratar de revertir la situación.

Han pasado dos años, ha muerto Francisco y las cosas parecen haber cambiado. Su sucesor, León XIV, quien también sufrió persecuciones similares a las padecidas por Pérez Pueyo durante su etapa en Perú por parte de sectores vinculados al cardenal Cipriani (el primer cardenal del Opus Dei, y defenestrado por Francisco tras ser acusado de abusos), parece haber optado por primar la unidad de la Iglesia en un momento en que los sectores ultracatólicos jugueteaban con llamar al cisma.

En el caso del Opus Dei, una de las primeras audiencias de Prevost fue con los responsables de la prelatura, a quienes impelió a presentar ya sus estatutos, que acumulaban varios meses de retrasos. Una petición que Ocáriz cumplió el pasado 11 de junio. Ahora, distintas fuentes aseguraban que el comisario pontificio estaba a punto de dictaminar un fallo definitivo sobre Torreciudad. Una decisión que trataba de contentar a todos.

Así, la tesis de Arellano era hacer de Torreciudad un santuario diocesano y, por tanto, dependiente del obispo pero mantener la gestión en manos del Opus Dei. El obispo tendría la potestad de nombrar al rector del santuario, pero entre una terna presentada por la Obra, que además habría de comprometerse a aumentar considerablemente la donación anual (actualmente una cantidad ridícula) a la diócesis por la cesión de la talla de la Virgen y la gestión del complejo situado en territorio de Barbastro-Monzón.

Calendario con intención

Las fechas elegidas no son baladí: el pasado 26 de junio se cumplieron 50 años de la muerte de Escrivá de Balaguer, y este 5 de julio estaba previsto el arranque de los fastos del cincuentenario de la apertura de Torreciudad, con una misa a la que tenía previsto acudir Fernando Ocáriz. Según ha podido saber elDiario.es, cuando el obispo tuvo conocimiento de ello, informó al prelado del Opus Dei de que él también querría participar. Al ser él obispo, y Ocáriz no, sería Pérez Pueyo quien presidiría. La Obra, entonces, dejó caer que el prelado no acudiría a Torreciudad hasta que hubiera un dictamen definitivo sobre el estatus del complejo, algo que preveían inmediato. Fue en ese momento cuando, aconsejado por distintas personalidades, Pérez Pueyo decidió lanzar un último órdago que fuentes eclesiásticas califican de “sorprendente”, “precipitado” o “jugada maestra”, según sea su visión sobre el fondo del asunto.

¿En qué consiste dicho órdago? En primer lugar, tal y como adelantó elDiario.es, renunciar al control de Torreciudad, a condición de que sea reconocido como “Santuario Internacional, bajo la dependencia directa de la Santa Sede”, lo que en la práctica dejaría al Opus Dei sin capacida de gestión.

Por si quedara alguna duda, la nota emitida este martes por la diócesis reclama que sea Roma “la responsable e interlocutora natural”, constituyéndose el santuario en un “ámbito extraterritorial”. Una suerte de territorio vaticano, como las nunciaturas, en un país ajeno. Barbastro-Monzón solicita “que el nuevo santuario internacional goce de independencia económica respecto de la diócesis de Barbastro-Monzón y, como dependiente de la Santa Sede, sea esta quien audite y apruebe sus cuentas, así como las de las sociedades y fundaciones en torno al complejo, renunciando la diócesis a ”cualquier beneficio o remuneración por parte de ellas, así como de cualquier responsabilidad patrimonial o de otro tipo que pueda surgir del origen o del devenir de los fondos recaudados y de las estructuras societarias creadas para canalizarlos“.

En este párrafo está el verdadero quid de la cuestión y del escándalo en Torreciudad. En opinión de la diócesis y de no pocos expertos, la situación económica y patrimonial de Torreciudad es una suerte de sociedades interpuestas, que han venido cambiando desde 1962 hasta la actualidad, y sobre el que se yergue un manto de oscuridad desde antes incluso de su construcción.

Con esta petición, de hecho, Barbastro estaría obligando a Roma a auditar las cuentas de Torreciudad; a revisar la titularidad de todos los terrenos vinculados al complejo y a justificar ingresos y gastos de todo tipo que, hasta la fecha, están en manos del Opus Dei y de sociedades vinculadas a la prelatura. De ahí el gesto de la diócesis de “renunciar a cualquier beneficio o remuneración” que provenga del hipotético futuro santuario internacional.

“Al obispo no le mueve el dinero, como no se han cansado de sugerir desde plataformas cercanas a la Obra”, recalca a el Diario.es una de las personas que más cerca ha estado del conflicto en los últimos años y que teme que, detrás de esta operación, haya otra de más calado que consistiría en hacer desaparecer la diócesis de Barbastro-Monzón y subsumirla a las de Huesca y Jaca.

La falta de clero y un proceso de unificación de diócesis para adecuarlas a la realidad de las provincias serían claves para entender este movimiento, que otras fuentes no ven tan factible, pero asumen como parte de la estrategia de desgaste contra el obispo Pérez Pueyo. El Opus Dei, por su parte, se ha limitado a publicar un escueto comunicado en el que se da por enterado de la petición, y vuelve a vincular el futuro de Torreciudad a la inminente decisión que pueda tomar el comisario pontificio.

Finalmente, la propuesta de Barbastro-Monzón tiene dos exigencias muy icónicas para la diócesis. En primer lugar, que Torreciudad devuelva “la imagen original de la Virgen” a la ermita “donde ha sido venerada desde hace más de mil años”, proponiendo ubicar en Torreciudad una “copia fiel” de la misma. En segundo lugar, la devolución de “la primitiva pila bautismal de la catedral de la Diócesis de Barbastro”, donde “fueron bautizados tantos mártires de nuestra diócesis”. También fue bautizado en ella el mismísimo Escrivá de Balaguer. ¿Dónde está esa pila en la actualidad? En la Casa General de la prelatura del Opus Dei en Roma. El órdago de Barbastro-Monzón concluye señalando que se trata de “una diócesis que no divide, sino que une; que no reclama, sino que ofrece; que no impone, sino que propone con amor lo que ha recibido como don”. Una jugada, tal vez la última, que ha descolocado al Opus y al Vaticano y que, quién sabe, pueda cambiar un destino, el de Torreciudad, que ya parecía encaminado. Medio siglo después, Torreciudad sigue dando de qué hablar.

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El Banco de España ha recortado la previsión de crecimiento del PIB (Producto interior bruto) en 2025 tres décimas, del 2,7% al 2,4%, por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos. El gobernador José Luis Escrivá ha adelantado este lunes en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados la actualización de las proyecciones de la institución monetaria. En 2024, España creció un 3,3%, aportando casi la mitad del avance del PIB de toda la zona del euro.

El Banco Central Europeo (BCE) estimó la semana pasada que los países que comparten moneda crecerán un 0,9% en un conjunto, desde el 0,8% del pasado ejercicio. Es decir, nuestro país seguirá liderando a sus principales socios en un contexto de “extraordinaria incertidumbre”, según ha recalcado José Luis Escrivá.

La proyección de inflación del Banco de España para este 2025 se modera al 2,4% en promedio en 2025, desde el 2,7% de 2024, mientras que en el conjunto de la zona del euro caerá algo más, hasta el 2%, según el BCE.

El menor ritmo de las subidas de precios es un alivio para el bolsillo de las familias, que, junto a los recortes de los tipos de interés oficiales y al despliegue del Plan de Recuperación, favorecen que el consumo y la inversión de las empresas sean los principales motores del PIB (como forma de medir a actividad), frente al frenazo del sector exterior.

Un aumento del gasto de los hogares “respaldado por un mercado laboral sólido, el aumento de los ingresos reales y la caída de la inflación”, según enumeró la semana pasada la OCDE, que también actualizó sus estimaciones y redujo la de nuestro país al mismo 2,4% de cara a este 2025.

El escenario “base” del nuevo ejercicio de previsiones que ha presentado el gobernador del Banco de España este lunes asume los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos previos al 2 de abril: 10% para las exportaciones desde la UE a Estados Unidos, sin represalias europeas; del 20% entre China y la primera potencia del mundo; y del 10% para las exportaciones del resto del mundo al país norteamericano.

Además, “los niveles de incertidumbre se reducen gradualmente desde los máximos actuales hasta situarse en los niveles de 2018 (primer mandato de Trump) al final del horizonte de proyección”, ha comentado José Luis Escrivá en su exposición en la comisión del Congreso. Por último, este escenario “base” asume un “impulso fiscal relacionado con el gasto en defensa e infraestructuras, sobre todo en Alemania”.

Un frenazo mayor si sigue escalando la guerra comercial

El gobernado del Banco de España ha planteado escenarios más pesimistas. “Algo que no es común, pero que va a ser habitual a partir de ahora”, según ha lamentado. Las previsiones “más adversas” asumen “represalias arancelarias cruzadas y una incertidumbre comercial prolongada”. En este escenario “adverso”, el crecimiento del PIB de nuestro país se reduce al 2% en este 2025, y también la inflación, al 2,1% de media en el año.

Esta visión pesimista de la guerra comercial desaceleraría el avance del PIB en España al 1,1% en 2026, desde el 1,8% estimado en el escenario “base”.

Lo cierto es que lo peor de las consecuencias de la guerra comercial estaría por llegar. Según aseguró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este fin de semana en una entrevista en elDiario.es, “no estamos viendo tampoco un impacto significativo en los flujos comerciales, más allá de algunas variaciones por acumulación de pedidos en marzo”.

“Es cierto que España parte de una posición relativamente ventajosa con respecto al resto de Estados miembros por una menor exposición directa, pero nos afecta de manera indirecta el impacto que tenga sobre los grandes de la zona euro, ya que también tiene un reflejo en nuestra economía. Aunque las estimaciones tengan alguna ligera variación, el impacto agregado sería limitado. Esto no quita que a nivel sectorial y a nivel empresarial hay que intentar evitar el daño”, explica Carlos Cuerpo.

“Pusimos en marcha una línea de avales, pero no estamos viendo una necesidad de las empresas de recurrir a esta financiación adicional por los aranceles”, añade el ministro de Economía. “Hay algunos desajustes que no se están traduciendo en un impacto directo en nuestras empresas. Estamos en un formato preventivo más que de absorción de un shock. ¿Durante cuánto tiempo vamos a estar en un escenario de negociación y cuál va a ser el resultado final de esa negociación? Lo que nos dicen las empresas es que esperan que al final acabemos en un punto de mayor nivel de aranceles que el que teníamos al inicio. Por eso vamos a apoyar su actividad en Estados Unidos, que consigan una mayor competitividad en este nuevo escenario frente a otros países. También para que busquen, a más largo plazo, otros mercados que puedan compensar una mayor fragmentación con respecto al mercado estadounidense”, continúa.

“Extraordinaria” incertidumbre

Este lunes, el gobernador José Luis Escrivá ha detallado que “la incertidumbre es el principal factor que está afectando a las empresas según la encuesta del Banco de España”. En este sondeo, un 30% de las compañías “declara estar afectada por los aranceles. El 80% de estas declara que la incertidumbre es un factor relevante”, ha incidido.

Entre los retos más relevantes que destaca la institución monetaria están en “las finanzas públicas, en el mercado de trabajo, en el mercado de la vivienda y en la productividad”.

Respecto a la primera cuestión, “España mantiene una de las ratios de deuda más elevadas del área del euro, lo que limita su margen de respuesta ante nuevos shocks y exige una estrategia fiscal creíble a medio plazo”. El Banco de España advierte de que el Plan fiscal y estructural de nuestro país no ofrece “transparencia sobre la metodología de elementos fundamentales del marco”. Además, según añade, “no incluye un detalle suficiente de las medidas presupuestarias que se han de adoptar para conseguir los objetivos, ni es posible deducir una previsión de ingresos y gastos con un horizonte de medio plazo, ni se explicitan los efectos en el crecimiento potencial de las diversas reformas e inversiones”.

Sobre el mercado laboral, “en un contexto de fuerte crecimiento del empleo y la población [principalmente por la llegada de inmigrantes], se debe actuar para mejorar la adecuación de las habilidades de las personas que buscan empleo con las demandadas por las empresas”, observa el Banco de España.

La vivienda “puede ser un cuello de botella para la economía”

Sobre el mercado de vivienda, la institución avisa de que “la escasez de stock de vivienda para hacer frente al elevado ritmo de creación de hogares se puede convertir en un cuello de botella para la economía”.

La presentación del gobernado del Banco de España recoge los principales factores recientes de oferta que mantienen la escasez de vivienda en nuestro país. Entre ellos, están “la escasez de suelo finalista, la falta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria y falta de inversión y, por último el incremento de la oferta destinada al alquiler de temporada”.

“Tras acumular un déficit de más de 400.000 viviendas en 2022-2024 [viviendas nuevas frente a hogares creados], las estimaciones provisionales para 2025, apuntan a un déficit adicional de unas 150.000 viviendas”, ha comentado José Luis Escrivá en el Congreso. “El 50% de este diferencial se concentra en Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga. Esta situación presiona al alza los precios de la vivienda”, ha finalizado.

“Yo meteré el menos ruido posible sobre pensiones”, dijo el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el miércoles pasado, tras presentar a la prensa el nuevo plan estratégico de la institución monetaria. El cambio de posición del regulador sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones —de muy crítica en la etapa del anterior gobernador a ceñirse a la última valoración técnica de la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal)— ha levantado un intenso debate estas semanas y fue una de las razones que precipitó la dimisión del director general de economía, Ángel Gavilán, después de publicar el primer informe anual del Banco de España con el ex ministro al frente, hace apenas 15 días.

José Luis Escrivá, que precisamente lideró la última reforma de las pensiones como ministro de la Seguridad Social, defendió que “el Banco de España no tiene capacidad de información ni técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones” al nivel de como lo ha hecho la AIReF, sobre la que la ley descarga la responsabilidad de la evaluación del sistema.

Desde 2018 hasta ahora, las recomendaciones del Banco de España han incidido en alargar la edad de jubilación, invertir en planes de pensiones privados, reducir el coste fiscal de estos productos financieros o en no revalorizar las pensiones públicas según el IPC (Índice de precios de consumo), pese a que así lo contempla la última reforma, desde 2021. Una batería de propuestas, casi siempre en el mismo sentido, que el Banco de España se ha esmerado en justificar con proyecciones de envejecimiento de la población, de aumento del gasto público respecto al PIB (Producto interior bruto) y de la deuda de nuestro país.

No es común que los bancos centrales nacionales de la zona del euro hagan recomendaciones a sus gobiernos en este tipo de materias. Un análisis de los informes anuales y de estabilidad financiera de los últimos años de los bancos centrales de los países con el gasto en pensiones más elevados de la zona del euro —según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea— demuestra que el Banco de España es el único que incluye en sus principales documentos referencias a la sostenibilidad del sistema público.

El estudio se ha realizado con dos inteligencias artificiales que han permitido bucear en las miles de páginas que abarca —más de 100 por cada informe, por 20 años—. Concretamente, ha analizado los informes anuales y de estabilidad financiera de los bancos centrales de Francia, Austria, Bélgica, Italia, Finlandia y Grecia, que son los países que tienen un gasto superior al promedio de la Unión Europea (UE).

Algunas conclusiones del estudio son que en 20 años de “relaciones anuales (2004–2023)” de la Banca d’Italia y de informes de estabilidad financiera, los economistas de este banco central no han dedicado ninguna sección ni párrafo a la sostenibilidad de las pensiones, ni a posibles reformas del sistema público italiano, cuyo gasto alcanzó el 16,1% del PIB en 2024, frente al 12,9% de España. Lo mismo ocurre con los informes de referencia de la Banque de France, que están dedicados a exponer la actividad de la institución en materia monetaria, de estabilidad financiera supervisión bancaria y de gestión de sus propios recursos, pero no contienen análisis ni comentarios sobre el sistema público de pensiones nacional, cuyo peso en el PIB del 14,4%. Esta es la norma en el resto de bancos centrales, en Finlandia, en Austria, en Grecia...

Referencia al informe “vinculante” de la AIReF

Según argumentó el gobernador José Luis Escrivá, “si la institución [española] en algún ámbito hace una aportación genuina, complementaria, la sacará. Pero cuando realmente ha salido unas semanas antes un informe de la Autoridad fiscal con ese nivel de detalle, con ese nivel de exhaustividad, hay que decir que ahí está lo que ha dicho la AIReF, y es lo que hace el [último] informe anual, recoger esa pieza completamente”. A finales de marzo, la Autoridad Fiscal concluyó que se cumple el gasto en pensiones, según el marco previsto y pactado con la Comisión Europea, por lo que no habrá que hacer ajustes adicionales, según se explica en esta información. Esta evaluación era vinculante para el Gobierno, mientras que ningún documento similar del Banco de España lo sería, puesto que su mandato se limita a “asesorar” a los ejecutivos en las políticas económicas y financieras.

Además, José Luis Escrivá defiende que “ningún banco central opina sobre distribución de renta, porque no tenemos legitimidad democrática”. Según añadió, “las decisiones sobre impuestos o cómo se redistribuye el gasto... Esto lo tiene que decidir el Parlamento y los gobiernos. Somos muy cuidadosos en eso”. En los últimos años, los del ex gobernador Pablo Hernández de Cos —nombrado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018 y que designo a Ángel Gavilán como director general de economía en 2022—, el Banco de España se ha posicionado en contra o ha cuestionado políticas y reformas como la de las pensiones, pero también la laboral, la subida del salario mínimo (SMI)... Unos años de anomalía comparativa con el resto de bancos centrales del Eurosistema marcados por el sesgo ideológico conservador del regulador financiero en nuestro país.

Más crítico con las reformas de los gobiernos progresistas

Ese sesgo conservador del Banco de España se puede detectar en el contenido de las recomendaciones sobre pensiones y en el tono según el color del gobierno de cada etapa. Hasta 2010, apenas había referencias a la sostenibilidad del sistema. A partir de ese momento, pasó a ser muy crítico, en los estertores de los ejecutivos del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena crisis financiera.

En cambio, las reformas de 2011 (PSOE) y 2013 (ya con gobierno del PP) recibieron un enfoque neutral de la institución monetaria, pese a que no se conseguían aplicar elementos básicos de la reforma de 2013, como el factor de revalorización y el de sostenibilidad.

En 2014, se crea la AIReF, pero los informes del Banco de España no hacen referencias a sus valoraciones sobre la reforma de pensiones de 2013. En 2018, algo antes de la formación del primer gobierno de Pedro Sánchez, los economistas del regulador se enfocan en “las tensiones demográficas”. Desde ese momento, el Banco de España adopta una posición muy crítica con la sostenibilidad de las pensiones que sobre todo enfatiza en 2022 y 2023, años en los que hace referencias mínimas a los estudios de la Autoridad fiscal.

Hasta el informe anual de este 2024 —presentado este 2025, el primero de José Luis Escrivá como gobernador—, en los últimos ejercicios, la institución monetaria asume parte de ese papel e incide en su “preocupación estructural”, por la urgencia de las presiones demográficas y la fragilidad de la sostenibilidad financiera. En 2023, refuerza la crítica con proyecciones y distintos escenarios.

En junio de 2022, en la presentación del informe anual en el Congreso de los Diputados, el ex gobernado Pablo Hernández de Cos pidió que las pensiones no se actualizaran ese año según el IPC (Índice de precios de consumo), justo en el peor momento de la reciente crisis de inflación y pese a estar establecido así en la reforma de 2021. Unos meses después, elDiario.es desveló los detalles del generoso fondo privado de pensiones del que disfrutan los trabajadores de la institución, que es una fórmula que el Banco de España ha incluido entre sus recomendaciones.

“El ahorro privado puede desempeñar un papel relevante como complemento de las prestaciones ofrecidas por el sistema público de reparto”, recoge su informe anual de 2021. “Un trabajo reciente del Banco de España sugiere que realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo puede ser un instrumento útil para generar nuevo ahorro destinado a la jubilación”, añade.

En 2020, el ex gobernador del regulador también criticó que en los Presupuestos se recogieran los incrementos del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. A pesar de la exigua subida, Pablo Hernández de Cos sostuvo que no consideraba adecuados estos incrementos en un contexto de “fragilidad de la economía”.

En el análisis comparativo con otros bancos centrales, fuera de los informes anuales y de estabilidad financiera, sí que se pueden encontrar documentos técnicos concretos sobre pensiones de la Banca d’Italia. En esos textos, se insiste en que los parámetros vigentes —edad de jubilación, fórmulas de cálculo, revalorizaciones... — no bastan para afrontar las proyecciones demográficas y fiscales, y se proponen líneas de reforma, como subir la edad de jubilación, ampliar la base contributiva, ajustes automáticos de coeficientes...

“Si hay alguien que está cualificado en España para hacer una reforma moderna y profunda, y reforzar la dirección de economía, soy yo”, ha afirmado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en rueda de prensa, haciendo referencia a su experiencia previa en el gran cerebro de la institución monetaria —el centro de análisis de referencia de la economía española— y en otras instituciones internacionales de primer nivel.

El ex ministro ha presentado este miércoles el nuevo plan estratégico del Banco de España, marcado por la polémica de la dimisión del director general de economía, Ángel Gavilán, la semana pasada, tras presentar el informe anual. José Luis Escrivá ha contestado con contundencia a las críticas sobre la ausencia de ciertas opiniones del regulador en dicho documento, que cada ejercicio realiza un análisis exhaustivo sobre la economía de nuestro país y de nuestro entorno, y que es el primero de su mandato, que comenzó en el otoño de 2024.

“Yo meteré el menos ruido posible sobre pensiones”, ha dicho el gobernador, tras ser preguntado por los periodistas por el cambio de posición del Banco de España respecto a la sostenibilidad del sistema, hasta ahora muy crítica y cuya última reforma fue impulsada por él mismo en su etapa como ministro de Seguridad Social.

En los últimos años, los del ex gobernador Pablo Hernández de Cos —nombrado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018—, el Banco de España se había posicionado en contra o había cuestionado políticas y reformas como la de las pensiones, la laboral, la subida del salario mínimo (SMI)... Este miércoles, el nuevo gobernador, José Luis Escrivá, ha defendido que la institución “no debe opinar sobre lo que no tiene evidencias”.

“Este año, el informe anual hace recomendaciones sobre los asuntos que se han trabajado. Por primera vez, se insiste en la calidad de la administraciones públicas”, ha comentado. El documento “señala que no se ha desplegado bien el Plan Fiscal Estructural, comprometido con la Comisión Europea”, ha proseguido, y “se ha hecho una lectura crítica sobre que muchas medidas [de este Plan] no están bien explicadas. Este era el tema de este año”, ha insistido.

Repreguntado por los periodistas sobre la opinión del Banco de España sobre la sostenibilidad de las pensiones, ha enfatizado: “Si la institución en algún ámbito hace una aportación genuina, complementaria, la sacará. Pero cuando realmente ha salido unas semanas antes un informe de la AIReF [Autoridad independiente de responsabilidad fiscal] con ese nivel de detalle, con ese nivel de exhaustividad, hay que decir que ahí está lo que ha dicho la AIReF, y es lo que hace el informe anual, recoger esa pieza completamente”.

A finales de marzo, la Autoridad Fiscal concluyó que se cumple el gasto en pensiones, según el marco previsto, por lo que no habrá que hacer ajustes adicionales, según se explica en esta información. Esta evaluación era vinculante para el Gobierno. “El Banco de España no tiene capacidad de información ni técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones” al nivel de como lo ha hecho la AIReF, ha admitido.

Además, José Luis Escrivá ha afirmado que “ningún banco central opina sobre distribución renta, porque no tenemos legitimidad democrática”. Según ha añadido, “las decisiones sobre impuestos o cómo se redistribuye el gasto... Esto lo tiene que decidir el Parlamento y los gobiernos. Somos muy cuidadosos en eso”.

Polémica por la dimisión de Ángel Gavilán

El director general de economía y estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, dimitió el pasado miércoles, tras presentar el primer informe anual del mandato de José Luis Escrivá en la institución monetaria, lo que levantó inmediatamente la polémica sobre su marcha. Fuentes del propio regulador confirmaron desde el primer momento que el consejo de gobierno “no apoyó un informe tan prescriptivo como el de otros años”.

Ángel Gavilán fue nombrado director general en 2022 por el anterior gobernador del regulador, Pablo Hernández de Cos y ha permanecido ocho meses en el cargo tras el nombramiento del ex ministro, en septiembre de 2024.

Su antecesor en la dirección general de economía, Óscar Arce, saltó a economista jefe del Banco Central Europeo (BCE). De momento, Ángel Gavilán se mantendrá en el cargo hasta el 12 de junio, después de precisamente trasladar la actualización de las proyecciones del Banco de España al equipo de economistas del BCE, que presentará su nuevo cuadro macroeconómico tras la reunión de su Consejo de Gobierno del 5 de junio, cuando podría decidir otra bajada de los tipos de interés oficiales en la eurozona ante la moderación de la inflación y la amenaza para el crecimiento económico que supone la guerra comercial.

El director de economía es el acompañante del gobernador en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, que en junio abordará un “intenso debate” sobre el camino que debe seguir la política monetaria ante los aranceles. De hecho, según ha aclarado José Luis Escrivá, su salida había sido pactada directamente con él para que se produjera un día después de haber presentado el informe anual del Banco de España, correspondiente al año 2024. Según el gobernador, este ajuste de los tiempos era lógico, ya que suponía terminar un ciclo, al presentar un informe anual que ha pasado un proceso “intenso” de reenfoque como resultado de la política comercial de Estados Unidos.

Desde entonces, el núcleo duro de Pablo Hernández de Cos, Ángel Gavilán junto su segundo, el director general adjunto Carlos Thomas, quedará disuelto. Este último ha sido trasladado, con el mismo cargo, a la dirección de estabilidad financiera.

Según pudo saber elDiario.es la semana pasada, efectivamente, el detonante para la dimisión de Ángel Gavilán fue el rechazo en primera instancia del informe anual que debe aprobar el consejo del Banco de España. Un órgano que en los últimos meses se ha renovado casi al completo, desde el gobernador, pasando por la subgobernadora, a otros consejeros, que en su mayoría rechazaron las injerencias del equipo del director de economía en cuestiones como la condonación de deuda a las comunidades autónomas, las pensiones o un informe sobre competencia en nuestro país que consideraron mal enfocado. “Le pidieron que lo rehiciera”, trasladan fuentes conocedoras.

Este mismo lunes, en otro comunicado, el consejo de gobierno del Banco de España ha incidido en que el borrador rechazado del informe anual “no recogía un análisis suficientemente detallado de las consecuencias de las decisiones que el gobierno de Estados Unidos estaba adoptando, así como de sus posibles efectos en la economía internacional y española”.

“Dado el consenso sobre la importancia de recoger con suficiente detalle y análisis los últimos acontecimientos de relevancia económica que están generando un entorno de incertidumbre sin precedentes, se decidió retrasar la fecha de publicación del informe anual de 2024, inicialmente prevista para el 28 de abril. Finalmente, se publicó el pasado 20 de mayo”, continúa el consejo de gobierno.

La comisión ejecutiva del Banco de España ha decidido este lunes reestructurar sus principales áreas tras la dimisión del director general de economía y estadística, Ángel Gavilán, la semana pasada, justo un día después de la presentación del informe anual de la institución. El primero del gobernador José Luis Escrivá.

Ángel Gavilán permanecerá en su puesto hasta el 12 de junio. Para sustituirlo, el Banco de España ha abierto un proceso de elección con el formato de “expresión de interés”. Esta fórmula permite que cualquier profesional que cumpla el perfil requerido pueda presentar su candidatura. El plazo estará abierto hasta el viernes 13 de junio.

El segundo de Ángel Gavilán hasta ahora, Carlos Thomas, también abandona la dirección de economía, aunque en su caso por decisión de la comisión ejecutiva del Banco de España. Carlos Thomas mantendrá el cargo de director general adjunto, pero a partir de ahora lo hará en la dirección de estabilidad financiera, regulación y resolución de la institución, según queda reflejado en este organigrama oficial.

La comisión ejecutiva ha decidido un cambio de cromos, porque el director general adjunto hasta este momento de estabilidad financiera, Galo Nuño, ocupa el puesto que deja vacante Carlos Thomas.

Además, el consejo de gobierno del Banco de España ha aprobado, en la sesión celebrada este lunes, “el nuevo plan estratégico, que guiará la transformación de la institución hasta el año 2030. Dicho plan, cuyo marco general ya fue aprobado por el máximo órgano rector el pasado mes de diciembre, se asienta sobre cuatro pilares: transformación cultural y organizativa, tecnología, talento y transparencia”.

“El detalle del plan estratégico se divulgará el próximo miércoles en una reunión que el gobernador mantendrá con la plantilla y también en una convocatoria para prensa que se remitirá próximamente”, continúa el Banco de España, en un comunicado publicado este mismo lunes.

Polémica por la dimisión de Ángel Gavilán

El director general de economía y estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, dimitió el pasado miércoles, tras presentar el primer informe anual del mandato de José Luis Escrivá en la institución monetaria, lo que levantó inmediatamente la polémica sobre su marcha.

Fuentes del propio regulador confirman que el consejo “no apoyó un informe tan prescriptivo como el de otros años”. Ese documento hace una radiografía exhaustiva de la economía española, y en los últimos ejercicios se había posicionado en contra o había cuestionado políticas y reformas como la laboral, la de las pensiones, la subida del salario mínimo (SMI)...

Ángel Gavilán fue nombrado director general en 2022 por el anterior gobernador del regulador, Pablo Hernández de Cos —designado a su vez por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018— y ha permanecido ocho meses en el cargo tras el nombramiento del ex ministro, en septiembre de 2024.

Su antecesor en la dirección general de economía, Óscar Arce, saltó a economista jefe del Banco Central Europeo (BCE). De momento, Ángel Gavilán se mantendrá en el cargo hasta el 12 de junio, después de precisamente trasladar la actualización de las proyecciones del Banco de España al equipo de economistas del BCE, que presentará su nuevo cuadro macroeconómico tras la reunión de su Consejo de Gobierno del 5 de junio, cuando podría decidir otra bajada de los tipos de interés oficiales en la eurozona ante la moderación de la inflación y la amenaza para el crecimiento económico que supone la guerra comercial.

El director de economía es el acompañante del gobernador en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, que en junio abordará un “intenso debate” sobre el camino que debe seguir la política monetaria ante los aranceles. De hecho, según ha aclarado José Luis Escrivá, su salida había sido pactada directamente con él para que se produjera un día después de haber presentado el informe anual del Banco de España, correspondiente al año 2024. Según el gobernador, este ajuste de los tiempos era lógico, ya que suponía terminar un ciclo, al presentar un informe anual que ha pasado un proceso “intenso” de reenfoque como resultado de la política comercial de Estados Unidos.

Desde entonces, el núcleo duro de Pablo Hernández de Cos, Ángel Gavilán junto a Carlos Thomas, quedará disuelto. Según pudo saber elDiario.es la semana pasada, efectivamente, el detonante para la dimisión de Ángel Gavilán fue el rechazo en primera instancia del informe anual que debe aprobar el consejo del Banco de España. Un órgano que en los últimos meses se ha renovado casi al completo, desde el gobernador, pasando por la subgobernadora, a otros consejeros, que en su mayoría rechazaron las injerencias del equipo del director de economía en cuestiones como la condonación de deuda a las comunidades autónomas, las pensiones o un informe sobre competencia en nuestro país que consideraron mal enfocado. “Le pidieron que lo rehiciera”, trasladan fuentes conocedoras.

Este mismo lunes, en otro comunicado, el consejo de gobierno del Banco de España ha incidido en que el borrador rechazado del informe anual “no recogía un análisis suficientemente detallado de las consecuencias de las decisiones que el gobierno de Estados Unidos estaba adoptando, así como de sus posibles efectos en la economía internacional y española”.

“Dado el consenso sobre la importancia de recoger con suficiente detalle y análisis los últimos acontecimientos de relevancia económica que están generando un entorno de incertidumbre sin precedentes, se decidió retrasar la fecha de publicación del informe anual de 2024, inicialmente prevista para el 28 de abril. Finalmente, se publicó el pasado 20 de mayo”, continúa el consejo de gobierno.

Antes que Ángel Gavilán, ya habían abandonado sus puestos otros directores generales de la etapa de Pablo Hernández de Cos, como el director de servicios y personal, Alejandro Álvarez, encargado de la política interna, y el director de estabilidad financiera, Ángel Estrada. Otro altos cargos siguen, como la directora de supervisión bancaria, Mercedes Olano, y el director de conducta financiera y billetes, Alberto Ríos.

El director general de economía y estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, dimitió este miércoles, justo un día después de presentar el primer informe anual del mandato de José Luis Escrivá en la institución monetaria, lo que ha levantado la polémica sobre su marcha. Fuentes del propio regulador confirman que el consejo “no apoyó un informe tan prescriptivo como el de otros años”. Ese documento hace una radiografía exhaustiva de la economía española, y en los últimos ejercicios se había posicionado en contra o había cuestionado políticas y reformas como la laboral, la de las pensiones, la subida del salario mínimo (SMI)...

Ángel Gavilán fue nombrado director general en 2022 por el anterior gobernador del regulador, Pablo Hernández de Cos —desginando a su vez por el Gobierno del PP de Mariano en 2018— y ha permanecido ocho meses en el cargo tras el nombramiento del ex ministro, en septiembre de 2024. José Luis Escrivá ha explicado que le había informado con aproximadamente un mes y medio de antelación su intención de dejar su cargo en la entidad, con el motivo de que veía su etapa de alta responsabilidad “agotada” y que quería “nuevos retos” fuera.

Su antecesor en la dirección general de economía, Óscar Arce, saltó a economista jefe del Banco Central Europeo (BCE). De momento, Ángel Gavilán se mantendrá en el cargo hasta el 12 de junio, después de precisamente trasladar la actualización de las proyecciones del Banco de España al equipo de economistas del BCE, que presentará su nuevo cuadro macroeconómico tras la reunión de su Consejo de Gobierno del 5 de junio, cuando podría decidir otra bajada de los tipos de interés oficiales en la eurozona ante la moderación de la inflación y la amenaza para el crecimiento económico que supone la guerra comercial.

El director de economía es el acompañante del gobernador en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, que en junio abordará un “intenso debate” sobre el camino que debe seguir la política monetaria ante los aranceles. De hecho, según ha aclarado José Luis Escrivá, su salida había sido pactada directamente con él para que se produjera un día después de haber presentado el informe anual del Banco de España, correspondiente al año 2024. Según el gobernador, este ajuste de los tiempos era lógico, ya que suponía terminar un ciclo, al presentar un informe anual que ha pasado un proceso “intenso” de reenfoque como resultado de la política comercial de Estados Unidos.

Según ha podido sabe elDiario.es, efectivamente, el detonante para la dimisión de Ángel Gavilán fue el rechazo en primera instancia del informe anual que debe aprobar el consejo del Banco de España. Un órgano que en las últimos meses se ha renovado casi al completo, desde el gobernador, pasando por la subgobernadora, a otros consejeros, que en su mayoría rechazaron las injerencias del equipo del director de economía en cuestiones como la condonación de deuda a las comunidades autónomas, las pensiones o un informe sobre competencia en nuestro país que consideraron mal enfocado. “Le pidieron que lo rehiciera”, trasladan fuentes conocedoras.

Antes que Ángel Gavilán, ya habían abandonado sus puestos otros directores generales de la etapa de Pablo Hernández de Cos, como el director de servicios y personal, Alejandro Álvarez, encargado de la política interna, y el director de estabilidad financiera, Ángel Estrada. Otro altos cargos siguen, como la directora de supervisión bancaria, Mercedes Olano, y el director de conducta financiera y billetes, Alberto Ríos.

El actual gobernador enmarca dentro de la normalidad la salida del director general de economía. “Todos los consejeros del banco pueden dar fe de ello”, explicó José Luis Escrivá este miércoles, tras destacar que Ángel Gavilán es una persona apreciada dentro de la entidad por el trabajo y el esfuerzo realizados durante los últimos seis años.

Al igual que sucedió con Ángel Estrada, el Banco de España ha abierto el proceso para sustituir a Ángel Gavilán bajo el formato de “expresión de interés”. La fórmula permite que cualquier profesional que cumpla el perfil requerido pueda presentar su candidatura. El plazo estará abierto hasta el viernes 13 de junio.

Escrivá ha calificado como “relevante” que por primera vez no será el gobernador quien escoja al director general de economía, sino que se abre un proceso para atraer a los mejores economistas, con un panel de selección que cuenta con tres destacados expertos. “Yo ya inicié este proceso con la Dirección General de Estabilidad Financiera y mi compromiso es que mejora la calidad institucional del banco si los puestos del máximo nivel se acceden por procesos abiertos, reglados y con paneles externos”, subraya el gobernador.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, prevé un golpe de la guerra comercial de menos de un punto porcentual en el crecimiento económico de España en los próximos tres años, en acumulado. Es decir, un daño de apenas dos o tres décimas por ejercicio, de aquí a 2028, principalmente por los efectos financieros y de la incertidumbre general, más que por el impacto de los aranceles en nuestras exportaciones.

El modelo de estimaciones usado por Escrivá en el marco de una conferencia sobre “riesgos globales” organizada por Banco Nacional Suizo, el Banco de Pagos Internacionales y la Reserva Federal proyecta que el mayor damnificado de la guerra comercial será Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha sido precisamente su principal impulsor. El daño que sufrirá el PIB de la primera economía del mundo será de cerca de dos puntos porcentuales en los próximos tres años.

Entre los grandes bloques económicos, el siguiente daño más acusado será para China, de alrededor de un punto porcentual, según las mismas previsiones, presentadas por el gobernador del Banco de España. Este ejercicio de proyecciones parte de “un escenario base” con un arancel global del 10% a las exportaciones a Estados Unidos para todos los bienes, excepto para la energía, quería sería mayor para las economías con las que la potencia norteamericana tiene un mayor déficit comercial, como son la Unión Europea (20%), China (54%), Japón (24%) y el sudeste asiático (50% aproximadamente).

Este “escenario base” está sujeto a una absoluta incertidumbre, vistos los vaivenes de Donald Trump, y reduciría algunas décimas la inflación en la eurozona y en España, que se espera que se modere al 2% o por debajo, tanto por la caída de los precios de la energía por el frenazo global del crecimiento, como por la apreciación del euro, que abarata las importaciones en dólares, aunque también agrava las barreras comerciales que suponen los mayores costes de las exportaciones a Estado Unidos por los aranceles.

Las amenazas, las prórrogas y las agresivas negociaciones del presidente de Estados Unidos mantienen en vilo a las empresas exportadoras de prácticamente todo el mundo, mientras que están provocando una gran volatilidad en los mercados financieros. Esta incertidumbre y su impacto en las bolsas, en los costes de financiación y en las divisas son el principal daño a la actividad económica, porque paraliza las decisiones de inversión y condiciona el comercio internacional.

Este fin de semana, la representante de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, apuntó en otro discurso que “la escala y el alcance de los aranceles, la magnitud de las represalias y la forma en que los mercados financieros responderán a estos acontecimientos siguen siendo muy inciertos”.

Según opina esta economista del BCE, “las negociaciones en curso son una señal de que aún se pueden alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. Un resultado ideal, el acuerdo arancelario de ”cero por cero“ que defiende la Comisión Europea, podría incluso impulsar el crecimiento y el empleo en ambas orillas del Atlántico”.

“La desviación del comercio puede beneficiar a las exportaciones europeas”

En un nuevo mundo con barreras comerciales, Isabel Schnabel recuerda “que los productos que están más diferenciados tienden a ser relativamente inelásticos en términos de precio, ya que son más difíciles de sustituir. Esto tiene gran relevancia para la eurozona, donde la mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos se compone de productos farmacéuticos, maquinaria, vehículos y productos químicos”.

Según prosigue la alemana, “estos bienes suelen estar muy diferenciados. Por ejemplo, el suministro de maquinaria para la producción de semiconductores está prácticamente monopolizado por una empresa neerlandesa. De igual manera, en Estados Unidos la mayor parte de los billetes se imprimen con maquinaria de un solo fabricante alemán. Estas y otras máquinas no son fáciles de reemplazar en el corto plazo, lo que da a los exportadores de la zona del euro la capacidad de trasladar los costos más altos a los importadores extranjeros y limitar el impacto en la demanda externa”.

“Además, la desviación del comercio puede beneficiar a las exportaciones europeas. Si se mantienen los aranceles prohibitivos sobre las importaciones chinas, aumentarán considerablemente la competitividad de precios de la eurozona en el mercado estadounidense. Cabe esperar que esto estimule la demanda de bienes de la eurozona si no existen alternativas en Estados Unidos, especialmente considerando que el número de industrias en las que tanto las empresas chinas como las de la eurozona tienen ventajas comparativas ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas”, añade.

“Una nueva investigación corrobora esta visión. El estudio concluye que la zona del euro tiene más posibilidades de ganar en términos relativos en una guerra comercial global, ya que sus exportaciones netas al mundo aumentarán en lugar de disminuir a medida que la demanda global se reasigna a través de la red global, compensando el impacto en el consumo interno. En otras palabras, mientras los aranceles no sean prohibitivos para el comercio y la incertidumbre que paraliza la actividad se disipe, la demanda externa agregada de la zona del euro puede resultar relativamente resiliente ante una variedad de posibles resultados arancelarios”, concluye Isabel Schnabel.

España lidera las previsiones de las principales economías

En este contexto, a cierre de abril, el Gobierno decidió mantener la proyección de crecimiento del 2,6% en 2025 incluso con el daño de la DANA, del apagón y de los aranceles. “El dinamismo de la economía permite mantener nuestras previsiones” de avance del PIB (Producto interior bruto) “a pesar de la incertidumbre global” y “a pesar de la desaceleración de nuestros principales socios”, según defendió el ministro Carlos Cuerpo.

El nuevo cuadro macroeconómico del Ejecutivo resta una décima al crecimiento de la actividad “por la guerra comercial” escalada por la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, pero suma otra por la fortaleza del consumo privado (de las familias) gracias a la creación de puestos de trabajo y al aumento del poder adquisitivo por la moderación de la inflación y las subidas salariales, así como por las bajadas de los tipos de interés del BCE y, por tanto, del Euríbor.

La proyección del 2,6% de avance del PIB en el conjunto del año supera ligeramente la última actualización del FMI, también reciente, y confirma el liderazgo de nuestro entre las grandes economías desarrolladas, como viene ocurriendo desde 2021.

También en las últimas semanas, el INE avanzó que el PIB de España creció el primer trimestre un 0,6% respecto al último trimestre de 2024, principalmente gracias a la fortaleza del consumo de las familias y al repunte de la inversión de las empresas. Es decir, gracias a la demanda interna o nacional, en pleno estallido de la guerra comercial.

El crecimiento interanual entre enero y marzo (frente al mismo periodo de 2024) fue del 2,8%. El sector exterior restó cuatro décimas a este avance del PIB, según los datos de la Contabilidad Nacional avanzados por el INE, justo después del histórico apagón en la Península Ibérica, que se dejará notar en las cifras del segundo trimestre.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha avanzado en una entrevista en televisión que el Banco de España recortará la previsión de crecimiento de nuestro país por la guerra comercial.

Escrivá ha dicho que “lo lógico es que revisemos a la baja [la proyección del 2,7% de avance del PIB actual en 2025] y lo que no puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, es cuánto”.

No obstante, según ha añadido, cualquier revisión de las estimaciones “estará sometida a unos elementos de incertidumbre muy grandes”, pues “hay elementos sobre los que realmente no se tienen instrumentos analíticos suficientemente potentes para poder aquilatarlos”.

Escrivá ha asegurado que la institución está “monitorizando de forma muy estrecha y directa” la situación, que ha definido como “de una extraordinaria complejidad desde el punto de vista económico y geopolítico”.

“Sabemos que lo que está ocurriendo tiene el potencial de generar efectos muy negativos sobre la actividad económica en el mundo de una forma muy asimétrica, pero también es verdad que todavía no tenemos elementos precisos de cómo se va a materializar y hasta qué punto y con qué secuencia temporal”, ha asegurado.

Escrivá ha afirmado que esta “perturbación de oferta” que ha generado Trump con sus políticas es “muy dura” y tiene “el potencial de generar caídas fuertes de actividad económica o desaceleración en aquellas economías”, como la española, que está creciendo a niveles “relativamente altos”.

Riesgo de subidas de precios

“Pero yo no hablaría de recesión en ningún caso, pero sí de que esto va a tener algún impacto sobre la actividad económica”, ha señalado Escrivá, que también ha indicado que las medidas de contrapeso que se están ejerciendo para contrarrestar a Trump “tienen el efecto de subir los precios”.

De momento, los socios de la UE votan este miércoles el primer paquete de aranceles en respuesta a la tasa del 25% al aluminio y el acero, que entrarán en vigor en tres fases. Mientras, Bruselas prepara un segundo golpe para contestar al 'Día de la Liberación' de Estados Unidos, pero mantiene la mano tendida a la negociación. Tras varias semanas de negociación dentro del bloque comunitario, la Comisión Europea ha perfilado el listado de los centenares de productos estadounidenses que tendrán un arancel del 25% (para un puñado de ellos será del 10%).

“Estos son los elementos más evidentes, pero hay elementos más difíciles de captar que pueden hacer la situación más compleja. Por una parte, no solamente se produce una subida arancelaria, sino que lo que puede estar en cuestión es el funcionamiento de las cadenas de valor y de las cadenas de suministros con las que se ha internacionalizado la producción mundial y esto puede generar segmentaciones en el comercio y disrupciones”, ha subrayado.

Este efecto adicional negativo sobre la actividad económica mundial vendría en un segundo momento y es difícil de valorar, según Escrivá, que ha añadido que más allá de los efectos directos que genera esta situación, también hay un efecto confianza.

“Cuando los mercados y el sentimiento de los consumidores y los inversores se ve afectado por situaciones tan disruptivas, existe el potencial de que se retraigan las decisiones de gasto. Y esto puede ocurrir también con cierto retraso. Todo esto nos dificulta mucho poder poner números a cuál es el impacto que está teniendo esta situación o va a tener tanto sobre la actividad económica como sobre la inflación”, ha remarcado.

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al real decreto con las medidas que anunció la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya han provocado un seísmo en los mercados de todo el mundo y que amenaza a sectores muy concretos de la economía española. Según cifras del Ejecutivo, el plan alcanza la cifra de los 14.100 millones de euros en ayudas, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes.

Escudo en España a las empresas y trabajadores afectados

Según explicó el ministro de Economía, los desplomes en las bolsas de los últimos días son la primera prueba del error que supone el proteccionismo. “Por eso, lanzamos un mensaje de reacción. Siendo el primer país que ha puesto una red de protección para sectores, empresas y trabajadores afectados” por la guerra comercial. Aunque también admitió que todavía es complicado estimar el impacto en el PIB (en la actividad), porque existen muchas incertidumbres sobre la duración de los aranceles, la respuesta conjunta de la UE...

Eso sí, Carlos Cuerpo advirtió de que los aranceles anunciados afectan al 80% de las exportaciones de España a Estados Unido, que es el impacto directo, al que hay que añadir el impacto indirecto por el daño que sufran otros socios y los cambios que se produzcan en las cadenas de valor globales.

Oficialmente, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial busca “ofrecer una red de seguridad e impulsar la transformación industrial y la internacionalización de nuestras empresas”.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha avisado de un contexto “extremadamente” incierto para la economía principalmente por la guerra comercial escalada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde un punto de vista optimista, Escrivá considera que es una oportunidad para impulsar “la construcción europea”, incluso para promover un “acercamiento a Reino Unido”.

En un discurso en la 'Cátedra de la Fundación La Caixa', el gobernador y exministro ha dicho que la incertidumbre actual es mucho más difusa que nunca, y que “la prescripción es ser cauteloso y reunir información”.

El gobernador ha utilizado el índice de incertidumbre de la política económica mundial, que elabora el grupo de académicos Economic Policy Uncertainty (EPU) y que está en máximos desde que se calcula. Este indicador le ha servido para destacar que las dudas para “los decisores” superan actualmente las que hubo “en la pandemia, o tras el 11-S”. Este índice EPU toma el pulso de la prensa de 21 países, entre ellos España, junto al resto de grandes economías. Es decir, refleja los titulares de dudas y riesgos que se han extendido por los principales periódicos generalistas y económicos de todo el mundo.

Además de la incertidumbre arancelaria, Escrivá ha enumerado otras amenazas, como las que provienen de la política cambiaria —por el efecto de las divisas sobre los propios aranceles, como se explica en esta información—; como las regulatorias —por la patada al tablero comercial y geopolítico de Donald Trump—, y, por último, como las que tienen que ver con la seguridad europea.

Respecto a los planes de aumento de la inversión planteados desde Alemania y el conjunto de la Unión Europea (UE) para responder a este riesgo, el gobernador considera que implica una nueva era para la política fiscal, que va a ser más expansiva. Por ejemplo, según ha proyectado, podría disparar la ratio de deuda frente al PIB de Alemania del 60% al 100%.

Ante esta nueva realidad, Escrivá ha asegurado que se va a producir “un replanteamiento de las reglas fiscales de la UE ante los retos de inversión futuros”, junto a “una simplificación regulatoria” comunitaria y una aceleración del proyecto del euro digital.

En este escenario, el gobernador del Banco de España ha resaltado la posición privilegiada de nuestro país, y del diferencial de crecimiento económico de los últimos años y que se mantiene para este ejercicio. Eso sí, ha recordado que las previsiones actualmente están totalmente sujetas a la incertidumbre que ha comentado en el arranque de su discurso.

Entre las fortalezas de España, Escrivá ha incidido en el positivo comportamiento del mercado laboral. Además, en un contexto de intensificación de los flujos migratorios, “se aprecia un mayor aumento del nivel educativo medio de los inmigrantes en España”, ha comentado.

Otro factor clave, según el gobernador, es que España tiene “menores precios energéticos”, gracias a las inversiones en energías renovables. También ha insistido en uno de los grandes cambios estructurales de nuestra economía, el crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos, por el auge de las ramas de información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas o la educación.

Por supuesto, el 'boom' del turismo tras la pandemia ha sido y es otra de las grandes ventajas económicas de España. “Las preferencias del consumo parece haberse orientado hacia servicios más que a bienes, lo que ha redundado en un aumento del turismo en países mediterráneos”, ha observado.

Por último, “la economía española estaría menos expuesta a los riesgos arancelarios, por su menor exposición a Estados Unidos, y una balanza comercial cerca del equilibrio”. Entre los retos que hay que “corregir”, el problema de la vivienda es uno de los más urgentes, porque puede suponer “un cuello de botella para el mercado laboral”, según ha concluido.

Lagarde advierte del riesgo de estancamiento de la eurozona

La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, avisó de que los aranceles de Estados Unidos arrastrarán a la economía de la eurozona al estancamiento.

Ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Lagarde señaló que la guerra comercial “está en evolución, y cualquier estimación está sujeta a una considerable incertidumbre”. Aunque se atrevió a afirmar que “el análisis del BCE sugiere que un arancel estadounidense del 25% sobre las importaciones procedentes de la UE reduciría el crecimiento [del PIB] de la eurozona en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales durante el primer año”.

Además, según añadió, “una respuesta europea consistente en aumentar los aranceles sobre las importaciones estadounidenses incrementaría aún más esta cifra, hasta aproximadamente medio punto porcentual”. La previsión de avance del PIB (Producto Interior Bruto) del conjunto de los socios del euro es actualmente de un exiguo 0,9%, tras el recorte de dos décimas a principios de marzo desde la expectativa anterior del 1,1%.

“La mayor parte del impacto sobre el crecimiento económico se concentraría alrededor del primer año tras la subida de los aranceles; posteriormente, disminuiría con el tiempo, dejando, no obstante, un efecto negativo persistente sobre el nivel de producción”, explicó la presidenta del BCE.

“Permítanme recalcar nuevamente que estas estimaciones están sujetas a una incertidumbre muy alta, dado que el impacto de los aumentos arancelarios puede ser no lineal, por ejemplo, debido a una reconfiguración significativa de las cadenas de suministro globales. Por supuesto, el alto nivel de incertidumbre política nos obliga a mantenernos alerta y preparados para actuar y proteger la estabilidad de precios”, prosiguió.

El Banco Central Europeo (BCE) renunció a un recorte de los tipos de interés de medio punto de golpe en diciembre para no dar una visión de la economía “peor de lo que realmente es”. Las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno de la institución monetaria, en la que decidió la cuarta bajada del 'precio' oficial del dinero de 0,25 puntos, hasta el 3%, recogen que algunos gobernadores pidieron un recorte mayor.

“Algunos miembros del [Consejo de Gobierno] señalaron que estaba justificado un recorte de 0,5 puntos de los tipos de interés en la reunión actual [la de diciembre] y favorecieron que se estudiara más la posibilidad de una bajada más amplia”, recogen las actas del BCE, publicadas este jueves.

“Esos miembros destacaron el deterioro de las perspectivas económicas de la eurozona a lo largo de los sucesivos ejercicios de proyección y subrayaron que los riesgos para el crecimiento –en medio de muchas incertidumbres políticas mundiales y nacionales– son a la baja”, continúa este documento.

El Consejo de Gobierno lo conforman los gobernadores de los bancos centrales de cada uno de los socios del euro y los miembros del comité ejecutivo, que preside Christine Lagarde, en el que es vicepresidente Luis de Guindos y en el que participan también el economista jefe y otros vocales, como la alemana y principal referente de los 'halcones' (los más ortodoxos), Isabel Schnabel.

“Un recorte más amplio de los tipos de interés proporcionaría un seguro contra los riesgos a la baja para el crecimiento”, incidieron en diciembre “algunos miembros” de este Consejo de Gobierno, según las mismas actas. “Además, si la economía no se recuperara, aumentaría el riesgo de que la inflación no alcanzara el objetivo [teóricamente el 2%], lo que sugeriría que la política monetaria podría volverse demasiado restrictiva, con los tipos de interés todavía a cierta distancia de un nivel neutral”, prosiguen estas voces, aunque el documento no desvela de quiénes son exactamente.

Finalmente, el Consejo de Gobierno consensuó “que un recorte de 0,5 puntos podría percibirse como una visión del BCE más negativa del estado de la economía de lo que realmente es”.

Un nuevo recorte al final de enero

Las actas de la última reunión del BCE también incluyen que, en el actual contexto de estancamiento de la actividad económica en la eurozona –con la excepción positiva de España–, el debate de diciembre “implicaba un nuevo recorte de los tipos de interés en enero [la próxima decisión es el día 30 de este mes]”.

De hecho, solo cuatro días después del último recorte de los tipos oficiales, el lunes 16 de diciembre, en un discurso en Lituania, la presidenta del BCE, Lagarde, recordó que la hoja de ruta es “seguir bajando los tipos de interés”.

Según han confirmado fuentes conocedoras a elDiario.es, de cara al año que ahora comienza, en el calendario del organismo hay cuatro recortes más del precio oficial del dinero de un cuarto de punto cada uno en los próximos meses, hasta dejarlos en el 2%.

Lo que no es seguro es si este es el suelo para este ciclo de alivio de las condiciones de financiación tras las fuertes subidas aprobadas para contener la sangría inflacionista que provocó la invasión de Ucrania. Hay dudas sobre si ese suelo estará más abajo. Y ahí es donde entra el debate sobre “el tipo de interés neutral”, la piedra filosofal de la política monetaria, según se explica en este reportaje.

De esta manera, el BCE sigue mejorando las condiciones de financiación “oficiales”, que se trasladan automáticamente al Euríbor, y por tanto suponen un abaratamiento de las hipotecas y de los préstamos en general, insuflando oxígeno a la actividad económica. Es decir, la institución sigue revirtiendo la austeridad monetaria que comenzó a ejecutar en 2022 para, precisamente, asfixiar la demanda y luchar así contra la inflación.

El ciclo de subidas de los tipos de interés comenzó en el -0,5% para la tasa de referencia y alcanzó el 4% en el otoño de 2023, donde se mantuvo hasta que el BCE empezó a dar marcha atrás antes del verano de este 2024, ante la evidencia de que las subidas de precios se habían moderado pasados los shocks de la crisis energética y de los cuellos de botella en el comercio mundial por la salida de la pandemia.

Desde entonces, la preocupación del Consejo de Gobierno de la institución ha ido virando desde la inflación, su principal mandato, al estancamiento de la economía del conjunto de la eurozona, principalmente por el frenazo de las dos principales economías de la UE.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha adelantado en su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que va a lanzar un nuevo plan estratégico para el periodo comprendido entre 2025 y 2030.

Este supondrá una transformación organizativa de la institución que ahora se está trabajando “internamente” y supondrá “reforzar áreas”, como la tecnológica. En este momento, ha señalado Escrivá, se están definiendo los objetivos para “tenerlo terminado en primavera”. La base, ha asegurado, que sea “transformador, transversal y transparente”.

Y parte de él pasa por ampliar la plantilla del supervisor. “Hemos comprobado, ya lo sabíamos, que el Banco tiene una dotación de recursos humanos muy justa”, ha indicado. 

El Banco de España “tiene el 12% del capital del Eurosistema, que tiene que ver con PIB y con la población”, pero “no tenemos más del 5% de los empleados”. “Eso quiere decir que, aunque tenemos excelentes empleados, están a veces muy estresados y tienen muchas dificultades para ir a la par del resto de bancos centrales que tienen muchos más recursos humanos sobre todo en el ámbito tecnológico”, ha justificado.

“Somos un banco muy eficiente, pero eso no significa que seamos tan eficaces en todas las funciones”, ha concluido Escrivá durante su comparecencia.

En la presentación con la que ha acompañado su intervención, el Banco de España desglosa que tiene una plantilla de 3.473 personas, frente a las 6.968 del Banco de Italia o las 10.255 del Bundesbank.

Escrivá no ha concretado cuántas contrataciones habrá, pero en esa presentación sí se refleja que “el número de personas” que trabajan en el Banco “es muy inferior al de cualquier otro banco central comparable del Eurosistema”. 

También, que para las contrataciones se impulsarán “procesos de selección regulares, predecibles y con mayor número de posiciones y reduciremos nuestra tasa de temporalidad” que sitúa en el 14%. También que “se pondrá el foco en reforzar los perfiles tecnológicos para fomentar la innovación y el uso de datos: el Banco de España pesa un 12% en el capital del BCE, pero solo tiene el 5% de los recursos Bundesbank tecnológicos”.

Defensa de la independencia

El gobernador del Banco de España ha ido desglosando durante su intervención cuáles son las funciones de la institución y los retos a los que se enfrenta. Entre esas funciones, ha citado el análisis de la economía española. “Yo pienso que es compatible ser independiente y asesorar al Gobierno pero no lo hemos desarrollado suficientemente”, ha asegurado.

“Tenemos esa función, pero no la tenemos reglada y eso genera falta de concreción”, ha reconocido. En cuanto a los informes, ha apuntado que se trata de decisiones colectivas, colegiadas, que reflejan la opinión del supervisor. Al margen están los análisis que realizan sus investigadores.

En cuanto a otras funciones, ha citado retos como el de mejorar el modelo de resolución bancaria. “Necesitamos que Europa haga un fondo de garantías europeo y una mutualización de riesgos”, ha instado. “Está pendiente”. Ahí, España tiene una “posición clara. Si queremos avanzar a un sistema bancario único, necesitamos que Europa avance y que se mutualicen riesgos en los fondos de garantía de depósitos. El español está bien dotado de recursos, pero que cada palo aguante su vela. Hay países a los que les cuesta avanzar en esta dirección”.

El Banco de España prevé “una recuperación intensa de la actividad productiva” en los municipios golpeados por la DANA. El gobernador del regulador financiero, José Luis Escrivá, señala que atendiendo a “la utilización de las medidas y ayudas, y con los primeros datos que se van viendo, se puede esperar una recuperación significativa” en los próximos trimestres.

El impacto en el PIB (Producto Interior Bruto) del conjunto de nuestro país que estima el Banco de España será de dos décimas —unos 3.000 millones de euros— en el crecimiento trimestral del cuarto trimestre, aunque Escrivá considera que este golpe “se neutralizará con otras tendencias postivas de los últimos meses” en el resto de regiones. Las proyecciones de las distintas instituciones internacionales y nacionales han elevado el avance del PIB al 3% en 2024, y superior al 2% en 2025, liderando a las principales economías de la eurozona.

A lo largo del próximo año, el impacto agregado de la DANA será de cerca de tres décimas en el crecimiento del PIB —cerca de 4.500 millones—, según el estudio de otras catástrofes similares ocurridas en el pasado. Mientras, el efecto en la inflación será muy limitado, casi inapreciable, según el mismo análisis del Banco de España, presentado en las jornadas de Información Macroeconómica 2024, organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Escrivá ha lanzado un mensaje optimista sobre la reconstrucción, basado en los datos económicos que está monitorizando el Banco de España. Por ejemplo, en cuestiones financieras, destaca que solo “el 9% de los puntos de venta” en las zonas afectas seguían sin operar —algo menso de 8.000 sistemas de pago—, cuando llegaron a ser el 15%.

En la misma línea, el volumen de pagos y el número de operaciones bancarias en los casi 80 municipios golpeados por la DANA solo es un 4% inferior a la media del resto de España.

Por otra parte, “los datos de la actividad portuaria diaria muestran una considerable caída del volumen de exportaciones desde el puerto de Valencia, mientras que las importaciones se están comportando mejor”. En este mismo sector de actividad, el Banco de España ha calculado un índice de cuellos de botella en el comercio, que se utilizó para la catástrofe del Katrina en Estados Unidos, que refleja un fuerte impacto inicial, “que se va reduciendo”.

Según ha mostrado en su presentación a los periodistas, las zonas afectadas en al provincia de València suponen en torno al 2% del total nacional en diversos indicadores (población, renta de los hogares, número de empresas, beneficios de estas compañias, empleo, edificios residenciales...). Además, hay un peso mayor del sector industrial de la zona, que alcanza el 3%.

Para Escrivá, la clave está en el importante paquete de ayudas desplegado, “principalmente por el Gobierno central”, y la agilidad con la que se está llegando a las familias y empresas afectadas. El gobernador ha puesto algunos ejemplos: casi 8.000 moratorias de préstamos solicitadas, alrededor de 30.000 peticiones al Consorcio de Comprensaciones de Seguros y más de 700 solicitudes de avales del ICO.

Otra buena noticia es las 20.000 personas que está ya protegidas por los ERTE, un 2% del empleo de la provincia de València —1.700 empresas en total—. Pero el “escudo laboral” es más extenso, según se explica en esta información.

Ayudas directas

Este mismo miércoles, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que ha recibido “en 24 horas cerca de 11.000 solicitudes, en concreto 10.985 peticiones, por parte de empresas y autónomos para recibir ayudas directas que palien los daños causados por la DANA”.

“El plazo para solicitar estas ayudas directas, gestionadas a través de la web de la Agencia Tributaria, empezó este martes, 19 de noviembre y podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2024”, recuerdan desde Hacienda.

“Con la idea de que tanto la solicitud como la concesión de estas ayudas sea lo más sencilla y rápida posible, se ha puesto a disposición de autónomos y empresas un formulario electrónico en la página web de la Agencia Tributaria en el que indicarán la cuenta bancaria en la que deseen recibir el abono de la ayuda. Posteriormente, las ayudas serán abonadas por la Agencia Tributaria mediante transferencia bancaria, a partir del 1 de diciembre. Además, estas ayudas estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades”, prosigue.

Estas ayudas se incluyeron en el Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 5 de noviembre, que alcanzaba un impacto presupuestario total de 10.600 millones de euros. En concreto, este Real Decreto-ley contemplaba la concesión de ayudas directas para los más de 100.000 autónomos y empresas de los municipios más golpeados por la DANA. Se trata de ayudas directas a los trabajadores autónomos y empresas que sean contribuyentes del IRPF por actividades económicas, o contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. Los beneficiarios de estas ayudas directas para autónomos y empresas son aquellos cuyos locales y establecimientos se hayan visto afectados, aunque no tengan su domicilio fiscal en los municipios afectados por la DANA.

¡Buenos días! 

¿Cómo va la semana? Espero que esté siendo provechosa y no te haya tocado algunas de las cancelaciones o los retrasos en los trenes. Ha sido un fin de semana caótico. Por un lado, un intento de suicidio provocó la cancelación de decenas de trenes en Atocha, lo que afectó a 14.000 viajeros. Por otro lado, un accidente en un túnel que atraviesa Madrid añadió más problemas al tráfico ferroviario.

No fue un accidente normal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el descarrilamiento del tren fue provocado por uno de los trabajadores de Adif para “evitar cualquier riesgo” en la estación e impedir que “eventualmente” pudiera chocar con otro tren. Este túnel se ha convertido un ejemplo más de cómo los recortes y la pésima planificación hacen mella en los servicios públicos. 

El túnel se planteó como clave de la liberalización ferroviaria y para dar cabida a los nuevos operadores privados. Los primeros estudios para poner en marcha el túnel datan de 2001, con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento con José María Aznar. Pero no sería hasta la llegada de la ministra Ana Pastor (PP) cuando se dio fecha de finalización en 2016, aunque su inauguración se retrasó más de seis años hasta 2022.

La crisis financiera se cruzó con los planes liberalizadores y se impuso el condicionante de austeridad a partir de 2009. Desde entonces la inversión pública en infraestructuras de transporte se desploma hasta 2018. En el caso del ferrocarril, la inversión cae más estrepitosamente en el periodo 2013-2018, según un informe de la Airef. 

“Buena parte de las cuestiones que ustedes van a plantear tienen la respuesta en las inversiones realizadas entre los años 2012 y 2018, años posteriores a la crisis, en los que se redujo el desarrollo de sectores clave de nuestro país, entre ellos, infraestructuras y transporte”, argumentó el ministro Puente en la Cámara Alta. Tiene razón. La inversión materializada en la red ferroviaria superó los 3.990 millones de euros en 2023, mientras que en 2016 se quedó en los 1.694 millones. Este 2024, hasta agosto, se han superado los 3.000 millones.

El reto es recuperar el tiempo invertido. No va a ser fácil ni rápido, menos aún cuando los vientos de austeridad empiezan a soplar en la UE. Estamos hablando de infraestructuras que, en algunos casos, ya tienen más de 20 años a las que no se les ha aplicado las inversiones necesarias en nombre de los recortes, pese a que se ha incrementado su uso con nuevas compañías y ha crecido la población usuaria. Las empresas públicas, Adif y Renfe, tratan de recuperar la falta de gasto de años anteriores, que está en el origen del caos ferroviario, con proyectos de inversión que suman 30.000 millones, pero tardarán varios años en ejecutarse.

 Y sin impuestos no es posible que haya inversiones públicas...

Cada vez que habla sube el pan

Tengo serias dudas de que los niños de ocho años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades que otros tuvimos

Josu Jon Imaz — Consejero delegado de Repsol

El grito por el futuro de los niños por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, no viene motivado por la desigualdad, ni por la pobreza, ni por la falta de oportunidades de los más desfavorecidos o por el excesivo precio de la vivienda. Por lo visto lo que puede afectar al futuro de nuestros hijos tampoco es el cambio climático, sino el impuesto especial que tiene que pagar su empresa. En un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo (¿alguna similitud con el lema electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid?), Imaz asegura que el impuesto especial a la banca y las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”. Pues bien, los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). No parece que haya afectado mucho este impuesto a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. 

Lo que realmente subyace detrás de los improperios y los ataques del consejero delegado de Repsol es la defensa de sus intereses empresariales, que como vemos, no es que estén siendo afectados en demasía, aunque han llegado a amenazar con llevarse inversiones fuera de España. Ahora que el Gobierno se plantea hacer permanentes estos impuestos especiales, los ataques se están recrudeciendo y la debilidad parlamentaria del Gobierno hace más complicada la solidez del posicionamiento político. De momento, un exministro y ahora gobernador del Banco de España pide que se cambie el impuesto a la banca para que “descuente las provisiones” y sea “neutral”, es decir, que se rebaje y lo paguen todas las entidades. Mientras, otros ya lo ven finiquitado. El presidente de Iberdrola no ve “claro” el futuro del impuesto a las energéticas.

El gráfico

Hay que darle valor a las políticas públicas que ayudan a rebajar algo la desigualdad económica que sufren los ciudadanos en España. La reforma laboral de 2021 supuso una transformación radical del mercado laboral. Uno de los lastres que se consiguió reducir por primera vez con eficacia fue el abuso de la temporalidad. Los contratos temporales no solo eran una fuente de inestabilidad laboral e incertidumbre para los trabajadores, también eran una fórmula que mantenía bajos los salarios. Con la caída de la temporalidad, los sueldos más bajos se han incrementado. Por otro lado, pese a los agoreros del neoliberalismo más rancio, los importantes aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) entre 2018 y 2022 han sido fundamentales en el incremento de sueldo de las personas con menos renta. Así, en esos cinco años, el 10% de las personas que menos cobran han visto sus sueldos incrementarse entre un 35% y un 25%. Siguen cobrando poco, pero la decisión de política económica ha hecho que tengan mayor capacidad para afrontar el envite de la inflación. Aquí te explicamos cómo se dispararon los sueldos de los trabajadores peor pagados tras el recorte de la temporalidad y las subidas del SMI.

En esto de incrementar la regulación solo hay que echarle un ojo a la inteligencia artificial (IA). Otras empresas también están amenazando con dejar a Europa sin los últimos avances de esta tecnología si se mantiene una regulación que no es acorde con sus intereses. Pero solo hay que escuchar a los expertos en IA para entender que esta tecnología, con su profundidad y sus posibles consecuencias, tiene que estar claramente regulada. En este sentido, David H. Autor, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), especializado en temas laborales, avisa de que “la inteligencia artificial puede dejar obsoleta la experiencia laboral humana”.

El dato

2,9%

es la previsión del crecimiento de la economía española en 2024 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral ha subido cinco décimas sus expectativas para el PIB de nuestro país desde la anterior previsión. Este incremento va en línea con dos de los principales centros de análisis privados, BBVA Research y Funcas, que han elevado sus proyecciones de nuestro país hasta el 2,9% y el 3%, respectivamente, o la OCDE, que ya situó su estimación en el 2,8%.  Así se empiezan a quedar cortas las cifras del último cuadro macroeconómico del Gobierno, que apunta a un crecimiento del 2,7% este año. Con este PIB nuestro país liderará a las principales economías de la eurozona, donde destaca la debilidad de Alemania, y consigue un vuelco impensable hace una década: España paga menos que Francia por la deuda.  

Entrepreneur

Las diferentes competencias entre administraciones y el abandono por parte de los poderes públicos de los núcleos rurales provocan situaciones como la que está sufriendo el municipio de Àger, en Lleida. Este pueblo depende de una distribuidora catalana Eléctrica del Montsec, con un largo historial de quejas, expedientes sancionadores y multas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le pidió al Gobierno que la interviniera hace un año. El complejo embrollo competencial deja en manos de esta compañía a un grupo de clientes “cautivos”, como gota que colma el vaso, ha sufrido el cobro por duplicado de sus facturas. Aquí te explicamos lo que significa ser “cautivo” de un servicio eléctrico pésimo.

Bien Público

A veces la mejora de una legislación puede provocar efectos indeseados si no se hace adecuadamente. Es el caso de la Ley del Aborto. El Gobierno de coalición de la anterior legislatura amplió con una protección “especial” las bajas por aborto, la recta final del embarazo (semana 39 de gestación) y las reglas dolorosas. Las bajas laborales nunca tienen que dar información sobre la enfermedad del trabajador. Sin embargo, las que gozan de protección especial van con un código que permite su identificación, así que las empresas pueden saber si una baja es por un aborto o por una regla dolorosa. Esta violación de la privacidad  puede ser terrible para las mujeres. Es el caso de  Silvia (nombre ficticio), que explica a elDiario.es cómo siendo trabajadora de una empresa recibió el motivo de su baja por aborto. La gestoría envió un parte a sus empleadores, donde explicitaba que había tenido una interrupción del embarazo: “Todo era ya muy doloroso y esto lo empeoró, es una invasión de la intimidad muy grande: Me sentí la persona más vulnerable del mundo”. En estos reportajes de Laura Olías te explicamos cómo un agujero en la regulación permite a las empresas saber el motivo de la baja laboral en los abortos y el calvario de una trabajadora cuya empresa recibió el motivo de su baja por aborto.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto ha sido todo por este jueves. Nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas y seguirnos en la red X.

¡Buena semana!

José Luis Escrivá ha concedido su primera entrevista como nuevo gobernador del Banco de España al periódico económico 'Expansión'. Desde ese altavoz mediático (el líder del 'papel salmón'), ha aprovechado para hacer un guiño a las entidades financieras al pedir que se cambie el impuesto a la banca y “hacerlo neutral”.

Ni la tribuna ni el momento de esta declaración son baladís. El gobernador ha marcado su posición en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 entre el Gobierno y sus socios. Unas conversaciones que incluyen el diseño definitivo del hasta ahora “gravamen temporal”, debido a que el Ejecutivo se comprometió a convertirlo en un impuesto permanente en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.

“Siempre he pensado que los bancos centrales debemos ser muy contenidos al hablar de impuestos, porque tienen efectos redistributivos y estos elementos pertenecen al ámbito de decisión democrática. En ese sentido, tenemos el máximo respeto por lo que decidan los órganos elegidos democráticamente respecto a los impuestos”, arranca Escrivá, sobre el asunto del gravamen a la banca.

“Dicho esto, nuestra contribución a este debate puede centrarse en el diseño. Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones y eso plantea problemas al menos en dos ámbitos. Por una parte, hay actividades bancarias que tienen más riesgo, por ejemplo, el crédito a las pymes, pero que también tienen más provisiones. En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral. Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades”, explica el gobernador.

Este planteamiento va en la misma línea al introducido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, desde primavera, ha propuesto convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”. A lo que Escrivá llama “neutralidad”, el ministro de Economía lo denomina “equilibrio”, que se alcanzaría “adaptando” el gravamen que se diseñó en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector financiero por la escalada de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE). Una estrategia que ha buscado ahogar la demanda y la actividad económica en general (encareciendo las hipotecas de las familias y el resto de préstamos) para moderar así la inflación; y que, por el camino, ha beneficiado directamente a los bancos.

Ambas posturas chocan con la otra parte del Gobierno de coalición, la de Sumar. Este lunes, en rueda de prensa, el portavoz económico del partido que lidera Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, destacó que “lo que queremos es mantener los impuestos y que no los devolvamos por la puerta de atrás. No parece lógico que se introduzca un regalo. No entenderían que establezcamos un impuesto y luego les hagamos una serie de deducciones”.

Según añadió, “dentro de los socios de gobierno la distancia es grande porque para nosotros los impuestos de la banca y las energéticas son innegociables”. Este martes, Martín Urriza ha reaccionado directamente contra la postura de Escrivá en la red social X (antes Twitter).

En 2024, el gravamen temporal a la banca ha recaudado 1.695 millones de euros, un cifra similar a la de 2023, según adelantó recientemente el Ministerio de Hacienda.

“Estos gravámenes [el de la banca junto al de las energéticas], que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023”, explica el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

“Estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, continúa el Ministerio de Hacienda. 

Según ha analizado este periódico en otras ocasiones, el impuesto de Sociedades tiene muchos 'agujeros' que aprovechan las empresas, sobre todo las más grandes, para no tributar todo lo que les correspondería. 

“En este sentido, tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, añaden desde Hacienda.

El gravamen afecta a entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.