Los afiliados y afiliadas de UGT en Castilla-La Mancha podrán recibir asesoramiento en materia de vivienda tras la puesta en marcha de una oficina que dará este servicio.

Las Oficinas de Asesoramiento en Vivienda que el sindicato implantará en España y que estarán disponibles próximamente en Castilla-La Mancha ofrecerán, de manera presencial u online, información, mediación y defensa jurídica en materia de alquileres, hipotecas, cooperativas y ayudas públicas.

Durante la rueda de prensa de presentación de este servicio en la comunidad autónoma, el responsable de Vivienda de UGT a nivel confederal, Rubén Ranz, aseguraba que los estudios llevados a cabo por el sindicato indican que actualmente una de cada tres personas en este país tiene miedo a no poder pagar el alquiler o la hipoteca.

“La crisis habitacional ya no es un problema únicamente del mercado inmobiliario, es un problema estructural que tiene mucho que ver con los salarios de las personas trabajadoras”. En este sentido alertaba de que en España, mientras que el precio de la vivienda ha subido un 77% en los últimos 10 años, los salarios han crecido un 22%, circunstancia que hace que ahora una persona trabajadora necesite dedicar más del 40% de su salario durante una media de 45 años para poder comprar una vivienda. Rubén Ranz hacía mención también a la realidad de Castilla-La Mancha, donde las personas trabajadoras con categorías salariales bajas deben dedicar entre el 50 y el 60% de sus salarios netos para poder hacer frente a una hipoteca.

Por todo ello, el responsable confederal de Vivienda instaba a que en Castilla-La Mancha también se declaren zonas tensionadas y a que se ponga en marcha en las comunidades autónomas un recurso que considera fundamental: el servicio de mediación residencial, una herramienta que sirve para canalizar los problemas del alquiler y de las hipotecas sin necesidad de acudir a la vía judicial.

“Estamos llevando la lucha por la vivienda digna a las empresas -a través de nuestro boletín informativo Radar Vivienda-; también hemos presentado una denuncia al Defensor del Pueblo para exigir a las comunidades que cumplan con la Ley de Vivienda, e igualmente hemos denunciado en Consumo y en el Ministerio de Vivienda los anuncios de infraviviendas que vemos en plataformas digitales como Idealista”.

Rubén Ranz recalcaba, además, la importancia de que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva incluya cláusulas en materia de vivienda, tal y como propone UGT, para que en el cálculo de las retribuciones se tenga en cuenta lo que cuesta acceder a un alquiler o a una hipoteca. Afirmaba que de todo esto va también la huelga convocada para el 11 de noviembre, ya que “trabajar tiene que servir para poder vivir dignamente”.

Por su parte, Arantxa Mejías, de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda, explicaba que estas oficinas están disponibles físicamente en Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza y con atención telemática para quienes viven en el resto de territorios. “Queremos que una persona afiliada tenga un lugar al que dirigirse cuando necesite aclarar un contrato, consultar una subida de un alquiler, preguntar por la devolución de una fianza, orientarse sobre ayudas o plantear un problema con su hipoteca”.

Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha añadía que “la vivienda es un derecho al que debería tener posibilidad de acceder todas las personas, un derecho que se ha ido deteriorando, sobre todo, para las personas vulnerables, los jóvenes, las familias trabajadoras, las personas mayores…”.

Justo el día en el que todas las miradas están puestas en la vivienda y en el debate en el Congreso sobre los decretos aprobados por el Gobierno de Sánchez, el Gobierno vasco —la parte del PNV— ha puesto en valor una de las medidas que arrancaron el pasado año y que supone avalar la compra de pisos para jóvenes. Según los datos que han aportado, el programa GazteAval ha facilitado durante su primer año de funcionamiento el acceso a la primera vivienda habitual a 474 jóvenes en Euskadi. En total se han destinado 10,8 millones en avales, con lo que se han movilizado 82,9 millones de euros en préstamos hipotecarios. La medida supone avalar por parte del Gobierno el porcentaje del crédito hipotecario que no financia habitualmente la banca, alrededor del 20% del valor de la vivienda, de forma que de facto el crédito se conceda por el 100% de ese valor.

El balance lo han presentado los consejeros de Economía y Finanzas, Noël D'Anjou, y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ambos del PNV, y justo cuando el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, está de viaje en Viena para analizar la política de ese país en materia de vivienda. En el primer balance de este plan que se realizó en febrero tampoco estuvo presente el consejero socialista, dejando claro es es un plan independiente de los que pone en marcha el área de Vivienda, con medidas más destinadas a fomentar el alquiler que a la compra. “Todos los jóvenes no son iguales y no puede haber una sola política de emancipación”, ha señalado la consejera Melgosa.

La consejera ha destacado que detrás de cada una de estas operaciones “hay personas jóvenes que tenían empleo, capacidad para asumir una hipoteca y un proyecto de vida, pero que encontraban una dificultad casi insalvable en la necesidad de reunir decenas de miles de euros de ahorro previo”. En este sentido, ha recordado que, según estimaciones recientes, una persona que quiera adquirir una vivienda de precio medio en Bizkaia necesita disponer de cerca de 45.800 euros para cubrir el porcentaje que habitualmente no financian las entidades bancarias. Esta es la cantidad que avala GazteAval, de forma que los jóvenes menores de 40 años puedan acceder a una financiación de hasta el 100% del valor de referencia de la vivienda. Eso sí, siempre que acrediten solvencia económica para hacer frente a la hipoteca.

Ha destacado la evolución y la buena acogida que ha tenido el plan, ya que “si en febrero se habían formalizado 61 operaciones por valor de 10,6 millones de euros, siete meses después esa cifra se ha multiplicado prácticamente por ocho, tanto en número de operaciones como en volumen de financiación movilizada”, ha señalado.

“No financiamos directamente la compra de vivienda, sino que ayudamos a superar el obstáculo concreto que encuentran muchas personas jóvenes cuando disponen de capacidad de pago, pero no han podido acumular el ahorro necesario para acceder a una hipoteca”, ha señalado Noël d'Anjou, que ha insistido en que el programa “mantiene los criterios habituales de solvencia y análisis de riesgo de las entidades financieras”. D'Anjou ha agradecido expresamente la colaboración de las entidades financieras adheridas al programa, cuya participación ha sido clave para su desarrollo. Se trata de Bankoa Abanca, CaixaBank, ING, Kutxabank y Laboral Kutxa, entidades que han contribuido a poner en marcha un instrumento de colaboración público-privada orientado a responder a una necesidad social creciente.

El consejero ha recordado que cuando se puso en marcha este programa partían de “una realidad muy concreta, la de que muchas personas jóvenes tenían capacidad para pagar las cuotas hipotecarias, pero encontraban una barrera difícil de superar, la necesidad de disponer previamente de ahorro suficiente para cubrir la entrada de una vivienda”. Ha puesto como ejemplo el de una joven de 30 años de edad con empleo estable y unos ingresos de 35.000 euros brutos al año con los que puede asumir “razonablemente” su cuota hipotecaria. Para comprar su primera vivienda por 220.000 euros, ha explicado, “la entidad financiera podría concederle hasta el 80% del valor de la vivienda, es decir, 176.000 euros y tendría que aportar los 44.000 euros restantes con sus ahorros”.

“Y ahí es donde está el problema. Tiene ingresos, tiene solvencia para pagar la hipoteca, pero todavía no ha podido ahorrar esa cantidad y con GazteAval, el Gobierno vasco puede avalar ese tramo de 44.000 euros que supera el 80% del valor de la vivienda”, ha indicado, para insistir en que, de este modo, “el aval público permite movilizar un préstamo hipotecario de hasta 220.000 euros y hace posible una operación que sin ese respaldo probablemente tendría que esperar”.

Comprar un piso en Catalunya, con un precio medio que ronda los 2.800 euros por metro cuadrado, no está al alcance de cualquiera. Menos aún para personas que superen los 40 años, ya que, al tener menos tiempo para devolver el préstamo, su hipoteca puede acarrear cuotas demasiado elevadas. 

Para facilitar la compra a estos perfiles, igual como quiere incentivar la de los jóvenes mediante préstamos al 0%, la Generalitat ha anunciado un plan de compras conjuntas con particulares. La fórmula novedosa se basa en el Código Civil de Catalunya, distinto al del resto de España, que tiene regulada tanto la propiedad compartida como la temporal. 

El president Salvador Illa anunció esta medida durante el debate de política general en el Parlament, y esta semana la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha ofrecido más detalles, entre ellos una primera partida presupuestaria, de 100 millones para una convocatoria inicial, y el calendario: a partir de principios 2027. El objetivo es alcanzar unos 2.000 pisos.

Sin embargo, el Parlament de Catalunya le propinó en paralelo el primer revés, con una votación en la que toda la oposición, sumada a la abstención de los Comuns, tumbó la iniciativa. Pero, ¿en qué consiste exactamente este modelo? 

La Generalitat ofrece a las personas de entre 40 y 56 años, a las que no les da para comprar un piso, la opción de hacerlo a medias con la Administración. De esta forma, y tras conseguir la hipoteca, el particular pasa a ser propietario de su piso al 50% durante un tiempo de 50 años, con la posibilidad de dejarlo en herencia hasta cumplir ese período. 

Durante esos 50 años, el propietario particular –o su heredero– tiene la opción de comprar la otra mitad. También de venderla (con posibilidad de compra preferente de la Generalitat). Transcurrido el plazo, si no la adquiere finalmente, la vivienda pasa a ser de la Administración. 

En cualquiera de estos escenarios, el piso queda calificado como de protección oficial. Pero eso sí, al haber sido comprado a valor de mercado, su precio no queda regulado como las demás VPO, sino que será como máximo el de la primera adquisición, sumado el IPC y otras variables, como unas posibles obras de rehabilitación. 

Lo que falta por detallar en todo caso son algunos de los requisitos concretos que exigirá el Govern para optar a este tipo de compra, como son la renta familiar o el precio máximo del piso. O qué ocurre en caso de incumplimiento con la hipoteca por parte del particular.

El programa también contempla mayores de 56 años. En esos casos, la Generalitat asumiría el 60% de la vivienda. Y el copropietario podría vivir en ella durante los 40 años siguientes a la compra. 

Paneque aseguró además que un objetivo concreto pueden ser los inquilinos de grandes fondos de inversión que actualmente buscan desprenderse de sus activos. El Govern ha adquirido recientemente cientos de viviendas por la vía del tanteo y retracto a grandes tenedores como Divarian o Inmocaixa. “En esos pisos vive gente, que podría ser propietaria de esas viviendas”, afirmaba esta semana la consellera.

“Estamos activando las clases medias trabajadoras para que sean propietarias y tengan estabilidad y tranquilidad”, defendía. 

La particularidad de esta medida, como recalca la Generalitat, es que se basa en un modelo de propiedad recogido en el Código Civil de Catalunya (en el Libro Quinto), modificado por la ley 19/2015, que incorporó tanto la propiedad temporal como la compartida. Este concepto distingue entre el propietario material (el que posee la vivienda, la usa y la puede adquirir completamente), y el llamado propietario formal (en este caso sería la Generalitat).

La compraventa de viviendas en España cayó un 11,1% en julio, encadenando siete meses consecutivos a la baja, mientras que los precios se encarecieron un 7,7%. En Canarias este aumento fue del 18,8% , donde las hipotecas cayeron un 7,9%, moderando su avance frente a los meses previos, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Por otro lado, en el conjunto del país las hipotecas para la concesión de vivienda retrocedieron casi un 5% respecto a julio del año anterior, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender la demanda, que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso, según los notarios.

Estos datos se producen después de que en junio las transacciones de vivienda cedieran un 4%, los precios escalaran un 8,8% y las hipotecas aumentaran ligeramente, un 0,2% interanual.

Siete meses de caídas en las compraventas

Con este nuevo ajuste, las compraventas de vivienda suman siete meses en negativo: enero (-11,4%); febrero (-7,7%); marzo (-4,7%); abril (-10,2%); mayo (-11,8%); junio (4%) y julio (7,7%).

En concreto, en julio se contabilizaron 65.395 compraventas. Las de los pisos disminuyeron un 12,7% hasta las 48.415 unidades, mientras que las de los unifamiliares lo hicieron un 6,2% con 16.980 operaciones.

Las transacciones cayeron en 16 comunidades autónomas y únicamente crecieron en Extremadura (0,9%).

Los mayores descensos, superiores al 20%, se dieron en el País Vasco (-20,2%) y en La Rioja (-20,1%).

Con caídas superiores a la media también destacaron la Comunidad Valenciana (-19,1%); Asturias (-16,9%); Islas Baleares (-14,5%); Comunidad de Madrid (-14,2%); Galicia (-13,4%) y Castilla-La Mancha (-11,2%).

El precio sigue al alza, por encima de 2.100 euros/m2

En julio, el precio de la vivienda subió un 7,7% interanual hasta los 2.112 euros/m2.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 12,5% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.547 euros/m2, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.495 euros/m2, registrando un aumento del 2,3%.

En 16 autonomías se produjo un encarecimiento en el precio de la vivienda mientras que en las Islas Baleares los precios no variaron respecto a julio de 2025.

Los mayores avances, de doble dígito, se dieron en Asturias (29,3%); Murcia (22,3%); Galicia (19,8%); Islas Canarias (18,8%); País Vasco (13,2%); Comunidad Valenciana (12,6%); Comunidad de Madrid (11,3%); Cantabria (11,2%) y Extremadura (11%).

En Cataluña la subida fue del 7,7%.

Los notarios también subrayan en su estadística que la superficie media de la vivienda en España registró en julio un descenso interanual del 2%.

Caen las hipotecas y la cuantía media supera los 183.000 euros

En julio, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 4,9% interanual hasta las 36.685 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos descendió un 0,2%, alcanzando los 183.644 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 56,1%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 71,6% del precio.

A nivel territorial, las hipotecas disminuyeron en 15 de las 17 comunidades autónomas y crecieron únicamente en Extremadura (3,1%) y en Cataluña (2,9%).

Las mayores caídas se registraron en La Rioja (-26,9%); Asturias (-19,6%); País Vasco (-12%); Aragón (-10,8%); Castilla-La Mancha (-10,4%); Islas Baleares (-9,1%); Castilla y León (-7,9%); Islas Canarias (-7,9%) o Comunidad Valenciana (-7,6%). 

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha afirmado, sobre el acuerdo que se ha producido en el Consejo de Ministros para aprobar dos decretos con medidas en materia de vivienda, que “toda medida que aporte soluciones es bienvenida y cuenta con nuestro apoyo ante un problema que afecta a toda España y que es generacional”.

El dirigente socialista ha dicho que Castilla-La Mancha, dentro de sus competencias autonómicas, es la región “con las políticas más ambiciosas de toda España”.

De esta forma, ha señalado se han conseguido reducir a la mitad, por ejemplo, los impuestos que conlleva la compra de una vivienda media, con una ayuda directa de entre 10.000 y 20.000 euros en función del precio de adquisición, y se han puesto en marcha “medidas que son pioneras, como la financiación a los jóvenes del 20 por ciento de la hipoteca que no cubren los bancos, a coste cero”, ha concluido.

Desde hace décadas, y no sólo en España, han colisionado dos derechos garantizados constitucionalmente: el derecho social a la vivienda y el derecho a la propiedad. El contrato social implícito en nuestras sociedades democráticas ha buscado siempre un difícil equilibrio entre ambos derechos. El ya famoso caso de Maricarmen se ha convertido en el exponente de un grave desequilibrio, al imponerse el derecho a la propiedad por encima del de la vivienda, con la gravedad de que se ha hecho sobre una persona vulnerable, de 87 años, y que llevaba puntualmente pagando desde hace 70 años su alquiler mensual, aunque se hubiera quedado fuera de los precios del mercado.

Ha sido, sin duda, el desahucio más famoso y ha generado una ola de indignación, no sólo entre las personas afectadas por el problema de la vivienda, sino también entre las que no lo están, que son la mayoría de la población. En el Gráfico 1, utilizando los datos públicos del Consejo General del Poder Judicial, presento la evolución trimestral de los “lanzamientos” (“acción de desalojar un espacio por orden judicial”) en el primer trimestre de cada año desde 2014. Un lanzamiento no es exactamente lo mismo que un desahucio, pues puede afectar a plazas de garaje, fincas o locales, mientras que el término desahucio lo referimos a exclusivamente a vivienda. Pero aquí, para simplificar, lo trataremos como si fueran sinónimos.

En el Gráfico 1 se observa que el número de desahucios presenta una tendencia claramente decreciente desde 2014 hasta 2026. De hecho, se pueden distinguir tres etapas: la primera, durante el gobierno de Rajoy, 2014-2017, con un promedio de 17.800 desahucios trimestrales. La segunda, durante el gobierno de Sánchez y hasta el final de la pandemia, 2018-2022, con un promedio de 12.600 lanzamientos por trimestre, y la tercera, desde 2023 hasta la actualidad, con una media de desahucios de 6.300 por trimestre. El último dato, correspondiente al primer trimestre de 2026, recoge un número de desahucios de 4.005, que es el mínimo de la serie histórica.

Resulta llamativo, por tanto, que haya sido en este momento cuando ha surgido un movimiento social parecido al 15-M de 2011, cuando el número de desahucios está en niveles mucho más bajos que los de otros años. Aunque los sociólogos lo explicarán en el futuro con todo lujo de detalles, parece evidente que el movimiento surge por la indignación que el caso Maricarmen ha tenido en la población, y con el malestar latente por el problema de la vivienda, sobre todo entre los jóvenes, que se ha ido agravando en los últimos años.

El 15-M ocurrió en plena crisis financiera, en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente ejecución por parte de una banca muy tocada por los créditos hipotecarios impagados por la recesión y el galopante desempleo, que llegó al 27% en el primer trimestre 2013. El movimiento 27-S, por el contrario, surge en pleno boom económico, con unas tasas de paro, tanto la general como la juvenil, en mínimos desde 2007, y con la banca saneada y una tasa de morosidad baja. En el Gráfico 2 presento los “lanzamientos” trimestrales en España desde 2013, tanto los causados por no pagar el alquiler como por no pagar la hipoteca. Hay que tener en cuenta que los lanzamientos por impago de hipoteca suponen una cifra menor que el de las “ejecuciones hipotecarias”, pues éstas incluyen todos los procedimientos iniciados por los bancos, independientemente de que terminen o no en un lanzamiento.

Del Gráfico 2 destacamos dos observaciones relevantes. La primera es que hay una tendencia decreciente en ambos tipos de desahucios, pero con un matiz importante. Los causados por no pagar la hipoteca caen de forma mucho más acusada desde 2014. Los causados por no pagar el alquiler también lo hacen, pero con más retraso y menos intensidad. La segunda, consecuencia de lo anterior, es que el número de desahucios por no pagar la hipoteca representaban el 50% del total en 2014, y recientemente apenas llegan al 20% del total.

Entre los motivos que justifican la reducción de ambos tipos de lanzamientos, hay varios. El primero, el más evidente, la marcha de la economía. Los desahucios son claramente anticíclicos. Aumentan con las recesiones, por la caída del empleo, de la renta y el aumento de la morosidad. Y se reducen en las expansiones. Pero, además del argumento cíclico, la reducción del número de desahucios se produce por las medidas de protección y mitigación tomadas por las administraciones públicas o por parte del sector privado. Esto ha ocurrido claramente en el caso del sector financiero y los lanzamientos por impago hipotecario.

Por ejemplo, con el código de buenas prácticas al que se adhirieron casi todas las entidades financieras y que a partir de 2022 se hizo obligatorio y que busca proteger a los hipotecados más vulnerables, además de facilitarse la dación en pago, sobre todo de segundas viviendas. También la “ley de la segunda oportunidad” de 2015, que facilitó la reducción de las deudas hipotecarias para la vivienda habitual. Lo cierto es que se ha trabajado y mucho por el lado de la banca, que recibió importantes ayudas durante la crisis y a la que se exigió que devolviera a la sociedad una parte de ese esfuerzo que los contribuyentes hicieron para su rescate.

Los bancos eran el enemigo a batir en la puerta del Sol en 2011. Hoy ni se les menciona en el 27-S. El problema ahora está en los fondos de inversión inmobiliarios y los grandes propietarios, que no se han avenido a aceptar un código de buenas prácticas como el del sistema financiero durante la crisis financiera. Y aquí es donde entra en acción el Congreso de los Diputados. En esta legislatura el Gobierno y los partidos de izquierda han registrado 29 iniciativas que guardan relación con la vivienda, de las cuales solo han prosperado cinco. Tres de ellas fueron reales decretos-leyes (RDL) para paliar los efectos de la crisis de Ucrania y Oriente Medio. El cuarto fue el escudo social aprobado en 2025, que prorrogaba la suspensión de los desahucios hasta diciembre de 2025. Pero PP, Vox y Junts se han negado a reeditarlo. Una versión de este decreto es el que se presentará, probablemente, este martes.

El problema es que este tipo de decretos, necesarios y ahora urgentes, no solucionan el problema de la vivienda. La insuficiencia de oferta de vivienda de alquiler, además de la construcción de vivienda pública (para alquiler) y privada (para alquiler y venta), requiere incentivar la salida al mercado de un volumen considerable de viviendas vacías que todavía tenemos en nuestro país. Y ese incentivo pasa necesariamente por posibilitar el desahucio de los inquilinos que dejen de pagar su alquiler. Sin esta herramienta jurídica es imposible que los propietarios, sobre todo los pequeños, se arriesguen a sacar su vivienda al mercado de alquiler. Pero ahí entramos en los casos extremos, como el de Maricarmen, en que se debe buscar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda que mencionaba al principio del artículo. Y para garantizar ese equilibrio deben estar vigilantes las administraciones públicas con sus competencias establecidas (CCAA y ayuntamientos) y el propio sector privado, que debe acogerse a un código de buenas prácticas que no erosione su rentabilidad ni su seguridad jurídica.

Cantabria fue la comunidad autónoma donde más cayó la firma de hipotecas sobre viviendas en julio respecto al mismo mes de 2025, un 26,9%, frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional, empeorando su evolución interanual, hasta un total de 435 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con un descenso del 14,5%.

En Cantabria se prestaron 68,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 14,13% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 573 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 99,85 millones de euros. De ellas, 20 fueron sobre fincas rústicas y 553 sobre urbanas.

De las 553 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Cantabria, 435 fueron sobre viviendas; una en solares y 117 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 8 y en 10 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 82 hipotecas con cambios en sus condiciones, 64 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 914 préstamos sobre fincas en Cantabria. De ellas 536 correspondieron a viviendas, 108 a fincas rústicas, 233 a urbanas y 37 sobre solares.

Un 14% menos de importe prestado

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 18,4% en julio respecto al mismo mes de 2025 en Canarias, cuarta comunidad autónoma donde más bajó, quedando en 1.557, frente a las 1.933 registradas un año atrás, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado a cuenta de dichas operaciones, en conjunto, también se redujo de julio a julio en las islas, pasando de 243,90 a 240,04 millones de euros, de acuerdo a la última Estadística de Hipotecas elaborada por el INE.

El documento revela que en toda España también bajó el volumen de las nuevas hipotecas sobre viviendas formalizadas en julio en relación a un año antes, siendo, de media, un 3,5% inferior y quedando en 43.372.

Si bien el montante global del dinero prestado en virtud de todas ellas creció, pasando de 7.359,75 a 7.841,02 millones de euros, detalla el INE.

Por comunidades autónomas, la evolución fue, en todo caso, dispar, pues las hipotecas sobre viviendas aumentaron de julio a julio en siete de ellas, mientras que en el resto disminuyeron.

Los mayores aumentos en la tasa de variación anual los anotaron Baleares (con un 8,6% más), Principado de Asturias (8,1%) y Galicia (7,1%).

Por contra, las comunidades que presentaron mayores descensos fueron Cantabria (-26,9%), Aragón (-20,5%) y La Rioja (-19,7%), conforme a las cifras del INE. 

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha supuesto una espita para el enorme problema de acceso a la vivienda en España. Aunque no es un caso puntual, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación social, con movilizaciones en toda España para pedir soluciones. Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.

La situación no es ajena a Castilla-La Mancha, que tradicionalmente había sido una de las regiones españolas con los precios más bajos de compra y alquiler. Ya no lo es. Y esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de tramitar por la vía de urgencia la que será su primera ley de medidas sobre suelo y vivienda en doce años. No es estrictamente una 'ley de vivienda', pero busca incorporar una regulación de la que se lleva hablando una década.

En su primer discurso de investidura en 2015, Emiliano García-Page prometió una ley “social” para frenar los desahucios en la comunidad autónoma. Arrancaba entonces una legislatura en la que gobernó con Podemos y en la que llegó a redactarse un borrador en el que, entre otras cosas, se contemplaba multar a los bancos que no ofrecieran alquiler social como alternativa a los desahucios. También incluía numerosas medidas para dar soluciones habitacionales a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La normativa nunca llegó a aprobarse. En 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, Podemos se quedó sin representación parlamentaria y el borrador se quedó en un cajón. Desde entonces, son muchas las medidas que el Gobierno de Page ha adoptado para garantizar el acceso a la vivienda: ayudas, incentivos, avales, construcción de inmuebles en colaboración público-privada y otras derivadas del Plan Estatal de Vivienda. Pero no ha vuelto a hablar de desahucios.

Una ley de medidas sobre suelo y vivienda antes de final de año

Ahora, doce años después, las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan por la vía de urgencia la mencionada ley de medidas sobre suelo y vivienda que entrará en vigor antes de final de año, prácticamente en el tramo final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027.

En ese texto, que todavía puede modificarse vía enmiendas, el Gobierno regional no recoge ni una sola mención a algún tipo de disposición normativa que pueda impedir situaciones de desahucio como la de Maricarmen, es decir, propiciadas por la compra de inmuebles por parte de bancos o de fondos-buitre.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha registró 748 desahucios, tanto por impago del alquiler como de hipotecas, en el último año completo oficial recopilado por el Observatorio de la Vivienda Asequible, según los registros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y aunque los datos apuntan a un descenso generalizado en la región, la cantidad de lanzamientos sigue siendo muy significativa.

La norma que se va a aprobar en esta comunidad autónoma está centrada, básicamente, en ampliar, flexibilizar y dar protección permanente a su parque público de vivienda, pero no incorpora esas medidas de hace diez años, o algunas similares como las que el Ejecutivo central quiere prorrogar con el decreto de alquileres en el mercado libre.

No obstante, la futura ley de Page sí tiene como objetivo, de otra manera, dar protección a la ciudadanía más vulnerable. Lo hará regulando el denominado ‘desahucio administrativo’: un procedimiento para la defensa y recuperación de la posesión de los bienes del patrimonio público residencial.

Esta figura se utiliza para que la Administración autonómica recupere la posesión de inmuebles de su propiedad con algún tipo de protección, así como sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias. La norma establece que el desahucio puede ejecutarse en casos de impago. Se requiere primero a la persona obligada para que pague los importes vencidos en un plazo de 15 días, apercibiéndole de desahucio. Y si no abona la totalidad en ese plazo, se dicta resolución de desahucio concediendo 10 días para hacer efectivo el pago o entregar las llaves; de lo contrario, se procede al lanzamiento de personas y enseres.

Este procedimiento sigue la normativa común administrativa, pero si es necesario entrar en el domicilio del afectado, la Consejería de Fomento competente debe obtener obligatoriamente la preceptiva autorización judicial.

No obstante, el procedimiento ofrecerá alternativas. La norma contempla un conjunto de mecanismos de prevención, flexibilidad de pago y protección social diseñados para atender situaciones de dificultad antes de llegar a la ejecución del desahucio en las viviendas del parque público.

Moratorias en casos excepcionales de “marcado carácter social”

Por ejemplo, para evitar el desahucio administrativo, en casos excepcionales de “marcado carácter social debidamente motivados”, la Consejería de Fomento puede autorizar moratorias en el pago de las rentas de alquiler mediante un plan individualizado para la persona adjudicataria.

La propuesta legislativa no especifica plazos máximos de suspensión de pago, importes, requisitos de renta cuantitativos ni procedimientos de solicitud detallados, dejando esos aspectos a la regulación reglamentaria o a la negociación individual del mencionado plan de pagos.

Y aunque la modalidad ordinaria es el contrato de arrendamiento, la ley permite expresamente recurrir a modalidades de cesión de uso o cesión gratuita en precario cuando existan razones sociales justificadas. ¿Como cuáles? Se crea la figura de viviendas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, concebida específicamente para cubrir necesidades habitacionales dentro de un itinerario de inserción social diseñado por los servicios sociales competentes. Además, la norma permite reservar un porcentaje del parque público de vivienda social para este tipo de atención prioritaria.

En realidad, resulta del todo coherente que el Gobierno regional haya incluido la regulación de esta figura, a la luz del espíritu de la nueva ley: promover y ampliar su parque público de viviendas como solución a los problemas de acceso y como patrimonio “separado, finalista y circular”, lo que implica que todos los ingresos derivados de la enajenación de sus bienes deben revertir íntegramente a este patrimonio.

Ese parque público de vivienda social estará formado por inmuebles de titularidad pública (o construidas sobre derechos de superficie o cesión), viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tanteo y retracto, así como inmuebles privados o públicos cedidos en usufructo mediante convenios. Es decir, se permitirá la reconversión de parcelas calificadas para uso terciario o dotacional privado a viviendas de protección pública.

Es más, habrá un principio de “interés autonómico” en la reconversión de los inmuebles: significa que tendrá carácter excepcional y su régimen prevalecerá de forma directa sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento urbanístico, sin necesidad de tramitar una modificación, revisión o innovación de esos planes locales.

La habilitación especial estará vigente durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogarse de forma motivada por el Consejo de Gobierno por períodos sucesivos de hasta cinco años

Pero, a efectos de esos posibles desahucios administrativos, ¿a qué refiere la futura ley cuando habla de vivienda protegida con la categoría de vivienda social? Atendiendo a su origen y forma de incorporación al parque público de la Junta, la ley especifica los siguientes tipos de inmuebles: los de titularidad autonómica destinados a tenencia temporal con rentas fijadas en función del nivel de ingresos del adjudicatario; los obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración regional; los adquiridos directamente por la el Gobierno regional para tal fin; y los de titularidad pública o privada provenientes de convenios o contratos que cedan su usufructo a la Administración autonómica.

Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de la toma en consideración de esta proposición de ley, ninguno de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) hicieron referencia alguna a los desahucios. Ahora, la norma debe pasar por comisión y trámite de enmiendas, donde podría verse modificada, aunque, por el momento, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno han manifestado su intención de cambiar el trasfondo de la norma para intervenir de alguna manera en el mercado de vivienda libre y evitar situaciones como la de Maricarmen, y otras muchas personas, en el país.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas ascendieron a 182 en el segundo trimestre de 2026 en Galicia, de modo que se incrementan un 27,2% en comparación con las 143 del mismo periodo de 2025, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y que recoge Europa Press. Esta cifra supone la mayor en un segundo trimestre desde 2022, cuando alcanzó las 188 ejecuciones. Además, el ritmo de incremento interanual de Galicia duplica el aumento del 12,2% en la media española.

No obstante, en comparación con el primer trimestre, hay un descenso en Galicia frente a las 199 ejecuciones de los tres primeros meses del año. Del total de 182 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, 129 fueron sobre viviendas de personas físicas (+17%) y 53, de personas jurídicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas subieron hasta 294, lo que supone un alza del 25% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

A nivel estatal, en el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual). Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas se incrementaron un 9,4% en el trimestre, pero subieron un 14,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.869 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 8,3% más que en el trimestre anterior y un 20,9% más que en el segundo trimestre de 2025. De ellas, 4.358 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 10,2% superior a la del trimestre anterior y un 23,6% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 3,5% trimestral, pero subieron un 5% en tasa interanual, hasta las 631, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 1,6% entre abril y junio (-41,3% interanual), hasta totalizar 125.

Y el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025. Se trata de la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años, concretamente desde el primer trimestre de 2017.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025.

Se trata de la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años, concretamente desde el primer trimestre de 2017, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

La gran mayoría, en fincas urbanas y viviendas

En el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas se incrementaron un 9,4% en el trimestre, pero subieron un 14,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.869 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 8,3% más que en el trimestre anterior y un 20,9% más que en el segundo trimestre de 2025. De ellas, 4.358 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 10,2% superior a la del trimestre anterior y un 23,6% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 3,5% trimestral, pero subieron un 5% en tasa interanual, hasta las 631, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 1,6% entre abril y junio (-41,3% interanual), hasta totalizar 125.

Por lo que respecta al año de inscripción de la hipoteca, el 15,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre correspondió a hipotecas constituidas hasta 2004; el 15,1% a hipotecas constituidas en 2007, y el 14,1% a hipotecas de 2006. Así, el periodo 2005-2008 concentró casi la mitad (el 46,7%) de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre.

Lideran Andalucía, Catalunya y Comunitat Valenciana

Desglosados los resultados por comunidades autónomas, aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron Andalucía (1.674), Catalunya (1.355), y la Comunitat Valenciana (1.011).

Por su parte, La Rioja (21), la Comunidad Foral de Navarra (36) y Cantabria (49) registraron el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.154) Catalunya (1.079) y la Comunitat Valenciana (717) presentaron el mayor número de ejecuciones, y los menores se dieron en La Rioja (13), Navarra (27) y Cantabria (31).

El enquistamiento de la situación en Irán, cumplidos seis meses desde el inicio del conflicto que según Donald Trump apenas duraría unas semanas, va a propiciar la cuesta de septiembre más dura en España desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022. Millones de hogares afrontan la vuelta al trabajo y al colegio tras las vacaciones de verano con la inflación en máximos de más de tres años por el encarecimiento de la energía y el Euríbor en el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El índice de precios al consumo (IPC) se disparó en agosto al 4,3%, en máximos para este mes del año desde 2022, tras la invasión de Ucrania. La inflación en España está ya en el nivel más elevado desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes.

Es una de las consecuencias más evidentes de la guerra iniciada por Trump, cuya onda expansiva está afectando también a las cadenas de suministro globales o al precio de los fertilizantes, lo que unido a los efectos de la guerra en Ucrania y el calor extremo, está generando el caldo de cultivo para una crisis alimentaria global.

Ya en julio la inflación en España fue del 3,6%, la más alta desde mayo de 2024, y el IPC del diésel se disparó más de un 15%, obligando al Gobierno a volver a elevar la rebaja fiscal a este combustible hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos, al activarse la cláusula de salvaguardia del último decreto de ayudas por el conflicto en Irán aprobado en junio.

En vísperas de que esa rebaja fiscal entre en vigor en septiembre, esta operación retorno de las vacaciones de verano es la más cara desde 2022. Los carburantes acumulan ocho semanas consecutivas de subidas. Desde junio, el gasóleo ha subido casi un 24%, y la gasolina, un 19,8%, según los datos del Boletín Petrolero de la UE publicados el jueves.

Los combustibles están en el nivel más caro desde marzo, en un fin de semana para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,9 millones de desplazamientos. Aquí puedes buscar las gasolineras más baratas de España con datos que se actualizan cada media hora.

Mientras en Estados Unidos la gasolina ha vuelto a superar en agosto la barrera de los 4 dólares por galón, en la última semana el gobierno de Trump ha anunciado represalias económicas “sin precedentes” para quien comercie con Teherán. Estas pueden complicar aún más el suministro de energía tras meses de bloqueo del tránsito naval en el estrecho de Ormuz, el estratégico enclave por el que circulaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta antes de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A mediados de agosto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) volvió a empeorar sus previsiones de oferta y demanda de petróleo, al frenarse la recuperación de los mercados ante las nuevas interrupciones en Ormuz. El conflicto ha permitido a seis de las mayores petroleras europeas —BP, Shell, Eni, Orlen, Repsol y OMV— más que duplicar sus beneficios en el segundo trimestre, según cálculos de la ONG Transport & Environment (T&E). Ocho de las mayores firmas globales del sector han acumulado beneficios de más de 80.000 millones de euros en solo tres meses.

España es uno de los seis países europeos que presiona a Bruselas para fijar un impuesto extraordinario a los beneficios del sector. La economía española ha soportado un extracoste de 8.800 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles por este conflicto, según el think tank CREA, que sitúa a nuestro país (sin producción de petróleo ni gas) entre los diez del mundo que han pagado una factura más elevada en sus importaciones de hidrocarburos por la guerra iniciada el 28 de febrero por Trump.

Tras expirar el 17 de agosto el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán en junio para negociar un acuerdo de paz, la cotización del petróleo Brent, de referencia para Europa, ha llegado a rondar los 95 dólares por barril, aunque en los últimos días ha dado un ligero respiro hasta el entorno de los 85 dólares. Lejos, en cualquier caso, de los 118 dólares que llegó a alcanzar en abril.

Más compleja es la situación en el mercado del gas. El precio de referencia para Europa (conocido como TTF) ha coqueteado en la última semana con los 70 euros por megavatio/hora (MWh), un nivel que ya alcanzaron en marzo aunque al cierre no cotizan en ese nivel desde enero de 2023. Los futuros para los próximos meses se mantienen en niveles parecidos hasta primavera. Los almacenamientos en Europa no llegan al 64%, el nivel más bajo para estas fechas (cuando se recargan de cara al invierno) desde 2009, y muy por debajo del 80% de media de los últimos cinco años.

En España el llenado alcanza el 73%, frente a otros mucho más rezagados como Países Bajos (45%) y Alemania (51%), según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE). En el trasfondo está el alargamiento del conflicto en Irán y esa “volatilidad de precios” esgrimida por el Gobierno para justificar la reciente prórroga hasta 2030 de la licencia de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), aprobada en pleno agosto.

Contagio a la luz

La escalada del precio del gas tiene un impacto directo en la factura eléctrica, que además soporta una mayor fiscalidad tras finalizar en junio la rebaja temporal del IVA al 10% (el impuesto volvió al tipo general del 21%) y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que pasó del 0,5% (el mínimo legal permitido por la Unión Europea) al habitual 5,11%.

En los primeros meses del conflicto, España estuvo mejor protegida que otros países europeos de las subidas del gas gracias a las renovables, que permitieron recortar unos 10 euros al mes el recibo de la luz, según estimó en junio el think tank Ember. CREA calcula que España es el segundo país que más ha ahorrado en su factura energética en este conflicto (más de 1.750 millones de dólares) gracias a la fotovoltaica y la eólica instaladas desde 2020.

Pero este verano el contagio del gas a la luz está siendo inevitable: hay menor aportación eólica (habitual en los meses estivales), una demanda al alza por las sucesivas olas de calor y más uso de un gas mucho más caro para generación eléctrica.

Ya en julio este combustible disparó su aportación hasta situarse como segunda fuente del mix eléctrico (20% del total) tras la fotovoltaica. En agosto su peso ha crecido hasta su nivel más alto del año. El mes va a cerrarse con los precios del mercado mayorista eléctrico en a 120 euros/MWh de media, con una fuerte subida respecto a los 68,45 euros/MWh de hace un año. Agosto de 2025 fue el más barato desde la pandemia de 2020.

Las estimaciones apuntan a una subida superior al 20% en la factura final de agosto para los consumidores con el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Este mes la tarifa semirregulada ha registrado precios superiores a 340 euros/MWh en las horas más caras (entre las 10 y las 11 de la noche), según datos de Red Eléctrica. Los contratos en el mercado libre (la mayoría) también irán subiendo conforme se vayan renovando (suelen tener una vigencia de un año).

Los precios del pool este agosto, con enormes diferencias entre las horas de más producción solar (las más baratas) y el resto (picos superiores a los 200 euros/MWh), llegan tras situarse en julio en unos 104 euros. Los futuros de Omie apuntan a que van a quedarse en torno a 120 euros/MWh lo que queda de año. Están en el nivel más caro desde octubre de 2022. Entonces Europa estaba en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania, que llevó la cotización del gas a niveles disparatados, catapultó la inflación española por encima del 10% y forzó la denominada solución ibérica para evitar ese contagio del gas a la luz.

Esa herramienta, que propició la reforma del PVPC para hacerlo menos sensible a las variaciones horarias del pool, ya no está disponible, y a los caros precios de estas semanas se suma el efecto en las facturas de la denominada operación reforzada (con más uso del gas) que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025. Este sobrecoste se paga aparte del precio mayorista. REE ha limitado su impacto a unos 666 millones en su primer año de aplicación.

Hipotecas más caras

La inflación también está presionando al alza sobre el Euríbor. El indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas ha llegado a superar en agosto la barrera del 3% en tasa diaria por primera vez desde septiembre de 2024. Cerrará el mes en torno 2,95%, su máximo desde entonces, aunque lejos del 4,14% que llegó a alcanzar en septiembre de 2023.

El comparador financiero Helpmycash estima que la cuota de una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés del 1% que revise anualmente subirá de 720 a 788 euros; un incremento mensual de unos 68 euros (más de 800 euros al año). Y si la revisión es cada seis meses, las mensualidades aumentarán de 727 a 788 euros; unos 59 euros más al mes y más de 350 euros más al semestre.

Durante buena parte de 2025 y comienzos de 2026 la expectativa era de descenso de los tipos y abaratamiento progresivo de las hipotecas. Pero el Euríbor se aleja cada vez más de los niveles de comienzos de año, cuando estaba en torno al 2,2% y los mercados todavía contemplaban un escenario de estabilidad o incluso bajadas de tipos.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene ahora el tipo de referencia en 2,25%, pero el mercado descuenta una probabilidad muy elevada de una subida de 25 puntos básicos en septiembre. El precio del dinero quedaría fijado en el 2,5%, nivel que no alcanzaba desde marzo de 2025, y se traducirá en hipotecas más caras en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha puesto imposible para muchas familias españolas.

La alemana Isabel Schnabel, principal exponente del ala dura del BCE (los denominados halcones), ya ha advertido esta semana de que considera necesario continuar con las subidas porque la inflación sigue demasiado elevada. En julio, los precios energéticos de la eurozona ya subieron un 10,3% interanual. España registró una inflación del 3,9% en términos armonizados, una de las más altas de la zona euro. En agosto, según los datos avanzados este viernes por Estadística, esta cifra se aceleró al 4,5%.

El pasado mes de junio se firmaron en Castilla-La Mancha un total de 2.578 hipotecas, lo que supone un incremento del 23,1% con respecto al mismo mes del año anterior. De ese total, 1.987 fueron hipotecas constituidas sobre vivienda, con un capital total de 241 millones de euros.

Los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un incremento superior de este tipo de operaciones en la región con respecto a la media nacional, ya que la subida en España se quedó en un incremento del 10,8%.

De hecho, Castilla-La Mancha es la segunda región que más ha aumentado la firma de hipotecas en términos relativos de un mes de junio para otro, solo por detrás de Canarias.

En términos absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el sexto mes del año fueron Andalucía (9.321), Cataluña (8.045), Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.675).

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 27,4% interanual en el sexto mes del año, hasta los 12.424,3 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 15,8%, con 212.887 euros.

UGT CLM pide medidas para acabar con la “especulación”

Estos datos han sido valorados por UGT Castilla-La Mancha, cuya secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa, ha mostrado su “preocupación” por el aumento del número de familias hipotecadas en la región, y considera prioritario acometer la negociación del VI AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) para “blindar el poder adquisitivo de la población trabajadora incorporando un incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, para que las familias no tengan que destinar la mayor parte de lo que gana a la compra de una vivienda”.

En este sentido, Carrascosa también ha recordado los datos recientemente conocidos que arroja la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025. La mayor carga financiera de las familias se concentra en la vivienda, que se lleva de media el 33 % del presupuesto. Las familias castellanomanchegas tuvieron un gasto medio de 31.551 euros en 2025, casi 2.000 euros más que en 2024.

“Nos encontramos con un grave problema social, necesitamos urgentemente medidas contundentes para poner coto a la especulación en torno a un bien imprescindible para poder desarrollar una vida en condiciones dignas”.

Según el INE, el precio de la vivienda se disparó un 12,9% en el primer trimestre del año y encadena ya seis trimestres consecutivos con incrementos de doble dígito. La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Esto no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano.

Para ello, necesitamos una apuesta decidida por impulsar la negociación colectiva para mejorar salarios, especialmente en los sectores más precarizados“.

Carrascosa también ha recordado que UGT cuenta con un servicio de Asesoría de Vivienda gratuito para sus afiliados y afiliadas.

Aunque el mercado de compraventa de viviendas se haya enfriado en los últimos meses tras un año de récords, las hipotecas no aflojan pese al aumento del euríbor. Coincidiendo con un mes de junio en que se rompió la dinámica de cinco meses de caída de la venta, los préstamos para comprar casa se han disparado un 10% en este mes de junio con respecto al anterior, hasta alcanzar un total de 45.907 hipotecas, el máximo en un mes de junio desde 2010, justo antes de que estallara la burbuja en España.

El tipo de interés medio en las hipotecas se mantiene estable con una leve caída hasta el 2,96% con respecto al 2,98% del mes de mayo. Es el sexto mes del año con una tasa inferior al 3%, cifra que se bajó por primera vez en dos años en febrero del año pasado.

El plazo medio para pagar una hipoteca se sitúa en 25 años, mientras que el importe medio es de 178.365 euros, un precio que no alcanza para comprar una vivienda de 40 metros cuadrados de segunda mano en las grandes ciudades o municipios más caros de España.

Aunque existen posibilidades de que el tipo de interés vuelva a caer, las hipotecas a tipo fijo siguen siendo las preferidas en un 61,7% de los casos, por un 38,3% a tipo variable, que se firman con un interés más alto de entrada, al 3,07%, por un 2,98% en el caso de las de tipo fijo.

Si comparamos las operaciones con el mes de mayo, el número de hipotecas creció un 8,8% mientras que el capital prestado aumentó un 10,9% para alcanzar un total de 8.188 millones de euros de capital prestado, un 17,5% más que en junio del año pasado.

Andalucía, con 9.321 hipotecas, Catalunya, con 8.045, Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.676) son las que más préstamos hipotecarios firmaron. Pero las que más crecieron fueron Canarias, un 31,4%, Castilla-La Mancha, un 23,2% y la Comunitat Valenciana, un 16,1%, seguida de Andalucía (14%) y Catalunya (14%), que junto a Navarra (12,5%) crecieron más que el total español.

El crecimiento de compra y de préstamos hipotecarios no supone un riesgo de burbuja porque, según los expertos, los bancos se han protegido contra la morosidad que desembocó el frenesí hipotecario previo a 2008.

“La evolución reciente apunta a que difícilmente volveremos a los niveles de financiación extraordinariamente bajos que vivimos en años anteriores”, apunta al respecto el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font. “La estabilización de los tipos de interés está contribuyendo a sostener la actividad, pero el principal condicionante del acceso a la vivienda continúa estando en los desequilibrios estructurales del mercado”, apunta, así como señala a la dificultad de ahorro para la entrada del piso como una de las principales barreras para comprar piso.

Está de acuerdo con ello Yogi Tadhani, country manager de Finteca, quien además asegura que “la barrera para acceder a una vivienda ya no son los tipos de interés. Con unas condiciones de financiación mucho más favorables, el verdadero desafío vuelve a ser el precio de la vivienda y la capacidad de reunir el ahorro”. “Muchas familias retrasaron la compra por la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés. Hoy ese factor se ha reducido significativamente y eso está devolviendo dinamismo al mercado”, añade.

Canarias encabeza el aumento de las hipotecas sobre viviendas al dispararse un 31,4% interanual en junio, hasta sumar 1.663, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, en el conjunto de España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha subido un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010.

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma en el país los ascensos después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6% interanual en junio, hasta los 178.365 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 38,3%, se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 61,7% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,07% para las hipotecas de tipo variable y del 2,89% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas subieron un 8,8% y el capital prestado aumentó un 10,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 2% respecto al mes previo.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7%, con avances del 17,5% en el capital prestado y del 9,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, ha cerrado el mes de julio en el 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024, cuando el índice se posicionó en el 2,94%, de acuerdo a los datos preliminares recogidos por Europa Press y a falta de confirmación por Banco de España.

El indicador, que es en realidad el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero en la zona del euro, volverá a subir tras el pequeño recorte de junio, ya que hace un año, en julio de 2025, se situaba en el 2,079%, lo que repercutirá con subidas en las cuotas de las hipotecas contratadas hace un año que se revisen ahora.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de julio registrará un incremento en su cuota de 64,78 euros al mes. Esto equivale a 777,36 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

Según los expertos consultados por EFE, la incertidumbre generada por el recrudecimiento de las “hostilidades” en torno al estrecho de Ormuz a mediados de julio, que ha impulsado al alza el precio del petróleo, ha elevado la inflación y las expectativas de subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) han aupado el indicador cerca del 3%.

“El dato provisional del euríbor de julio de 2026 no es muy halagüeño. Desde principios de mes, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España ha seguido una senda alcista. Detrás de este nuevo acelerón al alza está la constatación de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no está generando un impacto meramente temporal sobre los precios, sino que empieza a tener efectos más estructurales”, ha explicado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz, a Europa Press.

“Tras la relajación del mes de junio, las previsiones se acercan a la cifra del 3%. Es decir, la media en su conjunto transmite estabilidad, pero la evolución diaria refleja una tendencia alcista. El euríbor comienza a anticipar un otoño en el que el Banco Central Europeo (BCE) podría endurecer el precio del dinero”, ha señalado la portavoz de Iahorro, Laura Martínez.

En este sentido, el experto financiero de Roams, Pablo Vega, ha reivindicado que “aunque el mandato prioritario de la institución sea el control de los precios, someter a los hogares e hipotecados a un ciclo de tipos más duradero y exigente en pleno estancamiento económico es una jugada de altísimo riesgo”.

No obstante, la especialista de Iahorro ha asegurado que la subida mensual es “muy moderada” y no altera el escenario de estabilidad en el que está instalado desde hace varias semanas: “Estamos mucho más cerca de un mercado previsible que de los fuertes movimientos que vimos hace dos o tres años”.

En está misma línea, el consejero delegado (CEO) y presidente de Rastreator, Víctor López, ha argumentado que el comportamiento del índice refleja que el mercado sigue ajustando sus expectativas sobre la política monetaria del BCE y contempla que los tipos de interés puedan mantenerse en niveles elevados durante más tiempo del que se esperaba hace unos meses.

“Tras mantener los tipos sin cambios en su reunión de julio, el BCE ha reiterado que las próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación y de los datos económicos. Por este motivo, la reunión de septiembre será clave para conocer si la institución mantiene su actual estrategia o considera necesario volver a modificar los tipos de interés”, ha detallado López.

De cara al cierre del presente ejercicio, desde Kelisto calculan que el euríbor podría terminar 2026 en una horquilla de entre el 2,5% y el 2,7% si se produce una desescalada y los precios energéticos se moderan. Sin embargo, el portavoz de Finanzas Personales del comparador online ha matizado que si la inflación continúa repuntando y el BCE ejecuta nuevas subidas de tipos, no puede descartarse que el indicador cierre el año más cerca del 3%.

Para cerrar la quinta temporada de Un tema Al día escuchamos el episodio que grabamos en el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es que se celebró en Rivas-Vaciamadrid el 26 y 27 de junio (ese que el PP de Madrid trató de evitar que se celebrara). En este episodio especial, grabado ante el público, hablamos del monstruo de la vivienda. Un monstruo que recorre la historia de España… y la vida de Mari Carmen, cuya historia particular, que ahora tiene 87 años y que está en riesgo de desahucio, cuenta la historia de la vivienda en nuestro país.

Esta sucesión de problemas sin solución en torno a algo tan básico como tener una casa ha sido una constante en los episodios que hemos preparado estas temporadas de Un tema Al día. Escuchamos esos sonidos que nos ayudan a entender la variedad y magnitud del problema. Además, conocemos otras dos historias.

Una nos la trae Germán Aranda, periodista que cubre vivienda en elDiario.es. Nos vamos al barrio de La Peseta, en Madrid y entramos en la casa de Cristina, una de tantas personas en riesgo de desahucio porque su edificio fue comprado por Blackstone y, después, por otro fondo buitre, Brookfield. La otra historia, que no es especialmente dramática, pero que ayuda a contar la historia de todos, nos la trae el productor de Un tema Al día, Marcos García Santonja: es la historia de Elia, que vive con su hija en Lavapiés. Relata un miedo que viven todos los inquilinos: el de perder su hogar.

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Aquí puedes ver el episodio en vídeo:

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Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

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La banca endureció la oferta de crédito en el segundo trimestre del año “de forma generalizada”, con criterios de concesión o condiciones más exigentes, al tiempo que la demanda siguió reduciéndose en el segmento de empresas y en el de vivienda, si bien se mantuvo en el de consumo.

Según la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España publicada este martes y recogida por EFE, entre abril y junio los criterios de concesión se endurecieron ligeramente tanto en la financiación a empresas como en los préstamos a hogares para adquisición de vivienda, y se mantuvieron estables en el segmento de consumo y otros fines.

Además, el módulo de la encuesta sobre riesgos asociados al cambio climático muestra que las entidades tienden a endurecer los criterios de concesión de crédito a empresas con elevadas emisiones y a inmuebles con eficiencia energética baja.

En comparación con las expectativas que las entidades tenían hace tres meses, la evolución de los criterios fue “algo más favorable de lo previsto”, lo que estaría vinculado a las menores tensiones en Oriente Medio tras el anuncio a mediados de junio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para una eventual finalización del conflicto.

Aun así, el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas aumentó ligeramente en los créditos para adquisición de vivienda y se mantuvo prácticamente estable en los otros dos segmentos.

Por su parte, las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se endurecieron en los dos segmentos de hogares y se mantuvieron sin cambios significativos en el de financiación a empresas.

Menor demanda de financiación para pymes

En los préstamos destinados a consumo y otros fines, el endurecimiento se materializó en aumentos de los tipos de interés, como consecuencia de la traslación a los precios de los mayores costes de financiación soportados por los bancos, sin que ello afectara a los márgenes aplicados.

En los créditos para adquisición de vivienda, además de un aumento de los tipos de interés, se habría registrado también en algunas entidades un incremento moderado de los márgenes aplicados, tanto en los préstamos ordinarios, como en los de mayor riesgo.

El aumento de los márgenes se habría debido, según las entidades, a una percepción de mayores riesgos, si bien el impacto se habría visto parcialmente mitigado por la fuerte competencia existente en este segmento.

En cuanto a la demanda de crédito, descendió en el de financiación a empresas, afectando algo más a las pymes que a las grandes empresas, y también en el de crédito para adquisición de vivienda, mientras que en el de préstamos para consumo y otros fines se mantuvo sin cambios apreciables.

Para el tercer trimestre de 2026, los bancos prevén un nuevo endurecimiento de la oferta y una disminución generalizada de la demanda, si bien la encuesta se hizo antes de la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Canarias fue en mayo la segunda comunidad autónoma con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas, al registrar, tras Navarra, con un incremento del 33,5%, una subida del 16,5%.

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cedió en mayo el 0,1% en tasa interanual, hasta 42.213 operaciones, con lo que ha roto una racha de 22 meses ininterrumpidos al alza, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde enero el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2% y el importe medio de estas transacciones alcanzó en mayo 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 12,1%, indica el INE.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado un paso más en su cruzada sobre las hipotecas y ahora investiga al sector de la intermediación, el paso previo a la apertura de un potencial expediente sancionados por la concertación de precios y de políticas comerciales.

Competencia ha anunciado que la semana pasada inspeccionó la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria y se investiga si existe una recomendación o la decisión colectiva de no captar empleados entre las empresas miembros de dicha asociación, así como relativas a la fijación de precios o condiciones comerciales de los servicios que prestan.

Esta nueva línea de investigación llega solo dos semanas después de que la CNMC abriera un procedimiento de sanción contra la gran banca del Ibex, por una posible concertación en sus políticas comerciales sobre las hipotecas a tipo fijo a través de las declaraciones públicas de sus principales directivos. En concreto, contra Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell porque sus intervenciones “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, pero no da más detalles al respecto.

La CNMC apenas da detalles sobre la investigación en curso, más allá de que son “un paso preliminar” en las indagaciones sobre estas posibles prácticas anticompetitivas “y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas”.

Sí apuntan que dichas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la Ley de Competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

La banca defiende que ha actuado “correctamente”

La apertura del expediente contra los seis bancos del Ibex fue la última gran investigación impulsada por Cani Fernández, ahora presidenta en funciones de la CNMC, hasta que el Congreso confirme al sucesor que ha designado el Ejecutivo, el catedrático Juan José Ganuza.

La banca se ha defendido de las acusaciones. El presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió la semana pasada que el banco ha actuado “correctamente” y que su política comercial “no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”.

En términos similares se expresó la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, que defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”.

Mientras, el Banco de España estudia poner en marcha algún tipo de restricción al crédito ligado a la vivienda, tras la petición de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconoció el gobernador José Luis Escrivá la semana pasada, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.