La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Dos hombres han fallecido en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela' de esta localidad, donde es habitual la práctica de esta modalidad deportiva. Los afectados tenían 22 y 61 años, respectivamente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Azuqeca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia, que no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

Un hombre de 60 años de edad ha fallecido tras caer por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente, en Guadalajara.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que informan que el accidente ha tenido lugar a las 15.02 horas de este sábado.

En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, agentes forestales y bomberos, que han tenido que rescatar el cuerpo, y una UVI que tan solo ha podido certificar el fallecimiento.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

Una joven de 26 años ha fallecido esta madrugada en Rincón de Soto tras ser atropellada por un turismo. El accidente ha tenido lugar sobre las 4:20 horas. SOS Rioja ha recibido el aviso del atropello ocurrido en la N-232 a la altura del punto kilométrico 346,400 en Rincón de Soto. Desde este centro se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, así como a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y al servicio de mantenimiento de carreteras.

A la llegada de los recursos, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la persona atropellada. Se ha activado a la ERIE Psicológica de Cruz Roja en La Rioja para la atención de los familiares y testigos que había en el lugar. Asimismo, se movilizan los servicios funerarios para el levantamiento del cadáver, siguiendo las indicaciones de la autoridad judicial. El fallecido ha sido trasladado por la funeraria al Instituto de Medicina Legal de La Rioja.

En un primer momento no se había identificado a la víctima y a las 19.30 horas, fuentes de la Delegación del Gobierno en La Rioja han informado que el fallecido es un varón nacido en 1999.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

“La mina de Zarréu era una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”. Con estas palabras, el director general de Energía y Minería del Principado de Asturias, Javier Cueli, confirmaba este lunes la conclusión principal a la que ha llegado el Servicio de Minas en su informe sobre la investigación del accidente que, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro.

Javier Cueli no se ha andado con paños calientes y ha corroborado con estas declaraciones, efectuadas ante los medios de comunicación asturianos, una de las principales sospechas que desde un principio han planeado sobre el siniestro, ya que el siniestro puso de manifiesto tanto las evidentes faltas de seguridad como la previsible extracción ilegal de carbón.

Siniestralidad en la mina

Una bolsa de grisú en el interior de la explotación es la principal hipótesis con la que han trabajado desde el inicio los investigadores como principal causa del siniestro.

El director general de Energía y Minería ha realizado estas manifestaciones momentos antes de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad celebradas en Oviedo.

Siete mineros muertos

En ambas reuniones se iban a analizar los informes elaborados por el Servicio de Minas del Principado sobre el accidente ocurrido en la mina de Zarréu donde murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, así como en el accidente registrado, el 21 de noviembre pasado, en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde fallecieron Óscar Díaz, de 32 años, y Anilson Soares, de 42 años.

Comisión de Seguridad

En principio, la primera comisión iba a abordar la sesión ordinaria del trimestre, con un balance de la siniestralidad de 2025, y la segunda como cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente mortal en Zarréu, una vez que ya se disponía de las principales conclusiones de la investigación.

La documentación, del que se ha dado traslado a la comisión especial de investigación de la Junta General, concluye que el suceso se produjo como consecuencia de una explosión de metano durante la extracción clandestina de carbón en la antigua mina de montaña.

Las infracciones

El informe de Minas constata, además, que las labores se realizaban sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin sistema de ventilación.

Ambas acciones constituyen infracciones relacionadas con la formación de atmósferas potencialmente explosivas, así como con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

Las recomendaciones

Entre otras recomendaciones, Minas aconseja dar traslado del informe al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de abrir un expediente sancionador a Blue Solving, empresa que operaba en la explotación.

Con la elaboración de este informe técnico, realizado a partir de las declaraciones de los testigos, se da por cerrada la Comisión Especial de Seguridad puesta en marcha a raíz de la explosión en Zarréu.

Mejorar las condiciones

Javier Cueli ha explicado que, ante la gravedad de estos siniestros mortales, habrá que mejorar las condiciones de las explotaciones mineras.

Preguntado sobre el caso concreto de las medidas existentes en Zarréu ha dicho lo siguiente: “En la vida todo es mejorable. Elaborar ahora una teoría sobre qué se puede mejorar, seguramente, sea precipitado por mi parte, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar. No sé quién ni cómo ni cuándo, pero está claro que en algo hay que mejorar”, ha ratificado.

Los delitos en la causa de Zarréu

La jueza instructora de la causa del accidente de Zarréu ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

El accidente en Vega de Rengos

Por otro lado, el director general ha avanzado que a lo largo de esta semana mantendrá una reunión con la empresa TYC Narcea, de la explotación de Vega de Rengos, donde Minas ha concluido que el accidente que costó la vida a los dos mineros se debió a “un hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

El resultado del informe coincide plenamente con la apreciación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, en las primeras horas tras conocerse el alcance del accidente mortal en esta explotación.

Borja Sánchez ya apuntaba a que la principal causa del siniestro podía deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calculaban que el desprendimiento fue de seis a ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Un tercer minero salvó la vida

Los dos mineros quedaron atrapados a un kilómetro y medio de la entrada del yacimiento. Un tercer trabajador logró salir con vida de la explotación al haberse desplazado para ir a recoger unos materiales.

El consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. En los últimos meses había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

Sin incumplimientos de TYC Narcea

La empresa TYC Narcea ya ha remitido toda la documentación que se le ha requerido y a partir de ahora el siguiente paso es que la administración regional firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente.

La inspección del Servicio de Minas no ha apreciado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa, según los datos con que cuenta la administración autonómica.

Las movilizaciones de los mineros

El documento se ha remitido al juzgado y a los grupos parlamentarios de la Junta General y el Servicio de Minas ha elaborado una información separada sobre la jornada laboral de la plantilla que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores y sus familiares han llevado a cabo varias movilizaciones para solicitar la vuelta al tajo, ya que es uno de los principales medios de vida de la zona.

El cadáver del pescador Juan Carlos Suárez, 'Juancho', de 54 años y vecino del concejo asturiano de Coaña, ha sido localizado en una playa francesa de las Landas en el Golfo de Vizcaya.

Un portavoz de la Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo del pescador fue hallado hace unos días, pero las autoridades francesas han esperado hasta corroborar plenamente su identidad.

La identificación

Además de los tatuajes en la piel, su identificación se ha corroborado a través de los resultados del ondontograma al que fue sometido, que reveló coincidencias en la estructura dental.

'Juancho' había sido visto por última vez el pasado 10 de enero en la zona de Punta de Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza del municipio asturiano de Coaña. Su familia dio la voz de alarma al ver que no había regresado a casa y seguir sin noticias suyas al no contestar a las llamadas que efectuaban a su teléfono móvil.

Un amplio operativo de búsqueda

Desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, se desplegó un importante operativo de búsqueda que permaneció activo durante once días, sin éxito. Entre otras unidades, participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de Luarca, una patrulla del Seprona, la unidad de buceo de la Guardia Civil (GEAS), el Servicio Aéreo de la Guardia Civil con efectivos del GREIM y el Servicio Marítimo Provincial de Asturias con la patrullera Río Tormes.

Asimismo, se sumaron al operativo ocho bomberos, la unidad de drones y el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Además, la Cruz Roja, intervino en la búsqueda con cinco efectivos, de los cuales tres lo hicieron en una embarcación y dos por tierra y también formaron parte del rastreo personal de Salvamento Marítimo con el helicóptero y con la embarcación 'Salvamar Capela'.

El coche y unas cañas de pescar

El coche de 'Juancho' había sido hallado a unos 300 metros de la zona de pesca y posteriormente se localizaron dos cañas de pescar que le pertenecían.

Aunque natural de Medal, en Coaña, residía en Avilés junto a su familia y era propietario de una empresa de construcción.

La familia aún no ha recibido el cadáver del pescador, ya que el fiscal de zona francés ha solicitado la práctica de unos estudios toxicológicos. Una vez que se realicen, su cuerpo será entregado a sus familiares en Asturias.

Toledo, la ciudad natal de Jesús Fuentes Lázaro, primer presidente de Castilla-La Mancha, ha rendido homenaje por su trayectoria como “dinamizador cultural”, político, escritor y activista por los derechos humanos. Falleció el pasado mes de febrero, a los 79 años.

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, de la que presidió su asociación de amigos, ha acogido un emotivo encuentro en una sala abarrotada, con caras muy reconocibles entre el socialismo toledano, y en la que se han dado cita personas que formaron parte de la vida de Jesús Fuentes, y que también le admiraban.

En el acto, moderado por Antonio Illán, de la Asociación Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, han intervenido la directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, María Dolores Cristóbal; el presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo, Martín Molina; los periodistas Inmaculada Sánchez Morate, Enrique Sánchez Lubián y Javier Ruiz Martínez.

Antonio Ilán, ha señalado que el acto homenaje tenía un sentido cívico. De hecho ha definido a Jesús Fuentes Lázaro lo ha definido “una voz cívica frente a la voz del poder”.

Jesús Fuentes Lázaro (Toledo, 1946-2026) nació en la capital toledana y fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse a la política.

Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, Máster en Dirección de Empresas y Máster en Riesgos Laborales, desde diciembre de 1982 y hasta mayo de 1983 fue presidente de Castilla-La Mancha, el primero “con el Estatuto de Autonomía recién aprobado por las Cortes Generales”, tal y como él mismo explicaba cuando se referían a él como el primer presidente 'preautonómico'. En ese periodo fue miembro del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha en su condición de presidente de la Comunidad.

Entre otros cargos políticos, también ejerció como diputado y senador por Toledo hasta el año 1991. A pesar de no contar con un cargo orgánico, Fuentes siguió presente en la vida política de la ciudad.

Como escritor colaboró en diferentes medios de comunicación como la Televisión de Castilla-La Mancha, Cadena Ser, La Voz del Tajo, Diario 16, ABC, La Tribuna de Toledo, El Digital de Castilla-la Mancha o el Blog Hombre de Palo. De igual manera, también con sus columnas de opinión en esta casa, elDiario.es Castilla-La Mancha.

“Un líder organizativo que reconstruyó las izquierdas de Toledo”

La directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, María Dolores Cristóbal, ha querido comenzar las intervenciones en este acto de homenaje, señalando que Jesús, “que tantas veces presentó encuentros como este, ya no está con nosotros, pero queremos mantener vivo su recuerdo”. Cristóbal ha apuntado que Fuentes Lázaro, “más que un colaborador” fue “alguien que entendió como pocos el valor que las bibliotecas desempeñan en la vida de las personas”.

Martín Molina, historiador y doctor en Derecho, así como presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo, lo ha descrito como una “persona activa, solidario, persona inquieta defensora de nuestra identidad, a veces machadiano, humanista y firme defensor de los derechos y las libertades”.

Molina, visiblemente emocionado, ha recordado que conoció a Jesús Fuentes en la primavera de 1978, cuando se incorporó al PSOE: “Encontré en él a un líder organizativo, que se afanaba con gran tenacidad en la reconstrucción de un partido de izquierdas que después de 35 años, había que reconstruir y volver a establecer sus cimientos”, en la provincia de Toledo, donde “el clima era muy adverso, con muchos recuerdos todavía de la guerra civil”.

No solo ha hecho alusión al ámbito político, sino también a la faceta de Jesús Fuentes Lázaro como escritor en diferentes columnas de opinión, donde “manifestaba su compromiso con la sociedad” y “sus puntos de vista eran seguidos por cientos de lectores que admiraban y respetaban su pensamiento crítico”. Pero también como “ escritor extraordinario, dinamizador de la cultura, la literatura y el arte contemporáneo”. En opinión de Martín Molina fue “un hombre de consenso, pero firme en la defensa de los derechos y libertades conquistadas en los años de democracia”.

Ha reivindicado que sea recordado como 'Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo'. De hecho esta misma tarde, se ha iniciado una recogida de firmas de apoyo para elevar esta petición al ayuntamiento toledano.

De su parte, la periodista conquense Inmaculada Sánchez Morate, ha destacado que en los días previos al acto de homenaje, ha leído los artículos de Jesús en prensa: “He vuelto a leerlos, a disfrutar con ellos y a sentir menos soledad, sabiendo que compartíamos reflexiones y temores”. Sánchez Morate, ha querido recordar también un mensaje que recibió de Jesús en junio de 2025, revisando las conversaciones que mantenían hasta su fallecimiento. “Me quedo con su 'No' hay que rendirse a pesar del desencanto”.

Fue un buen socialista, un socialista clásico

Enrique Sánchez Lubián

A lo largo de su intervención, la periodista ha repasado parte del pensamiento -siempre crítico pero constructivo- de Jesús Fuentes, en su faceta de columnista, en diferentes artículos de prensa, ya que de esa manera es “una oportunidad de ser su portavoz”, haciendo alusión a que “Jesús nos recordaba que la memoria de la gente es frágil”.

Artículos como 'Escenarios apocalípticos', sobre “no rendirse”, 'Aquellos miedos, estos miedos', explicando “cómo afrontaba los miedos personales o sociales”, 'El horror tras aquellas guerras', sobre los miedos y lo que pensaba de Donald Trump o 'Puertas a la esperanza' en cuanto a “cómo le preocupaba España, lo que ha pasado de la Transición a la situación actual”. De igual manera, también artículos más localistas, como el desarrollo urbanístico de su ciudad, Toledo y su rechazo a la idea de que se convierta en un 'dormitorio' de Madrid, en 'Aproximación al urbanismo de Toledo'; o en 'El desastre que se anuncia' “siempre con la vista puesta en el río, ese Tajo que, decía, 'cada vez lo tiene más chungo”. Artículos publicados en elDiario.es Castilla-La Mancha, que “servían de consuelo”

El periodista y escritor alcazareño Enrique Sánchez Lubián se ha centrado en los aspectos políticos de la vida de Fuentes Lázaro. “Jesús fue un buen socialista, un socialista clásico”. Le conoció en otoño de 1981 en una época en la que en la provincia de Toledo “a los socialistas les costaba salir a la luz porque la mayoría de sus dirigentes habían sido asesinados”.

Sánchez Lubián ha glosado por la carrera política de Jesús Fuentes Lázaro en diferentes etapas -apoyado de recursos gráficos y fotografías- desde los primeros pasos del PSOE en Toledo, su papel en la gestión y desarrollo de la comunidad autónoma y sus posteriores cargos como concejal o diputado nacional.

Ha destacado su implicación en el nacimiento del ente autonómico. “A pesar de lo que muchas veces se publica y que le enfadaba mucho, no fue presidente preautonómico, sino el primer presidente de Castilla-La Mancha. Le recordamos por su participación en la gestación de la comunidad autónoma: formó un incipiente gobierno regional, gestionó la transferencia de las primeras competencias a la región y preparó las primeras elecciones autonómicas”. En este punto recordaba cómo un poderoso Alfonso Guerra le desplazó de la posibilidad de seguir al frente del Gobierno regional. Todo un “pisotón en el callo”, tal y como reflejó un periodista en la época, Miguel Ángel Mellado, al escribir sobre una foto de Jesús Fuentes junto a José Bono.

Sánchez Lubián se preguntaba “cómo es posible que habiendo pasado tantos años desde que Jesús dejó de ser un cargo orgánico en el partido, siguiera manteniendo una influencia muy importante dentro del PSOE de Toledo”, lo cual se convierte “en su gran mérito”.

El periodista ha apuntado, que Jesús Fuentes “mantuvo una coherencia, una posición de liderazgo moral por su lealtad al partido y porque no se quedó anclado en el pasado, en el ”yo fui presidente“, siempre miró hacia el presente”; sino que “consideró la socialdemocracia como solución a los problemas reales de España y de Toledo”.

El 'fuentismo', “corriente sólida y muy sugerente” de entender el socialismo

Enrique Sánchez Lubián acuñaba un nuevo término para definirle, “el fuentismo”, como una forma de entender el socialismo: “Una corriente sólida y muy sugerente en el último medio siglo de historia”.

Además, Enrique Sánchez Lubián ha matizado que la forma en la que Jesús Fuentes tenía de concebir el socialismo “encaja con lo que decía Karl Marx, que el socialismo debe ser la sustitución del desarrollo inconsciente de la humanidad por el desarrollo consciente”, un hecho que encaja con la participación de Jesús “en sus artículos en prensa, tertulias literarias o de todo tipo”. Ha querido recordar que “a él le gustaba muchísimo la política” y de Jesús “nos ha llegado que no solo se puede hacer política sin necesidad de tener un cargo orgánico, sino que cada uno de nosotros, con nuestras responsabilidades, podemos hacer política en el día a día”.

Por otro lado, Javier Ruiz Martínez, periodista de Onda Cero, ha dicho sentir “emoción al ver lo que Jesús ha sembrado”. Un legado “inmenso en tantos ámbitos”. Para el profesional de Ciudad Real, Jesús Fuentes era “la sonrisa” por definición. “Fue un maestro que me enseñó sobre Toledo y sobre política, incluso desde la discrepancia”, ha manifestado.

De él ha destacado su “nervio comprometido” en lo periodístico, en su faceta de columnista y escritor. Un compromiso “con su ciudad y con su país” que defendió desde “su verdad como socialdemócrata de ala clásica”.

Se ha referido al político que ayudó a construir la autonomía de Castilla-La Mancha. “Jesús te hacía crecer intelectualmente”. Era, zanjaba, “un grandísimo pedagogo y político”.

La Policia Nacional està investigant per la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi imprudent els propietaris de l'habitatge de Manacor (Mallorca) l'esfondrament del qual, el passat mes de gener, va causar la mort d'un jove de 18 anys mentre dormia.

Les investigacions realitzades per agents de Policia Judicial i Policia Científica apunten que, fa aproximadament un any, es van dur a terme obres sense llicència a l'immoble, deixant després els enderrocs acumulats a la terrassa. Fonts pròximes a la investigació assenyalen a elDiario.es que els encarregats de realitzar els treballs de forma il·legal van ser els propietaris de l'habitatge, en què el jove vivia com a inquilí.

El pes de les restes, que mai es van retirar, van provocar el col·lapse del sostre de l'habitació en què es trobava el noi, que va morir en quedar atrapat entre els cascots. El seu germà menor, de 12 anys, va poder ser rescatat amb vida sota un metre d'enderrocs.

El succés va tenir lloc al voltant de la matinada del 15 de gener, al carrer Sant Francesc de Manacor. Malgrat la intervenció dels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar la vida del jove.

En el marc de les diligències, els investigadors han pres declaració als dos propietaris en qualitat d'investigats per homicidi imprudent. La Policia Nacional ja ha remès totes les actuacions realitzades a l'autoritat judicial, que haurà de determinar les possibles responsabilitats penals derivades del sinistre.

La Policía Nacional está investigando por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente a los propietarios de la vivienda de Manacor (Mallorca) cuyó derrumbe, el pasado mes de enero, causó la muerte de un joven de 18 años mientras dormía.

Las pesquisas llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial y Policía Científica apuntan a que, hace aproximidamente un año, se llevaron a cabo obras sin licencia en el inmueble, dejandro tras ello los escombros acumulados en la terraza. Fuentes próximas a la investigación señalan a elDiario.es que los encargados de realizar los trabajos de forma ilegal fueron los dueños de la vivienda, en la que el joven vivía como inquilino.

El peso de los restos, que nunca se retiraron, provocaron el colapso del techo de la habitación en la que se encontraba el chico, que falleció al quedar atrapado entre los cascotes. Su hermano menor, de 12 años, pudo ser rescatado con vida bajo un metro de escombros.

El suceso tuvo lugar en torno en la madrugada del 15 de enero, en la calle Sant Francesc de Manacor. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven.

En el marco de las diligencias, los investigadores han tomado declaración a los dos propietarios en calidad de investigadas por homicidio imprudente. La Policía Nacional ya ha remitido todas las actuaciones realizadas a la autoridad judicial, que deberá determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del siniestro.

La dona que va ser trobada morta diumenge passat en un iot amarrat al port de Palma és una britànica de 29 anys.

La Guàrdia Civil investiga el cas i, encara que es troba a l'espera dels resultats de l'autòpsia, les primeres hipòtesis apunten a una mort no violenta després que el forense i el servei de criminalística de la Policia Judicial de l'Institut Armat no trobessin indicis en aquest sentit al camarot.

La dona morta formava part de la tripulació del iot i va ser una companya qui sobre les 21.00 hores de diumenge va donar la veu d'alarma en trobar el cos sense vida en un camarot. No obstant això, els serveis mèdics desplaçats només van poder confirmar la defunció.

D'acord amb la informació publicada per Diario de Mallorca, després de l'avís, els agents de l'Institut Armat van intervenir de seguida i es van fer càrrec de les indagacions. El metge forense no va apreciar signes de violència al cos.

La mujer que fue hallada muerta el pasado domingo en un yate amarrado en el puerto de Palma es una británica de 29 años.

La Guardia Civil investiga el caso y, aunque se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia, las primera hipótesis apuntan a una muerte no violenta después de que el forense y el servicio de criminalística de la Policía Judicial del Instituto Armado no hallaran indicios en este sentido en el camarote.

La mujer fallecida formaba parte de la tripulación del yate y fue una compañera quien sobre las 21.00 horas del domingo dio la voz de alarma al encontrar el cuerpo sin vida en un camarote. Sin embargo, los servicios médicos desplazados sólo pudieron confirmar el fallecimiento.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Mallorca, tras el aviso, los agentes del Instituto Armado intervinieron de inmediato y se hicieron cargo de las pesquisas. El médico forense no apreció signos de violencia en el cuerpo.

La Guardia Civil investiga la aparición del cuerpo sin vida de una mujer en un yate atracado en el puerto de Palma. El aviso se produjo a última hora de este domingo, cuando se localizó el cadáver en uno de los camarotes de la embarcación.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Mallorca, tras el aviso, los agentes del Instituto Armado intervinieron de inmediato y se hicieron cargo de las pesquisas. El médico forense no apreció signos de violencia en el cuerpo y los investigadores se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia.

Las primeras actuaciones se centran en esclarecer las circunstancias de la muerte, así como en la la toma de declaración a las personas que se encontraban en el yate. La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con las diligencias en el puerto de Palma para reconstruir lo sucedido.

La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha concluido que existen indicios suficientes para atribuir a cinco personas, a las que se les imputa un delito de homicidio por imprudencia, los incendios de dos discotecas, en las que fallecieron 13 personas. 

Tras la práctica de diligencias por estos incendios, ocurridos en octubre de 2023, en el auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado se señala que “existen indicios racionales” de que los hechos investigados podrían ser constitutivos de infracción penal“.

La instructora acuerda que el proceso continúe por el procedimiento abreviado respecto de seis investigados por si los hechos fueran constitutivos de trece delitos de homicidio por imprudencia grave y trece delitos de lesiones por imprudencia grave.

Los seis investigados son los responsables de las discotecas, el organizador de la fiesta celebrada esa madrugada, el técnico proyectista que intervino en la configuración del local y la persona vinculada indiciariamente a la introducción y utilización de las máquinas generadoras de “chispas de fuego frío” durante la celebración de la fiesta, actuación que el auto considera relevante en el origen del incendio y respecto de la cual aprecia previsibilidad del riesgo.

En cuanto a los funcionarios municipales y al responsable de seguridad del local, la instructora acuerda el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios racionales de que exista una relación de causalidad penalmente relevante entre su actuación y el fallecimiento de las trece víctimas, ni con las lesiones sufridas por otras personas.

En el relato indiciario que incorpora la instructora se describe que para la celebración de la fiesta en una de las discotecas, ubicadas en el polígono de Las Atalayas (Murcia), se instalaron dos máquinas generadoras de “chispas de fuego frío”, alimentadas con titanio, cuyo sistema alcanzaba temperaturas de hasta 452 grados centígrados y podía proyectar chispas a varios metros de altura.

La resolución recoge que esas máquinas “carecían de número de referencia/serie” y que, conforme a sus propias instrucciones, debían utilizarse respetando determinadas distancias de seguridad. 

Sin embargo, indiciariamente, “las chispas que desprendían estuvieron colisionando contra el techo a lo largo de la noche”, hasta que este “comenzó a arder en el punto justo donde chocaban las chispas de fuego frío de titanio”.

El fuego se propagó con rapidez, alcanzando el establecimiento contiguo, y “a trece personas que estaban en la planta primera (…) no les dio tiempo a abandonarla y fallecieron en su interior”, según se recoge en la resolución.

El auto también analiza las obras realizadas años antes en la nave industrial que albergaba ambos establecimientos, y añade que esta fue dividida en dos salas “sin haber obtenido licencia municipal”, modificación que “tuvo relevancia en la propagación del fuego de un establecimiento a otro, así como en sus consecuencias”.

Incumplir las exigencias de seguridad

El auto señala que la nueva configuración “indiciariamente no cumplía las exigencias de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación” y que esa situación se habría mantenido hasta la fecha de los hechos.

En concreto, la resolución enumera diversas “deficiencias técnicas de compartimentación que favorecieron la propagación y consecuencias del fuego”, entre ellas, la inexistencia de elementos con la resistencia al fuego exigible y la falta de una franja de protección adecuada en la cubierta.

También, la ausencia de puertas cortafuegos en la medianería entre ambos locales y la existencia de conductos de climatización que comunicaban ambos espacios “sin existir compartimentación, posibilitando el paso del fuego de un establecimiento a otro”.

Asimismo, se recoge que en ambas discotecas existían, siempre de forma indiciaria, “elementos constructivos, decorativos y mobiliario cuya resistencia al fuego no se había certificado”.

Por otro lado, la instructora acuerda continuar el procedimiento también por trece delitos de lesiones por imprudencia grave, al apreciar indicios de que otras trece personas resultaron lesionadas como consecuencia del incendio.

El auto no es firme, ya que puede ser recurrido en reforma y subsidiaria apelación ante la Audiencia Provincial.

CCOO La Rioja se ha concentrado este miércoles por el último fallecido en accidente laboral. Una concntración en la que además de mostra su “más sincero pesar” han puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención. El trabajador de la construcción sufrió un infarto el pasado viernes y fue reanimado por la enfermera del colegio de El Arco. Tras tres días en el hospital, el hombre de 60 años falleció ayer lunes en el Hopital San Pedro de Logroño. Se trata del segundo fallecido en accidente laboral en lo que va de año.

Tal y como denuncian desde la formación sindical, el sector de la construcción es uno de los más castigados por la siniestralidad. “Hasta noviembre de 2025, en España hubo un total de 148 accidentes mortales. Estas cifras se enmarcan en un contexto nacional preocupante, donde de los 686 fallecimientos en el trabajos registrados en ese periodo, 245 se debieron a infartos o derrames cerebrales”. Unos datos que obligan a recordar que “las patologías no traumáticas y los riesgos cardiovasculares también son riesgos laborales que las empresas deben prevenir con el máximo rigor”.

Así, desde CCOO La Rioja señalan que “los infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas se han consolidado como una de las principales causas de mortalidad laboral en España”. Una tendencia que “no es una fatalida del destino sino un foco crítico de preocupación en materia de prevención de riesgos laborales”. Y por esta razón vinculan directamente estos accidentes “a factores determinantes en el entorno de trabajo como lo son la presión excesiva y las cargas de trabajo inasumibles, una deficiente organización del trabajo o la exposición prolongada a riesgos psicosociales”. Y defienden que “estos episodios en el ámbito laboral (infartos) no deben catalogarse como muertes naturales poque son, en gran medida, consecuencia de condiciones de trabajos deficientes y, por tanto, accidentes evitables mediante una gestión preventiva eficaz”.

Y por esto reclaman “el reconocimiento automático de estos infartos como accidentes de trabajo cuando ocurren durante la jornada laboral, subrayando la responsabilidad empresarial en la gestión de los riesgos organizativos”. Y para frenar esta “sangría”, desde CCOO La Rioja exigen medidas “urgentes y concretas como la evaluación obligatoria riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo para reducir el estrés y la carga mental, y un mayor control y contundencia por parte de la Inspección de Trabajo ante el incumplimiento de las medidas preventivas por parte de las empresas”.

Por su parte, UGT La Rioja ha convocado otro minuto de silencio para mañana jueves en la puerta del sindicato, Luisa Marín Lacalle 1 en Logroño

El juzgado de Cangas del Narcea que instruye la causa por el accidente laboral en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos el pasado 31 de marzo en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ha levantado el secreto de sumario y ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, según ha adelantado este martes la RTPA.

Junto a los delitos de homicidio por imprudencia, también se les investiga por otros cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados como medida cautelar para garantizar la posible responsabilidad civil.

Acogidos a su derecho a no declarar

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' compareció el pasado 27 de enero ante los diputados y diputadas asturianas y eludió responder a sus preguntas que quedaron recogidas en el acta sin respuesta. Acudió a la citación acompañado de su abogado, Luis Tuero, y se limitó a leer un texto que llevaba redactado donde exponía que optaba por no declarar en ese momento para “preservar el derecho fundamental de la defensa”.

Necesidad de “prudencia legal”

El empresario puntualizó que su rechazo a declarar no debía interpretarse como “falta de colaboración, sino como necesidad de prudencia legal”.

En más de una ocasión se le preguntó si quería ofrecer su testimonio y su respuesta fue la siguiente: “Con ganas me quedo, pero no voy a contestar”.

Apenas dos días después, su hijo Adrián Rodríguez decidía también guardar silencio. Al igual que había hecho su padre, manifestó su dolor por el accidente en el que perdieron la vida los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y mostró sus condolencias a sus familiares.

“Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible”, lamentó el administrador único de Blue Solving.

Trabajo judicial “sin presiones”

Adrián Rodríguez explicó que confiaba en la justicia para que “a su debido tiempo” pusiera las cosas en su lugar “para dar paz a quienes más hoy lo sufren”.

Asimismo, expresó su deseo de que “la verdad resplandezca y las familias obtengan las respuestas que necesitan”. Para que esto ocurra, según comentó, la justicia “debe trabajar en paz sin ruidos ni presiones”.

Colaborar desde “el silencio”

Al día siguiente, comparecía su madre Ana María Rodríguez, administradora única de la compañia Combayl, que tampoco quiso aclarar las dudas de los diputados y diputadas: “El silencio es la mejor forma de colaborar” para que la investigación “llegue a buen término”, explicó la empresaria.

La comparecencia del responsable de seguridad en la mina de Zarréu, en el momento del accidente, era José Antonio Fernández Casillas que, al igual que había hecho la familia Rodríguez, se acogió a su derecho a no declarar, lo que no fue impedimento para expresar su “absoluta disposición a continuar colaborando” con el esclarecimiento de las causas del accidente mortal al estar en ese momento la causa bajo secreto sumarial.

Levantado el secreto de sumario

A partir de ahora, una vez levantado el secreto de sumario, los representantes legales de los investigados podrán acceder a las diligencias de investigación para poder conocer de primera mano las acusaciones que se dirigen contra ellos para poder aclarar toda la verdad de lo que ocurrió el 31 de marzo pasado, cuando los cinco mineros perdieron la vida cuando trabajaban en la explotación minera de Zarréu.

Las primeras investigaciones apuntaron a que se produjo una explosión de grisú cuando los trabajadores se encontraban en el interior de la mina.

Uno de los principales extremos que se está investigando es si en la explotación se llevaban a cabo extracciones ilegales de carbón, ya que la empresa no contaba con licencia para este tipo de trabajo y las versiones de los comparecientes hasta ahora ante la comisión parlamentaria son muy contradictorias.

Una colisión en cadena entre al menos 8 vehículos (incluidos camiones) implicados se ha saldado con una mujer fallecida y otras tres personas heridas.

El suceso ha ocurrido debido a una granizada en el punto kilométrico 133 de la A-3 (sentido Valencia), a su paso por Villares del Saz (Cuenca), según han fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una mujer de 30 años. Los otros tres afectados, dos hombres de 29 y 28 años y una mujer de 45, han sido atendidos in situ, sin traslado.

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso a las 15.26 horas de este viernes. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Tarancón, tres ambulancias, una UVI y un helicóptero medicalizado.