Tres hombres de 38, 56 y 60 años han fallecido en los dos últimos días en tres accidentes diferentes que se han registrado en carreteras navarras, dos de ellas este martes. Las víctimas son un vecino de Burgui, un motociclista neerlandés que circulaba en Isaba y otro hombre que cayó con su vehículo por un talud en Esteribar.

El primer accidente se produjo en la madrugada del lunes. Un joven de 38 años falleció tras salirse de la NA-137 y chocar contra un edificio con el vehículo que conducía en el término municipal de Burgui, localidad en la que residía. La alerta inicial fue emitida de forma automatizada a través del sistema de emergencia (SOS) incorporado en el propio turismo, el que viajaba solo.

El segundo accidente ocurrió el martes a las 13:00 horas, cuando un hombre de 56 años, de nacionalidad neerlandesa, falleció tras caerse de la motocicleta que conducía a la altura de Isaba. El accidente se ha producido en el kilómetro 53,2 de la NA-137 al salirse la motocicleta de la vía por el margen derecho.

Por último, horas más tarde, sobre las 17:00 horas, un hombre de 60 años ha fallecido tras sufrir una salida de vía en la N-135, en Esteribar. El siniestro se ha producido en el kilómetro 14 de la carretera N-135 (Pamplona- Francia), a la altura de Idoi, concejo perteneciente al municipio de Esteribar. El vehículo cayó por un talud al salirse de la vía y quedó debajo de un puente.

El Gobierno del Principado ha publicado este lunes dos nuevas instrucciones que endurecen los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros y para la concesión de proyectos de investigación en una explotación.

Las nuevas normas, elaboradas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo tras el informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente de la mina de Zarréu en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025, tienen como objetivo reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.

Criterios más precisos

Una instrucción regula la transmisión de derechos mineros derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal, así como su solvencia técnica y económica.

Además, concreta la documentación exigida y amplía el control a operaciones mercantiles, como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones, que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.

La solvencia

La empresa adquiriente deberá acreditar su solvencia económica y financiera, demostrando que posee los recursos financieros suficientes y la capacidad económica necesaria para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración, conforme al programa de trabajos, garantizar la inversión y cumplir con las obligaciones legales, ambientales y de seguridad industrial. 

Podrá acreditar la solvencia a través de su volumen anual de negocios o de su patrimonio neto y, cuando la autoridad minera considere que no es racionalmente viable su programa de financiación, podrá exigir una fianza del 10 % de la inversión prevista para el primer año.

Los adquirentes deberán, además, acreditar su solvencia técnica, demostrando que cuentan con la capacidad profesional, experiencia y medios materiales suficientes para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración de manera segura y eficiente.

Permisos de investigación

La segunda instrucción ordena la tramitación de los proyectos de investigación en concesiones ya otorgadas y distingue entre los casos en los que existe un proyecto general de explotación vigente y aquellos en los que no.

Si la concesión ya dispone de este proyecto, las actuaciones de investigación deberán integrarse en el plan de labores.

La tramitación

En cambio, cuando no exista dicho proyecto y la actuación no implique extracción de mineral más allá de catas, sondeos u otros trabajos de similar intensidad, la tramitación se realizará como un permiso de investigación, con su correspondiente documentación técnica, información pública e informes sectoriales.

Por el contrario, si la solicitud contempla una extracción de mayor entidad, deberá tramitarse como un proyecto general de explotación, con todas las garantías propias de este tipo de procedimientos.

Servicio de Seguridad Minera

Junto a estas decisiones, el Gobierno del Principado ha aprobado la segunda modificación del decreto de estructura orgánica básica de la consejería con el fin de reforzar la organización del área minera, cuya principal novedad es la recuperación del Servicio de Seguridad Minera dentro de la Dirección General de Energía y Minería.

Este nuevo servicio asumirá competencias en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, además de funciones de inspección, control, supervisión y, en su caso, sanción.

También será responsable de la certificación de aptitud en determinadas profesiones, la coordinación de programas de formación en seguridad minera y la elaboración de los planes generales de inspección.

Relevo en Minas

Estos cambios coinciden con el nombramiento de María Elena Colunga como nueva jefa del Servicio de Minas, tras la jubilación de su antecesor.

Nacida en Oviedo en 1965, es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo y funcionaria de carrera tanto de la Xunta de Galicia como de la Junta de Castilla y León.

Inició su trayectoria en la administración en 1994 y, tras desempeñar distintos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León, se incorporó a la administración del Principado en 2002.

Desde diciembre de 2008, ocupaba la jefatura del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. 

Un hombre ha fallecido este domingo en la localidad albaceteña de Caudete tras caer desde un parapente en una zona de difícil acceso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 13.23 horas en el paraje de la cima de Caudete, cerca de la ermita de Santa Bárbara.

El afectado ha caído en una zona de difícil acceso y ya había fallecido cuando han acudido a su rescate bomberos procedentes de Almansa.

En el operativo han participado también efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como un médico de Urgencias, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

La Delegación del Gobierno ha confirmado la muerte de una mujer mayor y de su hijo, cuyos cuerpos han sido hallados en el interior de la vivienda en la que residían en la calle Almería de Albacete, tal y como ha adelantado CMMedia.

Fuentes gubernamentales han confirmado que ambos podrían haber fallecido por muerte natural, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de su defunción, que se podría haber producido hace varios días.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que tras recibir una llamada sobre las 14.50 horas de este viernes, recursos sanitarios se han movilizado hasta la vivienda, donde han hallado a los dos fallecidos.

Un hombre ha fallecido en un accidente de caza en la localidad conquense de Landete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 22.20 horas de este martes en un coto de caza situado en un punto cercano al kilómetro 20 de la carretera CM 2200, cuando otro cazador ha disparado accidentalmente sobre la víctima, cuyos datos personales no han sido revelados.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, no se ha podido hacer nada por el afectado, fallecido in situ.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera.

Las causas de este suceso se siguen investigando, aunque fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que uno de los hermanos tenía antecedentes por episodios de esquizofrenia, y que podría haber sido el que provocó la muerte de su familiar al suministrarle un medicamento para dejarlo inconsciente y causarle la muerte con un arma blanca. Posteriormente, esta persona se habría quitado la vida.

Los hermanos tenían 57 y 60 años de edad y presentaban heridas por arma blanca cuando han sido encontrados por los agentes de la Guardia Civil, que continúa investigando los hechos para esclarecer las causas que han derivado en este hecho.

El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás en Gaza, Izz al Din Al Haddad, en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense. “Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado”, recoge el texto.

También en una conversación con EFE un alto cargo de Hamás confirmó su muerte, refiriéndose a Al Haddad como un “mártir”. “Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento (Hamás) y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto”, afirmó la fuente.

“Incluso después de atacar a sus líderes políticos y en el terreno, Hamás permanece comprometido con los términos del acuerdo. Sin embargo, enfatizamos que los mediadores deben apelar a Israel a adherirse a lo pactado”, añade.

Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025. También le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí.

En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza. Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza.

En el ataque murieron también su mujer e hija

La mezquita Suhada Al Aqsa de la ciudad de Gaza (norte) celebró en la mañana de este sábado el funeral de Al Haddad, según pudo comprobar EFE al asistir a la ceremonia. El funeral fue tanto de Haddad como de su mujer y su hija, también fallecidas en el ataque y cuyos cuerpos permanecían tendidos al lado. Apoyadas en la pared frente a los cadáveres había dos imágenes del militante en las que se leía “El comandante mártir: Izz al Din Al Haddad (Abu Suhaib)”.

En la mezquita se presentó el cadáver del alto cargo del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, envuelto en una bandera del grupo islamista y otra palestina. Según pudo saber EFE de los equipos de emergencias, el cuerpo quedó destruido tras el bombardeo israelí, por lo que el tejido permanecía cerrado.

En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad. Son más de 850 desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025.

 El Consejo de Gobierno del Principado aprobará en su reunión del próximo lunes la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019 a través de un decreto que regulará la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que dará marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Esta decisión, que convertirá a Asturias en la única comunidad autónoma en disponer de dicho servicio y que figuraba entre las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, ha sido anunciada este miércoles por Barbón durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado.

Las responsabilidades

Las preguntas hacían referencia a la asunción de responsabilidades en el gobierno regional por el siniestro y al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente y habían sido formuladas por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha advertido a Barbón de que su legado será el de un presidente “que falló a Asturias” y que “mintió y encubrió a los responsables para protegerse a sí mismo”, y por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que preside ese órgano parlamentario.

Uso partidista

Tomé ha reprochado a Barbón la reacción de su partido al contenido de su propuesta de dictamen, que atribuye responsabilidades a cuatro altos cargos de sus gobiernos y a tres funcionarios, y ha defendido la inclusión de nombres -“no solo de los empresarios, que son terroristas patronales”- como una exigencia de la sociedad a un parlamento del que espera “firmeza y claridad” para esclarecer lo ocurrido.

En sus respuestas, Barbón ha acusado al líder del PP de caer “en lo más rastrero” al utilizar la muerte de personas para hacer política sin que le interese hablar las víctimas ni llegar hasta el final sino únicamente “los votos” al estar más preocupado por subir un punto en las encuestas que en conseguir que se haga justicia.

“Más allá de las recomendaciones”

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su gobierno ha ido más allá de las recomendaciones que figuraban en el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente pese a la “cacería electoral” organizada por un PP cuyo líder es “incapaz de ponerse en el lugar de las familias de las víctimas” y de condenar explícitamente la actuación de la empresa que explotaba el yacimiento.

Para Queipo, la actitud de Barbón no es solo “políticamente cobarde” si no injusta con las víctimas y será recordado por una negligencia que permitió que el accidente ocurriera y por una respuesta “que no supo estar a la altura” al renunciar a asumir responsabilidades, mentir y encubrir a los responsables “para protegerse”.

Qué, quién y por qué falló todo

“Si no se reconoce qué fallo, ni quién fallo y por qué se falló todo va a ser humo y ustedes lo saben porque nunca se corrige lo que se niega y nunca se arregla lo que se pretende tapar”, ha subrayado el presidente del PP tras lamentar el “peligrosísimo” mensaje que lanza el Gobierno de que en Asturias “todo puede fallar y no pasa nada”.

En la misma línea ha criticado el anuncio de ayudas a fallecidos en accidentes laborales realizado por un gobierno que se contradice “a sí mismo” y se reúne “de forma clandestina” para poner en marcha compensaciones “con las que tapar su responsabilidad” y “salir del paso” que, además no llegarán a las víctimas del siniestro de 2022 en Cerredo. “No hay peor forma de hacerlo”, ha subrayado Queipo.

“El lío” de las ayudas

También la portavoz de Somos Asturies ha cuestionado el “absoluto lío” con las ayudas un gobierno que se dio “mucha prisa” en reunirse de forma opaca para emitir un informe negativo y bloquear su proposición sobre esta cuestión y ha lamentado los “aspavientos” del PSOE sobre su propuesta de dictamen.

De los empresarios, ha advertido, se encargará la justicia ordinaria que también está investigando la actuación a una compañía “pirata e insolvente” que, ha subrayado, operaba con permisos concedidos por el gobierno de Asturias y supuestamente bajo su supervisión pese que en 2022 ya se había constatado en otro accidente mortal que en el yacimiento de Cerredo se esta extrayendo carbón.

Minimizar el borrador

Barbón, por su parte, ha considerado el borrador de Tomé como “una aportación más” a la búsqueda de la verdad sobre el siniestro que incluye defectos “y errores graves” y que sitúa a los señalados como responsables al borde de imputarles el delito de homicidio imprudente pese a que, a su juicio, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el propio borrador aporten pruebas que atribuyan la responsabilidad de lo ocurrido a personas concretas.

“Caiga quien caiga, pero con pruebas”, ha subrayado durante su intervención.

Un ciclista de 59 años ha sido localizado fallecido en la CM-3216 a su paso por el municipio de Alcaraz (Albacete).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 12.47 horas cuando el hombre ha sido encontrado inconsciente en el kilómetro 20 de la citada vía.

A pesar de la asistencia de una UVI móvil junto a efectivos de la Guardia Civil, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento in situ del sujeto.

Un hombre de 50 años ha muerto tras quedar atrapado en el interior de una máquina en una empresa de metalurgia situada en la calle Plástico del polígono industrial de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el siniestro tuvo lugar a las 23.47 horas de este martes, y que el empleado tuvo que ser rescatado del interior de la máquina por bomberos de la localidad.

En el operativo también participaron a entes de la Guardia Civil, de Policía Local y una UVI, que tan solo pudo certificar su fallecimiento.

El sindicato CCOO daba más detalles sobre lo ocurrido y detalla que el Servicio 112 recibía el aviso anoche desde la empresa Panel y acero solutions SL ubicada en la calle Plástico 10 del polígono industrial de Miralcampo, en Azuqueca de Henares. El fallecido era trabajador por cuenta ajena de la empresa, operario de linea de corte, “que estaba solo en el taller manejando una bobinadora cortadora de rollos de chapa de grandes dimensiones” y que, según relata el sindicato, “al acceder por la parte inferior de la bobina quedó atrapado falleciendo por aplastamiento”.

Desde CCOO hacen hincapié “en la necesidad de que, en determinados trabajos, haya al menos otra persona de apoyo que pueda parar las máquinas o atender a la compañera en caso de accidente”.

Un herido en una paletizadora

Por otra parte, un trabajador de 40 años de edad ha resultado herido grave tras caer en la paletizadora de una empresa de setas situada en la localidad de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca). El siniestro ha tenido lugar a las 6.38 horas de este miércoles en una factoría situada en la carretera de La Roda.

El herido, tras quedar atrapado y aplastado, ha tenido que ser rescatado por bomberos de Motilla de Palancar y atendido por médico de urgencias. Finalmente, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Albacete.

Además de este caso, CCOO hace alusión a otros dos siniestros registrados el lunes y más cuyas causas se están investigando. El de un trabajador que se precipitaba a un foso de unos cuatro metros en una zona agraria de Tobarra, en Albacete; y el de un trabajador que resultaba electrocutado al manipular un cuadro eléctrico en Escalona, Toledo.

“Castilla La Mancha tiene una debilidad en materia de siniestralidad laboral que arroja datos preocupantes”, lamenta el sindicato que sugerier que “la gestión preventiva no es una prioridad para las empresas”, según Raquel Payo, secretaria de diálogo social y salud laboral de CCOO Castilla-La Mancha. “El grueso de accidentes en la región tienen su origen en causa materiales (caidas, golpes, atrapamientos) cuyas causas pueden prevenirse”, sostiene la sindicalista.

Ante esta situación, CCOO hace un “llamamiento urgente” para que se cumpla la ley y se implanten medidas de prevención en todas las empresas, y para que se de la formación adecuada a las personas trabajadoras que son el eslabón más débil de la cadena productiva.

UGT reclama “investigación exhaustiva” a Inspección de Trabajo

UGT Castilla-La Mancha ha lamentado la muerte de un trabajador y otros tres heridos por accidente laboral en menos de 48 horas en la región y ha solicitado una “investigación exhaustiva” de la Inspección de Trabajo en cada uno de estos centros, especialmente en el caso del fallecimiento en la industria metalúrgica y el grave incidente por electrocución.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, lo ha calificado como “una de las jornadas más negras del año”. Ortega, ha mostrado sus condolencias a las familias y ha exigido que se investiguen las causas de los accidentes laborales y se depuren responsabilidades en el caso de haberlas. “En menos de 48 horas, la precariedad y la falta de medidas de seguridad se han cobrado la vida de un trabajador y han dejado a otros tres con heridas de diversa consideración en nuestra región”, ha lamentado.

Desde UGT han trasladado sus dolencias a la familia del fallecido en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y han deseado una pronta recuperación de los heridos en Escalona (Toledo), Tobarra (Albacete) y Pozorrubielos (Cuenca).

“¿Cómo es posible que en pleno 2026 un trabajador salga de su casa y no sepa si va a volver porque los sistemas de bloqueo o las protecciones eléctricas fallan o son inexistentes?. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores no vamos a permitir que se normalice esta sangría. No son accidentes;, son fallos de seguridad evitables”, ha afirmado la sindicalista.

“Necesitamos que la administración regional dote de más técnicos y vigilantes para que las normas se cumplan en el tajo, en la fábrica y en el campo. Pero la tragedia no termina cuando llegan las ambulancias. No podemos olvidar la otra cara de esta siniestralidad: la salud mental de la clase trabajadora”, han alertado desde el sindicato.

Trágico desenlace. El niño de cinco años que este lunes por la tarde cayó desde un quinto piso en Nájera ha fallecido en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en el que permanecía ingresado desde el lunes. Pocos días después de su ingreso, el pronóstico del menor ya era de extrema gravedad y finalmente ha fallecido este viernes 1 de mayo.

El funeral se celebrará este sábado 2 de mayo a las 1 del mediodía en la Iglesia La Inmaculada de Nájera.

Dos personas han fallecido este domingo tras caer por un puente al río Clariano de Ontinyent (Valencia) un vehículo en el que viajaban tres personas, según ha informado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 17.25 horas, cuando los servicios de emergencias han sido movilizados por la caída de un vehículo por el puente del Camí del Carril al río Clariano, han informado fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

Hasta el lugar, en la CV-668, se han desplazado tres dotaciones de los bomberos de Xàtiva y Ontinyent, el sargento de Alzira, rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio con un médico a bordo.

También han acudido dotaciones del Consorcio de Alicante, debido al protocolo de actuación en zonas limítrofes entre provincias.

Los bomberos han extraído del vehículo accidentado a las tres personas que había en su interior, de las que finalmente dos han resultado fallecidas: una mujer de 41 años y un hombre de 45 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Dos hombres han fallecido en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela' de esta localidad, donde es habitual la práctica de esta modalidad deportiva. Los afectados tenían 22 y 61 años, respectivamente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Azuqeca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia, que no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

Un hombre de 60 años de edad ha fallecido tras caer por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente, en Guadalajara.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que informan que el accidente ha tenido lugar a las 15.02 horas de este sábado.

En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, agentes forestales y bomberos, que han tenido que rescatar el cuerpo, y una UVI que tan solo ha podido certificar el fallecimiento.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

Una joven de 26 años ha fallecido esta madrugada en Rincón de Soto tras ser atropellada por un turismo. El accidente ha tenido lugar sobre las 4:20 horas. SOS Rioja ha recibido el aviso del atropello ocurrido en la N-232 a la altura del punto kilométrico 346,400 en Rincón de Soto. Desde este centro se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, así como a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y al servicio de mantenimiento de carreteras.

A la llegada de los recursos, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la persona atropellada. Se ha activado a la ERIE Psicológica de Cruz Roja en La Rioja para la atención de los familiares y testigos que había en el lugar. Asimismo, se movilizan los servicios funerarios para el levantamiento del cadáver, siguiendo las indicaciones de la autoridad judicial. El fallecido ha sido trasladado por la funeraria al Instituto de Medicina Legal de La Rioja.

En un primer momento no se había identificado a la víctima y a las 19.30 horas, fuentes de la Delegación del Gobierno en La Rioja han informado que el fallecido es un varón nacido en 1999.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.