Adoptar sigue siendo, para muchos animales, la única salida frente al abandono. Lejos de ser un problema puntual o estacional, en ciudades como Zaragoza, la llegada de perros y gatos a los centros de protección es constante durante todo el año. Aunque las adopciones avanzan, no siempre se producen al mismo ritmo. Detrás de esta brecha hay decisiones impulsivas, falta de información y una idea aún extendida de que tener una mascota es algo reversible.

En lo que va de 2026, el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza ha registrado la entrada de 121 animales, de los cuales 71 son perros, 46 gatos y cuatro aves. De ellos, 43 han podido regresar con sus dueños. El resto, la mayoría, son abandonos. Frente a esa realidad, 75 adopciones han abierto una puerta de salida, repartidas prácticamente a partes iguales entre perros y gatos.

Detrás de cada cifra hay una historia que empieza casi siempre igual, ya que la situación más repetida es la llegada de un animal joven, con alrededor de un año, que deja de encajar en la vida de quien lo adoptó.

El momento en el que el cachorro deja de serlo

“Muchas veces la gente piensa en animales mayores o enfermos, pero no es así”, explica Alba López, jefa de la unidad de protección animal y veterinaria del centro. El perfil más frecuente a perros jóvenes, de tamaño grande, que ya han crecido y empiezan a mostrar comportamientos propios de su edad.

“Cuando son cachorros se tolera todo. Pero cuando el perro tiene fuerza, tira de la correa o rompe cosas, deja de hacer gracia”, resume. En ese punto, lo que fue una decisión impulsiva se convierte en una responsabilidad que muchas personas no asumen.

A eso se suma que muchos de los animales llegan sin identificar al no contar con microchip y, por lo tanto, no se pueden localizar a sus responsables. “Eso ya nos indica el perfil, que son personas que no han asumido desde el principio lo que implica tener un animal”, añade.

Ni picos ni excepciones: el abandono como rutina

A pesar de que se ha relacionado muchas veces el abandono con las vacaciones de verano, en el centro hablan de una tendencia sostenida y de un flujo continuo. No obstante, López señala que lo que sí cambia es el ritmo de adopciones, ya que “mucha gente, como se va, se espera a adoptar a septiembre”. 

Actualmente, el CMPA atiende a unos 200 perros y alrededor de 70 gatos. La mayoría están disponibles para adopción, aunque no todos. Mientras tanto, el equipo que los cuida está formado por 13 personas, entre veterinarios, personal administrativo y cuidadores.

Entre todos ellos, hay un grupo especialmente vulnerable: los perros catalogados como potencialmente peligrosos. Como explica Alba a elDiario.es, representan cerca del 60% de los perros del centro y no es “casualidad”.

Al respecto, la profesional afirma que son animales que “suelen proceder de contextos de tenencia irresponsable” y que “arrastran una etiqueta legal que dificulta enormemente su adopción”.

Tal y como destaca, la legislación vigente obliga a quienes los adoptan a obtener una licencia específica y a cumplir con ciertas condiciones de manejo. Esto, según añade, “reduce drásticamente el número de posibles adoptantes”.

“El problema es que muchos son perros sociables, equilibrados, pero la ley no distingue casos individuales”, explica López, quien lamenta que, como resultado, “estos perros permanecen durante años en el centro y a veces no tienen oportunidad de salir”.

Algunos casos como el de Gante condenan bien la realidad que atraviesa el centro. Se trata de un pastor belga malinois, que representa a una “raza de moda” pero que “después comienza a aparecer en las listas de abandono”. “Son animales inteligentes, activos y exigentes, que requieren experiencia y dedicación”, subraya.

Por su parte, la mastina Tati llegó al centro justo antes de tener a sus cachorros. Su historia apunta a otra de las causas habituales: las camadas no deseadas. En este sentido, Alba confirma que la falta de esterilización sigue siendo uno de los factores clave en el abandono.

Por eso, todos los animales que salen del CMPA lo hacen esterilizados, salvo contraindicación veterinaria, además de identificados, vacunados y desparasitados.

Adoptar no es elegir, sino comprometerse

El proceso de adopción en el centro no es inmediato, ya que requiere cita previa y una evaluación detallada. Como explica ella, no se trata solo de encontrar familiar para el animal, sino de evitar que vuelva a entrar en el circuito del abandono.

“Intentamos hacer un buen match”, sostiene desde el centro. Para ello, analizan el estilo de vida, la vivienda, la experiencia previa y las expectativas de quienes quieren adoptar. De hecho, tal y como remarca, uno de los errores más frecuentes es elegir en función de “la estética o la emoción del momento”. “Un animal no es un juguete. Es un compromiso a largo plazo”, insiste López.

Aunque algunos animales llegan con problemas físicos, las heridas más habituales tienen que ver con el miedo, la ansiedad o la inseguridad. A su juicio, estas conductas también son motivo de abandono.

“El animal no es el problema. Es cómo ha sido educado o tratado”, subraya la veterinaria. La agresividad, por ejemplo, suele ser una respuesta a situaciones mal gestionadas, no una característica innata.

Un cambio que aún no es suficiente

En los últimos años ha habido avances, al contar con leyes más estrictas de protección animal, una mayor concienciación social y un aumento de las adopciones. Sin embargo, todavía no es suficiente porque el abandono sigue existiendo y todavía persiste la idea de abandono de que “un animal es prescindible”.

“Hace falta un cambio de mentalidad”, concluye López, ya que “hay que entender que es un miembro más de la familia, desde el principio hasta el final”. 

Mientras tanto, en el centro, cada día continúan con el mismo flujo protagonizado por animales que llegan, otros que se van y muchos que esperan a ser vistos para que alguien no solo los elija, sino que decida quedarse.

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, a Palma, ha posat en adopció 50 gossos recentment rescatats d'una finca on convivien en pèssimes condicions higièniques i sanitàries. La intervenció duta a terme a la propietat va detectar múltiples irregularitats i una situació incompatible amb la normativa vigent de benestar animal, tal com ha explicat aquest dimecres l'Ajuntament de Palma.

En concret, els animals van ser localitzats durant una intervenció realitzada el passat 24 de febrer pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Després de l'operatiu, els gossos van ser traslladats a Son Reus, on un equip veterinari va realitzar una avaluació clínica completa a tots els cans per determinar el seu estat de salut.

Els gossos han estat desparasitats interna i externament, vacunats, identificats mitjançant microxip i sotmesos a diferents proves diagnòstiques, entre elles tests ràpids per a la detecció de leishmaniosi. En els casos en què es van detectar símptomes o problemes de salut, els animals van romandre ingressats sota supervisió veterinària per realitzar analítiques i un seguiment més exhaustiu. La resta van ser traslladats progressivament a les dependències habituals del centre aprés confirmar-se una evolució favorable.

Gràcies a aquesta intervenció integral, els 50 gossos es troben actualment en òptimes condicions i, des d'aquest dimecres, han estat posats a disposició de la ciutadania per a la seva adopció responsable. L'Ajuntament subratlla que, d'aquesta manera, s'està oferint “una segona oportunitat a uns animals que han estat patint una situació d'extrema vulnerabilitat”.

El Consistori destaca, així mateix, “la professionalitat i el compromís” del personal veterinari i tècnic del centre de Son Reus, en considerar que la seva tasca “ha resultat fonamental per recuperar unes condicions de vida dignes per a aquests gossos, fent possible que, a partir d'ara, puguin ser donats en adopció”.

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, en Palma, ha puesto en adopción a 50 perros recientemente rescatados de una finca donde convivían en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. La intervención llevada a cabo en la propiedad detectó múltiples irregularidades y una situación incompatible con la normativa vigente de bienestar animal, tal como ha explicado este miércoles el Ajuntament de Palma.

En concreto, los animales fueron localizados durante una intervención realizada el pasado 24 de febrero por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medi Natural. Tras el operativo, los perros fueron trasladados a Son Reus, donde un equipo veterinario realizó una evaluación clínica completa a todos los canes para determinar su estado de salud.

Los perros han sido desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip y sometidos a diferentes pruebas diagnósticas, entre ellas test rápidos para la detección de leishmaniosis. En los casos en los que se detectaron síntomas o problemas de salud, los animales permanecieron ingresados bajo supervisión veterinaria para realizar analíticas y un seguimiento más exhaustivo. El resto fueron trasladados progresivamente a las dependencias habituales del centro tras confirmarse una evolución favorable.

Gracias a esta intervención integral, los 50 perros se encuentran actualmente en óptimas condiciones y, desde este miércoles, han sido puestos a disposición de la ciudadanía para su adopción responsable. El Ajuntament subraya que, de este modo, se está ofreciento “una segunda oportunidad a unos animales que han estado sufriendo una situación de extrema vulnerabilidad”.

El Consistorio destaca, asimismo, “la profesionalidad y el compromiso” del personal veterinario y técnico del centro de Son Reus, al considerar que su labor “ha resultado fundamental para recuperar unas condiciones de vida dignas para estos perros, haciendo posible que, a partir de ahora, puedan ser dados en adopción”.

La Guardia Civil de Cádiz investiga a una mujer por un presunto delito de maltrato animal en la barriada de El Portal, en Jerez de la Frontera, después de de hacerse público un vídeo en el que se veía un ejemplar de pastor belga malinois atado con una cadena en el interior de una vivienda desalojada por las inundaciones.

La propietaria del animal declaró ante la Guardia Civil que en el momento de ser desalojada por las inundaciones se le olvidó que tenía el perro atado en el domicilio, como ha indicado el Instituto Armado en una nota.

Tras retirar el animal del domicilio, el Seprona comprobó el “lamentable” estado en el que se encontraba con carácter previo a las inundaciones, al tener desnutrición severa, heridas sin atender y parásitos. Es por eso que se solicitó un informe veterinario al técnico municipal del Ayuntamiento de Jerez, que confirmaron estas impresiones, procediendo a la investigación de la propietaria del animal.

Las actuaciones del Seprona se iniciaron en la tarde del pasado 8 de febrero, tras tener conocimiento de la difusión a través de redes sociales de un vídeo en el que se observaba un perro de raza pastor belga malinois encadenado a la reja de una ventana, en el interior de una vivienda anegada por el agua, presentando a simple vista un estado preocupante de desnutrición y cuidados.

Desnutrido y con heridas

Tras localizar a la propietaria del animal, que se encontraba acogida en esos momentos en el domicilio de un familiar de la misma barriada, se pudo comprobar que acababa de recogerlo de la vivienda tras tener conocimiento de la viralización del video publicado.

La Guardia Civil comprobó in situ que el animal presentaba un estado de nutrición del todo deficiente, heridas en diferentes partes del cuerpo, destacando laceraciones sangrantes en el cuello a consecuencia de la cadena que le sujetaba a la ventana.

Por todo ello, el animal fue trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento, donde se recupera de manera satisfactoria. Tras la revisión de los técnicos veterinarios, se emitió un informe del estado del animal a la Guardia Civil que ha permitido actuar contra la actual propietaria como presunta autora de un delito de maltrato animal, procediendo en la tarde del jueves a su investigación.

La Guardia Civil investigó durante el año pasado a diez personas por abandono y maltrato animal en la provincia de Zaragoza, en diversas actuaciones que culminaron con el decomiso de 101 animales de compañía y la tramitación de 54 infracciones administrativas.

En el marco de la Operación Coscola II, que anualmente desarrolla el Seprona de la Comandancia de Zaragoza, se realizaron un total de 12 actuaciones en cumplimiento de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en las que se intervinieron perros, gatos y otros ejemplares abandonados o en condiciones incompatibles con su bienestar, ha informado la Benemérita.

Los 101 animales decomisados fueron trasladados a Centros de Protección Animal de la provincia, donde han recibido la atención veterinaria y los cuidados necesarios, garantizándose en todo momento su bienestar. De ellos, más de 40 ya han sido entregados en adopción, y el resto se encuentran a la espera de ser acogidos por familias responsables.

Estas actuaciones han sido posibles gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil, los ayuntamientos y los centros de protección animal, cuya labor resulta esencial para la recuperación y reintegración de los animales decomisados.

El Instituto Armado ha recordado que el abandono y el maltrato de animales de compañía son “conductas irresponsables y constitutivas de delito, además de suponer un grave riesgo para la vida y el bienestar de los animales”.

Por ello, ha insistido en que, ante la imposibilidad de continuar haciéndose cargo de un animal, existen alternativas legales y responsables, para poder darlos en adopción.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a comunicar cualquier hecho relacionado con el abandono o maltrato animal del que tengan conocimiento, a través del 062, contribuyendo de esta forma a la protección de los animales.

Tres cachorros de perro de apenas unos días de vida han sido abandonados en contenedores de basura de Huesca en dos episodios ocurridos este mes de diciembre. Uno de ellos fue localizado el día 15 en un contenedor subterráneo de la calle Moya, mientras que los otros dos aparecieron el día 21 en otro contenedor de la calle Coso Alto, en las inmediaciones de Correos.

El primer cachorro, de menos de diez días de vida, fue encontrado el pasado 15 de diciembre y su caso fue denunciado ante la Policía Nacional por la coordinadora provincial de PACMA en Huesca, Rocío Castillo, el día 22. El animal se recupera actualmente bajo supervisión veterinaria y ha sido acogido por la asociación Salvando Huellas Huesca.

Según han informado desde PACMA, se está a la espera de confirmar si alguna de las cámaras de seguridad de la zona pudo captar imágenes que permitan identificar a la persona responsable del abandono, por lo que se ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

El segundo episodio se produjo el 21 de diciembre, cuando fueron hallados otros dos cachorros de características similares en un contenedor de la calle Coso Alto. La denuncia en este caso fue interpuesta por la asociación Adopciones Patitas de Huesca, que se ha hecho cargo de ambos animales, que se recuperan en una casa de acogida.

Desde PACMA advierten de la especial gravedad de estos abandonos, que podrían evidenciar una reiteración por parte de las mismas personas, y reclaman que se investiguen los hechos para identificar al responsable, además de reforzar las medidas de prevención del abandono y de protección de los animales.

Han passat tres dècades des de l’obertura del 'refugi' d'animals d'Eivissa Can Dog. Trenta anys de calamitats i insalubritat, amb gossos mal cuidats, envoltats de rosegadors, excrements i escombraries. Unes negligències que, no obstant això, no havien estat suficients per a instar la seva clausura, fins ara. El Consell Insular va confirmar la setmana passada que el centre Can Dog ja no exerceix com a residència canina ni com a nucli zoològic, en constatar reiterats incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal en diverses inspeccions realitzades en els últims dos mesos. No sols dels tècnics de la institució, sinó també per part del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil.

Representants del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) han reclamat durant molt de temps el tancament del centre, sobre el que pesen a més acusacions de maltractament animal, com van declarar els voluntaris a elDiario.es el novembre passat. Les denúncies del partit venien recolzades pels informes, sancions i les nombroses acusacions que emboliquen al gestor del ranxo, P.A. L'empresari acumulava, a més, impagaments als seus treballadors i va anar perdent, a poc a poc, les concessions públiques que se li havien atorgat, mantenint, tan sols, el servei de recollida d'animals amb l'Ajuntament de Sant Antoni.

Ara, segons ha declarat a aquest diari el seu propi fill, qui treballava en el refugi on després de denunciar el cas té prohibida l'entrada, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Però no és a l'única cosa a la que haurà de fer front, sinó que el Consell ha tramitat un expedient sancionador que de moment continua obert, pel que es desconeix encara l'import de la multa que haurà d'abonar.

Segons ha declarat a aquest diari el fill del propietari, qui treballava en el refugi -al qual té prohibida l'entrada després de denunciar el cas-, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Per part seva, el Consell ha obert un expedient sancionador contra ell

Prohibició de nous animals i gossos abandonats

La institució insular va ordenar el passat 17 d'octubre la baixa del nucli zoològic i va dictar mesures cautelars que prohibien l'entrada de nous animals i obligaven a retornar als seus propietaris els gossos que estaven allà allotjats. Malgrat això, inspeccions posteriors van revelar la presència d'entre 21 i 41 cans, molts d'ells pertanyents a persones alienes al centre. Després que la Policia Local localitzés als seus amos, quatre dels animals que seguien a l'interior de Can Dog van ser retirats per l'Ajuntament de Sant Joan i traslladats al centre municipal de protecció animal.

Així mateix, el Consell va remetre al Consistori altres set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració. Olivier Hassler, representant de Pacma, va denunciar en aquest moment que la situació era “lamentable” i va retratar la injustícia que els animals acabessin pagant els problemes del ranxo.

El Consell d'Eivissa va notificar set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració

La cadena d'inspeccions va començar, no obstant això, molt abans. Al juny, després de l'obertura d'un expedient per presumptes incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal, els serveis veterinaris del Consell es van dirigir al problemàtic centre d'acolliment. La vigilància es va intensificar durant els mesos d'octubre i novembre, revelant un escenari sostingut d'irregularitats.

En un dels primers reconeixements, realitzat el 15 d'octubre, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Les inspeccions posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: el 28 d'octubre encara hi havia 38 cans en el recinte, 28 d'ells allotjats en règim de residència. El responsable del centre va assegurar llavors que necessitaria uns vint dies per a completar les devolucions, excepte en els casos en que els propietaris no acudissin a recollir-los.

En una de les primeres inspeccions, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Els reconeixements posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: encara quedaven 38 cans en el recinte, 28 d'ells en règim de residència

Un abandó múltiple

El 21 de novembre, una altra visita va constatar la presència de 21 gossos, 11 d'ells pertanyents a persones sense relació amb l'establiment, que seguien allà cinc dies després, quan van tornar els inspectors. En l'última inspecció, a finals de novembre, es va verificar que set gossos del mateix titular seguien encara en el refugi, tramitant-se, a través de la Policia Local, la seva reubicació per abandó múltiple, de competència municipal.

A la parcel·la, finalment, tan sols van romandre sis gossos, els de P.A., que han estat cedits a l'Ajuntament de Sant Joan -tal com segons va assenyalar en un recent fòrum el regidor de Medi Ambient, Andreu Roig- i altres quatre d'un treballador resident. Des del Consistori han detallat a elDiario.es que, en la seva obligació de complir la llei de benestar animal, han signat un contracte amb Natura Parc perquè s'encarregui dels mateixos serveis que oferia el ranxo extint de Sant Llorenç.

Amb tot, el tancament definitiu de Can Dog podria no estar encara jurídicament blindat. El propietari sosté que no ha rebut el decret d'inici del procediment, datat el 16 d'octubre, ja que va ser remès a un advocat que el va representar en el passat però que ja no exerceix com el seu defensor, segons va publicar El Periódico de Ibiza. D'acord amb la mateixa informació -i com han requerit fonts de Pacma a elDiario.es-, el lletrat ha remès un escrit al Consell on explica que la resolució va ser lliurada en el seu despatx malgrat no ser ja el representant legal actual de la societat gestora del centre, motiu pel que ha rebutjat la notificació.

El tancament de Can Dog podria ser anul·lat si es confirma que l'expedient sancionador va ser notificat de manera incorrecta. El propietari afirma no haver rebut el decret d'inici del procediment, que el Consell va remetre a un advocat que el va representar en el passat

Un abans i un després

Per part seva, Pacma ha celebrat la clausura del centre. Un fet que posa fi, asseveren els animalistas, a tres dècades marcades per denúncies i condicions insalubres que, malgrat tot, no havien derivat en la seva clausura definitiva fins ara. Hassler ha agraït l'actuació coordinada entre les institucions, que ha permès recuperar i reubicar als gossos que romanien en el recinte malgrat no estar vinculats a la titularitat del centre. Per al partit, el tancament suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog.

Pacma celebra el tancament i agraeix l'actuació coordinada entre les institucions. Per al partit, la clausura suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog

La formació reclama ara que aquest episodi serveixi per a reforçar el control públic sobre tots els nuclis zoològics i residències canines d'Eivissa mitjançant inspeccions més freqüents, transparència en les dades sobre sancions i reubicacions i un servei operatiu les 24 hores per a atendre els animals abandonats o decomissats. A més, insta a mantenir la col·laboració amb les entitats de protecció animal per a evitar nous episodis d'amuntegament i garantir adopcions responsables. “No estem contents que tanqui una empresa, però els animals estaven maltractats i són 30 anys d'aquesta història. Volíem passar pàgina”, sentencia Hassler.

Han pasado tres décadas desde que abriera el 'refugio' de animales de Eivissa Can Dog. Treinta años de calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura. Unas negligencias que, sin embargo, no habían sido suficientes para instar su clausura, hasta ahora. El Consell Insular confirmó la semana pasada que el centro Can Dog ya no ejerce como residencia canina ni como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas en los últimos dos meses. No solo de los técnicos de la institución, sino también por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Representantes del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) han reclamado durante mucho tiempo el cierre del centro, sobre el que además pesan acusaciones de maltrato animal, como declararon los voluntarios el pasado mes de noviembre a elDiario.es. Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envuelven al gestor del rancho, P.A. El empresario acumulaba, además, impagos a sus trabajadores y fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ahora, según ha declarado a este diario su propio hijo, quien trabajaba en el refugio donde tras denunciar el caso tiene prohibida la entrada, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Pero no es a lo único a lo que tendrá que hacer frente, sino que el Consell ha tramitado un expediente sancionador que de momento sigue abierto, por lo que se desconoce todavía el importe de la multa que deberá abonar.

Según ha declarado a este diario el hijo del propietario, quien trabajaba en el refugio -al que tiene prohibida la entrada tras denunciar el caso-, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Por su parte, el Consell ha abierto un expediente sancionador contra él

Prohibición de nuevos animales y perros abandonados

La institución insular ordenó el pasado 17 de octubre la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron la presencia de entre 21 y 41 canes, muchos de ellos pertenecientes a personas ajenas al centro. Después de que la Policía Local localizase a sus dueños, cuatro de los animales que seguían en el interior de Can Dog fueron retirados por el Ayuntamiento de Sant Joan y trasladados al centro municipal de protección animal. 

Asimismo, el Consell remitió al Consistorio otros siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración. Olivier Hassler, representante de Pacma, denunció en ese momento que la situación era “lamentable” y retrató la injusticia de que los animales terminaran pagando los problemas del rancho.

El Consell de Eivissa notificó siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración

La cadena de inspecciones comenzó, sin embargo, mucho antes. En junio, tras la apertura de un expediente por presuntos incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal, los servicios veterinarios del Consell se dirigieron al problemático centro de acogida. La vigilancia se intensificó durante los meses de octubre y noviembre, revelando un escenario sostenido de irregularidades.

En uno de los primeros reconocimientos, realizado el 15 de octubre, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Las inspecciones posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: el 28 de octubre aún había 38 canes en el recinto, 28 de ellos alojados en régimen de residencia. El responsable del centro aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones, salvo en los casos en los que los propietarios no acudieran a recogerlos. 

En una de las primeras inspecciones, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Los reconocimientos posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: aún quedaban 38 canes en el recinto, 28 de ellos en régimen de residencia

Un abandono múltiple

El 21 de noviembre, otra visita constató la presencia de 21 perros, 11 de ellos pertenecientes a personas sin relación con el establecimiento, que seguían allí cinco días después, cuando volvieron los inspectores. En la última inspección, a finales de noviembre, se verificó que siete perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple, de competencia municipal. 

En la parcela, finalmente, únicamente permanecieron seis perros, los de P.A., que han sido cedidos al Ayuntamiento de Sant Joan -tal como según señaló en un reciente foro el concejal de Medio Ambiente, Andreu Roig- y otros cuatro de un trabajador residente. Desde el Consistorio han detallado a elDiario.es que, en su obligación de cumplir la ley de bienestar animal, han firmado un contrato con Natura Parc para que se encargue de los mismos servicios que ofrecía el rancho extinto de Sant Llorenç. 

Con todo, el cierre definitivo de Can Dog podría no estar aún jurídicamente blindado. El propietario sostiene que no ha recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejerce como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. De acuerdo a la misma información -y como han precisado fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado ha remitido un escrito al Consell en el que explica que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que ha rechazado la notificación.

El cierre de Can Dog podría ser anulado si se confirma que el expediente sancionador fue notificado de forma incorrecta. El propietario afirma no haber recibido el decreto de inicio del procedimiento, que el Consell remitió a un abogado que lo representó en el pasado

“Un antes y un después”

Por su parte, Pacma ha celebrado la clausura del centro. Un hecho que pone fin, aseveran los animalistas, a tres décadas marcadas por denuncias y condiciones insalubres que, pese a todo, no habían derivado en su clausura definitiva hasta ahora. Hassler ha agradecido la actuación coordinada entre las instituciones, que ha permitido recuperar y reubicar a los perros que permanecían en el recinto pese a no estar vinculados a la titularidad del centro. Para el partido, el cierre supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog.

Pacma celebra el cierre y agradece la actuación coordinada entre las instituciones. Para el partido, la clausura supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog

La formación reclama ahora que este episodio sirva para reforzar el control público sobre todos los núcleos zoológicos y residencias caninas de Eivissa mediante inspecciones más frecuentes, transparencia en los datos sobre sanciones y reubicaciones y un servicio operativo las 24 horas para atender a los animales abandonados o decomisados. Además, insta a mantener la colaboración con las entidades de protección animal para evitar nuevos episodios de hacinamiento y garantizar adopciones responsables. “No estamos contentos de que cierre una empresa, pero los animales estaban maltratados y son 30 años de esta historia. Queríamos pasar página”, sentencia Hassler.

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de los delitos de maltrato y abandono animal tras localizar ocho cachorros de perro, de escasos días de vida, arrojados al cauce de un arroyo en el término municipal de Valverde de la Vera, en la provincia de Cáceres.

Las investigaciones se iniciaron después de que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Jarandilla de la Vera (Cáceres) tuvieran conocimiento del hallazgo de los animales, que fueron encontrados con vida y con los ojos aún cerrados en el cauce del arroyo.

Los agentes acudieron al lugar, comprobaron el estado de los cachorros y coordinaron con el Ayuntamiento de Valverde de la Vera su atención inmediata. Posteriormente, los animales fueron trasladados al Centro Refugio Animal Brego, en Villanueva de la Vera, donde permanecen bajo cuidado.

Durante la investigación, el Seprona localizó en una finca cercana una perra en evidente estado de lactancia, cuya posible relación con los cachorros está siendo analizada. Las muestras biológicas tomadas a ambos han sido remitidas al Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para determinar si existe vínculo genético.

El propietario de la hembra, identificado en el lugar, ofreció versiones contradictorias sobre el reciente parto del animal, lo que ha llevado a los agentes a investigarlo penalmente como supuesto autor de los delitos de maltrato animal y abandono animal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Navalmoral de la Mata y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Cáceres.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado a un vecino de Talayuela (Cáceres), de 20 años, por su presunta implicación en un delito de maltrato animal, tras localizar un perro en situación de abandono en el patio de una vivienda de esta localidad.

A principios de octubre, los agentes del Seprona acompañados por un veterinario de la Oficina Veterinaria de Zona de Navalmoral de la Mata (Cáceres), realizaron una inspección en el lugar para verificar los hechos. A su llegada, pudieron escuchar los gemidos del animal, que se encontraba atado con una cuerda de apenas 40 centímetros, sin acceso a agua ni alimento, y sin ningún tipo de refugio.

El perro, de raza American Bully, estaba expuesto a las inclemencias del tiempo y solo contaba con una manta en el suelo. El veterinario constató además heridas en sus orejas y alrededor de los ojos, así como un deficiente estado de higiene y un fuerte olor tanto del animal como del entorno, según ha informado la Guardia Civil.

Ante estos indicios, se procedió a levantar acta veterinaria y se iniciaron las gestiones para identificar al propietario del animal, para lo que se contó con la colaboración de la Policía Local del municipio.

De forma paralela se abrieron diligencias penales y se solicitó al órgano judicial competente en Navalmoral la intervención cautelar del perro, con el fin de garantizar su bienestar.

Ese mismo día, los agentes del Seprona localizaron e identificaron al propietario, un varón de 20 años, quien fue informado de la resolución judicial adoptada en relación al animal, que fue trasladado a las instalaciones de la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa Animal, donde permanece bajo su cuidado. Finalmente, tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, el propietario del perro ha sido investigado penalmente por un supuesto delito de maltrato animal. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presentado ante los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios (FRM) la propuesta del Ejecutivo riojano para “aunar esfuerzos y recursos” con los ayuntamientos competentes en la prestación del servicio de recogida y atención de perros abandonados, extraviados y no identificados.

No obstante, al comienzo de la reunión la consejera ha remarcado que la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en su artículo 22.1 que “corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello, deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día”.

En este contexto, Noemí Manzanos ha señalado también a la normativa estatal. “Está siendo difícil para muchos municipios que no cuentan con los medios técnicos y económicos necesarios para asumir la realización individualizada de una actividad que trasciende el interés propio de los ayuntamientos”. Ante esta situación compartida por el presidente de la FRM, Jorge Loyo, la Consejería, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha elaborado un convenio de colaboración que se ofrecerá a los ayuntamientos para facilitar los medios técnicos necesarios para prestar el servicio sin coste económico alguno para ellos y sin que tengan que abonar ninguna tasa o precio.

Con esta iniciativa, ha recalcado Manzanos, el Gobierno regional responde al compromiso adquirido de ayudar a los ayuntamientos riojanos para que lleven a cabo el servicio de recogida de animales abandonados, que es de competencia municipal.

Cada ayuntamiento que firme el convenio se compromete a realizar, al menos, dos actuaciones al año relacionadas con el fomento de la adopción, la tenencia responsable y la reducción de abandono entre sus asociaciones y vecinos. También deben disponer de un lector de chips y de una instalación temporal básica para poder iniciar la identificación de los animales extraviados que permita una rápida recuperación por parte de sus propietarios.

Condiciones del convenio de colaboración

En la actualidad, la Consejería de Agricultura ya facilita la acogida y búsqueda de un destino posterior para los perros capturados a través del Centro de Acogida de Animales de La Rioja, en Cañas. Se consideran animales sin identificar todos aquellos que no poseen microchip ni referencia alguna de su origen o de la persona que es propietaria, ni se encuentren dados de alta en el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC). Con respecto a los perros procedentes de personas en situación de vulnerabilidad, será el propio Ayuntamiento el responsable de tramitar previamente el correspondiente expediente, determinando cuando el animal se considera en situación de desamparo.

Cuando el Ayuntamiento conozca la existencia de un animal que deba ser capturado en su término municipal, tiene que comunicarlo a los responsables de la prestación del servicio de acogida a través del teléfono de avisos, y será el Gobierno de La Rioja el que se ocupe de la recogida de los animales. 

En cuanto a la identificación del propietario de los animales recogidos, será el Ayuntamiento quien realice las primeras gestiones para localizarlo. Identificado el propietario, se pondrá el animal a su disposición, sin perjuicio de otras actuaciones.

Por otro lado, el convenio propuesto no incluye la recogida de gatos abandonados, extraviados, no identificados o procedentes o integrantes de colonias felinas, cuya competencia será exclusivamente municipal.

El PSOE lo tacha de hipócrita y ventajista“

Por su parte, el PSOE de La Rioja ha respondido que este convenio que “llega tarde y tras más de un año y medio de caos e irresponsabilidad”. “Durante este tiempo, los municipios riojanos, especialmente los más pequeños, se han visto desbordados, sin recursos y sin apoyo alguno por parte del Ejecutivo regional ya que el centro de Cañas solo prestaba servicio en horario de oficina y de lunes a viernes”, han advertido al recordado que los alcaldes socialistas ya habían reclamado este convenio. Por ello, el PSOE ha tachado al PP de “hipócrita y ventajista” por este anuncio.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos personas, propietarias de una perra de la raza Alaska Malamute, presuntamente por abandonarla en un camino tapada con una sabana, deshidratada hasta el punto de que tras ser atendida por un veterinario falleció al día siguiente.

La Policía Nacional recibió, sobre las nueve de la noche del día 15 de agosto, a través de la sala CIMACC 091, una llamada en la que unos transeúntes daban cuenta de había una sábana en una cuneta del camino de la Magdalena de Logroño, y que debajo había algo que se movía, pensando en un primer momento de que podría tratarse de una persona. Al lugar acudió una patrulla de Policía Nacional, que inmediatamente observo que se trataba de un perra de la raza Alaska Malamute de unos 11 años, en muy mal estado, por lo que requirió la presencia de la protectora de animales, para su traslado hasta un centro veterinario para su atención urgente.

La patrulla de la Policía Nacional acompañó a la perra hasta el centro veterinario, donde tras realizar gestiones con la información del dispositivo electrónico identificativo, se localizó y comunicó el hecho a los propietarios, que acudieron al centro, donde la patrulla procedió a su plena identificación. Los propietarios manifestaron de forma espontánea a la dotación policial que el día anterior en el paseo nocturno se les había escapado detrás de un gato y no habían vuelto a saber nada de ella.

La perra permaneció el centro veterinario todo la noche falleciendo al día siguiente por la mañana.

El grupo de investigación de la Policía Nacional, ha llevado a cabo una investigación de los hechos, y tras analizar la información disponible, ha procedido a la detención de los dos propietarios de la perra fallecida a los que se les atribuye un delito contra los animales.

L’Associació Stop Macrogranja Llucmajor, que agrupa els veïns i veïnes afectats per la 'macrogranja dels horrors' de Mallorca, ha denunciat l’entitat privada AENOR —que atorga el segell de benestar animal Welfair— per la comissió d’un presumpte delicte d’estafa, tal com consta en un escrit al qual ha tingut accés elDiario.es. L’entitat ha presentat la denúncia, en concret, davant el jutjat que recentment ha obert diligències penals contra l’empresa Avícola Ballester —marca comercial d’Avícola Son Perot S.A.—, propietària de l’explotació que des de fa diverses setmanes es troba al punt de mira informatiu arran de les imatges publicades en primícia per elDiario.es el passat 26 de maig, i que es van fer virals per les condicions d’insalubritat, manca d’higiene i brutícia extrema de l’interior.

Mitjançant el document, l’associació sol·licita al Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma que investigui tant l’empresa com els seus veterinaris per haver actuat, suposadament, en connivència amb Avícola Son Perot S.A. —responsable de l’explotació— en relació amb presumptes delictes de maltractament animal i/o mediambientals, per no haver traslladat a les autoritats competents “els fets que hagin pogut observar en les auditories anuals” realitzades entre 2020 i 2025.

Les greus irregularitats acreditades a la granja de Llucmajor han evidenciat les condicions de manca d’higiene i brutícia extrema que es donaven a les seves instal·lacions. A més, el Jutjat investiga també un presumpte delicte de maltractament animal arran de les imatges enregistrades per les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal, tal com va informar elDiario.es. Aquesta situació ha posat el focus sobre el paper que exerceixen els segells de benestar animal, en aquest cas Welfair, que atorga l’entitat privada AENOR.

Cal recordar que les imatges, publicades el 26 de maig, van ser enregistrades per les entitats animalistes entre els dies 21 i 29 d’abril. Entre els dies 24 i 29 d’aquell mes es va documentar com les gallines camperoles no havien tingut accés a l’exterior de les instal·lacions, tot i que és obligatori segons la normativa. Malgrat això, la granja de Llucmajor va superar l’auditoria anual d’AENOR el 20 de maig, tot i que encara quedava pendent completar documentació, segons va informar l’empresa. L’entitat privada que atorga el segell va proposar a l’empresa avícola que la data de l’auditoria anual fos pactada, tal com va revelar elDiario.es.

Després de la publicació de les imatges, dos tècnics de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern—, així com agents del Seprona de la Guàrdia Civil, van dur a terme una inspecció que va acreditar set irregularitats greus i una de lleu, tal com va publicar aquest mitjà. AENOR no va respondre a la consulta sobre si les imatges publicades eren compatibles amb l’atorgament del segell de benestar animal.

elDiario.es s’ha posat en contacte amb AENOR, Welfair i l’IRTA (entitat desenvolupadora del segell, adscrita a la Generalitat de Catalunya), a qui s’ha informat de l’escrit de denúncia, però no ha estat possible obtenir-ne una resposta. Tampoc ha volgut fer cap comentari Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la granja investigada. Pel que fa a les institucions públiques, no ha respost a la consulta la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dependent de la Generalitat de Catalunya, a qui es preguntava si era coneixedora de les irregularitats acreditades a la macrogranja de Mallorca.

La granja manté el segell de benestar animal

Per ara, Avícola Son Perot S.A. —una de les empreses que opera sota el paraigua de la marca comercial Avícola Ballester— manté el segell Welfair. Després de la publicació del primer reportatge d’aquest mitjà, Welfair va afirmar a aquest diari que havia “iniciat una investigació” i que facilitaria més informació tan aviat com la tingués disponible. No obstant això, amb data del 29 de juny de 2025, el segell no ha tornat a comunicar-se amb aquest mitjà.

En el seu escrit, presentat per l’advocat Lorenzo Peñas Roldán, es recorden els requisits que han de complir les explotacions ramaderes en matèria de benestar animal per obtenir la certificació. Les auditories es basen en l’avaluació de quatre principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament adequat, així com “l’estricte compliment de la legislació europea en benestar animal vigent en cada moment, o una altra equivalent o superior, en aquells casos en què localment existeixi legislació més estricta”.

En aquest sentit, Avícola Son Perot S.A. posseeix el segell de benestar animal Welfair des del 25 de novembre de 2020, segons indica la denúncia. Aquest certificat abasta la cria de gallines ponedores de l’empresa en els codis tipus 1, de gallines camperoles, i 2, de gallines a terra. L’última auditoria anual es va superar el 20 de maig de 2025, una setmana abans de la inspecció realitzada pel Govern balear.

Abans d’aquestes últimes inspeccions, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ja havia acreditat irregularitats. De fet, un informe al qual va tenir accés aquest diari va concloure que, en referència a la gestió del femer de la granja, l’empresa havia comès tres infraccions greus i dues lleus. Aquest expedient va ser signat els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, tal com va informar aquest diari. Per aquests motius, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va anunciar mesures cautelars.

Entre altres mesures, es va aplicar la suspensió de la cria de les gallines camperoles de la granja de Llucmajor, coneguda com la ‘granja dels horrors’. Per pal·liar la situació, l’explotació va haver de presentar un pla de benestar animal específic amb el protocol de maneig d’aquestes aus. Fins que no s’aprovés aquest pla, quedava suspesa “l’autorització per operar com a granja campera”. Aquesta mesura es va aixecar perquè l’empresa va presentar i ajustar, segons el Govern, el pla requerit.

Tanmateix, durant tot aquest procediment, no consta cap suspensió cautelar del certificat Welfair ni altres actuacions per part d’AENOR, segons la denúncia presentada pel lletrat Lorenzo Peñas.

AENOR va demanar pactar la data de l’auditoria anual

Així, la denúncia recorda que AENOR va realitzar l’última auditoria anual el 20 de maig de 2025, que va ser superada per l’empresa, mentre que una setmana després, el 27 de maig, el Govern va acreditar set deficiències greus i una lleu, la qual cosa va motivar el tancament de la nau 7 —una de les tres que correspon a les gallines camperoles—. A les altres cinc naus restants es van detectar deficiències lleus. Cal recordar que AENOR va proposar a l’empresa avícola que la data de l’auditoria anual fos pactada.

En l’escrit de denúncia, l’associació de veïns recorda que el benestar animal “és un aspecte de gran importància per al consumidor espanyol”. “Un 91% dels espanyols opinen que és important protegir el benestar animal dels animals de granja” i un 96% pensen que és important proporcionar-los prou espai per poder moure’s, estirar-se i aixecar-se, segons indiquen. En aquest sentit, el fet que els ous de gallines camperoles i gallines a terra disposin del certificat de benestar animal Welfair “podrien estar influint que el comprador d’aquests ous pagui més per un producte que la cronologia dels fets evidencia que no disposa d’un millor benestar animal que l’estàndard de la indústria”, argumenta l’escrit.

Per aquests motius, l’acusació considera que AENOR “podria estar incórreguen en un presumpte delicte d’estafa” en afegir el seu segell als envasos dels ous camperols i de terra de l’explotació avícola investigada. Així, el consumidor balear estaria pagant un preu més alt pensant que els ous són producte de gallines que tenen un benestar superior a l’estàndard, ja que el certificat afirma que “les explotacions ramaderes han de disposar de bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament adequat”, així com complir estrictament la legislació en benestar animal vigent.

No obstant això, Avícola Son Perot S.A. ha infringit la legislació en matèria de sanitat animal, afirma la denúncia. Concretament, segons consta en els expedients del Govern, s’han incomplert diversos articles del Reial Decret 637/2021, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles, així com del Reial Decret 3/2002, que estableix les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores.

“El consumidor adquireix i consumeix aquests productes confiat en la Certificació en Benestar Animal Welfair®, entenent que els animals han estat tractats i criats en condicions superiors de benestar animal”, assegura l’escrit. Així i tot, afegeix, “això no s’ha vist traduït en la realitat de l’explotació avícola investigada i AENOR i IRTA han pogut obtenir un lucre significatiu”. IRTA és una entitat que respon a les sigles de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (adscrita al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya), una de les desenvolupadores del segell de benestar animal Welfair.

Finalment, la denúncia sosté que AENOR i/o els auditors veterinaris podrien haver actuat en connivència amb Avícola Son Perot S.A., en no informar les autoritats de possibles delictes de maltractament animal, mediambientals o problemes de bioseguretat detectats durant les auditories realitzades entre 2020 i 2025 a la granja ‘Ses Cisternetes’, de Llucmajor. La part denunciant no entén com l’explotació va poder superar l’auditoria del 20 de maig de 2025.

Per tant, l’acusació sol·licita que AENOR aporti al jutjat el nom dels treballadors que van realitzar les auditories assenyalades, així com la documentació relacionada amb aquestes, des de la primera obtenció de la certificació de benestar animal Welfair, fins a l’última auditoria realitzada el 20 de maig de 2025.

L’informe veterinari de les naus amb segell de benestar animal

Les associacions ARDE i Satya Animal van denunciar Avícola Son Perot S.A. davant la Fiscalia de Medi Ambient de Balears el 21 de maig de 2025 per presumptes delictes d’estafa, contra la salut pública i abandonament animal per manca de supervisió veterinària. Aquesta denúncia, acompanyada d’una gravació de més de tres hores, aportava també un informe veterinari, al qual va tenir accés aquest diari.

Així, el professional assenyalava que a l’interior de la granja hi havia “riscos de bioseguretat tant per als animals com per al personal i potencialment per als consumidors”. Entre aquests riscos, detallava la presència d’altres animals a les instal·lacions com “abundants rosegadors” (alguns fins i tot amb signes de malaltia), entre les aus i el seu aliment; cadàvers en diferents estats de descomposició (tant al terra de la nau com entre les aus vives), cosa que és “una font important de contaminació” i manca d’higiene de la granja, ja que “la major part de la superfície està coberta de pols, aus mortes i teranyines”.

Segons el veterinari, hi havia defectes en l’aïllament de la nau “a causa dels possibles desperfectes causats pels rosegadors” i s’assenyalava que l’emmagatzematge dels ous es trobava en un lloc obert on poden entrar les rates, contaminant els productes. “Tot això afavoreix la disseminació de malalties posant en risc la vida de les aus, els treballadors i els consumidors d’aquests productes”, afirmava el professional, que afegia al seu informe que s’evidenciava “una neteja inadequada” i, per tant, una inadequada “desinfecció”.

Pel que fa a la presència d’animals malalts, el veterinari destacava que són un focus de contagi. Així, afirmava que en diverses ocasions es veien imatges d’aus o rosegadors amb signes de malaltia. Algunes de les malalties infeccioses que podrien tenir les aus són les bacterianes i víriques. Es destacaven les malalties zoonòtiques, és a dir, aquelles que es poden transmetre d’animals a humans. Entre elles, la pesta aviària (influença); la malaltia de Newcastle (coneguda com la pseudopesta aviària); la salmonel·losi (intoxicació alimentària) i la campilobacteriosi (provoca gastroenteritis).

A més, s’assenyalava la leptospirosi (pot afectar diversos òrgans com el fetge o el ronyó i causar fins i tot la mort si no és tractada a temps), ja que “una de les fonts de contagi més comunes són els rosegadors”.

Així, el veterinari concloïa que hi havia una manca de control “tant per part dels treballadors com per part del propietari de l’explotació”, així com una manca de supervisió veterinària envers els animals i la higiene de l’explotació. “Hi ha un risc envers la integritat física, ja no només de les aus que es troben dins les naus, sinó també per al personal i el seu entorn, així com pel consumidor dels productes”, detallava el professional.

Finalment, el veterinari considerava que s’estaven incomplint dos principis bàsics del segell Welfair de benestar animal. En primer lloc, no es complia l’estat de bona salut dels animals, ja que ha d’haver-hi absència de lesions, malalties i dolors. En segon lloc, tampoc es complia el principi de “comportament social adequat”, cosa que implica absència de conductes negatives —com baralles o desplaçaments dels animals—.

“No es pot determinar el compliment o no de la resta de principis bàsics de benestar animal (respecte a l’alimentació i zona de descans), ni les etapes de transport i sacrifici dels animals”, concloïa l’informe, basant-se en el material audiovisual inspeccionat.

La Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, que agrupa a los vecinos y vecinas afectados por la 'macrogranja de los horrores' de Mallorca, ha denunciado a la entidad privada AENOR —que otorga el sello de bienestar animal Welfair— por la presunta comisión de un delito de estafa, tal y como consta en un escrito a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es. La entidad lo ha presentado, en concreto, ante el Juzgado que recientemente abrió diligencias penales contra la empresa Avícola Ballester –marca comercial de Avícola Son Perot S.A.–, propietaria de la explotación que desde hace varias semanas se encuentra en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

A través del documento, la asociación solicita al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma que investigue tanto a AENOR como a sus veterinarios por haber actuado, supuestamente, en connivencia con Avícola Son Perot S.A. —responsable de la explotación— en relación con presuntos delitos de maltrato animal y/o medioambientales al no haber trasladado a las autoridades competentes “los hechos que hayan podido observar en las auditorías anuales” realizadas entre 2020 y 2025.

Las graves irregularidades acreditadas en la granja de Llucmajor han puesto en evidencia las condiciones de falta de higiene y suciedad extrema que se daban en sus instalaciones. Además, el Juzgado investiga también un presunto delito de maltrato animal a raíz de las imágenes grabadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal, como informó elDiario.es. Esta situación ha puesto el foco sobre el papel que desempeñan los sellos de bienestar animal, en este caso Welfair, que otorga la entidad privada AENOR.

Cabe recordar que las imágenes, publicadas el 26 de mayo, fueron grabadas por las entidades animalistas entre los días 21 y 29 de abril. Entre los días 24 y 29 de ese mes se documentó cómo las gallinas camperas no habían tenido acceso al exterior de las instalaciones, pese a que es obligatorio por normativa. Pese a todo, la granja de Llucmajor superó la auditoría anual de AENOR el 20 de mayo, a falta de completar documentación, según informó la empresa. La entidad privada que otorga el sello propuso a la empresa avícola que la fecha de la auditoría anual fuera pactada, como desveló elDiario.es.

Tras la publicación de las imágenes, dos técnicos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern—, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil, realizaron una inspección que acreditó siete irregularidades graves y una leve, como publicó este medio. AENOR no respondió a la consulta sobre si las imágenes publicadas eran compatibles con la otorgación del sello de bienestar animal.

elDiario.es se ha puesto en contacto con AENOR, Welfair e IRTA (entidad desarrolladora del sello, adscrita a la Generalitat de Catalunya), a quienes se ha puesto en conocimiento del escrito de denuncia, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Tampoco ha querido hacer ningún comentario Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la granja investigada. En cuanto a las instituciones públicas, no ha respondido a la consulta la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente de la Generalitat de Catalunya, a la que se trasladaba si era conocedora de las irregularidades acreditadas en la macrogranja de Mallorca.

La granja mantiene el sello de bienestar animal

Por el momento, Avícola Son Perot S.A. —una de las empresas que opera bajo el paraguas de la marca comercial Avícola Ballester— mantiene el sello Welfair. Después de la publicación del primer reportaje de este medio, Welfair afirmó a este diario que había “iniciado una investigación” y que facilitaría más información en cuanto dispusiera de ella. No obstante, a fecha del 29 de junio de 2025, el sello no ha vuelto a comunicarse con este medio.

En su escrito, presentado por el abogado Lorenzo Peñas Roldán, se recuerdan los requisitos que deben cumplir las explotaciones ganaderas en materia de bienestar animal para obtener la certificación. Las auditorías se basan en la evaluación de cuatro principios: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado, así como el “estricto cumplimiento de la legislación europea en bienestar animal vigente en cada momento, u otra equivalente o superior, en aquellos casos en los que localmente exista legislación más estricta”.

En este sentido, Avícola Son Perot S.A. posee el sello de bienestar animal Welfair desde el 25 de noviembre de 2020, según indica la denuncia. Este certificado abarca la cría de gallinas ponedoras de la empresa en los códigos tipo 1, de gallinas camperas, y 2, de gallinas en suelo. La última auditoría anual fue superada el 20 de mayo de 2025, una semana antes de la inspección realizada por el Govern balear.

Antes de estas últimas inspecciones, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya había acreditado irregularidades. De hecho, un informe al que accedió este diario concluyó que, en referencia a la gestión del estercolero de la granja, la empresa había cometido tres infracciones graves y dos leves. Este expediente fue firmado los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, como informó este diario. Por estos motivos, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural anunció medidas cautelares.

Se aplicó, entre otras medidas, la suspensión de la cría de las gallinas camperas de la granja de Llucmajor, conocida como ‘granja de los horrores’. Para subsanar la situación, la explotación tuvo que presentar un plan de bienestar animal específico con el protocolo de manejo de estas aves. Hasta que no se aprobara este plan quedaba suspendida “la autorización para operar como granja campera”. Esta medida se levantó porque la empresa presentó y ajustó, según el Govern, el plan requerido. Sin embargo, durante todo este procedimiento, no consta ninguna suspensión cautelar del certificado Welfair u otras actuaciones por parte de AENOR, según la denuncia presentada por el letrado Lorenzo Peñas.

AENOR pidió pactar la fecha de la auditoría anual

Así, la denuncia recuerda que AENOR realizó la última auditoría anual el 20 de mayo de 2025, que fue superada por la empresa, mientras que una semana después, el 27 de mayo, el Govern acreditó siete deficiencias graves y una leve, lo que motivó el cierre de la nave 7 —una de las tres que corresponde a las gallinas camperas—. En las otras cinco naves restantes se detectaron deficiencias leves. Cabe recordar que AENOR propuso a la empresa avícola que la fecha de la auditoría anual fuera pactada.

En el escrito de denuncia, la asociación de vecinos recuerda que el bienestar animal “es un aspecto de gran importancia para el consumidor español”. “Un 91% de los españoles opinan que es importante proteger el bienestar animal de los animales de granja” y un 96% piensan que es importante proporcionarles espacio suficiente para poder moverse, estirarse y levantarse, según indican. En este sentido, el hecho de que los huevos de gallinas camperas y gallinas en suelo dispongan del certificado de bienestar animal Welfair “podrían estar influyendo en que el comprador de estos huevos pague más por un producto que la cronología de los hechos evidencia, no dispone de un mejor bienestar animal que el estándar de la industria”, argumenta el escrito.

Por estos motivos, la acusación considera que AENOR “podría estar incurriendo en un presunto delito de estafa” al añadir su sello a los envases de los huevos camperos y de suelo de la explotación avícola investigada. Así, el consumidor balear estaría pagando un precio mayor al pensar que los huevos son producto de gallinas que tienen un bienestar mayor que el estándar, ya que el certificado afirma que “las explotaciones ganaderas deben disponer buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado”, así como cumplir estrictamente la legislación en bienestar animal vigente.

Sin embargo, Avícola Son Perot S.A. ha infringido la legislación en materia de sanidad animal, afirma la denuncia. Concretamente, según consta en los expedientes del Govern, se han incumplido varios artículos del Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, así como del Real Decreto 3/2002, que establece las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

“El consumidor adquiere y consume estos productos confiado en la Certificación en Bienestar Animal Welfair®, al entender que los animales han sido tratados y criados en unas condiciones superiores de bienestar animal”, asegura el escrito. Sin embargo, añade, “ello no se ha visto traducido en la realidad de la explotación avícola investigada y AENOR e IRTA han podido obtener un lucro significativo”. IRTA es una entidad que responde a las siglas del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (adscrita al departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya), una de las desarrolladoras del sello de bienestar animal Welfair.

Por último, la denuncia sostiene que AENOR y/o los auditores veterinarios podrían haber actuado en connivencia con Avícola Son Perot S.A., al no informar a las autoridades de posibles delitos de maltrato animal, medioambientales o problemas de bioseguridad detectados durante las auditorías realizadas entre 2020 y 2025 en la granja ‘Ses Cisternetes’, de Llucmajor. La parte denunciante no entiende cómo la explotación pudo superar la auditoría del 20 de mayo de 2025. Por tanto, la acusación solicita que AENOR aporte al juzgado el nombre de los trabajadores que realizaron las auditorías señaladas, así como la documentación relacionada con las mismas, desde la primera obtención de la certificación de bienestar animal Welfair, hasta la última auditoría realizada el 20 de mayo de 2025.

El informe veterinario de las naves con sello de bienestar animal

Las asociaciones ARDE y Satya Animal denunciaron a Avícola Son Perot S.A. ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears el 21 de mayo de 2025 por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por falta de supervisión veterinaria. Esta denunciada, acompañada de una grabación de más de tres horas, iba acompañada de un informe veterinario, al cual accedió este diario.

Así, el profesional señalaba que en el interior de la granja había “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”. Entre estos riesgos, detalló la presencia de otros animales en las instalaciones como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación” y falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.

Según el veterinario, había defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y se señalaba que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirmaba el profesional, que añadía en su informe que se evidencia “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.

Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destacaba que son un foco de contagio. Así, afirmaba que en varias ocasiones se veían imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacaban las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis).

Además, se señalaba la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo) ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.

Así, el veterinario concluía que había una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detallaba el profesional.

Finalmente, el veterinario consideraba que se estaban incumpliendo dos principios básicos del sello Welfair de bienestar animal. En primer lugar, no se cumplía el estado de buena salud de los animales, ya que debe de haber ausencia de lesiones, enfermedades y dolores. En segundo lugar, tampoco se cumplía el principio de “comportamiento social adecuado”, lo que implica ausencia de conductas negativas —como peleas o desplazamientos de los animales—.

“No se puede determinar el cumplimiento o no del resto de principios básicos de bienestar animal (respecto a la alimentación y zona de descanso), ni las etapas de transporte y sacrificio de los animales”, concluía el informe, en base al material audiovisual inspeccionado.

La parcel·la és un terreny rústic a la perifèria de la ciutat: 10.528 metres quadrats dedicats al secà. Si més no, segons el cadastre. La pràctica no té res a veure amb la teoria. Allà on abans florien els ametllers, ara s’hi amunteguen desenes de cotxes, tres grues amb el nom i les dades d’un taller escrites en vermell sobre una carrosseria blanca, algunes furgonetes de repartiment. També, fustes i metalls escampats entre males herbes, mates i diversos garrofers. Aprofitant l’ombra que projecten les rames dels arbres, dos hòmens fiquen el cap sota uns xassís. Són mecànics suant la cansalada, pareixen figurants d’una pel·lícula rodada per Bigas Luna a les portes de l’estiu. Un cavall observa amb indiferència com fan feina els humans.

Són les set menys quart d’una tarda a mitjan juny. Falta més de dos hores perquè es pongui el sol i el termòmetre encara s’atraca als trenta graus. Un ambient enganxós impregna cada racó d’aquest aparcament sense asfaltar on el cavall –pelatge xocolata, crinera i cua fosques– observa els mecànics que suen la cansalada a la perifèria de la ciutat una tarda a les portes de l’estiu. El partit Progreso en Verde sosté que aquest exemplar és un dels animals que arrosseguen una galera –verd botella, amb seients de sky beix, quatre rodes de fusta, les del darrere de molt més diàmetre que les de davant, una capota negra, un pescant– fàcil d’identificar. Penjada sota un bagul, el maleter del carruatge, hi ha una placa amb un número: el 72. És la matrícula de les calesses que formen part del servei municipal de Palma. Segons Guillermo Amengual, el president de Progrés en Verd, la galera té els seus cavalls en “pèssimes condicions”.

Per a qui viu o fa feina als barris antics de Palma, la calessa, més que una atracció turística, és un element quotidià. Per als turistes, un divertiment que els permet recórrer el centre històric com si fossin burgesos mallorquins del segle XX, a poc a poc, a l’alè d’una bèstia de tir. Per al cavall, una tortura. No per la seua feina, sinó per les condicions en què malviu, com denuncien des de Progreso en Verde. Es troba a la intempèrie. La quadra la delimiten uns llistons. Les parets són d’aire. La teulada, unes xapes, subjectades pel contrapès d’un sac farcit i diversos pneumàtics. Quan apreta la calor, la carn ha de rostir-se. Quan plou, els cascs s’enfonsen en un fangar viscós.

El cavall és a la intempèrie. Les parets són d’aire. Les calesses són més que una atracció turística a Palma: ja són un element quotidià del paisatge mallorquí, malgrat les condicions en què malviuen els pobres animals

La silueta de la galera no apareix en l’enquadrament de les fotos que pren elDiario.es des de l’altra banda de la tanca que envolta la finca. La calessa sí que es veu, juntament amb dos cavalls (també marrons), en molts dels arxius en format imatge que Amengual ha acumulat durant els darrers anys. L’activista afirma que visita sovint aquests camps de cultiu reconvertits en aparcament (de motors d’injecció de combustible, de motors de sang equina). Agafa la moto i la càmera, condueix fins al barri de sa Indioteria: antigues possessions transformades en barri d’al·luvió i polígon industrial quan Palma va conèixer el turisme, va multiplicar els seus habitants i, amb ells, les seves necessitats. En aquest paisatge, Amengual col·lecciona imatges que, quan les bolca a l’ordinador, li posen la pell de gallina:

–Amb les condicions que presenta, és impossible que la finca estigui inscrita al Registre d’Explotacions Agràries del Govern. Si no hi estigués inscrita, estaríem parlant d’un delicte greu perquè allà hi viuen cavalls que participen en una activitat econòmica i presten un servei municipal. Si ho estigués, també tendríem un problema. Com li van poder donar el vistiplau? Hem vist el sòl on trepitja el cavall ple d’excrements: no els recullen. L’abeurador és un bidó metàl·lic que es deixa hores i hores al sol. Hi ha objectes tallants per tot arreu, herbes i materials inflamables que podrien provocar una desgràcia si algun dia s’hi declaràs un incendi. La tanca més propera al cavall són uns palets mig tombats: si li dóna per saltar-los, acabaria al polígon.

Hem vist el terra que trepitja el cavall ple d’excrements: no els recullen. L’abeurador és un bidó metàl·lic que es deixa al sol hores i hores. Hi ha objectes tallants per tot arreu, herbes i materials inflamables. La tanca més propera al cavall són uns palets que estan mig tombats

Guillermo Amengual — President de Progreso en Verde

“Hauria de perdre la llicència”

En la partida d’escacs que Amengual juga amb les institucions, aquest terreny és clau: des d’allà baixa i fins allà puja, com denuncia el seu treball de documentació, la galera que de manera “més descarada” ha desafiat l’ordenança municipal i la Llei de Protecció Animal de les Illes Balears (1/1992). Va estar mesos treballant amb la llicència suspesa. La Policia Local de Palma va denunciar el conductor per circular amb un cavall massa dèbil, massa vell: coix de dos potes, superava els setze anys, l’edat límit per utilitzar l’animal… si no hi ha un informe veterinari que ho autoritzi, tal com va informar Mallorca Diario.

“És flagrant que les institucions no estiguin damunt d’un conductor que, per acumulació d’infraccions, algunes de greus o molt greus, hauria d’haver perdut la llicència. Així ho dicta l’ordenança”, diu Amengual. Les fotografies i els vídeos que ha enviat a elDiario.es –i que coincideixen amb les imatges captades pel fotògraf i el redactor d’aquest reportatge– van arribar –mesos o anys abans– a l’Ajuntament de Palma, a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia i al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil.

El president de Progreso en Verde explica que en cap de les tres finestretes va obtenir resposta. Quelcom similar li va passar durant la darrera setmana a elDiario.es: informació amb comptagotes, poca concreció en les dades i, especialment per part de l’Ajuntament de Palma, molta reticència a respondre. Hi va haver cridades i intercanvi de missatges amb diferents caps de premsa. A la Regidoria de Mobilitat van remetre a la de Medi Natural, que va retornar la responsabilitat al departament que atorga i retira aquestes concessions. En cap moment va ser possible entrevistar un responsable polític o tècnic.

La resposta, finalment, arribà per correu electrònic. Sense aportar documents que ho provassin, des de l’Ajuntament van assegurar que la revisió veterinària que s’ha fet enguany (entre març i abril) només ha descartat dos animals per a la feina. Que el control és exhaustiu (cada quinze dies a les parades). Que a cap conductor de galeres se li ha imposat una “sanció molt greu”, ni tan sols per reincidència. Això implicaria la retirada definitiva de la llicència. Les repreguntes de elDiario.es han quedat en el limbe. “L’Ajuntament no revisa els llocs on es guarden els cavalls que treballen en el servei municipal de galeres?”, en va ser una.

Les institucions gairebé no proporcionen informació i, quan ho fan, és escassa o poc concreta. Cap responsable de l’Ajuntament de Palma ha volgut ser entrevistat per aquest reportatge i la resposta municipal s’ha basat en un correu electrònic que, sense documents ni proves, ofereix informacions que no responen a totes les preguntes plantejades

Sense resposta del Govern

El Govern tampoc no ha respost a aquesta qüestió. El departament de premsa d’Agricultura i Ramaderia va donar algunes explicacions sobre com funcionen les explotacions equines: “Si n’hi ha més de cinc cavalls, necessita un pla d’actuació elaborat per un veterinari. Si en té menys [com passa al terreny de sa Indioteria], no necessita aquest pla. Normalment, aquest tipus d’explotacions més petites no donen problemes”. També va quantificar el nombre de finques inscrites al REGA que hi ha al municipi de Palma: un centenar. Sense més detalls.

El web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promet més transparència: “El Registre d’Explotacions Ramaderes té caràcter públic i informatiu”. La realitat és ben diferent. Quan Guillermo Amengual va clicar a la pestanya del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, on pensava que es podria consultar el llistat, es va trobar amb un cercador que li demanava un codi. “Mai me l’han volgut donar. Diuen que vulnerarien la llei de protecció de dades”, explica. La mateixa justificació que va rebre elDiario.es per part de la Conselleria quan va consultar si la finca on el xofer de la llicència 72 aparca la galera i estiba els seus cavalls –segons els animalistes– figura al REGA.

El Govern balear tampoc no és transparent: no ha volgut respondre si la finca on el conductor de la llicència 72 aparca la calessa i estabula els seus cavalls figura en el Registre d’Explotacions Ramaderes

Progreso en Verde va aconseguir el 2023 que es clausuràs un estable situat al Camí Salard, un altre dels antics camins agrícoles que queden amagats darrere les autovies de la perifèria palmesana. Allà també malvivien cavalls, en quadres sense parets, que després estiraven els carros turístics. Va ser una lluita maratoniana, però hi va haver més feedback amb el sistema públic. Amengual va rebre un missatge amb el segell de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia. Estava firmat, a més, per dos caps tècnics. El document detallava les inspeccions realitzades en aqueixa finca (el 2018 i el 2021) i confirmava l’existència d’un expedient per sancionar-la perquè tenia cavalls sense figurar al REGA. A més, els tècnics concretaven que l’Ajuntament de Palma havia rebut una ordre perquè traslladàs “els èquids a una explotació autoritzada”.

Potser, per aquella victòria passada, l’activista no abaixa ara els braços. El Reial Decret que regula les explotacions ramaderes conté articles contundents. Considera una “infracció greu” “obligar els animals a treballar o a produir en cas de malaltia o desnutrició o a una sobreexplotació que pugui posar en perill la seua salut”. Agafant-se a aquestes paraules, Amengual ha arribat a recórrer al Defensor del Poble. Mentre espera resposta des de Madrid, pensa en anar més enllà: “Si no ens queda més remei, acudirem a la Fiscalia i denunciarem a la Justícia aquesta situació de maltractament animal”.

Progreso en Verde va aconseguir el 2023 que es clausuràs un estable on també malvivien cavalls que després tiraven dels carros turístics

Cavalls desplomats i una norma encallada

Progreso en Verde segueix el rastre de la galera número 72 des de fa gairebé tres anys, després que transcendís aquella denúncia de la Policia Local contra el seu conductor i que l’estiu encengués el debat sobre les galeres palmesanes. Va ser un mes de juliol mogut, el del 2022. El divendres 22, l’edició balear d’elDiario.es va publicar una crònica on s’explicaven les ínfimes condicions en què treballaven els cavalls del servei de galeres: Cort –el nom popular amb què els mallorquins coneixen l’Ajuntament de Palma– reconeixia “dificultats” per modificar l’ordenança que regulava el servei. Data de 2003 i encara està en vigor.

L’endemà, dissabte 23, el regidor de Mobilitat, Francesc Dalmau, es va afanyar a dir que les galeres tirades per cavalls tendrien bateries elèctriques en un termini de dos anys. Va ser un titular efímer. L’actualitat va sacsejar l’agenda política. Unes hores després d’aqueixes declaracions, a les cinc de la tarda del diumenge 24 de juliol, un cavall que tirava d’una galera es desplomava a la capçalera del Passeig del Born. Desenes de mòbils van gravar l’escena, la van publicar i la van viralitzar. Ja havia passat el 2015, provocant la recollida de 14.000 signatures. Però fa una dècada l’algoritme no tenia tanta potència com el 2022, quan internet es va inflamar i el cas va travessar les costes de Mallorca. Televisions, diaris i ràdios nacionals en van fer ressò d’un desmai que va marcar un punt d’inflexió en les protestes per acabar amb les galeres de tracció animal a Palma. Una setmana després, el 30 de juliol, tres-centes persones es van manifestar per reclamar-ho.

El 2023, un cavall que tirava d’una calessa es va desplomar al Passeig del Born, unes imatges que es van viralitzar. Un dia abans, l’Ajuntament de Palma va anunciar que els cotxes de cavalls tindrien bateries elèctriques en un termini de dos anys, un fet que no s’ha complert

L’era digital es mou amb ritmes ràpids, la repercussió incitava a actuar amb immediatesa. S’havia obert una finestra d’oportunitat, els partits semblaven disposats a escoltar la remor del carrer. Va ser així. Es tractava d’una proposta de Ciutadans: el socialista Dalmau i els seus companys d’equip de govern, que també integraven Més per Mallorca i Unides Podem, la van recolzar, aprovant-la en ple, el dijous 28, però mai no la van desenvolupar. La drecera per canviar aquest servei turístic, que va arrencar el 1958, semblava minada.

Els conductors de galeres: “No maltractam els cavalls”

Hi havia gairebé vuitanta galeres circulant per la ciutat. Després del primer estiu pandèmic eren només vint-i-vuit. Tot i que les xifres evidenciaven que el negoci havia viscut temps millors, els conductors no volien evolucionar. L’octubre de 2020, la majoria d’ells havien creat l’Associació La Calesa. “La gent que ens critica ha d’entendre que la nostra feina és absolutament normal. Com la que fa un taxista”, explicava Carlos Cortés, el portaveu d’aquest col·lectiu, segons recollia Última Hora. “Noltros no maltractem els cavalls, al contrari, els cuidem millor que ningú. (...) Ens insulten a diari”, afegia.

Se sentien “víctimes”, com deia Natalio Vargas, d’una qüestió política. Conegut com a Tío Natalio, era un dels calessers més veterans: “D’ençà que començà el turisme, als anys cinquanta, les galeres sempre han estat molt lligades a Palma i ens respectaven. Però des de fa quatre o cinc anys tot ha canviat. Això va coincidir amb l’entrada al poder dels partits polítics Més i Podem”. La Calesa seria molt crítica amb l’alcalde José Hila, del PSIB-PSOE: el 2021 es va queixar de la manca d’ajudes públiques que compensassin els desperfectes del COVID i, un any després, va acusar Cort de no convocar exàmens perquè els fills dels conductors poguessin heretar unes llicències que són vitalícies.

Però el tripartit d’esquerres es va encallar. Ja li va costar prohibir que els carruatges circulessin quan feia massa calor: es va aprovar el 2019, però el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ho va tombar per un defecte de forma i l’ordenança no es va poder refer ni aplicar fins al 2022. Per aconseguir que els cavalls deixassin d’estirar les galeres, es van donar un termini massa llarg. Mentrestant, al maig de 2023, hi hauria eleccions municipals on el Partit Popular i Vox captarien els vots de Ciutadans. Eliminat el partit taronja, van enviar les forces progressistes a l’oposició, les van granar. Ha passat mig mandat i l’equip comandat per l’alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrat interès a rescatar del calaix el projecte de les galeres elèctriques. En aquell ple de juliol de 2022, els populars es van abstenir. Vox va votar en contra. Aritmètica: governant en minoria, la dreta necessitava l’ultradreta per tirar endavant els seus plans de govern..

L’equip encapçalat per l’alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrat interès en rescatar del calaix el projecte de les calesses elèctriques

Denúncies que l’Ajuntament de Palma no respon

A la galera 72, la inacció política li ha anat molt bé. Aquest número apareixia en molts dels requeriments que Progreso en Verde va registrar a l’Ajuntament de Palma entre juliol de 2023 i abril de 2024. “Vam deixar de fer-ho”, diu Amengual, “perquè no ens han contestat a gairebé cap”. “En dos anys, només hem pogut aconseguir una reunió amb Antonio Deudero, el regidor que actualment gestiona el departament de Mobilitat. Va ser simpàtic, cordial, però se’l veia molt ocupat, ens va atendre ràpid i ja ens va avisar que no tenia cap intenció de retirar el servei de galeres tirades per cavalls de la ciutat”. Els animalistes van demanar que en aquella trobada hi fossin també presents l’alcalde Martínez i Llorenç Bauzà, el responsable de la regidoria de Medi Natural. No hi van comparèixer. Acabava l’estiu de 2023. Amengual lamenta que “des de llavors no hi ha hagut més comunicació”.

Els animalistes les han continuat documentant: tot i que Progreso en Verde va deixar de denunciar-les per la via oficial, les presumptes infraccions de la galera 72 continuen, segons els animalistes. Porta més viatgers –cinc– dels permesos. Treballa quan es decreta alerta groga per altes temperatures. El conductor li nega aigua al cavall durant hores. No és, diu Amengual, l’única que comet aquestes irregularitats, però sí la que ho fa amb més freqüència. Sobretot, aparcar fora dels espais que especifica el reglament. Motiu evident: la parada d’un bus turístic és un bon lloc per pescar turistes. elDiario.es va poder captar aquella escena fa uns dies. El xofer –samarreta i pantalons a joc, amb un estampat que recorda el logo de Disney– es gira per xiuxiuejar a uns jubilats que passegen en sandàlies i esportives. La carrossa no és verd ampolla, sinó blanca, amb ribets vermells. Matrícula número 32.

Tot i que Progreso en Verde va deixar de denunciar-les per la via oficial, les presumptes infraccions de la calessa 72 continuen: els animalistes asseguren que carrega més viatgers dels permesos, que treballa quan es decreta alerta groga per altes temperatures i que el conductor nega l’aigua al cavall durant hores

“És l’altra galera que apareix en molts dels nostres requeriments. El seu xofer també comparteix pràctiques amb el de la 72 i guarda els seus cavalls en un terreny situat al Camí Salard: sospitam que tampoc està inscrit al REGA; curiosament, queda molt a prop de l’explotació que es va tancar el 2023. Aquests conductors estan enfrontats amb la resta. Sabem que van arribar a les mans”, diu Amengual. L’enemistat dura fins avui. L’abril passat, el xofer de la galera 72 presumptament va amenaçar de mort diversos companys, segons va reportar Progreso en Verde i en va fer ressò Crónica Balear. Però fa tres anys, la croada dels animalistes contra els únics xofers que no figuren a l’associació no va impedir que La Calesa presentàs una demanda contra el president del partit ecologista. Se sentien injuriats.

Els xofers van demandar els animalistes i van perdre

El judici va ser una cremada causada per l’estiu del 2022. El 26 de juliol –dos dies després de la caiguda viralitzada del cavall, dos dies abans de la votació del ple que va quedar en no res–, els xofers ja plantejaven una demanda per “assetjament” contra Progreso en Verde. “Estan gravant els propietaris de les galeres, n’estam tips, d’això”, va dir Carlos Cortés, el seu portaveu.

El 30 d’agost la van presentar a la Fiscalia, al·legant també “racisme”. Anava a nom de Manuel Vargas Navarro, en representació de l’Associació La Calesa, i interposada contra Guillermo Amengual Cantallops. Van inserir captures de pantalla de comentaris que responien a tuits de Progrés en Verd. En un s’hi ridiculitzava la parla dels gitanos. En un altre se’ls animava a que ells mateixos “tirassin de les galeres” i se’ls qualificava d’“inhumans”. Amengual es va defensar dient que les seues denúncies “no eren per motius ètnics”, que sempre intentaven esborrar els comentaris despectius, que els conductors de les galeres es victimitzaven “perquè mai havien estat tant contra les cordes”. La Justícia –en dos instàncies– va decretar l’arxivament. L’assumpte no es va tancar, però. El futur de les galeres continua sent una incògnita. Potser ara, més que mai.

L’associació de calesses va denunciar Progreso en Verde per “racisme” i “assetjament” i la Justícia va decretar dues vegades l’arxivament

El passat 13 de març hi va haver un gir radical. Vox va demanar eliminar les galeres de cavalls a Palma. Dos anys després de defensar que gaudissin d’una protecció específica, els sis regidors sota les ordres del general Fulgencio Coll Bucher van optar per fixar-se en l’exemple de Màlaga. La segona ciutat més poblada d’Andalusia i la sisena d’Espanya –la capital balear ja és la setena– porta anys amortitzant llicències i s’ha proposat acabar amb les vint-i-cinc que queden en vigor per la via ràpida. Ho farà abans que arribi el 2026, quan el pla era deixar-les caducar al llarg de la propera dècada.

Vox ha canviat d’opinió, fixant-se en el model de Màlaga, i ha demanat eliminar les calesses de cavalls

Per què va canviar de criteri l’ultradreta palmesana? La resposta es pot resumir en tres paraules: Operació Escac i Mat. El 14 de març de 2024 van caure –de colp– els principals caps del narcotràfic mallorquí. Es van intervenir 1.300 quilos de cocaïna, quinze vehicles d’alta gamma i hi va haver seixanta-quatre detencions. Entre els empresonats, un malnom molt conegut, El Charly. Carlos Cortés Radó, el portaveu de La Calesa, el president de la federació autonòmica de col·lectius gitanos, el mateix personatge que, tot just tres anys després d’intentar rehabilitar la seva imatge pública a través de l’associacionisme, tornava a la presó després d’haver complert una condemna de catorze anys per fer negocis amb drogues. En el seu moment, l’havien considerat el gran adversari de Francisca Cortés Picazo, La Paca.

A dia d’avui, El Charly continua en presó preventiva a l’espera de judici. L’atestat de la Guàrdia Civil feia referència a la seva amistat històrica amb membres del PP –com Joan Fageda Aubert, alcalde de Palma entre 1991 i 2003– i, també, a les reunions, molt més contemporànies, que havia mantengut amb regidors de Vox al seu centre d’operacions: son Banya. El rerefons, la captació de vots. A Fulgencio Coll li va sorprendre veure Carlos Cortés entre els detenguts: “Desconeixia la seva altra cara. La seva vida, el seu comportament i la seva gent mai no donaven a pensar que era del que ara se l’acusa”. “El retorn d’El Charly a la presó va ser un abans i un després. Està clar que devia haver-hi algun motiu de molt de pes perquè no se’ls fes complir la llei. Amb la situació actual, el que no entenc és per què no imiten el model d’Alcúdia i es passen a les galeres elèctriques. Allà no poden estar més contents amb el canvi”, raona Amengual.

“No estam disposats a canviar a la calessa elèctrica”

Els membres de l’Associació La Calesa s’estimen no contestar quan se’ls pregunta si l’arrestament i el canvi d’opinió de l’extrema dreta estan relacionats. “El tema de Vox és polític: s’ha fet política amb els cavalls aquí a Mallorca des de fa més de deu anys”, diu Venancio, el fill de Manuel Vargas. A més de ser-ne el secretari, algunes voltes parla en nom de tot el col·lectiu de calers. La relació amb Progreso en Verde, sense ser cordial, no és tan dolenta com abans: s’han reunit i, de tant en tant, Amengual i Vargas fill s’envien missatges per Instagram.

Venancio Vargas desconeix si tots els cavalls de La Calesa viuen en explotacions inscrites al REGA, però defensa l’honestedat del seu servei. És, diu, una cosa molt arrelada. Ell és molt jove. Amb vint-i-tres anys encara li queda molt per jubilar-se i no es veu fent una altra feina: “Noltros volem seguir amb les calesses, no és la nostra feina, és el nostre estil de vida; però si en algun moment de veritat ens volen seure a parlar del nostre futur, ningú estaria disposat a canviar a una elèctrica. Ens pareix una cosa que baixaria el prestigi de la ciutat, com són els tuk-tuk que circulen avui dia de manera il·legal”.

Si algun dia de debò ens volen asseure a parlar del nostre futur, no estaríem disposats a canviar a una elèctrica. Ens pareix una cosa que baixaria el prestigi de la ciutat, com els tuk-tuk que circulen avui dia de manera il·legal

Venancio Vargas — Membre de l’Associació La Calesa

El conductor de galeres nega unes paraules del regidor Deudero: “No sol·licitaran menys de 300.000 euros” per rescatar cada concessió. “Pensam”, diu Vargas, “que [aquesta quantitat de diners] la va demanar alguna de les llicències que no estan a l’associació”. “Noltros, en cap moment, hem demanat doblers. En altres llocs, com a Màlaga, van dir els del PP que volien acabar amb el servei de calesses perquè estaven canviant el centre i no encaixava en la seva nova idea. Els han indemnitzat, per una concessió que els quedaven deu anys, amb 125.000 euros. Si realment volguessin eliminar les calesses aquí a Palma… no ho haurien fet ja? La diferència és que les nostres llicències són vitalícies i hereditàries”.

Vargas remata: “Sí que hem comunicat que fer una conversió de la llicència a taxi no ens semblaria malament, ja que és un lloc similar i sabem que no faltarà el pa a casa: ja hi ha calessers amb llicències de taxi. Hi ha moltes persones al nostre sector que no tornarien la llicència per 300.000 euros perquè no es veuen treballant en una altra cosa. En canvi, en el taxi, sí”. Hi ha un problema, però: sense concurs públic de per mig, els serveis jurídics de Cort consideren il·legal canviar les regnes pel taxímetre.

La parcela es un terreno rústico en la periferia de la ciudad: 10.528 metros cuadrados dedicados al secano. Al menos, para el catastro. La práctica nada tiene que ver con la teoría. Donde florecieron los almendros ahora se amontonan decenas de coches, tres grúas con el nombre y las señas de un taller escritas en rojo sobre una carrocería blanca, algunas furgonetas de reparto. También, maderas y metales tirados entre hierbajos, matojos y varios algarrobos. Aprovechando la sombra que proyectan las ramas de los árboles, dos hombres meten la cabeza bajo unos chasis. Son mecánicos sudando la gota gorda, parecen figurantes de una película rodada por Bigas Luna a las puertas del verano. Un caballo mira con indiferencia cómo trabajan los hombres.

Son las siete menos cuarto de una tarde de mediados de junio. Faltan más de dos horas para que se ponga el sol y el termómetro todavía roza los treinta grados. Un ambiente pegajoso impregna cada rincón de este aparcamiento sin asfaltar donde el caballo –pelaje chocolate, crin y cola oscuras– mira a los mecánicos que sudan la gota gorda en la periferia de la ciudad una tarde a las puertas del verano. El partido Progreso en Verde sostiene que ese ejemplar es uno de los animales que tiran de una galera –verde botella, con asientos de sky beige, cuatro ruedas de madera, las traseras de mucho más diámetro que las delanteras, una capota negra, un pescante– fácil de identificar. Enganchada bajo un arcón, el maletero del carruaje, hay una placa con un número: el 72. Es la matrícula de las calesas que forman parte del servicio municipal de Palma. Según Guillermo Amengual, el presidente de Progreso en Verde, la galera que tiene a sus caballos en “pésimas condiciones”.

Para quienes viven o trabajan en los barrios antiguos de Palma, la calesa, más que una atracción turística, es un elemento cotidiano. Para los turistas, un divertimento que les permite recorrer el centro histórico como si fueran burgueses mallorquines del siglo XX, al trantrán de una bestia de tiro. Para el caballo, una tortura. No por su empleo, sino por las condiciones en las que malvive, como denuncian desde Progreso en Verde. Está a la intemperie. La cuadra la delimitan unos listones. Las paredes son de aire. El techo, unas chapas, contenidas por el contrapeso de un macuto relleno y varios neumáticos. Cuando aprieta el calor, la carne debe achicharrarse. Cuando llueve, los cascos deben hundirse en un fango viscoso.

El caballo está a la intemperie. Las paredes son de aire. Las clasesas son más que una atracción turística en Palma: son ya un elemento cotidiano del paisaje mallorquín, a pesar de las condiciones en las que malviven los pobres animales

La silueta de la galera no aparece en el encuadre de las fotos que toma elDiario.es desde el otro lado de la valla que cerca la finca. La calesa sí se aprecia, junto a dos caballos (también marrones) en muchos de los archivos en formato imagen que Amengual ha acumulado durante los últimos años. El activista afirma que visita con frecuencia estos campos de cultivo reconvertidos en aparcamiento (de motores de inyección de combustible, de motores de sangre equina). Agarra la moto y la cámara, conduce hasta el barrio de sa Indioteria: viejas possessions transformadas en barriada de aluvión y polígono industrial cuando Palma conoció el turismo, multiplicó sus habitantes y, con ellos, sus necesidades. En ese paisaje, Amengual colecciona imágenes que, al volcarlas en el ordenador, le ponen los pelos de punta:

–Con las condiciones que presenta, es imposible que la finca esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Govern. Si no estuviera inscrita, hablamos de un delito grande porque allí viven caballos que están participando de una actividad económica y prestando un servicio municipal. Si lo estuviera, también tendríamos un problema. ¿Cómo le pudieron dar el visto bueno? Hemos visto el suelo que pisa el caballo lleno de excrementos: no los recogen. El abrevadero es un bidón metálico que se deja al sol horas y horas. Hay objetos cortantes por todos lados, hierbajos y materiales inflamables que podrían provocar una desgracia si algún día se prende un fuego. La valla más cercana al caballo son unos palés que están medio tumbados: si le da por saltarlos, acabaría en el polígono.

Hemos visto el suelo que pisa el caballo lleno de excrementos: no los recogen. El abrevadero es un bidón metálico que se deja al sol horas y horas. Hay objetos cortantes por todos lados, hierbajos y materiales inflamables. La valla más cercana al caballo son unos palés que están medio tumbados

Guillermo Amengual — Presidente de Progreso en Verde

“Debería perder la licencia”

En la partida de ajedrez que Amengual juega con las instituciones, este terreno es clave: de allí baja y hasta allí sube, como denuncia su trabajo de documentación, la galera que de forma “más descarada” ha desafiado la ordenanza municipal y la Llei de Benestar animal de Balears (1/1992). Estuvo meses trabajando con la licencia suspendida. La Policía Local de Palma denunció al conductor por circular con un caballo demasiado débil, demasiado viejo: cojo de dos patas, superaba los dieciséis años, la edad límite para emplear al animal… si no hay un informe veterinario que lo autorice, como informó Mallorca Diario.

“Es flagrante que las instituciones no estén encima de un conductor que, por acumulación de infracciones, algunas graves o muy graves, debería haber perdido su licencia. Así lo dicta la ordenanza”, dice Amengual. Las fotografías y vídeos que ha enviado a elDiario.es –y que concuerdan con las imágenes que captaron el fotógrafo y el redactor de este reportaje– llegaron –meses o años– antes al Ajuntament de Palma, a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El presidente de Progreso en Verde explica que en ninguna de las tres ventanillas obtuvo respuesta. Algo similar le ocurrió durante la última semana a elDiario.es: información a cuentagotas, escasa concreción en los datos y, especialmente por parte del Ajuntament de Palma, mucha reticencia para responder. Hubo llamadas e intercambio de mensajes con diferentes jefes de prensa. En la Regidoria de Mobilitat remitieron a la de Regidoria de Medi natural, que devolvió la responsabilidad al departamento que otorga y quita estas concesiones. En ningún momento hubo posibilidad de entrevistar a un responsable político o técnico.

La respuesta, al final, llegó por correo electrónico. Sin aportar documentos que lo probasen, desde el Ayuntamiento aseguraron que la revisión veterinaria que se ha hecho este año (entre marzo y abril) sólo ha descartado a dos animales para la faena. Que el control es exhaustivo (cada quince días en las paradas). Que a ningún calesero se le ha impuesto una “sanción muy grave”, ni siquiera por reincidente. Implicaría la retirada definitiva de la licencia. Las repreguntas de elDiario.es se han quedado en el limbo. “¿El Ayuntamiento no revisa los lugares donde se guardan los caballos que trabajan en el servicio municipal de galeras?”, fue una de ellas.

Las instituciones casi no proporcionan información y, cuando lo hacen, es escasa o poco concreta. Ningún responsable del Ajuntament de Palma ha querido ser entrevistado para este reportaje y la respuesta municipal se ha basado en un email que, sin documentos ni pruebas, ofrece informaciones que no contestan a todas las preguntas planteadas

Sin respuesta del Govern

El Govern no ha respondido tampoco a esa cuestión. El departamento de prensa de la Conselleria d'Agricultura dio algunas explicaciones sobre cómo funcionan las explotaciones equinas: “Si hay más de cinco caballos, necesita un plan de actuación elaborado por un veterinario. Si tiene menos [como ocurre en el terreno de sa Indioteria], no necesita ese plan. Normalmente, ese tipo de explotaciones más pequeñas no dan problemas”. También cifró la cantidad de fincas inscritas en el REGA que hay en el municipio de Palma: un centenar. Sin más detalles.

La web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promete más transparencia: “El Registro de Explotaciones Ganaderas tiene carácter público e informativo”. La realidad es distinta. Cuando Guillermo Amengual clicó en la pestaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde pensaba que se podría consultar el listado, se encontró con un buscador que le pedía un código. “Nunca me lo han querido dar. Dicen que vulnerarían la ley de protección de datos”, explica. La misma justificación que recibió elDiario.es por parte de la Conselleria cuando consultó si la finca donde el chófer de la licencia 72 aparca la calesa y estabula sus caballos –según los animalistas– figura en el REGA.

El Govern balear no ha querido responder si al finca donde el chófer de la licencia 72 aparca la calesa y estabula sus caballos figura en el Registro de Explotaciones Ganaderas alegando 'a la ley protección de datos'

Progreso en Verde consiguió en 2023 que se clausurara un establo localizado en el Camí Salard, otro de los antiguos senderos agrícolas que ocultan las autovías del extrarradio palmesano. Allí también malvivían caballos en unos establos sin paredes que luego estiraban de los carros turísticos. Fue una lucha maratoniana, pero hubo más feedback con el sistema público. Amengual recibió un mensaje con el sello de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia. Estaba firmado, además, por dos jefes técnicos. El documento detallaba las inspecciones realizadas en aquellas cuadras (en 2018 y 2021) y confirmaba la existencia de un expediente para sancionar a una finca que tenía caballos sin aparecer en el REGA. Además, los técnicos concretaban que el Ajuntament de Palma había recibido una orden para que se trasladara “a los équidos a una explotación autorizada”.

Quizás, por esa victoria del pasado, el activista no baja ahora los brazos. El Real Decreto que regula las explotaciones ganaderas contiene artículos contundentes. Considera “infracción grave” “obligar a los animales a trabajar o a producir en caso de enfermedad o desnutrición o a una sobreexplotación que pueda hacer peligrar su salud”. Agarrado a esas palabras, Amengual ha llegado a recurrir al Defensor del Pueblo. Mientras espera que le contesten desde Madrid, piensa en ir más allá: “Si no nos queda más remedio, acudiremos a la Fiscalía y denunciaremos en la Justicia esta situación de maltrato animal”.

Progreso en Verde consiguió en 2023 que se clausurara un establo donde también malvivían caballos que luego estiraban de los carros turísticos

Caballos desplomados y una norma atascada

Progreso en Verde sigue el rastro a la calesa número 72 desde hace casi tres años, después de que trascendiera aquella denuncia de la Policía Local contra su conductor y de que el verano encendiera el debate sobre las galeras palmesanas. Fue movido el mes de julio de 2022. El viernes 22, la edición balear de elDiario.es publicó una crónica donde se explicaban las pésimas condiciones en las que trabajaban los caballos del servicio de calesas: Cort –el nombre popular que recibe el Ajuntament de Palma entre los mallorquines– reconocía “apuros” para modificar la ordenanza que regulaba el servicio. Data de 2003 y aún sigue en vigor.

Al día siguiente, el sábado 23, el concejal de Mobilitat, Francesc Dalmau, se apresuró a decir que las calesas tiradas por caballos iban a tener baterías eléctricas en el plazo de dos años. Sería un titular efímero. La actualidad sacudió la escaleta política. Horas después de aquellas declaraciones, a las cinco de la tarde del domingo 24 de julio, un caballo que tiraba de una calesa se desvanecía en la cabecera del Passeig del Born. Decenas de móviles grabaron la escena, la publicaron, la viralizaron. Ya había ocurrido en 2015, incitando la recogida de 14.000 firmas. Pero, hace una década, el algoritmo no era tan potente como en 2022, cuando internet se inflamó y el asunto viajó más allá de las costas de Mallorca. Televisiones, periódicos y radios nacionales se hicieron eco de un desvanecimiento que pondría un punto y aparte en las protestas para acabar con las calesas de tracción animal en Palma. Una semana más tarde, el 30 de julio, trescientas personas se manifestaron para exigirlo.

En 2023, un caballo que tiraba de una calesa se desvaneció en el Passeig del Born, unas imágenes que se viralizaron. Un día antes, el Ayuntamiento de Palma anunció que los coches de caballos iban a tener baterías eléctricas en un plazo de dos años, un hecho que no se ha cumplido

La era digital se maneja con tempos rápidos, la repercusión incitaba a actuar con inmediatez. Una ventana de oportunidad se había abierto, los partidos parecían dispuestos a escuchar el ruido de la calle. Ocurrió así. Se trataba de una propuesta de Ciudadanos: el socialista Dalmau y sus compañeros de equipo de gobierno, que también integraban Més per Mallorca y Unides Podem, la aprobarán en pleno, el jueves 28, pero nunca la desarrollarán. La senda para cambiar este servicio turístico, que arrancó en 1958, parecía minada.

Los caleseros: “No maltratamos a los caballos”

Hubo casi ochenta galeras rodando por la ciudad. Después del primer verano pandémico eran apenas veintiocho. Aunque los números evidenciaran que el negocio había conocido tiempos mejores, los caleseros no querían evolucionar. En octubre de 2020, la mayoría de los chóferes habían creado la Asociación La Calesa. “La gente que nos critica tiene que entender que nuestro trabajo es absolutamente normal. Como el que hace un taxista”, explicaba Carlos Cortés, el portavoz de este colectivo, según recogía Última Hora.

“Nosotros no maltratamos a los caballos, al contrario, los cuidamos mejor que nadie. (...) Nos insultan a diario”, añadió. Se sentían “víctimas”, decía Natalio Vargas, de una cuestión política. Conocido como Tío Natalio, era uno de los caleseros más veteranos: “Desde que empezó el turismo, en los años cincuenta, las calesas siempre han estado muy unidas a Palma y nos respetaban. Pero desde hace cuatro o cinco años todo ha cambiado. Eso coincidió con la entrada en el poder de los partidos políticos Més y Podemos”. La Calesa sería muy crítica con el alcalde José Hila, del PSIB-PSOE: en 2021 se quejó de falta de ayudas públicas que compensaran los destrozos del COVID y, un año después, acusó a Cort de no convocar exámenes para que los hijos de los conductores pudieran heredar unas licencias que son vitalicias.

Pero el tripartito de centroizquierda encalló. Ya le costó prohibir que los carruajes circularan cuando hace demasiado calor: se aprobó en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears lo tumbó por un defecto de forma y la ordenanza no se pudo rehacer y aplicar hasta 2022. Para conseguir que los caballos dejaran de tirar de las galeras, se dieron un plazo demasiado largo. Entre medias, en mayo de 2023, vendrían unas elecciones municipales donde el Partido Popular y Vox capturarían los votos de Ciudadanos. Eliminado el partido naranja, enviaron a las fuerzas progresistas a la oposición, las barrieron. Ha pasado medio mandato y el equipo encabezado por el alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrado interés en rescatar del archivador el proyecto de las calesas eléctricas. En aquel pleno de julio de 2022, los populares se abstuvieron. Vox, votó en contra. Aritmética: gobernando en minoría, la derecha necesitaba a la ultraderecha para sacar adelante sus planes de gobierno.

El equipo encabezado por el alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrado interés en rescatar del archivador el proyecto de las calesas eléctricas

Denuncias que el Ajuntament de Palma no responde

A la calesa número 72, la inacción política le ha venido de perlas. Esas dos cifras aparecen en muchos de los requerimientos que Progreso en Verde registró en el Ajuntament de Palma entre julio de 2023 y abril de 2024. “Dejamos de hacerlo”, dice Amengual, “porque no nos han contestado a casi ninguno”. “En dos años, tan sólo hemos podido conseguir una reunión con Antonio Deudero, el concejal que actualmente gestiona el departamento de Mobilitat. Fue simpático, cordial, pero se le veía muy ocupado, nos despachó rápido y ya nos avisó que no tenía ninguna intención de retirar el servicio de calesas tiradas por caballos de la ciudad”. Los animalistas pidieron que en aquel encuentro estuvieran también presentes el alcalde Martínez y Llorenç Bauzá, el responsable de la concejalía de Medi Natural. No comparecieron. Terminaba el verano de 2023. Lamenta Amengual que “no ha habido más comunicación desde entonces”.

Los animalistas las han seguido documentando: aunque Progreso en Verde dejó de denunciarlas por la vía oficial, las presuntas infracciones de la galera 72 continúan, según los animalistas. Carga más viajeros –cinco– de lo permitido. Trabaja cuando se decreta alerta amarilla por altas temperaturas. El conductor le niega el agua al caballo durante horas. No es, dice Amengual, la única que comete estas irregularidades, pero sí la que lo hace con más frecuencia. Sobre todo, estacionar fuera de los espacios que especifica el reglamento. Motivo obvio: la parada de un bus turístico es un buen caladero para pescar turistas. elDiario.es pudo captar esa escena hace unos días. El chófer –camiseta y pantalón a juego, con un estampado que recuerda al logo de Disney– se gira para chistar a unos jubilados que pasean en chanclas y deportivas. La carroza no es verde botella, sino blanca, con ribetes rojos. Matrícula número 32.

Aunque Progreso en Verde dejó de denunciarlas por la vía oficial, las presuntas infracciones de la galera 72 continúan: los animalistas aseguran que carga más viajeros de lo permitido, que trabaja cuando se decreta alerta amarilla por altas temperaturas y que el conductor le niega el agua al caballo durante horas

“Es la otra galera que aparece en muchos de nuestros requerimientos. Su chófer también comparte prácticas con el de la 72 y guarda sus caballos en un terreno situado en el Camí Salard: sospechamos que tampoco está inscrito en el REGA; curiosamente, queda muy cerca de la explotación que se cerró en 2023. Estos caleseros están enfrentados con el resto. Nos consta que llegaron a las manos”, dice Amengual. Esa enemistad dura hasta hoy. El pasado abril, el chófer de la calesa 72 presuntamente amenazó de muerte a varios compañeros, según reportó Progreso en Verde y se hizo eco Crónica Balear. Pero hace tres años, la cruzada de los animalistas contra los únicos chóferes que no figuran en la asociación no impidió a La Calesa pleitear contra el presidente del partido ecologista. Se sentían injuriados.

Los caleseros demandaron a los animalistas y perdieron

El juicio fue una quemadura causada por el verano de 2022. El 26 de julio –dos días después de la caída viralizada del caballo, dos días antes de la votación del pleno que se quedó en agua de borrajas–, los caleseros ya se planteaban una demanda por “acoso” contra Progreso en Verde. “Están grabando a los propietarios de las galeras, estamos hartos”, dijo Carlos Cortés, su portavoz.

El 30 de agosto la presentaron en Fiscalía, alegando también “racismo”. Iba a nombre de Manuel Vargas Navarro, en representación de la Asociación La Calesa, e interpuesta contra Guillermo Amengua Cantallops. Insertaron pantallazos de comentarios que contestaban tuits de Progreso en Verde. En uno se ridiculizaba el habla de los gitanos. En otro se les animaba “a tirar ellos de las galeras” y se les calificaba de “inhumanos”. Amengual se defendió diciendo que sus denuncias “no eran por motivos étnicos”, que siempre trataban de borrar los comentarios despectivos, que los conductores de las galeras se victimizaban “porque nunca habían estado tanto contra las cuerdas”. La Justicia –en dos instancias– decretó sobreseimiento. El asunto, no. El futuro de las calesas sigue siendo una incógnita. Quizás, ahora, más que nunca.

La asociación de calesas denunció a Progreso en Verde por "racismo" y "acoso" y la Justicia decretó dos veces el sobreseimiento

El pasado 13 de marzo hubo un giro radical. Vox pidió eliminar las galeras de caballos en Palma. Dos años después de defender que gozaran de una protección específica, los seis concejales a las órdenes del general Fulgencio Coll Bucher optaban por fijarse en el espejo de Málaga. La segunda ciudad más poblada de Andalucía y la sexta de España –la capital balear es ya la séptima– lleva años amortizando licencias y se ha propuesto acabar con las veinticinco que quedan en vigor por la vía rápida. Lo hará antes de que llegue 2026 cuando el plan era dejarlas caducar a lo largo de la próxima década.

Vox ha cambiado de opinión, fijándose en el modelo de Málaga, y ha pedido eliminar las galeras de caballos

¿Por qué cambió de criterio la ultraderecha palmesana? La respuesta puede resumirse en tres palabras: Operación Jaque Mate. El 14 de marzo de 2024, cayeron –de golpe– los principales capos del narcotráfico mallorquín. Se incautaron 1.300 kilos de cocaína, quince vehículos de alta gama y hubo sesenta y cuatro detenciones. Entre los esposados, un apodo muy conocido, El Charly. Carlos Cortés Radó, el portavoz de La Calesa, el presidente de la federación autonómica de colectivos gitanos, el mismo personaje que, apenas tres años después de tratar de rehabilitar su figura pública por medio del asociacionismo, volvía a la cárcel tras haber cumplido una pena de catorce por hacer negocios con drogas. Entonces, lo consideraron como el gran adversario de Francisca Cortés Picazo, La Paca.

A día de hoy, El Charly sigue en prisión preventiva a la espera de juicio. El atestado de la Guardia Civil aludía a su histórica amistad con miembros del PP –como Joan Fageda Aubert, alcalde palmesano entre 1991 y 2003– y, también, a las reuniones, mucho más contemporáneas, que había mantenido con concejales de Vox en su centro de operaciones: son Banya. El telón de fondo, la captación de votos. A Fulgencio Coll le sorprendió ver a Carlos Cortés entre los detenidos: “Desconocía su otra cara. Su vida, su comportamiento y su gente nunca dio que pensar que era de lo que ahora se le acusa”. “El regreso de El Charly a prisión fue un antes y un después. Está claro que algún motivo de mucho peso debía haber para que no se les hiciera cumplir la ley. Con la situación actual, lo que no entiendo es por qué no imitan el modelo de Alcúdia y se pasan a las galeras eléctricas. Allí no pueden estar más contentos con el cambio”, razona Amengual.

“No estamos dispuestos a cambiar a la calesa eléctrica”

Los miembros de la Asociación La Calesa prefieren no contestar cuando se les pregunta si la detención y el cambio de opinión de la ultraderecha están relacionados. “Lo de Vox es un tema político: se ha hecho política con los caballos aquí en Mallorca desde hace más de diez años”, dice Venancio, el hijo de Manuel Vargas. Además de ser su secretario, también habla, a veces, en nombre de todo el colectivo de caleseros. La relación con Progreso en Verde, sin ser cordial, no es tan mala como fue: se han reunido y, alguna vez, Vargas hijo ha enviado mensajes por Instagram al perfil del partido animalista.

Venancio Vargas desconoce si todos los caballos de La Calesa viven en explotaciones inscritas en el REGA, pero defiende la honestidad de su servicio. Es, dice, algo arraigado. Él es muy joven. Con veintitrés años le queda mucho para jubilarse y no se ve desarrollando otro oficio: “Nosotros queremos seguir con las calesas, no es nuestro trabajo, es nuestro estilo de vida; pero si en algún momento de verdad quieren sentarnos a hablar de nuestro futuro, ninguno estaría dispuesto a cambiar a una eléctrica. Nos parece algo que bajaría el caché de la ciudad como son los tuk-tuk que circulan hoy en día ilegalmente”.

Si en algún momento de verdad quieren sentarnos a hablar de nuestro futuro, ninguno estaría dispuesto a cambiar a una eléctrica. Nos parece algo que bajaría el caché de la ciudad como son los tuk-tuk que circulan hoy en día ilegalmente

Venancio Vargas — Miembro de la Asociación La Calesa

El conductor de galeras niega unas palabras del concejal Deudero: “No solicitarán menos de 300.000 euros” por rescatar cada concesión. “Pensamos”, dice Vargas, “que [esa cantidad de dinero] la pidió alguna de las licencias que no están en la asociación”. “Nosotros, en ningún momento, hemos pedido dinero alguno. En otros sitios, como en Málaga, dijeron los del PP de acabar con el servicio de calesas porque estaban cambiando el centro y no entraban en su nueva idea. Les han indemnizado, por una concesión que les quedaban diez años, con 125.000 euros. Si realmente quisieran quitar las calesas aquí en Palma… ¿no lo hubieran hecho ya? La diferencia es que nuestras licencias son vitalicias y hereditarias”. Varas remacha: “Sí que hemos comunicado que hacer una conversión de la licencia a taxi, no nos parecería mal, pues es un puesto similar y sabemos que no faltará el pan en casa: ya hay caleseros con licencias de taxi. Hay muchas personas en nuestro sector que no darían la licencia por 300.000 euros porque no se ven trabajando de otra cosa. Sin embargo, en el taxi, sí”. Existe un problema: sin concurso público de por medio, los servicios jurídicos de Cort consideran ilegal cambiar las riendas por el taxímetro.

La Ordenanza de los Animales de Compañía de Bilbao, que ha entrado en vigor en marzo de 2025, establece “normas para la identificación, registro, vacunación y tenencia responsable de mascotas, especialmente perros, gatos y hurones. Además, busca fomentar la adopción y combatir el abandono animal”. Entre los aspectos clave de la nueva normativa está la obligatoriedad de identificar y registrar a las mascotas, principalmente perros, gatos y hurones, la vacunación antirrábica, especialmente para perros, la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil para perros, cubriendo posibles daños a terceros, la prohibición de la venta de animales por Internet para prevenir el tráfico ilegal, la recogida de excrementos y limpieza de orines y establece un límite máximo de cinco animales por domicilio particular, a menos de que se cuente con autorización municipal.

Sin embargo, seis asociaciones animalistas 'Lau Katu', 'Mis amigas las palomas' (MALP), 'Gureak', 'Bere ahotsa', '7 vidas' y 'Haiekin' se han unido para recurrir la ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según las asociaciones, antes de la aprobación de la normativa, enviaron hasta 33 alegaciones y algunas de ellas fueron aceptadas, pero otras no, como es el caso de considerar que las aves urbanas (en referencia a las palomas) no sean catalogadas en ningún caso como “plagas” o la protección de los perros en concursos de belleza o competiciones de Agility y Canicross.

En el caso de las palomas, la normativa prohíbe dar de comer a las palomas u otras aves en la vía pública, incluyendo solares, sin una autorización expresa. Esta prohibición tiene como objetivo “controlar la población de palomas y evitar problemas de salud pública asociados a su proliferación”. Algo que los animalistas entienden que son consideradas como “plagas”.

En cuanto a los concursos de belleza o competiciones, la ordenanza establece que los animales que participan en este tipo de eventos no se encuentran bajo su protección durante la actividad específica. Esto significa que, si bien la ordenanza busca proteger el bienestar de los animales, no se aplica durante su participación en concursos donde puedan ser expuestos a situaciones que puedan generar estrés o malestar.

“Esta ordenanza cortoplacista parece diseñada para que el Ayuntamiento se desentienda de sus obligaciones con respecto a los animales de compañía, lo que podría dar lugar a un incremento del maltrato animal”, argumentan las asociaciones. En este sentido, critican que para que un animal sea considerado extraviado debe ser notificada su pérdida, cuando las asociaciones entienden que “la falta del deber de comunicar la pérdida de un animal antes de considerarlo como extraviado podría llevar a que casos de abandono pasen desapercibidos”.

Otro de los puntos que critican los animalistas es en relación a la esterilización de los gatos callejeros. La ordenanza incluye un programa de control de gatos callejeros que se basa en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Este programa se aplicará a las colonias felinas reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento. La ordenanza también establece la obligatoriedad de esterilización de gatos antes de los seis meses de edad, con excepciones para aquellos registrados como reproductores. Además, la normativa regula la gestión de colonias felinas y prohíbe alimentar a gatos callejeros que no pertenezcan a colonias registradas. El hecho de que estas medidas se apliquen tan solo a las colonias felinas reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento, deja, según las asociaciones animalistas, “sin atención ni esterilización y en el más absoluto abandono a la gran mayoría de gatos comunitarios de Bilbao, algo que solo conlleva a un aumento descontrolado de su población y a un deterioro de su bienestar, perpetuando así un ciclo de maltrato”.

“En octubre del año pasado, 60 asociaciones de Euskadi apelaron al Ayuntamiento para que no aprobara esta ordenanza, advirtiendo sobre su potencial nocividad para los animales. Este clamor fue ignorado, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de escucha y diálogo del gobierno local con respecto a las inquietudes de la ciudadanía y las entidades que defienden los derechos de los animales. Las asociaciones entienden que esta norma no persigue solucionar los problemas, sino ocultarlos, y lejos de proteger a los animales, anula los avances en protección animal que se han dado en estos últimos años”, concluyen las asociaciones.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao informan a este periódico de que “el Ayuntamiento remitirá toda la documentación requerida y se personará en el proceso judicial. A la espera de lo que dictamine el juez”, aseveran.

La Federació de Santuaris d'Animals (organització sense ànim de lucre que té com a objectiu aconseguir una regulació específica dels refugis d'animals) ha exigit “una solució ètica i urgent” davant el sacrifici decretat pel Govern balear a la macrogranja de Llucmajor. L'explotació avícola de Mallorca es troba al punt de mira després de les imatges publicades en primícia per elDiario.es el passat 26 de maig i que es van fer virals per les condicions d'insalubritat, manca d'higiene i brutícia extremes del seu interior.

El 27 de maig passat, tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural —que dirigeix Joan Simonet, del PP— i agents del Seprona de la Guàrdia Civil van realitzar una inspecció de més de vuit hores a les sis naus de Llucmajor. En una d'elles, es va acreditar que les imatges publicades coincidien amb aquesta instal·lació, per la qual cosa el Govern en va decretar el tancament així com el“buidat sanitari”de les més de 20.000 aus. És a dir, el seu sacrifici. Les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal, que van facilitar les imatges inèdites gravades entre el 21 i el 29 d'abril, rebutgen el sacrifici de les gallines i exigeixen tant al Govern com a l'empresa, Avícola Son Perot SA, una alternativa que no sigui “cruel amb els animals”.

“Fem una crida urgent a les autoritats locals, al propietari de l'explotació ia la Conselleria d'Agricultura per aturar aquesta mesura cruel i innecessària”, assenyala María González Sola, secretària de la Federació de Santuaris d'Animals (FESA), qui afirma que aquesta alternativa no posa “en risc en cap moment les mesures sanitàries necessàries per al correcte trasllat dels animals”.

Per tant, el que ofereix l'ONG animalista és “una alternativa real i compassiva: el trasllat immediat de tots els animals afectats a una xarxa de santuaris associats, on podran ser acollits, rehabilitats i viure lliures d'explotació”. Així, afirmen que diversos dels seus membres han confirmat la seva disponibilitat per acollir les gallines i“garantir-los una vida digna”. Entre ells, asseguren que han ofert la seva infraestructura santuaris i refugis com La vida color frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia i El Hogar. Per a transportar-les de manera segura, sostenen, compten amb diverses organitzacions com Salvando Peludos, que “han mostrat interès i suport” per a encarregar-se del trasllat. Per a finançar el seu rescat, indiquen que compten amb la col·laboració ciutadana.

Finalment, en el seu comunicat, FESA exigeix al Govern balear facilitar “permisos per al seu rescat i transport”, indicant que la federació animalista seguirà “en tot moment els protocols de trasllat concordes als permisos sanitaris pertinents”. “Aquest cas reflecteix la urgent necessitat, com a societat, de canviar la forma en què tractem als altres animals”, conclouen.

FESA és una unió de diferents col·lectius i associacions que té com a objectiu “crear una xarxa de col·laboració de diverses entitats de protecció animal tant a nivell nacional com a l'estranger”. La seva finalitat és aconseguir una regulació específica “per als santuaris i els refugis d'animals de caràcter permanent”. És una ONG en defensa dels drets dels animals, que lluita per a “donar asil als més necessitats” i que puguin estar “emparats per lleis de protecció animal justes”.

Un jutjat investiga“possible maltractament animal”

Mentrestant, el Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma ha obert diligències penals per la presumpta comissió d'un delicte de maltractament animal contra l'empresa Avícola Ballester —Avícola Son Perot SA és una de les empreses sota el paraigua d'aquesta marca comercial—, propietària de la macrogranja de Llucmajor.

En la seva resolució, a què va tenir accés aquest mitjà, la jutgessa sol·licita al Seprona de la Guàrdia Civil que dugui a terme les investigacions necessàries per aclarir els fets així com els informes complets de totes les actuacions efectuades al voltant de l'explotació avícola. La querella per un possible delicte de maltractament animal ha estat interposada per una veïna, si bé l'empresa no té constància oficial de la interlocutòria, segons va assegurar a elDiario.es, per la qual cosa van assenyalar que no ho han recorregut i apunten que tampoc faran valoracions sobre això.

A la seva interlocutòria, datada el 3 de juny de 2025, la jutgessa apunta a l'existència d'indicis de possible maltractament animal per la qual cosa van acordar obrir diligències prèvies per determinar si l'empresa va poder incórrer en delicte. La granja de Llucmajor comercialitza els ous de la marca Avícola Ballester.

Les imatges que van revelar les pèssimes condicions en què viuen les gallines van ser enregistrades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d'abril. Aquests fets incompleixen, a més, almenys dos articles del reial decret de normes bàsiques dordenació de les granges avícoles que regula les condicions higienicosanitàries i de bioseguretat de les explotacions.

Les imatges mostren que els animals es troben en condicions penoses. Les gallines vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, fins i tot amb esquelets i altres animals, com ara rates (vives o enverinades) i eriçons. Les organitzacions van alertar que la presència d'altres espècies a la granja pot comportar “risc de transmissió de malalties a humans”, com la salmonel·la (intoxicació alimentària) o la leptospirosi (infecció de la sang), entre d'altres.

La granja podria ser “un focus de contagi”

Les associacions ARDE i Satya Animal van presentar un informe veterinari davant de la Fiscalia de Medi Ambient de Balears, el 21 de maig de 2025, en el qual el professional va assenyalar que a l'interior de la granja hi ha “riscos de bioseguretat tant per als animals com per al personal i potencialment per als consumidors”.

Entre aquests riscos, va detallar la presència d'altres animals a les instal·lacions, com “abundants rosegadors” (algun fins i tot amb signes d'estar malalt) entre les aus i el seu aliment; cadàvers en diferents estats de descomposició (tant al terra de la nau com entre les aus vives), el que és “una font important de contaminació”. Així mateix, va lamentar la manca d'higiene de la granja, ja que “la majoria de la superfície està coberta de pols, aus mortes i teranyines”.

Segons el veterinari, hi havia defectes a l'aïllament de la nau “a causa dels possibles desperfectes causats pels rosegadors” i assenyalava que l'emmagatzematge dels ous es trobava en un lloc obert on poden entrar les rates, cosa que pot contaminar els productes. “Tot això afavoreix la disseminació de malalties posant en risc la vida de les aus, els treballadors i els consumidors d'aquests productes”, afirmava el professional, que afegia al seu informe que s'evidenciava “una inadequada neteja” i, per tant, una inadequada “desinfecció”.

Pel que fa a la presència d'animals malalts, el veterinari destacava al seu informe que són un focus de contagi. Així, afirmava que diverses vegades es veien imatges d'aus o rosegadors amb signes de malaltia. Algunes de les malalties infeccioses que podrien tenir les aus són les bacterianes i víriques. S'hi destacaven les malalties zoonòtiques, és a dir, aquelles que es podien transmetre d'animals a humans. Entre elles, la pesta aviària (influença); la malaltia de Newcastle (coneguda com la pseudopest aviària); la salmonel·losi (intoxicació alimentària) i la campilobacteriosi (provoca gastroenteritis).

A més, s'assenyalava la leptospirosi (pot afectar diversos òrgans com el fetge o el ronyó i causar fins i tot la mort si no és tractada a temps), ja que“una de les fonts de contagi més comuns són els rosegadors”.

Així, el veterinari concloïa al seu informe que hi ha una manca de control “tant per part dels treballadors com per part del propietari de l'explotació”, així com una manca de supervisió veterinària cap als animals i la higiene de l'explotació. “Hi ha un risc cap a la integritat física, ja no només de les aus que es troben dins de les naus, sinó per al personal i el seu entorn, així com per al consumidor dels productes”, detallava el professional.

El Govern no va trobar “risc” per a la salut pública

El Govern va informar la setmana passada, després de les anàlisis sanitàries realitzades a l'explotació avícola, que no havien trobat riscos per a la salut pública pel que fa als ous. Aquest diari ha pogut comprovar aquest extrem tant per fonts de la Conselleria dAgricultura, Pesca i Medi Natural, com a través duna resolució del mateix organisme.

Després de la inspecció realitzada pels tècnics d'Agricultura i els agents del Seprona de la Guàrdia Civil, les anàlisis de l'administració pública van concloure que, tot i detectar-se un serotip de salmonel·la, és una varietat que no és zoonòtica —que és la que es pot transmetre d'animals a humans—. Per tant, com que no és zoonòtica, “no té incidència en la salut pública”, detallen aquestes fonts. “És un tipus de salmonel·la que afecta únicament els animals. El seu origen és impossible de determinar, fins i tot pot estar a les pròpies vacunes. Es tracta d'un fet habitual, sobretot a les gallines que estan a l'exterior”, van explicar.

“D'aquesta manera, les anàlisis van determinar que no hi ha risc per a la salut pública”, van insistir les mateixes fonts. Per aquest motiu, detallaren, “no s'aplicarà cap mesura de restricció, ni retirada d'ous dels establiments comercials… ja que no hi ha cap repercussió per a la salut pública”. Així, van recordar que les varietats zoonòtiques, que sí que suposarien activar els protocols i l'alerta sanitària, són les varietats S. Enteritidis, S. Typhimurium i S.Typhimurium monofàsica. “Aquests serotips estan totalment descartats a les analítiques fetes”, van assegurar.

“La població pot estar tranquil·la perquè els ous que surten de les granges referides no tenen cap problema per al consum humà”, va afirmar a aquest diari Fernando Fernández, director general d'Agricultura del Govern. “D'aquesta manera, des de la Conselleria donem per tancada aquesta via. Seguirem fent els Programes de Control de Salmonella com marca el Programa Nacional”, va sentenciar.

La Federación de Santuarios de Animales (organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir una regulación específica de los refugios de animales) ha exigido “una solución ética y urgente” ante el sacrificio decretado por el Govern balear en la macrogranja de Llucmajor. La explotación avícola de Mallorca se encuentra en el punto de mira tras las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El pasado 27 de mayo, técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural —que dirige Joan Simonet, del PP— y agentes del Seprona de la Guardia Civil realizaron una inspección de más de ocho horas en las seis naves de Llucmajor. En una de ellas, se acreditó que las imágenes publicadas coincidían con dicha instalación, por lo que el Govern decretó su cierre así como el “vaciado sanitario” de las más de 20.000 aves. Es decir, su sacrificio. Las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal, que facilitaron las imágenes inéditas grabadas entre el 21 y el 29 de abril, rechazan el sacrificio de las gallinas y exigen tanto al Govern como a la empresa, Avícola Son Perot S.A., una alternativa que no sea “cruel con los animales”.

“Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades locales, al propietario de la explotación y a la Conselleria d’Agricultura para detener esta medida cruel e innecesaria”, señala María González Sola, secretaria de la Federación de Santuarios de Animales (FESA), quien afirma que dicha alternativa no pone “en riesgo en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para el correcto traslado de los animales”.

Por tanto, lo que ofrece la ONG animalista es “una alternativa real y compasiva: el traslado inmediato de todos los animales afectados a una red de santuarios asociados, donde podrán ser acogidos, rehabilitados y vivir libres de explotación”. Así, afirman que varios de sus miembros han confirmado su disponibilidad para acoger a las gallinas y “garantizarles una vida digna”.

Entre ellos, aseguran que han ofrecido su infraestructura santuarios y refugios como La vida color frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia y El Hogar. Para transportarlas de forma segura, sostienen, cuentan con varias organizaciones como Salvando Peludos que “han mostrado interés y apoyo” para encargarse del traslado. Para financiar su rescate, indican que cuentan con la colaboración ciudadana.

Finalmente, en su comunicado, FESA exige al Govern balear facilitar “permisos para su rescate y transporte”, indicando que la federación animalista seguirá “en todo momento los protocolos de traslado acordes a los permisos sanitarios pertinentes”. “Este caso refleja la urgente necesidad, como sociedad, de cambiar la forma en que tratamos a los demás animales”, concluyen.

FESA es una unión de diferentes colectivos y asociaciones que tiene como objetivo “crear una red de colaboración de diversas entidades de protección animal tanto a nivel nacional como en el extranjero”. Su finalidad es conseguir una regulación específica “para los santuarios y los refugios de animales de carácter permanente”. Es una ONG en defensa de los derechos de los animales, que lucha para “dar asilo a los más necesitados” y que puedan estar “amparados por leyes de protección animal justas”.

Un juzgado investiga “posible maltrato animal”

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha abierto diligencias penales por la presunta comisión de un delito de maltrato animal contra la empresa Avícola Ballester —Avícola Son Perot S.A. es una de las empresas bajo el paraguas de esta marca comercial—, propietaria de la macrogranja de Llucmajor (Mallorca).

En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicita al Seprona de la Guardia Civil que lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola. La querella por un posible delito de maltrato animal ha sido interpuesta por una vecina, si bien la empresa no tiene constancia oficial del auto, según aseguró a elDiario.es, por lo que señalaron que no lo han recurrido y apuntan que tampoco harán valoraciones al respecto.

En su auto, fechado el 3 de junio de 2025, la jueza apunta a la existencia de indicios de posible maltrato animal por lo que acordaron abrir diligencias previas con el fin de determinar si la empresa pudo incurrir en delito. La granja de Llucmajor comercializa los huevos de la marca Avícola Ballester.

Las imágenes que revelaron las pésimas condiciones en las que viven las gallinas fueron grabadas por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. Estos hechos incumplen, además, al menos dos artículos del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones.

Las imágenes muestran que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones alertaron de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

La granja podría ser “un foco de contagio”

Las asociaciones ARDE y Satya Animal presentaron un informe veterinario ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, el 21 de mayo de 2025, en el cual el profesional señaló que en el interior de la granja hay “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.

Entre estos riesgos, detalló la presencia de otros animales en las instalaciones, como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación”. Asimismo, lamentó la falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.

Según el veterinario, había defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y señalaba que el almacenaje de los huevos se encontraba en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, lo que puede contaminar los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirmaba el profesional, que añadía en su informe que se evidenciaba “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.

Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destacaba en su informe que son un foco de contagio. Así, afirmaba que en varias ocasiones se veían imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacaban las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se podían transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis).

Además, se señalaba la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.

Así, el veterinario concluía en su informe que hay una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detallaba el profesional.

El Govern no halló “riesgo” para la salud pública

El Govern informó la semana pasada, tras los análisis sanitarios realizados en la explotación avícola, que no habían encontrado riesgos para la salud pública en lo que se refiere a los huevos. Este diario ha podido comprobar este extremo tanto por fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, como a través de una resolución del mismo organismo.

Tras la inspección realizada por los técnicos de Agricultura y los agentes del Seprona de la Guardia Civil, los análisis de la administración pública concluyeron que, pese a que se detectó un serotipo de salmonella, es una variedad que no es zoonótica —que es la que se puede transmitir de animales a humanos—. Por tanto, como no es zoonótica, “no tiene incidencia en la salud pública”, detallaron estas fuentes. “Es un tipo de salmonella que afecta únicamente a los animales. Su origen es imposible de determinar, incluso puede estar en las propias vacunas. Se trata de un hecho habitual, sobre todo en las gallinas que están al exterior”, explicaron.

“De esta manera, los análisis determinaron que no hay riesgo para la salud pública”, insistieron las mismas fuentes. Por este motivo, detallaron, “no se aplicará ninguna medida de restricción, ni retirada de huevos de los establecimientos comerciales… ya que no hay ninguna repercusión para la salud pública”. Así, recordaron que las variedades zoonóticas, que sí que supondrían activar los protocolos y la alerta sanitaria, son las variedades S. Enteritidis, S. Typhimurium y S.Typhimurium monofásica. “Estos serotipos están totalmente descartados en las analíticas hechas”, aseguraron.

“La población puede estar tranquila porque los huevos que salen de las granjas referidas no tienen ningún problema para el consumo humano”, afirmó a este diario Fernando Fernández, director general de Agricultura del Govern. “De esta manera, desde la Conselleria damos por cerrada esta vía. Seguiremos haciendo los Programas de Control de Salmonella como marca el Programa Nacional”, sentenció.

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma ha obert diligències penals per la presumpta comissió d'un delicte de maltractament animal contra l'empresa Avícola Ballester -marca comercial d'Avícola Son Perot SA-, propietària de la macrogranja de Llucmajor (Mallorca), que des de fa diverses setmanes es troba al centre del focus informatiu per les publicades en primícia per elDiario.es el passat 26 de maig i que es van fer virals per les condicions d'insalubritat, manca d'higiene i brutícia extremes del seu interior.

En la seva resolució, a què ha tingut accés aquest mitjà, la jutgessa sol·licita al Seprona de la Guàrdia Civil que dugui a terme les investigacions necessàries per aclarir els fets així com els informes complets de totes les actuacions efectuades al voltant de l'explotació avícola. La querella per un possible delicte de maltractament animal ha estat interposada per una veïna, si bé l'empresa no té constància oficial de la interlocutòria, segons assegura a elDiario.es, per la qual cosa assenyalen que no ho han recorregut i apunten que tampoc faran valoracions sobre això.

A la seva resolució, datada el 3 de juny de 2025, la jutgessa apunta a l'existència d'indicis de possible maltractament animal, com ha avançat Última Hora, per la qual cosa ha acordat obrir diligències prèvies per determinar si l'empresa ha incorregut en delicte.

Les imatges que revelen les pèssimes condicions en què conviuen les gallines van ser enregistrades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d'abril. Aquests fets incompleixen, a més, almenys dos articles del reial decret de normes bàsiques d'ordenació de les granges avícoles que regula les condicions higiènic-sanitàries i de bioseguretat de les explotacions.

Com revelen les imatges, les aus vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, fins i tot amb esquelets i altres animals, com rates (vives o enverinades) i eriçons. Les organitzacions van alertar que la presència d'altres espècies a la granja pot comportar un “risc de transmissió de malalties a humans”, com la salmonel·la (intoxicació alimentària) o la leptospirosi (infecció de la sang), entre d'altres.

“Focus de contagi” de malalties

Les associacions ARDE i Satya Animal van presentar un informe veterinari davant la Fiscalia de Medi Ambient de Balears el 21 de maig de 2025, en el qual el professional assenyala que a l'interior de la granja hi ha “riscos de bioseguretat tant per als animals com per al personal i potencialment per als consumidors”.

Entre aquests riscos, va detallar la presència d'altres animals a les instal·lacions, com “abundants rosegadors” (alguns fins i tot amb signes d'estar malalts), entre les aus i el seu aliment; cadàvers en diferents estats de descomposició (tant al terra de la nau com entre les aus vives), cosa que és “una font important de contaminació” i la manca d'higiene a la granja, ja que “la major part de la superfície està coberta de pols, aus mortes i teranyines”.

Segons el veterinari, hi havia defectes en l'aïllament de la nau “degut als possibles desperfectes causats pels rosegadors” i va assenyalar que l'emmagatzematge dels ous es trobava en un lloc obert on poden entrar-hi les rates, la qual cosa contamina els productes. “Tot això afavoreix la disseminació de malalties, posant en risc la vida de les aus, dels treballadors i dels consumidors d'aquests productes”, afirmava el professional, que afegia al seu informe que s'evidenciava “una neteja inadequada” i, per tant, una desinfecció “insuficient”.

Pel que fa a la presència d'animals malalts, el veterinari destacava que són un focus de contagi. Així, afirmava que en diverses ocasions es veien imatges d'aus o rosegadors amb signes de malaltia. Algunes de les malalties infeccioses que podrien tenir les aus són les bacterianes i víriques. Es destacaven les malalties zoonòtiques, és a dir, aquelles que es poden transmetre dels animals als humans. Entre elles, la pesta aviar (influença); la malaltia de Newcastle (coneguda com la pseudopesta aviar); la salmonel·losi (intoxicació alimentària) i la campilobacteriosi (provoca gastroenteritis).

A més, es destacava la leptospirosi (pot afectar diversos òrgans com el fetge o el ronyó i fins i tot provocar la mort si no es tracta a temps), ja que “una de les principals fonts de contagi són els rosegadors”.

Així, el veterinari concloïa al seu informe que hi ha una manca de control “tant per part dels treballadors com per part del propietari de l'explotació”, així com una manca de supervisió veterinària cap als animals i la higiene de l'explotació. “Hi ha un risc per a la integritat física, no només de les aus que es troben dins les naus, sinó també per al personal i el seu entorn, així com per als consumidors dels productes”, detallava el professional.

El Govern va acreditar les imatges

La Conselleria d’Agricultura del Govern —que dirigeix Joan Simonet, del PP— ha proposat multar amb fins a 420.000 euros —en total, set sancions— la macrogranja de Llucmajor després de la publicació de les imatges. A més, Agricultura va tancar la nau set —destinada a les gallines camperes—, segons varen informar fonts de la Conselleria a aquest diari. Cal assenyalar que l'empresa encara disposa del segell de benestar animal Welfair, que atorga AENOR, referit a la comercialització dels ous camperols.

Aquest és el resultat de la inspecció que van dur a terme els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural el 27 de maig, que, juntament amb agents del Seprona de la Guàrdia Civil, van inspeccionar les instal·lacions avícoles des de les 11 del matí fins a les 19:30, és a dir, més de vuit hores. En aquesta inspecció, es va corroborar que les imatges gravades i difoses per les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal coincidien amb les que els tècnics van observar allà. Així, Agricultura va informar que el tancament d’aquesta nau implicarà el seu “buidatge sanitari”. És a dir, el sacrifici de les més de 20.000 gallines que albergava, així com la immobilització dels ous en producció o que estiguessin al magatzem procedents d’aquesta zona de la granja.