En defensa de los servicios públicos, de la igualdad, del medioambiente y contra la especulación. La Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociale ha anunciado este martes en Sevilla manifestaciones en Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Málaga y Cádiz este próximo sábado 9 de mayo, escasamente ocho días antes de la celebración de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía.

Esta plataforma surge en un contexto prelectoral y, además, de recientes manifestaciones en defensa de los servicios públicos. Lla organización busca que la red de movimientos sociales (de Andalucía) se matenga “en contacto para pasarnos información, para trasladarla a nuestros representantes. Es una idea de colaboración, de que la ciudadanía hable”, asegura María Luisa Cid, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales. 

Entre las asociaciones que se encuentran en este movimiento están Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Plataforma Andaluza de Personas de Atención a la Dependencia (PAPAD), Salvemos el Guadalquivir, UPOxLaPública, Mareas Blancas de Córdoba y Málaga, y Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP).

Un “libro en blanco” para sumar reivinidcaciones

Bajo el lema 'Salvemos lo público', esta plataforma reivindica una educación pública, gratuita y de calidad hasta la universidad, incluida la FP; sanidad pública, universal y de calidad; pensiones dignas; una nueva ley de dependencia; el derecho a una vivienda digna y asequible; la defensa del medio ambiente; transporte público de calidad por todo el territorio; salarios justos y mejoras en las condiciones laborales; igualdad real para todos, independientemente del origen, etnia y condición sexual; eliminación de las bases militares extranjeras y acogida para los refugiados; y unos poderes públicos laicos, entre otras cuestiones.

Las reivindicaciones podrían ir a más ya que se está elaborando un “libro en blanco” para que los movimientos sociales que se están incorporando puedan defender sus causas, según ha explicado la nueva plataforma. Además, su intención es mantener reuniones con los partidos políticos que se presentan a las elecciones para que asuman las proclamas y contribuir a la mejora de la cohesión social, igualdad y la vida digna de las mayorías sociales, con el compromiso de supervisar su gestión durante la legislatura.

La sanidad andaluza se asoma este lunes a un escenario de conflicto persistente. Bajo un esquema de servicios mínimos que imita la actividad de un día festivo, más de 30.000 facultativos han iniciado la primera de una serie de huelgas mensuales que amenazan con colapsar la agenda asistencial hasta el verano. Pero mientras en los despachos se discute el Estatuto Marco y en el Parlamento se habla de los 38 millones de euros que costaron los paros de diciembre, en los centros de salud la realidad se mide en incertidumbre y pasillos que, a ratos, parecen una “huelga fantasma”. 

A simple vista, el centro de salud de El Porvenir, en Sevilla, respira una calma engañosa. En las salas de analíticas el ritmo es el de un lunes cualquiera; allí el conflicto parece no haber llegado. Sin embargo, al cruzar hacia la zona de Pediatría, el sistema muestra sus costuras. Es una huelga invisible para la burocracia, pero traumática para el usuario: el sistema 'Salud Responde' ha seguido permitiendo pedir citas con total normalidad, obligando a los padres a enterarse de que no hay médico solo cuando leen el papel pegado con celo en la puerta de consulta: “Su médico está ejerciendo su derecho a huelga”.  

El parche de la Medicina de Familia 

Esa falta de preaviso es la que ha dejado “tirada” a la madre de Naza, un niño de tres años que ayer se acostó enfermo. Su madre pidió la cita anoche a través de la aplicación oficial y nadie le notificó que este lunes no estaría su pediatra. “No quería ir a las urgencias de un hospital por el miedo a las colas, pero aquí me he encontrado la puerta cerrada”, relata. 

La solución que el centro ha ofrecido para Naza es un parche que resume la precariedad de estos servicios mínimos: el niño ha sido derivado a Medicina de Familia. Un médico de adultos atendiendo a un menor de tres años para cubrir el expediente asistencial, una medida que evidencia la pérdida de especificidad que denuncian, precisamente, los médicos que este lunes están en la calle.  

Dos horas de espera para una vacuna 

Más crudo ha sido el recibimiento para Mariana, una bebé de seis meses que acudía al control del niño sano. Su madre, su abuela y su hermana gemela —que dormía en el carrito ajena al pulso político— llegaron a su cita de las 8:30 con la confianza de quien tiene un papel oficial en la mano. Nadie las avisó al pedirla. 

“La única solución que nos daban al llegar era reagendar la cita para el mes que viene”, explican. Pero en un lactante de seis meses, el calendario de vacunas no entiende de negociaciones sindicales. La familia decidió plantar resistencia y no moverse del pasillo. Tras dos horas y diez minutos de incertidumbre, consiguieron que Mariana fuera atendida a las 10:40 para no interrumpir su inmunización. “Nos hemos tenido que enterar al llegar a la puerta, porque aquí el sistema te deja pedir la cita como si no pasara nada”, lamentan.  

Un pulso que se cronifica 

El conflicto, que enfrenta al colectivo médico con el Ministerio de Sanidad por un marco normativo propio, tiene ya fechas marcadas en rojo para marzo, abril, mayo y junio. Mientras la Junta de Andalucía lamenta la “inacción” del Gobierno central, los pacientes se han topado con la cara más amarga de la estadística: la de un sistema que garantiza el 100% de las urgencias pero que deja en el limbo los cuidados básicos de los más vulnerables, según denuncian.

Al salir del centro, la sensación es que la sanidad andaluza ha entrado en un caos administrativo. Mañana los titulares volverán a hablar de cifras y de costes económicos, pero en la memoria de este lunes quedará el silencio de un sistema que no avisó y la espera de dos horas de una pequeña de seis meses, por una vacuna que el sistema prometió y la huelga, casi, impide. 

Tras la pandemia, el sistema educativo vasco realizó un viraje hacia la transformación digital con el objetivo de crear una comunidad educativa que de forma universal, es decir, incluyendo a toda la red pública, concertada y privada, se adentrara al mundo de las nuevas tecnologías. Para ello, desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco han llevado a cabo cinco líneas de intervención en los centros escolares que incluyen el acompañamiento al profesorado en su capacitación integral digital, la adquisición de la competencia digital por parte del alumnado, el hecho de que los centros estén “altamente preparados para ejercer una gobernanza digital sólida”, la consolidación de infraestructuras y soportes digitales y, por último, la adopción de experiencias avanzadas para la transformación digital. “Hasta ahora ha sido un viaje complejo y lleno de altibajos hasta que hemos conseguido crear una propuesta de transformación digital para los próximos años”, ha confesado la consejera de Educación Begoña Pedrosa, que ha pasado de ser la viceconsejera de Jokin Bildarratz a liderar ella la cartera de Educación.

Pedrosa se ha expresado así este lunes durante los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, donde ha explicado los retos en cuanto a transformación digital y el trabajo realizado por el Gobierno vasco hasta la fecha. Para llevar a cabo todos estos cambios, el Departamento de Educación habla de “cambios en la arquitectura de la organización y gestión” de cada centro. Esos cambios traen consigo un “equipo multidisciplinar” de 16 asesores TIC, que abarcan desde pedagogos hasta ingenieros y, según ha explicado la consejera, dos figuras nuevas: la del mentor digital y la del responsable de innovación. “Habrá dos figuras clave, la del mentor digital y la de los responsables de innovación, que habrá mínimo uno por centro. Vienen a ocupar un espacio que hasta ahora no existía. Ha sido complejo buscar el encaje entre las dos figuras y nos ha costado mucho porque tenemos en cuenta que cada centro educativo tiene su proyecto y hay que respetarlo”, ha reconocido.

De esta manera han trabajado en el proceso de formación digital del profesorado, pero también de los mentores que se encargarán durante el curso de resolver las dudas que los profesores tengan y así poder instruir a los alumnos. “Nuestro objetivo es que el alumnado adquiera una competencia digital tras la Educación Básica. La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con personas o dispositivos a través de dichas tecnologías”, ha detallado Pedrosa, que ha hecho hincapié en que además de la alfabetización en información y datos, la competencia digital incluye la educación mediática, la ciberseguridad, el bienestar digital y la privacidad. “Tenemos que hablar de los miedos que tenemos a la hora de hablar de redes sociales o de cuestiones a las que en el ámbito educativo no les damos mucha importancia, pero la tienen, como las fake news”, ha reconocido la consejera.

Otra de las cuestiones a las que ha hecho referencia durante su participación en los Cursos de Verano es al uso del teléfono móvil en las aulas. “En los centros educativos tienen muy claro el uso responsable y adecuado de los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos, otro tema distinto es si hay que prohibirlos o no y, para ello, hay que hacer este debate con mucho sosiego. Todo centro educativo tiene que hacer su reflexión y la tiene que hacer con el consenso de toda la comunidad educativa. Debemos aprender en qué momento se utilizan los móviles y para qué, aunque es cierto que en las aulas el móvil se utiliza muy poco y, si se hace, es para fines pedagógicos. Aun así, queremos que se tomen las decisiones con el consenso de las familias. No es fácil, lo más fácil es que las normativas se impongan, pero queremos crear un consenso”, ha detallado.

Experiencias avanzadas para la transformación digital: Ikaslab y Adi Eskola

A modo de ejemplo, la consejera de Educación ha detallado dos de los proyectos piloto que se han desarrollado desde el Gobierno vasco en los últimos años. El primero de ellos lleva el nombre de Ikaslab y se basa en crear distintas zonas en una misma aula con el fin de crear y repensar espacios innovadores para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto, que fue presentado el pasado noviembre por el entonces consejero de Educación Jokin Bildarratz, propone crear en las aulas espacios diáfanos, amplios y flexibles que fomentan la participación entre del alumnado, el trabajo en equipo, las interacciones y el debate. “Estamos colaborando con la Universidad del País Vasco en la creación del marco y de la formación al profesorado, además de la creación de las infraestructuras de cada centro. Entre los objetivos de este proyecto está implementar nuevas metodologías que permitan revisar los procesos de enseñanza, mejorar la adquisición de la competencia digital por parte del profesorado y alumnado y reflexionar sobre la importancia de los espacios escolares y su influencia en el aprendizaje.

El segundo proyecto, que se llevará a cabo en este curso 2024-2025 se llama Adi Eskola o Escuela Inteligente en castellano y se basa en promover el pensamiento computacional, la programación y la robótica en todas las etapas educativas. “Desde el Departamento de Educación se otorgará una dotación económica para la adquisición de recursos necesarios a cada centro, además de la formación del profesorado en dos velocidades, la iniciación y la profundización. Se realizará con la figura de los mentores”, ha detallado Pedrosa.

“Crear estos proyectos ha sido intenso al principio, pero poco a poco se van normalizando, pero requiere de mucha formación, motivación y liderazgo. Además de sensibilidad para llegar a los centros educativos. Los retos que tenemos en este sentido son todos. Debemos planificar y crear una estrategia digital que aporte valor. En la selva de la tecnología lo más importante es tomar las decisiones adecuadas y que las familias entiendan que son decisiones pedagógicas, que son decisiones que tomamos para que sus hijos aprendan. Para ello debemos explicarles por qué y cuánto se utiliza el ordenador y qué pasa con los móviles en las aulas”, ha informado.

Discursos de odio e inteligencia artificial en las aulas

Pedrosa ha recalcado que las aulas también son un lugar idóneo para acabar con los discursos de odio. “Tenemos que ir más allá de la opinática y abordar de forma crítica el uso de las tecnologías y hacer frente a las fake news y a los discursos de odio. Para ello tenemos a la comunidad científica y a las universidades que se encargan de elaborar investigaciones. Es algo que debemos revisar constantemente y, si hay que realizar cambios en los discursos o informaciones, se hacen”, ha explicado.

Por último, ha detallado que entre los retos para el futuro está la llegada de la inteligencia artificial y, por lo tanto, la creación de un plan sobre la Inteligencia Artificial por parte del Departamento de Educación. “El mundo de la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse. Es algo que tenemos que abordar sí o sí. Existe una preocupación y tenemos que hacer que se convierta en una oportunidad. ¿Puedo hacerla mi aliada? ¿Puedo rechazarla y mirar para otro lado? Las reflexiones van por ahí. Es algo que nos va a dar trabajo, pero vamos a intentar buscar las oportunidades”, ha concluido la consejera.

Leo en una publicación en Instagram que una mujer con cáncer metastásico que es atendida en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) pide ayuda. Una de las pruebas de imagen que le realizan para las revisiones que tiene cada cuatro meses se retrasa más de veinte días de la cita que tiene programada con su oncólogo. Quizá ustedes no lo sepan, pero para las mujeres y hombres con metástasis en sus cuerpos a causa del cáncer el tiempo es oro. Su vida depende de la gestión de su tiempo. Este representa más probabilidades de más vida al poder poner en el momento correcto los tratamientos adecuados. Cuenta la mujer, que se llama Aida Fernandez y tiene 46 años, que la gestión del hospital es nefasta y va por la tercera reclamación.

Si esta publicación ha llegado hasta mí es porque se está compartiendo por varias cuentas con miles de seguidores, yo entre ellos. Algunos de los mensajes que la acompañan o de los comentarios hacen referencia a nuestros impuestos, a que la Salud no se vende, a que la Sanidad Pública es un derecho de todos, que es una vergüenza que esto pase... Mi primera reacción es también compartir: hace poco más de dos meses que mi cuñada falleció a consecuencia de un cáncer metastasico y yo misma soy paciente oncológica con revisiones mensuales a causa de un tratamiento dirigido a evitar la recidiva. No solo comparto la indignación, es que no me cuesta ponerme en el lugar de Aida Fernández y sentir la rabia, la impotencia y el miedo. Sin embargo, antes de compartir la indignación, hago una búsqueda rápida sobre el Hospital de Burgos.

Para mi sorpresa no son pocas las noticias que señalan a ese Hospital como un coladero de dinero público por su mala gestión. Fue el primer hospital de “colaboración público-privada” en Castilla y León y su gestión se adjudicó a un consorcio privado hace más de una década cuando se inauguró. Hace unos años todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, menos el PP, que gobernaba, denunciaban las “irregularidades, sobrecostes y opacidad” de la concesión privada y pedían recuperar la gestión pública. De hecho, un acuerdo de reversión del HUBU se aprobó en octubre 2021 en el Parlamento regional, pero no fue materializado porque el entonces consejero de Sanidad de la Junta de CYL creía (atención al hecho de que un cargo público base su decisión de este calado en una suposición) que la gestión privada es algo que no afecta a la calidad asistencial que recibe el ciudadano, según informaron varios medios.

Sigo indagando sobre el HUBU y veo en una información de no hace mucho, de 2023, que apenas tiene cuatro áreas asistenciales (importante lo de “asistenciales”) acreditadas con sellos de calidad, en comparación con el hospital de Valladolid, que es 100% gestión pública y tiene esa acreditación en 59 servicios asistenciales, además de contar con varios sellos de excelencia, certificaciones internacionales que reconocen su gestión “excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones”. Los otros sellos de calidad (muchos) que tiene el HUBU son de servicios no asistenciales, que es donde tiene gran parte del negocio la empresa concesionaria (Eficanza).

Ya tengo información suficiente y vuelvo a la publicación de Aida Fernández dispuesta a difundir su situación. Es entonces cuando pienso en los comentarios indignados que hacen referencia sobre a dónde van nuestros impuestos y cómo se gestionan estos cuando está en juego la vida de alguien. Es en ese momento cuando me alegro de haber hecho esa búsqueda y saber que, en este caso concreto, el dinero de los impuestos de las y los ciudadanos burgaleses, y castellanos y leoneses, se los está llevando con intereses y sobrecostes la empresa que gestiona el Hospital de Burgos, es decir, que el Gobierno de Mañueco destina sus impuestos a pagar la gestión privada de un hospital que no le sale rentable más que a la empresa que lo gestiona.

Ojalá que no solo Aida Fernández logre que los resultados de sus pruebas de imagen vayan a la par que sus revisiones oncológicas, ojalá que ella y todas las personas que reciben atención asistencial en el Hospital de Burgos pudieran ser tratadas con los mismos sistemas de gestión de calidad de los jardines, la cafetería, la limpieza, el aparcamiento, la seguridad, los residuos… de los que presume la empresa que gestiona el HUBU. Ojalá que la gestión de la asistencia sanitaria, de la salud y la enfermedad, fuera también de calidad en ese hospital más allá de la dedicación y entrega de sus profesionales. Pero imagino que mientras no se puedan privatizar los pacientes y los enfermos, ese tema no deja tanto margen de beneficio, e incluso implica mas gastos de los que están dispuestos a asumir los que solo quieren ganar. Hasta que se puedan privatizar las personas enfermas, al negocio de la sanidad privada no les interesará lo que nos pasa porque les renta más gestionar el aparcamiento de un hospital que hacer a una enferma oncológica un TAC. Ese es su modelo de “sanidad”.

52 mujeres han sido asesinadas en el Estado español en lo que llevamos de año y 1.237 han sido asesinadas desde 2003, fecha en la que comienza a contabilizar los asesinatos de mujeres por su pareja o expareja. 51 menores han perdido a su madre durante el año 2023 y 428 desde el año 2019, fecha en la que se incluye el dato como violencia de género. 

La atención y el apoyo a las víctimas es fundamental, por eso es preocupante que haya cada vez más denuncias y que no crezca de manera exponencial el número de mujeres atendidas en los servicios de violencia, porque para ello se deben aprovechar los fondos del Pacto de Estado, se debe implantar una red de atención de proximidad potente que vertebre el territorio y permita a las mujeres recibir los apoyos que necesitan.  

Como se recoge en el Convenio de Estambul, la atención y la seguridad se deben garantizar sin necesidad de que haya denuncia, se deben establecer los mecanismos y recursos para ello, con coordinación y dotación de medios.

De los 48 millones de euros destinados a políticas de igualdad en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿cuántos están externalizados y privatizados? Porque, a la vista de lo que ha sucedido en años anteriores, nos tememos que lo único que gestiona directamente el Instituto de la Mujer/consejera de Igualdad sean los gastos de personal y los de bienes corrientes y servicios. Los estudios y trabajos técnicos están externalizados, los recursos de acogida están externalizados, la atención a las víctimas está externalizada en su mayoría y los recursos psicológicos lo están en su práctica totalidad. 

La parte destinada a lo que la propia Junta denomina este año como inversiones reales (como si el resto fuera irreal), y que está encaminada a la construcción y renovación de espacios, recursos e infraestructuras, se van a enfocar la creación de los llamados “centros de crisis” para víctimas de las agresiones sexuales en cada provincia. Unos centros que deberían estar ya implantados y funcionando desde el verano, al menos, porque todos los recursos son pocos para un país que continúa asolado por los asesinatos de mujeres.

No vamos a caer en la trampa de la ultraderecha y la derecha que pacta con ella para despreciar los recursos, aprovechando que niegan la violencia hacia las mujeres, pero creemos que para educar, prevenir, asistir y rescatar a todas las que hemos sufrido violencia no es suficiente con externalizar el servicio y pasar la responsabilidad a una empresa, asociación o colectivo que gestione las intervenciones o que asesore jurídicamente. Las instituciones y en concreto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están para dar respuesta a las demandas sociales, no para servir de intermediarios entre el dinero del Estado y las empresas. 

No es suficiente con imprimir panfletos, servilletas y posavasos que no dicen nada, pero que aseguran espacio en la prensa y en las entrevistas. No nos podemos permitir que el esfuerzo se concentre en ser un intermediario, que se prefiera la externalización y la privatización de los servicios antes que remangarse y realizar la tarea desde lo público, abarcando una visión integral y estructurada para actuar y educar a una generación y reeducar a varias. Porque evidentemente para decir “se acabó” necesitamos renovar y reafirmar las herramientas, las que utilizamos no son suficientes.

La sanidad no tiene mucha suerte como problema público. Todos pagamos impuestos, todos esperamos cobrar algún día una pensión, todos agradecemos que nos abaraten el tren o la gasolina, a todos nos gusta tener unas buenas fiestas patronales o luces en navidad; pero no todos, por suerte, estamos enfermos el día de las elecciones, ni siquiera durante la campaña electoral, o durante los largos meses de la precampaña. La gran mayoría tenemos hijos en edad de estudiar, o de ir al cine o —gracias al Supremo, siempre preocupado por la cultura— a los toros, o un pariente que necesita cuidados, o una plaza en una residencia o en un centro de día.

La enfermedad es algo que siempre les ocurre a los demás para esa mayoría de votantes sanos quienes, además y en buena parte, acostumbran a tener un oportuno seguro privado que les ahorra las esperas en las consultas o en las pruebas diagnósticas en la Atención Primaria. Para la atención hospitalaria o especializada, cuando el enfermo se convierte en paciente y deja de ser rentable, ya está —y siempre está— el sistema público.

No se habían apagado los ecos de los aplausos y ya estábamos despidiendo a entre veinte mil y veinticinco mil —las cifras resultan tan opacas que resulta imposible precisarlas— de aquellos sanitarios contratados para enfrentar la pandemia. Los mismos que anunciaban incorporaciones por miles al sistema sanitario nos cuentan ahora que no hay sanitarios, que ya les gustaría volver a contratar a los mismos que despidieron el año pasado; se los ha debido tragar la tierra. Diez años, una Gran Recesión y una pandemia después, la triste realidad es que Alemania, Dinamarca, Irlanda o Francia gastan entre tres mil quinientos y cuatro mil quinientos euros por habitante en sanidad y España no llega a los dos mil euros.

Este domingo han coincidido dos manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública y, en especial, de la atención primaria, en Madrid y en Santiago de Compostela. No es por casualidad —que no existe en política—. Galicia y Madrid se hallan entre las comunidades que menos porcentaje de su presupuesto sanitario dedican a remunerar a su personal (Galicia, 43,9%; Madrid, 42,3%; media estatal, 44,9% del total del gasto sanitario) y ambas son las que menos invierten en su sistema de Atención Primaria (Galicia, 11,6%; Madrid, 10, 7%; Media España: 13,9% del total del gasto).

En Galicia hemos pasado, en apenas un mes, de ser todo culpa de Pedro Sánchez, a no tener médicos en el mercado, a tener dinero de sobra en el presupuesto, a anunciar que se aumentaba el presupuesto en decenas de millones para contratar a esos médicos que no había por culpa de Pedro Sánchez y finalmente a contratarlos por cualquier medio necesario. En Madrid justo es reconocer que la línea argumental siempre se ha mantenido coherente: todo ha sido siempre y será culpa de Mónica García y Pedro Sánchez.

A meses de una elecciones municipales y autonómicas, la pregunta no es tanto qué hará el votante enfermo que paga sus impuestos. La pregunta es qué respuesta dará a su dilema el votante sano que paga sus impuestos y a quien le ha prometido bajárselos aún más.

Los ataques de los gobiernos a la sanidad pública suelen contar con una contestación mayoritaria de la sociedad española, que considera el sistema sanitario gratuito como un bien esencial, hasta el punto de que la mayoría pagaría más impuestos para mejorarlo. Sin embargo, no se advierte una defensa tan encendida de la educación pública, ni siquiera desde los sectores más progresistas. El clima de fuerte competitividad escolar y el elitismo calan en los padres y las madres, aunque voten a la izquierda. Prima el deseo de mejorar la trayectoria educativa y las expectativas laborales de los hijos aunque eso suponga dejar a otros niños en la cuneta y termine de averiar el castigado motor del ascensor social. No hay nada más antipedagógico que basar la escuela en la cultura del esfuerzo y la meritocracia, como si fuera una empresa, y considerar la educación como una carrera que solo ganarán los mejores o los que se lo puedan pagar. Sin embargo, este modelo neoliberal se ha impuesto y cuenta con la aprobación de padres de toda ideología que conciben la educación como un sistema construido para dar a sus vástagos ventajas competitivas sobre otros.

La educación es un derecho de todos, la escuela pública su garante y en su esencia debe estar la igualdad de oportunidades. Olvidar este concepto y otros como capital cultural y social, desigualdad de partida, inclusión o cohesión social es seguir el juego a gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, que defienden que se puede recortar inversión económica y suplirla con una gestión eficaz privatizada. Este modelo, que desprecia lo público y considera a los niños como futuros trabajadores y no como alumnos, blinda los privilegios de las familias pudientes, penaliza a las pobres y castiga a los docentes. Un dato muy revelador es que Madrid es la comunidad autónoma española que menos gasta por alumno y, al mismo tiempo, sus padres son los que más gastan en la educación de sus hijos. Los que pueden, evidentemente. En la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, el 47,34% de los alumnos con una beca estudia en centros privados, casi el doble que la media nacional, situada en el 24,71%. Así llegamos a situaciones paradójicas: según Unicef, en España se gasta más dinero público en el alumnado rico que en el pobre, un 26% frente a un 15,8%.

En este contexto, la escuela pública pierde legitimidad y no corrige la desigualdad de origen, sino que la refuerza. Se debilita el compromiso social para exigir que se solucionen sus problemas: la elevada ratio de estudiantes por profesor, el exceso de interinidad, la burocratización continua, el cambio de leyes con cada gobierno (ahora la LOMLOE), las infraestructuras obsoletas y el desvío de recursos a la concertada. Se cae en la perversión de la cultura del esfuerzo cuando es imposible que un niño que vive en 30 metros cuadrados sin acceso a tecnologías consiga los mismos resultados con similar esfuerzo que otro que cuenta con habitación propia, ordenador, tablet y clases particulares. Un dato: en España el 29% de los alumnos ha repetido curso al menos una vez. Este porcentaje triplica la media del 11% de la Unión Europea. Y es cuatro veces más probable que los repetidores sean hijos de familias pobres. Aunque está demostrado que repetir curso no mejora los resultados educativos, se exige que estos niños lo hagan como parte de la cultura del esfuerzo en la escuela, una idea contraria a toda pedagogía que, sin embargo, ha triunfado socialmente. 

La escuela pública y sus docentes también se desgastan con otros debates neoliberales, como la ideologización y el adoctrinamiento, cuando se cuestiona desde las instituciones que también son conocimientos los relativos a la ciudadanía, como el derecho a la participación democrática o la manifestación, el pensamiento crítico, la educación sexual, la perspectiva histórica y de género, la diversidad, la tolerancia, la empatía. Conocimientos a los que los niños también tienen derecho y que no caben en una escuela que solo prepara para competir y responde a la lógica de los mercados.

La educación debe enfocarse siempre al bien común, no a intereses particulares, y las escuelas deben ser comunidades solidarias que ayuden a corregir las desigualdades, no solo centros para traspasar conocimientos académicos. Que tengamos una escuela pública y universal de calidad garantiza una sociedad más rica, cohesionada y preparada, y protegerla y defenderla no es solo labor de los gobiernos, es una responsabilidad de toda la sociedad. 

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido a sus socios de Gobierno que, a pesar de las elecciones, dejen de un lado “la legítima competencia” para priorizar el “compromiso conjunto” con Navarra. Así se ha referido este viernes en el tercer Encuentro de Dirección Pública del Gobierno, en el que han participado el vicepresidente primero, Javier Remírez; y el vicepresidente segundo, José Mª Aierdi; así como los consejeros del Ejecutivo, y los directores generales de todos los departamentos.

En el acto, desarrollado en la Biblioteca de Navarra, Chivite ha reivindicado la importancia del servicio público para “actuar y entablar vínculos entre la ciudadanía”. En este sentido, la presidenta ha recordado que se acerca el tiempo electoral, que para un gobierno de coalición “también significa competencia”. Por ello, ha recalcado que “debemos ser capaces de distinguir nuestra legítima competencia electoral de nuestro compromiso conjunto con el interés de Navarra”, según informa Europa Press.

“El éxito de la política se basa en saber abordar la discusión de forma prudente y razonable. El modo en que se piensan, se dicen y se hacen las cosas en el espacio público es sumamente importante”, ha indicado. “Por ello, os pido que, desde la discrepancia, nos mantengamos firmes en lo que nos une y que nuestras diferencias nos permitan seguir siendo amigos”, ha señalado en su intervención.

Por su parte, la presidenta ha remarcado la importancia del bienestar social, “construido desde hace años por personas progresistas”. “Detrás de un sistema sanitario, educativo, de servicios sociales, está toda una arquitectura, todo un edificio forjado a través de una lucha por valores de muchas personas de otras épocas que muchas veces no se percibe, y por eso es importante evidenciar esa realidad”, ha dicho.

En su intervención, ha señalado el aprendizaje de estos tres últimos años, “un aprendizaje para la acción”. “Aprendemos para que nuestra acción política sea más eficaz y eficiente”, ha indicado. La presidenta se ha referido también a los fondos europeos, “instrumentos inéditos que son palancas para la prosperidad de Navarra”, afirmando que “debemos ejecutarlos al máximo”. “Desde Europa tenemos una oportunidad para transformar nuestra sociedad, y debemos aprovecharla. En la recta final de la legislatura ”debemos sacar lo mejor“, ha explicado.

Una manifestación ha recorrido este sábado las calles de Bilbao para reivindicar una escuela “pública, euskaldun e inclusiva” como “eje del sistema educativo” vasco. Asimismo, los asistentes han reclamado al consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, “un compromiso claro contra la segregación escolar y por la cohesión social”.

La movilización, organizada por las entidades que integran la plataforma 'Euskal Eskola Publikoaz Harro', ha arranco pasadas las 17.00 horas desde las inmediaciones de la Delegación del Gobierno vasco, para finalizar en la Plaza de Arriaga, donde se ha leído un comunicado que recoge Europa Press. En un ambiente festivo, y tras una pancarta en la que se podía leer “Hezkuntza publikoaren alde. Pribatizaziorik ez” (“Por la escuela pública vasca. No a la privatización”, en euskara), los participantes han proferido gritos en contra de la segregación y en favor de la educación pública.

Entre los asistentes se ha podido ver al secretario de Educación de EH Bildu, Ikoitz Arrese, así como a los parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez e Isabel González, y al diputado de Unidas Podemos en el Congreso Roberto Uriarte. En declaraciones previas al inicio de la marcha, representantes de la plataforma han reivindicado la escuela pública en un momento en que Euskadi trabaja en una nueva Ley de Educación. “Es el momento para hacer políticas que hagan que la escuela pública sea el eje del sistema educativo vasco, tal y como sucede en el resto de Europa, donde el 80% es público”, han advertido.

Por otro lado, han denunciado que el actual sistema “dual” no responde a las necesidades de la sociedad al generar “segregación y falta de excelencia” y han defendido que el derecho a la educación no puede depender de la capacidad económica de las familias, motivo por el que han apostado por “acabar con la privatización y dejar de financiar escuelas que no dan respuesta a la diversidad, no son inclusivas y no euskaldunizan”.

La escuela pública como “prioridad absoluta”

En el comunicado final, los organizadores han insistido en que la escuela pública debe ser “prioridad absoluta de la administración” y han abogado por una escuela “única, pública, euskaldun e inclusiva”. “Es hora de poner límites a la educación privada-concertada. Hay que acabar con la política que sustenta con dinero público todas las iniciativas privadas sin distinción. En el contexto actual de bajada de natalidad, exigimos al Gobierno vasco una utilización más justa y eficiente de los recursos públicos”, han resaltado.

Del mismo modo, han solicitado una normativa consensuada que permita la publificación de los centros, así como “universalizar el modelo de inmersión lingüística en euskera”. “Interpelamos al Gobierno Vasco por sus políticas educativas que nos han llevado a esta situación discriminatoria y también a los centros de la red privada, que aprovechan las ventajas de esta situación para mantener sus privilegios y aumentar la segregación”, han añadido.

Por último, han manifestado que el futuro acuerdo educativo debe suponer un “proceso transparente de reflexión sobre las redes educativas, la financiación, el modelo de inmersión y la segregación escolar con la participación de representantes de la red pública”. “Pedimos al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que apueste por una escuela pública de todos y para todos, y que muestre un compromiso claro contra la segregación escolar y por la cohesión social”, han finalizado.

El sindicato ESK ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Bizkaia supuestas “irregularidades” en la vigente Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Diputación Foral de Bizkaia, concretamente en el proceso de selección de plazas de la especialidad de veterinaria, en el que, según lamentan, un funcionario de dicha institución ha resultado “beneficiado”.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre de 2020 durante la primera prueba del ejercicio práctico de la oposición. A los opositores les llamó la atención el hecho de que la prueba práctica tuviera una formulación diferente a las otras dos que también estaban incluidas en ese mismo ejercicio, puesto que a diferencia de las otras, se refería a una explotación ganadera realmente existente en Bizkaia. Se sorprendieron más aún cuando comprobaron que la respuesta dada por buena no coincidía con la aplicación de la normativa de referencia publicada por la propia Diputación Foral de Bizkaia. Entre todas las personas que realizaron dicha prueba, tan solo logró superarla con éxito un examinado, quien trabaja como veterinario en calidad de funcionario interino en esa institución.

Más allá de lo ocurrido durante el examen, el sindicato denuncia que semanas antes del mismo, concretamente el 29 de octubre, “alguien accedió al registro de explotaciones animales gestionado por la Diputación y en el mismo resolvió cuestiones relativas a la citada primera prueba práctica”. Según señalan y así lo han presentado como prueba ante la Fiscalía, esa actuación quedó grabada en la aplicación 'Sitran Mapa', una base de datos dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, las actuaciones realizadas sobre el expediente de explotación ganadera que fue parte de la prueba práctica de la oposición fueron eliminadas el 25 de noviembre, cinco días antes de la prueba. “Queda patente que un funcionario no miembro del tribunal evaluador participó tanto en la redacción como en la corrección de este ejercicio práctico de una manera absolutamente irregular”, denuncian desde el sindicato.

“No sabemos si le dieron el examen en papel al funcionario interino que ha salido beneficiado o si se lo filtraron antes de la prueba y se quiso cerciorar de las respuestas entrando en esa aplicación o si fue alguien del tribunal calificador quien entró en la aplicación, quien hizo las operaciones, y luego, le dijo a él cuales eran los resultados que tenía que poner porque es el único que aprueba ese ejercicio de todos los aspirantes y es el que mejor puntúa en todo el global”, indica Igor Mera, miembro del sindicato ESK a este diario.

El proceso se encuentra en fase de Instrucción Penal y el sindicato ESK testificará al respecto este jueves. “Es un buen síntoma que Fiscalía haya decidido elevar este caso a Instrucción directamente porque entendemos que se le da credibilidad al relato y que las pruebas que se le han presentado lo corroboran”, señala Mera.

“En este proceso selectivo el sindicato ESK ve un patrón común con otros procesos sobre los que pesan sospechas de fraude. Nuevamente nos encontramos con tribunales calificadores compuestos en su mayor parte por funcionariado de la misma institución y nuevamente, observamos poco rigor tanto en la elaboración de las pruebas como en el establecimiento de criterios objetivos para su corrección”, ha denunciado el sindicato a través de un comunicado en el que ha reclamado a la Diputación Foral de Bizkaia que paralice de manera cautelar la adjudicación definitiva de las tres plazas de la especialidad de veterinaria hasta el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Hace cuarenta años, surgía en Donostia un encuentro académico experimental propuesto por la Diputación de Gipuzkoa que años más tarde daría lugar a lo que a día de hoy se conocen como los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Una “ventana entre la Universidad y la sociedad”, que muestra una “cara más amable” de la institución y la lleva al alcance de todo aquel que quiera aprender, según afirma Itziar Alkorta, la que desde 2019 la directora de los cursos.

“La universidad siempre ha contado con cierto aire de élite, pero con la Fundación de los Cursos de Verano, se muestra otra cara más amable, cercana, que transmite el conocimiento que está dentro de la Universidad. Es una ventana, un cordón umbilical entre los expertos y la sociedad”, asegura Alkorta en una entrevista con elDiario.es/Euskadi.

Los Cursos de Verano, que darán comienzo este 25 de junio, cuentan en esta edición con 180 cursos -la mitad de ellos vía online- y una decena de actividades abiertas al público. Su eslogan 'Berrikas/Reaprender' y pondrán sobre la mesa “la importancia del conocimiento”.

“Realizamos un análisis fino de cuántas personas participan fuera de la universidad y sorprendentemente solo un 15% de los participantes son alumnos universitarios. El resto se trata de personas que se reciclan o ciudadanos que quieren compartir sus ideas y aprender”, señala la directora.

La llegada del coronavirus paralizó el mundo el año pasado y también trastocó los planes de los Cursos de Verano, que se iban a anunciar el mismo día que España entró en el estado de alarma. Fue entonces cuando el equipo que está detrás de estos cursos decidió analizar la situación y seguir adelante impartiendo los cursos en formato online. En aquel momento no lo sabían, pero esa decisión influiría en la internacionalización de los cursos, puesto que a raíz de la pandemia personas de distintas partes del mundo decidieron inscribirse, entre ellas de Latinoamérica y Asia.

Los objetivos en esta edición son llegar a los 13.000 participantes –o más- que alcanzaron en la edición pasada y consolidar la presencia de participantes extranjeros. “Seguimos innovando en temas y formatos. Se trata de una programación íntegramente híbrida. Te permite participar, seguirlo online, es como estar ahí. En la modalidad online tenemos muy en cuenta que cuando se ofrece una conferencia no se puede ofrecer un busto parlante, por ello montamos un escenario, toda una puesta de escena profesional. Además, al alumno también se le ve y oye en una pantalla que las personas que acudan de forma presencial podrán ver y podrá participar desde su casa a través de unas herramientas de participación y descargar el vídeo del curso. Tenemos muy claro que eso es el futuro”, explica Alkorta.

La pandemia también ha trastocado las temáticas que se imparten. “Hay temas nuevos, cursos desde el punto de vista de la pandemia con expertos en temas jurídicos, éticos, ambientales y también cursos que impartirán enfermeras, médicos o farmacéuticos que hablarán sobre qué lecciones hemos aprendido de la pandemia”, cuenta.

Desde el punto de vista del número del alumnado y si me permites de la calidad del curso, no hay otro igual a nivel estatal

En cuanto a las clases presenciales, que tendrán lugar en Donostia en el Palacio Miramar, en Bilbao en Bizkaia Aretoa y en la Facultad de Letras y Facultad de Farmacia de la UPV/EHU en Vitoria, la mascarilla y la distancia de seguridad será obligatoria. Según detalla Alkorta, por ejemplo, en el Palacio Miramar no se realizarán más de cuatro cursos de forma simultánea y el aforo estará limitado a 70 personas.

Los cursos, cuyo precio es igual para la modalidad online y para la presencial, cuenta descuentos en las matrículas para alumnos, exalumnos y profesionales. Su financiación se basa en la colaboración entre distintas instituciones y entidades como el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, además de entidades privadas como la Fundación BBVA.

“Nuestro mayor logro es que hayan pasado 40 años y el equipo siga con la ilusión con la que empezó. Desde el punto de vista del número del alumnado y si me permites de la calidad del curso, no hay otro igual a nivel estatal”, concluye Alkorta que asegura que para ella estar al frente de estos cursos más que un trabajo es “un privilegio”. 

Los trabajadores del sector público en Euskadi han sido llamados a huelga este jueves para denunciar la alta temporalidad y para exigir la creación de más empleo público en una comunidad que, con un 40% de media, cuenta con la tasa de temporalidad más alta de España. El Gobierno vasco ha cifrado en un 16,25% el seguimiento de la huelga en la Administración General de Euskadi; en el sector de la Educación un 28,3% de seguimiento; en Osakidetza un 2,87% debido en gran parte a los servicios mínimos del 100% en equipos de vacunación y en Justicia un 3,54%.

Miles de personas han recorrido las calles de Bilbao, Donostia y Vitoria para exigir el fin de esa temporalidad y lograr unos “empleos públicos de calidad” en sendas manifestaciones convocadas por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, SATSE, ESK y Steilas, quienes han calificado el seguimiento de la convocatoria de “amplio y muy generalizado”, en especial en enseñanza, los ámbitos municipal y foral y la administración general.

“La afluencia es muy grande, respetando las medidas de seguridad, pero yo creo que ha sido un éxito. Muchos trabajadores y trabajadoras del sector público hemos vivido por decisiones políticas que se han tomado tanto aquí como en Madrid, una situación que se ha ido alargando donde la interinidad es muy alta. De cada diez trabajadoras cuatro estamos en situación de interinidad. Mi caso también es este. También vemos que esa temporalidad lleva a la privatización. En Educación por ejemplo los comedores y el servicio de limpieza, servicios que antes eran públicos son subcontratados para así abaratar el servicio. Hay que crear empleo público para que haya empleo de calidad”, ha explicado a este diario Irati Tobar, profesora de primaria durante la manifestación que ha tenido lugar en Bilbao.

La temporalidad tiene “rostro de mujer”

Irati es una de las miles de mujeres que se encuentran en esta situación de interinidad. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha recalcado que la temporalidad en Euskadi tiene “rostro de mujer” debido a que casi el 70% de trabajadores en esa situación “son mujeres”.

También del ámbito de la educación, Xabi, profesor en un colegio, ha confesado a elDiario.es/Euskadi que en un primer momento pensaba que la movilización “iba a tener menos repercusión”. “Veo que cuando dan la oportunidad de expresar la situación tan inestable en la que trabajan la gente aprovecha y la estamos aprovechando para volver a reivindicar que no se puede estar jugando con el empleo en función de intereses del momento. Hay que estabilizar las plantillas en los servicios públicos para que estos tengan la calidad y den el servicio a la población que se necesita.

“Esta pandemia ha puesto encima de la mesa la realidad de la situación, que es precariedad, cada vez más recortes y por desgracia una eventualidad demasiado grande”, cuenta Óscar, trabajador del gabinete de salud laboral del sindicato ELA.

Osakidetza, no solo médicos y enfermeros

Gotzon Álvarez, cocinero y delegado del sindicato LAB, señala que en los hospitales públicos de Euskadi “parece” que solo trabajan médicos y enfermeros y recalca que también existen empleos algo menos visibles, pero igual de importantes, como el suyo. “La situación de los cocineros de Osakidetza se puede trasladar a la de muchos que no se ven. La privatización nos asedia y somos muy pocos los cocineros que somos empleados públicos en Osakidetza justo por eso, por la privatización. Esta es la situación, pero no solo la de los cocineros, también la de muchas categorías que parece que no existen en Osakidetza, como son los informáticos, los operarios de servicio, los trabajadores de mantenimiento, etc. Parece que en Osakidetza trabajamos médicos y enfermeras, y no, trabajamos mucho más allá de esas categorías”.

“Firme apuesta por un servicio público de calidad”

Según ha explicado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, el seguimiento de la huelga en la Administración General —esto es, entre el personal de los diferentes departamentos y organismos autónomos— ha sido de un 16,4%, con datos hasta el mediodía. Entre estos organismos se encuentra, por ejemplo, Lanbide, donde el paro ha sido secundado por un 15,52% de sus trabajadores.

“Desde el Gobierno vasco, queremos recordar, una vez más, nuestra firme apuesta por un servicio público de calidad, con la ciudadanía en el centro de toda su acción”, ha señalado Garamendi, que ha recordado que este paro se produce en un momento en el que su departamento está “planteando e impulsando propuestas y medidas para atajar la temporalidad y avanzar en la consolidación del empleo”.

Para poner solución a esta problemática, la consejera ha apuntado que se está trabajando “en varios frentes”: “En el legislativo, presentando un proyecto de ley; en el político, trabajando juntamente con el ministro, para buscar soluciones jurídicas; y por último, pero no menos importante, hablando con los sindicatos en la negociación colectiva”, ha argumentado.

Desde el inicio del curso escolar después de la Navidad en Euskadi se encuentran cerradas 13 aulas por contagios de coronavirus, un 0,07% del total. Los alumnos han regresado a las aulas en algunos centros el pasado 7 de enero, mientras que otros el 11. En estos días, concretamente en los días 7, 8 y 11 de enero, un total de 708 profesores han solicitado la baja y han tenido que ser sustituidos. Sin embargo, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha apuntado que “los centros de enseñanza son un reflejo de la sociedad”, pero que “no son datos significativos”.

“A día de ayer había 13 aulas confinadas, el 0,07% del total, pero es un dato relativo, es un dato que la semana que viene no estará porque lo normal es que la semana que viene el porcentaje de aulas cerradas sea mayor y evolucionará como está evolucionando la realidad de cada municipio. Normalmente si un municipio está en rojo, tendrá una tasa de contagios mayor que otro que está en porcentajes bajos de contagio”, ha señalado el consejero, quien ha subrayado que “no son datos significativos” puesto que habría que esperar a ver la evolución del virus, pero que “los centros de enseñanza son un reflejo de la sociedad” y que “si la pandemia avanza y aumentan los contagios en la sociedad, en los centros de enseñanza también”.

Bildarratz ha realizado estas declaraciones este miércoles en Bilbao durante la rueda de prensa de presentación de la nueva campaña de matriculación 2020-2021 de la escuela pública, en la que prevén que se matriculen cerca de 15.300 niños y niñas. Desde 2008 hasta día de hoy la matriculación ha bajado en 2.000 niños, según ha apuntado Bildarratz.

Los centros escolares han tenido que adaptar sus instalaciones para mejorar las condiciones y evitar los contagios de COVID-19, algunos denunciaban que su centro no contaba con comedor escolar adaptado para todo el alumnado, mientras que otros se quejaban de no disponer un patio exterior para sus alumnos. Sobre esta situación, el consejero ha asegurado que desde el departamento de Educación van a seguir el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023. “Vamos a revisar cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades y en ese sentido sí que intentaremos responder. Tenemos que hacer una serie de análisis. Habrá que hacer un mapa escolar en ese sentido de adecuación a las necesidades e intentar responder a las medidas más perentorias que tiene cada una de las realidades, que son diferentes. Hay centros de hace muchísimos años con instalaciones deficientes, otros centros en cambio les falta un patio y quizá se pueda arreglar de otra manera llegando a un acuerdo con ayuntamientos. Cada centro necesita de su propia gestión porque es una realidad propia y en ese sentido estamos teniendo toda la colaboración”, ha señalado el consejero.

El proceso de matriculación del alumnado comenzará el próximo lunes 18 y se podrá realizar hasta el 29 de enero en los 700 centros de enseñanza para los niveles de Infantil y Primaria en Euskadi. En las solicitudes, que se pueden realizar a través de internet o acudiendo al propio centro -solicitando cita previa- se podrá seleccionar un máximo de 12 colegios y as listas definitivas se publicarán el 23 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública ha actualizado el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV- 2 en ámbitos geográficos con riesgo elevado de transmisión. Un cambio que está relacionado principalmente con las competiciones deportivas federadas y del que estaban pendientes los distintos clubes de la región.

Es ya la quinta versión del documento y tal y como anunciase el director general de Salud Pública, Juan Camacho, anunciaba el pasado 18 de noviembre se estudiaría la posibilidad de que hubiera público en este tipo de competiciones y evitar así “agravios comparativos” con las actividades culturales.

En Castilla-La Mancha hay tres niveles de medidas: nivel 1, nivel 2 y nivel 3, siendo este último el más duro en restricciones. Actualmente toda la comunidad autónoma se encuentra en nivel 2, a excepción de los municipios que están en nivel 3, debido a la alta incidencia por coronavirus.

Con el cambio en el procedimiento para todos aquellos municipios en nivel 2 se permitirá la asistencia de público en competiciones de ámbito federativo con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500 asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso.

En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de seis personas.

En cambio, si el municipio en cuestión se encuentra el nivel 3 de restricciones, las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público.

En este enlace pueden consultarse las medidas previstas para cada uno de los niveles de restricción para frenar la COVID-19 en Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma abrirá sus puertas a partir de este miércoles, día 1 de julio, para atender al público de forma presencial en los diferentes servicios ubicados en el interior de las Casas Consistoriales, aunque será necesario solicitar cita previa y cumplir con todas y cada una de las medidas de protección sanitarias recomendadas por la Covid-19.

En el marco de las acciones para favorecer el control de la pandemia, el atrio municipal contará con una puerta para acceder al edificio y otra de salida, con la instalación de la cartelería necesaria para informar a los usuarios tanto de los números de teléfono para solicitar cita previa como de las precauciones que obligatoriamente se deben tomar en el interior del inmueble.

En este sentido, se tiene que hacer uso del hidroalcohólico instalado en el acceso al Ayuntamiento, además de mantener la distancia de seguridad y la utilización obligatoria de mascarilla, controlando también el aforo para evitar aglomeraciones. Se recomienda el pago de las tasas, impuestos y sanciones con tarjeta de crédito, evitar el contacto físico y se pide toser, si fuese necesario, en la parte interna del codo o en un pañuelo. Las Casas Consistoriales estarán limpias, ventiladas y desinfectadas. El personal de oficina cuenta además con mamparas para una mayor protección.

El alcalde de la capital, Juanjo Cabrera, ha informado de que “debemos incorporarnos a la nueva normalidad para ofrecer de forma presencial los servicios que demandan los ciudadanos, aunque con las medidas establecidas por las Autoridades Sanitarias para evitar, en la medida de lo posible, los contagios”. De todas formas, se mantienen habilitadas líneas de teléfono y sistemas telemáticos para que los vecinos no tengan que salir de sus viviendas para recibir determinada atención del personal municipal.

El alcalde ha subrayado que “cumplir con las medidas de seguridad sanitaria es una responsabilidad de todos”. Y es que “el Ayuntamiento pondrá los medios a su disposición y pedirá que se evite el contacto físico para evitar los contagios, pero sabemos que somos nosotros a título individual los que al final hacemos que todos los dispositivos para frenar el Covid-19 sean o no efectivos”. “Y de verdad que confío plenamente en los vecinos de Santa Cruz de La Palma”, concluye.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha iniciado las obras para la instalación del primer aseo público autolimpiable adaptado del municipio que se ubicará en la Avenida Dr. Fleming y que ofrecerá un servicio demandado por vecinos y visitantes en una zona muy concurrida de la ciudad, informa el Consistorio en nota de prensa.  

El concejal de Urbanismo, Manuel Perera, indicó que “esta nueva infraestructura es el primer aseo público con estas características que se va a instalar en la isla de La Palma, su ubicación, contigua a la Oficina de Información Turística municipal, es un punto estratégico de la ciudad, en el entorno de la Plaza de España que los fines de semana acoge el Mercadillo del Agricultor, además de ser un punto muy visitado por parte de quienes frecuentan la zona céntrica de Los Llanos de Aridane”.

También, en la Avenida Dr. Fleming se encuentra la parada de taxis del municipio y de esta manera los profesionales del sector contarán con un servicio que les facilitará la comodidad de disponer de un aseo en su entorno laboral.

El aseo destaca por su capacidad de autolimpieza tras su uso, cuenta con todas las comodidades adaptadas al uso de personas con movilidad reducida, de construcción monobloque de acero inoxidable cuya principal característica es que, después de cada uso, el aseo inicia automáticamente un proceso de limpieza del inodoro, suelo y lavabo para asegurar una correcta higiene. Viene dotado con inodoro, lavabo, papelera, dispensador de papel, todo ello antivandálico e integrado en la cabina. Cuenta con conexión a internet y un sistema automatizado que regula los tiempos de uso del aseo.

Actualmente, el personal de Obras del Ayuntamiento aridanense está trabajando en las conexiones de agua, electricidad y saneamiento para poder instalar la cabina que se espera que pueda abrirse al público a lo largo de la época estival.

La Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma (Sodepal) “ha utilizado por primera vez desde su constitución la Plataforma de Contratación del Sector Público para dar mayor publicidad a sus licitaciones, un paso fundamental en el marco de la nueva política de la empresa pública de apostar por la transparencia, la igualdad de oportunidades y, sobre todo, por el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos”, informa en nota de prensa la empresa pública del Cabildo.

La consejera delegada de Sodepal, Raquel Díaz, ha informado de que “uno de nuestros objetivos irrenunciables es que toda empresa o autónomo tenga las mismas oportunidades a la hora de concurrir a los procesos de contratación de cada uno de los proyectos que gestionamos”, para lo que entiende determinante “cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público, lo que implica subir las licitaciones a la plataforma estatal para que sea consultada por todos los empresarios que puedan estar interesados”.

“La sociedad pública colgaba hasta ahora las licitaciones exclusivamente en el perfil del contratante de su página web, sin que estuviera vinculada a la plataforma estatal, lo que reducía considerablemente la divulgación de las ofertas que pasaban desapercibidas para la mayoría de empresas, incumpliendo además con la Ley de Contratos aprobada hace ya tres años”, aseguran.

El primero de los concursos de Sodepal que ha sido subido a la Plataforma de Contratación del Sector Público corresponde al proyecto de Isla Bonita Moda y las ofertas ya han sido analizadas en primera instancia en la mesa de contratación creada al efecto. Además, dos nuevas licitaciones han sido publicadas en el mismo servidor.

Raquel Díaz ha hecho especial hincapié en que “dar mayor transparencia a nuestras licitaciones implica que haya una mayor competencia en cada una de las ofertas, lo que conlleva un ahorro del dinero público en el desarrollo de los proyectos y encomiendas”. El objetivo último es “controlar el gasto siendo un ejemplo de eficacia, un compromiso que debemos asumir ante nuestros ciudadanos”, concluido.

La cuarta edición del ciclo de narración oral La Solera Cuenta ofrece este sábado 20 de junio, a partir de las 19:00 horas, una última sesión de cuentacuentos dirigida al público adulto de la mano de Cristina Temprano, que relatará tres historias a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Villa de Mazo. El proyecto está organizado por el Ayuntamiento de Mazo y la Asociación Cultural La Solera.

La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti Pérez Corujo, resalta el interés creciente que despierta este ciclo como alternativa cultural y de ocio, que contribuye a potenciar la lectura y la imaginación, y explica que el hecho de que este año se haya trasladado a las redes sociales, debido a la expansión de la COVID-19 ha contribuido a incrementar su impacto.

El concejal de Cultura, Omar Fumero, manifiesta la apuesta que se ha hecho desde la corporación local durante el estado de alarma para mantener vivo el programa cultural del municipio y dar continuidad a esta oferta que ha llegado a más personas gracias a las redes sociales.

La última sesión del ciclo contemplará tres cuentos que se narrarán a través de Facebook: El tonel, a las 19.00 horas, Historias de Nasrudin, a las 20.00 h y La calavera, con la que Cristina Temprano pondrá el broche final a esta cuarta edición a partir de las 21:00 horas.

Doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Temprano es autora de una tesis dedicada a la narración oral bajo el título El sentido de los cuentos en el modelaje cultural y educativo de los ciudadanos: su análisis en la posmodernidad de las primeras décadas del tercer milenio. Su trayectoria como narradora oral comenzó en 2002 y, desde entonces, ha contado historias para público de todas las edades en festivales y ciclos de diversas regiones de España, así como en otros países como Francia, Bélgica, Ucrania, Canadá, México y Paraguay.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha asegurado en la mañana de este jueves en una entrevista en Antena 3 Televisión que la competición de fútbol y baloncesto se jugará a puerta cerrada lo que resta de temporada.

“Los aficionados no pueden ir a los estadios ni a las inmediaciones. Quiero dejar claro que no está previsto que vuelva el público”, decía Lozano en el programa Espejo Público.

“Voy a ser tajante, no puede haber público en los estadios”, ha asegurado Lozano, que también ha reconocido que “la evolución de la pandemia va muy rápida” y si hubiera un cambio de criterio se avisaría con tiempo suficiente.

Jarro de agua fría por tanto a la pretensión de la vuelta de las aficiones a los recintos deportivos de LaLiga, algo expuesto por parte de algunos clubes con insistencia en las últimas semanas.

En la mañana de este jueves, en este caso en Radio Marca, Lozano precisaba: “Nadie se imagina tener que gestionar una pandemia de estas dimensiones, ni está preparado”.

La transparencia en la gestión pública es un asunto recurrente sobre el que la ciudadanía siempre reclama mejoras a sus políticos. En sentido, hay personas que consideran que los diferentes métodos para hacerla efectiva no son del todo accesibles a la gente.

Y eso fue lo que motivó al ingeniero y empresario Jaime Gómez-Obregón a crear su web sobre los contratos, las adjudicaciones y las licitaciones que realiza el Gobierno de Cantabria y que aparecen en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), pero que, normalmente, al ciudadano de a pie no terminan de llegarle.

Él, un verdadero 'fan' de la inteligencia de datos, encontró la excusa perfecta para arrancar esta web a través de otro de sus proyectos, la cuenta de Twitter @BoCantabria que destapó la misteriosa donación de 200.000 euros al Gobierno de Cantabria por la crisis del coronavirus. “Una noche alguien en Twitter me dijo que habría que dar transparencia a la contratación del sector público. Me puse a mirarlo y esa misma madrugada tenía ya el modelo de datos de contratosdecantabria.es”, indica a eldiario.es.

Allí se puede encontrar de todo, desde el dinero que se gasta en material de oficina en Peña Herbosa, hasta una reforma de un polideportivo de cualquiera de los municipios de Cantabria. Y lejos de tener que ir pasando la información del BOC dato a dato, lo cierto es que Jaime utiliza “un piloto automático”. “Mi trabajo no me deja mucho tiempo libre, así que utilizo un mecanismo automático de actualización, lo que me permite, además, ser muy cuidadoso de no introducir ningún tipo de sesgo en los datos, lo que solo es posible de hacer cuando no filtro nada manualmente”, expresa.

Sobre la posibilidad de que esta herramienta se convierta en una amenaza para los políticos, el ingeniero lo tiene claro: “No”. Y más bien opina lo contrario: “Creo que tienen una posibilidad de oro para hacer de Cantabria punta de lanza nacional en unos servicios públicos digitales basados en el gobierno abierto, los datos y la participación ciudadana. ¿A quién podría sentarle mal algo así?”, se pregunta.

Por último, Jaime -claramente ilusionado con el respaldo que ha tenido su iniciativa- admite que a pesar de que en un primer momento lo hizo por él “y por el placer de resolver un reto técnico y personal durante el confinamiento”, finalmente le ha resultado “muy reconfortante” ver que otras personas “también lo encuentran valioso”.

Y es que este firme defensor de la apertura de las instituciones a los ciudadanos considera que hay una demanda “ingente” de transparencia. “La gente es escéptica y desconfía de los poderes públicos”, señala, y yo sin embargo creo que gobernar tiene que ser muy difícil, y eso que no tengo interés en la política ni en los partidos“, concluye.