Entre los muchos artículos olvidados de la Constitución, esta semana hay uno que ha pasado especialmente desapercibido: el que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Es cierto que el texto también contempla relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas, pero lo que hemos visto estos días parece ir mucho más allá de esa colaboración y encaja difícilmente en un Estado que se define como aconfesional.

Como ocurrió con sus predecesores, cada cual se ha quedado del Papa con aquello que mejor sirve a sus intereses. Los sectores progresistas destacan, con razón, su defensa de los migrantes. En plena ola reaccionaria y con acuerdos de gobierno entre PP y Vox que apelan a la “prioridad nacional” para criminalizar la inmigración, es importante la contundencia de León XIV en defensa de los derechos humanos.

Los gobernantes de izquierdas se han mostrado, en general, entusiastas con la visita papal. Más allá del interés electoral cortoplacista en buscar el aura de la figura de León XIV, cabe una reflexión sobre los efectos a largo plazo de la falta de distancia del poder político con el líder de los católicos. Sobre todo, en un país donde los ultras no han tenido piedad para combatir judicialmente, y contra la voluntad de los solicitantes, derechos como la eutanasia.

Esos sectores más conservadores, por su parte, celebran su rechazo al aborto y la muerte digna, expresado además en la misma Cámara donde se aprobaron ambas leyes. Como cada grupo político hizo suyo el fragmento del discurso que más le convenía, el hemiciclo respondió con una ovación de siete minutos.

Algo parecido ocurrió con su llamamiento a rebajar la polarización. Todos lo aplaudieron porque nadie se sintió interpelado. La responsabilidad siempre recae en el adversario. Quienes se emocionaron con la fotografía de dirigentes del PP, PSOE y Sumar compartiendo sonrisas y aplausos deberían recordar que esa imagen tiene mucho de excepcional y poco de duradera. Como en la canción de Sabina, tras el café del desayuno volverá la guerra fría. El lunes es metafórico, porque la bronca regresará antes. No les quepa duda.

Este diario es de los pocos que no se ha conformado con las cifras genéricas sobre el coste de la visita papal. Preguntamos y repreguntamos, pero las administraciones -desde el Gobierno central hasta comunidades autónomas y ayuntamientos- siguen sin ofrecer una cifra completa. Dicho de otro modo: PSOE, PP, PSC y Coalición Canaria no aclaran cuánto han supuesto para las arcas públicas las deducciones fiscales a las empresas, la cesión de espacios públicos o el despliegue de miles de funcionarios para los distintos actos.

Tampoco sabemos por qué un Airbus militar del Ejército del Aire fue el encargado de trasladar el Papamóvil ni la factura que también hemos pagado entre todos. 

Se agradece que León XIV reconociese públicamente que los abusos sexuales en la Iglesia son una “plaga” y que lo hiciese ante muchos de los que han estado encubriéndolos durante décadas. Pero no es suficiente. Su encuentro reducido y casi clandestino con unas víctimas seleccionadas por la propia Iglesia enfadó y con razón a las asociaciones que representan a centenares de supervivientes de la pederastia y a las que se decidió dejar en la calle. Literalmente, porque tuvieron que resignarse a seguir alzando la voz solo ante los medios que quisimos escucharles.

El aluvión de informaciones acríticas difundidas desde el sábado, incluidas las emitidas por las televisiones públicas, ha construido un espejismo que poco tiene que ver con la realidad sociológica del país. El número de personas no religiosas se ha multiplicado casi por cinco desde 1980. Un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia señala que Catalunya y Euskadi son las comunidades con menor grado de religiosidad, una realidad que contrasta con la implicación del Govern de Salvador Illa en esta visita. Madrid ocupa el tercer lugar, con una población no religiosa que supera el 45%.

Hay más datos reveladores. Solo uno de cada diez contribuyentes marca exclusivamente la casilla destinada a la Iglesia católica en la declaración de la renta. El porcentaje de quienes marcan simultáneamente la de la Iglesia y la de fines sociales se mantiene en el 21,4 %.

Durante uno de sus discursos en Madrid, el Papa animó a los jóvenes a contraer matrimonio. Sin embargo, nueve de cada diez bodas celebradas en España son civiles. Por muy viral que se haya hecho el testimonio de Álvaro, un joven de 33 años que pidió la bendición de León XIV antes de pasar por el altar, las cifras siguen describiendo una realidad muy distinta.

La cuestión de fondo no es la relevancia del Papa ni el interés que pueda despertar su visita. Lo que resulta llamativo es la distancia entre la imagen proyectada por buena parte de las instituciones y los medios de comunicación y una España que se declara aconfesional.

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, se convirtió este lunes en protagonista inesperado durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados donde, por primera vez en la historia, un pontífice ofreció un discurso.

La presidenta de la Cámara Francisca Armengol sirvió de 'cómplice' para el edil, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa de la que habló al Papa para explicar la realidad que padecen estas personas.

Le entregó una camiseta y una carta, en la que el alcalde ha pedido al Papa León XIV que “rece por aquellos enfermos que no encuentran consuelo y esperanza tras recibir el diagnóstico de una enfermedad tan terrible”.

Fue un momento “inolvidable” para el alcalde, según ha confesado a través de su perfil en la red social Instagram, donde aprovechaba también para recoger la imagen de la visita del pontífice a la Cámara Baja.

León XIV no cree que los extranjeros sean una amenaza para Europa y sus sociedades. No apoya que los inmigrantes sean ciudadanos de segunda clase a los que se pueden negar servicios y derechos básicos. No piensa que los españoles de origen deban contar con privilegios o ayudas que no se conceden a los de fuera. Los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Todos, incluidos los políticos, saben que sin papeles están expuestos a la marginalidad y los abusos.

El Papa pronunció un discurso prudente en el Congreso ante diputados y senadores con la previsible intención de que ningún grupo político pudiera apropiarse de él, en el caso de que eso sea posible. Recibió una larga ovación de siete minutos, aunque eso no garantiza que le vayan a hacer caso. No ya por las lógicas diferencias ideológicas, sino por la persistencia de una violencia verbal que ya es consustancial a la vida política española. “La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, dijo. “La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación”. Lo contrario de lo que se ve en el Parlamento todas las semanas, en especial en la oposición al Gobierno. Humillar al rival forma parte de la dieta parlamentaria cotidiana.

Robert Francis Prevost nació en Chicago hace 70 años. La suya es una ciudad que recibió desde las dos últimas décadas del siglo XIX a un altísimo número de inmigrantes procedentes de Europa —desde Italia, Irlanda a varios países de Europa Central y del Este—, que formaron la base de la clase trabajadora en sus industrias.

La migración interna también hizo que la ciudad creciera con la llegada de centenares de miles de negros en lo que se llamó la Gran Migración. Abandonaron los estados del Sur para buscar en el Norte un lugar menos hostil para sus vidas, lo que no siempre consiguieron. Tras un declive demográfico a partir de 1950, la tendencia en Chicago se revirtió a finales del siglo XX gracias a la inmigración.

Viniendo de allí, León XIV es muy consciente de las tensiones sociales y políticas que se originan con las migraciones y las respuestas reaccionarias a su ascenso. Pero, como católico y ahora jefe de la Iglesia en todo el mundo, no está dispuesto a dejarse arrastrar por el clima político que ahora se aprecia en su país y en Europa. Ni a dejarse intimidar por las ideas ultranacionalistas y la persecución al inmigrante promovidas por Donald Trump y su Gobierno.

“El extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad”, dijo en el Congreso. El principio moral que le mueve es la defensa de esa dignidad para la que no hay excepciones: “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

El Papa también desplegó los argumentos de la Iglesia contra el aborto y la eutanasia: “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. Es una posición conocida de la Iglesia que no puede sorprender a nadie a estas alturas y que también defendía el Papa Francisco. No está de más recordar que es una posición minoritaria en la sociedad española. Eso no quiere decir que no sea significativa o que pueda presentarse como irrelevante.

El derecho al aborto es una parte esencial de la defensa de los derechos de la mujer, un asunto en el que la Iglesia siempre ha llegado tarde a lo largo de la historia.

Entre las ausencias poco comprensibles en el discurso estuvieron los escándalos de los abusos a menores por religiosos en todo el mundo. Habrían tenido un encaje perfecto en la parte dedicada a la defensa de los más vulnerables. León XIV sí mencionó esa herida que avergüenza a la Iglesia y a los católicos en su intervención posterior ante la Conferencia Episcopal. Ordenó a obispos y arzobispos que respondan “con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación” ante un hecho que definió como “plaga”. Por la tarde, el Papa se reunió con algunas de las víctimas que reclamaron una respuesta a la comisión puesta en marcha por la Conferencia Episcopal.

Acabado el discurso, todos se apresuraron a destacar lo mucho que coincidía con sus propias ideas. Era inevitable, aunque dio lugar a algunos ejercicios de contorsionismo. Alberto Núñez Feijóo dijo que le gustaba todo: “Desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Desde la A a la Z”. Él sabrá cómo casa la defensa de la dignidad de los inmigrantes con negarles la regularización que acaba de aprobar el Gobierno, es decir, los documentos que los convertirán en sujetos de derechos. Y todo ello mientras su partido pacta con Vox en las comunidades autónomas distintas versiones de la “prioridad nacional” que niega a los que han llegado en los últimos años de Perú o Ecuador aquello a lo que tienen derecho los nacidos en Zamora o Alicante.

Casi lo mismo hizo Santiago Abascal, que no apreció “ninguna contradicción” en las posiciones de su partido con el discurso del Papa después de varias semanas en que dirigentes de Vox le han dicho de todo a Prevost por su apoyo a los inmigrantes y contra los obispos que “hacen negocio con la inmigración”, en palabras de su líder.

El ministro Félix Bolaños prefirió centrarse en el rechazo a la guerra mostrado por el pontífice y se alegró de que el discurso fuera “absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno” en la defensa de la paz y el Derecho Internacional.

León XIV tendrá esta semana en Canarias otra oportunidad de insistir en su mensaje favorable a la integración de los inmigrantes y el respeto a su dignidad como seres humanos. Es poco probable que los políticos que estén en otra onda vayan a cambiar sus intereses y sus prejuicios. Pero los católicos ya deben tener claro lo que opina su pontífice sobre la dignidad de los extranjeros que levantan este país con su trabajo y su esfuerzo. Respetarlos es de alguna manera una prioridad moral.

Una ovación de siete minutos al Papa en el Congreso podría hacernos creer que la Iglesia católica al fin ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y se ha deshecho de la idea del aborto como pecado. Que ha reconocido el matrimonio para las personas LGTBI y ha celebrado a las familias diversas. Que ha mostrado respeto por la posibilidad de que cada cual decida sobre su muerte. Que ha sido contundente contra las agresiones sexuales cometidas por miembros de la Iglesia y ha prometido reparación delante de la cámara que representa la voluntad del pueblo. Sin embargo, nada de eso ha sucedido, sino todo lo contrario: sobre algunas de esas cuestiones ha guardado silencio, sobre otras ha cargado con la misma claridad que siempre ha mostrado la Iglesia.

Era la primera vez que un Papa hablaba en el Congreso. En el mismo lugar en el que las mayorías han apoyado el derecho al aborto, al matrimonio igualitario o a la eutanasia hemos escuchado cómo un líder religioso, en una visita a un estado aconfesional, cargaba contra esos derechos o los omitía. Y cómo le aplaudían durante siete minutos.

Decía León XIV en su discurso que la defensa de la vida humana “no es una cuestión parcial ni un interés confesional”, pero eso es justo lo que ha hecho: un alegato a la vida parcial y sesgado.

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial un interés confesional: es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”, pronunciaba.

Nada que no supiéramos: para la Iglesia, el embrión tiene los mismos derechos que quienes somos seres humanos nacidos y autónomos, aunque eso suponga considerar a quien le gesta un contenedor cuyo cuerpo y proyecto de vida pueden ser sacrificados. Es más, aunque eso implique que quien le lleva dentro deba renunciar a la libertad y la dignidad que el propio Papa ha mencionado varias veces en su discurso.

Los abortos clandestinos y sus complicaciones son una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Algunas estimaciones hablan de al menos 22.000 mujeres muertas al año por esta causa, otras las cifran en 47.000. El aborto inseguro ocasiona también graves discapacidades a miles de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, que subraya que la prohibición o limitación de la interrupción voluntaria del embarazo no hace que desaparezca, sino que la empuja a una clandestinidad que amenaza la vida y la salud de las mujeres.

Dice la feminista argentina Rita Segato que es revelador que quienes defienden la vida desde la concepción no estén rezando ni protestando a las puertas de las clínicas privadas de fertilidad que tienen miles de embriones congelados, sino que centren su atención en los centros donde se practican abortos. Es ahí donde hacen su particular reivindicación de la vida, hostigando a profesionales y mujeres. Segato deja claro que no se trata tanto de un interés por 'la vida' como del interés por extender una pedagogía que, en el fondo, no reconoce a las mujeres el derecho a ejercer sus vidas íntegramente.

León XIV ha defendido estos días la acogida a las personas migrantes y refugiadas y ha pedido respuestas solidarias, compartidas e impregnadas de justicia social. En ese sentido, muchos esperaban sus palabras para resaltar las contradicciones de una derecha que impulsa la prioridad nacional y alienta el miedo y el odio hacia quienes vienen de fuera. Pero esa defensa ha sido pronunciada por alguien con un discurso en esencia contradictorio.

Si la defensa de la vida no es una cuestión parcial, ¿por qué la vida de las mujeres puede quedar en un segundo plan?, ¿cómo es posible no dotar del mismo amparo a quienes viven sus vidas en familias diversas? La respuesta es que no se trata de defender la vida, sino de mantener un sistema concreto de creencias. Por eso, más allá del respeto institucional que merece el Papa, sorprende que sus palabras sean recibidas por nada menos que siete minutos de aplausos de quienes deben velar por nuestros derechos.

El Papa León XIV defendió este lunes ante el Congreso de los Diputados “una respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. En su discurso ante los parlamentarios y los senadores, el Sumo Pontífice también hizo hincapié en “la obligación de los Estados de resolver sus controversias por caminos pacíficos”, y se mostró muy crítico con el rearme puesto en marcha por los países de Europa porque “la verdadera seguridad”, dijo, “nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

El Papa llegó puntual a las 10.30 de la mañana al Congreso, donde fue recibido por la presidenta de la institución, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, a los que posteriormente se unió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras saludar a los portavoces de los grupos parlamentarios —se detuvo especialmente con la de Junts, Míriam Nogueras, que le agradeció en inglés que vaya a hablar en catalán en su visita a Barcelona dentro de unos días—, León XIV accedió a la tribuna del hemiciclo, donde fue recibido por un largo aplauso de los diputados, senadores e invitados que, no obstante, fue muy breve en comparación con el que recibió al terminar su discurso, que duró nada menos que siete minutos. Entre el público estaban presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, pero no Podemos y BNG, los únicos partidos que declinaron asistir a la sesión.

La primera alocución de un Papa en el Congreso estuvo centrada en asuntos de ámbito social, aunque hizo equilibrios para no identificarse al 100% ni con la izquierda ni con la derecha. El pontífice trató materias como el aborto, en relación al cual mostró su cara más conservadora al señalar que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. No obstante, León XIV también se detuvo en el asunto migratorio y la compleja situación geopolítica, y lo hizo desde una óptica más progresista: trató ambos como dos fenómenos que están relacionados y sostuvo que “el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional”.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, planteó el Papa. Y, ante el auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los inmigrantes en todo Occidente, afirmó que “allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

León XIV planteó, en esa misma línea, que “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”. La “justicia social”, aseguró, exige una respuesta “doble” que pasa por “ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”. “Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas” que son “presa de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su deseperación”, insistió.

El Papa, “preocupado” por el rearme

El Sumo Pontífice, asimismo, se refirió a la “profunda crisis espiritual y cultural” que, dijo, atraviesa el mundo, y que “se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”. “En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral”, y para lograr ese objetivo es necesario que los Estados hagan gala de “valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo”, afirmó.

León XIV defendió expresamente la “obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”, denunció que “toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar”. Asimismo, en la línea de la encíclica Magnifica Humanitas que lanzó hace unas semanas, alertó de que “el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos”.

El mismo día que Israel e Irán han reanudado sus ataques y en el que el alto el fuego en la región parece más débil que nunca, el Papa sostuvo que “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera”. “Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”, lamentó el pontífice, que insistió en que “la verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Por ello, y pese al derrumbe de algunos de los consensos que han estructurado las relaciones internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, León XIV se mostró convencido de que “la comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza”. Y “dentro de las propias sociedades” también es “urgente construir una cultura de la reciprocidad” en la que “la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, advirtió el Papa.

El pontífice insistió a este respecto en que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para 'desarmar el lenguaje'. ”La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación“, sostuvo el líder de la Iglesia precisamente en el Congreso, cuyo ambiente en los últimos años se ha tensado hasta el extremo. ”En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos“, planteó.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

La Policía ha impedido este lunes la entrada en el Congreso a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación como periodistas y que habían sido invitados por Vox para participar en la Cámara en un debate sobre libertad de expresión.

La semana pasada, la Mesa del Congreso ya avisó al grupo parlamentario de Vox de que ambos están sancionados por “altercados” en el Congreso y que tienen más expedientes abiertos pendientes de resolver, por lo que no se les iba a dejar pasar a las dependencias del Congreso “por motivos de seguridad”.

Tanto Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, que lo hace para Periodista Digital, tienen suspendida su acreditación de prensa por incumplir las normas de la institución, pero este lunes pretendían acudir a estas jornadas de Vox como invitados y no como periodistas.

De hecho, ambos se han acercado hasta las dependencias del Congreso con intención de entrar, si bien los policías que custodian la Cámara les han informado de que no podían acceder al recinto parlamentario por motivos de seguridad.

Así las cosas, y tras unos minutos departiendo con miembros de Vox y otro participantes en la jornada, se han subido a un taxi y han abandonado la zona.

Celebramos este domingo 31 de Mayo el Día de Castilla-La Mancha, que coincide con la fecha en que en 1983 se constituyeron por vez primera las Cortes de Castilla-La Mancha, tras unas elecciones democráticas. Tal vez haya quien hubiese preferido, como en otras comunidades, haberlo ligado a una figura religiosa o una batalla medieval, pero que en una región con tanta historia hayamos escogido como referencia un episodio íntimamente ligado a la democracia resulta un hecho muy hermoso.

Permitidme por tanto que empiece este artículo reivindicando los vínculos entre la autonomía y el parlamento y entre la palabra y la ley. Ahí hemos situado precisamente el lema de la campaña con la que nos sumamos desde las Cortes regionales a este 43 aniversario de la trayectoria autonómica: 'Nuestra palabra, tus derechos'.

Una forma de subrayar que en el Parlamento debatimos con el objetivo prioritario de garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía, y que no perdemos de vista este propósito en nuestra labor legislativa, pero tampoco en nuestra labor institucional, que pretende ser ejemplarizante.

Echamos la vista atrás para celebrar aquel primer día de reunión de las Cortes y comprobamos que la Castilla-La Mancha de hoy no solo es una comunidad autónoma consolidada y con identidad propia, sino un territorio en el que se ha ganado mucho en prosperidad, calidad de vida, derechos y libertades. Por tanto, celebramos con el ánimo de seguir avanzando.

'Nuestra palabra, tus derechos' significa también que la labor que desempeñamos en la Cámara no es un mero teatro de ilusiones, donde a la palabra se la lleva el viento, sino que lo que se dice en un parlamento tiene una consideración, una trascendencia y una categoría mayores que lo que se dice en otros foros. Por supuesto que no quiero restar importancia a las consecuencias de lo que decimos en medios de comunicación o redes sociales, pero quiero destacar que lo que se dice (y se vota) en la Cámara exige un plus de responsabilidad y demanda unas formas exquisitas, con respeto a quien piensa diferente, pero sobre todo a la altura de la ciudadanía a la que representamos.

La palabra dicha en el Parlamento tiene un peso específico, una resonancia extraordinaria fuera de nuestras paredes y queda grabada como algo más que un mero testimonio en el Diario de Sesiones. De ahí que debamos ser conscientes de la importancia que tiene lo que decimos.

En un momento como este en el que prosperan la falta de entendimiento y la violencia verbal, este medio siglo nos debe animar a recuperar las buenas prácticas de la Transición: el diálogo como herramienta fundamental, la cortesía en el trato, la generosidad para ceder o el respeto a los pactos alcanzados

Celebramos este Día de la Región a punto de arrancar en Castilla-La Mancha un programa de reivindicación de medio siglo de democracia en nuestro país, el periodo más largo de prosperidad, convivencia pacífica e igualdad que hemos disfrutado en nuestra historia. Y lo hacemos con absoluta reverencia a quienes protagonizaron la Transición, superando sus enormes diferencias de partida para encontrarse en un punto en el que primaron ante todo el interés nacional y la construcción de un proyecto democrático, con la Constitución como pilar máximo. Todo esto no fue fácil, pero su ejemplo nos enseña que es posible otra manera de hacer política. En un momento como este en el que prosperan la falta de entendimiento y la violencia verbal, este medio siglo nos debe animar a recuperar las buenas prácticas de la Transición: el diálogo como herramienta fundamental, la cortesía en el trato, la generosidad para ceder o el respeto a los pactos alcanzados.

De aquel tiempo es fruto también nuestro Estatuto de Autonomía, del que nace nuestra propia comunidad autónoma. Junto con la Constitución y con la adhesión a la Unión Europea, de la que también acabamos de celebrar 40 años, han sido los tres motores que han situado a la España que venía de una dictadura en la vanguardia mundial en todos los planos: económico, social, cultural e incluso deportivo. Somos un país moderno, pero que ha crecido sobre todo en base a los valores democráticos y a unos esfuerzos de solidaridad entre personas y cooperación entre territorios que no debemos abandonar.

El Estatuto de Autonomía ha sido la herramienta más útil de la que hemos dispuesto en nuestra región durante todo este tiempo para avanzar en derechos, libertades y prosperidad. El salto es indiscutible y ya lo hemos destacado en numerosas ocasiones. Pero el paso del tiempo hace indispensable la actualización de esta magnífica herramienta. Y en esto mismo había coincidido la inmensa mayoría de la sociedad castellanomanchega y de su representación en la Cámara que presido y que aprobó hace un año, con amplia mayoría, una profunda reforma del Estatuto de Autonomía. Un texto que fue trasladado en otoño al Congreso para su tramitación, con una toma en consideración que a su vez recibió un apoyo tan amplio como prácticamente inédito en los tiempos que corren.

Por eso solo puedo lamentar como un terrible paso atrás que ahora la tramitación de este nuevo Estatuto haya quedado encallada en Madrid, cuando llegó fruto de un esforzado pacto de meses entre PSOE y PP y con el tejido social de la región. Esta parálisis resulta en sí misma una traición a la autonomía que justo ahora celebramos, en cuanto han sido las imposiciones desde Madrid de una de las partes las que han echado al traste un acuerdo adoptado desde y para nuestro territorio.

Se hace por eso imprescindible que desde Castilla-La Mancha defendamos este acuerdo aprobado con amplia mayoría en nuestra Cámara y que lo defendamos así, como está, como decidimos que fuera junto a la sociedad porque, de lo contrario, podríamos dar pie a que sea modificado en el Congreso por una imposición ajena y contra los intereses de nuestra región.

La importancia de aprobar el Estatuto tal y como salió de las Cortes regionales es imprescindible: en primer lugar, porque resulta trascendental esta reforma. Y también lo es porque nosotros y nosotras, más que nadie, tenemos la obligación de hacer valer la palabra dada. Aquí, más que nunca, nuestra palabra es la ley.

El miércoles, en pleno shock por la entrada de la UCO en la sede del PSOE para hacerse con documentación para la investigación del caso Leire Díez, la idea de la Moncloa era la de aguantar el chaparrón y que el presidente Pedro Sánchez no pidiera comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre casos de corrupción que, entiende el ala socialista del Gobierno, no le atañen de manera directa. Pero este jueves, Sánchez solicitó formalmente acudir a la Cámara Baja a ofrecer explicaciones a petición propia. Y lo hizo, según admiten fuentes gubernamentales, a causa de la presión de sus socios, fundamentalmente de Sumar, ERC, Podemos, Compromís y BNG, que tenían en su mano —con la colaboración del PP— forzar la comparecencia del presidente incluso si este se hubiera resistido.

Fuentes de la Moncloa reconocen que Sánchez se ha visto obligado a cambiar sus planes, pero también aseguran que, una vez forzado a comparecer, su intención es intentar dar la vuelta a las acusaciones de corrupción que se ciernen sobre el PSOE y hablar de las cloacas “de verdad”, en referencia a la trama Kitchen que ha comenzado a juzgarse esta semana. Lo cierto, no obstante, es que el presidente no tenía opción de zafarse de esta comparecencia: ERC, Podemos, Compromís y BNG registraron una solicitud en el Congreso prácticamente a la vez que se anunció que Sánchez acudiría por su propio pie al hemiciclo, y fuentes de Sumar explican que durante todo el jueves han negociado internamente en el seno del Gobierno para intentar que el presidente cambiara su idea inicial de no comparecer.

Si todas estas formaciones hubieran unido sus votos a los del PP para apoyar la solicitud de comparecencia de Sánchez, el presidente hubiera sido convocado incluso pese a la oposición del PSOE. Y, para evitar esa imagen, la Moncloa ha decidido tomar la delantera, pese a que la versión que traslada el Gobierno es que Sánchez no conocía ni era partícipe de la existencia de la trama presuntamente urdida por Santos Cerdán y Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías y desestabilizar las causas judiciales que afectan al Ejecutivo o a los socialistas. Según el auto judicial, este grupo se habría financiado con fondos del PSOE, que habría pagado a Díez 4.000 euros al mes a través de empresas interpuestas como la del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías.

La decisión de Sánchez de comparecer en el Congreso llega también después del malestar que generó en varios de sus socios la rueda de prensa que ofreció el miércoles en Roma, unas horas después de conocerse la entrada de la UCO en Ferraz. Sumar no solo considera que Sánchez no ofreció las explicaciones oportunas, sino que algunas fuentes también critican que tuvo un tono equivocado, puesto que el presidente incluso se permitió bromear con su negativa a adelantar las elecciones generales en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que así lo pidió el miércoles.

Sumar eleva la presión

Al igual que hizo la semana pasada en relación con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sumar ha decidido elevar la presión sobre el PSOE un día después del estallido del escándalo. Este jueves, varios portavoces de diferentes sectores de la alianza endurecieron su tono contra los socialistas ante la falta de explicaciones por el auto conocido el miércoles en la nueva derivada del caso Leire Díez, y exigieron a la Moncloa “espabilar” para que la legislatura, ya muy maltrecha, no colapse.

Fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien tomó la batuta como líder de Sumar para mostrarse muy crítica con el PSOE después de que, el miércoles, centrase su primera reacción en cargar contra el PP. “La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga, ni es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen”, espetó Díaz. La dirigente no mencionó expresamente a Zapatero, aunque la referencia a él era clara, ni tampoco quiso pronunciarse en relación con la personación de la UCO en la sede del PSOE el miércoles. Pero sí prometió que su “organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto” de estos casos.

Por el momento, ninguno de los actores que forman parte de Sumar se plantea que entre esas decisiones esté la salida del Gobierno, aunque fuentes de la alianza explican que algunos sectores de la misma sí han deslizado que debería valorarse la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece explicaciones satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. En lo que coinciden todas las formaciones que forman parte de Sumar es en que el Ejecutivo no puede quedarse parado ante un golpe que amenaza con llevárselo por delante.

“Ya se pueden espabilar, porque algunos les estamos sacando las castañas del fuego y aguantando lo indecible”, espetó este jueves la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, también diputada de los Comuns. El PSOE, afirmó Vidal, “tiene que entender que el hecho de que haya una campaña para tumbar a este Gobierno no enmascara un posible caso de corrupción”, y los socialistas “no están respondiendo como deberían” a unas informaciones que, “de ser ciertas, serían muy graves”, lamentó. “El PSOE se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio, hay un clima de preocupación evidente y menospreciarlo es un error grave”, criticó asimismo la portavoz, que calificó de “desatino” que estén “más preocupadas por la legislatura las socias del Gobierno que el propio PSOE”.

En la misma línea, otros aliados del Ejecutivo como Podemos también mostraron su preocupación por una situación que la secretaria general morada, Ione Belarra, calificó de “insostenible”. Por su parte, la diputada de Compromís Águeda Micó exigió “saber todo lo que está pasando de verdad” porque el “tema”, dijo, “es grave”.

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por todos los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que “el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Moción en el Congreso

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que “nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas”.

Manuel Serrano ha señalado que “del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido”, recordando que “el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete”.

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

El PSOE abandona el pleno

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de “utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas” al ordenar “directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno”.

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. “El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien”, ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

Apoyo al sector desde el Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo 1 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria de ayudas para la modernización y la mejora de los talleres artesanos de la región, también para el sector cuchillero, con una dotación de 600.000 euros y que incluye por segundo año consecutivo la posibilidad de que las asociaciones del sector puedan incluir los gastos de consultoría para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Los trabajadores de la Mina Miura de Ibias, en el occidente asturiano, han recurrido a todo tipo de acciones para tratar de conseguir que el empresario Fernando Martínez Blanco les abone las 13 nóminas que les adeuda y obtener garantías de futuro para la actividad minera.

A principios de este mes iniciaron un encierro en la explotación de carbón, a 300 metros de profundidad y, una vez finalizado, realizaron una marcha desde las instalaciones ubicadas en Tormaleo hasta la capital asturiana, donde se entrevistaron con los representantes de los grupos políticos en la Junta General del Principado. Este miércoles se han desplazado a Madrid para trasladar sus reivindicaciones a los diputados y diputadas del Congreso.

Los mineros se reunieron con representantes de Podemos, Sumar, PSOE y EH Bildu, a los que agradecieron su apoyo y a los que hicieron partícipes de sus peticiones para que les ayuden en su deseo de que el Gobierno actúe para retirar la concesión de la explotación a la empresa Carbones La Vega.

La viabilidad de la mina

Están convencidos de que la Mina Miura es rentable y viable, pero condicionan su vida laboral a un cambio de propietario, dada la escasa fiabilidad que les ofrece el actual.

Creación de una mesa de seguimiento

El encuentro en el Congreso de los Diputados ha servido para que los mineros regresen a Asturias con el compromiso de los politicos de estos partidos de izquierdas de que presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que recogerá sus reivindicaciones.

Los políticos se convertirán así en el altavoz de las peticiones de los mineros que, entre otras, solicitan que se active la Inspección de Trabajo y la creación de una mesa de seguimiento.

Apoyo al sector

La Federación Socialista de Asturias ha emitido un comunicado donde muestra explícitamente su apoyo al sector y a los mineros de Mina Miura en la defensa de sus derechos.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista asistieron a la reunión el portavoz adjunto del Grupo Socialista Javier Alfonso Cendón, la portavoz de Trabajo, Elisa Garrido, y los diputados socialistas por Asturias Roberto García Morís y Mercedes Otero.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a insistir este miércoles en el “éxito” en la gestión del Gobierno con el brote de hantavirus, reconocido por todos los organismos internacionales. España “salva igual al que viene en un buque de ocio que al que viene en una patera”, ha dicho durante su comparecencia ante el pleno del Congreso.

“Estamos orgullosos de ser empáticos, de ser solidarios y de poner los derechos humanos y a las personas en el centro, sin pedirles ni el carnet de identidad ni decirles de dónde vienen, sino básicamente qué es lo que necesitas”, ha enfatizado la titular de Sanidad, que ha recordado que mientras se estaba produciendo el operativo de evacuación, también se rescató una patera.

Mónica García ha criticado a quienes querían que el operativo fracasara, los que han enarbolado el “sálvese quien pueda” y los que han desplegado bulos y desinformaciones. “Sencillamente es mentira” que el Gobierno no informara “desde el primer minuto” al Ejecutivo canario de las decisiones que se iban tomando, ha señalado, en relación a las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. “Tenemos los registros de todas y cada una de las reuniones y todos y cada uno de los contactos. Mentir está feo, creo que está incluso catalogado como pecado”, ha ironizado. 

García ha explicado que el operativo en sí comenzó la tarde del 5 de mayo, cuando España, tras haberse ofrecido a colaborar, atiende formalmente la petición de la OMS de acercar el barco, con 147 pasajeros a bordo de 23 nacionalidades, al puerto seguro más cercano. Tras reuniones técnicas durante todos los días previos y esa misma mañana, las autoridades sanitarias internacionales, encabezadas por la OMS y el ECDC, constataron que Cabo Verde no reunía los requisitos.

La OMS no lanzó su petición de ayuda -que transmitió su director general, Tedros Adhanom, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una carta- “desde el primer momento”, sino que desde las primeras horas se evaluaron escenarios, capacidades y alternativas.

Finalmente, se concluyó que Canarias reunía los requisitos, desde puertos designados conforme al Reglamento Sanitario Internacional a planes de contingencia ya existentes, programas de vigilancia y control sanitario, capacidad hospitalaria avanzada, experiencia en gestión de emergencias complejas y proximidad geográfica.

Fue así como, el 10 de mayo, y en plena coordinación con la OMS, el ECDC, las comunidades autónomas y los otros 22 países implicados se llevó a cabo la evacuación y repatriación de los cruceristas, que acabó con “exquisita puntualidad” la tarde del 11, culminando así un “éxito” reconocido por todos los organismos y gobiernos internacionales.

“España actuó porque debía actuar”, por “humanidad”, por “responsabilidad” y por “legalidad internacional”, y lo hizo “exactamente igual que nos gustaría que otros países actuaran si fueran ciudadanos españoles los que estuvieran atrapados en mitad de una emergencia sanitaria lejos de casa”, añadió. “El resultado de estas semanas demuestra que fue y ha sido siempre la decisión correcta”, ha concluido.

La Audiencia Nacional imputa a Cerdán, Zarrías y la gerente del PSOE. Se trata de una nueva derivada del caso contra Leire Díez. En el auto, el juez Pedraz apunta a que el PSOE pagó a la exmilitante por sus maniobras contra fiscales y policías. El “punto de inflexión”, dice, fue una reunión en Ferraz tras la 'Carta a la Ciudadanía' de Sánchez por la imputación de Begoña Gómez. Esta mañana, agentes de la UCO han acudido a la sede del PSOE para requerir documentación y han realizado registros vinculados a Zarrías y en el domicilio de Cerdán. La UCO también ha acudido a la dirección general de la Guardia Civil a por los expedientes disciplinarios de agentes que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al PSOE. “No tenemos nada que esconder; cuando haya algo irregular, actuaremos”, ha dicho al respecto el presidente del Gobierno. Por su parte, el PP se quita la responsabilidad de “acabar” con Pedro Sánchez: o convoca elecciones o los socios le abandonan.

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como imputado el miércoles 17 de junio. El aplazamiento alarga el vía crucis del Gobierno. Pedro Sánchez remarca su “apoyo” al expresidente y la “plena colaboración” con la justicia: “No hay motivo para cambiar de posición”. Este es el sumario del caso. Hay muchos detalles en torno a Plus Ultra: en nuestro podcast 'Un tema Al Día', analizamos la aerolínea más allá de Zapatero. Por otro lado, el PP. Desde el lunes de la semana pasada, las sesiones del juicio del caso Kitchen no se ha podido seguir en YouTube. Declaraba el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Esos días, se reproducían horas del policía ante el juez Manuel García Castellón, con audios de Villarejo que incluían datos que afectan a la privacidad de terceros. Te ofrecemos una muestra de los audios que se han reproducido estas dos semanas.

La mayoría del Congreso que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios intenta blindar la posibilidad de que formaciones como ERC, Junts o incluso Podemos —si se acaba presentando en solitario a las próximas elecciones generales— puedan tener grupo parlamentario en la próxima legislatura. Este martes, el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) dieron luz verde a la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento para rebajar los requisitos que permiten conformar un grupo en la Cámara Baja. Y lo han hecho con el rechazo frontal de PP y Vox, que si se hacen con el control del legislativo la próxima legislatura podrían bloquear las triquiñuelas reglamentarias que, históricamente, han utilizado los partidos pequeños (también los conservadores) para disfrutar de las ventajas que proporciona no acabar relegado en el grupo mixto.

La reforma del reglamento ha sido promovida, precisamente, por los dos partidos independentistas catalanes junto a Podemos, el BNG y Compromís. Y no es casual, porque podrían ser los grandes perjudicados si la Mesa del Congreso estuviera controlada la próxima legislatura por el bloque de la derecha y la ultraderecha, que este martes se encargó de dejar claro que piensa aplicar el reglamento a rajatabla y no permitirá ninguna de las habituales argucias —avaladas, eso sí, por el Tribunal Constitucional— para proporcionar grupo parlamentario a partidos que no han alcanzado los umbrales mínimos para ello. “Vox impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que puedan beneficiar a partidos minoritarios de corte nacionalista, prometió el diputado ultraderechista Ignacio Gil Lázaro.

Actualmente, el reglamento da derecho a constituirse en grupo parlamentario a las candidaturas que logren en las elecciones 15 diputados. Pero, más allá de esa vía ordinaria, ofrece una segunda de más sencillo cumplimiento: también pueden tener grupo los partidos que hayan obtenido al menos cinco escaños y el 5% del voto a nivel estatal o el 15% de los sufragios en cada circunscripción en la que se presenten. Lo que pretende la reforma que empezó a tramitarse este martes es rebajar esos umbrales y permitir que puedan formar grupo parlamentario las listas que obtengan al menos un 3% del voto estatal o el 10% de las papeletas en cada territorio en el que concurran.

En la práctica, la reforma pretende acabar con la discrecionalidad que ha existido en las últimas décadas en relación a la concesión o no de grupo parlamentario a los partidos minoritarios. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta misma legislatura con ERC y Junts, que no lograron en las elecciones los resultados requeridos por el reglamento: los republicanos se quedaron en el 13,1% de los votos y los de Carles Puigdemont, en el 11,1%. En agosto de 2023, nada más constituirse las Cortes Generales, PSOE y Sumar pactaron con los independentistas prestarles temporalmente varios diputados para superar el umbral mínimo y no tener que integrarse en el grupo mixto, lo que les hubiera privado tanto de recursos económicos como de visibilidad y tiempo de intervención en los debates.

Esta argucia parlamentaria —de la que, en otras legislaturas, se beneficiaron Coalición Canaria o el BNG gracias al apoyo de direcciones legislativas de diferente color político— se pudo llevar a cabo únicamente porque PSOE y Sumar la avalaron con su mayoría en la Mesa del Congreso. Pero buena muestra del enorme margen de maniobra con el que cuenta este órgano para permitir o no la creación de grupos parlamentarios a los partidos que no alcanzan por sí mismos los requisitos es que, en mayo de 2019, una Mesa en la que el PSOE también tenía la última palabra bloqueó la concesión de grupo parlamentario a Junts, que barajaba apoyarse en formaciones como ERC o EH Bildu para lograrlo.

Sin embargo, la izquierda no es la única que ha permitido ese tipo de ardides para beneficiar políticamente a grupos con los que quería entablar una buena relación durante la legislatura o para todo lo contrario. En 2011, por ejemplo, el PP permitió con su mayoría absoluta —y su control pleno de la Mesa— que UPyD se apoyara en Foro Asturias para tener grupo parlamentario. Esa misma manga ancha, por el contrario, se tornó en aplicación estricta del reglamento para impedir que Amaiur —la marca antecesora de EH Bildu— formase grupo, puesto que los abertzale se quedaron a décima y media de alcanzar el 15% de los votos en Navarra, la única de las cuatro circunscripciones en las que concurrieron (junto a las tres vascas) en las que no llegaron al umbral mínimo requerido.

PP y Vox amenazan con cerrar el grifo

Durante el debate parlamentario de este martes, tanto el PP como Vox dejaron muy claro que, si controlan la Mesa del Congreso la próxima legislatura, no piensan hacer ningún favor a los partidos minoritarios para permitirles acceder a las ventajas de tener un grupo parlamentario. “El vigente reglamento del Congreso ya es generoso con ustedes, yo diría excesivamente generoso, y les ha dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas”, espetó dirigiéndose a ERC, Junts y el resto de los grupos nacionalistas y minoritarios el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que tachó de “fraude electoral de libro” y de “pucherazo” la maniobra llevada a cabo al inicio de la legislatura para que los independentistas catalanes no se fueran al grupo mixto.

Por su parte, su homólogo de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuvo que el único motivo por el que los partidos proponentes han presentado esta reforma es porque dan por hecho que “en las próximas elecciones generales” van a “cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños” en beneficio de “una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por Vox y el PP”. Si eso ocurre, la ultraderecha “impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que se han realizado en las últimas décadas “incumpliendo los requisitos establecidos” en el actual reglamento, prometió Gil Lázaro, que sostuvo que la práctica hasta ahora ha contravenido “la voluntad nacional expresada en las urnas”.

Por el contrario, el PSOE defendió por boca de su diputado Joaquín Martínez que la reforma busca reflejar en el Congreso la “realidad política territorial de la España del siglo XXI” y aseguró que “la fragmentación política no la provoca el reglamento, sino que la decide la ciudadanía cuando vota en libertad”. “Las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país”, argumentó Martínez en la misma línea que el parlamentario de Sumar Alberto Ibáñez, que aseguró que el objetivo de la reforma es “adaptar el reglamento a la realidad plural de la calle” y cargó contra una “falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad” de algunos territorios.

La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.

La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.

Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.

Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa incluida en una enmienda de su grupo parlamentario.

Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado

El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.

El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario para justificar el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.

Se quedan también fuera de la pasarela los mutualistas ya jubilados, otro de los colectivos más afectados por las escasas pensiones de estas entidades privadas -además sin revalorización anual- y para los que varios grupos, como PNV y ERC, han expresado su pesar por no haber logrado un consenso para incluirlos en la ley (ante la reticencia del Gobierno).

La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Afronta su examen clave en el Congreso

El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.

Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.

En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre Insularidad ha aprobado este martes, gracias a la abstención de PP y PSOE, una iniciativa de varios aliados parlamentarios del Gobierno para instar al Ejecutivo a incluir a Canarias y Baleares en la cogestión de sus aeropuertos en el plazo máximo de seis meses.

Se trata de una moción -iniciativa no legislativa- presentada por el Grupo Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por Pitiusas), que ha contado con el único voto en contra de Vox, mientras que PP y PSOE han optado por abstenerse, algo que ha sido definitivo para que salga adelante.

La iniciativa insta al Gobierno central a aplicar en Canarias y Baleares el mismo modelo pactado con Euskadi. Precisamente, el Gobierno y Canarias están actualmente negociando para poder llegar a un plan similar al de Euskadi en cuanto a infraestructuras aeroportuarias.

Sin embargo, estos aliados del Gobierno han conseguido el apoyo de las Cortes Generales para dejar por escrito la “garantía” de participación real y efectiva de los Ejecutivos de Baleares y Canarias, y eventualmente también de los cabildos y consells insulares, en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general ubicados en sus respectivos territorios.

Por ello, proponen que, en el plazo máximo de seis meses, se impulse este modelo de cogobernanza aeroportuaria que permita la participación de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares en la toma de decisiones que afecten a la conectividad, movilidad y desarrollo económico de ambos archipiélagos.

Del mismo modo, plantean una revisión de “las competencias, composición y funcionamiento de los actuales comités de coordinación aeroportuaria, de forma que dejen de ser órganos meramente consultivos sin capacidad efectiva de influencia en las decisiones adoptadas por Aena y otros entes dependientes del sistema aeroportuario estatal”.

También buscan garantizar que cualquier modificación de tasas aeroportuarias, reducción de servicios, alteración de rutas o decisiones estratégicas con impacto sobre la conectividad de Canarias y Baleares cuente previamente con mecanismos de información, consulta y participación de los respectivos gobiernos autonómicos y administraciones insulares.

Por último, quieren promover un marco de colaboración institucional que compatibilice el funcionamiento coordinado de la red aeroportuaria estatal con el respeto a los derechos reconocidos en los estatutos de autonomía de Canarias y Baleares.

La Mesa del Congreso acordó este martes la suspensión temporal por un plazo de tres meses de la acreditación de prensa utilizada por el agitador ultraderechista Vito Quiles en la institución. El órgano considera probado que Quiles cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales, como revela el informe elaborado por los letrados del Congreso que adelantó elDiario.es. La decisión llega un par de semanas después de que el órgano acordase su expulsión cautelar —junto a la del también activista ultra Bertrand Ndongo— por los reiterados altercados que han provocado y, en particular, por el incremento de su agresividad en los últimos meses.

La retirada de la acreditación a Quiles es la primera sanción que recibe en firme el agitador ultraderechista, que tiene más de una decena de procedimientos abiertos por la presunta comisión de diferentes infracciones del reglamento del Congreso en los últimos meses. La Mesa ha optado por el castigo más grave de los que recoge la normativa para las infracciones graves, atendiendo, según fuentes de la Cámara, a la reiterada conflictividad de Quiles, que en las próximas semanas y meses recibirá —previsiblemente— nuevas sanciones por comportamientos ilícitos, que van desde grabar en zonas sin permiso a torpedear desarrollo de las ruedas de prensa y dificultar el trabajo de los periodistas. La imposición de varias sanciones graves en los próximos meses podría suponer la aplicación de una sanción muy grave, que está castigada incluso con la retirada indefinida de la acreditación de prensa.

El informe del letrado en base al cual la Mesa ha sancionado a Quiles considera probado que, tras un acto institucional en la sala Constitucional del Congreso, el agitador ultra utilizó un teléfono móvil y un micrófono para grabar y perseguir a Zapatero hasta el ascensor, a pesar de que las personas acreditadas como redactores no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo. Asimismo, el informe relata que una funcionaria de la Dirección de Comunicación indicó al activista minutos después de su seguimiento a Zapatero que no podía grabar imágenes y que, en caso de que lo hubiera hecho, no podía publicarlas, a lo que él respondió que solo había tomado un audio. Esa afirmación es falsa, puesto que el letrado señala que Quiles publicó esas imágenes “obtenidas ilícitamente” en su perfil de X, “y no solo eso, sino que las ha comentado y apostillado”.

Además, el informe también considera “claro” que Quiles incumplió la normativa que establece que “las entrevistas o peticiones de declaraciones solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada” y que “los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado lo haya decidido”. Esta conducta, señala el instructor, “no está tipificada como infracción en el reglamento del Congreso”, pero sí en uno de los documentos que desarrollan la reforma del mismo que se llevó a cabo el año pasado —con el voto en contra de PP y Vox— para atajar las actividades de los agitadores de extrema derecha, y “su incumplimiento no puede ignorarse en este procedimiento”.

Ndongo, a las puertas de una sanción

Asimismo, este martes la Mesa ha concedido un último plazo de alegaciones a Bertrand Ndongo para que ofrezca sus últimas explicaciones en relación al primero de los procedimientos que tiene abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario. Fuentes de la Mesa explican que, una vez transcurrido este plazo de alegaciones —que durará 15 días—, Ndongo también recibirá una sanción firme de, presumiblemente, tres meses de retirada de su credencial de prensa.

La Mesa ha concedido este último plazo para dar explicaciones a Ndongo en atención al informe del letrado que ha instruido su caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Hasta que se tome la decisión en firme, al agitador ultraderechista se le seguirá aplicando la expulsión cautelar impuesta hace tres semanas, a diferencia de lo que ocurrirá con Quiles, al cual se le levantará esa sanción para aplicarle la expulsión en firme en cuanto esta última se le notifique oficialmente. Fuentes de la Mesa del Congreso explican que también se está barajando vetar por motivos de “seguridad” la entrada de Quiles y Ndongo en las jornadas sobre “libertad de expresión” organizadas por Vox para el próximo 1 de junio en sede parlamentaria, en las que la formación pretende congregar a representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua.

El grupo parlamentario de Vox ha organizado un evento sobre “libertad de expresión” para colar como invitados a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras haber sido expulsados del Congreso. La Mesa de la Cámara Baja aprobó la semana pasada la retirada cautelar de la credencial a ambos, una expulsión que podría ser definitiva dado que se enfrentan en los próximos meses a un goteo de expedientes, algunos de carácter grave o muy grave.

El acto de Vox tendrá lugar el 1 de junio por la tarde y consta de dos mesas de debate. La bienvenida correrá a cargo de Pepa Millán, portavoz del grupo parlamentario, a la que seguirá una presentación de Manuel Mariscal, diputado y vicesecrario nacional de comunicación de Vox. A continuación se celebrará una mesa sobre “por qué es importante defender la libertad de información en los medios”, a la que están invitados representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua, entre otros.

La segunda mesa de debate, titulada 'Por qué es importante defender la libertad de expresión en redes sociales', es la que incluye a Vito Quiles y Bertrand Ndongo como invitados para sortear su expulsión. Ya no pueden entrar con su acreditación como periodistas, pero sí pueden acudir al recinto si lo hacen como invitados por un partido.

Además de Quiles y Ndongo, otros de los nombres que componen la mesa son Elena Ramallo, David Santos, Jesús Santorius, Borja Montoro y Rodrigo Villar. Finalmente, el encargado de la despedida es el líder del partido, Santiago Abascal.

Fuentes de la Mesa del Congreso justificaron la decisión de suspender cautelarmente a ambos activistas ultras por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, sostienen estas fuentes.

Y añaden: “Este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas, por su derecho a ejercer sus funciones representativas en sede parlamentaria en un contexto de respeto, constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho”.

La ofensiva política a nivel nacional de los últimos meses para endurecer el control sobre las armas blancas, liderada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, se ha visto contestada este miércoles por diferentes voces desde Albacete, ciudad que ha hecho de la cuchillería una de sus principales señas de identidad cultural e industrial.

Tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, han mostrado su malestar y rechazo a las iniciativas planteadas en el Congreso de los Diputados por el PNV y el Partido Popular para restringir el uso, la venta y la circulación de navajas y cuchillos. Page ha llegado a hablar de “ataque frontal” a un sector que emplea a cerca de mil familias (según fuentes municipales) y que lleva años buscando blindar su reconocimiento patrimonial y comercial.

La ‘cruzada’ del PNV contra las armas blancas arrancó el pasado 27 de marzo, cuando el lehendakari, Imanol Pradales, logró de Pedro Sánchez el compromiso de modificar el Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”.

Un mes después, fue Mikel Legarda, diputado del mismo partido, quien retomó el tema al preguntar en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si, aparte de esa prohibición, tenía previsto adoptar otras medidas “ante las frecuentes noticias de agresiones con armas blancas”.

El último partido en sumarse a la presión política sobre este tipo de armas ha sido el Partido Popular, que llevó al Congreso en abril una Proposición no de Ley para “endurecer el control de armas blancas ante el aumento de agresiones y sanciones en toda España”, La iniciativa, que salió adelante, plantea aumentar los tipos de armas blancas prohibidas, reforzar el control sobre las ventas por internet y revisar la legislación del menor.

Una noticia “desgarradora” para el sector

El debate ha encendido las alarmas en Albacete, donde el sector cuchillero lleva años intentando reforzar su protección institucional. La ciudad cuenta con un museo dedicado a la cuchillería, el producto ha sido reconocido Bien de Interés Cultural y las empresas trabajan desde hace una década para conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Desde la Asociación de Empresarios de la Cuchillería (Aprecu), entidad que representa a más de 70 empresas del sector, califican la noticia como “desgarradora y muy preocupante”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, su presidenta, Pilar Jiménez, estima que la repercusión económica para el sector de la cuchillería sería “muy importante” de salir adelante estos cambios normativos. “Puede acarrear muchísimos problemas. Podría dar lugar al cese de empresas”, indica la presidenta de Aprecu.

En su opinión, los cambios normativos deberían apostar por “endurecer las leyes para la persona que le da mal uso al producto”

Jiménez avanza que el sector se movilizará y agradece el apoyo institucional que ha recibido, del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno regional.

“Ataques frontales” e “intentos de criminalizar” la cuchillería

En este contexto, Emiliano García-Page ha salido este miércoles en defensa del sector de la cuchillería, aprovechando su presencia en un foro celebrado en Albacete, y calificando de “ataque frontal” al sector cuchillero las medidas mencionadas. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado que quienes presenten iniciativas en el Congreso sobre la cuchillería, “lo primero que tienen que hacer es hablar con el sector”, sea del partido que sea.

El dirigente socialista ha avanzado que su Gobierno elevará una propuesta a las Cortes regionales, que posteriormente llevará al Congreso de los Diputados, “para defender y proteger el sector de la cuchillería y su industria”. “Las leyes deben de ser duras con los que delinquen, pero no con los que legítima, legal y decentemente, forman una industria y un sector”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha acordado con Aprecu llevar una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital “con el objetivo de reivindicar la protección del sector de la cuchillería y rechazar la criminalización a la que se quiere someter”.

El alcalde ‘popular’, que no ha hecho mención a la Proposición no de Ley sobre el control de las armas blancas que su propio partido ha presentado en el Congreso, ha explicado que será la propia asociación la que preparará el texto para trasladarlo a todos los miembros de la Corporación. El objetivo es que se pueda aprobar en el próximo pleno municipal, previsto para la próxima semana, “para que podamos llevar una única voz, fuerte y firme de que Albacete y los albaceteños estamos al lado de nuestra cuchillería y que nos ponemos frente a aquellos que quieren criminalizarla”.