La derecha vuelve a hacer piña en el Congreso para desregular el mercado de la vivienda. Este martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PP para acelerar la puesta en marcha de desarrollos urbanísticos, pero que también incluye medidas para rebajar la protección a las familias vulnerables en procedimientos de desahucio y serviría para derogar los artículos de la ley de vivienda que permiten establecer zonas de mercado tensionado y fijar topes al precio de los alquileres. Además de por los populares, la norma fue apoyada por Vox, Junts y UPN, mientras el PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. No obstante, eso no implica que entre en vigor de manera inmediata: por delante tiene una larga tramitación que es muy poco probable que termine avanzando.

La iniciativa, registrada por el PP, está titulada con el anodino nombre de “proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda”. Pero bajo ese título, los populares incluyen todo un paquete de disposiciones que, lejos de limitarse a acelerar los trámites burocráticos para la construcción de inmuebles, buscan recortar la capa de protección en materia de vivienda para los ciudadanos con menos recursos. La diputada popular Soledad Cruz-Guzmán argumentó que este recorte es necesario para “devolver la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores” para revitalizar el mercado del alquiler y “porque el control de precios no funciona”.

El texto, por ejemplo, reduciría de los actuales 1.800 euros a 900 euros el umbral de ingresos mensuales a partir del cual un ciudadano es considerado vulnerable, lo cual le permite poder acogerse a medidas que retrasen su desahucio. Asimismo, la ley plantea que se reduzca el plazo legal para que las Administraciones encuentren un techo alternativo a las familias vulnerables a las que se vaya a desalojar: de dos meses a un mes si el propietario del inmueble es persona física, y de cuatro a tres meses si es persona jurídica. Y se eliminaría el artículo de la ley de arrendamientos urbanos que permite a los inquilinos prorrogar durante un año su contrato de alquiler al mismo precio cuando su casero sea una empresa y acrediten una situación de vulnerabilidad social y económica.

A todo ello se sumaría la derogación de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler, como las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de los alquileres, el control de los precios y los instrumentos de apoyo a la inquiokupación”, tal y como explica el PP en la exposición de motivos de la propia ley. De la misma manera, la norma permitiría a las empresas acudir a un juicio rápido para exigir la “inmediata recuperación” de la plena posesión de una vivienda o parte de ella si se han visto privadas de ella sin su consentimiento.

Durante el debate, la popular Cruz-Guzmán argumentó que la proposición de ley se limita a liberar a los ciudadanos y las empresas de la obligación de ocuparse de las “familias vulnerables”, a las que dijo que “hay que proteger, por supuesto, pero desde la administración pública”. Más allá fue Ricardo Chamorro, de Vox, que aseguró que para su partido el texto propuesto por el PP se queda corto. “Nosotros proponemos desahucios exprés, el fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad real para construir, prioridad absoluta a los españoles en vivienda protegida y en el acceso a la propiedad, control de fronteras y que la poca vivienda que se construye sea para quienes son de aquí”, enumeró Chamorro.

El diputado de Vox calificó de “auténtico desastre” la ley de vivienda aprobada en 2023, pese a que su medida estrella, el tope de precios de los alquileres, apenas se ha aplicado en algunos municipios de Catalunya, País Vasco, Navarra o Galicia. “Ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa”, espetó Chamorro, que tiró del habitual argumentario xenófobo de su partido para asegurar que “no se puede hablar de crisis de vivienda sin hablar de la inmigración masiva”. “Según el INE, en 2024 llegaron a España 1,3 millones personas del extranjero que establecieron su residencia aquí, de las que 1,14 millones tenían nacionalidad extranjera: eso es una demanda absolutamente desbocada” que “desplaza a los españoles”, afirmó el parlamentario ultraderechista.

Por el contrario, Junts evitó durante el debate referirse a la rebaja de la protección social para ciudadanos vulnerables y se centró en defender la conveniencia de empezar a tramitar la ley por sus medidas para agilizar el desarrollo de proyectos urbanísticos. Los independentistas catalanes ni siquiera concretaron cuál iba a ser el sentido de su voto, y la única mención que hizo la diputada Marta Madrenas en relación al recorte social que incluye la norma fue para respaldar la parte de la ley que apuesta por derogar una parte de la ley de vivienda. En ese sentido, Madrenas cargó contra la “visión excesivamente ideologizada” y el “modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular” que, a su juicio, está aplicando el Gobierno en materia inmobiliaria.

Al igual que Junts, el PNV —que se abstuvo— se mostró de acuerdo con la parte de la proposición de ley que, por ejemplo, modifica el régimen de nulidad de los planes urbanísticos para evitar que defectos formales invaliden años de trabajo de los ayuntamientos. De hecho, su portavoz Maribel Vaquero se mostró muy crítica con el hecho de que el PP votara en contra hace un año de una propuesta similar presentada por PNV y PSOE por “intereses partidistas”. Pero Vaquero, por el contrario, cargó contra la segunda parte de la iniciativa, la que rebaja la protección social a los ciudadanos vulnerables. “Son ustedes muy buenos administradores de la economía familiar, incluso magos, si con apenas 1.000 euros creen que una familia puede comer todos los días, vestirse y encender la calefacción”, espetó.

La izquierda critica la propuesta: “Declaran la guerra a la mayoría”

Salvo PP, Vox, Junts y UPN, ningún otro partido del arco parlamentario apoyó la toma en consideración de la proposición de ley. Por el contrario, las formaciones progresistas se mostraron muy críticas con una norma que apuesta por “liberar suelo” y volver al modelo de “una burbuja inmobiliaria descomunal” que, en 2012, acabó en el “rescate a la banca”, en palabras de la diputada del PSOE Isabel Pérez, que espetó a la bancada popular que “antes de derogar partes de la ley de vivienda, deberían intentar ponerla en marcha”. “Ustedes ni quieren hacer vivienda pública, ni quieren escuchar nada que tenga que ver con lo público”, denunció Pérez.

Por su parte, el parlamentario Alberto Ibáñez, de Compromís e integrado en el grupo parlamentario de Sumar, aseguró que el PP “declara la guerra” con su proposición de ley “a la mayoría social, a aquella gente que no puede llegar a final de mes”. “¿Usted de verdad cree que una familia entera puede vivir con 900 euros al mes?”, preguntó directamente Ibáñez a la diputada popular que defendió la iniciativa durante el debate, a quien también echó en cara que el PP solo es “provida” para oponerse al derecho al aborto. “Una vez nacen [los bebés], les da absolutamente igual si viven bajo un puente o no”, criticó.

En la misma línea, el diputado de EH Bildu Oskar Matute denunció que rebajar a un máximo de 900 euros el umbral de ingresos mensuales para que una familia pueda considerarse vulnerable obligaría a la gente a “elegir entre tener techo y comer piedras”. Su homóloga de ERC Etna Estrems defendió que la regulación de precios en Catalunya está sirviendo para contener las subidas de los alquileres y criticó que “una gran parte del mercado inmobiliario no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, sino para funcionar como un activo de inversión”, un problema que la iniciativa del PP, a su juicio, agravaría. Y Javier Sánchez, de Podemos, acusó a los populares de ser “el partido de Blackstone, de Nestar, de Cerberus”.

El PP y Vox someterán este miércoles a votación en el Congreso el espíritu de los pactos que están cerrando para gobernar en coalición en las comunidades autónomas donde suman: la “prioridad nacional”. El partido de extrema derecha defenderá ante el Pleno una moción que plantea la expulsión de personas migrantes y su exclusión expresa del sistema sanitario salvo “emergencia”. El PP ha presentado una enmienda que asume el marco ultra, y plantea, sin concretar, la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”.

El texto de la moción de Vox (un texto meramente declarativo y sin valor jurídico real) habla de “garantizar la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a la vivienda. Pero no solo. También exige “garantizar la sostenibilidad” del “sistema sanitario, impidiendo que salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del “sistema sanitario”.

Para ello, añade la moción, Vox pide “derogar decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español”.

Vox no se queda ahí y pide expresamente “garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas (...) para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles”. Además, se ponen trabas a la “asistencia jurídica gratuita de los extranjeros”.

El PP ha presentado una enmienda con un texto alternativo que asume desde el principio “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional”.

El documento está firmado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y es así la primera vez que se asume en un documento de carácter nacional este planteamiento.

El PP hace en su enmienda un parafraseo del documento pactado en Extremadura. En él, se pide la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

La enmienda del PP no desarrolla cuáles son esos “servicios sociales estructurales”. Tampoco en el acuerdo firmado en Extremadura se detallan.

Pero las normativas autonómicas sí establecen que entre estos “servicios sociales estructurales” se encuentra el sistema sanitario, sobre cuya universalidad el PP ya ha extendido sus dudas recientemente.

El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, planteó la pasada Semana Santa en una entrevista en Servimedia: “Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país. La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”.

Feijóo zanjó: “Hay que darle prioridad al que tiene la tarjeta sanitaria y un español nace con tarjeta sanitaria”.

En declaraciones a los medios este martes, Ester Muñoz ha explicado que “el texto de Vox no lleva literalmente la propuesta de Extremadura” que el PP quería “reflejar claramente”. “No nos referimos directamente a la sanidad, estamos hablando de los servicios públicos y de esa prioridad nacional dentro de un principio de legalidad y de jerarquía normativa. Cuando nosotros hablamos de prioridad nacional estamos hablando del arraigo, algo que, por cierto, ya hacen la mayoría de los ayuntamientos de este país en muchas de las ayudas y de prestaciones que ofrecen. Y es lógico y normal que tú priorices a las personas que tienen arraigo en el territorio”.

Podemos Castilla-La Mancha cree que en el Congreso de los Diputados existe una “mayoría democrática con la que es posible y necesario aprobar” el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.

En un comunicado difundido este martes, Irene Arcalá, coordinadora autonómica de la formación, ha asegurado que ha tendido la mano “para que la reforma salga adelante” y lo haga “salvando la democracia” de Castilla-La Mancha y con la participación de aquellos partidos a los que “el golpe electoral de Cospedal” dejó fuera de las Cortes Autonómicas.

En este sentido, afirma que “el actual sistema electoral está hecho por Cospedal para que gobierne la derecha y pone la alfombra roja para que gobierne VOX”. También se ha mostrado tajante: “Solo hay dos opciones: democracia o fascismo, y la opción de la democracia depende de aprobar una enmienda que amplíe la propuesta que el PSOE pactó con el PP”.

Por su parte, el también coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha alertado del “peligro de que el PSOE de Castilla-La Mancha vuelva a caer en la trampa de PP y VOX con el Estatuto, tratando de aprobarlo con quienes quieren eliminar la democracia y los derechos y ya han traicionado al PSOE dos veces y recortado progresivamente el Estatuto en cada concesión socialista”.

Prepara con IU una enmienda electoral conjunta

Sobre la enmienda electoral conjunta que la formación está preparando de forma conjunta con Izquierda Unida para presentar al PSOE, Podemos ha asegurado que pretende dar al PSOE “una alternativa conjunta para buscar un acuerdo que saque adelante el Estatuto y lo haga salvando la democracia consiguiendo representación electoral”. “Esta propuesta permitirá articular una mayoría en el Congreso de los Diputados que haga posible aprobar el Estatuto dejando de lado la amenaza fascista de PP-VOX”, han zanjado desde la formación morada en la región.

La Mesa del Congreso —su órgano de gobierno— aprobó este martes a propuesta de la presidenta Francina Armengol un escrito de cuatro puntos para dar un ultimátum al diputado José María Sánchez, de Vox, que la semana pasada tuvo que ser expulsado de una sesión plenaria al ser llamado tres veces al orden por encararse a gritos con el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Este escrito avisa a Sánchez de que, si vuelve a protagonizar un episodio similar, se le aplicarán las medidas “más enérgicas” que recoge el reglamento del Congreso. El texto salió adelante en la Mesa por la mayoría con la que cuentan el PSOE y Sumar y con el voto en contra del PP, que denuncia que Armengol no quiso negociar una redacción intermedia con ellos.

El reglamento de la Cámara Baja establece, en su artículo 106, que “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no miembro de la Cámara, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada”. Y, además, especifica que, “si se tratare de un miembro de la Cámara”, como es el caso del diputado de Vox, “la Presidencia le suspenderá, además, en el acto en su condición de tal por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”.

El escrito recoge la condena, “en los más enérgicos términos” de “la actuación del señor Sánchez García” la semana pasada, ya que “su intento de intimidar a una funcionaria y su ataque a la Presidencia de la Cámara constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa”. Además, Armengol recuerda que es frecuente que el diputado de Vox “profiera descalificaciones a diversos miembros de la Cámara, siendo uno de los diputados que más veces son llamados al orden tanto en pleno como en comisión”.

“Existe, como queda constatado de forma frecuente, una táctica para socavar el funcionamiento del parlamento a base de generar altercados”, razona el escrito, que asegura que “los ataques al parlamento, a su reglamento o a su Presidencia no son casuales”. “Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia”, y “de ahí que no quepa considerar que la actuación del señor Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria”, apunta Armengol.

Por ello, la presidenta del Congreso hace “un llamamiento a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para que rebajen el clima de crispación al que se está trasladando la vida parlamentaria”, aunque admite que “no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación, pues algunos grupos han hecho de la crispación una herramienta política para deslegitimar las propias instituciones”.

Además de avisar a Sánchez de que un nuevo altercado puede conllevar su suspensión, la presidenta del Congreso pide a los grupos parlamentarios “que estudien una posible mejora del reglamento con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias”. “También sería recomendable analizar las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario para evitar ataques contra los valores democráticos”, plantea Armengol.

El PP quería apuntar a “los propios órganos de la Cámara”

Fuentes del PP aseguran que no han votado a favor del escrito de amonestación a Sánchez porque Armengol se ha negado a negociar con los populares un texto que recogiera el aviso de que “los propios órganos de la Cámara” también deben respetar el reglamento. Inicialmente, el PP —que se encuenta en una minoría de cinco a cuatro en la Mesa— presentó un escrito en el que, además de “condenar” expresamente la actitud del diputado de Vox la semana pasada, también exigía “evitar que se vuelvan a vulnerar los derechos democráticos fundamentales de participación política mediante el sistemático bloqueo de iniciativas legislativas sobre las que las mayorías democráticas de las Cortes Generales han expresado su voluntad de tramitación”.

No obstante, fuentes de los populares sostienen que, para intentar alcanzar un acuerdo con el PSOE y Sumar, presentaron una segunda propuesta de resolución tras esa en la que rebajaron ese punto, aunque manteniendo el espíritu de la reivindicación. En concreto, el PP pedía que el escrito definiera al Congreso como el “foro” donde se ejerce “el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos” y que planteara que dicho derecho no puede ser vulnerado ni por “representantes individuales” ni “por los propios órganos de la Cámara, mediante actuaciones al margen de las normas reglamentarias, legales y constitucionales”.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, ha señalado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que había información “suficiente y precisa” para tomar medidas preventivas ante aquel episodio, pero que el Consell “de los mejores no supo interpretarla”.

Núñez ha contrapuesto el papel del Gobierno de la Generalitat aquella jornada con el de universidades, ayuntamientos o pequeñas escuelas infantiles que sí suspendieron actividades tras interpretar correctamente los avisos.

La Comisión ha retomado este lunes sus sesiones por primera vez desde el 23 de marzo. La semana pasada, sin embargo, tres asociaciones de víctimas de la dana acudieron al Congreso para exigir justicia, pedir políticas adaptadas al cambio climático y recordar que las alertas “se tienen que lanzar en tiempo y forma”.

El diputado popular César Sánchez, último en interpelar al compareciente, ha tenido que abandonar la sala tras ser llamado al orden tres veces por la presidenta de la comisión debido a sus interrupciones.

Núñez ha dicho que la gestión de la dana fue “catastrófica” y que la población sigue “teniendo miedo cuando llueve”.

Ha indicado asimismo que en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 hubo temor a “tomar decisiones que parecían muy agresivas”, como confinar, pero que “habrían salvado vidas”.

“Hay dos formas de gestionar una emergencia, bien o mal, de forma preventiva o de forma reactiva. Hacerlo de forma reactiva cuando el agua ya está en los barrancos es como intentar curar un cáncer cuando ya hay metástasis”, ha expresado el jefe de Climatología.

“Hay que empezar a tomar medidas antes de que empiece a llover, porque el tiempo de respuesta en los barrancos es muy pequeño”, ha insistido al hablar del episodio que causó 230 muertos en Valencia.

“Todos los catedráticos que han pasado por el juzgado han dicho que la información fue suficiente y precisa”, ha dicho tras detallar las notas, avisos especiales y otras comunicaciones emitidas por la Aemet con motivo de la dana.

“Llegó un momento en que no hacía falta aviso, solo había que encender la televisión, era una situación excepcional y se veía así desde el mediodía. Nosotros no tenemos una televisión pública, no tenemos el teléfono de los alcaldes, no tenemos la competencia de alertar... Hicimos todo lo que teníamos que hacer”, ha continuado.

“Desde 2003 siempre se habían gestionado las emergencias de manera preventiva y se habían convocado los Cecopis” con antelación, ha afirmado.

“Son reuniones en las que se dan informaciones muy importantes. Normalmente el meteorólogo habla primero sobre los posibles escenarios”, ha relatado. En cambio, en el Cecopi del 29 de octubre le dieron paso “el último” porque “a la hora que empezó ya no había un problema meteorológico, sino hidrológico”.

“Todas las veces que me dieron paso hablé de las lluvias torrenciales, pero creo que nadie me escuchó”, ha apuntado.

Núñez ha comentado su asombro porque “nadie haya explicado” por qué la reunión se cortó de 18 a 19 horas. Según sus cálculos, en el Cecopi que empezó sobre las cinco de la tarde y concluyó sobre las 12.30 de la noche “hubo parones por un periodo de cuatro horas”.

Los grupos políticos ha mostrado su apoyo y su agradecimiento a la labor de la Aemet y del propio Nuñez con la excepción de Vox y Grupo Popular, que le han acusado de “no ser fiel a la verdad” y de “mentir”, respectivamente.

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha indicado que los grupos mayoritarios habían convocado a Núñez “para hacer política” y ha afirmado que este ejerce “una especie de portavocía oficiosa” del Gobierno.

“Usted no ha sido fiel a la verdad” sobre el ámbito geográfico de los avisos, le ha dicho, y se ha remitido al informe de la Guardia Civil que señala que la Aemet no emitió avisos en tiempo real. Un informe que, según Núñez, “está equivocado”.

El popular César Sánchez ha dicho que el jefe de Climatología “falló” en las predicciones de litros caídos, que propició un vacío informativo durante horas y que comparecía ante la comisión “con un sesgo”.

Su debate con el compareciente, con interrupciones continuas, motivó que la presidenta de la comisión le llamase al orden por tercera vez, por lo que tuvo que abandonar la sala. Sus compañeros de grupo se marcharon igualmente.

Núñez ha opinado que en el futuro se necesitan “sistemas de emergencias mas cohesionados y más robustos, mejor con una oficina única en la que todos los organismos puedan trabajar de forma permanente”.

“Es evidente que el negacionaismo y los recortes en ciencia cuestan vidas”, ha indicado también.

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala por el tenso debate que su testimonio ha generado.

Presidencia “sectaria”

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado popular, que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar “de manera discrecional y sectaria” con el formato pregunta respuesta.

Frente a esto, Martínez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que “nadie cuestiona el Reglamento” y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.

“Le están intentando poner nervioso”

Y así ha sido unos minutos más tarde cuando durante el interrogatorio tanto el diputado del PP como el compareciente se han enzarzado en diversas discusiones que han acabado con la presidenta de la comisión pidiendo a Sánchez que dejara hablar al ponente y que no le replicara a ella, e informando al compareciente de que estaban intentando ponerle nervioso y que ella le daría amparo. Cuando Martínez le ha advertido de que si le volvía a llamar al orden tendría que abandonar la sala, Sánchez le ha respondido: “¿Le parece que quiero estar aquí?”

Ante el caso omiso del parlamentario popular, le ha acabado expulsado de la Sala Prim, donde se están celebrando las distintas sesiones de la comisión de investigación sobre las inundaciones de la dana.

Olvidadas tras casi tres años de guerra civil y cerca de cuatro décadas de dictadura franquista, y desplazadas del relato histórico por una transición democrática donde el componente republicano quedó relegado al silencio, recuperan su lugar de la mano del periodista e historiador Miguel Ángel Villena en una biografía coral: Republicanas. Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas.

El autor trabajó en las secciones de Cultura e Internacional de El País durante más de 20 años y ha sido editor de la revista tintaLibre. Actualmente es colaborador de elDiario.es y Levante-EMV. Durante su trayectoria ha publicado otras biografías, como las de Ana Belén o Victoria Kent, entre otras obras.

El 21 de enero de 2026 publicó lo que él mismo describiría más tarde como un homenaje, más que una biografía, de estas mujeres, figuras clave en la historia de España. El pasado martes 14 de abril, coincidiendo con el Día de la República, presentó el libro en un acto celebrado en la biblioteca municipal Casa de la Reina, situada en el Cabanyal (Valencia), acompañado de la destacada periodista Rosa Solbes.

Al coloquio asistió un público numeroso. Mediante una charla entre ambos periodistas, devolvieron a la memoria colectiva las historias de vida de estas mujeres, tan diferentes entre sí pero con un propósito común: el sueño de una España progresista en la que las mujeres tuvieran voz y voto. Ese sueño se vería posteriormente truncado por el golpe de Estado de julio del 36, que condenaría a estas mujeres al exilio y, en algunos casos, al olvido.

Algunos de estos nombres han resistido mejor al paso del tiempo que otros. Clara Campoamor, Victoria Kent o Dolores Ibárruri, más conocida como “la Pasionaria”, han gozado de una suerte mayor que sus compañeras, quienes han tenido mucha menos visibilidad pública pese a su excelente trayectoria, no solo como activistas sino como académicas.

La mayoría de ellas procedían de familias de la burguesía ilustrada, con excepciones como la Pasionaria, de origen más humilde. Son mujeres educadas: abogadas, en casos como los de Campoamor, Kent o Julia Álvarez Resano; escritoras, como Margarita Nelken y María Lejárraga; o docentes, como Matilde de la Torre, Veneranda García Manzano o Francisca Bohigas. Pese a su posición relativamente privilegiada, orientaron su vida a la defensa de los derechos sociales, la educación y la causa feminista y obrera.

Estas mujeres afrontaron una doble batalla: por un lado, debido a su compromiso con la República y, por otro, por el hecho de ser mujeres en un espacio dominado por hombres. Todas tuvieron que remar contracorriente en un entorno político especialmente hostil. Durante la presentación del libro, se destacó la existencia de testimonios sobre interrupciones, infravaloración y cuestionamiento de su autoridad, así como el hecho de que fueron también juzgadas por su vida privada y su papel social.

Precisamente, este contexto de hostilidad compartida contribuiría a generar entre ellas ciertos vínculos de complicidad y apoyo mutuo, a pesar de sus profundas diferencias ideológicas: desde posiciones socialistas hasta marxistas —como Ibárruri—, pasando incluso por la derecha católica conservadora, como la militante de la CEDA Francisca Bohigas. Pese a episodios de fuerte desacuerdo político, como el célebre enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent en torno al voto femenino, se profesaban un profundo respeto personal y mantenían una fuerte sororidad.

Hacia el final del coloquio se abrió el debate en torno a la necesidad de recuperar una memoria histórica relegada durante décadas. “Se ha fallado en explicar y entender la República y tu libro ayuda a esto”, señaló uno de los asistentes, quien subrayó la importancia de seguir impulsando una labor pedagógica sobre este período histórico, sobre todo entre los más jóvenes.

“El PSOE no ha reivindicado todo lo que debería a estas mujeres. El desconocimiento sobre ellas hay que atribuirlo a la falta de memoria democrática de este país, que afecta a la derecha, pero también a la izquierda”, critica el historiador y autor de la obra.

Durante los años de la Transición se priorizó la reconciliación y el mirar al futuro, dejando muchos debates fundamentales sin resolver y perpetuando un “memoricidio” por el cual “la etapa republicana mejor no tocarla y la guerra civil todavía menos”, apuntó el autor durante la charla. Señala, por un lado, al partido socialista por no hacer un esfuerzo por conservar la memoria histórica y, por otro, a una derecha tradicional todavía incapaz de reconocer como tal el golpe de Estado. De esta manera, no solo se diluyen responsabilidades históricas, sino que se condena al olvido a quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon por la democracia.

En ese contexto, Villena hace un trabajo apremiante y excelente al recuperar la memoria de estas mujeres, lo cual supone ampliar los límites del relato heredado de la Transición y devolver al espacio público a unas protagonistas que fueron apartadas injustamente por una terrible falta de reconocimiento histórico.

Sumar ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados para limitar la suscripción de hipotecas variables solo a aquellos ciudadanos que acrediten “una alta solvencia financiera”, imponer un mayor control sobre los créditos mixtos (que cuentan con un porcentaje variable y otro a tipo fijo) y sustituir indicadores como el euríbor para referenciar estos préstamos, dadas sus “limitaciones estructurales” y la “mayor volatilidad a la deseable” que introducen en los contratos.

La formación ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que señalan que “la vivienda habitual no puede seguir siendo el lugar en el que el sistema financiero descarga riesgos que los hogares ni han creado ni están en condiciones de administrar”. Porque, a diferencia de los bancos, las familias no cuentan con departamentos de gestión de riesgos y, creen en la coalición, “la parte más débil de la relación contractual” se enfrenta a la carga de una potencial subida de los tipos de interés “que no puede administrar en condiciones de igualdad”.

“La concatenación de crisis geopolíticas, energéticas e inflacionarias de los últimos años, agravada por el reciente conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo, han puesto de manifiesto hasta qué punto el coste de la financiación puede verse alterado por factores que escapan por completo al control de los hogares”, destaca el texto de la iniciativa registrada ante la Comisión de Economía del Congreso, que se votará el próximo 29 de abril.

Así, destacan que el tipo variable tiene un peso en el saldo hipotecario del 61%, muy superior al de países del entorno como Francia o Alemania, donde el 80% de estos préstamos son a tipo fijo que, por definición, están más exentos de riesgo.

Según la formación, la comercialización de estos créditos variables en los últimos años se hizo “no por su mayor idoneidad para el cliente, sino por su conveniencia para las entidades”, lo que, en la práctica, supuso “una trampa financiera” para las familias en el caso de un cambio en el ciclo de la política monetaria. Precisamente lo que sucedió a raíz de 2022, cuando tras una década con tipos de interés 0, el Banco Central Europeo (BCE) endureció el precio del dinero para mitigar la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Y lo que podría suceder si el BCE actúa igual para responder a la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Más control a las hipotecas mixtas

El texto, que no tiene carácter vinculante y solo marca una dirección política, busca que la Comisión de Economía inste al Ejecutivo a adoptar medidas que restrinjan la comercialización de hipotecas variables sobre la vivienda habitual. No a prohibirlas, pero sí a restrigirlas para “los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.

En los últimos años se han popularizado las hipotecas mixtas, que cuentan con un determinado periodo a tipo fijo y otro a tipo variable, algo que Sumar cree que también debe revisarse “para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable en perjuicio de los hogares”.

La iniciativa también promueve la búsqueda de alternativas a indicadores como el euríbor o el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), ambos indicadores “sometidos a limitaciones estructurales”, que exponen a los hogares a una “mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración” y que están expuestos a riesgos de manipulación en el mercado.

Así, ponen por ejemplo los movimientos en el euríbor a consecuencia de la guerra en Irán sin que el BCE haya modificado los tipos oficiales del mercado. “El propio diseño del sistema monetario europeo hace que las expectativas de mercado, las tensiones de financiación o los cambios de percepción sobre la senda futura de la política monetaria puedan trasladarse a las referencias hipotecarias antes de que se modifiquen los tipos de intervención. Eso supone una aberración, puesto que un índice legalmente debe reflejar la realidad sucedida, no determinar la que sucederá”, destaca la exposición de motivos.

Desde Sumar pretenden que se evalúe, en el plazo de un año, cuál es el impacto distributivo y social del modelo hipotecario sobre la estabilidad financiera de los hogares, fijándose con un especial interés en la exposición al tipo variable, el esfuerzo hipotecario y el riesgo de perder la vivienda habitual.

También, que el Gobierno legisle para dar “seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores” frente a las cláusulas abusivas y no transparentes y sobre la revisión de aquellas sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea”.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sigue en 'stand by' y así permanecerá al menos hasta después de la elecciones autonómicas en Andalucía. Aunque el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, afirmó que el texto estaba en situación de “muerte clínica”, el PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado que esperará a que terminen estos comicios, el próximo 15 de mayo, para tomar una decisión sobre el texto, actualmente bloqueado en el Congreso.

De hecho, los socialistas desvelan que han sido “dirigentes del PP” quienes les han pedido “en privado” que aguanten a que culminen el ciclo electoral a nivel autonómico.

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, preguntado por la posibilidad de retirar la reforma del estatuto regional, apuntando a dirigentes cercanos al presidente del PP, Paco Núñez, quienes les han hecho esta petición.

“Dirigentes del PP nos han dicho que esperemos a que termine el periodo electoral por si se abre la venta de oportunidad”, ha afirmado Gutiérrez, calificando de este plazo como el “último intento”.

Pide al PP “un mínimo de valentía”

De acuerdo con esta petición del PP, desde las filas socialistas aguantarán a que se termine el ciclo electoral para ver si el PP vuelve al consenso, a demostrar que tiene “un mínimo de valentía”, para defender su posición en las Cortes, al margen de la posición que le dicta Génova.

“Esperamos pacientemente. Vamos a esperar a las elecciones andaluzas y a partir de ahí replantearemos la hoja de ruta, para tomar una decisión en un sentido o en el contrario. La pelota está en el tejado del PP de Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

En todo caso, el dirigente del PSOE de Castilla-La Mancha defiende que “lo más importante es poder sacar” adelante la reforma, por lo que mantienen “ese mínimo de esperanza” y quieren que el PP “vuelva a su posición de consenso en las Cortes”, remarcando que esta postura solo pasa por que retiren la enmienda que modificaba la horquilla de diputados o por que Paco Núñez dimita.

La política populista, desde Orbán hasta Trump, se ha construido a partir de una combinación de nativismo, intolerancia, grandiosidad y un discurso grosero y matón que persigue, entre otros objetivos, intimidar al adversario y captar el voto emocional. El diputado de Vox José María Sánchez –juez en excedencia, catedrático universitario y letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahí es nada– nos ha regalado esta semana un ejemplo práctico, cuando se encaramó al estrado del Congreso donde está la Mesa y, después de increpar a una de las letradas de la Cámara, se encaró con el vicepresidente Gómez de Celis, que, ya pasado el trance violento, confesó que llegó a pensar que el ilustre voxero le iba a atizar. No es la primera vez que José María Sánchez la lía en el Congreso: en septiembre de 2021, durante un debate sobre el aborto, llamó “bruja” a la diputada socialista Laura Berja y también fue expulsado del hemiciclo. 

El deterioro de la cortesía parlamentaria es un hecho ya consumado con implicaciones éticas y estéticas y refleja algo más que la pérdida de cordialidad y juego limpio entre adversarios. Hay una estrategia detrás. Por decirlo de alguna manera: el matón grosero de Vox tiene un plan. Se quiere mostrar como audaz y desafiante ante sus seguidores y votantes, muchos de los cuales escogen la papeleta de Vox no porque estén de acuerdo con su programa electoral, del que solo conocen tres lemas, sino por puro y simple cabreo, que tiene tanto causas reales como inducidas e imaginadas. El voto del cabreo necesita aspavientos, confrontación, insultos e intimidación para mantenerse vivo y en forma hasta que lo reciban las urnas. El diputado de Vox muestra a sus votantes que hace y dice lo que le da gana, se convierte en representante y catalizador de emociones y actitudes falsamente libres y alimenta el voto antisistema que necesita para crecer. La intimidación es también una exhibición de fuerza y poder y como explica Pierre Rosanvallon en su libro El siglo del populismo, estas actitudes impactan no solo por su vulgaridad (apreciada por sus seguidores), sino que incitan de manera sistemática e inédita a la polarización política. 

Aunque el común de los españoles, ya sea de derechas o de izquierdas, rechace la actitud chulesca de José María Sánchez, lo cierto es que activa palancas en el terreno de las emociones, actuando del mismo modo que lemas tan deplorables como Que te vote Txapote, Me gusta la fruta o los insultos al presidente del gobierno que se escuchan en estadios o mítines. Estas actitudes sustituyen al discurso político y tienen un gran recorrido mediático (como prueba esta misma columna). Es lo que el teórico francés Christian Salmon llamó la era del “clash”, la abolición de la política basada en narrativas estructuradas y su sustitución por una política dominada por el enfrentamiento, el impacto momentáneo y la ausencia de relato. 

En estas estamos: hablando de la actitud deleznable de un diputado y evitando el debate sobre el difícil momento que está pasando el partido de Santiago Abascal, marcado por las críticas de exdirigentes, la financiación opaca del partido, su falta de experiencia de gobierno y la caída de uno de sus principales apoyos internacionales, Viktor Orbán. Las salidas de tono y groserías de Vox también nos quitan tiempo para hablar sobre el bien común, algo que exige mucho más esfuerzo creativo y mayor compromiso ideológico, y nos instalan en una negatividad anímica que fomenta la desconfianza ciudadana e impide que nos pongamos de acuerdo para construir una sociedad digna. Por cierto, el PP se ha negado a condenar el comportamiento de José María Sánchez: acordémonos de esto cuando nos toque meter la papeleta en la urna. 

Tres asociaciones de víctimas y afectados por la dana de Valencia han cargado este miércoles contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, y han exigido justicia y “medidas adaptadas al cambio climático” en el Congreso de los Diputados, justo antes de reunirse con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

“No olvidar la dana está muy bien, pero se tiene que hacer algo. El presidente del Partido Popular dijo que había que pasar página y no, no, Feijóo; no, señores del Partido Popular y de Vox: no vamos a pasar página esta vez, no se va a pasar página hoy”, ha declarado a los periodistas Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, ha advertido de que aún no se han revisado protocolos para evitar futuras catástrofes similares.

“Estamos viendo que ha pasado año y medio y la Generalitat Valenciana todavía no ha hecho nada para que nos sintamos seguros, nos sentimos desatendidos y ya no es una cuestión únicamente de ecologismos, sino de que puede haber próximas danas, próximos episodios climáticos adversos y no se está haciendo nada”, ha comentado.

Gradolí ha señalado que “venimos aquí para que nos ayuden y se impulsen políticas y medidas adaptadas al cambio climático” y ha añadido: “esperemos que al menos hayan aprendido que las alertas se tienen que lanzar en tiempo y forma”. También han cargado contra Carlos Mazon, expresident de la Generalitat Valenciana.

“Carlos Mazón, que se esconde en el escaño número 98, en el gallinero, y no viene nunca, está mejor ahora que cuando era president de la Generalitat”, ha añadido Rosa Álvarez.

La portavoz ha destacado que las víctimas de la dana y otros accidentes en la Comunitat Valenciana no han recibido tanto interés por la clase política.

“Estaban muy interesados aquí dentro (Congreso) por todas las personas que fallecieron en el tren de Adamuz, a las que trasladamos nuestras condolencias, pero no están preocupados para nada por los 230 familiares ni víctimas de la DANA, por las 42 del metro de València...Esas personas, esas víctimas, no les han importado nunca. Hay que preguntarse por qué”, ha apuntado.

Por su parte, Gradolí ha criticado el aforamiento de Mazón al señalar que “no puede haber aforamientos y este no puede ser una protección personal y que esté por encima de un derecho constitucional de tutela efectiva de las víctimas. Por eso venimos a exigir, a pedir y a recordar que no al aforamiento de Mazón para tener una justicia y una verdad. Ese es uno de nuestros primeros objetivos”, ha dicho.

Álex Carabal, presidente de la Asociación Damnificados por la DANA de l’ Horta Sud de Valencia, ha recordado que están dispuestos a agotar hasta el último recurso.

“Si hace falta iremos al Tribunal Europeo. Estamos agotando todas las vías porque nos parece un fraude de ley que una persona continúe aforada con todas las pruebas. Y que esté con un sueldo, con la cartera de diputado, un despacho, chófer...”, ha comentado.

Las asociaciones, que este miércoles presentarán también en Madrid una red de apoyo nacional, se han fotografiado, antes de acudir al encuentro con Bolaños, en las escaleras del Congreso junto a varios diputados, entre los que se encontraba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Sin “reparación” hasta que Mazón comparezca ante la Justicia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que hasta que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón no comparezca ante la Justicia “no habrá reparación para las víctimas” de la dana, donde en su opinión gobierna el “negacionismo climático”.

“Quiero recordar que hablamos de la gestión nefasta de una emergencia climática en un lugar donde gobierna el negacionismo climático, el negacionismo de la ciencia”, ha comentado antes de asistir en Madrid a la presentación de la plataforma estatal de apoyo a las víctimas de la dana, fundado por varias asociaciones de afectados.

“Desde la política yo creo que el lugar que le corresponde al Gobierno de España es seguir defendiendo que, efectivamente, los servicios públicos tienen que estar bien dimensionados, que tenemos que hacer caso al servicio público de ciencia, que advertía de que esto podía pasar y que no hay que desmontar los servicios públicos ni recortar”, ha añadido la también secretaria general del PSPV-PSOE.

Morant ha asegurado que la presencia de Mazón ante la Justicia es más que necesaria: “Es incomprensible que el máximo responsable de la Generalitat, en una gestión como la de la dana, no comparezca ante la Justicia. Y no habrá justicia en la Comunidad Valenciana, como mínimo, hasta que el señor Mazón pase por los juzgados y que diga lo que tenga que decir”, ha dicho.

Y ha señalado al Partido Popular como cómplice por su aforamiento: “El Consejo valenciano y el Partido Popular lo que están haciendo es cobijar con ese aforamiento a Carlos Mazón, que no va a trabajar, que no ejerce de diputado y que básicamente solo se entiende que se mantenga de diputado porque no se quiere dar la cara de esta nefasta gestión. Y si no hay justicia, no habrá reparación”.

Además, ha destacado la disponibilidad del Gobierno de España y todos sus ministros.

“El Ministerio del Interior estuvo a disposición desde el primer día con el refuerzo del personal forense que hizo tanto trabajo en el levantamiento de los cadáveres, en el reconocimiento de cada uno de los familiares, un trabajo que se hizo con enorme delicadeza porque sabíamos de lo que estábamos hablando. Y el ministro Bolaños fue el que duplicó los recursos en el juzgado de Catarroja, hasta que oh, sorpresa, el Gobierno de Pérez Llorca en este caso plantea ahora un recorte de recursos a la jueza de la dana en plena instrucción y justamente cuando la jueza de la dana está pidiendo que vaya a testificar Carlos Mazón”, ha añadido.

“No me gustaría que estuviéramos hablando de obstrucción a la justicia. Desde luego, el Gobierno de España lo estudiará, y es a lo que se ha comprometido el ministro, cómo apoyar esta causa”, ha insistido.

“No hay frutos rojos sin temporeros, pero sí hay temporeros sin techo ni agua ni electricidad”, recalcó Francisco Sierra (IU) frente al resto de partidos en la presentación de la proposición no de ley (PNL) para la constitución de un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva. Una medida que busca la coordinación entre la administración estatal con la autonómica y local con el fin de lograr una solución efectiva contra un panorama que el propio relator de la ONU calificó como “impactante” a raíz de la pobreza y el abandono que sufren los trabajadores que se asientan en el territorio andaluz. Un texto que finalmente fue rechazado en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados con los 19 votos en contra de la oposición frente a los 18 síes del gobierno de coalición.

La Comisión de Política Territorial debatió la PNL impulsada por el diputado de IU Francisco Sierra Caballero, la cual fue elaborada junto a Marcos Toti, coordinador provincial de IU Huelva. El propósito de la iniciativa es dar solución a varios frentes abiertos en el campo onubense: viviendas dignas, regularización, dar cobertura en la Seguridad Social y los derechos básicos, y proporcionar atención prioritaria a los colectivos más vulnerables, además de aportar recursos específicos para mujeres y niños. “A estas alturas del siglo XXI, la situación es indignante”, subrayó Sierra durante su intervención en referencia a este sector estratégico que supone el 11% del PIB en la provincia y sitúa a Andalucía como la primera región proveedora de fresa y arándano en la Unión Europea y segunda en frambuesa.

Con el propósito de garantizar la coordinación interterritorial, el grupo Sumar propuso la creación del comisionado a estilo de lo hecho para el Reto Demográfico o la atención de barrios vulnerables, como el habilitado en el área del Polígono Sur en Sevilla. “No podemos fallar a la población ni a la sociedad civil”, recalcó. Aceptando las enmiendas del partido socialista, el diputado Juan Antonio González añadió que se debía ampliar el alcance de la propuesta a todas las autonomías y habilitar un espacio específico para personas en situación de pobreza y exclusión social.

“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años”

Además, en esta jornada en la que se publica en el BOE el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, sostuvo que “a día de hoy, sin inmigración el sector agrícola sería inviable y, si España lidera el crecimiento económico en Europa, es gracias, en parte, a la migración”. En este toma y daca con los partidos de la oposición, recomendó a los dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que “hagan una campaña de fresas o de recogida de espárragos en Granada, muy duras y que exigen esfuerzos de piernas y espaldas, pero recomendable para combatir los discursos xenófobos que están llevando a cabo”.

En el turno de réplicas, Jorge Campos, diputado de la formación ultraderechista, calificó lo presentado como “falso” y alegó que la explotación laboral en el campo “no existe”. Entre los datos inexactos, aseveró que solo había 13.000 trabajadores extranjeros y que se daban alrededor de 164.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la Orden GECCO establece que este año el contingente, que ha aumentado un 26% en comparación con el ejercicio anterior, está formado por 21.400 trabajadoras procedentes de hasta ocho países y, en todo caso, la plataforma Interfresa estima que hay 160.000 empleos indirectos, tomando en cuenta todo el sistema. A ello, habría que añadir que son las propias organizaciones las que se quejan de que hay falta de mano de obra local para estas campañas.

Por otra parte, el sueldo de las temporeras se ajusta a lo establecido en el convenio colectivo y lo que corresponde al jornal, es decir, cobran 62,39 euros —ligera subida gracias al aumento del salario mínimo interprofesional— por 6,5 horas. A ello, habría que añadir que las condiciones en las que vive la población en los asentamientos son penosas, tal y como señala el Informe Frontera Sur 2025, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), donde se da una radiografía de las cinco zonas principales donde se concentran: San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y Lepe. Las organizaciones, como Andalucía Acoge, estima que hay alrededor de 5.000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en Huelva, a las que habría que añadir a sus homónimos en Almería. Con datos inexactos y en continua negación de lo que ocurre en el campo andaluz, el diputado de Vox dio por terminada su intervención, mientras que la diputada del PP, Bella Verano, realizaba puntualizaciones al texto del grupo Sumar.

“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años y la Junta no hizo absolutamente nada”, afeó la diputada, para quien la PNL es “una cortina de humo”. A tenor de estas palabras, hizo referencia a la aprobación del I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía (Plan EASEN), realizado en 2023, que tomaba el relevo tras más de dos décadas al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo en Andalucía, impulsado en 1997. Un acuerdo para el que la integrante del PP justificó que no está en pleno desarrollo y ejecución debido a que esperan, entre otras cuestiones, a la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de Elma Saiz, desde el 20 de enero de 2025. En todo caso, la APDHA reclama al gobierno de Juanma Moreno en su informe una mayor planificación de recursos y alternativas habitacionales “reales y dignas” para evitar la proliferación de infraviviendas.

“Más presión”

Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la APDHA, toma la iniciativa defendida por Izquierda Unida con precaución. “Cuanta más presión haya, más efectivo será el cambio, pero estas denuncias se llevan haciendo desde las asociaciones y los sindicatos desde hace diez años, como poco”, critica. Espera que la PNL avance, aunque reconoce que los intereses que hay en el mercado del fruto rojo, tanto a nivel provincial como mundial, hacen que este tipo de coordinación caiga en saco roto. Ni ella ni Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, conocían hasta este mismo miércoles que se discutiera sobre las temporeras de Huelva en la comisión del Congreso.

Pinto subraya que las propias comisiones para abordar la contratación en origen tienen carencias. “Todo esto significa poco”, y pone como ejemplo los informes que expuso Philip Alston como relator de la ONU en 2020, “las cosas siguen igual”. Así, advierte que los grupos políticos recobrarían la confianza de las organizaciones remaran todos para solucionar este panorama acuciante y se vieran resultados palpables. Al margen de lo debatido en la Cámara Baja, la sindicalista celebra este jueves que haya prosperado una demanda transnacional que había presentado el sindicato ante el caso de una trabajadora marroquí que había sido despedida tras haber sido operada de cáncer.

Después de 20 años ligada a una empresa onubense dedicada a la recogida de fresa, se prescindió de los servicios de la mujer trabajadora alegando que no estaba en condiciones físicas, aun habiendo superado la enfermedad y pasando por un tratamiento. Con el apoyo del sindicato, denunció y en el acto de conciliación se logró su readmisión. “Que no se queden con nuestros derechos, luchar sirve de algo, porque a la vez que defendemos a nuestros vecinos y vecinas, nuestras compas en origen también tienen unas condiciones que hay que respetarse”, sentencia.

Es una fotografía inédita en 40 años de democracia. Un diputado de ultraderecha, José María Sánchez, sube por las escaleras de la presidencia del Congreso en pleno debate parlamentario y se encara con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente de la cámara y que en ese momento presidía la sesión. A pocos centímetros de su cara, el político de Vox le increpa de manera continuada hasta que, finalmente, puede ser expulsado. Una imagen que simboliza hasta qué punto la extrema derecha parece ser capaz de llegar a la hora de tensionar la institucionalidad del parlamento y la propia convivencia democrática.

Cuesta entender qué llevó a ese diputado de Vox a subir al estrado y encararse con usted. ¿Nos lo puede explicar?

Fue una situación muy tensa y muy triste para la democracia española, es una imagen muy icónica de lo que significa la llegada de la ultraderecha a España. La imagen de ayer se asemeja mucho a otra que es la subida al estrado por parte de Tejero en el 23 F, salvando todas las distancias del dramatismo de aquel momento, por supuesto. Pero la raíz ideológica es la misma, que es la destrucción de los principios democráticos y de convivencia.

¿Pero en qué contexto se produjo esa salida de tono tan lamentable? ¿Qué quería ese diputado ultra?

En mitad de la intervención de otro diputado pidió la palabra por alusiones, porque según él le decían algo desde ERC. Y se le denegó porque las alusiones no se solicitan en mitad de los debates, sino al final. La presidenta Armengol le llamó entonces al orden la primera vez porque interrumpió el debate. Volvió a ocurrir una segunda vez mientras yo presidía, también se la denegué y le apercibí por segunda vez por volver a interrumpir. Y entonces se acercó al estrado y empezó a gritarle a la letrada. Yo le conminé a que la dejara en paz y él volvió a interrumpir y a pedir la palabra una tercera vez. No se la di porque no se puede interrumpir a los portavoces durante los debates. Fue entonces cuando subió de manera agresiva, violenta, poniéndose a pocos centímetros de mi cara. En ese momento, sinceramente, pensé en algún tipo de agresión física.

¿Pensó que le podía agredir físicamente?

Sí, claro, valoré que me podía agredir. Fueron varios segundos y lo que sí me dio tiempo a pensar es que, si me llegaba a agredir, yo no le iba a responder de la misma manera. No quise perder la firmeza, porque todos los demócratas tenemos que estar firmes ante este tipo de situaciones, pero yo solo quería que abandonara el Pleno, que es lo que al final ocurrió.

La imagen es tremenda. Él subido al estrado a pocos centímetros de su cara y usted expulsándolo. ¿Qué le decía él?

Sinceramente, no lo recuerdo porque no estaba prestándole mucha atención. Nada de lo que me dijera era importante porque la simple subida al estrado y la violencia verbal y física que trasladó ya eran suficientes como para hacerlo inadmisible y que no importara nada más.

No recuerdo una situación así. ¿Usted?

Algo similar ya pasó con este mismo diputado cuando insultó a la diputada del Grupo Socialista Laura Berja, cuando la llamó bruja. También subió al estrado para protestar, aunque no fue de un modo tan violento como esta vez.

¿Le preocupa que esto suponga un antes y un después?

Creo que es muy preocupante, ya no por el funcionamiento de la cámara o por lo que podamos sufrir cada uno de nosotros. Para mí lo importante es que esa imagen simboliza que están en riesgo los valores democráticos y de convivencia. Y lo digo porque en muchas ocasiones se tiende a pensar que hay polarización, que hay cierta equidistancia incluso e igualdad de responsabilidades entre unos y otros, que todos los políticos somos iguales. Y no es verdad, no es para nada verdad. Hay una posición ideológica que tiene la violencia como principio fundacional.

Este señor ha sido expulsado del pleno, por tanto esta semana no va a participar, pero ante situaciones así de graves se pueden tomar otras medidas contra él. ¿Se plantean imponer algún tipo de sanción o valoran la apertura de expediente?

Poder, se puede, pero se valorará jurídicamente si es factible o no y, a partir de ahí, se tomarán las decisiones oportunas. Pero creo que hay suficiente armazón jurídico para valorarlo. Lo estudiaremos en estos días, a ver qué sucede.

¿Que se haya llegado hasta aquí tiene que ver con haber sido demasiado permisivo con la extrema derecha durante todo este tiempo y con que no se hayan atajado antes sus actitudes?

La llegada a las instituciones y también al Congreso de estas posiciones violentas por parte de la extrema derecha son una novedad democrática. Tendremos que ir poco a poco creando nuevas realidades jurídicas para afrontar estas nuevas situaciones. Pero sí le digo una cosa: frente al que tiene como principio fundamental de su acción política la violencia, ya sea ideológica o física, no hay herramientas o instrumentos que lo detengan. La única forma de pararlos es estar firmemente frente a ellos siempre y apelar a la responsabilidad de partidos como el Partido Popular, que le está abriendo las puertas en muchos ámbitos institucionales. Los ciudadanos tienen que tener claro que no se trata de izquierda o de derecha. Se trata de violencia sí o violencia no. Y por eso hay que expulsar democráticamente a estos partidos de los ámbitos institucionales. Yo creo que esa es la única vía.

Imagino que ni este señor ni nadie de Vox se ha dirigido a usted para pedirle disculpas, ¿no?

Un diputado de Vox me ha dicho que siente bochorno de lo que hizo su compañero.

Anda.

Es lo que me ha transmitido delante de más gente, en la cafetería del Congreso. Y se lo he agradecido.

El diputado de Vox José María Sánchez ha sido expulsado este martes del pleno del Congreso tras encararse con una letrada y con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en protesta por un supuesto encontronazo con otros parlamentarios de ERC. El altercado ha tenido lugar mientras el parlamentario republicano Francesc-Marc Álvaro intervenía durante el debate de una iniciativa sobre la memoria de los libreros, bibliotecarios, editores y autores represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

Sánchez intentó inicialmente hacerse escuchar a gritos desde su escaño, sin haber solicitado correctamente el uso de la palabra. Gómez de Celis no se la concedió y le llamó por primera vez al orden. Poco después, el diputado de Vox subió a la tribuna en la que se ubica la Mesa del Congreso para echar en cara a una de las letradas la situación, ante lo cual Gómez de Celis lo reconvino por segunda vez. Fue entonces cuando se enfrentó con el vicepresidente por su supuesta inacción ante esos supuestos insultos de ERC, lo que le valió la tercera y definitiva amonestación. Según el reglamento de la Cámara, tras una tercera llamada al orden no acatada por un diputado, la Presidencia está facultada a expulsarle de la sesión.

Minutos después del fin del pleno, Vox ha asegurado (sin pruebas) en un comunicado que el diputado de ERC Jordi Salvador ha llamado “en dos ocasiones” a Sánchez “criminal y asesino”. “Tras esa actuación, José María Sánchez se ha dirigido personalmente a la Mesa para denunciar esos insultos. La respuesta del vicepresidente ha sido llamar al orden al diputado de Vox en lugar de al autor de los insultos”, se queja la formación ultraderechista, que también afirma que, cuando Sánchez “se ha reincorporado a su escaño”, Salvador ha vuelto a tildarle de “criminal y asesino”.

Eso, siempre según Vox, es lo que habría motivado el enfrentamiento de Sánchez con De Celis y que haya “solicitado la opinión de la letrada” al respecto. “Tras esta situación, el diputado de Vox ha acudido al despacho de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha solicitado que se llamase al orden al diputado de ERC sin obtener ninguna respuesta satisfactoria”, asevera el partido de Santiago Abascal.

El PSOE, por su parte, ha calificado de “graves” e “inauditos” los hechos por boca de su diputado Marc Lamuà. “Lo que hemos visto es que el diputado de Vox se levantaba agarrando el micro y chillando e interrumpiendo la sesión sin que su grupo pidiera la palabra, saltándose todas las normas que tenemos”, ha relatado Lamuà, que ha espetado al PP que “esa es la gente que quieren llevar a los Gobiernos de toda España”.

Sánchez es reincidente en este tipo de comportamientos. En el año 2021, durante la pasada legislatura, el diputado de Vox llamó “bruja” a la entonces parlamentaria socialista Laura Berja durante el debate de una propuesta para tipificar en el Código Penal el hostigamiento a mujeres que desean abortar. Entonces, Sánchez también fue llamado tres veces al orden y expulsado del pleno, pero se negó a marcharse del hemiciclo, una actitud que recibió el apoyo del resto del grupo parlamentario de Vox. La sesión debió de suspenderse durante diez minutos, y tras ese receso el diputado únicamente accedio a retractarse de su insulto con la fórmula “retiro que le he llamado bruja”.

La mayoría que suma la derecha en el Congreso no logra ponerse de acuerdo para empezar a tramitar una medida que, en principio, comparte: la prohibición del uso del burka. Este martes, el Congreso rechazará la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido presentada por Junts a causa de la oposición de PP y Vox, que rechazan el texto no porque no compartan que se prohíba utilizar este tipo de prendas, sino porque la iniciativa incluye también una disposición adicional para delegar en la Generalitat de Catalunya competencias migratorias que ahora mismo están en manos del Estado, como el control de las fronteras, la expulsión de inmigrantes o la facultad de expedir el DNI o el pasaporte.

Es la segunda vez en apenas unos meses que la derecha no logra ponerse de acuerdo en la Cámara Baja para iniciar la tramitación de una ley que prohibiría utilizar el burka o el nicab. El pasado febrero fue derribada otra iniciativa en ese sentido, propuesta por Vox, y entonces fue Junts quien se opuso a la misma argumentando que no apoyarían nada que presentase “un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya”. Entonces, sin embargo, los independentistas anunciaron que registrarían su propia proposición de ley en relación al burka, y este martes el diputado Josep Pagès la defendió asegurando que Junts no puede “aceptar que en nuestras calles haya personas invisibilizadas, borradas, cosificadas por una práctica que es sumisión, humillación y esclavitud”.

“Ni burka, ni Vox, de este marco no nos moveremos ni un milímetro”, argumentó en el debate parlamentario Pagès, que sostuvo que su iniciativa pretendía impedir que “en nuestra sociedad vulnerar los derechos de las mujeres no tenga consecuencias”, pero también afirmó que Junts no aceptaría “que eso se haga desde el racismo”. “El respeto a la pluralidad” religiosa “no puede amparar nunca prácticas que objetivamente suponen excluir a las mujeres de la vida pública”, y “dejar que de este debate se apropie la ultraderecha es precisamente lo que ha hecho el populismo de una izquierda acomplejada y desvinculada de la realidad”, espetó el diputado de Junts.

En contraste con la larga argumentación que ofreció para justificar la prohibición del burka, Pagès apenas se refirió a la segunda parte del texto, la cesión de competencias sobre migración y fronteras a la Generalitat, asegurando que es necesaria para que Catalunya “pueda disponer de las herramientas necesarias para ejercer en plenitud sus competencias”. Pero esta cuestión fue, precisamente, la que llevó a PP y Vox a oponerse al texto. La diputada popular Cristina Teniente aseguró que su partido comparte “el fondo” de la proposición de ley, y sostuvo que “el burka y los velos integrales” son “instrumentos de subordinación clara” que deben ser prohibidos. Pero también espetó que “un asunto tan sensible” no se puede “utilizar para introducir por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Catalunya”.

“Los derechos fundamentales no se trocean, no se puede jugar con la seguridad del Estado y la igualdad en las mujeres no puede depender de su código postal”, defendió Teniente, que aseguró que el PP quiere “regular” el uso del burka, “pero con una ley clara” y “aplicable a todo el territorio nacional”. La parlamentaria popular anunció que su partido presentará una proposición de ley en este sentido.

Por su parte, la diputada de Vox Blanca Armario recordó el voto negativo de Junts a varias iniciativas presentadas por la ultraderecha contra el “islamismo” o el uso del burka. “Qué mala memoria tienen ustedes, señorías”, ironizó Armario, que sostuvo que Junts oculta “sus verdaderas intenciones” tras el intento de prohibir el uso del burka o el nicab: “Transferir las competencias sobre fronteras, la seguridad en los puertos o la expedición de documentos oficiales”. “La seguridad no es un puzzle de 17 comunidades autónomas”, sino que “se rompe cuando se fragmenta”, espetó la parlamentaria de Vox, que afirmo no querer oír “ni hablar de cesiones de competencias”. “Ya les han regalado bastantes tanto el PP como el PSOE”, “ni burka ni Junts”, zanjó.

La izquierda se opone

El PSOE, por su parte, se defendió de las críticas del PP —que acusó de “cinismo” a los socialistas— asegurando por boca de su diputada Andrea Fernández que “evidentemente el burka, el nicab o cualquier prenda orientada o destinada a ocultar o denigrar a las mujeres es contraria al feminismo”. No obstante, Fernández espetó que convertir a las mujeres que son obligadas a llevar burka “en un problema policial, que es lo que toda la derecha defiende, es sencillamente un planteamiento equivocado”, e insistió en que “este debate” promovido por Junts “poco o nada tiene que ver con la seguridad”, sino que “se utiliza para tapar la intolerancia”.

“La solución” del problema, planteó la diputada del PSOE, “en ningún caso pasa por expulsar a estas mujeres del espacio público a base de prohibiciones”. Y en la misma línea se expresó el parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, que sostuvo que “las prohibiciones que se han planteado en Francia o Bélgica simplemente han expulsado a las mujeres del espacio público, en muchos casos marginándolas”, en lugar de lograr que se deje de utilizar el velo integral en la calle. “Necesitamos competencias”, pero no para poder dar “órdenes de perseguir a los más vulnerables, sino para evitar que las mujeres” sufran “acoso inmobiliario, explotación laboral o violencia machista”.

Casi siete meses después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), para que retirara los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas de la Galería de Presidentes, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por “incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. “Le exigimos retirar los honores a quienes llegaron al cargo nombrados por un sanguinario dictador”, ha dicho la asociación en un mensaje en X.

Según confirma el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la denuncia será interpuesta el próximo 21 de abril tras los dos intentos en los que ha pedido por escrito a Armengol a través del registro de la Cámara Baja que tome la decisión de quitar estos cuadros. “Nunca nos han respondido. Es un insulto a las víctimas de la dictadura dar reconocimiento en los pasillos del Congreso a personas que accedieron al cargo después de un golpe de Estado y el uso de una terrible violencia cuyas consecuencias en muchos casos no están resueltas”, señala Silva.

Los retratos comparten espacio con el resto de quienes han presidido la institución en la Galería de Presidentes. Los de las Cortes franquistas que aparecen retratados son Esteban de Bilbao Eguía, líder de Comunión Tradicionalista durante la Segunda República y ministro de Justicia nada más terminada la Guerra Civil hasta 1943, Antonio Iturmendi Bañales, político carlista que también fue antes que presidente de las Cortes ministro de Justicia y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, miembro de Falange en 1936, cuando se produjo el golpe de Estado franquista.

Durante la dictadura, Rodríguez de Valcárcel llegó a ser vicesecretario general de FET y de las JONS. La ARMH reclama también la retirada del cuadro de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente del Gobierno en funciones del 20 al 31 de diciembre de 1973 y de las Cortes durante la Transición, entre diciembre de 1975 y junio de 1977.

Según apunta Silva, la asociación considera que mantener estos cuadros es una vulneración del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce que las administraciones deberán “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley” cuando constituyan “exaltación o enaltecimiento” de la sublevación franquista o la dictadura o bien “hubieran sido concedidas” por haber formado parte del régimen represivo.

El escrito presentado el pasado septiembre recordaba que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, reza la carta, en la que recuerda que las Cortes franquistas no fueron democráticas, fueron “monolíticas” y “cerraron sus puertas a quienes tenían otras ideas” al tiempo que “legislaron para la maquinaria que asesinó, torturó y aterrorizó a todas las disidencias políticas y morales”.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

Un grupo de ciudadanos encabezados por exdirigentes de Podemos ha presentado en el Parlamento Vasco, donde epartido morado perdió su representación tras las autonómicas de 2024, una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover que se reconozca a Urdaibai personalidad jurídica y aumentar así su nivel de protección. La iniciativa se presenta en la Cámara autonómica pero, de prosperar, está destinada a que el Parlamento ejerza su facultad de iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados, mediante la remisión de una proposición de ley “para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la marisma de Urdaibai y su cuenca”.

La comisión promotora de esta ILP la integran antiguos 'pesos pesados' de Podemos en Euskadi. De un lado. Miren Gorrotxategi, que fue la última candidata a lehendakari de la formación, en las elecciones de 2024, y antes portavoz parlamentaria desde 2020. De hecho, la petición de que se reconozca a Urdaibai personalidad jurídica figuraba en el programa de Gobierno que presentó a las elecciones encabezando la coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde. Junto a ella, firman la presentación de la ILP Roberto Uriarte, que fue el primer secretario general de Podemos en Euskadi y que también ha sido diputado en el Congreso por la formación. También están en la comisión Pablo Víctor Aretxabala, Miguel Arambuzabala, Erroxeli Ojinaga, miembro de la plataforma Zain Dezagun Urdaibai, y Nieves Terán, abogada ambientalista y exviceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno vasco del socialista Patxi López.

“No hemos pensado para nada en políticas, ni en políticos. Esto es entre personas, no entre partidos”, dice Terán sobre la iniciativa. La propuesta, recuerda, surgió tras unas jornadas en la Universidad en las que acudió Eduardo Salazar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y promotor de la ILP para reconocer personalidad jurídica al Mar Menor. Allí estaban Uriarte y la propia Terán. Y se constató el interés en promover una ILP en el mismo sentido para Urdaibai y surgió un compromiso de promover el proyecto. “La idea que tenemos y lo que queremos es involucrar a la ciudadanía y luego ya lo discutirán en los parlamentos. Lo que cuenta es la ciudadanía”, dice.

El objetivo es que el ecosistema deje de ser objeto a proteger para ser sujeto. Es decir, que tenga capacidad para defenderse, para impulsar proyectos por sí mismo, y también “que pueda defenderse de todo tipo de agresiones”, recuerda Terán. Esto supone que si la protección ambiental pertenece al campo del derecho administrativo, quepa, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, o del penal, “como si fuera una persona”.

En el texto sobre el que se sostiene la petición se indica que Urdaibai “enfrenta un conjunto de amenazas genéricas y específicas que ponen a prueba la eficacia de los instrumentos de protección existentes” en la legislación medioambiental. En este sentido, señalan que “la combinación de alta densidad poblacional, atractivo turístico, presión agrícola y fenómenos emergentes derivados del cambio climático” requierende un enfoque integral de gestión, que combine un monitoreo científico permanente y evaluación de impactos; la adaptación de planes de ordenación territorial y restauración ecológica; la educación ambiental y participación comunitaria.; y la coordinación entre administraciones y agentes locales. “La magnitud y complejidad de estas amenazas justifican la exploración de medidas innovadoras, incluyendo nuevos mecanismos jurídicos de representación de la naturaleza, que permitan a Urdaibai defender de manera más eficaz sus intereses ecológicos frente a presiones acumulativas y conflictos de uso del territorio”, señalan.

Según defienden, dotar de personalidad jurídica a Urdaibai permitiría “superar limitaciones derivadas de la discrecionalidad administrativa, garantizaría continuidad en la tutela de los derechos ecológicos, facilitaría la integración de los distintos niveles normativos y la participación de actores diversos en la gestión del territorio”. Además, supondría “fortalecer la función preventiva del derecho al consolidar un marco de obligaciones y derechos que condiciona la planificación territorial y la toma de decisiones estratégicas en torno al desarrollo económico, social y turístico de la zona”.

No obstante, reconocen que “el éxito de esta medida dependerá de varios factores críticos”. En primer lugar, citan de la definición precisa de los mecanismos de representación de la naturaleza, que deben garantizar legitimidad, transparencia y control frente a posibles conflictos de interés. En segundo lugar, la coordinación efectiva entre la normativa internacional, nacional y autonómica, de modo que se eviten lagunas de protección o contradicciones normativas. Por último, la sensibilización y educación ambiental, “ya que la eficacia real del instrumento también se apoya en la aceptación social y en la corresponsabilidad de todos los actores implicados, desde las administraciones hasta la ciudadanía local y los visitantes”.

La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan. Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen.

La ley reconoce al Mar Menor derechos fundamentales orientados a la preservación de su integridad ecológica, incluyendo la conservación de la biodiversidad, la recuperación de hábitats degradados y la garantía de la sostenibilidad de los usos humanos compatibles con su conservación. Esta configuración dota al ecosistema de un estatus jurídico autónomo frente a los actores humanos, permitiendo que sus intereses puedan ser defendidos de manera directa en procedimientos administrativos y judiciales. La representación del Mar Menor se articula mediante un sistema de órganos colegiados que incluye tanto representantes institucionales como expertos independientes en ecología y gestión ambiental. Este diseño busca equilibrar la eficacia de la acción jurídica con la legitimidad técnica y social. La figura del representante legal del ecosistema permite la interposición de acciones para la defensa de sus derechos, la participación en la planificación territorial y la supervisión del cumplimiento de medidas correctivas. La ley también prevé mecanismos de control y rendición de cuentas, garantizando que las decisiones adoptadas en nombre del Mar Menor se orienten al interés del ecosistema y no a intereses particulares. Un tercer eje establece competencias compartidas entre la Administración General del Estado, la comunidad autónoma de Murcia y los ayuntamientos implicados, con protocolos claros para la cooperación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos de competencia.

Los promotores arrancarán a partir de ahora un proceso de “divulgación” y recogida de firmas para lo que están trabajando ya con distintas organizaciones ecologistas y conservacionistas. “Queremos que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene, que es algo que va más allá de la política. No nos podemos quedar atrás. En el último Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotar de personalidad jurídica a ecosistemas especialmente sensibles, como el que nosotros tenemos . Queremos que salga adelante entre todos”, señala Terán.

Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

El Congreso se reformará para ser más accesible a los diputados con movilidad reducida. La Mesa ha aprobado de forma telemática la mejora del plan de accesibilidad que, entre otras medidas, incluye la modificación del Hemiciclo para que pueda acceder al atril del orador y de la presidencia sin afectar a la imagen histórica del recinto. El presupuesto aproximado para las obras es de en torno a 3.700.000 euros.

Entre las mejoras que recoge la reforma también está la eliminación de los desniveles para acceder a la zona del público y para “posibilitar la estancia y actividad” de personas con movilidad reducida en la tribuna de Presidencia. Se desmontará esa tribuna pero conservando “sus elementos ornamentales que le dan su característica imagen” y después se volverá a montar con “pequeñas variaciones de dimensión, posición y niveles”, pero sin afectar a la “imagen histórica” que tiene. Se incorporarán los elementos “mecánicos ocultos necesarios para asegurar la accesibilidad” a todos sus lugares y posibilitar el uso en igualdad de condiciones de todas las personas.

También se instalará un sistema mecánico delante del atril del orador para poder regular la altura del ponente. En la bancada de los diputados se dotará de espacios reservados en última fila de escaños. También se adaptará el tramo central de la bancada azul (la zona donde se sienta el Gobierno) para permitir la ubicación integrada de personas con movilidad.

En su tiempo como diputado, Echenique no pudo sentarse junto a su grupo parlamentario ni acceder a la tribuna de oradores. Se ubicaba en su silla de ruedas delante de la bancada del Gobierno.