La alcaldesa de Sigüenza y actual diputada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, María Jesús Merino, será quien finalmente encabece la candidatura del PSOE por Guadalajara al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desplaza así a Rafael Esteban, alcalde de Marchamalo, que había sido propuesto por el Comité Provincial de los socialistas en esta provincia el pasado miércoles. Ha sido senador hasta la disolución de las Cortes Generales y ahora, el Comité Federal de Listas ha decidido que debe seguir encabezando la candidatura del Senado en Guadalajara, según avanza Europa Press.

Esta propuesta, que deberá aprobarse mañana sábado en el Comité Federal, deja en tablas la pugna entre Ferraz y el PSOE castellanomanchego por quién tenía que encabezar la lista al Congreso. En las últimas horas se había filtrado el malestar interno ante la posibilidad de Madrid impusiera a Daniel Jiménez, exconcejal en el Ayuntamiento de Guadalajara y asesor de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, una de las personas de confianza de Pedro Sánchez en su trayectoria al frente del partido y del Gobierno de España.

Finalmente, no será el candidato oficialista del PSOE de Page, Rafael Esteban, quien ocupe el número 1, pero tampoco Daniel Jiménez. María Jesús Merino había sido designada por el PSOE de Guadalajara para liderar la candidatura al Senado.

Ahora, la candidatura al Congreso, tras María Jesús Merino, quedará compuesta por Miguel Óscar Aparicio --actual regidor azudense-- y por Margarita Morera, regidora de La Yunta y diputada provincial.

La lista para el Senado, tras Rafael Esteban, está compuesta por Mercedes Gómez --anterior subdelegada de Gobierno de España en Guadalajara-- y por Daniel Jiménez Díaz, exconcejal del Ayuntamiento de Guadalajara y actual director adjunto del Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Teruel Existe y Aragón Existe han presentado este viernes, ante la Junta Electoral Central, la Coalición Existe, formada por ambos partidos, para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según la nota de prensa enviada a los medios de comunicación, “la coalición aragonesa que propuso el pasado viernes el coordinador de Aragón Existe, Valero Aguayos, no ha tenido la suficiente respuesta como para constituirse”, por lo que Teruel Existe y Aragón Existe concurrirán a las próximas elecciones generales como una coalición “verdaderamente del territorio, sin amos en Madrid y en Barcelona”.

“La coalición Existe va a defender a ultranza los servicios públicos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y todo el territorio aragonés y que se corrijan los agravios históricos en infraestructuras y financiación”, han subrayado fuentes de la formación.

En cuanto a los candidatos que encabezarán las listas, todavía no están designados, ya que saldrán de un proceso de primarias.

Por su parte, Chunta Aragonesista anunció ayer la presentación de su candidatura junto a IU Aragón, Movimiento Sumar Aragón, Recortes Cero y el Partido Verde, bajo la denominación Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón. Aunque el líder de la formación aragonesista, Jorge Pueyo, que comunicó el acuerdo en redes sociales a últimas horas de este pasado jueves, aseguró que seguían negociando con Podemos, el tiempo corre sin ningún avance.

También el PSOE de Aragón, que dio a conocer ayer sus candidatos a las dos cámaras por Zaragoza, Huesca y Teruel, está abierto a acuerdos y anunció que de haber coalición, reservarían los segundos puestos de sus listas al Senado para incluir representantes de otras formaciones.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, será la cabeza de lista del PSN al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE ha aprobado las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado, que deberán ser refrendadas por el Comité Federal del PSOE que se celebrará este sábado en Madrid.

A Saiz le acompañará como número dos en la lista Juan Cruz Cigudosa, actual secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y exconsejero del Gobierno de Navarra. Completan la candidatura Nuria Medina, Guzmán García y Esther Villanueva. En las elecciones generales del 2023, el PSN fue la fuerza más votada por la división del voto de la derecha y logró dos escaños. El candidato ese año fue el exdirigente imputado por corrupción Santos Cerdán. En las elecciones del 29 de noviembre UPN y PP sí que concurrirán.

En cuanto a la plancha del Senado, estará encabezada por el secretario de política municipal y alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, seguido por la actual diputada, Adriana Maldonado, y el director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez.

En un comunicado, la secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha calificado como “fundamental” la próxima cita electoral porque, según ha destacado, “no sólo se decide el futuro de España, también es decisiva para el avance y la prosperidad de Navarra”.

“No es lo mismo que Pedro Sánchez esté al frente del Gobierno de España, que mira por los intereses de nuestra comunidad, que fomenta nuestro autogobierno y respeta nuestra identidad; a toparse con políticas de recortes y libertades que no respeten nuestra pluralidad ni nuestros derechos históricos del PP y Vox”, ha asegurado Iso. “Nos jugamos qué modelo de sociedad elegimos para el futuro. El socialista, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y que apuesta por seguir avanzando en derechos y libertades, o el de los recortes y el sálvese quien pueda de UPN, PP y Vox”, ha subrayado.

Un juzgado de Madrid investiga si hubo un delito de lesiones en el incidente protagonizado en el Congreso cuando la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibió un spray de pimienta que después fue vaciado en un baño por uno de sus colaboradores. El magistrado, tras recibir una denuncia de tres afectados, ha abierto diligencias por un posible delito de lesiones pero en los próximos días solicitará a los denunciantes que aporten los partes de intervención médica que acrediten cómo les afectó el incidente.

La diputada del Partido Popular por Ourense, miembro de la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo y portavoz de la formación en la Comisión de Interior, exhibió el spray de pimienta el pasado mes de septiembre durante una sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso. Vázquez mostró el objeto durante su intervención mientras aseguraba que era algo que las niñas de Ceuta tenían que llevar encima para hacer frente a agresiones sexuales y poco después varias personas tuvieron que ser atendidas por síntomas compatibles por haber sido expuestas al spray corrosivo.

El PP terminó reconociendo, tras varias versiones, que un trabajador del partido había recibido el bote de manos de Vázquez y había terminado de vaciarlo en varios baños del Congreso, donde varias personas –entre ellos miembros de una delegación de Mauritania– había sufrido los efectos del spray.

Vázquez no será sancionada por el incidente ya que, al haber quedado disueltas las Cortes por la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre, la Mesa no puede afrontar la votación. Pero tal y como ha adelantado esta mañana OkDiario, un juzgado de la Plaza de Castilla ha recibido una denuncia de tres afectados y ha abierto diligencias por un posible delito de lesiones, aunque por el momento no ha llamado a nadie a declarar. Su próximo movimiento, según apuntan fuentes jurídicas, será exigir a los denunciantes que aporten los partes médicos que acreditan esas supuestas lesiones.

El Comité Provincial del PSOE de Sevilla ha aprobado este miércoles por unanimidad la candidatura del partido a las Cortes Generales que concurrirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre, que deberán ratificarse en el Comité Federal del sábado. Según ha confirmado el partido, el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, será el número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, liderará la papeleta para el Senado.

En la lista del Congreso, la diputada Carmen Castilla sube al puesto número dos, mientras que el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ocupa el tercer puesto de la lista. Completan la candidatura Trinidad Argota, José María Villalobos, Carmen Dolores Velasco, David Pérez Hormigo, Inmaculada Márquez Montes, Casimiro Fernández Linares, Ángela Roldán Bonilla, Miguel Ángel Melero Vargas y Lydia Gómez Torrecillas.

Por su parte, Antonio Gutiérrez Limones y Eva Patricia Bueno repiten en la lista del Senado en la que no se encuentra el candidato a alcalde de Sevilla en las próximas elecciones municipales, Antonio Muñoz.

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el partido “sale a ganar las elecciones generales con un equipo solvente y con mucha experiencia”. El dirigente provincial socialista ha afirmado que estos comicios son “una cita clave en la que los españoles nos jugamos el futuro” y se ha mostrado convencido de que el PSOE “abrirá otra etapa de progreso en nuestro país bajo el liderazgo de Pedro Sánchez”.

No ha habido sorpresas en el PSOE riojano. Y es que el Comité Regional celebrado este miércoles ha acordado, con el respaldo de más del 90 por ciento, que la calagurritana Elisa Garrido encabece la lista al Congreso de los Diputados. La expresidenta riojana Concha Andreu será la propuesta para el Senado.

Tras la aprobación de las listas, estas se remitirán al Comité Federal (que se celebrará este sábado) para su aprobación definitiva. Así, Elisa Garrido repetirá como número uno al Congreso. Acompañarán a Garrido, Raúl Díaz en el puesto número dos, Emilia Fernández en el número tres y Félix Alonso en el cuatro.

Por lo que respecta al Senado, Concha Andreu ocupará de nuevo el primer puesto de la lista, con Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda de Iregua, de dos y Lydia Ascacíbar de tres. El PSOE de La Rioja afronta este proceso electoral con la maquinaria perfectamente engrasada. “Unos comicios en los que nos jugamos continuar avanzando en derechos y progreso económico y social, o el retroceso que ofrecen las derechas. Lo que está en juego es democracia frente a involución”, aseguran los socialistas riojanos.

Los resultados del 23J

La situación no cambió mucho en las últimas elecciones generales con dos diputados del PP y dos diputados del PSOE. En las filas socialistas, con dos diputados, los elegidos fueron la exalcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido. Garrido ya era miembro de la Comisión Ejecutiva federal del partido socialista y se estrenaba en la política nacional. El segundo diputado socialista, Raúl Díaz, que ya fue senador autonómico, además del portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja.

En el Partido Popular se mantuvieron los mismos nombres: Cuca Gamarra y Javier Merino, diputado nacional esta legislatura y exconcejal del Ayuntamiento de Logroño durante la Alcaldía de Gamarra.

Era abril de 2019 cuando en el pleno de San Millán de la Cogolla aprobaba la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Una norma que supuso la mayor actualización del estatuto desde su aprobación y que todavía sigue bloqueada en la fase de tramitación ante las Cortes Generales en Madrid. Con estas recién disueltas por la convocatoria de elecciones anticipadas, termina una legislatura en la que no se ha dado ningún paso hacia su aprobación.

La disolución de las cortes generales provoca que todas las leyes en tramitación caducan, por lo que tendrían que volver a presentarse en la próxima legislatura. No ocurre lo mismo con las iniciativas legislativas populares ni con las proposiciones de ley que remiten los parlamentos autonómicos, que habitualmente son estatutos, como en el caso de La Rioja. Estas proposiciones de ley, que se tratan por orden de presentación el primer martes de cada mes que hay pleno, se quedan en estado latente pendientes de la formación de un nuevo parlamento nacional para continuar el trámite.

No obstante, no es una cuestión de tiempo porque a la reforma del Estatuto de Autonomía riojano ya le hubiera tocado llegar al Congreso de los Diputados y de hecho asuntos de otras autonomías presentados más tarde, la han adelantado. Sin embargo, la Cámara Baja solicitó formalmente al Parlamento de La Rioja la designación de una delegación de hasta un máximo de tres diputados autonómicos, tal y como recoge el artículo 87.2 de la Constitución, para defender la reforma en el pleno de admisión a trámite y hasta el momento la presidenta no la ha designado.

Desde el Parlamento justifican que “se están intentando que puedan tomar parte los grupos representados en el arco parlamentario para favorecer el máximo consenso”. Es decir, el Parlamento de La Rioja quiere que en esa delegación haya un representante de cada uno de los cuatro partidos políticos que forman ahora la cámara autonómica a pesar de que la Constitución recoge que deben ser máximo tres y que el objetivo de la delegación es defender la reforma ante el Congreso, algo sobre lo que Vox (uno de esos cuatro grupos políticos) ya votó en contra en 2021.

En 2019, sin embargo, sí se designó esa delegación, que compusieron entonces Jesús Ángel Garrido por el PP, Raúl Díal por el PSOE y Pablo Baena por Ciudadanos, que defendieron la reforma en un pleno que la convocatoria de elecciones anticipadas y la pandemia retrasaron a 2021. Entonces fue tomada en consideración con 262 votos a favor, 23 abstenciones y los 52 votos de Vox en contra.

Tras este pleno, comienza el trámite en el Congreso que contempla la presentación de en enmiendas, la ponencia e incluso podría volver a remitirse al Parlamento regional para la subsación de errores. Entonces, en 2021, se llegaron a registrar 39 enmiendas pero en mayo de 2023 concluyó la legislatura y el proceso tuvo que reiniciarse de nuevo, pero en esta legislatura no se ha avanzado.

Ante esta situación, la reforma del estatuto de autonomía sigue encallada. En la refoma destacaban aspectos como la supresión de los aforamientos políticos, la capacidad legislativa de urgencia a traveés de Decretos-Leyes y la defensa explícita del tejido socioeconómico riojano frente al efecto frontera con las comunidades vecinas con regímenes fiscales especiales. Más de siete años después de aprobarse por unanimidad de los cuatro grupos políticos que conformaban entonces el Parlamento de La Rioja, termina una legislatura sin que ese mismo órgano de pasos hacia delante para su aprobación.

Las listas del PSOE y del Frente Amplio (que, por el momento, incluye a Más Madrid, Izquierda Unida, los Comuns y Movimiento Sumar) en las elecciones generales del 29 de noviembre estarán llenas de ministros, pero también hay algunos que han optado por no sumarse a las candidaturas para centrarse en la futura tanda de elecciones autonómicas en 2027. Entre los primeros está el titular de Justicia, Félix Bolaños, que irá por Madrid; y entre los segundos, Óscar López o Ángel Víctor Torres, que competirán directamente en las autonómicas.

Qué miembros del Gobierno concurrirán a las elecciones:

Incógnitas sobre los puestos:

Qué ministros no están presentes en las listas:

Las candidaturas del PSOE se someterán a la ratificación de su Comité Federal este sábado 17 de octubre. Ese mismo día, el Frente Amplio presentará oficialmente su proyecto electoral, aunque todavía quedan por definir los nombres que integrarán sus listas en las distintas circunscripciones.

Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro

Maricarmen Abascal

Este título, que parece un mensaje cifrado, contiene las claves de los grandes alzamientos populares producidos a nivel estatal en los últimos 15 años. El 15-M hace referencia al 15 de marzo de 2011, cuando se reclama una auténtica democracia con la consigna “No nos representan”. El 15-E viene del 15 de enero de 2018, fecha del inicio de las concentraciones de pensionistas contra la congelación encubierta del 0,25% . El 26-S corresponde al reciente 26 de septiembre, que marca el estallido contra la especulación inmobiliaria, reclamando el derecho a una vivienda digna con una consigna inequívoca: “O cae el rentismo, o cae el gobierno”.  

Estas experiencias difieren del movimiento Anti-OTAN, consolidado el 20 de enero de 1981 en la marcha a Torrejón con la consigna “OTAN no, bases fuera”. Siendo una rebelión social, lo formaba una convergencia de organizaciones que ya existían, incluyendo sindicatos y partidos. Aunque de esa campaña surge IU, lo mismo que Podemos nace del 15-M, no posee los elementos esenciales que caracterizan a los movimientos autónomos: nueva estructura y carácter apartidista.            

Esos tres acontecimientos con reivindicaciones diferenciadas tienen aspectos comunes. Los tres activan potentes movimientos sociales, alcanzando una incidencia política tan notable, que cabe plantear la siguiente hipótesis: las grandes movilizaciones que reclaman transformaciones políticas y sociales están surgiendo de iniciativas ciudadanas promovidas desde fuera de las instituciones y al margen de los partidos políticos de izquierdas. Analizaremos esta proposición utilizando dos variables: la vulnerabilidad del sector de pensionistas afectado por la problemática de los alquileres y la impotencia de la izquierda para impulsar movilizaciones de masas.

El 15-M es un estallido de indignación. Aplicando el modelo asambleario, tomando decisiones por consenso, se fomenta desde la Puerta del Sol de Madrid y otras ciudades una nueva cultura política, más honesta, democrática y participativa. Sin declararse antisistema, posibilita desmantelar el bipartidismo, al consolidarse Ciudadanos en la derecha y surgir Podemos por la izquierda. La juventud entra en las instituciones, dejando de ser la política una actividad elitista. Pone en evidencia la rapiña de la banca, las consecuencias de la crisis económica, el empleo precario y las desigualdades sociales. Fortalece el feminismo y el ecologismo, inspira victoriosas plataformas municipales. Cooperando con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la problemática de la vivienda, contribuye a sembrar el embrión del actual 26-S. 

El 15-E da origen a las plataformas de pensionistas que surgen el mismo día en numerosos municipios. Las redes sociales, que parecían un instrumento de comunicación exclusivo de la juventud, transmiten de forma anónima y espontánea un rotundo mensaje: “El próximo lunes, día 15, a las 12.00 horas, en la puerta de todos los ayuntamientos de España, manifestación popular de pensionistas. No al 0,25% de la miserable subida de las pensiones”. Las movilizaciones fueron tan multitudinarias que ese mismo año las pensiones se volvieron a revalorizar con el IPC. Las consignas que se gritaban en las manifestaciones tenían un inequívoco alcance político: “Ni un día más de gobierno del PP”, Rajoy dimisión“. El movimiento de pensionistas contribuyó al éxito de la moción de censura que el 1 de junio de 2018 llevó a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. 

El 26-S está en plena efervescencia. Amparándose en la alarma social que provoca el angustioso desahucio de Maricarmen Abascal, el Sindicato de Inquilinas proclama consignas como: “La vivienda es un derecho, no un negocio”, “Casas para vivir, no para invertir”, “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”. Logrando movilizaciones multitudinarias, altera la agenda del Gobierno con el decreto Maricarmen, arrastra y une a la izquierda alternativa, pone en evidencia el carácter reaccionario de las derechas, se convierte en fenómeno social transversal. Tras caer los dos decretos presentados por el Gobierno en el Parlamento, lanza la consigna “Hacia la huelga general” y como remate precipita un adelanto electoral. La diferencia con el 15-M es evidente: en el 2011 se reclamaba un cambio político y cultural, 15 años después el 26-S organiza y dirige la lucha por el derecho a la vivienda.

La vivienda, problema en la juventud, tragedia en la vejez

En la actualidad la principal preocupación social es la vivienda, por encima de la precariedad laboral y el paro. Son problemas interdependientes que afectan sobre todo a la juventud. La vivienda en alquiler es un gran factor de vulnerabilidad que castiga a diversos grupos sociales: jóvenes pobres, personas en exclusión social, hogares monomarentales, familias desestructuradas, migrantes, trabajadores precarios, personas mayores con pensiones bajas. Dado que las movilizaciones del 26-S tienen como detonador el dramático desahucio de una mujer de 87 años, prestaremos atención a ese colectivo, que vive sin la esperanza de poder mejorar sus ingresos para afrontar la escalada de los precios de los alquileres.

Esa lamentable realidad choca con los datos sobre viviendas en propiedad. Según el IMSERSO, el 89 % de las personas mayores de 65 años tiene casa propia, frente al 21 % en menores de 30 años. Son cifras similares a las del Banco de España: el 85% de las personas mayores de 65 años son dueñas de su vivienda habitual, en jóvenes menores de 35 años baja al 31%. Tal constatación tiene una vertiente opuesta: la tasa de pobreza de mayores de 65 años es el 19%. El alcance de ese dato está en el informe publicado por elDiario.es el 29 de septiembre:

Cerca de tres millones de personas pagan un alquiler superior al 30% de sus ingresos, considerado el límite para poder cubrir sus necesidades básicas. El artículo de elDiario.es identifica a la gente que vive en esas condiciones como “inquilinos ahogados”. Aunque gran parte de ese colectivo son inmigrantes, hay 107.000 “ahogados” mayores de 65 años que viven solos. En la misma línea, el 3 de septiembre RTVE aporta datos comparativos sobre subida de los alquileres y mejora de las pensiones: Entre 2016 y 2025, el precio medio del alquiler se disparó casi un 90%. Una evolución que contrasta drásticamente con la revalorización de las pensiones. En el mismo periodo la pensión más habitual creció menos del 30%. Situación calificada como “desahucio invisible”.  

Son casos similares a los de Maricarmen Abascal, pensionista desahuciada en Madrid por exigencia del fondo buitre Urbagestión, con intervención policial y mandato judicial. Este suceso marca el inicio del movimiento del 26-S. Acudiendo al llamamiento del Sindicato de Inquilinas, la juventud se lanza a la calle defendiendo a personas que viven en condiciones de miseria en casas alquiladas. El acuerdo para que Maricarmen volviese a la casa donde vivía desde hace 70 años, imposible de cumplir por su repentina muerte, era un triunfo de la lucha contra el rentismo, logrado por un movimiento social sin intervención directa de partidos políticos ni instituciones. 

Una izquierda atrapada en el laberinto institucional 

La problemática de la vivienda es una epidemia hispana originada en los años 50 del pasado siglo con el éxodo rural a las ciudades industrializadas y la miseria del chabolismo. En los 70 es una de las demandas de las asociaciones vecinales. El año 2006 hay grandes movilizaciones. Con la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008 nace la PAH, dedicada a combatir hipotecas y desahucios. El 15-M mantiene en el 2011 esa bandera, que el Sindicato de Inquilinas coloca en el mástil de las grandes gestas ciudadanas. 

Durante el franquismo los ilegales partidos de izquierdas intervienen en la lucha por una vivienda digna a través de las plataformas vecinales. En el posfranquismo, sobre todo el PSOE, también el PCE, se institucionalizan. El movimiento de vivienda se consolida, siendo plenamente autónomo al llegar el siglo XXI. Plantea demandas en materia de vivienda que los partidos con poder institucional llevan en sus programas electorales, pero no las asumen. La probabilidad de que un partido político defienda demandas sociales es inversamente proporcional a su capacidad de intervención en los asuntos públicos.

Con Unidas Podemos en el primer gobierno de coalición, el año 2023 se aprueba la Ley por el derecho a la vivienda. El Gobierno PSOE-Sumar la desarrolla y en septiembre de 2026 elabora a marchas forzadas dos decretos, uno para aplicar, otro para dejar caer, siendo ambos derogados por las derechas el 2 de octubre. La consecuencia inmediata es que el 29 de noviembre habrá elecciones anticipadas y la Diputación Permanente del Congreso aprueba entretanto el decreto de vivienda con medidas a corto plazo, volviendo a caer los alquileres sin fecha de caducidad. La crisis de la vivienda seguirá sin resolverse, dependiendo su evolución de la correlación de fuerzas del próximo Congreso. 

Desde que organizaciones políticas que se dicen de izquierdas ocupan escaños parlamentarios, las iniciativas dedicadas a dignificar el derecho a la vivienda corresponden a plataformas ciudadanas sin vínculos partidistas. A diferencia de lo que ocurre en la derecha, la izquierda carece de capacidad de movilización. PP y Vox pueden llenar la Plaza de Colón llamando a derribar al gobierno o a rechazar avances en derechos humanos. Tremendo dilema para los partidos que se declaran marxistas, tienen como meta un impreciso socialismo y proclaman como sujeto de transformación social a una clase obrera con amplios sectores sin conciencia de clase. El dilema se intensifica cuando gente con ideología de izquierdas recela de partidos afines, estando dispuesta a secundar llamamientos a la desobediencia civil promovidos por colectivos emergentes. Para descifrar el enigma habrá que analizar la política líquida de Bauman, el populismo de Laclau o tal vez volver al ¿Qué hacer? de Lenin. 

El Sindicato de Inquilinas abre la ventana de oportunidad de Overton. Convirtiendo el desahucio de Maricarmen en causa general, logra presencia política, social y mediática. Agrupando a gente damnificada por el mercado del alquiler, levanta un poder colectivo que desconcierta a un gobierno débil, obligado a asumir las políticas públicas del decreto Maricarmen. Ejerciendo de contrapoder frente al rentismo especulativo, actuando como auténtico sindicato de clase, aspira a desmercantilizar la vivienda. El 5 de octubre el Sindicato de Inquilinas anuncia la convocatoria de una huelga general que se celebrará el 11 de noviembre, contando con la participación de todos los sindicatos del país, tanto estatales como nacionalistas. 

Las acampadas no se paralizan, pese a las incursiones de bandas fascistas. La lucha se intensifica, preparando la huelga general. Además toca intentar evitar el abstencionismo de la izquierda social. Sin embargo, las elecciones del 29 de noviembre cogen desprevenida a la izquierda del PSOE. Dado que uno de los éxitos del Sindicato de Inquilinas ha sido lograr que la desarticulada izquierda alternativa apoyase el decreto Maricarmen, deberían prosperar los intentos de confluencia. Tarea compleja, estando a punto de cerrar las listas hay dos opciones: Irene Montero (Podemos) con Rufián (ERC) por un lado, el Frente Amplio, que sustituye a Sumar, en el otro.

Los partidos de la izquierda alternativa utilizan la consigna: un pie en las instituciones, otro en la calle, para explicar que su actividad política se desarrolla en ambos terrenos, combinando y alternando la participación en los movimientos sociales con la representación en cargos públicos. En la practica, por diversas razones, la acción se centra en el espacio institucional. Las luchas populares son promovidas por militantes que toman partido sin pertenecer a ningún partido. Se constata en titulares de prensa: Público: “La calle adelanta por la izquierda a los partidos: quién capitalizará la indignación por la vivienda”. Agenda Pública: “Maricarmen le da a la izquierda alternativa la causa que no encontraba”. 'El País': “Vivienda: ¿por qué no en ocho años y sí en ocho días?”. 

El Sindicato de Inquilinas, junto con la Coordinadora Juvenil Socialista, logran algo insólito: una confluencia de fuerzas con partidos, sindicatos y movimientos sociales. Su determinación queda plasmada en las declaraciones del día 5 con motivo de las convocatoria de elecciones anticipadas: “El viernes el Congreso cerró una puerta, y nosotras no pensamos quedarnos delante esperando a que vuelva a abrirla, porque si algo hemos aprendido estos días es que la política no termina allí donde fracasan los políticos. En muchos momentos de nuestra historia, ha sido exactamente ahí donde ha empezado: ahora nos toca construir la fuerza para demostrarlo”. 

Los acontecimientos se precipitan con la muerte de Maricarmen, dos semanas después de su desahucio, sin dejar de estar hospitalizada. Al conocerse la funesta noticia, en plena noche, el dolor y la rabia llevan a la gente acampada en Sol hasta el Congreso, donde entre lamentos y gritos de “Asesinos” se proclama: “Maricarmen tiene que ser la última víctima de este sistema”.

Las direcciones de UPN y PP han alcanzado un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que ya ha sido ratificado por el consejo político de la formación regionalista, el órgano encargado de decidir cuestiones como posibles coaliciones electorales, y que se reunirá este martes por la tarde. UPN encabezará la lista al Congreso y el PP designará al número dos de la lista, que previsiblemente será Sergio Sayas, tránsfuga regionalista que acabó afiliándose al Partido Popular en 2023. En la lista del Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

El acuerdo rego también que los representantes de UPN se integrarán en el Grupo Mixto y tendrán libertad de voto y autonomía para adoptar “el posicionamiento que mejor convenga a los intereses de Navarra”.

Según ha informado UPN, el nombre de la coalición electoral será “Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular” y tendrá como objetivo “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Así, UPN apoyará una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Según explican, ambas formaciones se comprometen “a respetar y blindar el Régimen Foral y mantener el Convenio Económico como el mejor el instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra. De igual forma, manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, en una eventual reforma de la misma”.

En materia de infraestructuras, UPN y el PP han acordado “impulsar y garantizar” la ejecución de las inversiones del Estado “necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra”.

De esta forma UPN y PP retoman una alianza en las generales que comenzó en 1982 y que se rompió en 2023. Ese año, tras la expulsión de los diputados tránsfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que terminaron enrolándose en el PP, UPN decidió romper su histórico acuerdo con ese partido y acudir en solitario a las elecciones. La división del voto de la derecha facilitó una victoria del PSN, que logró dos de los cinco diputados navarros y 92.798 votos. En segundo lugar, quedó EH Bildu y, por detrás, PP y UPN. Todos ellos lograron un escaño. La suma de los votos de UPN y PP por separado alcanzó los 108.247. En el Senado el PSN logró tres representantes y UPN una, María Caballero.

Para evitar una nueva división de voto en la derecha, la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, y el secretario de organización del PP, Miguel Tellado, intensificaron las reuniones en las últimas semanas. Este mismo sábado, Ibarrola estuvo en la sede de la calle Génova ultimando los flecos del acuerdo, que han terminado de sellar este martes. Todavía no se conoce, eso sí, el orden de las listas. En 2019, los dos candidatos de Navarra Suma fueron de UPN y en 2023 los regionalistas exigieron mantener esa condición en un hipotético acuerdo. El PP lo rechazó.

Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso. El ascenso de Vox dificulta que UPN y PP, aunque vaya en coalición, puedan optar a un tercer escaño. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños, que fueron ocupados precisamente por Sayas y Adanero.

El Congreso de los Diputados ha acordado retirar los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas, una batalla que las asociaciones de memoria llevan años reclamando y que finalmente verán cumplida.

La medida ha sido aprobada por la Mesa del Congreso, que tras la convocatoria de elecciones anticipadas y su paso a la Diputación Permanente cambia su composición de nueve a cinco miembros, aunque se mantiene la mayoría progresista. La propuesta había sido registrada por la diputada Esther Gil de Reboleño, de Sumar, y ha contado con el apoyo del PSOE.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) había reclamado esta maniobra en varias ocasiones a lo largo de la legislatura, para dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que recoge aquellos símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La retirada afecta a los retratos pictóricos de quienes presidieron las Cortes durante el franquismo: Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975). Se mantendrá, pese al criterio de la ARMH, el de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente interino del Gobierno tras el asesinato de Luis Carrero Blanco que presidió las Cortes entre 1975 y junio de 1977, ya en la Transición.

Homenaje a las víctimas del franquismo

Gil de Reboleño subraya como motivo para el registro de la propuesta el homenaje a las víctimas del franquismo, que tendrá lugar el 31 de octubre. También, a raíz de la reordenación de la galería de la primera planta del Palacio del Congreso de los Diputados —donde se encuentra la Galería de Presidentes— para “dar mayor visibilidad a la obra de Los Comuneros de Castilla”

El escrito que remitió la ARMH a la Cámara Baja en septiembre de 2025 denunciaba que los cuadros “se encuentren públicamente reconocidos los que llegaron a ese puesto beneficiándose de la enorme violencia de la dictadura franquista y su falta de libertades democráticas”.

Desde esa fecha y hasta ahora, los presidentes de las Cortes franquistas compartían la galería de políticos ilustres con Clara Campoamor, a quien “obligaron a morir en el exilio”, en palabras del presidente de la asociación, Emilio Silva, que agregó entonces que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, afirmó.

La Ley de Memoria Democrática, en su artículo 35, establece que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. “Carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”, añade.

La diputada del PP Ana Vázquez no será sancionada por el Congreso de los Diputados por haber introducido al hemiciclo un spray de gas pimienta, un instrumento reconocido por la ley como un arma. La Mesa de la Cámara acordó este martes el sobreseimiento de su expediente, y lo hizo obligada por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La disolución de las Cortes fruto de esta convocatoria hace imposible que el pleno del Congreso vote —como establece el reglamento— la imposición de una sanción a Vázquez, pese a que mantiene su condición de diputada como vocal suplente de la Diputación Permanente, el órgano que mantiene en marcha la Cámara Baja en periodo electoral.

Según figura en el escrito aprobado este martes por la Mesa, “la disolución anticipada del Congreso impide someter la suspensión de la diputada al pleno”. El artículo 101.2 del reglamento de la Cámara Baja prohíbe “portar armas dentro del recinto parlamentario”, como Vázquez hizo hace unas semanas. Pero también establece que el castigo para quienes incurran en dicha conducta es “la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada”, y que este tan solo podrá “acordarse por el pleno de la Cámara”, que ahora no puede reunirse porque todos los diputados —a excepción de los que forman parte de la Diputación Permanente— han perdido su condición de tales tras la convocatoria de elecciones.

En cualquier caso, la Mesa —en la que PSOE y Sumar cuentan con mayoría— dejó claro en su escrito de este martes que, “si hubiera sido posible, se hubiera elevado la propuesta de someter a la señora Ana Belén Vázquez de su condición de diputada durante una semana”. “Para evitar que esta suspensión hubiera afectado a los derechos de las personas a las que representa, se habría propuesto hacer coincidir esta suspensión con la primera semana de noviembre, de modo que, al no haberse celebrado ninguna sesión plenaria, no se habría visto privada de la posibilidad de ejercer el derecho de participar en las votaciones”, explica el documento.

Pese a todo, el órgano de gobierno del Congreso quiso hacer constar que “los incidentes que tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de septiembre son de una indudable gravedad”. “La introducción de armas en el recinto parlamentario se encuentra completa e incondicionalmente prohibida por el reglamento”, y “se trata de un límite que ningún otro diputado o diputada había superado en este período constitucional”, denuncia la Mesa, que insiste en que “las personas responsables no deben confundir la imposibilidad de imponer una sanción a causa de la disolución anticipada del Congreso con una condonación de su conducta”.

Aunque no pueda sancionarla, el órgano considera a Vázquez “políticamente responsable de una infracción grave del reglamento” al haber introducido “en el recinto parlamentario un arma que afectó a decenas de personas, una de ellas con una baja médica, obligó a desalojar dependencias en tres edificios distintos y causó daños económicos considerables”. “Su comportamiento en el hemiciclo, su decisión de exhibir durante horas un espray de gas pimienta en el recinto de la Cámara y su intento de descargar la responsabilidad en un subordinado son conductas que la Mesa de la Diputación Permanente considera reprobables y dañinas para las Cortes Generales”, zanja el escrito.

Vázquez compara el espray con llevar unas tijeras

Por su parte, Vázquez presentó la semana pasada un escrito de alegaciones ante la Mesa (al que ha accedido elDiario.es) asegurando que las afirmaciones que se han “vertido” contra ella “carecen de todo sustento fáctico y jurídico”, y acusando al Congreso de haber puesto en marcha un procedimiento sancionador contra “con el único propósito de menoscabar” su “honor, reputación e integridad moral, que deben quedar de nuevo intactos”. La diputada insiste en el argumento con el que trató de defenderse durante el día en el que exhibió el espray de gas pimienta en el Congreso: que no es un arma, a pesar de que ella misma reconoce en las alegaciones que aparece recogido como tal en el artículo 5 del Reglamento de Armas.

“La ubicación sistemática del producto en un reglamento sectorial, y más aún cuando se mencionapara excluirlo de la regulación de prohibición general, no basta para transformar en 'arma', a efectos de un tipo sancionador autónomo, todo objeto allí regulado”, espeta Vázquez en sus alegaciones, en las que se queja de que “la interpretación” de la Mesa “convierte en arma cualquier objeto concebido para defenderse o, simplemente, potencialmente lesivo”. Llevando al extremo dicha interpretación, sostiene la diputada, “podría llegarse a la conclusión de que porta armas el diputado que entre en el recinto parlamentario con simples objetos de oficina, como unas tijeras”.

Por otra parte, Vázquez recuerda que no fue ella quien vació el espray de gas pimienta en un baño del Congreso, sino un trabajador del PP, tras entregárselo ella misma. “No existe, por tanto, prueba directa de que la señora diputada accionara el aerosol en ninguno de esos lugares, ni se identifica orden, instrucción, concierto previo o aportación causal consciente que permita imputarle el comportamiento de un tercero”, argumenta el documento de alegaciones, que sostiene que “la mera entrega de un objeto, aun si se entendiera acreditado que era el mismo aerosol, no demuestra por sí sola que conociera o aceptara su ulterior utilización”.

Isabel 'Bel' Pozueta (Alsasua, 1965) no será la candidata de EH Bildu por Navarra en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y dejará así el Congreso de los Diputados tras dos legislaturas, tal y como ha confirmado ella misma en una carta difundida por la coalición abertzale.

El anuncio de su renuncia a liderar la plancha de EH Bildu por Navarra se produce pocos días después de que su compañera de tribuna Mertxe Aizpurua también anunciase que deja el Congreso. Por el momento solo Oskar Matute, quien ha asumido la portavocía esta legislatura, ha confirmado que sí será candidato una vez más.

Pozueta fue la principal portavoz de Altsasu Gurasoak, la plataforma que englobó a los familiares de los condenados en el denominado 'caso Alsasua' por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. En la carta explica que tras ello EH Bildu le ofreció encabezar la lista al Congreso en las generales de abril de 2019. “A falta de unos cientos de votos no salí elegida”, explica. Pero tras la repetición electoral, en noviembre de ese mismo año sí que logró un escaño en el Congreso, que reeditó en 2023.

“Hoy llega el momento de dar un paso importante para mi dentro de este proyecto común, se trata de pasar el testigo a una persona que refrendará en Madrid los intereses de esa Navarra a la que defendemos. La responsabilidad política exige energía vital y compromiso, y confieso que mi salud ha mermado la energía necesaria, no así el compromiso con el que me despido”, relata.

Pozueta continúa la misiva explicando que deja también la política institucional para “trabajar en otros ámbitos” y deseando “surte” a la persona que lidere la candidatura de EH Bildu al Congreso por Navarra.

EH Bildu concretará en los próximos días su propuesta de listas, aunque en el Senado ya ha trascendido que concurrirá en coalición con ERC. Después, las bases podrán ratificar las planchas. EH Bildu tiene seis escaños en el Congreso y cinco en el Senado, cuatro electos y uno por designación autonómica.

Beatriz Jiménez no volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La actual diputada nacional y presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha anunciado este lunes su decisión de dar por concluida su etapa en la Cámara Baja para concentrar sus esfuerzos en las elecciones municipales de mayo de 2027, con el objetivo de convertirse en la primera mujer alcaldesa de la ciudad.

La dirigente popular ha comunicado públicamente su decisión a través de su cuenta en la red social X, donde ha confirmado que ya ha trasladado sus intenciones al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Mi único objetivo es recuperar la Alcaldía de Cuenca con el PP y convertirme en la primera mujer al frente de nuestra ciudad. ¡A por todas!”, ha escrito Jiménez.

De esta manera, la política conquense despeja una de las incógnitas que rodeaban la confección de las listas electorales del Partido Popular por Cuenca. Precisamente, hace unos días, el presidente provincial de la formación, José Martín-Buro, había evitado aclarar si Jiménez volvería a concurrir a las generales o si, por el contrario, se centraría exclusivamente en su candidatura municipal. En aquel momento, se limitó a destacar que era una “persona clave” dentro de los proyectos del partido a nivel provincial y nacional.

La decisión supone, por tanto, que Jiménez no repetirá como cabeza de lista al Congreso, responsabilidad que asumió por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 2019 y que revalidó en los comicios de julio de 2023.

El anuncio realizado este lunes está en consonancia con las intenciones que la propia Jiménez trasladó a 'Las Noticias de Cuenca' durante el reportaje que este periódico publicó el pasado mes de diciembre, después de acompañar a los diputados conquenses en una jornada de trabajo en el Congreso.

Durante aquella visita, en la que nos abrió las puertas de su despacho, situado en la quinta planta del edificio Ampliación II, la dirigente popular ya dejaba claro que sus aspiraciones políticas estaban centradas en el Ayuntamiento de Cuenca. “Lo próximo que voy a ser es alcaldesa de Cuenca”, aseguró entonces, convencida de que iba a hacer historia “porque seré la primera mujer en dirigir la ciudad”.

En aquella conversación también recordó cómo había llegado al Congreso en 2019, después de varios años alejada de la primera línea política. Tras ejercer como diputada regional entre 2011 y 2015, decidió centrarse en su vida personal y profesional, se presentó a unas oposiciones y consiguió plaza como docente en Andalucía.

Era una oportunidad enorme, pero también un sacrificio

Sin embargo, el reencuentro con antiguos compañeros durante un acto despertó nuevamente su interés por la política. Aquella misma noche recibió la llamada para encabezar la candidatura popular al Congreso por Cuenca. Su primera respuesta fue negativa, aunque finalmente aceptó después de hablarlo con su marido.

“Era una oportunidad enorme, pero también un sacrificio”, explicó durante aquella entrevista, en la que recordó la emoción de su primera entrada al Palacio del Congreso y el impacto que le produjo contemplar los leones y la puerta principal del edificio.

Desde entonces ha desarrollado su actividad parlamentaria como parte de la oposición, participando en distintas comisiones e impulsando iniciativas relacionadas con la provincia de Cuenca, entre ellas cuestiones vinculadas al ferrocarril convencional y la gratuidad del aparcamiento de la estación de alta velocidad Fernando Zóbel.

Con esta decisión, Jiménez concentra ahora su actividad política en Cuenca, donde volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía en las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027.

Precampaña 'Cuenca con zapatillas'

La dirigente popular ya ha comenzado a preparar esa cita electoral. De hecho, la pasada semana puso en marcha su precampaña bajo el lema 'Cuenca con zapatillas', con una propuesta basada en el contacto directo con los vecinos y la recogida de sus principales preocupaciones.

Su candidatura cuenta con el respaldo de la dirección nacional y regional del Partido Popular. El pasado mes de julio, Alberto Núñez Feijóo la presentó en Santiago de Compostela junto al resto de candidatos populares a las alcaldías de las capitales de provincia, mientras que el presidente provincial, José Martín-Buro, reiteró el apoyo de la organización a su proyecto municipal.

La renuncia a encabezar nuevamente la lista al Congreso abre ahora el proceso para determinar quién ocupará el primer puesto de la candidatura popular por Cuenca el próximo 29 de noviembre, asunto que debe quedar zanjado antes del viernes 16 de octubre.

Emiliano García-Page siempre se ha mostrado contrario al nuevo modelo de financiación autonómia que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso tampoco quiere que, una vez convocadas las elecciones generales para el 29 de noviembre y con las Cortes disueltas, esta propuesta pueda votarse en la Diputación Permanente.

Concretamente, el presidente de Castilla-La Mancha, durante su presencia en los actos por el Día de la Fiesta Nacional de España en Madrid, ha confiado en que no sea así, porque, en caso contrario, sería “un atraco y un hachazo directo al principio de igualdad”.

“Creo que sería lo más contraproducente, incluso para los mensajes de campaña”, ha considerado, al tiempo que ha afirmado que “a estas alturas yo creo que resulta evidente que algo que destroza la igualdad entre los españoles no lo puede defender alguien que se considere de izquierdas”. “No es el mejor momento y para esta finaciación, no hay momento bueno”, ha resaltado.

“Los únicos que estamos celebrando los 50 años de la Transición”

Page ha asegurado que su mayor deseo, “ya que somos los únicos que estamos celebrando el 50 aniversario de la Transición española”, es que dentro de dos años “España celebre a pleno pulmón” el medio siglo de la Constitución Española.

A su juicio, “no ha habido nunca 50 años mejores en la historia de España y compartida además por todos, con problemas sin ellos, pero finalmente la España de hoy es la España con la que soñaron generaciones enteras”, motivo por el cual ha animado a “celebrarlo con optimismo”.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha querido dedicar el Dia de la Fiesta Nacional “de manera muy especial” a Ceuta. “Creo sinceramente que es una forma amable de que Ceuta y Melilla se sientan, no solo españolas, que lo son, sino que se sientan queridas por el pueblo”. En este sentido, ha mostrado su deseo de “dar un abrazo” Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, y ofrecerle todo el apoyo de Castilla-La Mancha.

La abogada Miriam González Durántez ha lanzado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre al frente de Democracia 21, un nuevo partido que se estrenará concurriendo únicamente por las provincias de Madrid y Barcelona

Así lo ha anunciado ella misma en el acto de presentación de su equipo que ha tenido lugar en Madrid, y al que han acudido antiguos miembros de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), como el exdiputado Rafael Calduch o los eurodiputados Fernando Maura y Beatriz Becerra, quien colabora con González Durántez desde 2023 en la plataforma 'España Mejor'.

González, esposa del que fuera viceprimer ministro británico entre 2010 y 2015, el liberal Nick Clegg, también presente en su debut como candidata, ha asegurado que se presenta a las elecciones porque tiene “una deuda monumental que saldar con el país” que permitió a una nieta de agricultores de Olmedo (Valladolid) ir a estudiar a Bélgica con una beca.

A su juicio, la “prioridad número uno” de España es “recuperar la movilidad social”. “Los jóvenes tienen que saber que con su esfuerzo y su trabajo pueden ir a más. Que les vamos a poner el sistema a favor, no en contra”, ha enfatizado.

“Somos muchos los que en este país estamos hartos de votar con la nariz tapada para ver que todos hacen las mismas cosas, aprovechándose del sistema y olvidándose de la gente”, ha asegurado González, quien ha criticado un “sistema que no responde y unos políticos que no están a la altura”.

Según González, este “no es momento de dividir” sino de “unirse, de dejar de lado las diferencias ideológicas y de hacer piña y trabajar por asegurar la democracia y modernizar el país”. “En España no podemos continuar con dos bloques férreos sin nada que favorezca consensos, porque nos vamos cargar entre todos el potencial del país”, ha advertido.

Y, tras recalcar que nadie de Democracia 21 “meterá la mano en la caja” y que tomarán “decisiones valientes aunque sean díficiles”, ha desgranado las líneas generales del que será su programa electoral para el 29 de noviembre.

Para atajar la crisis de vivienda proponen “un plan nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales y que den seguridad jurídica durante diez años”. “Si tenemos jóvenes que están ganando 1.300 euros, el máximo que deberían gastarse en alquiler de vivienda o en vivienda son 350 euros”. Y ha propuesto eliminar todos los impuestos en vivienda para los jóvenes menores de 35 años “mientras eso no ocurra”.

En este punto ha emplazado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir juntos a Bruselas para conseguir que los 10.000 millones de fondos de nueva generación que no se han ejecutado se puedan dedicar a un fondo soberano nacional para vivienda protegida y asequible.

Democracia 21 aboga por “aliviar la presión fiscal” a la vez que se “recuperan unos buenos servicios públicos”, por profesionalizar la administración, primando el “merito y la capacidad”, en todos los nombramientos y acabando “de golpe” con el “90% de los asesores”.

La despolitización de las instituciones es otra de sus propuestas. “Hay que lograr que el Consejo General del Poder Judicial se despolitice, de los políticos y de las asociaciones de jueces que están politizadas; hay que hacer que el Ministerio Fiscal responda al Parlamento, no al presidente de Gobierno y dejarnos de medias tintas sobre la corrupción con juzgados especializados y con todos los medios que haga falta”, ha señalado su candidata.

También plantean eliminar los aforamientos y cortar subvenciones para los partidos políticos y sus fundaciones y forzar a todos los parlamentarios a rendir cuentas y escuchar a sus votantes en sus circunscripciones “al menos una vez cada dos semanas”, siguiendo el modelo británico.

En su programa también incluirán una “puesta a punto de la educación”, con grados más flexibles y más prácticas, la eliminación de trabas para el emprendimiento y una “política sostenible de subidas de salarios”.

Respecto a la inmigración, que contemplan como un “activo y una ventaja competitiva”, González Durántez defiende una política “sensata y con cabeza”. “Tenemos que desterrar los discursos xenófobos, pero decidiendo quién entra, cómo entra, cuándo entra y cuándo sale si tiene que salir”, ha explicado.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla La Mancha y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha adelantado que su formación ha pedido un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para solicitar la retirada de la reforma del Estatuto de las Cortes regionales, que se tramitaba en el Congreso de los Diputados, tras la disolución de esta cámara por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

“El tiempo para llegar a un acuerdo caducaba en esta legislatura. El acuerdo era con el PSOE y con el PP. El acuerdo aquí y el acuerdo allí. Lo traicionó el PP, y lo que no nos podemos arriesgar es que, en unas próximas Cortes generales, manoseen con el Estatuto, con el pacto que hemos hecho aquí en Castilla-La Mancha”, ha indicado en declaraciones a CMM Radio.

El dirigente socialista ha dicho que hay “miedo” a los “pactos ocultos” del presidente del PP regional, Paco Núñez tanto con Miguel Tellado, para poder volver a ser el candidato, ya sea en materia de agua o en derechos sociales, como con Vox.

Según ha dicho, esos posibles acuerdos pueden propiciar una mayoría de PP y Vox en el Congreso. “Vamos a intentar que no sea así, y que termine dándoles la oportunidad de blindar el trasvase del Tajo-Segura en el Estatuto, de recortar las menciones en igualdad, de recortar o de suprimir el Consejo de Diálogo Social”, ha dicho.

PP y Vox ponen el foco en la ampliación de diputados

Tras conocer esta decisión del PSOE, el PP ha asegurado que la causa de que el nuevo Estatuto se “haya malogrado” es del “ansia” del PSOE de tener más diputados.

“Su objetivo -el del PSOE- era aumentar los diputados y ya dijimos que para eso no contase con el PP”, ha asegurado el vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano, a pesar de que el aumento de diputados en las Cortes regionales estaba previsto en el acuerdo que cerraron ambos partidos el año pasado.

Por su parte, Vox ha celebrado la decisión del PSOE y asume que “este paso atrás” es una “victoria política” suya. Al igual que también ha puesto el foco de la reforma estatutaria exclusivamente en el aumento de los diputados.

“En Vox nos alegramos de la retirada de esta reforma innecesaria, partidista y hecha a la medida de los intereses del PSOE. Los castellanomanchegos no necesitan más diputados; necesitan más médicos en sus centros de salud, más policías en sus calles, acceso a la vivienda para los jóvenes y ayudas reales para nuestros agricultores”, ha aseverado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno.

No obstante, más allá del ruido mediático que se ha generado con la ampliación del tamaño del Parlamento de Castilla-La Mancha, la reforma estatutaria contemplaba más modificaciones de un texto que ya tiene 44 años -aunque ha sido reformado tres veces en este tiempo-.

Por ejemplo, el nuevo Estatuto pone al día las competencias adquiridas en los últimos años y se abre a otras nuevas. Una de las más llamativas tiene que ver con el deseo de controlar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

Se habla también del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de las personas inmigrantes, explicitando que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con el Gobierno de España en todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo ha acordado por unanimidad proponer a la secretaria general de la Agrupación y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, como cabeza de lista del PSOE por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. 

En la reunión mantenida este miércoles en la sede socialista se ha puesto de manifiesto la trayectoria política y el compromiso de Milagros Tolón con el Gobierno de Pedro Sánchez, representando de esta forma el mejor perfil para defender como número uno por Toledo el proyecto progresista del PSOE. 

Además del cargo que ostenta actualmente en el Gobierno de España como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón también ha sido alcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, además de formar parte actualmente de la dirección del partido a nivel nacional como secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales de la Ejecutiva Federal. 

También se ha resaltado su sólida y contrastada trayectoria; su experiencia municipal, autonómica y nacional; su capacidad de gestión y su cercanía con la gente. Además, en 2023 fue la candidatura más votada en Toledo y hoy, desde el Gobierno de España, defiende los intereses de nuestra provincia y nuestra región con peso real en el Consejo de Ministros y en la dirección nacional del partido. 

Con todo, la dirección de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo, la más numerosa de la provincia y la segunda de la región, considera que Milagros Tolón reúne las mejores condiciones para encabezar la lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo y así lo ha acordado en la reunión de hoy.

Sergio Gutiérrez lo ve “lógico” pero apela al proceso “interno”

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que es “lógico” que la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quiera encabezar la lista por la provincia de Toledo.

“Sí, es lógico que se proponga por su propia agrupación, de la que ya es secretaria general, y es lógico que los ministros, las ministras en este caso de los gobiernos de España, quieran ir de candidato al Congreso de los Diputados y que quieran encabezar su circunscripción. Entra dentro de lo normal que sea su propia apetencia personal, la de como ministra de encabezar su circunscripción”, ha admitido Gutiérrez.

No obstante, el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos ha precisado que “tiene que haber un procedimiento, que es interno”, en el que tienen que hablar las agrupaciones locales del partido y, entre todos, “hacer una candidatura única”.

El PNV ha iniciado ya este miércoles el proceso para configurar sus listas a las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre. El partido ha tenido que adelantar su calendario ante el adelanto decidido por Pedro Sánchez. En la propuesta, aunque no aparece ordenada, está el nombre de la actual portavoz, Maribel Vaquero, y también sobresale el del exalcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que será cabeza de lista por Álava si las bases lo ratifican.

Es la primera vez en cinco convocatorias que el PNV comparece en las generales sin Aitor Esteban como cabeza de lista. Ahora es el presidente del Euzkadi Buru Batzar y seguirá siendo un gran activo en la campaña. Fuentes del partido indican que Vaquero, su sustituta en el Congreso, continuará con un papel destacado y es la apuesta como cabeza de lista por Gipuzkoa, donde también aparece en la plancha Joseba Agirretxea, otro veterano diputado.

La gran novedad política, en todo caso, es la irrupción de Urtaran, que será el candidato principal por Álava. La dirección del partido lo ha propuesto y pide a las bases que lo apoyen después de que, hace dos años, liderara una corriente crítica. Urtaran fue alcalde de Vitoria de 2015 a 2023, quedó apartado de la candidatura ese año y la crisis interna se produjo en 2024, aunque desde el inicio fue recolocado en el Gobierno foral de Álava y con la cartera con más presupuesto, la de políticas sociales. En todos los sectores consideran a Urtaran un gran activo político. Mikel Legadar, histórico representante alavés de los nacionalistas, se jubila.

Otro exalcalde, el de Donostia, Eneko Goia, está también en la plancha por Gipuzkoa, si bien este periódico no ha podido conocer el papel que se le quiere dar. En la lista de Bizkaia están las diputadas Idoia Sagastizabal y Nerea Renteria, pero también el exalcalde de Getxo, exsenador y alto cargo vizcaíno Imanol Landa, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, el parlamentario y dirigente Jon Andoni Atutxa o el senador Igotz López.

En el caso de las propuestas para el Senado, hay nombres como Nerea Ahedo, María Dolores Etxano o Luke Uribe-Etxebarria, ya con escaño, pero también Elena Lete, parlamentaria, y Saray Zarate, diputada foral alavesa. En todo caso, la portavoz allí será Beatriz Artolazabal, electa por designación autonómica y no sometida al escrutinio de las urnas.

Dice el PNV que ha tenido que iniciar “con carácter de urgencia” el proceso interno, “Por imperativos ajenos a la voluntad del EBB contemplará unos plazos más breves que los habituales y se completará en una asamblea nacional extraordinaria a celebrar el próximo 17 de octubre”, exponen la formación de Esteban. Las bases pueden lanzar otros nombres y colarlos en segunda vuelta, que es donde se configuran las listas definitivas. “La convocatoria de Pedro Sánchez obliga a EAJ-PNV a acortar al máximo los plazos previstos en sus estatutos, pero esto no impide a la formación 'jeltzale' organizar el proceso de tal manera que se respeta la tradicional doble vuelta, que es la que consagra el poder soberano de participación y decisión de todos y cada uno de sus afiliados”, exponen.

Un total de 21 escaños del Congreso volverán a estar en liza en las cinco circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según ha publicado ya el Boletín Oficial del Estado (BOE) no habrá por tanto variaciones respecto a los comicios de julio de 2023 en cuanto a los diputados que se elegirán en esta comunidad autónoma.

En la anterior cita electoral, el PP ganó en número de votos y de escaños en Castilla-La Mancha, consiguiendo un total de diez de estos diputados. El PSOE se hizo con ocho y Vox consiguió por primera vez representación castellanomanchega en la Cámara Baja con tres parlamentarios. La coalición bajo las siglas de Sumar no consiguió representación en esta región.

De cara a las próximas elecciones, en la provincia de Albacete volverán a decidirse cuatro escaños, que actualmente se reparten entre socialistas y ‘populares’: son el exalcalde Albacete, Emilio Sáez, e Isabel Iniesta, por el PSOE, y Carmen Navarro y Antonio Martínez, por el PP.

En la circunscripción electoral de Ciudad Real, el PSOE obtuvo dos diputados: Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, exportavoz del Gobierno y exalcaldesa de Puertollano, y Gonzalo Redondo. Por su parte, el PP consiguió otros dos escaños: el de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido a nivel nacional; y el de Enrique Belda. Vox ganó un escaño en esta provincia para Ricardo Chamorro.

Cuenca, Guadalajara y Toledo

Los ‘populares’ ganaron en la provincia de Cuenca al ganar dos escaños para Beatriz Jiménez y Daniel Pérez; mientras que los socialistas consiguieron solo un diputado, Luis Carlos Sahuquillo.

En la provincia de Guadalajara, los tres escaños se repartieron entre el PSOE, el PP y Vox. Dos exalcaldes de la capital, el socialista Alberto Rojo y el ‘popular’ Antonio Román consiguieron escaño. Ángel López fue el diputado que ganó Vox en esta circunscripción.

Finalmente, en la circunscripción electoral de Toledo, la que tiene más escaños en liza, el PP también ganó con tres escaños para José Manuel Velasco, Pilar Alía y Agustín Conde. El PSOE se hizo con representación para el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez; y para la exalcaldesa de Toledo, exdelegada del Gobierno y actual ministra de Educación, Milagros Tolón. Vox se hizo con un escaño por esta provincia, que ocupa Manuel Mariscal.