El Congreso echa el cierre hasta septiembre y, pese a los profetas del Apocalipsis, a la vuelta del verano la legislatura seguirá adelante. Con más ruido, seguro que con nuevos autos judiciales y con un Gobierno en minoría, pero dispuesto a llegar hasta final de mandato, salvo inesperado cambio de tercio en un Pedro Sánchez que si de algo sabe es de resistencia. Sin Presupuestos, con escasas certezas y con los tribunales marcando el paso, el presidente del Gobierno está decidido a seguir y hacer caso omiso de quienes desde la oposición ven en el verano solo la prórroga de una agonía que acabará en un abrupto final más pronto que tarde.

Sea como fuere, Sánchez encara los últimos meses de una legislatura en la que, con una aritmética parlamentaria que nunca le dio una mayoría cómoda, ha tenido que sudar hasta la última coma de cada iniciativa. Pese a ello, ha sostenido el Estado del Bienestar a golpe de decreto, negociado voto a voto cada convalidación frente a un bloque de derechas –PP, Vox, Junts– dispuesto a tumbar por sistema cualquier proyecto aunque tuviera como propósito aligerar los problemas de los ciudadanos, como ha ocurrido con la prórroga de los contratos de alquiler.

¿Recuerdan? El Gobierno la aprobó por decreto en marzo para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios y la vio caer un mes después por el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que antepusieron sus intereses partidistas, y los de los grandes propietarios, a la protección de cientos de miles de familias. Lejos de rendirse, el Ejecutivo trabaja ya en una versión ampliada, con nuevas garantías para el alquiler de temporada y de habitaciones, y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación.

El mismo patrón explica la caída de otros decretos, como el que buscaba topar los precios de bienes básicos ante situaciones de emergencia como la dana de Valencia o la tragedia de Adamuz. También el de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, que incluía la prórroga de medidas contra la vulnerabilidad social y las ayudas al transporte de viajeros que decayó en enero de 2025, igual que el impuesto temporal a las energéticas.

La otra cara de la moneda es que, pese al bloqueo constante, el Gobierno sí ha logrado convalidar decenas de decretos anticrisis que llegaron a buen puerto, como la revalorización de las pensiones, las medidas para amortiguar el golpe energético de la guerra en Oriente Medio o la de Movilidad Sostenible, la de agentes forestales y bomberos o la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. También han sido aprobadas las leyes para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la que regula los servicios de atención a la clientela, la de la economía social, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la que prohíbe las terapias de conversión, una demanda histórica del movimiento LGTBI que ninguna mayoría de derechas habría sacado adelante.

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, en cumplimiento estricto de un programa que tiene como capítulo único el 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley. Todo en un contexto en el que cada votación parlamentaria se celebra como una victoria de la negociación frente al ruido.

La economía como motor del mandato

Pero si algo desmiente el relato de parálisis que intenta imponer la oposición son los datos económicos, después de que el Gobierno haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6% -muy por encima de la media europea. El mercado laboral es, probablemente, el mayor éxito de esta legislatura, con una afiliación que se mantiene en máximos históricos y un paro registrado que ha bajado de los 2,3 millones de personas, la prueba más evidente de que la reforma laboral de 2022 sigue dando resultados años después de su aprobación, a pesar de los agoreros.

“El hecho de que España lidere el crecimiento entre las grandes economías europeas, en plena inestabilidad parlamentaria, es la mejor demostración de que la gestión económica y la fragmentación política pueden convivir sin que la primera se resienta”, se vanagloria un miembro del equipo económico de Sánchez.

Desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz defienden que en estos últimos tres años “se ha gobernado para quien más lo necesita y dejado un balance concreto, que se puede contar norma por norma: se ha vuelto a subir el salario mínimo, se han ampliado los permisos de crianza para que criar no sea un lujo ni un castigo y ha salido adelante el Estatuto del Artista, la primera gran reforma laboral de la cultura en toda la democracia”. Es más, “cuando la DANA partió el corazón del país en 2024, se legislaron permisos climáticos para que nadie tuviera que elegir entre ir a trabajar o ponerse a salvo”, aseguran desde el gabinete de la vicepresidenta segunda.

Hay además 2 reformas ya aprobadas en Consejo de Ministros que ahora deben recorrer su trámite en el Congreso, que son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualiza treinta años después una norma de 1995 para incorporar la salud mental y los riesgos psicosociales, y el Estatuto del Becario, que ha superado ya su segunda vuelta y busca terminar con la figura del falso becario. Todo mientras las derechas han dejado constancia, añaden los mismos interlocutores, “que están dispuestas a bloquear lo que sea con tal de que nada cambie. Se bloqueó en el Congreso la reducción de jornada, una medida que comparten dos de cada tres españoles, que afecta a 12 millones de trabajadores y que era el avance más importante en la jornada laboral desde los años ochenta”. Lejos de tirar la toalla, Yolanda Díaz redoblará esfuerzos para en septiembre volver a la carga con el registro horario para acabar con las 2,5 millones de horas extras no retribuidos que se trabajan y no se cobran cada semana en nuestro país.

La voz europea más clara contra el genocidio

En el plano exterior, España ha demostrado que se puede ser un socio fiable de la OTAN sin ceder a la lógica del rearme desbocado que reclamaba Donald Trump. Frente al objetivo del 5% del PIB en gasto militar, Sánchez negoció una excepción que “salvaguarda la soberanía española”, en sus propias palabras, cumpliendo con los compromisos reales de capacidades militares —en torno al 2%— y sin embarcarse en una carrera armamentística que hubiera detraído recursos del Estado del Bienestar del entorno de los 5.000 millones de euros.

Pero si hay un terreno en el que el Gobierno de Sánchez ha marcado la diferencia en Europa y ha sido aclamado en el mundo fue por su posición en Gaza. Mientras buena parte de los gobiernos europeos se limitaban a declaraciones tibias, España fue el primer país en consolidar por ley un embargo total de armas a Israel, prohibir el tránsito de buques y aviones con material militar o combustible para sus fuerzas armadas, vetar la importación de productos de los asentamientos ilegales y triplicar la ayuda humanitaria a la población palestina hasta los 150 millones de euros. Algo que, en palabras de sus colaboradores, le ha convertido en “la voz europea más clara y consecuente frente al genocidio, además de en líder moral que la historia probablemente le reconocerá mejor que la política doméstica del día a día”.

El desafío de los Presupuestos

No todo, claro, es motivo de celebración porque, a punto de entrar en el tercer trimestre de 2026, Sánchez llega al final del actual curso político con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez, y no por falta de voluntad, sino porque carece de apoyos para sacarlas adelante. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un imposible la aprobación de los Presupuestos para 2027, aunque ya hayan empezado los trámites para tramitarlos en Consejo de Ministros y, después, enviarlos al Congreso. Un último intento, con más voluntad que posibilidad de aprobación, y que Sánchez presentará sin duda como reclamo de su apuesta por la política social, la vivienda como prioridad y su compromiso de seguir la senda de reducción del déficit y la deuda pública.

Aunque con el presidente del Gobierno, cualquier escenario es posible, si la negociación de las cuentas públicas fracasara, el propio calendario político podría precipitar unas elecciones, algo que no se descarta siquiera en los despachos de La Moncloa, donde hay quien baraja incluso finales de febrero o principio de marzo como posible fecha para las generales. Con Sánchez, todo es posible y también todo pronóstico es susceptible de yerro.

Mientras Sánchez deshoja la margarita sobre cuándo llamar a las urnas, en paralelo avanza la reforma de la financiación autonómica, un empeño del Gobierno progresista, que busca cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de investidura, acabar con un modelo que caducó hace una década e incrementar los recursos de las comunidades con más de 20.000 millones de euros adicionales. Una lluvia de millones que se traduciría en más sanidad, más educación y más dependencia, pero que las comunidades gobernadas por el PP han decidido rechazar por puro cálculo electoral y porque el sistema fue fruto de un acuerdo previo y bilateral con ERC, como lo fueron por cierto todos los modelos anteriores. Que la reforma llegue a buen puerto en lo que resta de legislatura es otro imposible al que se enfrenta Sánchez porque, como dicen los socialistas, “la derecha no parece dispuesta tampoco en esto a anteponer el interés general al puro desgaste del Gobierno”. Tampoco el independentismo.

De hecho, el horizonte judicial de la amnistía volverá a marcar el pulso de la deteriorada relación con Junts, donde están a la espera de que el Tribunal de Cuentas y el Supremo apliquen la norma después de que esta haya pasado el filtro del Tribunal de Luxemburgo, pese haber sido denostada como un supuesto ataque al Estado de Derecho y a la Constitución por el PP y Vox.

La ley ha sido avalada por la Justicia europea tras confirmar que la malversación puede quedar cubierta por el perdón, ya que no afectó a fondos comunitarios. Ahora, el Tribunal Constitucional estudiará a partir de septiembre el recurso de Jordi Turull, primer paso de un proceso que previsiblemente despejará también la situación de Puigdemont, en un ejercicio de aplicación efectiva de lo que Europa ya ha dictado. Hasta que eso no ocurra, los junteros, que ya dieron por rota la colaboración con el Gobierno y por agotada la legislatura, no tienen intención de apoyar nada que venga del Gobierno, si bien hay ministros que confían en que la situación pueda revertirse en los próximos meses y antes de que los Presupuestos se sometan a votación.

El pronóstico de los más optimistas se sostiene en la negativa de Junts a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox –“no estamos aquí para poner y sacar gobiernos”, ha llegado a decir la portavoz parlamentaria, Myriam Nogueras–, lo que confirma que, pese a la ruptura formal con el PSOE, ni el independentismo más beligerante con Sánchez está dispuesto a entregar el Gobierno de España a la derecha y la ultraderecha. Una prueba, asegura un ministro socialista, de que el bloque de la investidura, “con todas sus tensiones, sigue funcionando como cordón sanitario frente a una coalición PP-Vox que la mayoría social sigue sin querer”. Eso sí, los intereses electorales de Junts en Catalunya, el trasvase de votos de su formación a Aliança Catalana y la normalidad institucional que se vive con Salvador Illa en la Generalitat, tampoco son un aliciente para que los de Puigdemont vuelvan a colaborar con el Gobierno de Sánchez. Todo lo contrario.

La judicatura, un actor político

El relato de la actual legislatura y el horizonte que Sánchez tiene por delante no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes.

El caso de Begoña Gómez es el más paradigmático: dos años de instrucción del juez Juan Carlos Peinado, con decisiones —registros anulados o sobreseimiento de otras piezas— que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que corregir en repetidas ocasiones, y que llega ahora a su recta final justo cuando el instructor se jubila forzosamente el 27 de septiembre, después de dictar el auto de juicio oral y decidir que sea un jurado popular quien dicte el veredicto, quizá en plena campaña electoral.

Y, luego, está el llamado caso Leire, la investigación en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE y la ofensiva que la derecha ya ha hecho de ambos antes de que exista un solo hecho probado en sentencia firme mientras no ha dicho una palabra sobre el juicio del caso Kitchen —el espionaje parapolicial ordenado desde el Ministerio del Interior del PP para destruir pruebas de su corrupción y construir otras falsas sobre sus adversarios políticos, que sigue pendiente de sentencia diez años después de haberse producido.

También la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por nueve delitos, ha hecho mella en el Gobierno y en el PSOE. El expresidente no era cualquiera para la familia socialista, sino un activo político y electoral al que Sánchez recurrió en 2023 para levantar la campaña electoral y que difícilmente volverá a hacerle de telonero en sus mítines por más que el presidente no tenga intención de soltarle de la mano mientras no se demuestre su culpabilidad. Y eso que el Gobierno se divide hoy entre quienes siguen sin motivos para desconfiar en quien gobernó España entre 2004 y 2011 y quienes consideran que en algún momento habrá que marcar distancias si las dudas persisten. Sus explicaciones ante el juez y en una entrevista con RTVE no fueron suficientes ni siquiera para los convencidos de que la justicia no actúa igual para todos y de que hoy es un sector de la judicatura en quien el PP ha delegado la labor de oposición.

Víctimas o no de una ofensiva en la que denuncian una doble vara de medir de algunos togados y algunas instrucciones con motivaciones políticas, el Gobierno ha impulsado la reforma más ambiciosa de la Justicia en más de un siglo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, aunque el Gobierno de Rajoy impulsó con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia una propuesta casi idéntica para trasladar la instrucción penal a los fiscales, blindar el mandato del fiscal general frente a los ciclos electorales y limitar el uso partidista de las acusaciones populares, la norma tiene escasos visos de ser aprobada. El proyecto salió ya del Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, pero la resistencia corporativa del sector judicial conservador en sincronía con el PP lo convertirá seguramente en otra ocasión perdida para acabar con una Justicia que se rige por una norma de 1882.

Y otro gran reto pendiente es la renovación efectiva de la cultura que rige en el Consejo General del Poder Judicial porque aunque fue renovado en esta legislatura, tras años de bloqueo del PP, el Gobierno admite que aún es necesario avanzar en su despolitización y en su capacidad para depurar responsabilidades frente a actuaciones judiciales cuestionables.

El indulto a García Ortiz

El caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es, para buena parte de la carrera judicial y de la izquierda, un ejemplo de cómo un sector de la judicatura ha ido mucho más allá de lo razonable después de condenar sin pruebas a alguien por un delito de revelación de secretos. De ahí que varios particulares hayan pedido el indulto parcial tras alegar que la condena por revelar datos del novio de Ayuso ya eran de dominio público y que le ha acarreado unas consecuencias personales y profesionales desproporcionadas.

“Que la oposición y ciertos medios quieran presentar cualquier gesto de clemencia como un ataque al Supremo dice más de su estrategia de permanente escándalo que del fondo del asunto”, aseguran fuentes gubernamentales. Y es que el indulto es una figura jurídica plenamente constitucional, prevista desde 1870, y su eventual concesión no cuestiona la sentencia, sino que atiende a las circunstancias personales del condenado, como ocurre en tantos otros procedimientos muchos menos mediáticos.

La decisión del indulto llegará también previsiblemente a la vuelta del verano, como tantas otras porque la legislatura continúa. ¿Hasta cuando? Hagan sus apuestas.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha emplazado a la Fiscalía a que se pronuncie sobre la competencia y el contenido de la querella interpuesta por el PSPV-PSOE contra el expresident Carlos Mazón por un presunto delito de falso testimonio en su declaración ante la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados. Así consta en una diligencia de ordenación del pasado 13 de julio dictada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

Los socialistas presentaron el pasado 30 de junio una querella tras las contradicciones detectadas entre la declaración de Mazón en el Congreso y la investigación de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano.

La querella consideraba que el exjefe del Consell, a pesar de haber recibido la advertencia legal de no faltar a la verdad, “mintió deliberadamente” en su comparecencia del 17 de noviembre de 2025 sobre la gestión de la catástrofe.

Mazón, según el PSPV-PSOE, alteró u ocultó información clave con el claro objetivo de construir una “versión con clara finalidad exculpatoria”.

El PSOE de Canarias ha lamentado este jueves el voto en contra del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a la tramitación de la propuesta de condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas. Una medida que, aún así, seguirá adelante gracias al apoyo mayoritario de la Cámara y que supondrá que el Estado pueda asumir 3.259 millones de euros de la quita correspondiente a Canarias.

La secretaria de Organización socialista, Nira Fierro, calificó este rechazo de los populares como “un voto contrario a los intereses de Canarias”, al recordar que el archipiélago será la comunidad autónoma más beneficiada por esta iniciativa, ya que vería reducida su deuda a la mitad, mientras que otras autonomías recibirían porcentajes de condonación significativamente inferiores.

Fierro se felicitó porque, a pesar del voto contrario del PP, sigue su trámite una medida que representa “una oportunidad para reforzar los servicios públicos”, al liberar recursos que podrían destinarse a ámbitos prioritarios como la sanidad, la educación, la vivienda o las políticas de dependencia.

Criticó que los seis diputados canarios del PP en el Congreso vuelvan a situarse “del lado de la estrategia marcada por Alberto Núñez Feijóo” en lugar de defender los intereses del Archipiélago. En este sentido, recordó que éetos también han votado en contra de otras medidas de especial relevancia para Canarias, como las ayudas a La Palma, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional o la gratuidad del transporte público.

También destacó que la condonación de la deuda es posible gracias al crecimiento de la economía española y a la consolidación de las cuentas públicas, que han permitido reducir los niveles de endeudamiento y crear margen para adoptar medidas que benefician a las comunidades autónomas.“Para aprovechar esta oportunidad hay que priorizar los intereses de los canarios y canarias por encima de los cálculos electorales”, afirmó.

Nira Fierro puso el foco, además, en la “nueva división” en el voto de los socios principales del Gobierno de Canarias, ya que mientras que Coalición Canaria se posicionó este jueves junto a la mayoría del Congreso fue el Partido Popular quien, una vez más, se desentendió de sus responsabilidades de gobierno con los canarios y canarias, del mismo modo que lo hizo antes con la reforma de la Ley de Extranjería o el techo de gastos de los nuevos presupuestos generales.

Por tanto, el Proyecto de Ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas sigue su curso porque este jueves, en el Congreso de los Diputados, se rechazó, con los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y BNG a la enmienda a la totalidad que habría hecho decaer la propuesta. Una enmienda que fue apoyada solo por Vox, PP y UPN.

El proyecto de ley que permitiría a las comunidades autónomas solicitar al Estado que asuma más de 83.000 millones de euros de su deuda pública seguirá adelante en el Congreso. Este jueves, la Cámara Baja rechazará las enmiendas a la totalidad con las que PP y Vox pretendían detener la tramitación de la iniciativa presentada por el Gobierno. Y lo hará con los votos a favor de PSOE y Sumar, pero también de todo el resto de sus socios, incluido en esta ocasión Junts, que aunque mostró sus reservas por una quita que ve insuficiente, también confirmó que se opondrá a derribarla al inicio su camino parlamentario como exigían derecha y ultraderecha, que consideran que la norma está fundamentalmente diseñada en favor de Catalunya y en detrimento del resto de comunidades.

El debate de este jueves en el Congreso volvió a evidenciar lo polémica que es, desde que fue presentada hace unos meses, la ley elaborada por el Gobierno para asumir una parte importante de la deuda contraída por las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Todas las autonomías gobernadas por el PP —11 de las 17— se han mostrado críticas con la opción de que el Estado reduzca una parte de su pasivo, a pesar de que la ley establece que solo se podrían beneficiar de esta medida las comunidades que así lo soliciten y de que la reducción de la deuda no tendría contrapartidas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, mostró su estupefacción ante esta posición adoptada por el PP en su defensa de la ley este jueves en el Congreso. “Siete de cada diez euros [de la deuda que se condonaría] benefician a comunidades gobernadas por el PP”, recordó España, que explicó que Andalucía sería la que más beneficiada por la quita en términos absolutos seguida de la Comunidad Valenciana, mientras Canarias sería la comunidad que más reduciría su deuda en términos proporcionales: un 50%. “Hablen ustedes con la Comunidad Valenciana, que tiene un ratio de deuda del 40,4%, hablen con los representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, y explíquenles por qué, por razones estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera”, espetó.

“Imaginemos una familia que tiene una hipoteca de 250.000 euros y a la que, un día, su banco le comunica que va a asumir 100.000 euros de esa deuda. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería”, argumentó igualmente España, que aseguró que tampoco es comprensible que eso ocurra “cuando el Estado asume una parte de la deuda de una comunidad autónoma”. “Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos de su territorio”, lamentó.

“Un pago para salvar a Sánchez”

No obstante, el PP se mostró crítico con lo que considera un intento del Gobierno de maquillar el endeudamiento de las administraciones públicas, ya que la ley no contempla una condonación, sino la asunción por parte del Estado de una parte del pasivo de las comunidades. “La deuda global del Reino de España seguirá siendo la misma, lo que cambia es el titular del recibo”, denunció a este respecto el diputado popular Juan Bravo, que también argumentó que la medida premia a las comunidades que han hecho una mala gestión de sus recursos y perjudica al resto. Bravo, asimismo, defendió “la reforma del sistema de financiación” autonómica “para poner fin a la discriminación que sufren las comunidaes peor financiadas”.

Sin embargo, el argumento estrella utilizado por el PP desde hace meses contra esta ley, que también esgrimió Bravo en el debate de este jueves, es que no responde a criterios técnicos, sino a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Solo hay una comunidad autónoma que le compra esta propuesta: Cataluña. Tiene en contra hasta a sus comunidades autónomas, Asturias y Castilla la Mancha”, espetó el diputado del PP, que calificó la norma como “un pago para salvar a Sánchez” acordado “en noviembre de 2023” con ERC.

En la misma línea se expresó el parlamentario de Vox Pablo Sáez, que aseveró que la ley de condonación de la deuda autonómica no “una reforma del sistema de financiación”, “un modelo consensuado” o “una revisión seria de incentivos fiscales”, sino “una operación extraordinaria pactada con grupos independentistas” para resolver “un problema estrictamente político”: la investidura de Sánchez. “Este proyecto de ley demuestra que la igualdad entre españoles queda subordinada a la negociación política con determinados socios parlamentarios”, denunció Sáez, que además coincidió con el PP al afirmar que la norma premia “la mala gestión” y sostuvo que, en realidad, “la deuda no desaparece, tan solo se transfiere de un gobierno a otro”, por lo que “habrá contribuyentes que asumirán la factura de la deuda acumulada por un gobierno autonómico que no es el suyo”.

Junts acusa de “visión anticatalana” a las otras dos derechas

Esta postura de PP y Vox provocó el rechazo frontal de un Junts que acusó a las dos formaciones —a las que, en los últimos tiempos, ha unido sus votos en múltiples ocasiones para derribar iniciativas promovidas por el Gobierno o sus socios— de querer “impulsar la acción recentralizadora del Estado” por su “visión anticatalana”. “El FLA es un invento del PP” durante los años de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo “para someter la voluntad política de las comunidades, y en especial la de la Generalitat de Catalunya”, espetó el diputado independentista Josep Maria Cruset, que sostuvo que dicho instrumento “es una muestra más de cómo los gobiernos españoles, sea cual sea su color político, aprovechan en cualquier ocasión para estrangular a los catalanes, en este caso ahogando al Govern con una mano mientras le obligaban con la otro a mendigar los recursos del FLA”.

Pese a esas duras críticas, Cruset afirmó que su grupo permitirá que continúe la tramitación del proyecto de ley para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades. “Pero atención: en la tramitación habrá que poner solución a muchas de las deficiencias de la propuesta actual”, advirtió el diputado de Junts, que exigió la quita total y no parcial de la deuda de Catalunya y sostuvo que existe un agravio comparativo de su comunidad con otras como Andalucía, en términos absolutos la más beneficiada de la condonación. “¿Por qué proponen que se rebaje sólo un 19% la deuda de Catalunya y en cambio que se rebaje un 50% la deuda de Andalucía? ¿Van ustedes, diputados de ERC y del PSC, a impulsar un nuevo agravio contra Catalunya?”, espetó.

El Congreso de los Diputados celebrará este jueves la última sesión plenaria antes del parón del mes de agosto. Y lo hará, como es habitual, intentando dejar cerrados varios de los asuntos pendientes antes de dar carpetazo al primer periodo de sesiones de 2026. El principal de ellos es la senda de estabilidad presupuestaria. El Gobierno da por descontado que se apuntará una nueva derrota después de la de la semana pasada, cuando PP, Vox y Junts tumbaron por primera vez el cuadro económico, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Ejecutivo sí confía en sacar adelante otras tantas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto con el que mantuvo vigentes algunas de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, entre ellas las rebajas en las gasolinas.

El último pleno del curso político será lo que en el argot parlamentario se conoce como un “pleno escoba”, una larga sesión en la que se acumularán multitud de temas. El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso hace poco más de siete días: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con una derrota de este jueves casi asegurada, ese capítulo quedará cerrado y el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos, que tendrá mucho de escaparate de cara a unas elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El decreto anticrisis, mejor encaminado

Más allá de la derrota asegurada en la senda de estabilidad, el pleno escoba también permitirá al Gobierno coger algo de oxígeno para irse de vacaciones presumiendo de triunfos parlamentarios. La convalidación del decreto anticrisis, aprobado a finales de junio, es uno de los puntos que tiene más opciones de salir adelante, puesto que la Moncloa ha tenido la precaución de incluir en el mismo la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda de Junts que permitirá a los independentistas apuntarse un tanto si apoyan el texto. El paquete de medidas contiene ayudas por valor de más de 1.800 millones de euros, entre las que se cuentan el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y transportistas.

El decreto, asimismo, contempla ayudas para los hogares y consumidores no profesionales, aunque el Gobierno irá reduciendo paulatinamente el alcance de la medida, que se vehicula a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como se hizo hasta el 30 de junio. En julio, la rebaja en el carburante es de 20 céntimos por litro; en agosto, se reducirá hasta los 15 céntimos por litro; en septiembre, volverá a bajar hasta los 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. Se ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los combustibles supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

Y, aunque las medidas anticrisis y el punto y final de los objetivos de estabilidad se llevarán buena parte de los focos en el pleno, los diputados tendrán también que decidir si convalidan la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas. Ese decreto permite, desde finales de junio, que los asalariados públicos –no los funcionarios ni estatutarios– compatibilicen una reducción de su jornada laboral con la pensión.

Por otra parte, el Congreso abordará el último trámite de la conocida como pasarela de los mutualistas al RETA –el régimen especial de autónomos–, después de que el Senado aprobara, con enmiendas, el proyecto de ley que permitirá un ‘rescate público’ a colectivos como abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros. El pleno todavía puede eliminar los cambios que incluyó el Senado en el texto, de gran complejidad, que volvió a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que abrió el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

La condonación de la deuda

La traca final para despedir el curso político también incluye el debate de totalidad al proyecto de ley para la condonación de la deuda pública autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Tras meses atascada en la Comisión de Hacienda, la quita de la deuda pasa por su primer examen parlamentario. Tanto Vox como el PP registraron enmiendas para devolver el proyecto de ley al Gobierno, pero está previsto que la norma supere este primer trámite para comenzar su recorrido legislativo.

Por último, el Congreso también tiene previsto dejar cerrada de forma definitiva este miércoles la reforma del reglamento promovida por los socios progresistas del Gobierno (y apoyada por PSOE y Sumar) para rebajar los requisitos para formar grupo parlamentario. La reforma, impulsada ante el temor de que el bloque derechista acabe la próxima legislatura con la tradicional manga ancha que da la Mesa de la Cámara Baja para que los partidos pequeños —también los conservadores— no se queden sin las ventajas que ofrece tener grupo, es rechazada de plano por PP y Vox.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la proposición de ley de PSOE y Sumar para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. De esta forma, el texto logra avanzar en su tramitación parlamentaria y ahora será abordada en comisión antes de someterse a su votación definitiva en pleno.

La norma que este martes ha sido defendido en el Congreso por el dirigente de IU Enrique Santiago, comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad. Fue a mediados de junio cuando, en medio de la tormenta judicial que afecta al Ejecutivo, las dos fuerzas que sustentan el Gobierno la reactivaron en el Congreso.

La proposición de ley contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Ambos partidos pactaron en cambio renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

La reforma penal lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejaron de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitió que dicho periodo se cierre y se pasara al debate de totalidad de este martes. Ahora los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación.

Nuevo hito en el proceso para la retirada definitiva de la acreditación de prensa en el Congreso de los agitadores de extrema derecha Bertrand Ndongo y Vito Quiles. La Mesa de la Cámara Baja aprobó este martes una nueva sanción contra ambos activistas, en este caso de un mes, por la interrupción de sendas ruedas de prensa. En el caso de Quiles, es la segunda penalización en firme que recibe por parte de la Mesa, tras la sanción del pasado mayo, cuando se le retiró por un periodo de tres meses la credencial. Por el contrario, es la primera vez que se sanciona a Ndongo en firme.

A principios de mayo, el Congreso impuso la retirada cautelar de la acreditación a ambos agitadores por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, argumentó la Mesa entonces para imponer una decisión con los votos de PSOE y Sumar y en contra de la cual votó el PP.

Dos semanas después de esa suspensión cautelar, la Mesa resolvió el primer expediente de los más de una decena que acumula Quiles y le impuso la mencionada sanción en firme por tres meses, al considerar probado que cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. A Ndongo, por el contrario, se le ofreció un último plazo para presentar alegaciones al primero de sus varios procedimientos abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario.

Este último expediente es el que decidió cerrar este martes la Mesa con la retirada de la acreditación al agitador ultraderechista por el plazo de un mes, la primera sanción en firme que recibe Ndongo. El activista se exponía a una sanción de hasta tres meses, si bien la Mesa ha optado por una penalización más suave en atención al informe del letrado que ha instruido el caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Tanto Ndongo como Quiles tienen varias denuncias aún por resolverse en diferentes puntos de su tramitación, varias de ellas por la supuesta comisión de infracciones graves o muy graves, como los insultos proferidos por Ndongo contra la diputada Aina Vidal (Sumar). Esos expedientes pueden terminar traduciéndose en una expulsión permanente del Congreso incluso si a los dos agitadores no se les encontrara culpables de faltas muy graves —que por sí mismas pueden castigarse con la retirada definitiva de la credencial de prensa—, puesto que la acumulación de sanciones graves se considera motivo suficiente para aplicar el castigo más duro.

El reglamento tipifica como un ilícito de la mayor gravedad “las infracciones graves que se hubieran producido en más de dos ocasiones en el plazo de un año o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”. Y fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que este artículo puede aplicarse tanto a Quiles como a Ndongo por algunos de los episodios que han protagonizado y por los que han sido denunciados.

El Gobierno afronta el penúltimo pleno del curso político en el Congreso antes de las vacaciones con la certeza de que se apuntará, casi con absoluta seguridad, una derrota en la votación de la senda de estabilidad, el cuadro económico que ha presentado como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a esa convicción le acompaña otra: la de presentar igualmente un proyecto de cuentas públicas tras tres años sin hacerlo y no convocar las elecciones generales hasta 2027. Además, la sesión de este martes permitirá al Ejecutivo tomar algo de oxígeno para lograr ese objetivo porque —salvo sorpresa— logrará varias victorias parlamentarias en materia de dependencia y discapacidad, así como para hacer avanzar la reforma del Código Penal cuyo objetivo es suprimir delitos como las injurias a la Corona.

La Ley establece que el Gobierno, antes de presentar su proyecto de Presupuestos para 2027 al Congreso, debe someter a votación la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas. Si el Ejecutivo contara con una mayoría estable en la Cámara Baja, esta votación sería un trámite que serviría para dar el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria y ofrecería las primeras pistas sobre las posiciones de los grupos parlamentarios y de las prioridades que exigirían al Ejecutivo incluir en esas cuentas.

Pero en el Gobierno y entre sus socios nadie espera que los Presupuestos Generales del Estado vayan a ser aprobados cuando lleguen a las Cortes, fundamentalmente porque Junts, actor imprescindible para ello, rechaza siquiera negociarlos. “Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria con todos los palos que nos han dado”, afirmaba hace un mes el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado por esa posibilidad. Y, este mismo lunes, el portavoz orgánico del partido, Josep Rius, tachaba de “frivolidad” presentar unas cuentas sin tener “una mayoría” en el Congreso para que salgan adelante y acusaba al Gobierno de tener “un objetivo claramente electoralista”.

Con ese escenario, la votación de este martes se perfila como la antesala de la previsible derrota de los Presupuestos Generales del Estado dentro de unos meses. Rius también confirmó este lunes que Junts, además de no plantearse negociar las cuentas, rechazará la senda de estabilidad como ya hizo con la presentada para los Presupuestos de 2025 y 2026, lo cual —unido al voto en contra de PP y Vox— dará al traste con la misma. Por su parte Podemos, cuyo voto también es necesario, se decanta por la abstención, alegando que ese mayor gasto se destinará a engordar las partidas militares

El previsible fracaso de este martes no implica que el trámite presupuestario vaya a quedar paralizado antes de comenzar. La ley obliga al Gobierno a presentar una segunda propuesta de senda de estabilidad si la primera sale derrotada, algo que el Ejecutivo tiene previsto hacer en el último pleno parlamentario del año, el próximo 23 de julio. Y si ese cuadro tampoco es aprobado —como presumiblemente ocurrirá—, Hacienda podrá llevar los Presupuestos igualmente al Congreso, puesto que cuenta con un informe de la abogacía del Estado que aduce que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo establece que la senda de déficit ha de votarse dos veces en las Cortes Generales, pero se abre un vacío legal una vez el parlamento lo ha rechazado en ambas ocasiones.

En ese caso, señalan desde el Ejecutivo, la ley que prima es la Constitución. Y esta fija que las comunidades deberían presupuestar en equilibrio, lo que les impediría disfrutar de un colchón de 5.800 millones en los tres próximos años del que sí dispondrían de salir adelante la senda de estabilidad que se vota este martes. En el pleno del Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, informará a los diputados del techo de gasto –este no se vota– y de los números rojos en los que podría incurrir el Estado en los próximos tres años si las Cortes dieran luz verde al cuadro económico: en concreto, un desvío equivalente al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. De esas cifras, a las comunidades autónomas les correspondería un 0,1% cada ejercicio.

Consciente del presumible fracaso de la votación, este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lamentó en una entrevista en RNE que algunos grupos parlamentarios —como Junts— ya hayan anunciado que votarán en contra del “mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar”. Bolaños, asimismo, admitió las “dificultades parlamentarias” a las que se enfrentará el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos. Pero también insistió en que la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es agotar la legislatura y llevarla a término”, si bien el propio Sánchez abrió hace unas semanas la puerta a adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Oxígeno para el Ejecutivo

En cualquier caso, aunque el panorama que se le presenta a la Moncloa en relación con los Presupuestos es bastante negro, el pleno del Congreso de este lunes también proporcionará —salvo sorpresa de última hora— algo de oxígeno a un Gobierno necesitado de él. Previsiblemente, el Ejecutivo logrará una mayoría para convalidar el decreto aprobado el mes pasado para dotar a las comunidades de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 para sus sistemas de dependencia. Y también está previsto que el Congreso dé luz verde a la reforma de la ley para reformar este derecho y blindar la exigencia de que el Estado se haga cargo del 50% de su financiación —la otra mitad corresponde a las comunidades—.

Está por ver cuál será la posición del PP en ambas votaciones, que son clave: la convalidación del decreto ratificaría el aumento de la financiación para el sistema de dependencia, mientras la aprobación de la reforma enviaría dicha ley al Senado para cumplir con la última etapa de su tramitación parlamentaria. No obstante, se espera que Junts vote a favor de ambos textos, lo cual convertiría en irrelevante la posición de los populares, que no sumarían mayoría junto a Vox para tumbarlos.

Esa misma mayoría, la que suma el Gobierno junto a sus habituales aliados parlamentarios y a Junts, será la misma que, presumiblemente, permitiría continuar la tramitación de la proposición de ley para eliminar del Código Penal delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma, planteada por Sumar, comenzó a tramitarse en 2023, pero hasta el mes pasado el PSOE no se avino a desbloquear el procedimiento.

El presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, cree que “no hay ninguna incoherencia” entre la reclamación histórica de su partido de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia y el hecho de que el PP votase en contra de la medida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

“Ojalá que el gobierno aporte ese 50%, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo”, aseguró en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. “Y ya no es que lo aporte desde ahora: es que le pague los 2.500 millones que le debe a Galicia desde que tenía la obligación” de hacerlo “y no lo está haciendo”.

Rueda criticó que el ejecutivo “siga poniendo obligaciones, deberes sobre deberes, que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte”, al tiempo que mantiene “paralizado” con un recurso en el Tribunal Constitucional el “plan de choque para agilizar la dependencia” aprobado por la Xunta.

“Cuando concreten todo será cuando habrá que fiarse del Gobierno y apoyarlo”. El presidente gallego recordó que desde Derechos Sociales ya se dijo “muchas veces” que aportaría la mitad del coste del servicio pero “en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas”.

“Por lo tanto, claridad y una propuesta que se pueda aprobar, no como la que presentaron” a la comisión del Congreso y que, pese al voto en contra de PP y Vox, continúa su trámite. Rueda no dejó pasar que la medida llegue por parte de un gobierno “que ni siquiera tiene presupuestos” y que, sin ellos, “ahor resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años”.

Los ciudadanos no conocerán los sobresueldos del partido que cobra Alberto Núñez Feijóo, ni el posible incremento o descenso que haya podido padecer su patrimonio, hasta después de las próximas elecciones generales. La ley obliga a los altos cargos políticos a hacer públicos sus bienes y rentas, pero la dirección del PP incumple esta prerrogativa de forma habitual y generalizada. El último dato salarial para Feijóo y los suyos se retrotrae a 2022. Salvo excepciones, parciales, los principales rostros del primer partido de la oposición esconden los cambios en sus ingresos, propiedades e inversiones. Tampoco el PP como organización cumple con la ley de transparencia, y obvia publicitar en su web las remuneraciones extra que abona a sus máximos responsables. elDiario.es ha preguntado al PP sobre la ausencia de transparencia, sin obtener respuesta.

La última vez que Feijóo presentó ante el Congreso su declaración de bienes y rentas fue en agosto de 2023, justo después de tomar posesión de su cargo como diputado tras las elecciones del 23J. La norma señala que “las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior”. En este caso, 2022. Hace cuatro años.

Sobre el resto de apartados de la declaración no hay indicación en la normativa. Es decir, el diputado está obligado a informar de su situación patrimonial en el momento de recoger su acta: viviendas, acciones, cuentas o fondos, vehículos, deudas, participaciones en sociedades, etc.

Pero las leyes, tanto el Reglamento como la del Régimen Electoral, son claras sobre la obligación de actualizar los datos: “Los diputados y senadores (...) están obligados a formular declaración (...) de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. También obliga los acuerdos internos alcanzados entre los principales partidos.

Y es en este punto donde la dirección del PP incumple la ley. El primero, Feijóo. En la vetusta información aportada por el líder del PP aparece reflejado su sueldo como presidente de la Xunta de Galicia y como diputado autonómico en 2022, por ejemplo. O los sobresueldos que cobró del PP, a través del partido y del grupo parlamentario del Senado, ese mismo año, el de su aterrizaje en Madrid.

Según sus propios datos, el líder de la oposición ingresó más de 150.000 euros brutos hace cuatro años. Ese mismo año, Pedro Sánchez cobró un único sueldo público de 86.000 euros brutos anuales. Pero los ciudadanos no pueden saber cuáles fueron los ingresos de Feijóo en 2023. Ni en 2024. Tampoco en 2025.

Por si la normativa electoral y que afecta a las Cortes Generales no fuera suficiente, el PP incumple además la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada hace una década bajo la mayoría absoluta de su propio partido y con Mariano Rajoy como presidente. La norma, en su artículo 8, apartado f, obliga a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables” de las entidades afectadas por el texto. Entre ellas están, explícitamente, los “partidos políticos”.

Información oculta hasta después de las elecciones

El líder del PP posee al menos tres pisos: uno en Madrid, otro en Vigo y otro en A Coruña. elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP y un portavoz oficial ha asegurado que sigue “todo igual” sobre lo recogido en la declaración de bienes presentada por Feijóo en 2023.

En su declaración ante el Congreso, Feijóo informa de unos ingresos por alquiler de 5.584 euros. También obtuvo 2.112 euros por los dividendos de sus acciones en empresas como Inditex o Telefónica.

Feijóo declaró, además, un fondo de inversión en Abanca por valor de 400.000 euros, un fondo de pensiones que rondaba los 200.000 euros y una cuenta corriente por encima de los 37.000 euros. En 2022, cuando llegó a Madrid, se reveló que el líder del PP había incrementado su patrimonio en 600.000 euros en apenas dos años.

Casi un lustro después, ¿qué patrimonio tiene hoy el líder del PP? ¿Cuántos sueldos cobra? ¿Feijóo ingresa rentas por el alquiler de uno de sus pisos? ¿De los dos? ¿Ha adquirido más propiedades? ¿Acciones? ¿Las ha vendido? ¿De qué empresas? ¿Ha invertido en algún otro producto financiero? ¿En cuál? ¿Le compensa el partido por el alquiler del piso en El Viso en el que vive?

Es imposible calcular el patrimonio de quien, según todas las encuestas, tiene más oportunidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Y, salvo que el PP cambie un criterio que mantiene desde hace años, no se podrá saber hasta después de las próximas elecciones generales. Los españoles votarán sin conocer una información a la que legalmente deben tener acceso.

El jefe de la oposición se niega a informar de los cambios en sus rentas y patrimonio salvo al inicio y cierre de cada legislatura. En su caso, dicho cierre se producirá después de los comicios ya que Feijóo forma parte de la Diputación Permanente, un órgano del Congreso formado por un grupo reducido de diputados que se mantiene activo hasta el mismo día en que se conforman las nuevas Cortes Generales salientes de las urnas.

El resto de la dirección también incumple

No solo Feijóo incumple la ley electoral y el Reglamento del Congreso o del Senado. El resto de la dirección del PP sigue la estela de su líder.

El ‘número dos’, Miguel Tellado, presentó su declaración también en agosto de 2023. El documento recoge como único salario percibido los 20.229 que ingresó del Parlamento de Galicia entre enero y julio del año anterior, 2022. Además, se informa de otros 22.720 euros como “gastos de representación” del PP para ese mismo ejercicio, cuando ejerció como vicesecretario de Organización Territorial. Ocupó ese cargo hasta el verano pasado, cuando ascendió a secretario general.

A diferencia de su jefe, Tellado sí ha presentado una modificación de su declaración de bienes para incluir la adquisición de una vivienda al 50% en Narón (A Coruña), en julio de 2025, una hipoteca sobre dicha propiedad de 116.000 euros y la “baja” de un Peugeot 207. Tellado asegura que la nueva declaración “complementa a la presentada al inicio de la legislatura”. Pero olvida indicar los sobresueldos percibidos bien como portavoz del grupo parlamentario que fue entre diciembre de 2023 y julio de 2025, o los que pueda percibir ahora como secretario general.

Su predecesora en ambos cargos, Cuca Gamarra, indicó en su declaración unos ingresos de 26.860 en “gastos de representación” obtenidos del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular. El primero de los emolumentos se debe a los meses que ejerció como secretaria general en 2022, cargo que ostentó desde abril. El segundo, es el sobresueldo como portavoz parlamentaria hasta ese mismo mes.

Gamarra tampoco ha actualizado su declaración y solo presenta la información de ese año mientras oculta los datos de 2023 en adelante.

La actual portavoz, Ester Muñoz, también hace un cumplimiento parcial de la norma. En diciembre de 2025 informó de la venta de un piso y de la cancelación de una hipoteca, así como de la compra de otra propiedad en Badajoz en junio de ese mismo año y de la contratación del consecuente préstamo. Muñoz también informó de que había comenzado a cobrar una renta por alquiler de 550 euros al mes.

“En todo lo no declarado me remito a la declaración anterior”, asegura Muñoz en las observaciones. Y esa “declaración anterior”, como ocurre con el resto, se refiere a datos de 2022, cuando Muñoz cobró algo más de 58.000 euros como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Muñoz entró en la dirección del PP en noviembre de 2023. Es decir, después de presentar su declaración de bienes ante el Congreso, en agosto de ese año. No informa, así, de todos los sobresueldos que haya ingresado posteriormente, bien como vicesecretaria, primero, bien como portavoz, cargo que tiene actualmente. Habitualmente, los portavoces parlamentarios del PP no ingresan del partido, pero sí del grupo parlamentario.

Datos antiguos de toda la dirección

La situación es similar en el resto de miembros de la dirección, que bien ofrecen información vieja o no la han actualizado al adquirir nuevas responsabilidades.

Es el caso del vicesecretario de Igualdad y Educación, Jaime de los Santos, quien asumió el cargo hace ahora un año, después del 21 Congreso Nacional del PP. De los Santos apunta en su declaración de bienes su sueldo como “diputado autonómico y senador” por la Comunidad de Madrid: 83.050 euros. El dirigente del PP presentó en 2023 una declaración casi vacía, salvo ese sueldo y una cuenta corriente con cerca de 123.000 euros.

Otro caso llamativo es el del portavoz nacional, Borja Sémper, quien anota en su declaración unas retribuciones de 2022 percibidas al margen de la política, cuando trabajaba para la consultora EY. El dirigente se reincorporó a la vida pública en enero de 2023 para poner rostro cada lunes a las decisiones del Comité de Dirección del PP, y es diputado desde el mes de julio de ese mismo año. No se sabe si, como el resto de sus compañeros de dirección, cobra gastos a cuenta del partido.

En la misma situación están el resto de dirigentes con cargo público. Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez o la portavoz en el Senado, Alicia García, quien tampoco aclara si ingresa sobresueldos del PP más allá del que le paga la Cámara Alta.

Hay una excepción en la dirección del PP, una dirigente que sí ha informado en tiempo y forma: Alma Ezcurra. El motivo: la normativa del Parlamento Europeo. Su caso es similar al que protagonizó en su día Esteban González Pons, que fue el primero dirigente de la era Feijóo que confirmó oficialmente el cobro de “gastos de representación” para los dirigentes.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial presentó una “declaración de intereses privados” en julio de 2024, cuando adquirió su condición de eurodiputada. En ella registró ingresos como diputada en la Asamblea de Madrid, como asesora en el Senado y como “consultora senior”.

Pero Ezcurra presentó una “revisión” de su declaración en septiembre de 2025, justo después de entrar en la dirección de Feijóo. Y anotó que ingresa 2.000 euros “mensuales” por su cargo orgánico.

Un caso extremo de falta de transparencia lo protagoniza una de las personas menos conocidas, pero con más poder, del entorno de Feijóo: la coordinadora de Proyección e Imagen, Mar Sánchez. En 2024, elDiario.es desveló que la Xunta de Galicia (donde había sido secretaria xeral de Medios con Feijóo) había ocultado durante más de dos años su declaración de bienes tras su cese para seguir a su jefe a Madrid. Tras la información de este medio, la declaración fue publicada.

Sánchez tiene, fruto de un “pacto sucesorio de mejora”, un ingente patrimonio inmobiliario que se recoge en la declaración de bienes que presentó ante el Congreso cuando adquirió su condición de diputada, en 2023. La dirigente anota también unos ingresos del PP en 2022 de 37.360 euros. Ese año no fue cargo público. Pero Sánchez, como el resto de dirigentes del PP, no ha actualizado la información sobre cuánto ingresa ahora de su partido. Lo tendrán que hacer, sí o sí, el año que viene cuando se disuelvan las Cortes.

Junts consiguió sorprender al Congreso la semana pasada cuando, durante la sesión en la que Pedro Sánchez debía dar cuenta de los escándalos de corrupción que asedian a su partido, Míriam Nogueras le propuso que dimitiese sin convocar elecciones, para investir a otra persona, socialista o no, con la misma mayoría parlamentaria que lo invistió a él. La 'vía Starmer', le llamaron, por el reciente relevo del primer ministro británico por, previsiblemente, su compañero Andy Burnham.

Los independentistas cocinaban esta propuesta desde hacía varios meses. En abril ya pidieron por primera vez elecciones a Sánchez, pero desde entonces venían madurando una fórmula que les permitiese exigir responsabilidades al presidente por lo que consideran un mandato fracasado, evitando sin embargo abrir la puerta a un gobierno del PP con Vox, al que no desean dar la mínima oportunidad. Fue ahí cuando surgió la idea de pedir la dimisión del líder del Ejecutivo sin elecciones y acabar con otro presidente el año de legislatura.

La propuesta de Junts iba a plantearse bajo la idea de que Sánchez debía “apartarse”. Pero entonces el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su salida, lo cual permitía hacer el mensaje mucho más fácil. Así nació la 'vía Starmer', una propuesta que permite a Junts aclarar su posición, en un momento en que el partido independentista ha roto el tabú de votar junto al bloque de la derecha, al tiempo que recibe algunos guiños del PP.

El viernes de la semana pasada el secretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, se abrió a pactos con los de Puigdemont alegando que el secesionismo había “dejado de ser una amenaza”. Un día después, Alberto Núñez Feijóo subrayaba que en Catalunya es tiempo de “pasar página” aunque no de “olvidar”. En la formación independentista niegan que hayan recibido ningún mensaje del PP en privado.

Al abanderar la 'vía Starmer', Junts traza una diferenciación entre Sánchez y la legislatura. Nogueras, según dijo, no cree que la legislatura deba acabarse ni que sea necesario convocar elecciones, tal como se repite desde PP o Vox, pero sí que es momento de que el presidente se vaya. Evocaba el “paso al lado” de Artur Mas en 2015. La portavoz independentista llegó a defender que, de lo contrario, la extrema derecha de Vox se vería reforzada.

Todo eso, por irreal que suene —hay ecos de las “jugadas maestras” del procés en esta maniobra—, cobra sentido dentro de la estrategia que Junts se marca para el epílogo del mandato.

Uno de sus objetivos en esta carrera final es desmarcarse lo máximo posible de Sánchez, un presidente al que ven políticamente agotado por la gota malaya judicial. Y eso que Junts no ha sido la fuerza más beligerante respecto a la corrupción. Entre otras razones, porque buena parte de sus bases ve en las causas contra Sánchez la misma mano negra judicial que antes habría actuado contra el independentismo.

Con todo, fuentes de Junts entienden que la acumulación de investigaciones de tanto calado como la de José Luis Rodríguez Zapatero o la de Leire Díez y, sobre todo, la condena a 24 años de prisión contra el exministro José Luis Ábalos, obligan al Gobierno a asumir su responsabilidad política, que ya solo ven posible con su dimisión. “Es una propuesta que el tiempo reforzará, porque de ahora en adelante, cada vez que haya un problema del Gobierno con sus socios, o un nuevo episodio de corrupción, se verá que lo más conveniente era la renuncia de Sánchez”, afirman estas mismas fuentes.

Una desconfianza insuperable

Pero la desafección de Junts hacia Sánchez nace más de la política que de los tribunales y tiene mucho que ver con la pérdida de confianza que han acumulado a lo largo de la legislatura. Los de Puigdemont creen que, con el acuerdo para la investidura, el expresident arriesgó mucho de su capital político, algo que entienden que no ha sido correspondido por el presidente del Gobierno.

En el partido rechazan que el problema esté en que Puigdemont no disfruta aún de la amnistía. “No es esa la razón de la ruptura con el Gobierno y nadie podrá decir que nunca hemos planteado la situación del expresident como una condición para llegar a cualquier acuerdo”, afirman fuentes de la formación.

Para mostrar el origen del malestar, señalan a una larga lista de “incumplimientos” del acuerdo de investidura. La cuestión del catalán en Europa, por la que creen que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano; la ley contra las ocupaciones, que no se ha llegado a tramitar; la negativa a publicar los balances fiscales o, peor aún, la inversión territorial, pese a que esta última es una obligación legal según el Consejo de la Transparencia…

Desde el final del procés, Junts ha sido varias veces un partido errático. Pero desde octubre pasado, cuando sometieron a la militancia la ruptura con el PSOE, esa bandera sí se ha mantenido izada. Y es la justificación del partido para su cada vez más visible coincidencia en el voto junto a la derecha de PP y Vox que, sin embargo, en Junts niegan que suponga nada parecido a integrarse o coordinarse con ese bloque.

El marcado desplazamiento de Junts hacia tesis de derecha radical, por ejemplo en cuestiones como la inmigración, tiene poco que ver con buscar sintonía con el PP, y mucho con la competencia de Aliança Catalana en algunos de sus feudos en Catalunya. La pujanza del partido xenófobo es otra de las razones por las que los de Puigdemont aspiran a acudir antes a unas generales, donde se sienten más fuertes, que a unas municipales que convendrían a su competencia.

Pese a eso, fuentes de la formación recalcan que no están pensando en apoyar una moción de censura, que ni siquiera creen que Feijóo quiera plantear. Y la razón es que, a su entender, el PP no está en disposición de cumplir ninguna de sus demandas, mucho menos si va de la mano de Vox, suma necesaria para que una moción triunfase en el Congreso.

No habría en Junts escrúpulos para votar con el PP, como antes no los hubo para votar con el PSOE; el problema es más bien un cálculo matemático por el que entienden que a Feijóo solo le dan los números con la extrema derecha. “Vox es nuestra línea roja”, aseguran fuentes de Junts.

Pero también hay una cuestión demoscópica que refleja el barómetro del CEO. Para muestra, el de noviembre pasado. Cuando se preguntó a los electores de Junts a quién prefieren en La Moncloa, el 37% respondió que a Sánchez. Un porcentaje solo superado por la opción de “nadie”, que eligió el 39%. A Feijóo solo lo nombraron el 0,8% de los votantes de Junts. Una fotografía contundente de por qué en el partido consideran una “trampa” la moción de censura que investiría al líder del PP.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) aprobada por las Cortes Generales, que entra en vigor este viernes, para adaptar la normativa a la reciente modificación de la Constitución que reconoce a Formentera como circunscripción electoral propia para la elección de un senador.

La propuesta aprobada, sancionada ahora por el rey Felipe VI, modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para recoger de forma diferenciada las circunscripciones de Ibiza y Formentera, de manera que cada una de ellas elija un representante en la Cámara Alta en las próximas elecciones generales.

El proceso se inició con la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, aprobada semanas atrás por el Parlament balear, que desvinculó a Formentera del 'tándem' electoral que compartía con Ibiza para la elección de senadores.

La nueva configuración exigía, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

Hasta la reciente reforma constitucional, las islas de Ibiza y Formentera constituían una única circunscripción a efectos de representación en el Senado, en consonancia con la estructura territorial prevista en el texto constitucional de 1978.

“Igualdad de condiciones”

Según el BOE, la nueva configuración, que “reconoce la singularidad institucional de Formentera y su derecho a una representación directa en el Senado”, responde a “criterios de proximidad democrática, equilibrio territorial y reconocimiento de las especificidades insulares, reforzando así tanto el principio de representación territorial que inspira la composición de la Cámara Alta como la efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, reconocido en el artículo 23 de la Constitución”.

Asimismo, se señala que la presente reforma asegura la plena vigencia del “principio de seguridad jurídica” y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera “pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones”.

Por tanto, entrará en vigor desde este viernes la modificación de la reforma electoral que recoge que “en cada circunscripción insular se elige el siguiente número de senadores: tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma”.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) aprovada per les Corts Generals, que entra en vigor aquest divendres, per adaptar la normativa a la recent modificació de la Constitució que reconeix Formentera com a circumscripció electoral pròpia per a l'elecció d'un senador.

La proposta aprovada, sancionada ara pel rei Felip VI, modifica els articles 161.2 i 165.2 de la LOREG per recollir de forma diferenciada les circumscripcions d'Eivissa i Formentera, de manera que cadascuna elegeixi un representant a la Cambra Alta en les pròximes eleccions generals.

El procés es va iniciar amb la modificació de l'article 69.3 de la Constitució, aprovada setmanes enrere pel Parlament balear, que va desvincular Formentera del 'tàndem' electoral que compartia amb Eivissa per a l'elecció de senadors.

La nova configuració exigia, per tant, adequar la LOREG, com a norma que articula el procediment d'elecció dels membres de les Corts Generals (Congrés i Senat), amb la finalitat de garantir la plena efectivitat del mandat constitucional, la coherència interna de l'ordenament i la regularitat de futurs processos electorals.

Fins a la recent reforma constitucional, les illes d'Eivissa i Formentera constituïen una única circumscripció a efectes de representació al Senat, en consonància amb l'estructura territorial prevista en el text constitucional de 1978.

“Igualtat de condicions”

Segons el BOE, la nova configuració, que “reconeix la singularitat institucional de Formentera i el seu dret a una representació directa al Senat”, respon a “criteris de proximitat democràtica, equilibri territorial i reconeixement de les especificitats insulars, reforçant així tant el principi de representació territorial que inspira la composició de la Cambra Alta com l'efectivitat del dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics per mitjà de representants, reconegut a l'article 23 de la Constitució”.

Així mateix, se assenyala que la present reforma assegura la plena vigència del “principi de seguretat jurídica” i es garanteix que la ciutadania d'Eivissa i de Formentera “pugui exercir el seu dret de participació política en igualtat de condicions”.

Per tant, entrarà en vigor des d'aquest divendres la modificació de la reforma electoral que recull que “en cada circumscripció insular s'elegeix el següent nombre de senadors: tres a Gran Canària, Mallorca i Tenerife; un a Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma”.

El PSOE ha registrado este jueves una proposición no de ley para su debate y votación en el Congreso que plantea instar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que “refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie”. Eso incluirá expresamente “el pago de su actual vivienda”, según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso elDiario.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP se enzarzaron en la última sesión de control del curso político a cuenta de sus respectivas retribuciones. Feijóo le preguntó al presidente del Gobierno si ya había presentado sus declaraciones del IRPF y de Patrimonio. Sánchez le retó en su réplica a hacer públicas la documentación fiscal de ambos. Y dejó caer que Feijóo no paga el alquiler del piso en el que vive en Madrid, sino que lo hace el PP en su nombre.

“Si quiere hoy mismo”, le espetó Sánchez a Feijóo sobre publicar sus respectivas declaraciones tributarias. “Y así nos enteramos de cuánto le paga a usted su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso [un exclusivo barrio de Madrid]”.

“Mi declaración la tiene usted”, le replicó Feijóo, dando a entender que el presidente ha accedido a una información que es confidencial. Sánchez le contestó que esa información la tiene la Agencia Tributaria, “no el Gobierno”.

Más allá del intercambio de frases ocurrentes, el rifirrafe volvió a poner el foco sobre el piso en el que vive Feijóo con su familia, los diferentes sueldos que ingresa del Congreso y del PP, así como sobre su patrimonio, multiplicado desde su aterrizaje en Madrid.

Las palabras de Sánchez provocaron la reacción de Feijóo. “A mí, mi suegro no me ha regalado ningún piso”, declaró a los medios. “Me sorprende que [Sánchez] diga a todos los españoles dónde vivo. Entre otras cosas, porque tengo un hijo de nueve años”, lamentó. “¿Se cree que yo soy como él?”, se preguntó, para concluir: “No. Ha intentado decir que quién me paga el piso. Mi familia; lo pago yo y la madre de mi hijo”.

La declaración de bienes y rentas pública de Feijóo es la que presentó en el Congreso en agosto de 2023. Es un documento que recoge la información de 2022: casi 40.000 euros en “gastos de representación” por parte del PP, además de los diferentes sueldos públicos que cobraba entonces: como senador y como presidente de su grupo parlamentario. En total, hasta 14.750 euros mensuales en tres partidas diferentes.

Pero es una información desactualizada. El líder del PP no ha modificado su declaración de bienes, aunque tiene la obligación de hacerlo si se han modificado sus circunstancias. Por ejemplo, su secretario general, Miguel Tellado, presentó una nueva declaración para incluir la compra de un piso en Narón (A Coruña), aunque tampoco ha actualizado los ingresos públicos y del partido que recibe.

El problema es que la obligación de modificar las declaraciones no está acompañada de ninguna fórmula para que el Congreso pueda forzar a los diputados a hacerlo. Y eso es lo que el PSOE plantea modificar en su PNL.

“Todas las instituciones del Estado, incluido el Congreso de los Diputados, han hecho un gran esfuerzo, en los últimos años, por elevar el nivel de transparencia”, apunta el texto, que recuerda que “los diputados y diputadas, entre otras cosas, están obligados a declarar todos los ingresos procedentes de actividades ajenas a su condición de diputado, sea cual sea la procedencia de los mismos”.

“Esta obligación es especialmente relevante para el jefe de la oposición” porque “no es un diputado más”, añade el PSOE, que asegura que dicho cargo “tiene un reconocimiento institucional específico, lo que debería exigirle un cumplimiento especialmente riguroso de sus deberes relacionados con la transparencia”.

“Sin embargo”, añade, “en la página web del Congreso no aparece reflejado cuáles son los ingresos por rentas, en 2026, del actual jefe de la oposición. La información, que data de agosto de 2023, y no se ha actualizado”. “Con estos datos desactualizados la ciudadanía no tiene acceso a lo que percibe, a día de hoy, el actual jefe de la oposición”, lamenta el PSOE, que concluye: “Tampoco tiene acceso a qué otras rentas recibe, y en concepto de qué, por lo que no es de acceso público a cuánto asciende y quién paga la residencia en la que el actual jefe de la oposición vive en una zona exclusiva de Madrid”.

El Pleno tendrá que votar dos puntos. El primero asegura que “el Congreso se compromete a promover que todos los diputados y diputadas, en cumplimiento del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, actividades e intereses económicos”.

El segundo se centra en la figura del jefe de la oposición, a quien plantea reclamar que “refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie (lo que incluye el pago de su actual vivienda), actividades e intereses económicos, como la mejor forma de dotar a la ciudadanía de un instrumento eficaz para juzgar mejor su proceder”.

Una disposición adicional de apenas unas líneas de extensión, aprobada y en vigor desde hace más de tres años, lleva días sirviendo a PP y Vox para insinuar —en el caso de los populares— o denunciar expresamente —en el de la ultraderecha— sin ninguna prueba un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de “fabricar votantes”, mientras dirigentes de Vox como José María Figaredo han alertado incluso de que el presidente Pedro Sánchez intenta dar “un golpe de Estado en diferido”. La norma en la que apoyan estas acusaciones es la conocida como 'ley de nietos', que permite optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Pero el PP y Vox no hicieron crítica alguna durante la tramitación parlamentaria a esta disposición, cuya redacción, de hecho, es muy similar a la que propuso el PP en 2022.

La que estos días se ha dado a conocer públicamente como la 'ley de nietos' es, en realidad, una pequeña parte de la legislación sobre memoria democrática: en concreto, su disposición adicional octava. Este texto permitió, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

La 'ley de nietos', junto a todo el resto de la Ley de Memoria Democrática, fue aprobada por las Cortes en 2022 tras un largo proceso de tramitación, que duró un año y tres meses. La norma logró los apoyos de la entonces sólida mayoría que sustentaba al Gobierno, y solo PP y Vox votaron en contra. Pero lo cierto es que no lo hicieron por la disposición adicional octava, la que permitía a los descendientes de los exiliados por el franquismo acceder a la nacionalidad española, sino esgrimiendo sus argumentos clásicos en los debates sobre el franquismo: el PP denunció que la ley buscaba “destruir el legado de concordia” de la Transición “y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas”, mientras Vox calificó la norma de “totalitaria”, sostuvo que “impone una versión sectaria y distorsionada de la historia española del siglo XX” y criticó que, mientras “se destruirá hasta el último yugo y flechas”, “podrán exhibirse sin problemas la hoz y el martillo o la bandera tricolor”.

Tan desapercibida pasó la disposición adicional octava sobre nacionalizaciones en la tramitación parlamentaria que el PP, incluso, presentó una enmienda al texto que los propios populares calificaron de mera “mejora técnica”. El texto finalmente aprobado en la ley de nietos es prácticamente calcado al contenido de esa enmienda registrada por el PP. Vox, por el contrario, optó por no presentar ni una sola modificación parcial a toda la ley de memoria democrática, y escenificó su oposición presentando una enmienda de totalidad de devolución —el instrumento parlamentario que sirve para intentar detener la tramitación de una iniciativa en las primeras fases de la misma— en la que calificaba el texto de “totalitario” e “inmoral”. En ella, la formación ultraderechista no hacía ninguna mención a la posibilidad de que los nietos de exiliados pudieran optar a la nacionalidad española.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. En los últimos días, el PP ha centrado sus críticas en esta instrucción, que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no. “El Gobierno ha eliminado el criterio de exilio por vía de una instrucción”, denunció este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Lo que dice la polémica instrucción

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo denunció en enero. El problema es que ya no se puede llevar a los tribunales, aunque Vox sí anunció una “revisión de actos nulos”.

El partido de Feijóo intenta, a la vez, criticar el procedimiento abierto por el Gobierno por limitarse a los exiliados represaliados del franquismo, así como la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplía el corpus de emigrantes que pueden adscribirse al proceso. Históricamente, no obstante, el voto exterior ha sido numéricamente poco relevante. En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

En el PP lanzarán una serie de iniciativas parlamentarias ante la imposibilidad de tumbar un procedimiento que ya ha reconocido sus derechos a más de medio millón de personas, de las cuales más de 300.000 ya figuran en el Registro Civil. Entre otras cuestiones, el partido de Feijóo pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y una batería de preguntas parlamentarias.

Querella ante los tribunales

La polémica desatada por la ley de nietos también ha llegado a los tribunales, aunque no ha sido el PP quien la ha judicializado, sino la asociación ultracatólica HazteOir, que este viernes presentó una querella contra Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes— por supuesta prevaricación cuando era directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Hazte Oír acusa a Puente de haber hecho una interpretación excesivamente amplia de la ley de nietos en la instrucción que aprobó para su aplicación que permite solicitar la nacionalidad no solo a los represaliados del franquismo, sino a los descendientes de todos aquellos que la perdieron por abandonar España, fueran cuales fueran los motivos.

No obstante, no es la primera vez que la 'ley de nietos' acaba en los tribunales. En el año 2024, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica —un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria histórica— ya se querelló contra Sofía Puente. En esta ocasión, no obstante, la querella se sustentaba justo en los argumentos contrarios: que la norma era discriminatoria porque otorgaba el derecho a solicitar la nacionalidad únicamente a exiliados políticos y no a los descendientes de españoles que emigraron por razones económicas.

Este 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza, cumple 11 años de vigencia. La norma fue una de las últimas aprobadas por la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el PP de Mariano Rajoy en el Congreso y desde el momento de su puesta en marcha fue rechazada de manera unánime tanto por la izquierda como por formaciones nacionalistas de derechas como el PNV o CiU, posteriormente Junts. El mismo día de su aprobación, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, prometió que derogaría la norma instaurada “por el rodillo del PP” cuando alcanzara el Gobierno. Pero, aunque ha habido varias intentonas, la ley mordaza sigue plenamente vigente y su reforma lleva varada en el Congreso más de un año.

La ocasión en la que más cerca estuvo la ley mordaza de ser derogada fue la pasada legislatura. Pero entonces, las tensiones entre el PSOE, por un lado, y ERC y EH Bildu, por la otra, dieron al traste con las negociaciones en una de las últimas fases de la tramitación de la reforma, cuando los grandes pilares de la nueva ley de seguridad ciudadana habían sido ya pactados. Ambas formaciones independentistas compartían el grueso del texto, pero se opusieron al mismo argumentando que el PSOE se había quedado corto en relación con tres asuntos: la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, el veto a las pelotas de goma como material antidisturbios, y el margen para sancionar las faltas de respeto contra los agentes de la autoridad.

Tras el fracaso de 2023, no obstante, las relaciones entre los socialistas y ERC y EH Bildu se recondujeron. Y eso llevó a que, a finales de 2024, los independentistas vascos anunciaran un acuerdo con el Gobierno para impulsar una nueva reforma de la ley mordaza basada en el texto derribado la anterior legislatura, pero con renuncias por ambas partes. ERC y EH Bildu aceptaron un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que incluso el que el PSOE llegó a ofrecerles para que no naufragaran las negociaciones de 2023 y, a cambio, los socialistas se comprometieron a retirar “gradualmente” las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad.

La tramitación de esa nueva reforma comenzó viento en popa, y en octubre de 2024 pasó su primer examen parlamentario al ser tomada en consideración en el Congreso con el apoyo del Gobierno y sus socios, y pese a los votos en contra de PP, Vox y UPN. A finales de diciembre de ese año se cerró el plazo para presentar enmiendas. Pero ese avance a buen ritmo se detuvo ahí, puesto que, al entrar en detalles, surgieron las discrepancias entre los grupos parlamentarios que mantienen la proposición de ley en el congelador.

En verano del año pasado se produjo una reunión informal entre el PSOE y varios de sus aliados (en concreto, Sumar, EH Bildu, PNV y ERC) para intentar desbloquear la tramitación, pero no se logró ningún avance. Y fuentes de la negociación indican que, desde entonces, ha habido pocos movimientos: sí se han producido ciertos intercambios de documentos, indican algunos dirigentes consultados, pero esos contactos no han servido para resolver los desacuerdos, y de hecho la ponencia —el órgano reducido con representación de todos los grupos en el que se debate para alcanzar un primer borrador final de la reforma— ni siquiera ha llegado a reunirse en 2026. “Está congelada”, admite, en lo que se refiere a la tramitación uno de los diputados que forman parte de esa ponencia.

La pugna PNV-Bildu, entre otros motivos

Los motivos de este estancamiento son varios, aunque cada una de las formaciones consultadas pone el foco en uno o en otro en función de su posición. Hace unas semanas, el diputado de Compromís dentro del grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, aprovechó la agresión de un policía a una docente jubilada que se estaba manifestando en València por la educación pública para exigir al PSOE que “cumpla” con su promesa de derogar la ley mordaza, pero también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” para poder “llevar al PSOE una ponencia cerrada que le evite poner más excusas” para cerrar la tramitación.

En ese punto coinciden varias fuentes: los choques entre partidos como PNV y EH Bildu en relación con este asunto son una de las causas principales de que la norma esté congelada, aunque no la única. La pasada legislatura, la fallida reforma de la norma se vehiculó a través de una proposición de ley del PNV, mientras en esta ocasión el Gobierno prefirió permitir que EH Bildu se apuntara el tanto de haber logrado reactivar la reforma. Y eso no es baladí en el cada vez más competido tablero del nacionalismo vasco, y fuentes de la negociación explican que el PNV se está mostrando mucho más duro en esta legislatura en asuntos como el principio de autoridad de las fuerzas policiales. 

El texto sobre el que se está trabajando suaviza los artículos que regulan esta materia, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que se imponen en virtud de la ley mordaza. La desobediencia a un agente policial, por ejemplo, pasaría de infracción grave a leve, por lo que la multa máxima será de 600 euros y no de 30.000, como hasta ahora. Pero desde el inicio de las negociaciones el PNV ha afirmado que no está de acuerdo con esta medida y en las enmiendas que presentó hace año y medio al texto inicial ha propuesto mantener como graves las infracciones por desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa manifiesta y clara a identificarse.

A ello se unen otros desacuerdos, como el que ha expresado Podemos desde que se conoció el pacto entre el Gobierno y EH Bildu con relación a la regulación sobre las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, que a los morados les parece demasiado tibia. Podemos apuesta por que se establezca un plazo concreto para prohibir el uso de este tipo de material antidisturbios, algo que el PSOE evitó concretar en su acuerdo con los independentistas vascos, y también quiere que el rechazo en frontera quede expresamente prohibido en la reforma de la ley mordaza, algo que los socialistas siempre han rechazado por considerar que es una materia que debe tratarse en otra ley.

El PSOE, clave

Con este panorama, fuentes de la negociación sostienen que el PSOE se ha puesto de perfil en los últimos meses y no ha hecho demasiado por intentar limar las diferencias que mantienen sus socios tanto entre sí como con la propuesta del propio Gobierno. No obstante, algunas de estas fuentes también afirman que, en las últimas semanas, han percibido un cambio de actitud por parte del ala socialista del Ejecutivo, que estaría empezando a moverse para intentar reactivar la tramitación de una de las pocas normas que, salvo sorpresa, sí podría sacar adelante con seguridad en lo que queda de legislatura.

El Gobierno, además, se encuentra necesitado de buenas noticias ante el pésimo momento que atraviesa a causa de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de las nuevas revelaciones sobre el caso Leire. No obstante, el PSOE no ha respondido públicamente por el momento a la presión de Sumar, que ha optado por presionar a los socialistas para intentar retomar algo de iniciativa política y mover el foco de los casos de corrupción y la última semana pidió por boca de varios portavoces agilizar la tramitación de la reforma de la ley mordaza.

El PSPV ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por falso testimonio ante la Comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados, tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal.

Según han informado a EFE fuentes de los socialistas valencianos, la querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso el pasado mes de noviembre y la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, fundamenta la acusación en que el exjefe del Consell, a pesar de haber recibido la advertencia legal de no faltar a la verdad, “mintió deliberadamente” en su comparecencia del 17 de noviembre de 2025 sobre la gestión de la catástrofe. Según el documento, Mazón alteró u ocultó información clave con el claro objetivo de construir una “versión con clara finalidad exculpatoria”.

Entre las acusaciones más destacadas, la querella señala que el expresidente mintió al afirmar que existió un “apagón informativo” y que carecía de datos. Los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell “demuestran” que desde las 8:15 horas “conocía la gravedad” y ordenó “inundar de datos a los medios” para dar una “sensación de estar alerta que te cagas”. Asimismo, el texto denuncia que Mazón faltó a la verdad al sostener que “había hecho públicas todas sus llamadas” mediante un listado “hecho a mano” que omitió contactos reales e incluyó “conversaciones falsas”, como dos llamadas telefónicas “inexistentes” con Alberto Núñez Feijóo.

Por último, el documento rebate de forma contundente la versión de Mazón sobre su itinerario y el conocimiento de las víctimas. La querella expone que ocultó que tras salir del restaurante El Ventorro acompañó a una periodista al aparcamiento y permaneció allí mientras la consellera Pradas intentaba contactar con él sin éxito. De igual modo, califica de “objetivamente falsas” sus afirmaciones de que no supo de los fallecimientos hasta las 5:00 horas del día siguiente, pues consta que a las 23:25 horas remitió un mensaje a Feijóo donde admitía que ya aparecían muertos y que la situación iba a ser “un puto desastre”.

Contradicciones en la comparecencia

El expresidente valenciano, durante su comparecencia, eludió responder a numerosas preguntas, incurrió en contradicciones y restó trascendencia a su tardía incorporación al centro de mando (Cecopi), al afirmar que “nada hubiera cambiado” si hubiera llegado antes. También defendió su polémica comida con la periodista Maribel Vilaplana y aseguró que en ese momento “nadie sabía que la gente se estaba ahogando”.

La comparecencia estuvo marcada por la extrema tensión y los duros reproches de varios grupos parlamentarios. Portavoces como Gabriel Rufián (ERC) e Ione Belarra (Podemos) calificaron su gestión de “homicida” y le atribuyeron la responsabilidad directa por las muertes, mientras que Yolanda Díaz le exigió que renunciara a su acta de diputado. Por el contrario, formaciones como el PP y Vox evitaron interrogarle directamente sobre sus decisiones y optaron por desviar el foco de las críticas hacia la actuación del Gobierno central.

En el exterior del Congreso, grupos de víctimas de la catástrofe se concentraron para protestar y rebatieron públicamente las declaraciones del exmandatario. Paralelamente, la jornada sumó reacciones políticas inmediatas, destacando que Compromís anunció que estudia emprender acciones legales contra Mazón por mentir en sede parlamentaria respecto a las alertas, llamadas telefónicas y el conocimiento cronológico de los fallecimientos.

Conmemoramos hoy, como cada 30 de junio, el Día del Parlamentarismo. Y lo hacemos en medio de un incremento de la crispación en las asambleas legislativas de nuestro país. Me gusta recordar que hace casi cien años el político, jurista e intelectual Fernando de los Ríos dijo que la revolución pendiente en nuestro país es la del respeto. Desgraciadamente, esta sentencia está más vigente que nunca.

Sufrimos una carencia evidente de respeto al adversario y al representado. Lo comprobamos en cada sesión del Congreso, la cámara con mayor resonancia, aunque también en el Senado y en el resto de las asambleas autonómicas. El cúmulo de salidas de tono hace que algunos episodios que deberían resultar inadmisibles -o como mucho ocasionales- resulten ya prácticas habituales. Solo en los últimos meses hemos visto a un diputado encararse con agresividad en la Mesa del Congreso a quien presidía en ese momento la sesión; cruces de acusaciones graves y sin pruebas de “asesino” o “criminal” entre sus señorías y, por citar solo algún fenómeno especialmente ruidoso, comunicadores reconvertidos en agitadores ultras que acosan a representantes públicos e impiden el trabajo verdaderamente útil del resto de periodistas.

El insulto se ha convertido en parte de la estrategia política de confrontación. Causa un bochorno insoportable ver hasta qué niveles se hace uso de exabruptos y los ataques indiscriminados. ¿Quién podía imaginar que la presidenta de una comunidad autónoma llamase “hijo de puta” al presidente del Gobierno de España en el propio Congreso y que, lejos de disculparse y rectificar, ironizase con ello una vez tras otra, o más recientemente le calificase de “sinvergüenza”, como si se tratase de algo convencional? Ya incluso hay ministros que hacen gala de un lenguaje más propio del ‘matonismo’ que del decoro.

Más allá de aceptar que los insultos son los argumentos de quienes, como diría Rousseau, “están equivocados”, enfangar el terreno de juego hasta esos niveles nos conduce justo al extremo opuesto al que deberíamos ocupar: nos estamos convirtiendo en un nuevo problema de la sociedad, en lugar de ser parte activa en la resolución de los problemas que ya existen. Y por eso resulta imprescindible recordar lo que debería ser obvio: se puede discrepar con los planteamientos del adversario, e incluso contestar con vehemencia sus posiciones, pero hay que hacerlo de manera respetuosa y ejemplar, sin perder de vista que nuestro paso por las instituciones debería mejorar la vida de la gente a la que representamos, algo imposible si perdemos las formas.

Lo expresó muy bien el sabio expresidente uruguayo Pepe Mujica: “el problema es ganar voluntades, no aplastar”. Pero parece obvio que estamos en una espiral constante de aplastamiento y que hemos renunciado a buscar los puntos de encuentro.

A menudo digo que en las Cortes de Castilla-La Mancha el nivel de decibelios aún sigue por debajo de la locura nacional y que disfrutamos de cierto microclima de moderación y entendimiento, pero me preocupa el deterioro que pueden conllevar la proximidad de las elecciones, que siempre predispone a las subidas de tensión, y la contaminación permanente a la que estamos sometidos por los comportamientos nacionales tan tóxicos.

Por otra parte, el método recurrente de algunos grupos de acusar con palabras tan gruesas como veto o censura a los órganos de dirección del parlamento por no admitir asuntos que son presentados a sabiendas de que no cumplen el Reglamento resulta una deslealtad y una falta de respeto con la institución. El código de circulación prohíbe saltarse los semáforos: nadie se puede rasgar las vestiduras porque le restrinjan la libertad de circulación cuando no se atienda a las normas. Quienes precisamente trabajamos produciendo leyes debemos ser especialmente escrupulosos con el cumplimiento de las reglas.  

Téngase en cuenta que en esta legislatura ha habido predisposición para acordar nuevas normas, y ese fue el ánimo con que avanzamos hasta que una de las partes acordantes ha decidido dar marcha atrás a los acuerdos adoptados. Me estoy refiriendo obviamente a la profunda reforma del Estatuto de Autonomía pactada entre los dos grandes partidos y con la sociedad civil, y que ahora ha quedado paralizada en el Congreso, con motivo de un cambio de postura por parte del PP. Si no se han puesto en marcha nuevos mecanismos relativos al control al gobierno, ha sido exclusivamente porque los pactos en los que se enmarcaron han quedado dinamitados.

El problema de respeto alcanza, por tanto, al trato entre las personas que ejercemos en los parlamentos, a la palabra dada y votada en sede parlamentaria y al funcionamiento de las propias instituciones. Las faltas de respeto en cada uno de estos ámbitos nos llevan a reivindicar otro ejercicio del parlamentarismo. Y el mejor ejemplo lo tenemos en La Transición: hace 50 años nuestro país vivió un momento crucial, el paso de la dictadura a la democracia, y lo hizo en un ambiente de enorme agitación social. Lejos del idílico mito de una Transición pacífica, hay que recordar que había un clima de enormes hostilidades en las calles.

En este ambiente marcado por el terrorismo de ETA, Grapo y grupos de extrema derecha; con las heridas recientes de la Guerra Civil y de la durísima represión franquista; con amenazas de golpes de estado permanentes; con manifestaciones muy tensas, una severa crisis económica y decenas de muertos por violencia social cada año, los representantes políticos españoles supieron calmar los ánimos y tender puentes para llegar a acuerdos que han propiciado el mayor periodo de progreso, paz y bienestar de nuestro país. El papel de esa generación política resultó no solo determinante sino providencial. Cada una de las partes renunció a una victoria total -que en realidad era solo una victoria parcial- para pensar en el interés común. Con una mirada a largo plazo y por supuesto con respeto. Cuanto más se elevaba el volumen en la calle, más necesario fue rebajar el tono en los despachos y el Congreso para hacer posible un diálogo fructífero, porque se entendió que “el ruido no hace bien, ni el bien hace ruido”.

Por eso merece la pena reivindicar la Transición política española, como vamos a hacer a la vuelta del verano desde las Cortes Regionales y el Gobierno Autonómico. Ojalá que esta mirada atrás nos inspire para retomar el espíritu constructivo con el que debemos afrontar nuestro trabajo en los parlamentos. Una tarea que no solo debemos vivir como un privilegio, sino como una ocasión única para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

No necesitó Feijóo más que unas horas para ofrecer el pasado miércoles una demostración antológica de su método político: quejarse de lo que él mismo ha institucionalizado. Ese día denunció en el Congreso que Pedro Sánchez hubiese difundido la zona en la que vive, invocando la protección de la familia como un derecho inviolable, mientras mentaba al fallecido padre de Patxi López —encarcelado y represaliado por el franquismo— llegando a asegurar que, si se levantara de su tumba y viera lo que ha hecho su hijo en política, no le perdonaría jamás.

El método, en realidad, se comenzó a intuir hace unos veinte años cuando aspiraba a gobernar en Galicia. Era el año 2009 y José Luis Baltar era el hombre fuerte del PP en Ourense y, por extensión, una pieza central del engranaje que llevó a Feijóo a la presidencia de la Xunta, ese trampolín desde el que se construyó la imagen ficticia de gestor moderado alejado de las guerras sucias. Baltar insinuó en esa campaña atroz que Anxo Quintana, candidato del BNG, maltrataba a su mujer. Lo hizo basándose en “lo que se comentaba por todo Allariz”, rumores sin prueba, sugiriendo que alguien con responsabilidades en materia de igualdad no podía tener “los problemas de convivencia que tenía con su mujer”, y rematando la imprudencia con una frase que sigue produciendo bastante estupor: “Pusimos al ratón a cuidar del queso”. Es decir, el PP convirtió la vida privada de Quintana y de su familia en munición electoral lanzada desde el aparato del partido, sin que nadie allí le pusiera freno.

Lo mismo ocurre con Begoña Gómez. Cuando Vito Quiles la siguió hasta un restaurante en Las Rozas mientras comía con unas amigas, el PP no salió a defender el derecho a la privacidad de la mujer de Sánchez, sino el derecho del agitador a hacer preguntas (aunque aquí resultó una defensa comprensible si se recuerda que ese mismo Vito Quiles había sido invitado a un acto de campaña del PP en Aragón como estrella del evento). O cuando Feijóo habló del negocio familiar de Begoña Gómez para acusar a Sánchez de haber “vivido de prostíbulos”, la línea roja también se desdibujó por completo porque la línea roja, se entiende ya a estas alturas, no es un principio articulado sobre una convicción política, sino una posición táctica que se despliega o se recoge según sea conveniente. La familia del adversario es legítima cuando sirve al argumentario; la propia es sagrada en cualquier circunstancia. 

Esta asimetría se basa en la construcción deliberada de un marco moral que solo genera obligaciones en una dirección. Personalmente estoy de acuerdo en eso de que la familia debe ser una línea roja en la política, pero quien lleva años convirtiendo la biografía familiar del adversario en munición de trinchera casi que renuncia al derecho moral de indignarse cuando alguien le devuelve el proyectil con el mismo calibre.

El Congreso concluyó esta semana su periodo ordinario de sesiones con una votación histórica por inédita: la mayoría absoluta de los diputados pidieron la dimisión del presidente del Gobierno y, a la vez, que Pedro Sánchez presente una moción de confianza para volver a recabar la confianza de la Cámara. La iniciativa del PP, meramente declarativa, salió adelante con los votos de Vox y Junts. Pero Alberto Núñez Feijóo no dará el paso de presentar una moción de censura, temeroso de que el independentismo catalán no le apoye. Por si más adelante sí se atreve, los suyos siguen cortejando a los del fugado Carles Puigdemont.

Feijóo ha cerrado una de las peores semanas para el Gobierno con un sonoro triunfo parlamentario que se derretirá con la canícula veraniega. La sentencia del caso mascarillas y la condena de 24 años para el exministro José Luis Ábalos es un duro golpe para Pedro Sánchez, quien le confió además la siempre delicada Secretaría de Organización del PSOE. Pero los vaivenes de Junts escaman en las plantas altas del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del cuartel general del PP.

Un repaso sucinto a lo ocurrido este mes de junio permite comprender los temores del PP. En las últimas semanas, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto mandar a juicio a la esposa del presidente y le ha retirado el pasaporte, tras poner en duda la labor de la Policía Nacional en evitar una hipotética huida. El expresidente del Gobierno y uno de los principales arietes de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado como investigado por presunta corrupción. También sus hijas y su secretaria personal han sido imputadas. En los registros de su oficina se encontraron joyas valoradas en más de un millón de euros en una tasación “preliminar”.

El presidente del Gobierno compareció el miércoles ante el Congreso con todas estas piedras en su mochila para, en teoría, dar explicaciones. Para entonces, Feijóo ya había intentado todo para convencer a los socios de Sánchez de que le invistan a él con una moción de censura que, sin embargo, no se atreve a presentar. “Son los socios los que deben moverse”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el día que se conoció la imputación de Zapatero. “Estaremos a la altura”, remachó su jefe de filas, quien unas semanas antes ya había dicho: “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”. 

El objetivo de Feijóo es el mismo desde 2023: atraer al PNV y a Junts. Sabe, o cree, que son los únicos capaces de cambiar de bando. Pero todos y cada uno de sus intentos han fracasado. Hasta el punto de que la relación con el nacionalismo vasco, con quien la colaboración ha sido habitual desde que Xabier Arzalluz hiciera presidente a José María Aznar, está totalmente rota.

Junts amaga con la 'vía Starmer'

Con Junts, la situación es diferente, al menos en apariencia. La coincidencia ideológica entre el independentismo de derechas catalán y las derechas españolas es mayor. Y no solo porque Feijóo ya intentó en 2023 convencer con un posible indulto a Carles Puigdemont para que le apoyara tras las elecciones. El rechazo a subir los impuestos a las principales empresas y fortunas del país, su negativa a intervenir el mercado de la vivienda o la criminalización de las personas migrantes les ha unido en múltiples votaciones parlamentarias.

Pero Junts tampoco termina de atreverse a dar el paso de dejar a Sánchez e investir a Feijóo en una moción de censura, aunque Vox se ha quitado de la ecuación y el líder del PP les ha prometido una convocatoria electoral inmediata. “No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha”, llegó a decir el jefe de la oposición.

La respuesta de Junts llegó por boca de Jordi Turull. El secretario general del partido dijo que estaban dispuestos a negociar la moción de censura. Eso sí: si Feijóo viaja a Waterloo y se reúne directamente con Puigdemont. Todo un jarro de agua fría para las pretensiones de la derecha española. Y también una forma de intentar cortocircuitar la creciente presión sobre Junts, sabedores de que mencionar la ciudad belga es un anatema para el PP.

Feijóo descartó inmediatamente tal opción. El ‘no’ del PNV y las condiciones imposibles de Junts podrían hacer pensar que en el PP han descartado absolutamente la idea de la moción de censura. Pero no lo han hecho porque los movimientos de Junts alientan la idea de que, en algún momento, los siete diputados de Puigdemont en Madrid podrían bajar el pulgar a Sánchez. Y así pareció ocurrir el miércoles pasado, cuando la portavoz de Junts pidió la dimisión de Sánchez, pero sin convocatoria electoral. Es decir, que este mismo Congreso elija a otro presidente.

Una idea directamente copiada de los últimos movimientos de la política británica, donde Keir Starmer ha dimitido para dejar paso a otro laborista como primer ministro, al alcalde de Manchester, Andrew Burnham. Será el séptimo jefe del Ejecutivo desde el Brexit de hace una década.

Míriam Nogueras no explicó a quién proponía como nuevo presidente ni qué condiciones debería cumplir esa persona. Eso lo hizo su secretario general, Jordi Turull, unos días después en una entrevista: un candidato que no necesariamente sea del PSOE, que se comprometa a cumplir los acuerdos de investidura supuestamente incumplidos y que viaje a Waterloo para recibir el plácet de Puigdemont. Son condiciones que se antojan inasumibles para el PSOE y que no están pactadas con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. 

El mismo miércoles a la misma hora, Junts plantó al PP en una votación en el Senado sobre la dimisión de Sánchez. Pero un día después sí votó a favor de la moción del Congreso, sin explicar los motivos ni en la tribuna parlamentaria ni ante los medios de comunicación. Desde el jueves, silencio de radio.

“Que se mueva Sánchez”

En Génova, no saben qué esperar de Junts. De momento no hay intención de activar la moción de censura, pero la estrategia pasa por seguir cortejando al independentismo catalán. El jueves por la noche, el secretario general, Miguel Tellado, aseguró en la Cadena Ser que el independentismo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. “Estamos en el año 2026, y lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17”, explicó.

“No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo”, cuestionó. Tellado insistió: “Hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza para la democracia española no es el secesionismo en Catalunya, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto”.

Feijóo estudió en 2023 la amnistía para Puigdemont y se planteó el indulto al ‘president’ que decretó la independencia de Catalunya durante unos segundos a cambio de la investidura.

Desde la dirección del PP refrendan las palabras de Tellado: “Lo peligroso es ceder ante el secesionismo”.

El calvario judicial no ha terminado para el Gobierno, que afrontará en las próximas semanas y meses otros hitos: la sentencia sobre el hermano de Sánchez, el juicio a la esposa del presidente y el avance de otras causas que afectan igualmente a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a los pagos en metálico del PSOE. El hito que podría precipitar los acontecimientos es que se diera una imputación del PSOE como organización. Mientras eso llega, en el PP creen que su jefe de filas no tiene que hacer nada, de momento. “Lo analizaremos y usaremos, pero no hay más novedades”, explican fuentes de Génova, que remiten a las palabras de Feijóo tras su éxito parlamentario: “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”.

“Lo del jueves implica que se tiene que mover Pedro Sánchez”, apuntan desde la dirección del partido. El presidente del Gobierno no da la sensación de estar pensando en tirar la toalla. A la vuelta del verano, si no antes, Feijóo y el PP tendrán que volver a responder sobre la moción de censura y seguir dando vueltas en la rueda de ratón hasta que lleguen las elecciones.