Tras el encuentro del lehendakari, Imanol Pradales, con Nadia Calviño, ahora en el BEI, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se ha reunido este martes en Bruselas con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y también exvicepresidenta del Gobierno de España. Torres ha señalado que busca tejer alianzas “estratégicas” vinculadas al empleo, la capacitación y la transformación económica.

Según ha informado el Gobierno, Torres y Ribera han intercambiado planteamientos sobre la forma de avanzar hacia una transición “limpia, justa y competitiva que garantice la cohesión social, subrayando el papel clave de las regiones en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea”. La reunión, siempre según la parte vasca, ha permitido también “profundizar en cuestiones vinculadas a la competitividad industrial, la productividad y la política económica en el contexto de la transición verde, analizando los instrumentos necesarios para acompañar la transformación del tejido productivo sin perder capacidad competitiva”, informa Europa Press.

Además, Torres presentará este miércoles la Alianza Regional de Habilidades ZainLab, una iniciativa “dirigida a impulsar la profesionalización, formación y desarrollo del empleo de cuidados y que ha permitido salir a centenares de personas de situaciones de explotación, precariedad y soledad”, según ha explicado la Consejería. Asimismo, mantendrá un encuentro con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Mario Nava.

La agenda incluye también una reunión con María Teresa Fabregas Fernández, responsable de la Task Force RECOVER, para analizar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su impacto en Euskadi, y el representante permanente del Banco Europeo de Inversiones, Christian Zingiersen. El viaje institucional se completará este jueves con reuniones con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, así como con Sonia Vila, jefa de gabinete de la vicepresidencia ejecutiva de Personas, Habilidades y Preparación de la Comisión Europea, y con Mari Carmen Barrera, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo.

En paralelo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, se reunirán con los consejeros de Empleo y Seguridad Social de la Representación Permanente de España en la Unión Europea.

La española con más poder en Europa está al frente de dos carteras claves de la Comisión: la de Competencia y la de Transición Ecológica. Teresa Ribera defiende en esta entrevista con elDiario.es las nuevas reglas sobre las fusiones empresariales, que buscan crear ‘campeones europeos’, capaces de competir frente a los gigantes estadounidenses y chinos: “Una fusión que reduzca las dependencias o suponga una mejora tecnológica nos va bien”. La vicepresidenta de la Comisión se muestra cauta en sus críticas a Trump y cuestiona la inacción de Europa frente al genocidio en Gaza: “Es de los episodios más frustrantes para cualquier persona que tenga un mínimo de respeto a los derechos humanos y los principios morales básicos”. “No hemos estado a la altura de las circunstancias”, lamenta.

¿Puede ser esta nueva crisis energética el aldabonazo que suponga la consolidación final de las energías renovables?

Sí. Cuando hablamos de energía hablamos también de seguridad económica, de autonomía, de capacidad de decidir y de reducción de dependencias. Ya habíamos identificado muchos motivos por los que era importante transformar nuestro sistema energético. Ahora, todavía más. Dos grandes conflictos en cuatro años es extraordinariamente significativo. Aquellos países que han sido capaces de acelerar la transformación de su modelo energético frente a los que se han rezagado muestran con creces la mayor o menor capacidad de hacer frente a una situación como la actual.   

La Comisión Europea va a permitir a los países compensar hasta el 70% del sobrecoste energético por la guerra a los sectores agrario, energía intensiva y transportes (salvo aviación). ¿No es contradictorio? ¿No se impulsa así el consumo de los combustibles fósiles que en teoría la Unión Europea quiere sustituir?

La mayor garantía es transformar nuestro modelo energético y reducir las dependencias del exterior. Pero también que sea viable desde el punto de vista de la factura que representa para el tejido productivo y nuestros hogares. 

Hemos querido identificar qué sectores concretos podían sufrir en mayor medida el impacto de la guerra en Oriente Medio y aplicar medidas de alivio eficaces. Son temporales, hasta el 31 de diciembre de 2026. Acompañar las medidas de fondo con el corto plazo es lo que representa a Europa. No podemos pensar en que cada cual se las apañe.

Varios países, incluido España, han puesto sobre la mesa un impuesto a los beneficios de las compañías energéticas, que están logrando unas ganancias extraordinarias por la guerra de Irán. ¿Por qué la Comisión no ha tenido en cuenta esta propuesta?

Sí la ha tenido en cuenta. Hay dos cosas importantes al respecto: cualquier medida fiscal requiere unanimidad por parte del Consejo y esa unanimidad hoy por hoy no existe. Y es difícil invocar una situación extraordinaria cuando, afortunadamente, la situación económica no es tan terrible y tan generalizada como lo que vivimos en el año 2022.

Cuando usted fue ministra de Transición Ecológica en España respaldó el cierre de las nucleares y ahora forma parte de una Comisión Europea que aboga por la expansión de la energía nuclear. ¿Cree realmente que la energía nuclear es una solución para Europa?

La decisión sobre cuál es el mix tecnológico de cada país es de cada gobierno y responde a coyunturas nacionales muy diferentes. Con independencia de cuál sea la opinión personal de cada uno de los miembros del Colegio de Comisarios, sería una barbaridad imponer a ningún Estado miembro un determinado mix eléctrico. 

Una clave importante para el éxito europeo es que todos hemos respaldado la mayor electrificación de los consumos finales de energía, la mayor eficiencia y la mayor interconexión y, por supuesto, que la generación de esa electricidad proceda de fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero. La Península Ibérica tiene unas características muy propicias y favorables a una transición hacia un mix renovable. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista del calendario de cierre? No me corresponde a mí decidirlo. Le corresponde decidirlo a la ministra y al Gobierno. 

Hay Estados miembros que están volcándose hacia la nuclear. En la mayor parte de los casos es una apuesta a medio plazo: centrales que no estarán operativas hasta 2030, 35 o 40. No es una solución para una crisis como la que estamos viviendo en este momento. También es verdad que la experiencia del cierre en Alemania ha resultado de gestión complicada para los países vecinos, que se lamentan del impacto que esto ha tenido en los precios.

El ataque permanente de Trump a la UE no se entiende. Más allá de la insatisfacción o de la preocupación que esto genere, debemos superar esa consternación

¿Ha perdido ambición la apuesta de Europa por el Green New Deal? Algunos de los objetivos, como la prohibición de los coches con motor de combustión en 2035, se han rebajado. ¿Sigue siendo una prioridad para Europa? 

Lo que hemos vivido en estos dos meses pone de manifiesto hasta qué punto es una pena que no hayamos ido más deprisa. Si hubiéramos electrificado en mucha mayor medida nuestra movilidad, estaríamos en una situación completamente diferente. Estamos mejor que en 2022, pero las economías europeas tienen una tasa de electrificación muy por debajo de otras que tampoco tienen petróleo, como China. 

La carrera por la movilidad eléctrica ha supuesto una transformación importantísima en algunas economías. Es una rápida industrialización que genera riqueza y empleo para la sociedad. Esta crisis pone de manifiesto hasta qué punto el Pacto Verde es un pacto de libertades, de autonomía, de soberanía, de innovación y de competitividad industrial, como por otra parte es el mandato mismo de esta Comisión.

Por el camino puede haber voces disidentes y tenemos una muy importante al otro lado del Atlántico y otras dentro de nuestro continente. Hay quien lo puede ver con preocupación, o quien puede querer defender su espacio y su interés en el muy corto plazo. ¿Esto es lo acertado? No. 

Con la información que tiene en la Comisión, ¿cómo ve la situación actual de bloqueo en la guerra de Estados Unidos contra Irán? ¿Cree que es posible que acabe cediendo a las presiones y reabriendo a corto plazo el estrecho de Ormuz? 

Es una situación enormemente preocupante y un gran desafío para todos. A Europa nadie le preguntó qué opinaba al respecto. Nadie en nuestro continente defendía al régimen de los ayatolás por razones obvias de derechos humanos, de libertades, de democracia y de progreso. Todos deseábamos que acabara imponiéndose un régimen democrático de libertades. ¿Midieron bien los protagonistas este conflicto? A la vista están las consecuencias. 

Más allá de lo fundamental: derecho internacional, carta de Naciones Unidas, ocupación, violencia... Hay dos aspectos clave: una catástrofe humanitaria que además encuentra a las agencias de las Naciones Unidas con presupuestos muy limitados, y la disponibilidad de un recurso que queremos eliminar y caminar hacia la descarbonización, pero que sigue siendo el gran motor de nuestra economía. Es capital que Europa se mantenga al pie del cañón en la defensa de búsqueda de soluciones y generando presión para reducir el nivel de conflicto cuanto antes.

Tras iniciar la guerra, Trump ha lanzado ataques continuos a la UE por no ayudar a levantar el cierre del estrecho de Ormuz. ¿Sigue siendo Trump un aliado de la UE?

Quizá una de las cosas más sorprendentes que hemos vivido desde el inicio de su mandato es esta hostilidad hacia la Unión Europea. Esta idea de que la Unión Europea surge en contra de los intereses de Estados Unidos cuando en realidad el propio proyecto de las comunidades europeas al final de la Segunda Guerra Mundial es, afortunadamente, una reacción de inteligencia política y de generosidad por parte de Estados Unidos, que se da cuenta de que Europa no puede ser un territorio de conflicto permanente. 

Estados Unidos se ha visto siempre como un socio capital de cara a la defensa de las libertades, la democracia, los derechos y, por tanto, ese ataque permanente no se entiende. Más allá de la insatisfacción o de la preocupación que esto genere, debemos superar esa consternación y defender, explicar, argumentar y encontrar una recuperación y una consolidación de la relación transatlántica, pero no de cualquier relación transatlántica. Debe ser una relación basada en el respeto mutuo, en la defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades. 

Pero ahora no hay respeto mutuo

En estos momentos, con demasiada frecuencia nos encontramos con situaciones, como poco, paradójicas.

Es muy frustrante que la Unión Europea no haya encontrado la forma de reaccionar con más contundencia en Gaza, lo que no significa que le resulte indiferente. La UE todavía está lejos de poder decir que estamos a la altura de las circunstancias.

¿Ha beneficiado a China la guerra contra Irán?

Una de las lecciones más interesantes que Europa debería extraer es que el soft power es power. Hay muchos más países en el mundo que aspiran a progreso, libertad, creación de riqueza y mejora en el desarrollo de sus ciudadanos. Eso requiere una estabilidad y un apoyo comercial, financiero, educativo, cultural y una gobernanza que necesita de alianzas y de amistad. En eso Europa ha sido siempre un campeón.

Hemos conseguido avanzar mucho y muy rápidamente en relaciones comerciales, pero creo que todavía tenemos mucho recorrido con el resto del mundo. Quien sí lo ha abandonado, por lo menos temporalmente, es Estados Unidos. Obviamente, si Estados Unidos no ocupa ese espacio de influencia política, de financiación al desarrollo, de apoyo en las relaciones institucionales… hay otro que sí lo ocupa. China ha aprendido a desplegar esa diplomacia de una forma muy intensa. Es un espacio que tendrá más difícil recuperar Estados Unidos en el medio plazo.

¿Corre la UE el riesgo de quedar atrapada en la irrelevancia entre EEUU y China?

Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer como ciudadanos europeos. Tenemos una responsabilidad especial y no debemos pensar que por inercia nos va a seguir yendo bien sin hacer nada. La opinión pública europea debe ser consciente de lo importante que ha sido construir este proyecto y lo determinante que es defenderlo dentro y fuera. 

Somos una potencia interesante, pero somos relativamente reducidos. Ya no somos el centro del mundo. Ahora bien, no nos podemos quedar en un rincón. Tenemos que salir a defender con uñas y dientes nuestro modelo.

Europa está invirtiendo mucho en armamento, pero el gasto militar europeo hoy ya es más o menos el doble que el de Rusia. ¿Realmente es un problema de presupuesto o el verdadero problema es la falta de coordinación europea a la hora de defenderse frente a posibles amenazas?

Desde un momento muy temprano en el proyecto europeo corrió en paralelo la idea de construir una Unión Europea de la Defensa. Eso fue aparcado en los años 90 como consecuencia de la confianza en la OTAN. Hoy nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos que reforzar nuestra capacidad con una visión amplia de seguridad y defensa.

Europa tiene que desplegar un potencial que nunca ha estado presente en nuestras prioridades. Esto no se mide en términos de porcentajes de PIB dedicados a la compra de armamento clásico. Se mide en términos de inteligencia, unidad y proyecto europeo. Se mide en términos de estrategia. Hemos dado pasos muy rápidos en relación con lo que han sido las últimas décadas de nuestra historia, pero todavía estamos lejos de contar con una respuesta eficaz. Tenemos que hablar de la Europa de la defensa, que no es exclusivamente la suma de 27 presupuestos nacionales dedicados al ejército, sino que requiere un mando, una reflexión y una identificación de estrategias compartidas por los europeos.

Usted ha liderado las críticas dentro de la Comisión al genocidio en Gaza. Sin embargo, la respuesta de Bruselas ha sido muy criticada por su tibieza. Dos preguntas: ¿ha sido frustrante su posición? ¿Ha fallado moralmente la UE en la toma de medidas concretas con Israel?

Lo que estamos viviendo es de los episodios más frustrantes para cualquier persona que tenga un mínimo de respeto a los derechos humanos y principios morales básicos. Es la historia de un fracaso televisado del régimen de respeto a los derechos más básicos de las personas, a la protección de los civiles indefensos que surge tras el horror que vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, es muy frustrante que la Unión Europea no haya encontrado la forma de reaccionar con más contundencia, lo que no significa que le resulte indiferente. La UE todavía está lejos de poder decir que estamos a la altura de las circunstancias.

Europa tiene que desplegar un potencial en defensa que nunca ha estado en sus prioridades

Su departamento ha presentado sus planes sobre la nueva política de fusiones empresariales. Uno de los objetivos es crear “campeones europeos”, empresas aún más grandes. ¿Hasta qué punto cree que este cambio ayudará a competir con China y Estados Unidos?

Hemos presentado unas directrices sobre cómo analizar las operaciones de fusión. Ya no es solamente un aspecto que deba centrarse en el análisis del impacto en precios para los consumidores. Los mercados son cada vez más globales y necesitamos facilitar todas las operaciones que sean competitivas porque favorezcan la innovación y la resiliencia. Sabemos que hay ámbitos donde las grandes operaciones corporativas van a determinar el éxito de mañana, como son el ámbito digital, el de la sostenibilidad y la eficiencia. Es importante trabajar con los operadores que estén interesados en hacer este tipo de operaciones desde un primer momento para entender los riesgos y beneficios.

Hay dos elementos importantes. Uno: que sean mercados globales no significa que valga cualquier cosa, hay que proteger a los consumidores. Dos: lo que vemos son distorsiones que se producen porque no hemos logrado superar la fragmentación de 27 mercados nacionales, porque no existe una verdadera unión en ese ámbito de actividad industrial o empresarial. Está bien pensar en consolidaciones en un determinado sector, pero siempre y cuando tengamos también clara la perspectiva de integración progresiva.

Simultáneamente, tenemos que prestar atención a otros ámbitos. El sector digital y el sector financiero, por ejemplo, es donde Europa lastra en mayor medida un gap de competitividad frente a la economía americana. En el resto somos más eficientes y vivimos mejor que los americanos. Este gap se explica fundamentalmente por la tecnología digital y por la oportunidad de crecer, es decir, cuáles son las oportunidades para financiar el crecimiento.

Ya hay voces que critican que esa nueva política dará mucho más peso al crecimiento de las empresas que a los beneficios para los consumidores. ¿Qué opina al respecto? 

A una sociedad como la europea, una fusión que favorezca un salto cualitativo desde el punto de vista de la reducción de las dependencias o desde el punto de vista de la mejora tecnológica, nos va bien. Lo que es importante es que haya una valoración de probabilidad razonablemente solvente de que eso va a ser así. Si no hay un nivel de probabilidad razonable, es difícil dar ese paso si supone un perjuicio para los consumidores. Pero sí hay una serie de sectores donde la necesidad de inversión para el despliegue de las siguientes generaciones es tan importante y el nivel de riesgo es tan relevante que es razonable que estén buscando de qué forma podemos colaborar para la siguiente generación de satélites, de infraestructura de telecomunicaciones, de aviones… 

Siempre se pone como ejemplo el éxito de Airbus. Es verdad que en aquel momento Airbus supone la fusión de muchas empresas europeas de tamaño mediano para hacer frente al único competidor global que existía, que era Boeing. ¿Hay algo parecido que se pueda hacer ahora? Eso es lo que tenemos que ver.

En este nuevo borrador de fusiones, los Estados miembros pueden intervenir en fusiones para proteger intereses públicos legítimos. ¿De qué intereses estamos hablando?

Esto ha sido lo que hemos querido clarificar en nuestro borrador de directrices porque es verdad que nos hemos encontrado con que se alegaba un interés de seguridad nacional interpretado de una forma muy vaga, muy genérica, que no necesariamente se podía justificar y que además en muchas ocasiones tenía que ver con operaciones transnacionales. Esto es algo que puede ayudar a consolidar esos campeones europeos y si se alega la defensa del interés nacional para evitar esa fusión, se reduce esa perspectiva. No cualquier cosa puede ser defendida como un riesgo frente al interés o la seguridad nacional.

Las nuevas reglas permitirán a la Comisión frenar la compra de pequeñas empresas innovadoras que persigan acabar con la competencia. Sin embargo, los grandes campeones estadounidenses han conseguido su enorme tamaño precisamente comprando startups tecnológicas. Google con YouTube, o Meta con Instagram o con WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuál es su visión al respecto?

Hacemos dos cosas. Por una parte, creamos un escudo de defensa de la innovación, es decir, en qué circunstancias entendemos que una pequeña startup puede sentirse segura si cuenta con una oferta para poder crecer sin que eso ponga en riesgo la posibilidad de seguir innovando. Eso nos lo pide el propio semillero de empresas más creativas.

En paralelo, también teníamos otro desafío al que hacer frente: evitar lo que en el argot se llama las killer acquisitions, es decir, aquellas compras cuya finalidad precisamente es evitar que haya un nuevo operador que desafíe al incumbente tradicional. Lo que estamos haciendo es unas directrices que tienen como principal objetivo ser transparentes para con el conjunto de los operadores económicos. 

Si hubiéramos electrificado en mucha mayor medida nuestra movilidad, estaríamos en una situación completamente diferente. Estamos mejor que en 2022, pero las economías europeas tienen una tasa de electrificación muy por debajo de otras que tampoco tienen petróleo, como China

Hace unos días, la principal responsable de comercio de la UE, Sabine Weyand, dejó su cargo tras criticar el acuerdo comercial pactado apresuradamente con el presidente de Estados Unidos. ¿Cree que es un buen acuerdo comercial para los intereses de Europa? 

A esta señora la conozco bien y tengo un gran respeto por ella. Ha estado detrás de una muy buena parte de los acuerdos comerciales que ha venido firmando Europa con la mayor parte de sus socios en los últimos años. Es una mujer tremendamente respetada en el ámbito europeo y de la Comisión. Es verdad que desde hace ya algún tiempo, y ya por razones personales, quería dejar su actividad y dedicarse a llevar una vida un poco más relajada. Siempre ha defendido la importancia de reconciliar esas dimensiones exterior y doméstica como el gran desafío que tiene Europa en este momento, y eso lo comparto. 

No creo que haya mucha gente que diga que el acuerdo comercial con EEUU es un acuerdo enormemente satisfactorio. Es un acuerdo que es fruto de unas circunstancias y unas condiciones en las que los negociadores por parte de la Comisión Europea interpretan que ese es el mandato que han recibido por parte de los gobiernos nacionales: evitar escalar un conflicto con Estados Unidos, buscar estabilidad... 

¿Es un acuerdo para calmar a EEUU?

Opiniones hay para todos los gustos. La Comisión intentó en aquel momento seguir las recomendaciones que había recibido por parte del Consejo Europeo. ¿Es lo que más puede convenir a la Unión Europea? No estoy segura. De lo que sí estoy segura es que refleja lo que en aquel momento los 27 gobiernos nacionales trasladaron a la Comisión.

¿Por qué Trump acusa ahora a Europa de violar ese mismo acuerdo comercial?

No tiene mucho sentido comentar las palabras del presidente de Estados Unidos. No parece que lo que dice esté estrechamente vinculado a la negociación de lo que aparece en el acuerdo, sino probablemente a una foto más amplia que no tiene nada que ver con el acuerdo comercial.

La Inteligencia Artificial (IA) es ya casi omnipresente en la vida de ciudadanos y empresas, pero está copada por grandes empresas, todas ellas estadounidenses. ¿Qué puede hacer su departamento para incrementar la competencia en el campo de la IA?

Es un espacio absolutamente crítico en el que tenemos que hacer muchas cosas. Desde mi departamento, estamos intentando ver si los motores de búsqueda son transparentes y trazables; hasta qué punto el acceso a los datos para poder desarrollar modelos no beneficia a los incumbentes tradicionales frente a las alternativas que puedan surgir. Trabajamos muy estrechamente con los responsables de la Comisión.

La inteligencia artificial en estos momentos ya forma parte de los elementos estratégicos más relevantes desde el punto de vista de la gestión de la información y de la opinión pública de cara a procesos electorales, pero también de cara a la inteligencia militar y espacio bélico.

Europa tiene que pensar varias cosas. Qué gobernanza, qué transparencia y qué criterios éticos queremos. Qué capacidades de desarrollo de modelos y de posicionamiento propio, autónomo y soberano necesitamos para evitar situaciones tan terribles como las que hemos visto como el corte al acceso a la nube o a servicios digitales a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional o funcionarios de Naciones Unidas [sancionados por EEUU por sus investigaciones contra líderes israelíes]. Imaginemos todo eso proyectado con un despliegue de inteligencia artificial que permite ser muy eficiente en la producción de bienes y servicios, pero que también puede destrozar la producción de bienes y servicios o boicotear el funcionamiento de una economía de un país.

Este es un espacio donde tenemos un lastre muy importante. Hay al menos dos grandes potencias que han dado un paso adelante muy significativo. Europa tiene que recuperar terreno a marchas forzadas.

La semana pasada se reunió con alcaldes europeos que piden medidas como la creación de “zonas de mercado tensionadas” o la “prohibición de los alquileres turísticos de corta duración” para solventar el problema de la vivienda. ¿Va la Comisión a incluir algunas de sus propuestas en la futura Ley de Vivienda asequible? ¿Por qué las instituciones europeas son tan remisas a actuar en el mercado de la vivienda?

Si uno mira los tratados, no verá la palabra vivienda en ningún sitio. No ha habido un referente de vivienda que permitiera construir una política en torno a esto. ¿Qué pasa? Que hoy sabemos que es el gran problema para una inmensa mayoría de europeos. Eso tiene un impacto social terrible, pero también un impacto económico. Esto llevó a que en esta Comisión la presidenta Von der Leyen encargara a un comisario la política de vivienda.

En este año largo de mandato de la Comisión hemos presentado nuestro plan de vivienda asequible. Hemos aprobado nuevas directrices para la ayuda de Estado para vivienda asequible y hemos empezado a trabajar de forma muy intensa en esa directiva sobre vivienda asequible. Una de las peticiones de los alcaldes, y no solo de los alcaldes españoles, es abordar lo que aquí hemos conocido como mercados tensionados, es decir, mercados sometidos a una presión que hace inviable seguir tratando en pie de igualdad el uso comercial del uso familiar de la vivienda y que, por tanto, hay que priorizar esto. 

Y sí, este es uno de los elementos que probablemente tendrá un reflejo en esta directiva que está programada para ser presentada en este año. Confiamos en que recogiendo todas las recomendaciones, no solamente de los alcaldes, podamos seguir impulsando este tipo de medidas.

El ex jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, Marc Pons, ha admitido este miércoles en su declaración como testigo ante el juez Santiago Pedraz que se reunió “cuatro o cinco veces” con el exasesor Koldo García, si bien ha desvinculado esos contactos de la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, investigada por el juez. Pons también ha manifestado que mantuvo una reunión “de alto nivel” con Ribera, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El instructor del caso, Santiago Pedraz, acordó una nueva batería de comparecencias tras recibir un nuevo atestado de la UCO centrado en los intentos de la trama de hidrocarburos que lideraban presuntamente Aldama y su socio Claudio Rivas para obtener de manera ilícita una licencia para operar con la compañía Villafuel en el mercado mayorista de hidrocarburos entre 2021 y 2022. Rivas, que también estaba citado este miércoles, se ha acogido a su derecho a no declarar. 

Según la investigación, la red corrupta destinó un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos “permeando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”. 

Esa “influencia”, dice el informe, fue “canalizada” a través de su exasesor Koldo García, quien se reunió en varias ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Si bien el propio informe subraya que ese Ministerio no tenía competencia para otorgar “autorizaciones” sobre hidrocarburos. Díaz Bidart también estaba citado este miércoles pero ha podido acudir debido al temporal de nieve en la Comunidad de Madrid. 

La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. Respecto a este departamento, el informe cita como indicios dos mensajes que el exasesor de Ábalos envió Pons en abril y julio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos. 

Ante la obsesión por Groenlandia de Donald Trump, la vicepresidenta y comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, ha respondido con claridad a los intentos del presidente de EEUU de hacerse con un territorio de un país perteneciente a la Unión Europea. Ribera ha señalado este martes que “no son aceptables las amenazas a los aliados que basadas en posiciones que no son verdad. Groenlandia no está en venta”, tras su participación en un desayuno de Forum Europa, organizado por New Economy Forum.

No hay duda de la falta de contundencia por parte de las instituciones europeas a la hora de responder al desafío de Trump, Ribera ha admitido que la UE “no estaba preparada para un mundo donde algunos de nuestros aliados tradicionales, algunos de los países poderosos y claves que han estado en la construcción del modelo de paz y cooperación después de la Segunda Guerra Mundial, iban a desafiar las reglas internacionales y las alianzas”.

Este lunes, el presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró las amenazas sobre Groenlandia: “De una forma u otra vamos a quedarnos con Groenlandia”.

A la hora de poner sobre la mesa las medidas necesarias por parte de la UE para responder al desafío de Trump, Ribera ha subrayado que “es necesario identificar cómo podemos desarrollar herramientas de defensa y seguridad y construir una Europa mucho más unida”.

Ahora bien, la comisaria española ha lanzado una crítica a la posición geopolítica de la UE y sus planteamientos de política exterior que ha definido como “la coordinación de diferentes políticas exteriores nacionales junto con las visiones generales provenientes de las instituciones europeas, así que es complejo. Pero creo que esto no significa que debamos permanecer en silencio o indiferentes ante ello”.

A pesar de la tibia respuesta de las instituciones europeas, la comisaria europea de Competencia ha destacado que “ha habido un apoyo bastante relevante por parte de grandes países de la OTAN, subrayando su posición de respaldar a Dinamarca y a los groenlandeses. Es relevante dejar claro a todos por qué es importante levantarse. No es un solo tema de simples declaraciones, es una situación que debe ser utilizada como un ejemplo de por qué es clave seguir construyendo la alianza con el resto del mundo y dejar claro que no se puede aceptar este tipo de comportamiento en la arena internacional”.

Los líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido la soberanía de Groenlandia y la seguridad de la región del Ártico ante las amenazas creciente de Estados Unidos, después del ataque ilegal a Venezuela.

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, ha evitado lanzar alguna crítica contra Donald Trump por sus intenciones de hacerse con Groenlandia, aunque el presidente de EEUU no ha descartado la opción militar.

Un ha vist les sèries The West Wing (els EUA), City Secret (Austràlia), Baron noir (França), House of Cards (el Regne Unit i els EUA) o Borgen (Dinamarca) i està curat d’espants. Encara que siguen ficció, totes aquestes obres mestres de la televisió destapen, amb més o menys cruesa, les bambolines de la política en democràcies occidentals de diferents latituds: les bones i les males arts dels gestors públics; el compromís amb la ciutadania i les escombraries necessàries perquè el sistema funcione. O es podrisca.

A Espanya encara no hem aconseguit tindre una obra similar sobre el funcionament de la sala de màquines de La Moncloa o dels palaus de la Generalitat o de San Telmo. Una llàstima, perquè els nostres representants polítics donarien molt de joc. Però gràcies a les investigacions periodístiques i a la jutgessa de la dana anem coneixent en l’últim any la llanterneria del Govern de Carlos Mazón durant la gestió de la riuada del 29 d’octubre de 2024. La revelació de les telefonades dels diferents polítics implicats i les seues converses a través de l’aplicació de missatgeria WhatsApp donen per a una sèrie made in Spain.

Gràcies a aquests missatges entre els principals actors, aportats al procediment judicial, hem pogut conéixer el llenguatge despreocupat del ja expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, quan parla amb la seua consellera. «Collonut», li va etzibar quan Salomé Pradas l’informava de la seua faena per a combatre unes inundacions que se li van escapar de la mà. Hem pogut també escandalitzar-nos quan una vicepresidenta del mateix Govern reaccionava així en ser informada del desbordament de barrancs: «Jope, si necessites res ens ho dius». I hem pogut veure un cap de gabinet del president del Consell –ai, el cap de gabinet— menysprear la faena de la responsable d’Emergències amb el ja fatídic «de confinar, res».

Cert és que pocs resistiríem l’escrutini dels nostres missatges privats sense contextualitzar-los, però també ho és que en la nostra tasca diària no està gestionar la protecció civil de 5,3 milions de valencianes i valencians. Dels nostres representants s’espera més o, almenys, com passava en les benintencionades L’ala oest de la Casa Blanca o Borgen, que la serietat i l’interés general prevalguen per damunt de la frivolització, els interessos personals o els de partit. No ha sigut aquest el cas de la gestió de la dana, en què continuem observant, entre atònits i indignats, en quines mans va estar la Comunitat Valenciana quan va caure sobre sis de les seues comarques el pitjor temporal de pluja de tot el segle XXI.

L’últim a qui se li han vist les costures després de lliurar a la jutgessa els missatges que es va intercanviar amb Carlos Mazón és Alberto Núñez Feijóo. A petició de la magistrada de Catarroja –encara que de manera voluntària, per ser el secret de les comunicacions un dret fonamental–, el president del PP va lliurar al jutjat els missatges de WhatsApp que li va enviar el president de la Generalitat entre les 20.00 i les 23.27 del dia de la dana. Només la revelació d’aquesta primera part ja va servir per a evidenciar que, des del 30 d’octubre de 2024 fins que va dimitir el 3 de novembre de 2025, tot el PP valencià i nacional havia mentit a l’opinió pública sobre la implicació del Govern des del primer moment i sobre els recursos posats damunt la taula. «A través de Delegació, de moment, tenim el que necessitem, que ara mateix és l’UME», reconeixia Mazón a Feijóo, a qui també contava que havia parlat amb Pedro Sánchez i amb quatre ministres.

Aquesta primera bateria de missatges també va servir per a evidenciar que Feijóo no va estar informat en tot moment de l’evolució de la dana. Primer, perquè el seu interlocutor tampoc ho estava: Mazón no va arribar al Centre d’Emergències, on s’esdevenia el Cecopi, fins a les 20.28. I segon, perquè va haver de ser el líder mateix del PP qui preguntara al seu president autonòmic, a les 19.58, per la situació, alarmat per les notícies que inundaven els mitjans de comunicació. A aquestes hores ja tot estava perdut per a desenes de persones que perien ofegades per la gestió de l’Administració.

Divendres, i una altra vegada a petició de la jutgessa, el president del PP va lliurar la segona part de la seua conversa amb Mazón. I no ha sigut menys demolidora per a algú que aspira a ser president del Govern d’Espanya, una de les persones més poderoses del país. L’actitud d’Alberto Núñez Feijóo davant les informacions que li envia el president autonòmic genera inquietud i desconcert. «Porta la iniciativa de la comunicació… És la clau», contesta el líder popular a Mazón després d’explicar-li açò: «Seran desenes —de morts— segur». «Sí, sí. Vaig dient-te. Però fins que no comence el dia demà no sabem què collons ens trobarem». Abans, i amb un cap del Consell anunciant-li una nit llarga, Feijóo ja li havia dit: «Ànim. Lidera informativament com vas fer en l’incendi».

La preocupació del president del PP pel relat i la sustentació que ha donat durant mesos a les mentides de Mazón evidencien que Alberto Núñez Feijóo ni estava ni està per saber la veritat del que va passar. Només li interessava imposar la seua versió, encara que fora falsa, i limitar el mal que poguera fer la gestió de la dana del seu partit a la Comunitat Valenciana a la seua carrera cap a la Moncloa. Però aquesta vegada WhatsApp ha matat aquest conte que contava durant l’últim any.

Les sèries polítiques ens van ensenyar que hi ha dues maneres d’exercir el poder: amb consciència o amb cinisme. En els missatges d’Alberto Núñez Feijóo no hi ha rastre de la primera. No pregunta per les víctimes ni per la magnitud del desastre, sinó que pretén assegurar-se el control del relat. No actua com un dirigent davant una tragèdia, sinó com un estrateg davant una crisi d’imatge. Més prop de House of Cards que de Borgen, Feijóo va deixar clar que, fins i tot quan ja es comptaven morts, la urgència no era empatitzar, sinó salvar el seu camí a La Moncloa.

Uno ha visto las series The West Wing (EE. UU.), City Secret (Australia), Baron Noir (Francia), House of Cards (Reino Unido y EE. UU.) o Borgen (Dinamarca) y está curado de espanto. Aunque sean ficción, todas estas obras maestras de la televisión destapan, con mayor o menor crudeza, las bambalinas de la política en democracias occidentales de diferentes latitudes: las buenas y las malas artes de los gestores públicos; el compromiso con la ciudadanía y la basura necesaria para que el sistema funcione. O se pudra.

En España aún no hemos conseguido tener una obra similar sobre el funcionamiento de la sala de máquinas de la Moncloa o de los palacios de la Generalitat o de San Telmo. Una lástima, porque nuestros representantes políticos darían mucho juego. Pero gracias a las investigaciones periodísticas y a la jueza de la dana estamos conociendo en el último año la fontanería del Gobierno de Carlos Mazón durante la gestión de la riada del pasado 29 de octubre de 2024. La revelación de las llamadas telefónicas de los distintos políticos implicados y sus conversaciones a través de la aplicación de mensajería WhatsApp dan para una serie made in Spain.

Gracias a estos mensajes entre los principales actores, aportados al procedimiento judicial, hemos podido conocer el lenguaje desenfadado del ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando habla con su consellera. «Cojonudo», le espetó cuando Salomé Pradas le informaba de su trabajo para combatir unas inundaciones que se le fueron de las manos. Hemos podido también escandalizarnos cuando una vicepresidenta del mismo Gobierno reaccionaba así al ser informada del desbordamiento de barrancos: «Jope, si necesitas algo nos dices». Y hemos podido ver a un jefe de gabinete del presidente del Consell —ay, el jefe de gabinete— desdeñar el trabajo de la responsable de Emergencias con el ya fatídico «de confinar, nada».

Cierto es que pocos resistiríamos el escrutinio de nuestros mensajes privados sin contextualizarlos, pero también lo es que en nuestra tarea diaria no está la de gestionar la protección civil de 5,3 millones de valencianas y valencianos. De nuestros representantes se espera más o, al menos, como sucedía en las bienintencionadas El ala oeste de la Casa Blanca o Borgen, que la seriedad y el interés general primen por encima de la frivolización, los intereses personales o los de partido. No ha sido este el caso de la gestión de la dana, donde seguimos observando, entre atónitos e indignados, en qué manos estuvo la Comunitat Valenciana cuando cayó sobre seis de sus comarcas el peor temporal de lluvia de todo el siglo XXI.

El último al que se le han visto las costuras tras entregar a la jueza los mensajes que se intercambió con Carlos Mazón es Alberto Núñez Feijóo. A petición de la magistrada de Catarroja —aunque de manera voluntaria, por ser el secreto de las comunicaciones un derecho fundamental—, el presidente del PP entregó al juzgado los mensajes de WhatsApp que le envió el presidente de la Generalitat entre las 20.00 y las 23.27 del día de la dana. Solo la revelación de esa primera parte ya sirvió para evidenciar que, desde el 30 de octubre de 2024 hasta su dimisión el 3 de noviembre de 2025, todo el PP valenciano y nacional había mentido a la opinión pública sobre la implicación del Gobierno desde el primer momento y sobre los recursos puestos encima de la mesa. «A través de Delegación, de momento, tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME», reconocía Mazón a Feijóo, a quien también contaba que había hablado con Pedro Sánchez y con cuatro ministros.

Esa primera batería de mensajes también sirvió para evidenciar que Feijóo no estuvo informado en todo momento de la evolución de la dana. Primero, porque su interlocutor tampoco lo estaba: Mazón no llegó al Centro de Emergencias, donde se celebraba el Cecopi, hasta las 20.28. Y segundo, porque tuvo que ser el propio líder del PP quien preguntara a su presidente autonómico, a las 19.58, por la situación, alarmado por las noticias que inundaban los medios de comunicación. A esas horas ya todo estaba perdido para decenas de personas que perecían ahogadas por la gestión de la administración.

Este viernes, y otra vez a petición de la jueza, el presidente del PP entregó la segunda parte de su conversación con Mazón. Y no ha sido menos demoledora para alguien que aspira a ser presidente del Gobierno de España, una de las personas más poderosas del país. La actitud de Alberto Núñez Feijóo ante las informaciones que le envía el presidente autonómico genera inquietud y desconcierto. «Lleva la iniciativa de la comunicación… Es la clave», le contesta el líder popular a Mazón tras contarle este: «Van a ser decenas —de muertos— seguro». «Sí, sí. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar». Antes, y con un jefe del Consell anunciándole una noche larga, Feijóo ya le había dicho: «Ánimo. Lidera informativamente como hiciste en el incendio».

La preocupación del presidente del PP por el relato y el sostén que ha dado durante meses a las mentiras de Mazón evidencian que Alberto Núñez Feijóo ni estaba ni está por conocer la verdad de lo que pasó. Solo le interesaba imponer su versión, aunque fuera falsa, y limitar el daño que pudiera hacer la gestión de la dana de su partido en la Comunitat Valenciana a su carrera hacia la Moncloa. Pero esta vez WhatsApp ha matado ese cuento que venía contando durante el último año.

Las series políticas nos enseñaron que hay dos formas de ejercer el poder: con conciencia o con cinismo. En los mensajes de Alberto Núñez Feijóo no hay rastro de la primera. No pregunta por las víctimas ni por la magnitud del desastre, sino que pretende asegurarse el control del relato. No actúa como un dirigente ante una tragedia, sino como un estratega ante una crisis de imagen. Más cerca de House of Cards que de Borgen, Feijóo dejó claro que, incluso cuando ya se contaban muertos, lo urgente no era empatizar, sino salvar su camino a la Moncloa.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una trama de hidrocarburos, ha citado a declarar en enero como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que fecha para el próximo 28 de enero las declaraciones de Díaz Bidart y Pons.

Para ese día, el juez además ha citado nuevamente como investigado al empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.

El instructor también ha vuelto a llamar como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama el 29 de enero e igualmente en esa condición, para el 30 de enero, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz ha convocado para que declaren como testigos el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como para el día 30 a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.

elDiario.es reveló que la UCO incluía a Manuel García en su atestado al atribuirle por error un contacto con la “organización criminal” que investiga la Audiencia Nacional. El último atestado del instituto armado aportado al sumario afirma que el empresario Víctor de Aldama “contactó” e “intermedió” con “el director general de Minas, Manuel García Hernández” momentos antes de que la empresa de su socio registrara documentación sobre una licencia que no obtuvo hasta casi dos años después. Esa “conversación” es el principal indicio que cita la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Sin embargo, en el caso de Manuel García, la unidad policial se basa en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. A través de sus herramientas forenses, los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO. 

De hecho, las fuentes consultadas afirman que los agentes también se equivocan al afirmar que es Aldama quien “contactó” pues, de acuerdo a ese código recuperado, fue su interlocutor quien le envió el mensaje.

La operadora Villafuel

La trama habría formado “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.

“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, según el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del “entorno de la presunta organización criminal” se habría pedido a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.

Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.

En uno de los atestados de la causa, la UCO explicó el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.

“El estado general del medioambiente europeo no es bueno. El impacto del cambio climático se está acelerando y la degradación ambiental continúa, amenazando la salud, la prosperidad, la competitividad y la seguridad de Europa”. Esta es la conclusión del informe Medio ambiente y clima en Europa: conocimiento para la resiliencia, la prosperidad y la sostenibilidad, que ha realizado la Agencia Europea de Medioambiente.

“Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo. El clima está cambiando a un ritmo alarmante. Esto amenaza la seguridad alimentaria e hídrica, la salud pública, los ecosistemas, las infraestructuras y la economía. El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos cada vez más impredecibles y extremos. Todos lo hemos presenciado en los últimos años y estos impactos continuarán y empeorarán”, ha avisado Leena Ylä-Mononen, directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, ha señalado que “si Europa, su economía y su estilo de vida quieren sobrevivir y prosperar, debemos actuar con determinación y unidad antes de que sea demasiado tarde. Las crisis climáticas y de biodiversidad se retroalimentan, los ecosistemas desempeñan un papel esencial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la adaptación al cambio climático mediante soluciones naturales. Conservar y restaurar nuestros hábitats naturales puede protegernos contra sequías, inundaciones, incendios forestales y degradación del suelo, y nos ayuda a mitigar el cambio climático, así como a adaptarnos a él. La protección y la restauración de la naturaleza son esenciales para garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestros sistemas alimentarios y recursos hídricos”.

Este informe se realiza cada cinco años y los datos son poco alentadores para la UE: Más del 80% de los hábitats protegidos se encuentran en mal estado, con fórmulas de consumo y producción insostenibles. Los depósitos que ayudan a eliminar el carbono de la UE se ha reducido aproximadamente un 30% en una década debido a la tala forestal, los incendios de bosques y las plagas. El estrés hídrico ya afecta a uno de cada tres europeos y se agravará con el cambio climático. Las emisiones de gases contaminantes apenas han cambiado en las industrias del transporte o la alimentación. Los países no están haciendo lo suficiente para adaptarse a las condiciones meteorológicas extremas que está provocando el cambio climático.

“Debemos profundizar en el replanteamiento fundamental del funcionamiento real de nuestras economías. Hay que descarbonizar la economía. En segundo lugar, restaurar los ecosistemas naturales, no solo para proteger la biodiversidad, sino también para fortalecer la resiliencia climática y la seguridad alimentaria e hídrica. En tercer lugar, hay que adoptar la circularidad para reducir los residuos y la dependencia de los materiales, reforzando así nuestra autonomía estratégica. En cuarto lugar, reducir aún más la contaminación para proteger la salud de los ciudadanos y los ecosistemas europeos. Y en quinto lugar, reducir los niveles generales de consumo en toda Europa. En estos tiempos de incertidumbre, Europa no puede permitirse rebajar sus ambiciones en materia de clima, medio ambiente y sostenibilidad”, ha advertido Leena Ylä-Mononen.

“Tenemos una hoja de ruta, el plan de acción para el futuro. Al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a desafíos. Ahora hay un impulso político en torno a encontrar soluciones”, ha apuntado la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall. Sin embargo, a pesar de la mala situación del medio ambiente, Roswall anunció la semana pasada que había pedido al Parlamento europeo y al Consejo retrasar otro año la regulación contra la deforestación para “evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas relativas a la tecnología”.

Ante los incendios que han asolado el sur de Europa este verano, Ribera ha apuntado que “un grupo de alcaldes de países del sur de Europa está pidiendo no comprometer la acción climática de la UE porque no quieren que sus ciudadanos tengan que vivir con 45-50 grados de temperatura durante largos períodos del año. La primera medida de adaptación que necesitamos asegurar es la reducción de emisiones. También hay que aprender y anticipar escenarios por estos eventos catastróficos”.

La directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente ha admitido que “los grandes emisores de gases de efecto invernadero en Europa son el transporte y la agricultura, dado que el sistema energético ya se ha transformado. Transformar la agricultura a más climáticamente neutra es un gran desafío. Al mismo tiempo, los agricultores europeos están luchando contra los impactos del cambio climático, la escasez de agua o el calor extremo, etc. Es un gran problema”.

Termina uno de los procesos sobre competencia más complejos de la UE. Microsoft ha accedido a que su herramienta de comunicación y videoconferencias Teams admita productos de la competencia, que se permita sacar datos para usarlos con otros productos o separarlo de su aplicación de escritorio Office, con lo que ha evitado una multa millonaria por parte de la Unión Europea.

“Organizaciones grandes y pequeñas en Europa y en todo el mundo dependen en gran medida de las herramientas de videoconferencia, chat y colaboración, especialmente desde la pandemia del coronavirus. Con la decisión de hoy, hacemos vinculantes durante siete años o más los compromisos de Microsoft de poner fin a sus prácticas de vinculación que podrían estar impidiendo a sus competidores competir eficazmente con Teams”, ha explicado la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera.

Este proceso comenzó en 2020 cuando Slack denunció a Microsoft de abuso de dominio del mercado al no permitir que otras aplicaciones pudieran trabajar con su herramienta de videoconferencia, que era una de las más utilizadas. Tras cinco años de tiras y aflojas con la Comisión, finalmente la compañía estadounidense ha accedido a abrir su aplicación de trabajo para que otros competidores puedan vincular sus herramientas.

Microsoft se ha comprometido a “poner a disposición versiones de estas suites sin Teams y a un precio reducido; permitirá a los clientes con licencias a largo plazo cambiar a suites sin Teams; proporcionará interoperabilidad para funcionalidades clave entre las herramientas de comunicación y colaboración que compiten con Teams y ciertos productos de Microsoft; y permitirá a los clientes trasladar sus datos fuera de Teams para facilitar el uso de soluciones de la competencia”, según ha señalado Competencia en un comunicado.

Estos compromisos de Microsoft tienen una vigencia de siete años, excepto los relacionados con la interoperabilidad y la portabilidad de datos, que tendrán una vigencia de diez años, según anuncia la Comisión, que supervisará su cumplimiento.

En caso de que Microsoft no cumpliese con estos compromisos, la Comisión le puede imponer una del 10% de su facturación anual mundial, sin tener que demostrar una infracción de las normas antimonopolio de la UE, o una multa periódica del 5% por día de su facturación diaria por cada día de incumplimiento. La facturación del gigante estadounidense fue de 281.724 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal de 2025.

“La decisión de hoy abre la competencia en este mercado crucial y garantiza que las empresas puedan elegir libremente el producto de comunicación y colaboración que mejor se adapte a sus necesidades”, ha añadido Teresa Ribera.

Se está abriendo un abismo de valores cada vez mayor entre la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, y el resto de la Comisión Europea, especialmente con su presidenta, Ursula Von der Leyen. Un cisma provocado por la falta de actuación concreta de la institución europea ante las violaciones de derechos humanos en Gaza por parte de Israel. Ribera amplió aún más este jueves la brecha moral con sus compañeros en la Comisión al decir directamente que se está cometiendo “un genocidio en Gaza” y expresar su “frustración” ante la falta de medidas, durante la apertura del curso universitario en París.

“El genocidio en Gaza expone la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU piden un alto el fuego inmediato”, dijo Ribera. Funcionarios de la institución europea admiten que la posición frente al genocidio de los palestinos es “uno de los más sensibles políticamente” y que más está convulsionando internamente a la Comisión desde hace meses.

Sin embargo, la respuesta oficial de la Comisión que preside Ursula Von der Leyen sigue sin variar. Este viernes, ante las preguntas de si la Comisión compartía la posición de Ribera, un portavoz repitió la versión oficial: “No hay una posición al respecto. No corresponde a la comisión juzgar esta cuestión, sino a los tribunales. No ha habido ninguna decisión colegiada sobre este tema en particular. En lo que respecta a la determinación de si se han cometido crímenes internacionales, incluido el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales y las cortes internacionales que puedan tener jurisdicción”.

No es la primera vez que la comisaria española da un toque de atención a las conciencias de los altos cargos en Bruselas. A principios de verano, se atrevió a remover el avispero argumentando que la población gazatí “está siendo atacada, asesinada y condenada a morir de hambre”. “Una población concreta está confinada, sin hogar, destruida, sin comida, agua ni medicinas, con acceso prohibido, y sometida a bombardeos y disparos incluso cuando intenta obtener ayuda humanitaria. Carece de cualquier tipo de humanidad y no se permiten testigos. Si no es genocidio, se parece mucho a la definición utilizada para expresar su significado”, dijo.

Malestar en los pasillos

La posición de Ribera ya había sido asumida por un buen número de funcionarios europeos y trabajadores, que en los pasillos de las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento europeos) muestran un malestar patente ante la falta de actuación concreta por parte del Ejecutivo comunitario. Incluso se ha creado una Plataforma Personal de la UE por la Paz, en la que unos 2.000 empleados públicos han firmado cartas en las que se exige la revisión y “la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y el fin de las exportaciones de armas de los Estados miembros de la UE a Israel” hasta que detenga su campaña militar en Gaza.

La división interna se ha hecho más patente cuando Ribera y otros tres comisarios –Marta Kos (liberal, eslovena), Hadja Lahbib (liberal, belga) y Michael McGrath (liberal, irlandés)– respondieron a la carta de los funcionarios con otra misiva el pasado 28 de agosto. Además de aplaudir la posición de los empleados, los comisarios recordaron que este verano se propuso como primera medida la exclusión parcial de Israel del acuerdo científico Horizonte Europa. El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) señaló que Israel estaría violando el artículo 2 sobre el respeto de los derechos humanos del acuerdo de asociación UE-Israel, vigente desde el año 2000. Pero ni siquiera se consiguió esta medida. Es necesario una mayoría cualificada, de manera que para salir adelante debería conseguir el respaldo de 15 países que representen al menos al 65% de la población de la UE.

Los comisarios que se han posicionado más críticamente con Ribera y han firmado la carta de respaldo a los funcionarios que piden actuar contra Israel pertenecen a países que se han posicionado abiertamente en este sentido, como Bélgica, Irlanda y Eslovenia, además de España.

Un funcionario de la Comisión explica a elDiario.es que “hay comisarios que no están cómodos con la falta de actuación ante Israel, pero no tienen ni la capacidad ni la fuerza política para dar la cara”. “Es evidente que hay colegas de Teresa Ribera que comparten una serie de valores, pero no hacen nada”, dice.

Otro empleado europeo destaca en el mismo sentido que “hasta que no haya un cambio en la posición de Alemania y la presidenta de la Comisión no será posible avanzar”. “Desde principios de este verano llevamos escuchando que va a haber un cambio de la posición de Alemania pero no se ha visto aún nada”, añade.

El papel de Alemania está siendo fundamental para frenar el avance de medidas coercitivas hacia Israel. “Cada Estado tiene una trayectoria y unas mochilas con determinadas cargas que explican su posición. Es cierto que el colegio de comisarios cuenta con el menor número de socialistas de la historia, la fuerza es menor, pero no se trata de una cuestión de partidos. Por ejemplo, el comisario danés [Dan Jørgensen] que lleva la cartera de Vivienda y Energía es socialista y no ha firmado la carta”, explica este empleado de la Comisión.

Las miradas se dirigen con más intensidad sobre Ursula Von der Leyen. El próximo miércoles la presidenta de la Comisión tiene que dar el discurso del Estado de la Unión en el Parlamento Europeo, donde podría hacer menciones más allá de decir que las imágenes de niños asesinados en Gaza por el Ejército israelí son “insoportables” o pedirle a Israel que “reconsidere” la operación militar en el territorio palestino. Sin embargo, en el Parlamento europeo las fuerzas políticas no esperan que haya cambia de posición respecto a Israel. “Ojalá nos equivoquemos, pero no vemos mucho interés en Von der Leyen”, dicen fuentes parlamentarias.

El PP Europeo utiliza el informe de la Guardia Civil que la jueza de la dana cuestiona para cargar contra Teresa Ribera en Bruselas. La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo EPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que interpela a la Comisión Europea sobre su presidenta, la exministra de Transición Ecológica, empleando la tesis del “apagón” informativo que la jueza instructora ha descartado.

La líder popular hace alusión a “revelaciones”, según el comunicado del partido, en referencia al informe de la Guardia Civil que, apunta, “contradice” la declaración ofrecida por Teresa Ribera durante su audiencia previa a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea respecto a las alertas en la dana del pasado 29 de octubre, que provocó la muerte de 228 personas en Valencia.

En concreto, según el texto remitido por el PP, Montserrat solicita a la Comisión “que aclare si considera compatible con los principios de transparencia y confianza institucional el hecho de que, según el informe oficial, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dirigida por Ribera en su etapa como ministra, no emitió ninguna alerta entre las 16:15 y las 18:43 horas durante la trágica DANA que costó la vida a 228 personas en la Comunidad Valenciana. Este apagón técnico, se produjo precisamente en las horas y zona más críticas, obstaculizando la activación de medidas de protección civil”, dice el comunicado.

La europarlamentaria arremete contra la exministra, que fue severamente cuestionada por la cúpula del PP en los primeros días tras la dana -líderes que actualmente siguen cuestionando la actuación de los órganos del ministerio- y cuestiona la legitimidad de su elección. La información que da el informe de la Guardia Civil, y que la jueza instructora de la causa cuestiona, fue, para el PP “ocultada intencionadamente” durante el proceso de evaluación parlamentaria de Ribera. “Estas nuevas revelaciones confirman que Teresa Ribera se escudó en una cuestión de competencias para no asumir su responsabilidad en la gestión de las inundaciones de Valencia cuando ella era responsable en el momento de la tragedia de las cuencas, de la política hídrica, del organismo de control del clima y de las construcciones en zonas inundables”, ha indicado Montserrat.

La teoría del apagón está “plenamente superada”, según la instructora

La magistrada instructora de Catarroja, Nuria Ruiz, reclamó a la Guardia Civil una cronología de las alertas para incorporarla a la causa. La magistrada ha rechazado imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y argumenta que la “teoría” del apagón informativo que maneja el PP está “plenamente superada” y ha sido “descartada judicialmente”. En un auto, tilda de “erróneo en sus consideraciones y apreciaciones” el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, un informe que considera que “en el peor momento” de la dana la CHJ no controló el caudal del barranco del Poyo, en cuya cuenca se encuentran gran parte de las víctimas mortales.

En su resolución, la instructora carga contra el informe y considera que los agentes del Instituto Armado se extralimitaron y elaboraron una pericial que “no se corresponde” con lo acordado; simplemente había pedido una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos, excluyendo la valoración de la responsabilidad de las administraciones que solicitaba el Ministerio Fiscal.

La magistrada arremetió de plano contra la Guardia Civil y explica que “cualquier valoración exclusivamente policial de las negligencias o incumplimientos estaba condenado al fracaso, porque el análisis se sustentaría siempre en un análisis limitado exclusivamente a la prueba documental”. El informe, apuntó, excluye las declaraciones en el marco de la causa de peritos de “especial relevancia” e “indudable prestigio” que “expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología”. El informe del Instituto Armado remitido a la jueza instructora emplaza a “preguntar” a los “responsables” del organismo “cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales”.

La Comisión Europea ha multado con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio. La investigación que Bruselas comenzó en julio de 2022 ha concluido que las dos plataformas se dividieron el mercado europeo para no competir entre ellas y compartieron información privilegiada desde que la compañía alemana adquirió parte de la española. Por primera vez, la UE sanciona la denominada estrategia “no poach”, que supone llegar a un acuerdo con la competencia para no robarse talento.

“Compartían información sobre todo: precios, ofertas, capacidad de distribución, redes de distribución, debatían la gestión de costes”, resumen fuentes comunitarias, que concluyen que esa estrategia provocó un incremento en los precios que, en última instancia, pagan los consumidores, aunque Bruselas no ha elaborado una evaluación de impacto de cuál es el perjuicio total que pagaron los consumidores por esas prácticas que se prolongaron durante cuatro años (entre 2018 y 2022).

Lo que subraya la Comisión Europea es que las compañías son conscientes de la conducta que mantuvieron durante años. De hecho, la sanción final se ha reducido un 10% como parte de un acuerdo con la Comisión Europea por el reconocimiento del funcionamiento del cártel. La sanción asciende a 106 millones en el caso de Glovo y a 223, en el de Delivery Hero. La empresa reconoció que se enfrentaba a una multa de hasta 400 millones de euros.

“Este caso es importante porque estas prácticas se facilitaron mediante un uso anticompetitivo de la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo. También es la primera vez que la Comisión sanciona un acuerdo 'no poach', por el que las empresas dejan de competir por los mejores talentos y reducen las oportunidades de los trabajadores”, ha señalado la vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera.

La multa responde a tres conductas ilegales por parte de las plataformas que se detectaron gracias a una denuncia de una fuente anónima. La primera es que se repartieron los mercados europeos de manera que no competían por los clientes. Así, en los países en los que estaba Glovo no entraba Delivery Hero, y viceversa. La repercusión para los clientes es que tenían menos oferta al reducirse los proveedores y no podían comparar precios.

En buena medida la violación de las reglas de competencia se vio favorecida por la entrada de Delivery Hero en el accionariado de Glovo a través de una participación minoritaria. Bruselas concluye que la compañía alemana usó esa participación para acceder a información confidencial sobre estrategias o precio. Posteriormente, llegó a controlar la compañía con más del 80%.

La tercera conducta ilegal tiene que ver con el mercado laboral dado que las compañías llegaron a un pacto para no robarse trabajadores cualificados. La estrategia pasa por no contratar al personal que estuviera en la plantilla de la otra empresa. Para la Comisión Europea, supone una vulneración de la libertad de elección así como de la competencia de las empresas en el mercado laboral.

En el caso de Glovo, la compañía acumula ya más de 200 millones de euros en multas fundamentalmente por la explotación de los riders. El Tribunal Supremo declaró ilegal el modelo de los falsos autónomos que utilizaba la compañía y su dueño, Oscar Pierre, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Barcelona y otras quince ciudades trasladaron este jueves a la Comisión Europea un plan con medidas para aliviar con urgencia la crisis de la vivienda, que incluye un fondo que alcance los 300.000 millones de euros de inversión anuales y una cláusula para que el gasto público en hogares no compute como déficit.

“El plan es una prueba de nuestro deseo de colaborar en el desarrollo del plan de vivienda asequible de la Comisión Europea” para aliviar “la principal fuente de desigualdad en la UE”, ha afirmado en rueda de prensa el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Los impulsores de la iniciativa, vehiculada por la alianza de alcaldes europeos Mayors for housing, la han presentado este jueves a la vicepresidenta de la CE para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, al vicepresidente de Cohesión y Reformas, el italiano Raffaele Fitto, y al comisario europeo de Energía y Vivienda, el danés Dan Jørgensen.

“En demasiadas ciudades demasiada gente no puede permitirse un hogar decente”, algo “completamente inaceptable”, ha expresado Jørgensen, que ha agradecido las propuesta de municipios que representan a 18 millones de personas.

También Ribera ha señalado que la propuesta es una “contribución muy valiosa” para abordar una crisis que afecta a las clases medias y se ha abrierto a explorar las opciones “a través de las excepciones de interés general” como comisaria de Competencia.

La vicepresidenta comunitaria ha llamado a “unir fuerzas” entre diferentes administraciones en un área que es “completamente nueva” para la Comisión Europea, que por primera vez asume responsabilidades en la materia.

El plan, que cuenta con el respaldo de Ámsterdam, Atenas, Bolonia, Budapest, Dublín, Florencia, Gante, Leipzig, la región metropolitana de Lyon, Lisboa, Milán, París, Roma, Varsovia y Zagreb, pretende inspirar la hoja de ruta sobre vivienda que el la Comisión presentará en 2026.

Sus impulsores parten de la premisa de que los poderes públicos deben intervenir ante un “un fallo de mercado”, ya que no existe equilibrio entre la oferta y la demanda pues en los últimos diez años los alquileres han aumentado de media un 60%, mientras que los precios de compraventa se han disparado un 78%.

La propuesta plantea la creación de un fondo europeo de emergencia para vivienda asequible, financiado en parte con recursos no ejecutados del programa de recuperación Next Generation y otras herramientas para atraer inversión.

Las urbes detrás del plan creen que sus municipios necesitan 80.000 millones hasta 2030 para construir 200.000 nuevas viviendas sociales y asequibles y rehabilitar un millón de hogares en las ciudades señaladas, lo que supone un ratio de una vivienda social y asequible por cada cien habitantes y cinco viviendas rehabilitadas por cada cien personas.

La mitad de las casas europeas se construyeron antes de 1980 y sólo el 5% de los activos han sido renovados, según datos del Banco Central Europeo, que cifra las necesidades de inversión en 275.000 millones de euros anuales.

La extrapolación de esos datos de las dieciséis ciudades al conjunto de la Unión Europea arroja una cifra de 300.000 millones de euros, de los que 100.000 millones deberían dedicarse a subsidios y el resto provendría de financiación pública y privada.

El dinero se distribuiría en función de la gravedad de las necesidades, con mayor incidencia en las zonas más tensionadas en base a determinados criterios objetivos de presión inmobiliaria.

Para definir esas áreas con especial tensión inmobiliaria, sugieren que se cumplan al menos tres de seis criterios, que consisten en que la evolución del precio de venta y alquiler esté por encima del IPC entre 5 y 10 años, que un 10% de la población dedique más del 40% de sus ingresos a vivienda y que el rendimiento bruto anual de los alquileres supere el 6%.

Proponen también que se tengan en cuenta las listas de espera para vivienda pública social y asequible, que el mercado tenga menos de un 3% de vivienda vacía durante largos períodos de tiempo y que exista un porcentaje elevado de viviendas turísticas o temporales.

Emergencia y cláusula de escape 

Los artífices del plan creen que la Comisión Europea debería contar con un presupuesto para afrontar los problemas de vivienda de forma estructural. Pero el próximo marco financiero plurianual para 2028-2034 queda demasiado lejos.

Proponen que en el llamado Semestre Europeo, con el que la CE evalúa la economía o el empleo en los Estados miembros, incluya también una revisión de las políticas de vivienda en función de una serie de objetivos relacionados con la vivienda asequible, como herramienta para presionar a las capitales y agilizar las soluciones.

También recomiendan que se reforme la normativa sobre ayudas de Estado para impulsar la construcción inmobiliaria y que se habilite una “cláusula de escape” similar a la que se debate actualmente en el área de la defensa en el marco de los planes europeos de rearme, de forma que el dinero público destinado a vivienda no compute como déficit en los Estados miembros.

Serviría para facilitar el endeudamiento de los países de la UE y las ciudades tensionadas porque los Estados miembros y las ciudades tendrían que aportar fondos propios

Els dos càrrecs més importants que el Partit Popular Europeu té a les institucions europees, la presidenta de la Comissió i la del Parlament, rebran aquest dimarts les tres associacions majoritàries de víctimes de la DANA que va arrasar diverses comarques valencianes i en què van morir 228 persones, una de les pitjors catàstrofes ocorregudes en els últims anys en sòl de la Unió Europea. Mentrestant, a València, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, també del PP, segueix sense rebre aquestes associacions i sense visitar les zones afectades i des del seu Govern se les ha menyspreat. Per la seva banda, el seu soci Vox, ha passat directament a insultar-los acusant a les víctimes “interessades”. Després de sis mesos del temporal i les barrancades, la UE comença a empatitzar amb la tragèdia.

Aquest dimarts 13 de maig, l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, l'Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud-València i l'Associació Víctimes Mortals DANA 29-0, que representen a més de 150 dels 228 morts, tenen una agenda a Brussel·les de primer nivell i quasi sense precedents en casos similars d'organització ciutadana entorn d'una tragèdia. Sis dels seus representants, dos per organització encara que podrien acudir més, es veuran a les 8 del matí en el Parlament Europeu amb eurodiputats del S&D (del qual forma part el PSOE) i de Greens (on està integrat Compromís). També podrien assistir membres d'altres grups perquè la convocatòria és oberta.

A les 11 del matí a l'edifici Berlaymont, caserna general de la Comissió Europea, les tres associacions es veuran amb la presidenta Ursula Von der Leyen. Allí podran explicar la tragèdia i la posterior gestió política. A més, la presidenta de la CE els demanava que li portaren un document amb peticions i objectius per poder tindre en compte les seues demandes. Un dels punts més importants a abordar serà la situació del Pacte Verd Europeu, un pla que va liderar Von der Leyen i que l'extrema dreta –i part del PP amb Mazón al capdavant– volen desvirtuar. En aquest sentit, les associacions de víctimes consideren que el causant de l'episodi de pluges torrencials és el canvi climàtic i urgeixen mesures per mitigar futures inundacions. Pel que fa a les responsabilitats polítiques, les associacions de víctimes han estat molt clares i apunten directament al president de la Generalitat, Carlos Mazón, i al seu Govern, company de partit de la presidenta europea.

A les 13.10, les tres associacions visitaran de manera oficial el Parlament Europeu, d'on van ser vetades a la Comissió de Peticions pel PP i l'extrema dreta europea a petició del PP espanyol i Vox. Aquesta vegada i després d'haver vist els grups polítics a primera hora, serà ni més ni menys que la presidenta de la institució, Roberta Metsola, la que les escolte i intercanvie parers amb els familiars de les víctimes mortals. Aquesta empatia mostrada per Metsola, contrasta amb l'actitud de Dolors Montserrat, líder del PP espanyol a Brussel·les, que està impedint que aquest cas que investiga la justícia com a negligència política es puga estudiar a la comissió ciutadana de Peticions i al ple del Parlament a Estrasburg. Cal recordar que en aquest comitè hi han estat les víctimes del terrorisme a Espanya o hi han acudit també les víctimes de l'accident del metro de València. De moment, la majoria de dretes i partits ultra han impedit que la DANA i les seves conseqüències es vegen a l'Eurocambra.

La vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera, també ha mostrat la seva predisposició per reunir-se amb les tres associacions de víctimes, aprofitant la invitació d'Ursula Von der Leyen. De moment, no se sap si finalment es podran reunir, però tot apunta a que sí.

Finalment, les tres associacions també han estudiat la possibilitat de veure's amb la presidenta del Comitè de les Regions, Kata Tüttő, la socialista hongaresa. En aquest cas, la reunió ha estat demanada a través de la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, d'Ens Uneix, que just dimecres 14 es reuneix amb Tüttő abans del ple de la institució. De moment, no s'ha pogut concretar la reunió per motius d'agenda de la socialista.

La Comissió Europea no ha tingut un perfil excessivament alt en el suport a les zones afectades després de la DANA. De fet, fins a la setmana passada només havia visitat la zona afectada al mes de febrer el comissari d'Agricultura, el luxemburguès Christophe Hansen, que va poder veure de primera mà les zones agrícoles afectades per la DANA i l'Albufera. Després del moviment de Von der Leyen a petició de les associacions de víctimes, el 8 de maig passat el vicepresident de la CE i comissari de Cohesió i Reformes, Raffaele Fitto, va estar a la zona zero. Abans va tindre una trobada amb l'alcaldessa de València, María José Català, i amb Carlos Mazón, que no va voler acompanyar-lo al seu itinerari per Aldaia i Albal.

Los dos cargos más importantes que el Partido Popular Europeo tiene en las instituciones europeas, la presidenta de la Comisión y la del Parlamento, recibirán este martes a las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA que arrasó varias comarcas valencianas y en la que fallecieron 228 personas, una de las peores catástrofes ocurridas en los últimos años en suelo de la Unión Europea. Mientras, en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también del PP, sigue sin recibir a estas asociaciones y sin visitar las zonas afectadas y desde su Gobierno se las ha desdeñado. Por su parte, su socio Vox, ha pasado directamente a insultarles llamando a las víctimas “interesadas”. Tras seis meses del temporal y las barrancadas, la UE empieza a empatizar con la tragedia.

Este martes 13 de mayo, la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0, que representan a más de 150 de los 228 fallecidos, tienen una agenda en Bruselas de primer nivel y casi sin precedentes en casos similares de organización ciudadana en torno a una tragedia. Seis de sus representantes, dos por organización aunque podrían acudir más, se verán a las 8 de la mañana en el Parlamento Europeo con eurodiputados del S&D (del que forma parte el PSOE) y de Greens (donde está integrado Compromís). También podrían asistir miembros de otros grupos porque la convocatoria es abierta.

A las 11 de la mañana en el edificio Berlaymont, cuartel general de la Comisión Europea, las tres asociaciones se verán con la presidenta Ursula Von der Leyen. Allí podrán explicar la tragedia y la posterior gestión política. Además, la presidenta de la CE les pedía que le llevaran un documento con peticiones y objetivos para poder tener en cuenta sus demandas. Uno de los puntos más importantes a abordar será la situación del Pacto Verde Europeo, un plan que lideró Von der Leyen y que la extrema derecha -y parte del PP con Mazón al frente- quieren desvirtuar. En ese sentido, consideran las asociaciones de víctimas, que el causante del episodio de lluvias torrenciales es el cambio climático y que urgen medidas para mitigar futuras inundaciones. Respecto a las responsabilidades políticas, las asociaciones de víctimas han sido muy claras y apuntan directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su Gobierno, compañero de partido de la presidenta europea.

A las 13.10, las tres asociaciones visitarán de manera oficial el Parlamento Europeo, de donde fueron vetadas en la Comisión de Peticiones por el PP y la extrema derecha europea a petición del PP español y Vox. Esta vez y tras haber visto a los grupos políticos a primera hora, será nada más y nada menos que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, la que las escuche e intercambie pareceres con los familiares de las víctimas mortales. Esta empatía mostrada por Metsola, contrasta con la actitud de Dolors Montserrat, líder del PP español en Bruselas, quien está impidiendo que este caso que investiga la justicia como negligencia política se pueda estudiar en la comisión ciudadana de Peticiones y en el pleno de Estrasburgo. Cabe recordar que en este comité han estado las víctimas del terrorismo en España o acudieron también las víctimas del accidente del metro de València. De momento, la mayoría de derechas y partidos ultra han impedido que la DANA y sus consecuencias se vea en la Eurocámara.

La vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera, también ha mostrado su predisposición por reunirse con las tres asociaciones de víctimas, aprovechando la invitación de Ursula Von der Leyen. De momento, se desconoce si se podrán reunir, pero todo apunta a que la reunión se produzca, según fuentes conocedoras de las conversaciones.

Por último, las tres asociaciones también han estudiado la posibilidad de verse con la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttő, la socialista húngara. En este caso la reunión ha sido pedida a través de la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, que justo el miércoles 14 se reúne con Tüttő antes del pleno. De momento, no ha sido posible concretar la reunión por motivos de agenda de la socialista.

La Comisión Europea no ha tenido un perfil excesivamente alto en el apoyo a las zonas afectadas tras la DANA. De hecho, hasta la semana pasada solo había visitado la zona afectada en el mes de febrero el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, que pudo ver de primera mano las zonas agrícolas afectadas por la DANA y l'Albufera. Tras el movimiento de Von der Leyen a petición de las asociaciones de víctimas, el pasado 8 de mayo el vicepresidente de la CE y comisario de Cohesion y Reformas, Raffaele Fitto, estuvo en la zona cero. Antes tuvo un encuentro con la alcaldesa de València, María José Català, y con Carlos Mazón, que no quiso acompañarle en su itinerario por Aldaia y Albal.

El coste de alargar la vida de las centrales nucleares en España corre a cargo de las compañías eléctricas que las explotan. Es la respuesta que le han dado vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, a las presidentas de la Comunidad de Madrid y Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, que enviaron una carta a Bruselas para reclamar ayuda para prolongar la vida útil de las centrales nucleares en una ofensiva que han liderado contra el Gobierno especialmente para la de Almaraz.

En la respuesta a la carta que las presidentas enviaron el 7 de abril (antes del apagón), Ribera y Jorgensen recuerdan que la legislación europea especifica claramente que corresponde a los explotadores de las centrales, en este caso Iberdrola, Endesa y Naturgy, asumir los costes de la gestión de la central y de sus residuos [radiactivos durante miles de años] así como de la prolongación de su vida útil.

“Las políticas nacionales garantizarán, en particular, que los costes de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos, desde su generación hasta el almacenamiento definitivo, corran a cargo de quienes generaron los materiales”, agrega la misiva que ha adelantado El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

“La responsabilidad de estos costes, junto con cualquier coste adicional relacionado con la prolongación segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía”, afirman Ribera y Jorgensen, que también recuerda que la definición del mix energético corresponde a las autoridades nacionales.

Así, también señalan que financiar la prolongación con recursos públicos supondría una “ayuda de estado” que vulneraría las reglas de competencia de la UE, porque supondría una ventaja para esas compañías en detrimento de sus competidores. No obstante, abren la puerta a la negociación. “Cualquier mecanismo de compensación requeriría la notificación previa y la aprobación explícita de la Comisión Europea (...) para garantizar que es necesario, apropiado, proporcionado y que no falsea la competencia ni afecta al comercio en el mercado interior en forma contraria al interés común”, apostillan.

Por el momento ninguna de las centrales nucleares han reclamado la prolongación de su vida útil, que han condicionado a una bajada de la fiscalidad que soportan y de la denominada tasa Enresa, que financia los multimillonarios costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos y que el Gobierno subió el año pasado un 30% ante la falta de consenso para construir un almacén temporal centralizado (ATC).

En el caso de Almaraz, las tres empresas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) no han llegado todavía a un acuerdo.El PP ha aprovechado el histórico apagón del 28 de abril para reabrir el debate sobre las nucleares. Hace tiempo las grandes energéticas, como Endesa e Iberdrola, presionaron al Gobierno para pedir más dinero para no cerrar las centrales. Endesea, y después la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, pidieron revisar el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de 2027 que las eléctricas y el Gobierno pactaron en 2019. Y es que a esas compañías no les salen las cuentas.

Ante la ofensiva de la derecha a raíz del apagón, Sánchez ha dejado la pelota en el tejado de las empresas y les ha invitado a presentar un nuevo plan de cierre, siempre y cuando asuman ellas los costes, tal y como establece la normativa europea. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario que prorrogue las centrales, las escucharemos como escuchamos a todos los sectores. Pero lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos de absoluto sentido común. El primero, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable y no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de esas centrales. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico”, dijo Sánchez este miércoles en el Congreso.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha criticado el “gatillo fácil” de quienes han apuntado a las renovables por el apagón del pasado lunes. Una semana después del suceso, de visita en Barcelona ha defendido seguir “profundizando” en la transición energética, además de invertir más en la red elétrica y ampliar las interconexiones del sistema peninsular con otros países, como es el caso de España con Francia. 

Ribera, que fue hasta hace menos de un año ministra de Transición Ecológica y responsable de las políticas energéticas en España, ha abierto la puerta a replicar una apuesta como los fondos Next Generation pero para fortalecer las redes energéticas europeas. “Las redes deben ser resilientes a cambios de comportamiento y de consumo, a ciberataques, a realidades físicas distintas y a demandas diferentes”, ha manifestado la vicepresidenta de la Comisión, por lo que ha añadido que hay que invertir más recursos en extenderlas, en modernizarlas y en ganar capacidad de almacenamiento.

Sus valoraciones sobre el apagón inédito en la península ibérica han centrado una parte del coloquio en el Col·legi de Periodistes de Catalunya con motivo del Dia de Europa –que es el próximo 9 de mayo–, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya (APEC). Pero Ribera ha abordado además otros frentes que la incumben como vicepresidenta de la Comisión, como son los aranceles planteados por Estados Unidos, el auge de la ultraderecha en distintos países europeos, la regulación de los gigantes tecnológicos o incluso la OPA del BBVA al Banco Sabadell.

Sobre la caída de la red eléctrica en España y Portugal, Ribera ha pedido “prudencia” en las valoraciones antes de tener las conclusiones definitivas sobre lo que provocó el desplome, y ha señalado que es responsabilidad de los operadores de la red llevar a cabo esta tarea de investigación. “Hemos descubierto mucho gatillo fácil”, ha insistido Ribera sobre las voces que apuntan a la energía solar y eólica como a uno de los factores desencadenantes. La vicepresidenta ha argumentado en este sentido que las fuentes de energía verdes proporcionan más autonomía a España y capacidad de reducir precios y de hacer frente a “chantajes” como el de Rusia con el gas. 

También ha tenido que responder Ribera a la pregunta de si el apagón obliga a replantear el calendario de eliminación de las centrales nucleares, entre 2027 y 2035. “Si las empresas que las gestionan ven una oportunidad económica pueden plantear la extensión de su vida útil; que lo hagan, y veremos”, ha expresado la vicepresidenta. Aunque ha recordado que desde Bruselas su competencia en la materia afecta a las ayudas que el sector puede reclamar al Estado. 

El coloquio ha arrancado en la sede del Col·legi de Periodistes con las cuestiones que afectan al rumbo de la Unión Europea y cómo hacer frente a los aranceles impuestos –y luego dejados en stand by– por Donald Trump en Estados Unidos. “Estamos en un momento de conciencia de de la importancia del proyecto europeo y de armarnos con las herramientas para defender con orgullo lo que representa”, ha proclamado. Esto es –ha añadido– la calidad de vida, la integración o las relaciones internacionales “en base a la paz, la cooperación y el respeto a las normas”. Un extremo que algunos “aliados tradicionales” de la UE “cuestionan”, según ha mencionado en referencia a los Estados Unidos. 

En el capítulo arancelario, Ribera ha planteado buscar un camino intermedio entre la guerra comercial y la aceptación de los términos de Trump, que fijó aranceles del 20% para luego pausarlos durante 90 días. “Debemos ser categóricamente firmes sin ser inflexibles y provocar una escalada que no beneficiaría a nadie”, ha expresado. 

Aun así, ha apelado a prepararse para cualquier escenario frente a la estrategia negociadora de la Administración Trump. “Si a pesar de todo no se consigue alcanzar un azcuerdo, y se buscan chivos expiatorios, los europeos debemos estar preparados para gestionar una realidad que no nos gusta”, ha reflexionado. “¿Intención de evitar una guerra comercial? Sí. A cualquier precio? No”, ha zanjado sobre el asunto. 

La OPA del BBVA al Banco Sabadell también se ha colado en el acto, minutos después de que el presidente Pedro Sánchez anunciase una consulta pública sobre la operación. En un primer momento, Ribera ha tratado de despachar el tema alegando que son las autoridades nacionales quienes tienen competencias obre estas fusiones. Pero ha acabado alargando la disertación y ha mencionado lo que ha catalogado de “principio general”: “No hemos de pensar necesariamente que porque haya uno o dos gigantes nacionales, vaya a conseguir un mejor funcionamiento; a lo mejor genera un efecto indeseado en los consumidores nacionales, que ven como se reducen las posibilidades de optar entre quienes prestan un servicio”, ha concluido. 

La Unión Europea impone las primeras multas a las 'Big tech' por incumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA) que entró en vigor en 2023. Tras un año de investigación, la Comisión Europea ha concluido que Apple y Meta vulneran esa normativa y les sanciona con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La decisión de Bruselas se produce en plena guerra comercial de Donald Trump, que ha presionado a la UE por su normativa digital, que impone obligaciones más estrictas a las compañías (la mayoría con sede en Silicon Valley). No obstante, las sanciones están muy por debajo del máximo del 10% de la facturación mundial que contempla la DMA y que ascendería a unos 40.000 millones de euros en el caso de Apple y unos 15.000, en el de Meta.

La Comisión Europea sanciona a Apple por las trabas que impone a los desarrolladores para que no puedan comunicar a los consumidores ofertas fuera de la App Store. En cuanto a la compañía de Mark Zuckerberg, castiga el modelo de 'consentimiento o pago' dado que no ofrece alternativas que usen menos datos personales.

“Las decisiones de hoy envían un mensaje firme y claro. La Ley de Mercados Digitales es un instrumento crucial para liberar el potencial, la capacidad de elección y el crecimiento, garantizando que los agentes digitales puedan operar en mercados competitivos y justos”, señala en un comunicado la vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera: “Apple y Meta han incumplido la DMA al aplicar medidas que refuerzan la dependencia de los usuarios empresariales y los consumidores de sus plataformas. Como resultado, hemos tomado medidas de aplicación firmes pero equilibradas contra ambas empresas, basadas en normas claras y previsibles”.

Multas bajas por periodos “muy cortos” de incumplimiento

Las sanciones están muy por debajo del 10% de la facturación mundial de sendas compañías. Lo que argumenta la Comisión Europea es que las multas se calibran en función de la “gravedad” de los incumplimientos y que el periodo de incumplimiento es “muy corto”. También recuerda que estas son las primeras sanciones por incumplimiento de la DMA por lo que es un escenario hasta ahora inexplorado.

Bruselas da a las compañías 60 días para pagar las sanción y, de no hacerlo, amenaza con multas periódicas (de hasta el 5% de la facturación diaria de la empresa), al igual que si no hacen cambios para cumplir con la legislación. No obstante, esa decisión no es automática sino que habría un nuevo proceso que incluye intercambios con las compañías.

La sanción a Apple tiene que ver con las restricciones que impone impidiendo a desarrolladores y consumidores beneficiarse de canales alternativos para tener ofertas alternativas y más baratas a la App Store. “La empresa no ha demostrado que estas restricciones sean objetivamente necesarias y proporcionadas”, señala la Comisión Europea, que ordena a la multinacinal a eliminar esas restricciones. En función de la “gravedad” y la “duración” de esa conducta, la multa asciende a 500 millones.

Los 200 millones de euros de sanción a Zuckerberg responden al modelo de 'consentimiento o pago' que impone a las redes sociales Facebook o Instagram y que básicamente obliga a los usuarios a dar datos personales para tener publicidad personalizada o a pagar para tener una versión sin anuncios. Bruselas considera que ese sistema vulnera sus normas y que debería haber una opción gratuita que obligue a dar menos datos personales. Durante el proceso, Meta introdujo un nuevo modelo que la Comisión Europea está analizando.

“Nada ha cambiado” con la llegada de Trump

“Sin perjuicio de esta evaluación en curso, la decisión de hoy por la que se constata el incumplimiento se refiere al período de tiempo durante el cual a los usuarios finales de la UE solo se les ofreció la opción binaria 'Consentir o pagar' entre marzo de 2024, cuando las obligaciones de la DMA pasaron a ser jurídicamente vinculantes, y noviembre de 2024, cuando se introdujo el nuevo modelo de anuncios de Meta”, explica la Comisión Europea en un comunicado.

Fuentes comunitarias aseguran que “absolutamente nada ha cambiado” con la llegada de Trump respecto al montante de las multas. “Si algo ha cambiado por parte de las compañías es una buena pregunta para ellas”, agregan esas fuentes. Los propietarios de las 'Big tech' aprovecharon la vuelta del republicano a la Casa Blanca para elevar la presión contra la UE por sus normas digitales y el presidente las metió en la diana durante los primeros envites de la guerra comercial. A pesar de esa presión, Ursula von der Leyen amenazó con gravar con impuestos a las tecnológicas si la negociación con Washington no llega a buen puerto.

En lo que se esfuerzan en Bruselas es en desvincular la resolución de la investigación, cuyos tiempos están tasados y se esperaba para hace unas semanas, así como las cantidades decididas de la compleja situación geopolítica desatada a raíz de la guerra comercial. “No tiene nada que ver con los aranceles”, insisten.

Enfado de Apple y Meta

Bruselas ha cerrado la parte de la investigación a Apple por las obligaciones que imponía a los usuarios respecto al uso de ajustes predeterminados o en materia de elección de aplicaciones. La Comisión Europea sostiene que, como parte de un “diálogo constructivo”, ahora cumple con la DMA al ofrecer a los a los usuarios de la UE la posibilidad de desinstalar fácilmente cualquier aplicación de software y cambiar los ajustes predeterminados en iOS, así como elegir su navegador web predeterminado, que antes era obligatoriamente Safari.

Sin embargo, mantiene abierto el procedimient por las dificultades que impone a la competencia para que los usuarios del iPhone y el iPad utilicen alternativas a App Store, como la tasa del 0,5 euros que obliga a pagar a los desarrolladores de otras tiendas de aplicaciones móviles.

En cuanto a Meta, ha tenido otra “buena noticia” porque Bruselas no considera Facebook Marketplace una gran plataforma, porque tiene menos de 10.000 usuarios empresariales al mes. Al quedar fuera de esa definición no está sometida a tantas exigencias.

A pesar de que las multas son moderadas, Meta ha expresado su malestar al respecto y ha utilizado un lenguaje bastante similar al de Trump al asegurar que este tipo de sanciones suponen un “arancel”. “La Comisión Europea está intentando perjudicar a empresas estadounidenses de éxito mientras permite que empresas chinas y europeas operen con normas diferentes. No se trata sólo de una multa; la Comisión, al obligarnos a cambiar nuestro modelo de negocio, impone de hecho un arancel multimillonario a Meta al tiempo que nos obliga a ofrecer un servicio inferior. Y al restringir injustamente la publicidad personalizada, la Comisión Europea también está perjudicando a las empresas y economías europeas”, señala la compañía.

Por su parte, Apple ha anunciado que recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE. La sanción es “un ejemplo más de cómo la Comisión Europea ataca injustamente a Apple con una serie de decisiones perjudiciales para la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios, perjudiciales para nuestros productos y que nos obligan a ofrecer nuestra tecnología gratuitamente”, dijo un representante de la compañía en un comunicado.

El portavoz aseguró que Apple ha empleado “cientos de miles de horas en ingeniería y realizado decenas de cambios para cumplir con esta ley, que nuestros usuarios no nos han pedido”, y lamentó que pese a las “innumerables reuniones” que la empresa ha mantenido con la Comisión Europea, se haya adoptado la multa, informa la Agencia EFE.

España ha logrado neutralizar cerca del 99% de las multimillonarias reclamaciones de inversores extranjeros por los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 para las energías renovables, tras la decisión de la Comisión Europea de eximir al Estado español de pagar el laudo de 101 millones al fondo luxemburgués Antin, por considerar Bruselas que sería una “ayuda estatal ilegal” incompatible con las reglas europeas.

Fuentes gubernamentales dan enorme trascendencia a la decisión de Bruselas sobre Antin, tras una investigación en profundidad que el Ejecutivo comunitario abrió en 2021. En primer lugar, porque el Gobierno español considera que el dictamen es trasladable al resto de casos intraeuropeos, aquellos presentados por sociedades de la UE, que son la inmensa mayoría, si bien aún se desconoce cómo se planteará la cuestión.

Desde el Ejecutivo español señalan que “todos los laudos pendientes”, los ocho sobre los que todavía no se han pronunciado los árbitros, “corresponden a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la UE”. Esto, por lo pronto, y según esta interpretación del Gobierno, exime a España de pagar 1.291 millones por litigios que todavía están pendientes de resolución. 

Además, añaden esas fuentes gubernamentales, “un total de 1.347 millones de euros de las indemnizaciones reconocidas hasta la fecha corresponden a este tipo de reclamaciones, incluida la de Antin”. 

Así que de los 1.514 millones en indemnizaciones ya reconocidas, España tendría que pagar unos 167 millones. El 1,6% de los 10.365 millones que los inversores internacionales reclamaron inicialmente.

Existen reclamaciones presentadas por empresas de fuera de la UE con condena a España que se han planteado desde la UE. Sería el caso de la estadounidense NextEra. Esta compañía presentó su demanda a través de dos sociedades radicadas en Países Bajos. En 2019 logró que la corte de arbitraje internacional del Banco Mundial le reconociera una indemnización de 290 millones por los recortes a sus termosolares en España.

En total se han presentado 51 arbitrajes en distintos tribunales, sobre todo en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. De esos 51 pleitos, 43 se han fallado: diez se han ganado, tres se han anulado, aunque uno se ha vuelto a presentar; tres demandantes han desistido, acogiéndose a un decreto de 2019 que garantizaba una rentabilidad del 7,4% a las plantas hasta 2031; y otros ocho están pendientes de laudo.

Asesores ganadores

De esos 10.635 millones reclamados en esas 51 denuncias, que colocaron a España en uno de los líderes en denuncias, junto con Venezuela o Rusia, la cuantía ganada por España asciende a 7.830 millones. De las condenas recibidas, hasta ahora no se ha desembolsado un euro, aunque el Ejecutivo ha gastado decenas de millones en bufetes y asesores.

Estos son los grandes ganadores de este culebrón a uno y otro bando: despachos de abogados, consultoras... también elementos cercanos a la nueva derecha ultraliberal madrileña vinculada a lobbies como el Instituto Juan de Mariana. Al menos dos personas vinculadas a esta entidad, la que invitó a Javier Milei a Madrid el pasado junio, han hecho campaña activa (y negocio) con y por los fondos buitre que han comprado los laudos.

Tras la decisión sobre Antin, los fondos han lanzado acusaciones sobre un conflicto de interés en este asunto de la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia, Teresa Ribera, por su pasado en el ministerio para la Transición Ecológica. El pasado 19 de diciembre, Ribera incluyó el asunto Antin entre las cuestiones en las que anunció su inhibición a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para evitar cualquier sombra de conflicto de interés por sus decisiones como ministra del Gobierno de España.

Otra derivada de la decisión de la Comisión Europea de decretar que pagar esa compensación a Antin sería una “ayuda de Estado ilegal” es que España debe garantizar que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados de ese pleito. Y esto es también extrapolable al resto de pleitos planteados por sociedades radicadas en la UE.

En algunos casos, los demandantes están solicitando la ejecución de los laudos en tribunales nacionales de países como Australia, EEUU o Reino Unido, y se publican noticias sobre el riesgo que corren los bienes españoles allí, como las sedes del Instituto Cervantes o la indemnización por el desastre del petrolero Prestige. 

Estas informaciones se derivan de que algún juzgado, a instancias de los inversores internacionales, ha reconocido que los laudos son vinculantes. Pero eso no implica que estos juzgados puedan ejecutar los laudos en sus territorios y embargar bienes españoles: hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición. Sólo con una situación muy excepcional estos tribunales nacionales podrían intentar un pago forzoso, explican fuentes gubernamentales.

En el caso de que España deba pagar alguna indemnización, cabe la posibilidad de que los tenedores originales de los laudos deban indemnizar al país de un modo proporcional a las cantidades ejecutadas, aunque hayan vendido los derechos a fondos buitre. Así lo decidió en febrero de 2024 un tribunal holandés sobre un caso de AES Solar y Ampere, que vendieron los derechos a Blasket.

Periódicamente se han publicado también noticias sobre un supuesto default técnico de cuatro títulos de deuda pública de España relativos al impago del caso Infrared. “El Reino de España no tiene constancia de ninguna posible notificación judicial y ningún inversor se ha preocupado por esta cuestión; en realidad se trata de unos programas en divisas en cuyas condiciones incluía un impago de deuda pública que no puede asimilarse a los arbitrajes”, indican desde el Ejecutivo.

En relación con el embargo el pasado julio del 26% de las acciones de Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres, sin audiencia del Reino de España, en septiembre el juzgado desestimó las cautelares solicitadas por la demandante, NextEra, dejó sin efecto las medidas y condenó a los demandantes a pagar las costas que el proceso había provocado al Reino de España.

El porcentaje de laudos comprados por fondos buitre puede ser muy elevado, superior al 70% y concentrado en pocos fondos, pero no hay información pública sobre ello; es conocido que el fondo Blasket Renewable Investment, muy activo en medios de comunicación, ha adquirido los derechos de varios litigios, como los de RREEF e Infrared; también se ha publicado que Antin vendió su arbitraje a Centerbridge, que a su vez sindicó los derechos del pleito entre más fondos especializados en este tipo de litigios, como Burford Capital.

El Ejecutivo considera inadmisible e inválido desde el punto de vista del derecho internacional este mercadeo con los derechos de cobro de indemnizaciones impuestas por tribunales arbitrales. Y es una razón más para seguir combatiendo contra estos nuevos actores “que lo único que persiguen es su enriquecimiento a costa de los intereses legítimos de un Estado soberano”.

La UE en su conjunto decidió abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, el acuerdo de protección de inversiones en el que se basaron estas denuncias, en abril de 2024, al considerar que su aplicación impediría cumplir los objetivos ambientales europeos y lastraría la acción climática de los Gobiernos con demandas millonarias para proteger los intereses de la industria de los combustibles fósiles.

En los laudos que otorgan una indemnización a inversores internacionales provenientes de un Estado Miembro de la UE, España ha solicitado su anulación al entender que, tal y como ha afirmado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en reiteradas ocasiones, no cabe el arbitraje intra europeo al amparo de la Carta de la Energía, por ser contrario al derecho de la UE.

La Cámara de Comercio de Estocolmo y dos tribunales del CIADI han reconocido que no tienen jurisdicción para conocer disputas de inversión puramente europeas. Los laudos, con razonamientos muy similares, señalan, como propugnan España y la Comisión Europea, que la participación de la UE en la Carta de la Energía, como organización regional de interés económico, introdujo en su ámbito de aplicación la supremacía del Derecho de la UE en el ámbito de las competencias transferidas por los Estados miembros a la UE.

Desde el Ejecutivo subrayan que el Gobierno “no es responsable de la presentación de las reclamaciones contra el Reino de España por los recortes a las renovables” y defienden que “ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo y está defendiendo los intereses del país con notable éxito en las diferentes cortes de arbitraje internacional”.

La vicepresidenta de Competencia y Transición Limpia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha hecho una defensa férrea del Pacto Verde Europeo que está en riesgo por el auge de la ultraderecha y el seguidismo que hace el Partido Popular Europeo, que quiere descafeinar las políticas medioambientales ante la presión de algunos sectores económicos, como los agricultores o los fabricantes de automóviles. En plena polémica por la llamada de Carlos Mazón a la “acción en contra” del Pacto Verde Europeo, que salió adelante con el apoyo de los populares europeos en la pasada legislatura, Ribera ha recordado que su correligionaria Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta del gobierno comunitario por comprometerse con los objetivos medioambientales.

“Los objetivos del pacto verde siguen ahí. Von der Leyen recibió el apoyo de esta Casa, del Parlamento, porque entre sus objetivos pretendía facilitar el alcance de esos objetivos e iba a mantener esos objetivos”, ha dicho Ribera en una comparecencia en la comisión de Medio Ambiente en la que, no obstante, no ha hecho ninguna mención ni a Mazón ni a la política nacional. Quienes sí han hecho alusión a Mazón han sido los eurodiputados del PSOE César Luena y Leire Pajín, que han recordado que Mazón ha “abrazado el ideario negacionista de la ultraderecha”. 

“El cambio climático es real y es una amenaza y no solo medioambiental tambien social y económica”, ha agregado la vicepresidenta primera, que protagonizó la primera batalla en el seno del gobierno comunitario para frenar los intentos de la derecha para dar marcha atrás en la agenda verde. La presión de los sectores económicos ha permeado en la presidenta de la Comisión Europea, que ha ido suavizando las medidas que se aprobaron en la anterior legislatura encaminadas a lograr la neutralidad climática.

En todo caso, Von der Leyen, que depende del apoyo del PPE, los socialdemócratas, los liberales y también de los verdes, siempre ha defendido que la agenda verde sigue siendo una prioridad para la reindustrialización de Europa. “La presidenta Von der Leyen ha sido muy clara: mantenemos el rumbo del Pacto Verde Europeo”, señaló este lunes una portavoz del gobierno comunitario después de que Mazón llamara a la “acción” en su contra.

Se da la circunstancia de que Mazón será el anfitrión del congreso del PPE en abril, que se celebrará en Valencia, aunque Alberto Núñez Feijóo se abrió a llevarlo a Madrid con la excusa de que el Congreso no cambiaba las fechas de los plenos (que se fijaron cuando en Génova ya conocían las fechas del cónclave), pero que finalmente mantendrá la sede, a pesar de las dudas que suscita en la organización que pilota Manfred Weber. Tras la DANA, Ursula von der Leyen vinculó específicamente el desastre de con la emergencia climática. “Es la dramática realidad del cambio climático”, dijo tras la catástrofe en la que han fallecido al menos 228 personas.

Durante la comparecencia en el Parlamento Europeo, Ribera sólo ha cambiado del inglés al castellano para responder a los ataques del PP de Feijóo por su posición respecto a la energía nuclear. “En solo cinco meses ha pasado de ser la inquisidora de las nucleares en España a la defensora de la energía atómica en Europa, de financiar la guerra a Putin autorizando la compra de gas ruso en España a combatir a Rusia cortando toda fuente de financiación, incluso el gas, desde aquí”, le ha dicho la portavoz, Dolors Montserrat: “Hay dos Teresa Riberas la ministra que demonizaba la nuclear y la comisaria que la impulsa”.

“Ambas saben que la nuclear es limpia, barata y segura y que Almaraz es una de las cinco plantas más modernas de Europa, pero mientras la Ribera Ministra ordenó el cierre de todas las nucleares españolas, prohibió la minería de uranio y subió un 40 la tasa de residuos nucleares eso sí, mientras usted compraba energía nuclear a Francia para todos los españoles. Ahora la Ribera Comisaria autoriza ayudas de Estado para ampliar la vida de dos nucleares en Bélgica. ¿Para cuándo la Ribera Comisaria exigirá a España ampliar la vida de nuestras centrales nucleares? Y díganos, última pregunta ¿Se equivocó en España o miente en Bruselas?”, le ha preguntado.

“A ver si respetamos a las empresas que deciden lo que quieren hacer. Ni los gobiernoss autorizan compras de gas que funcionan en libre mercado ni imponen cierres de ninguna central [nuclear]”, le ha respondido Ribera: “Siempre es bueno saber los planes de las empresas y que no haya apagones. Siempre es bueno respetar las condicnes de seguridad que pueda imponer el regulador en materia de energía nuclear”. La vicepresidenta le ha recordado, además, que “a veces hay impuestos regionales a la energia nuclear”.