Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

El Parlament balear ha vivido un nuevo rifirrafe a cuenta de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma que PP y Vox quieren enmendar con decenas de correcciones que, de incorporarse, permitirán reformar de forma encubierta más de 50 leyes autonómicas, alterando con ello el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Durante el pleno de este martes, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de ser “la pequeña Trump” de las islas por “menospreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas” y utilizar “la puerta falsa” para colar modificaciones legislativas que, según ha recordado, los letrados de la Cámara habían cuestionado inicialmente.

El enfrentamiento se enmarca en la tramitación de un proyecto de ley, el de proyectos estratégicos, que inicialmente fue impulsado como decreto ley para agilizar inversiones, pero que durante su paso por el Parlament se ha convertido en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Entre los ámbitos afectados figuran cambios en la legislación sobre medio ambiente, la lengua catalana, la función pública, la educación, las políticas sociales o la protección de Menorca como Reserva de la Biosfera.

Según ha denunciado Castells, el PP ha registrado 87 enmiendas que afectan a 47 leyes, mientras que Vox ha presentado otras tantas que modifican al menos nueve normas más. Para Castells, este procedimiento supone un “maremágnum” que permite introducir cambios de gran calado “de forma encubierta” y sin el debido control parlamentario.

“Usted es una imitadora de Trump y pueden pensar que a los ciudadanos esto no les afecta, pero les afecta mucho, porque cuando ustedes desprecian las capacidades que los diputados tenemos de controlar sus políticas, lo que hacen es despreciar el papel político de la gente que nos vota, que son muchas decenas de miles de ciudadanos”, ha enfatizado el diputado ecosoberanista, quien a instado a Prohens, “por la salud democrática de nuestras islas”, a que “deje de despreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas y que deje de decir unas cosas para hacer exactamente las contrarias”.

Por su parte, Prohens ha rechazado de forma tajante estas acusaciones y ha defendido la legalidad del procedimiento. Ha recordado que el decreto fue convalidado por el pleno y que su tramitación como ley permite precisamente la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos.

“¿Me está diciendo que el registro del Parlament es una puerta de atrás?”, ha replicado la presidenta, insistiendo en que todas las iniciativas se han presentado “de forma pública y accesible”.

Lejos de rebajar el tono, el debate ha derivado en reproches mutuos. Castells ha acusado al Ejecutivo del PP de “cinismo” por criticar prácticas del Gobierno central que, a su juicio, replica en Baleares “corregidas y aumentadas”. Prohens ha contraatacado señalando contradicciones del propio diputado menorquinista, recordando enmiendas presentadas por él en anteriores legislaturas para modificar leyes ajenas a los textos en tramitación.

La ley de proyectos estratégicos ha sido severamente cuestionada por la oposición de izquierdas por diluir el debate parlamentario mediante unas enmiendas que nada tienen que ver con la norma. No en vano, el reglamento de la Cámara balear, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

La semana pasada tuve que hacer dos trámites burocráticos aparentemente sencillos: resolver un papeleo con Hacienda, y cumplimentar la inscripción de un campamento para una de mis hijas. Gracias a la administración electrónica, no perdí una mañana entera en una delegación de Hacienda yendo de funcionario en funcionario, y otra mañana en una oficina del Instituto Andaluz de la Juventud entregando los papeles en una ventanilla. Gracias a la administración electrónica, perdí no una sino dos mañanas enteras y otras dos tardes en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y no una sino dos mañanas, y media tarde más, en la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía.

Creo que soy razonablemente competente en asuntos informáticos, me manejo con todo tipo de webs y aplicaciones, hago facturas electrónicas y uso casi a diario mi certificado. No soy precisamente un analfabeto digital. Y aun así, estuve a punto de rendirme con Hacienda y pagar una multa que no me correspondía con tal de no entrar otra vez en la sede electrónica; y a punto de decirle a mi hija que se olvidase del campamento, y hasta me daba igual perder el dinero de la reserva, con tal de poner fin a esa tortura.

Eso esta semana. En cualquier otra podría haber lloriqueado igualmente por una factura rechazada cuatro veces en FACe, un alta de terceros en el portal electrónico original y único (no hay dos iguales) de un ayuntamiento, intentos fallidos por dar de baja un impuesto de vehículos, o el enésimo documento escaneado y presentado para cobrar una ayuda europea a la renovación de ventanas dos años después de instaladas y pagadas las ventanas.

Ya sé que son “problemas del primer mundo”, y que tenemos urgencias mayores de las que escribir, pero decidme, ¿en qué momento la administración electrónica, que venía para facilitarnos la vida, se convirtió en un agujero negro que devora nuestro tiempo, nuestra paciencia y nuestro ánimo? ¿Cuándo la “tristeza burocrática” de la que hablaba Remedios Zafra se convirtió en desesperación burocrática, camino de la depresión burocrática? ¿Por qué aceptamos convertirnos en suministradores de datos (que además ya tienen) al servicio de unas administraciones deshumanizadas, a las que les hacemos el trabajo que antes nos resolvían ellas?

No soy yo que tengo el día quejica: seguramente tú puedes contar lo mismo por cualquier trámite con tu ayuntamiento, diputación, administración autonómica o central, Tráfico, Hacienda, Seguridad Social, SEPE, organismos varios... En todos los casos la experiencia es similar: una yincana laberíntica, críptica, en lenguaje poco claro, nada intuitiva, llena de callejones sin salida y fallos, sin nadie humano al otro lado, y que parece diseñada para lograr el que a menudo es su resultado: que el ciudadano desista, que se rinda, que lo deje, que renuncie a lo que quiera que intentaba conseguir.

Y no solo trámites, también el día a día laboral de tantos trabajadores. Empezando por el profesorado, obligado a perder en protocolos interminables las horas y las fuerzas que no les sobran. Por supuesto, no es algo exclusivo de la administración pública, también muchas empresas convierten darte de baja o resolver una incidencia en una prueba de resistencia, sin que haya nunca nadie humano con quien hablar, solo asistentes virtuales de IA y menús telefónicos de “teclee su número de DNI”, “indique su consulta”, “marque siete si está interesado”…

La opacidad de la burocracia electrónica se vuelve más sangrante cuando afecta a la población más vulnerable, cuya supervivencia no debería depender de llegar a la última pantalla del videojuego. Leo que la regularización de personas migrantes se puede hacer por internet, ante la previsible saturación de las oficinas presenciales. Solo espero que conseguir los papeles no dependa de registrarse en Cl@ve PIN, actualizar Java o instalar la última versión de Autofirma.

Perdón por el desahogo.

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

El PP i Vox han reactivat desenes d'esmenes amb què pretenen reformar d'amagat més de 70 normes de Balears i alterar l'actual model lingüístic, educatiu i social de les illes. Si no hi ha canvis -ambdues formacions compten amb majoria parlamentària per tirar-les endavant-, les correccions seran incorporades a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma el contingut de la qual no té res a veure amb els canvis que volen fer i que tant conservadors com extrema dreta han convertit en instrument per modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear. Es tracta d'un moviment que permetrà tramitar de forma conjunta modificacions de gran calat sense el debat específic que requeriria cadascuna d'elles per separat.

Ho ha anunciat aquest dimecres la vicepresidenta segona del Parlament balear, Mercedes Garrido, després de la Junta de Portaveus de la Càmera, on ha detallat el gir produït en la tramitació de la norma i l'abast de les esmenes en conflicte. En la seva intervenció davant els mitjans, la diputada socialista ha asseverat que el paquet impulsat pel PP i Vox introdueix importants canvis en múltiples àrees sense que cap dels dos partits hagi justificat la seva connexió amb la llei esmenada. No en va, el reglament del Parlament, en el seu article 124, estableix que les esmenes han de guardar relació material amb el text en tramitació, mentre que l'article 23 reconeix el dret dels diputats a exercir les seves funcions amb plenitud, cosa que inclou participar en un debat informat i ordenat de les lleis.

Si bé les correccions havien estat inicialment rebutjades per la Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda, tant populars com extrema dreta han acabat recuperant-les, rebutjant al seu torn bona part de les presentades pels grups d'esquerres. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, va anunciar en el seu moment que estudiarà portar les correccions al Tribunal Constitucional en considerar que s'estaria utilitzant una llei de caràcter econòmic per introduir canvis estructurals aliens al seu objecte i, potencialment, vulnerant garanties del procediment legislatiu.

Segons les estimacions de la formació ecosobiranista, un 70% de les esmenes no guarda relació alguna amb la llei d'acceleració de projectes estratègics i, de fet, una d'elles es traduiria en l'impuls “per la porta del darrere” “d'una nova llei” a la qual els grups no podran fer aportacions. Des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ja va advertir que les esmenes plantegen la modificació, sense informe previ, de fins a 74 lleis, decrets i ordres.

PP i Vox defensen, tanmateix, que les modificacions introduïdes responen a la necessitat d'agilitzar l'Administració i eliminar traves burocràtiques, negant que es tracti d'una maniobra irregular. Els populars presenten les seves mesures com a part d'una estratègia de simplificació administrativa orientada a reduir terminis i facilitar l'activitat econòmica i la prestació de serveis públics, mentre que el seu soci d'investidura apel·la a un discurs d'enduriment de les condicions d'accés a les polítiques públiques i reforç de l'ordre públic. En essència, ambdues formacions sostenen que l'ús d'esmenes és un instrument legítim dins del procediment parlamentari.

Política lingüística

Un dels blocs més rellevants d'esmenes incideix directament en la política lingüística. D'una banda, s'introdueixen canvis en educació i funció pública per a flexibilitzar l'exigència del català. La incorporació d'aquestes mesures permetrien eximir del requisit lingüístic en places de difícil cobertura, eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració i obrir la porta a excepcions quan no hi hagi suficients aspirants amb el nivell requerit, una modificació amb impacte directe en el model d'accés a l'ocupació pública i en l'estatus de la llengua pròpia balear.

Així mateix, es pretén modificar la Llei de normalització lingüística -la norma que estableix el marc per a assegurar el coneixement de la llengua catalana- per a establir que els topònims de Balears tinguin forma oficial en castellà i català sense preferència entre ambdues, eliminant la prevalença de la llengua pròpia en la denominació oficial de llocs, trencant amb això el model lingüístic consolidat en la comunitat.

El paquet inclou també mesurades en matèria de seguretat que reforcen el paper dels cossos policials. Entre elles, els de Santiago Abascal proposen modificar la normativa de coordinació de policies locals per a permetre que els ajuntaments reservin fins a un 20% de les places de policia local a militars de tropa i marineria amb més de cinc anys de servei, així com l'autorització de l'ús de pistoles elèctriques (taser) com a equipament policial. També busquen introduir un canvi rellevant en l'accés als cossos policials municipals, en obrir les portes a una via específica per a perfils procedents de l'àmbit militar.

En l'àmbit social, Vox planteja una reforma profunda de la renda social garantida (resoga). L'esmena introdueix un requisit de tres anys de residència legal ininterrompuda en Balears, a més d'endurir les condicions de manteniment de l'ajuda: els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de treball, amb el risc de perdre la prestació en cas contrari. El PP, per part seva, proposa vincular l'actualització del resoga a l'IPC per a assegurar el manteniment del seu poder adquisitiu. També es reforcen els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques. Aquesta modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar el “efecte crida”.

Creació d'una oficina antiocupació

En paral·lel, en matèria d'habitatge, es proposa la creació d'una Oficina Antiocupació, un organisme administratiu orientat a assessorar, acompanyar i coordinar la resposta institucional enfront de l'ocupació il·legal. Encara que no tindria competències executives, la seva creació institucionalitzaria l'enfocament antiocupació dins de la política autonòmica.

El PP també ha presentat esmenes amb les quals pretén apuntalar una altra de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears, la llei de liberalització del sòl, que permet legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. El text obre a més les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Les correccions, a més, busquen ampliar l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estiguin en el seu poder o la verificació dels quals es pugui fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Externalització de controls i agilització de llicències

Un altre dels punts passa per incorporar les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a les Balears.

Les esmenes també arriben a àmbits professionals específics, com el dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), a través de modificacions en la seva regulació. Els canvis plantejats afecten el marc d'accés i exercici de l'activitat, en línia amb l'objectiu declarat pel PP de simplificar tràmits i reduir càrregues administratives. En aquest cas, la reforma s'orienta a flexibilitzar els requisits i procediments vinculats a l'exercici de l'activitat immobiliària, introduint mecanismes que facilitin la incorporació de nous operadors i redueixin els controls previs en favor de sistemes de verificació posterior.

Les esmenes s'estenen a altres àmbits. En sanitat, es busca crear la categoria de psicòleg general sanitari en Atenció Primària amb l'objectiu d'intervenir en prevenció i atenció bàsica en salut mental. En comerç, preveuen modificar-se procediments d'autorització de grans establiments, reforçant el pes d'informes municipals i certificats urbanístics en la tramitació.

PP y Vox han reactivado decenas de enmiendas con las que pretenden reformar de forma encubierta más de 70 normas de Balears y alterar el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Si no hay cambios -ambas formaciones cuentan con mayoría parlamentaria para sacarlas adelante-, las correcciones serán incorporadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma cuyo contenido nada tiene que ver con los cambios que quieren realizar y que tanto conservadores como extrema derecha han convertido en instrumento para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Se trata de un movimiento que permitirá tramitar de forma conjunta modificaciones de gran calado sin el debate específico que requeriría cada una de ellas por separado.

Lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda del Parlament balear, Mercedes Garrido, tras la Junta de Portavoces de la Cámara, donde ha detallado el giro producido en la tramitación de la norma y el alcance de las enmiendas en conflicto. En su intervención ante los medios, la diputada socialista ha aseverado que el paquete impulsado por PP y Vox introduce importantes cambios en múltiples áreas sin que ninguno de los dos partidos haya justificado su conexión con la ley enmendada. No en vano, el reglamento del Parlament, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

Si bien las correcciones habían sido inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, tanto populares como extrema derecha han acabado recuperándolas, rechazando a su vez buena parte de las presentadas por los grupos de izquierdas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, anunció en su momento que estudiará llevar las correcciones al Tribunal Constitucional al considerar que se estaría utilizando una ley de carácter económico para introducir cambios estructurales ajenos a su objeto y, potencialmente, vulnerando garantías del procedimiento legislativo.

Según las estimaciones de la formación ecosoberanista, un 70% de las enmiendas no guarda relación alguna con la ley de aceleración de proyectos estratégicos y, de hecho, una de ellas se traduciría en el impulso “por la puerta de atrás” de “una nueva ley” a la que los grupos no podrán realizar aportaciones. Desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ya advirtió de que las enmiendas plantean la modificación, sin informe previo, de hasta 74 leyes, decretos y órdenes.

PP y Vox defienden, sin embargo, que las modificaciones introducidas responden a la necesidad de agilizar la Administración y eliminar trabas burocráticas, negando que se trate de una maniobra irregular. Los populares presentan sus medidas como parte de una estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir plazos y facilitar la actividad económica y la prestación de servicios públicos, mientras que su socio de investidura apela a un discurso de endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas públicas y refuerzo del orden público. En esencia, ambas formaciones sostienen que el uso de enmiendas es un instrumento legítimo dentro del procedimiento parlamentario.

Política lingüística

Uno de los bloques más relevantes de enmiendas incide directamente en la política lingüística. Por un lado, se introducen cambios en educación y función pública para flexibilizar la exigencia del catalán. La incorporación de estas medidas permitirían eximir del requisito lingüístico en plazas de difícil cobertura, eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración y abrir la puerta a excepciones cuando no haya suficientes aspirantes con el nivel requerido, una modificación con impacto directo en el modelo de acceso al empleo público y en el estatus de la lengua propia balear.

Asimismo, se pretende modificar la Ley de normalización lingüística -la norma que establece el marco para asegurar el conocimiento de la lengua catalana- para establecer que los topónimos de Balears tengan forma oficial en castellano y catalán sin preferencia entre ambas, eliminando la prevalencia de la lengua propia en la denominación oficial de lugares, rompiendo con ello el modelo lingüístico consolidado en la comunidad.

El paquete incluye también medidas en materia de seguridad que refuerzan el papel de los cuerpos policiales. Entre ellas, los de Santiago Abascal proponen modificar la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial. También buscan introducir un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales, al abrir las puertas a una vía específica para perfiles procedentes del ámbito militar.

En el ámbito social, Vox plantea una reforma profunda de la renta social garantizada (Resoga). La enmienda introduce un requisito de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears, además de endurecer las condiciones de mantenimiento de la ayuda: los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. El PP, por su parte, propone vincular la actualización del Resoga al IPC para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo. También se refuerzan los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas. Esta modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Creación de una oficina antiocupación

En paralelo, en materia de vivienda, se propone la creación de una Oficina Antiocupación, un organismo administrativo orientado a asesorar, acompañar y coordinar la respuesta institucional frente a la ocupación ilegal. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiocupación dentro de la política autonómica.

El PP también ha presentado enmiendas con las que pretende apuntalar otra de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las correcciones, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Externalización de controles y agilización de licencias

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Las enmiendas se extienden a otros ámbitos. En sanidad, se busca crear la categoría de psicólogo general sanitario en Atención Primaria con el objetivo de intervenir en prevención y atención básica en salud mental. En comercio, prevén modificarse procedimientos de autorización de grandes establecimientos, reforzando el peso de informes municipales y certificados urbanísticos en la tramitación.

El freno de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia del país, lo que ha implicado retrasos en los aeropuertos.

La parálisis del DHS, que comenzó el 14 de febrero por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre las restricciones al polémico Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), supera ya los 43 días que duró el cierre total del Gobierno que comenzó en octubre pasado, también en la segunda presidencia de Donald Trump.

También rebasa los 34 días del cierre parcial que empezó el 21 de diciembre de 2018 en el primer mandato de Trump, cuando nueve departamentos del Ejecutivo con un conjunto de 800.000 empleados frenaron sus operaciones.

El cierre del DHS ha implicado colas en los aeropuertos, pues hay un absentismo promedio del 11 % diario de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Al menos 460 agentes del TSA, quienes no reciben salario durante el cierre, han renunciado mientras los aeropuertos afrontan una subida interanual del 5 % en los pasajeros en esta temporada vacacional de 'spring break' (vacaciones de primavera), añadió.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo la cartera.

Ante la situación, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague “de inmediato” a los agentes del TSA para hacer frente a la “situación de emergencia” y “detener el caos en los aeropuertos”, lo que se prevé que comience el lunes.

En un mensaje publicado en su red, SocialTruth, Trump defendió la medida y acusó a los demócratas de mantener “políticas de fronteras abiertas”, por las que, según él, “permitieron la entrada de 25 millones de personas procedentes de prisiones, instituciones psiquiátricas y manicomios, entre ellas traficantes de drogas y miles de asesinos, muchos de los cuales han matado a más de una persona”. El presidente no explicó de qué fuentes provenían estos datos.

El llamado 'zar' de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, expresó este domingo con CNN que hay avances en las negociaciones con los demócratas para implementar restricciones a los agentes de ICE, como el uso de cámaras corporales, pero avisó de que Trump solo apoya que “todo el Departamento de Seguridad Nacional esté financiado”.

“Están tomando al departamento como rehén porque no les gusta lo que está haciendo ICE y el ICE está aplicando las leyes”, declaró Homan. 

“La dreta i l’extrema dreta tendeixen a simplificar la situació d’una manera demagògica, donant a entendre que el problema entorn de la llengua i la convivència social prové de les persones que han vengut a cercar-se la vida a la nostra terra perquè a la seva no poden sobreviure. Aquesta idea és una estafa i és el que duc plantejant des de fa 25 anys”. Després de més de dues dècades investigant polítiques lingüístiques, el filòleg Isidor Marí rebate un dels marcs discursius que assenyala cap a la població migrant més vulnerable i que, en paral·lel, eludeix analitzar l’impacte de factors estructurals com el model econòmic, la pressió turística o la creixent irrupció de residents estrangers amb alt poder adquisitiu. El resultat, adverteix, és un diagnòstic incomplet que impedeix abordar el problema de fons sobre la llengua catalana.

L'investigador eivissenc proposa un model basat en la corresponsabilitat: d'una banda, la societat d'acolliment ha de garantir condicions de vida dignes i evitar la segregació; per un altre, els qui arriben han d'assumir la llengua i la cultura del lloc on s'estableixen. “Ha d'haver-hi un compromís de futur basat en el respecte intercultural. Un compromís de la societat receptora de fer el possible per a proporcionar unes condicions de vida satisfactòries i unes condicions de treball justes en favor de superar les desigualtats i les segregacions. I això ha de tenir una contrapartida: el compromís per part dels qui arriben d'assumir la llengua i la cultura de la societat en la qual s'instal·len, de manera gradual, amb el temps que sigui convenient, i sense que això suposi una divisió social”, subratlla en declaracions a elDiario.es.

Ha d'haver-hi un compromís de futur basat en el respecte intercultural. Un compromís de la societat receptora de fer el possible per a proporcionar unes condicions de vida satisfactòries i unes condicions de treball justes. I això ha de tenir una contrapartida: el compromís per part dels qui arriben d'assumir la llengua i la cultura de la societat en la qual s'instal·len

Isidor Marí — Lingüista

És en aquest context en el qual emergeix una pregunta: és possible assegurar el futur d'un idioma en una realitat marcada per la interdependència global, la pressió turística i els canvis demogràfics accelerats? Lluny d'oferir respostes simples, l'investigador proposa un canvi de mirada. El seu nou llibre, Es pot planificar la sostenibilitat lingüística? (Lleonard Muntaner), no es limita a revisar el concepte clàssic de normalització, sinó que el desborda. Introdueix una idea més incòmoda i, al mateix temps, més reveladora: la sostenibilitat lingüística.

Mentre que la normalització s'ha interpretat tradicionalment com una qüestió centrada en la llengua en si mateixa, la sostenibilitat obliga a mirar més enllà. “Té l'avantatge que relaciona les llengües i les cultures amb el seu context econòmic, social i polític i això ajuda a entendre millor les causes, els efectes i les polítiques que han d'adoptar-se”, subratlla el lingüista, per a qui el futur “no és una predicció meteorològica”. “Ho construïm ara”, incideix, subratllant que el veritable problema no és tant el diagnòstic com la inacció.

El filòleg eivissenc, recentment reconegut amb la Creu de Sant Jordi, trenca amb el relat que desplaça el focus cap a la responsabilitat individual: el futur del català no es juga únicament en les converses quotidianes ni en la voluntat de cada parlant, sinó en un terreny molt més ampli i decisiu, el de les decisions col·lectives –polítiques, econòmiques i socials– que condicionen com, quan i en quins contextos s'usa una llengua. “El pitjor que podem fer és pensar que no fa falta fer res”, assevera en declaracions a elDiario.es. Lluny de caure en el pessimisme –o en l'optimisme complaent–, Marí rebutja les visions fatalistes sobre el futur del català.

El pitjor que podem fer és pensar que no fa falta fer res

Isidor Marí — Autor de 'Es pot planificar la sostenibilitat lingüística?'

En la seva obra, Marí recupera i matisa una distinció clàssica en sociolingüística: la que separa els usos lingüístics institucionalitzats dels individuals, reprenent aportacions d’autors com Albert Bastardas i Jean-Claude Corbeil. Els primers es corresponen amb els usos formals de la llengua —propis de l’administració, els mitjans de comunicació o el sistema educatiu—, mentre que els segons remeten als comportaments lingüístics quotidians dels parlants en la seva vida privada. Tanmateix, lluny de plantejar una divisió rígida, Marí subratlla, seguint Bastardas, que ambdós àmbits se situen en un continuum en què les fronteres es difuminen i on existeixen múltiples situacions intermèdies en què allò institucional i allò individual s’entrellacen.

A partir d’aquesta base conceptual, l’autor introdueix una segona dimensió clau: el grau de consolidació dels hàbits lingüístics, en línia amb les reflexions de Miquel Strubell. No és el mateix, adverteix, un comportament lingüístic incipient que un hàbit plenament arrelat, ja que la capacitat de modificar els usos depèn en gran mesura d’aquest nivell de consolidació. Així mateix, Marí assenyala que la política lingüística ha oscil·lat històricament —en un “efecte pèndol”— entre prioritzar els usos individuals, com va passar en les primeres legislatures a Catalunya amb l’anomenat “bilingüisme passiu”, i reforçar posteriorment els usos institucionalitzats. Aquesta tensió evidencia, en la seva anàlisi, la necessitat d’abordar ambdós plans de manera complementària per entendre i transformar els comportaments lingüístics.

El seu plantejament entronca amb les experiències internacionals que l'autor ha estudiat durant més de dues dècades en països com Austràlia, el Canadà o Suècia, territoris que han afrontat grans onades migratòries amb polítiques lingüístiques actives i coordinades, abordades de manera estructural i no com un conflicte puntual. És aquí on la seva proposta adquireix una dimensió distinta. A Austràlia, com ja ha exposat en recerques anteriors, la diversitat lingüística no es percep com una amenaça, sinó com un actiu. El plurilingüisme forma part de l'estratègia econòmica i de cohesió social, integrat en les polítiques públiques i en el funcionament de les institucions i contribuint amb això a reforçar la cohesió social i la identificació dels diferents grups amb el projecte comú. Un model que contrasta amb contextos on la diversitat lingüística, assenyala, es gestiona sovint de manera reactiva o subordinada.

Austràlia ha integrat el plurilingüisme com un element central del seu model econòmic i institucional, contribuint amb això a reforçar la cohesió social i la identificació dels diferents grups amb el projecte comú

“Oferta activa” de la llengua

De la mateixa manera, el filòleg i professor defensa, en línia amb experiències com les de Quebec al Canadà, que les polítiques lingüístiques eficaces no es limiten a garantir drets formals, sinó que intervenen directament en el funcionament de les organitzacions. Això implica, per exemple, regular la capacitació lingüística dels treballadors, adaptar els sistemes tecnològics i assegurar el que denomina “oferta activa” de la llengua, és a dir, que el ciutadà no hagi de demanar ser atès en la llengua pròpia, atès que aquesta ja es troba 'disponible' per defecte.

Mentrestant, a Suècia, la gestió de la diversitat lingüística s'articula des de polítiques públiques que combinen integració i cohesió social. Malgrat ser un país amb una llengua dominant clara, l'Estat ha desenvolupat programes d'acolliment que situen l'aprenentatge del suec com a eix central de la inclusió, al mateix temps que reconeix i respecta les llengües d'origen de la població migrant, un equilibri entre llengua comuna i diversitat lingüística que, subratlla Marí, ha permès evitar processos de segregació i reforçar la participació social sense renunciar a una llengua compartida que vertebri la convivència.

Canvi de paradigma

A partir d’aquests exemples, Marí planteja que el futur del català no es pot desvincular d’un projecte intercultural més ampli la clau del qual no rau només en integrar els nous parlants, sinó fer-ho en un marc que reconegui també el valor de les seves llengües d’origen, generant un equilibri entre cohesió i diversitat.

Només així, sosté, es pot construir una identificació compartida en un context global on les llengües competeixen en condicions profundament desiguals i en què el català se situï al centre d’un model de plurilingüisme equitatiu, no com a llengua excloent, sinó com a llengua compartida. Per a això, adverteix, no n’hi ha prou amb apel·lacions individuals ni campanyes simbòliques.

Marí planteja que el futur del català no pot deslligar-se d'un projecte intercultural més ampli la clau del qual no radica només a integrar als nous parlants, sinó fer-ho en un marc que reconegui també el valor de les seves llengües d'origen, generant un equilibri entre cohesió i diversitat

Es tracta d’un canvi de paradigma i d’un enfocament en el qual Marí porta dècades treballant tant des de la recerca com des d’institucions com l’Obra Cultural Balear (OCB): la llengua ha de deixar de dependre només de la voluntat individual per passar a estar garantida pel sistema. Un plantejament que adquireix especial rellevància a les Balears, territori marcat per l’increment de la pressió turística —amb el consegüent augment de la població flotant (la suma de residents i turistes)— i un model econòmic que no només ha reconfigurat el paisatge, sinó també els usos lingüístics i les dinàmiques socials.

En aquest context, Marí es mostra severament crític amb l'absència d'avanços significatius després de més de quatre dècades de polítiques lingüístiques: “Després de més de 40 anys, ja seria hora que es notés”, assenyala. Al·ludeix, en concret, al marc legal definit per l'Estatut d'Autonomia balear –que reconeix el català com a llengua pròpia– i la Llei de normalització lingüística, la norma fonamental que regula l'estatus del català a les illes. Aprovada en 1986 després de dècades de marginació de la llengua catalana, estableix que les institucions han d'assegurar el seu coneixement i ús progressiu en l'àmbit de l'ensenyament. Un objectiu que, segons el parer de Marí, dista encara d'haver-se complert plenament.

Després de més de quaranta anys de polítiques lingüístiques en Balears, ja seria hora que es notessin

Isidor Marí — Filòleg

I és que, com assenyala l'última 'Enquesta d'Usos Lingüístics als Illes Balears', publicada pel Grup de Recerca Sociolingüística dels Illes Balears (Gresib) en 2014 i revisada en 2018, l'imparable creixement de la població des de la dècada dels seixanta, quan residien en Balears 400.000 persones –en contrast amb els més de 1,2 milions actuals–, ha suposat un decreixement en valors relatius de la població autòctona, que va passar de representar el 82% en 1970 al 60% en 2015. L'informe, que apunta a l'increment considerable de la “fragilitat” de la llengua catalana, subratlla que l'augment de la població al·lòctona (originària d'un altre país) i alóglota (parlant d'altres idiomes) ha repercutit de manera directa en el retrocés dels coneixements de català i dels usos que d'ell fa la ciutadania en el seu conjunt. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 94,1% de la població resident en Balears parla bé el castellà, percentatge que descendeix al 59,5% en el cas del català.

Prioritat a l’anglès i “maltracte” al catalanoparlant

“Allò que plantejo en aquest llibre és que cal una actuació global liderada, definida i construïda pels poders polítics, una intervenció integral que comprometi els governs i que arribi fins a les organitzacions i les empreses”, subratlla, denunciant la “contradicció” en què aquestes incorren quan “es preocupen d’informar i atendre bé els clients en anglès o, si cal, en altres llengües, i que vagis a un establiment i et maltractin si fas servir la llengua pròpia d’aquestes illes”. Una problemàtica que, incideix, no es pot resoldre sense una combinació de regulació i acompanyament: no només cal exigir el compliment de determinats estàndards lingüístics, sinó també acompanyar les empreses amb mesures que facilitin la seva adaptació.

En aquesta línia, l’investigador critica la incoherència de les actuals polítiques públiques a les Balears i adverteix de la bretxa existent entre el discurs institucional i les mesures adoptades: “No té sentit que, davant d’una situació com aquesta, el Govern parli de sostenibilitat, però faci polítiques contra la sostenibilitat, o que tingui el compromís, per llei i per Estatut, de treballar per la normalització de la llengua pròpia de les illes i, en canvi, estigui adoptant mesures contràries a la recuperació de la nostra llengua. Evidentment, d’aquesta manera no ho arreglarem”, recrimina, assegurant que, sense una estratègia alineada amb aquests objectius, no serà possible revertir la situació.

Durant aquesta legislatura, les polítiques lingüístiques impulsades pel Govern del PP amb el suport –i l'exigència– de Vox han girat entorn de la introducció de la “lliure elecció de llengua” en l'ensenyament, la flexibilització o eliminació dels requisits de coneixement de català en l'administració i el blindatge de l'espanyol com a llengua vehicular. En conjunt, es tracta d'un paquet d'actuacions que, segons conservadors i extrema dreta, busquen garantir la “llibertat lingüística”, però que col·lectius educatius i socials perceben com un canvi d'orientació respecte al model de normalització lingüística vigent des de la dècada dels vuitanta.

En el fons, el llibre de Marí planteja una qüestió política de major importància: quin tipus de societat vol ser Balears en un context de transformació constant. Per a l'investigador, la sostenibilitat lingüística no és només una qüestió de preservar una llengua, sinó d'evitar la fractura social. L'objectiu, recorda, hauria de continuar sent el mateix que es va fixar en la Transició: que tota la població conegui les dues llengües oficials per a garantir igualtat d'oportunitats i cohesió. Sense aquest horitzó compartit, adverteix, el risc és la consolidació de comunitats lingüístiques separades i potencialment enfrontades.

“La derecha y la extrema derecha tienden a simplificar la situación de una manera demagógica, dando a entender que el problema en torno a la lengua y la convivencia social procede de las personas que han venido a buscarse la vida en nuestra tierra porque en la suya no pueden sobrevivir. Esta idea es una estafa y es lo que llevo planteando desde hace 25 años”. Tras más de dos décadas investigando políticas lingüísticas, el filólogo Isidor Marí rebate uno de los marcos discursivos que apuntan hacia la población migrante más vulnerable y que, en paralelo, elude analizar el impacto de factores estructurales como el modelo económico, la presión turística o la creciente irrupción de residentes extranjeros con alto poder adquisitivo. El resultado, advierte, es un diagnóstico incompleto que impide abordar el problema de fondo sobre la lengua catalana.

El investigador ibicenco, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la sociolingüística catalana, propone un modelo basado en la corresponsabilidad: por un lado, la sociedad de acogida debe garantizar condiciones de vida dignas y evitar la segregación de la población recién llegada; por otro, quienes se establecen en el territorio deben asumir la lengua y la cultura del lugar. “Debe haber un compromiso de futuro basado en el respeto intercultural. Un compromiso de la sociedad receptora de hacer lo posible para proporcionar unas condiciones de vida satisfactorias y unas condiciones de trabajo justas en aras a superar las desigualdades y las segregaciones. Y esto debe tener una contrapartida: el compromiso por parte de quienes llegan de asumir la lengua y la cultura de la sociedad en la que se instalan, de forma gradual, con el tiempo que sea conveniente, y sin que esto suponga una división social”, subraya en declaraciones a elDiario.es.

Debe haber un compromiso de futuro basado en el respeto intercultural. Un compromiso de la sociedad receptora de hacer lo posible para proporcionar unas condiciones de vida satisfactorias y unas condiciones de trabajo justas. Y esto debe tener una contrapartida: el compromiso por parte de quienes llegan de asumir la lengua y la cultura de la sociedad en la que se instalan

Isidor Marí — Lingüista

Es en este contexto en el que emerge una pregunta: ¿es posible asegurar el futuro de un idioma en una realidad marcada por la interdependencia global, la presión turística y los cambios demográficos acelerados? Lejos de ofrecer respuestas simples, el autor propone un cambio de mirada. Su nuevo libro, Es pot planificar la sostenibilitat lingüística? (editado por Lleonard Muntaner), no se limita a revisar el concepto clásico de normalización, sino que lo desborda. Introduce una idea más incómoda y, al mismo tiempo, más reveladora: la sostenibilidad lingüística.

Mientras que la normalización se ha interpretado tradicionalmente como una cuestión centrada en la lengua en sí misma, la sostenibilidad obliga a mirar más allá. “Tiene la ventaja de que relaciona las lenguas y las culturas con su contexto económico, social y político y eso ayuda a entender mejor las causas, los efectos y las políticas que deben adoptarse”, subraya el lingüista, para quien el futuro “no es una predicción meteorológica”. “Lo construimos ahora”, incide, subrayando que el verdadero problema no es tanto el diagnóstico como la inacción.

El filólogo, recientemente reconocido con la Creu de Sant Jordi, rompe con el relato que desplaza el foco hacia la responsabilidad individual: el futuro del catalán no se juega únicamente en las conversaciones cotidianas ni en la voluntad de cada hablante, sino en un terreno mucho más amplio y decisivo, el de las decisiones colectivas –políticas, económicas y sociales– que condicionan cómo, cuándo y en qué contextos se usa una lengua. “Lo peor que podemos hacer es pensar que no hace falta hacer nada”, asevera. Lejos de caer en el pesimismo –o en el optimismo complaciente–, Marí rechaza las visiones fatalistas sobre el futuro del catalán.

El filólogo, recientemente reconocido con la Creu de Sant Jordi, rompe con el relato que desplaza el foco hacia la responsabilidad individual: el futuro del catalán no se juega únicamente en las conversaciones cotidianas ni en la voluntad de cada hablante, sino en un terreno mucho más amplio y decisivo, el de las decisiones colectivas -políticas, económicas y sociales- que condicionan cómo, cuándo y en qué contextos se usa una lengua

En su obra, Marí recupera y matiza una distinción clásica en sociolingüística: la que separa los usos lingüísticos institucionalizados de los individuales, retomando aportaciones de autores como Albert Bastardas y Jean–Claude Corbeil. Los primeros se corresponden con los usos formales de la lengua –propios de la administración, los medios de comunicación o el sistema educativo–, mientras que los segundos remiten a los comportamientos lingüísticos cotidianos de los hablantes en su vida privada. Sin embargo, lejos de plantear una división rígida, Marí subraya, siguiendo a Bastardas, que ambos ámbitos se sitúan en un continuum en el que las fronteras se difuminan y donde existen múltiples situaciones intermedias en las que lo institucional y lo individual se entrelazan.

A partir de esta base conceptual, el autor introduce una segunda dimensión clave: el grado de consolidación de los hábitos lingüísticos, en línea con las reflexiones de Miquel Strubell. No es lo mismo, advierte, un comportamiento lingüístico incipiente que un hábito plenamente arraigado, ya que la capacidad de modificar los usos depende en gran medida de ese nivel de consolidación. Asimismo, Marí señala que la política lingüística ha oscilado históricamente –en un “efecto péndulo”– entre priorizar los usos individuales, como ocurrió en las primeras legislaturas en Catalunya con el llamado “bilingüismo pasivo”, y reforzar posteriormente los usos institucionales. Esta tensión evidencia, en su análisis, la necesidad de abordar ambos planos de forma complementaria para entender y transformar los comportamientos lingüísticos.

Lo peor que podemos hacer es pensar que no hace falta hacer nada

Isidor Marí — Autor de 'Es pot planificar la sostenibilitat lingüística?'

Su planteamiento entronca, además, con las experiencias internacionales que ha estudiado durante más de dos décadas en países como Australia, Canadá o Suecia, territorios que han afrontado grandes oleadas migratorias con políticas lingüísticas activas y coordinadas, abordadas de forma estructural y no como un conflicto puntual. Es ahí donde su propuesta adquiere una dimensión distinta. En Australia, como ya ha expuesto en investigaciones anteriores, la diversidad lingüística no se percibe como una amenaza, sino como un activo. El plurilingüismo forma parte de la estrategia económica y de cohesión social, integrado en las políticas públicas y en el funcionamiento de las instituciones y contribuyendo con ello a reforzar la cohesión social y la identificación de los distintos grupos con el proyecto común. Un modelo que contrasta con contextos donde la diversidad lingüística, señala, se gestiona a menudo de forma reactiva o subordinada.

“Oferta activa” de la lengua

En Canadá –y especialmente en Quebec–, el sostenimiento del francés no depende de la buena voluntad de los hablantes: se garantiza desde el sistema, con medidas que regulan su uso en la administración, el ámbito laboral y los servicios. El filólogo y profesor defiende que las políticas lingüísticas eficaces no se limitan a garantizar derechos formales, sino que intervienen directamente en el funcionamiento de las organizaciones. Esto implica, por ejemplo, regular la capacitación lingüística de los trabajadores, adaptar los sistemas tecnológicos y asegurar lo que denomina “oferta activa” de la lengua, es decir, que el ciudadano no tenga que pedir ser atendido en la lengua propia, dado que ésta ya se encuentra 'disponible' por defecto.

Australia ha integrado el plurilingüismo como un elemento central de su modelo económico e institucional, contribuyendo con ello a reforzar la cohesión social y la identificación de los distintos grupos con el proyecto común

Mientras tanto, en Suecia, la gestión de la diversidad lingüística se articula desde políticas públicas que combinan integración y cohesión social. A pesar de ser un país con una lengua dominante clara, el Estado ha desarrollado programas de acogida que sitúan el aprendizaje del sueco como eje central de la inclusión, al tiempo que reconoce y respeta las lenguas de origen de la población migrante, un equilibrio entre lengua común y diversidad lingüística que, subraya Marí, ha permitido evitar procesos de segregación y reforzar la participación social sin renunciar a una lengua compartida que vertebre la convivencia.

Cambio de paradigma

A partir de estos ejemplos, Marí plantea que el futuro del catalán no puede desligarse de un proyecto intercultural más amplio cuya clave no radica solo en integrar a los nuevos hablantes, sino hacerlo en un marco que reconozca también el valor de sus lenguas de origen, generando un equilibrio entre cohesión y diversidad. Solo así, sostiene, puede construirse una identificación compartida en un contexto global donde las lenguas compiten en condiciones profundamente desiguales y en el que el catalán se sitúe en el centro de un modelo de plurilingüismo equitativo, no como lengua excluyente, sino como lengua compartida. Para ello, advierte, no basta con apelaciones individuales ni campañas simbólicas.

Marí plantea que el futuro del catalán no puede desligarse de un proyecto intercultural más amplio cuya clave no radica solo en integrar a los nuevos hablantes, sino hacerlo en un marco que reconozca también el valor de sus lenguas de origen, generando un equilibrio entre cohesión y diversidad

Se trata de un cambio de paradigma y de un enfoque en el que Marí lleva décadas trabajando, tanto desde la investigación como desde instituciones como la Obra Cultural Balear (OCB), y de un planteamiento que cobra especial relevancia en Balears, territorio marcado por el incremento de la presión turística –con el consiguiente aumento de la población flotante (la suma de residentes y turistas)– y un modelo económico que no solo ha reconfigurado el paisaje, sino también los usos lingüísticos y las dinámicas sociales.

En este contexto, Marí se muestra severamente crítico con la ausencia de avances significativos tras más de cuatro décadas de políticas lingüísticas: “Tras más de 40 años, ya sería hora de que se notara”, señala. Alude, en concreto, al marco legal definido por el Estatut d'Autonomia balear –que reconoce el catalán como lengua propia– y la Llei de normalització lingüística, la norma fundamental que regula el estatus del catalán en las islas. Aprobada en 1986 tras décadas de marginación de la lengua catalana, establece que las instituciones deben asegurar su conocimiento y uso progresivo en el ámbito de la enseñanza. Un objetivo que, a juicio de Marí, dista aún de haberse cumplido plenamente.

Tras más de cuarenta años de políticas lingüísticas en Balears, ya sería hora de que se notaran

Isidor Marí — Filólogo

Y es que, como señala la última 'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears', publicada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) en 2014 y revisada en 2018, el imparable crecimiento de la población desde la década de los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas –en contraste con los más de 1,2 millones actuales–, ha supuesto un decrecimiento en valores relativos de la población autóctona, que pasó de representar el 82% en 1970 al 60% en 2015. El informe, que apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana, subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

Prioridad al inglés y “maltrato” al catalanohablante

“Lo que planteo en este libro es que se necesita una actuación global liderada, definida y construida por los poderes políticos, una intervención integral que comprometa a los gobiernos y que descienda hasta las organizaciones y las empresas”, subraya, denunciando la “contradicción” en que éstas incurren al “preocuparse de informar y de atender bien los clientes en inglés o, si hace falta, en otras lenguas, y que vayas a un establecimiento y te maltraten si utilizas la lengua propia de estas islas”. Una problemática que, incide, no puede resolverse sin una combinación de regulación y apoyo: no solo es necesario exigir el cumplimiento de determinados estándares lingüísticos, sino también acompañar a las empresas con medidas que faciliten su adaptación.

En esta línea, el investigador critica la incoherencia de las actuales políticas públicas en Balears y advierte de la brecha existente entre el discurso institucional y las medidas adoptadas: “No tiene sentido que, ante una situación como esta, el Govern hable de sostenibilidad, pero haga políticas contra la sostenibilidad, o que tenga el compromiso, por ley y por Estatut, de trabajar por la normalización de la lengua propia de las islas y, en cambio, esté adoptando medidas contrarias a la recuperación de nuestra lengua. Evidentemente, de este modo no lo arreglaremos”, recrimina, aseverando que, sin una estrategia alineada con esos objetivos, no será posible revertir la situación.

No tiene sentido que el Govern hable de sostenibilidad, pero haga políticas contra la sostenibilidad, o que tenga el compromiso, por ley y por Estatut, de trabajar por la normalización de la lengua propia de las islas y, en cambio, esté adoptando medidas contrarias a la recuperación de nuestra lengua

Isidor Marí — Filólogo

Durante esta legislatura, las políticas lingüísticas impulsadas por el Govern del PP con el apoyo –y la exigencia– de Vox han girado en torno a la introducción de la “libre elección de lengua” en la enseñanza, la flexibilización o eliminación de los requisitos de conocimiento de catalán en la administración y el blindaje del español como lengua vehicular. En conjunto, se trata de un paquete de actuaciones que, según conservadores y extrema derecha, buscan garantizar la “libertad lingüística”, pero que colectivos educativos y sociales perciben como un cambio de orientación respecto al modelo de normalización lingüística vigente desde la década de los ochenta.

En el fondo, el libro de Marí plantea una cuestión política de mayor calado: qué tipo de sociedad quiere ser Balears en un contexto de transformación constante. Para el investigador, la sostenibilidad lingüística no es solo una cuestión de preservar una lengua, sino de evitar la fractura social. El objetivo, recuerda, debería seguir siendo el mismo que se fijó en la Transición: que toda la población conozca las dos lenguas oficiales para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión. Sin ese horizonte compartido, advierte, el riesgo es la consolidación de comunidades lingüísticas separadas y potencialmente enfrentadas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

La primera mesa de debate del IV Foro Económico elDiario.es, moderada por el periodista Álvaro Celorio, comenzó poniendo sobre la mesa el fondo España Crece, diseñado para movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión productiva, una herramienta de continuidad para los fondos europeos en un contexto de gran inestabilidad internacional.

Manuel Illueca, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), abrió el turno de intervenciones subrayando la trayectoria de la institución en momentos críticos, como la pandemia o la reciente dana en València: “Hemos estado respaldando a la economía española, a las empresas españolas”. “El ICO hará su trabajo, como siempre lo ha hecho”, aseguró.

Por su parte, Judit Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y Fedea, destacó que el fondo llega para combatir la retracción del capital en tiempos de crisis. “Este Fondo España crece precisamente va a dar esa certidumbre, esa continuidad”, destacó Arnal, asegurando que “este capital público va a permitir movilizar más capital privado y potenciar la inversión, que es tan importante para que la economía española desarrolle un potencial de crecimiento también en el medio plazo”.

Antonio González, responsable de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, recordó el impacto positivo de los fondos Next Generation en la industria, señalando que “cualquier plan estructurado hacia futuro nos va a hacer mucho más sólidos en la medida en que fijemos bien las prioridades”.

El último en intervenir, Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, advirtió en la misma línea, que la inversión en España ha estado rezagada y que “el papel de garantía que puede proporcionar el ICO es positivo” para que este proceso no se detenga.

Ya adentrados en el debate, Manuel Illueca detalló la estructura técnica del fondo, que supone una inyección de 10.500 millones de euros en el capital del ICO, elevando su capacidad total a 16.700 millones para situarlo al nivel de otros bancos homónimos europeos, como el KFW alemán o el National Wealth Fund británico.

Bajo este nuevo músculo financiero, Illueca definió los cuatro ejes estratégicos fundamentales: el impulso a proyectos tecnológicos y de defensa, el apoyo a la competitividad de las PYMES, la inversión en sostenibilidad y, de manera muy destacada, la vivienda asequible.

Sobre la naturaleza del fondo, Judit Arnal aportó un matiz necesario al sugerir que, más allá de la etiqueta de “soberano”, estamos ante un fondo eminentemente estratégico: “Creo que es fundamental que se fijen una serie de objetivos estratégicos, pero que luego las decisiones diarias de inversión se tomen de manera independiente y con arreglo a criterios económicos”. Arnal insistió también en la “adicionalidad”, es decir, que el sector público debe llegar allí donde el capital privado, por aversión al riesgo o falta de garantías reales, no se atreve a entrar.

Al abordar sectores específicos, Antonio González puso el foco en la industria del automóvil y la difícil transición hacia el vehículo eléctrico. González alertó sobre el dominio de China, que aventaja a Europa en veinte años en la cadena de valor de las baterías y el enorme reto que supone su competencia. “Si queremos tener coches eléctricos, tenemos que aprender de ellos”, defendió.

“La gangrena ya ha empezado, se trata de pararla y realmente volverla para atrás”, sentenció González sobre la pérdida de competitividad. Según su análisis, producir un coche eléctrico en Europa es hoy un 30% más caro que en el gigante asiático, un gap que solo se puede cerrar con innovación y dirigiendo recursos a las partes de la cadena que hoy no controlamos. Para el directivo, el Fondo España Crece debe servir para “anclar al territorio” una industria que necesita decisiones rápidas y recursos orientados a la autonomía estratégica.

El problema de la vivienda

El debate alcanzó su punto más intenso al tratar el problema de la vivienda. Jorge Sicilia cuantificó un déficit que podría alcanzar las 800.000 viviendas en los próximos dos años y advirtió sobre los cuellos de botella: “Cabe esperar que se van a encarecer los materiales”. Además de señalar la escasez de suelo, la falta de mano de obra, entre otros factores. “El problema del sector de la vivienda en España es mucho más amplio”, valoró Sicilia, “en general, hay un conjunto de elementos que no puede solucionar el ICO, pero en la parte que le toca ayudar, yo creo que sí puede tener impacto”, resumió.

Manuel Illueca calificó la situación de la vivienda como un “drama social” y una prioridad de política económica. Su diagnóstico fue claro: España necesita desarrollar una industria de “construcción para alquilar”, que actualmente es inexistente. “¿Cuándo el español ha tenido realmente una industria de alquiler digna de ese nombre?”, se preguntó. Para Illueca, la clave está en la rentabilidad: “Solo hay una respuesta aquí, que es que ese capital encuentre la rentabilidad adecuada para entrar aquí... del orden del 8%”. Como presidente del ICO explicó que la intervención será para proporcionar “deuda cómoda” para atraer al capital privado.

El debate también puso el foco en las barreras internas que lastran la economía nacional. Judit Arnal recordó que el Fondo España Crece puede resolver “fallos de mercado”, pero no “fallos institucionales” como la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas. En este sentido, defendió la implementación de un “Régimen 20” que armonice licencias y permisos para que los proyectos financiados puedan ganar la escala necesaria.

Finalmente, Jorge Sicilia cerró el encuentro con una reflexión sobre el apetito inversor. “Apetito hay. Estamos creciendo por encima del 2%, los tipos de interés son bajos y yo creo que ya nadie tiene que tener muchas expectativas de que van a ser más bajos”, afirmó. Sin embargo, explicó que ese apetito no se ve trasladado a más inversión. “Ahora mismo más o menos tenemos un exceso de de ahorro sobre inversión en España de casi 50.000 millones, que es un 3% del PIB”, explicó Sicilia, reclamando mayor certidumbre regulatoria para que el capital se quede en casa.

Illueca no quiso finalizar el encuentro sin lanzar un mensaje a Bruselas, instando a que la Comisión Europea facilite que las entidades públicas puedan asumir más riesgos para responder a las necesidades urgentes del continente: “Si queremos que las herramientas de Estado asuman cada vez más riesgo, también hace falta que la Comisión entienda que lo tenemos que poder hacer”.

El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a certificar en solo tres minutos las solicitudes que sean realizadas por la ciudadanía en materia de Tesorería a través de la implantación de la certificación automatizada e inmediata, así como el sello electrónico.

Se trata de documentos administrativos que constatan la existencia de determinados pagos realizados o retenciones prácticas en concepto de IRPF, dentro de procedimientos administrativos. Hasta ahora, la emisión y comunicación de dichos certificados tenía un plazo de unos cinco días desde la recepción de la solicitud.

Así se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), mediante la cual se aprueba el sello electrónico de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, así como su uso, superpuesto al código seguro de verificación para la firma y emisión, de manera automatizada, de documentos administrativos de constancia y se atribuyen las competencias que permiten generar dichos documentos y su contenido.

De este modo, se aprueba una medida que “facilita a las personas la obtención de certificados en el ámbito de la Tesorería, gracias a la implantación de la certificación automatizada e inmediata”. Así, ese trámite será emitido y comunicado en el plazo de tres minutos desde que se registre la solicitud por parte del ciudadano o la ciudadana. Además, los certificados serán interoperables con otras administraciones, lo que, a su vez, garantiza el derecho del que dispone la ciudadanía de no tener que aportar documentos que ya obren en poder de otra administración.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha apuntan que “se mejora la eficacia y la productividad de los empleados públicos” a partir de la aplicación de la tecnología a trabajos que antes requerían la intervención funcionarios en los procesos. Ahora, se reducen “de manera esencial” los tiempos de respuesta a la vez que se reduce la burocracia.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, a la que, a su vez está adscrita la unidad de la Tesorería General, ha confeccionado el contenido de los certificados, así como su emisión automatizada, garantizando la identificación electrónica del órgano firmante, la integridad del certificado, su verificación mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional y su interoperabilidad con otras administraciones.

2.000 certificados al año

Para obtener los mismos, las personas interesadas, alrededor de 2.000, presentaban una solicitud en la sede electrónica de la Administración regional que, posteriormente, era gestionada por empleados públicos que, accediendo al sistema informático de gestión económica, extraían los datos y confeccionaban los certificados en un soporte electrónico, que posteriormente era firmado de manera electrónica por el responsable de la Dirección General y, finalmente, comunicado, por dichos empleados, a la persona interesada.

Con la orden aprobada y hoy publicada en el DOCM se implementan las Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) y se elimina la participación de empleados públicos en el proceso de elaboración, firma y comunicación, ya que mediante la interconexión de la sede electrónica, donde se presenta la solicitud con la plataforma que gestiona el sistema informático que contiene los datos económicos y de identificación de la persona solicitante, se va a generar de manera automática e inmediata el certificado requerido, que además será firmado y comunicado al solicitante, también de manera automática, en el correo electrónico que haya indicado en su solicitud. Todo ello en el plazo de tres minutos.

Esta AAA garantiza la identificación electrónica del órgano firmante, así como la integridad del certificado emitido pudiendo, además, verificarse su contenido mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional mediante un código único de identificación para cada certificado.

La superposición del sello electrónico a dicho certificado garantiza también la interoperabilidad de este, lo que permitirá que se pueda remitir directamente a otras Administraciones Públicas, sin que sea la ciudadanía la que lo tenga que aportar ante otras administraciones cuando estas lo requieran, ya que“ al ser interoperable” la persona interesada podrá porque sea remitido directamente entre dichas administraciones.

La digitalización de los servicios públicos en España ha transformado la manera en que los ciudadanos interactúan con las administraciones. Cada vez son más las gestiones que pueden realizarse de forma remota, desde consultar datos personales hasta hacer seguimiento de expedientes, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. En este contexto, la aplicación Mi Carpeta Ciudadana se ha consolidado como una herramienta clave, centralizando en un único espacio la información y los trámites que los usuarios necesiten.

Con la actualización de 2026, la plataforma refuerza su utilidad al incorporar nuevas funciones y mejoras que facilitan la consulta de documentos, la gestión de alertas y la interacción con distintos organismos. La aplicación, disponible en versión web y móvil, ofrece un acceso seguro a datos personales y expedientes, permitiendo a los usuarios revisar información educativa, laboral, sanitaria o de vivienda, entre otros apartados.

Qué es Mi Carpeta Ciudadana y para qué sirve

Mi Carpeta Ciudadana es un espacio personal que centraliza la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Permite consultar datos personales, gestionar citas previas, recibir notificaciones pendientes y seguir el estado de los expedientes en tramitación. A través de la aplicación, se puede acceder a información sobre educación, empleo, prestaciones, salud, vivienda, vehículos, documentación personal y transparencia administrativa, así como enviar sugerencias o comunicarse con los organismos públicos.

El acceso a la plataforma se realiza mediante el sistema de autenticación Cl@ve, que incluye Cl@ve Permanente, certificados electrónicos y DNI electrónico. Esta identificación garantiza que únicamente el titular de los datos pueda acceder a su información, ofreciendo seguridad y confidencialidad. Una vez autenticado, el usuario puede configurar opciones de acceso biométrico para agilizar futuras consultas y gestiones, haciendo la experiencia más cómoda y rápida.

Novedades de Mi Carpeta Ciudadana en 2026

La actualización de 2026 de Mi Carpeta Ciudadana incorpora nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios gestionar información y trámites de manera más completa. Entre las novedades confirmadas se encuentran:

Estas funciones refuerzan la utilidad de la plataforma como un punto centralizado para la interacción digital con la Administración, ampliando el número de gestiones disponibles y facilitando la consulta de información relevante para los ciudadanos.

Trámites ya disponibles antes de la actualización

Antes de la actualización, Mi Carpeta Ciudadana ya ofrecía un amplio conjunto de gestiones que permiten a los ciudadanos acceder a información y documentos oficiales de manera centralizada, evitando desplazamientos innecesarios. La aplicación organiza los servicios en menús y categorías, con secciones específicas para educación, vivienda, trabajo, salud, situación personal, vehículos, ciudadanía y transparencia.

En educación y formación, los usuarios pueden consultar sus expedientes académicos y descargar justificantes de titulaciones universitarias y no universitarias, formación sanitaria especializada, matrículas universitarias y certificaciones de becario. Además, es posible obtener un certificado como formador o alumno del Instituto Nacional de Administración Pública.

La sección de vivienda concentra información sobre inmuebles y parcelas en propiedad, permite acceder a los datos de domicilio registrados en el padrón y consultar el histórico de municipios donde ha residido el ciudadano. También se pueden descargar certificaciones catastrales y documentos complementarios multilingües de la Unión Europea.

En el apartado de trabajo y prestaciones, los usuarios pueden revisar su vida laboral completa, consultar el historial de empleos recientes, acceder a prestaciones sociales y de desempleo, y ver datos relacionados con empleados públicos, como afiliación y prestaciones de Muface, pensiones de clases pasivas, registros de opositores y acceso al Registro Central de Personal. Esta sección permite también descargar documentos y justificantes para cada uno de estos trámites.

En cuanto a salud y asuntos sociales, la aplicación facilita el acceso a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, al estado de la Tarjeta Sanitaria Europea y a la información sobre grado de discapacidad o dependencia reconocidos. Los certificados correspondientes pueden descargarse directamente desde la plataforma.

La sección de situación personal y familiar incluye la posibilidad de obtener certificados de nacimiento, antecedentes penales o ausencia de los mismos, título de familia numerosa, reconocimiento como víctima de terrorismo, y documentación sobre obligaciones tributarias, residencia legal y pruebas de nacionalidad o lengua española. También se pueden descargar justificantes para deportistas de alto nivel y verificar la ausencia de prohibiciones de juego.

En vehículos y transporte, los usuarios pueden consultar sus datos de conductor y saldo de puntos, así como información de vehículos a su nombre, incluyendo embarcaciones profesionales y de recreo. Se pueden descargar certificados que acrediten estos datos y acceder a titulaciones marítimas.

La categoría de ciudadanía permite comprobar el estado de documentos de identidad, pasaportes y certificados electrónicos, así como consultar el censo continuo. Por su parte, la sección de transparencia ofrece un registro de los intercambios de información entre administraciones públicas durante los últimos 30 días, permitiendo al ciudadano supervisar cómo se comparten sus datos con distintos organismos.

En este escenario, el ejercicio del poder institucional exige algo más que presencia mediática o capacidad de impacto comunicativo. Requiere solvencia, responsabilidad y una comprensión clara del papel que corresponde a cada nivel de la administración.

Extremadura no es ajena a esta exigencia. Municipios con recursos limitados, sectores productivos sometidos a una presión creciente, retos demográficos estructurales y administraciones locales que reclaman coordinación configuran un panorama que no admite frivolidades. La ciudadanía no espera gestos simbólicos ni declaraciones efectistas; espera políticas sostenidas en el tiempo.

Conviene recordarlo: gobernar no equivale a vivir en una campaña permanente. Gobernar implica asumir costes políticos cuando es necesario y dotar de coherencia a la acción pública, incluso cuando esa tarea discurre lejos del foco mediático y carece de rédito inmediato. Por el contrario, si la política institucional se reduce a una sucesión de declaraciones, se resiente su legitimidad y se vacía de contenido la acción de gobierno.

La distancia entre responsabilidad institucional y política del gesto se hace visible cuando el debate público se desplaza de los problemas reales del territorio hacia controversias diseñadas para la confrontación, cuando se reemplaza la gestión por la escenificación y el interés general por la búsqueda de notoriedad.

En las últimas semanas, esta lógica se ha manifestado con claridad. En lugar de concentrar el esfuerzo político en los retos inmediatos de la comunidad —financiación autonómica, servicios públicos, desarrollo económico o cohesión territorial— se ha optado por introducir en la agenda regional enunciados de alcance estatal, sin utilidad práctica y basados en la descalificación. El resultado no es una mayor capacidad de respuesta, sino una confusión deliberada entre gobernar y representar.

Cuando una presidencia autonómica adopta una lógica de sobreactuación constante, el riesgo va más allá de la ineficacia coyuntural. Se pone en cuestión la propia función del autogobierno. La autonomía no se fortalece amplificando consignas nacionales ni compitiendo en el ruido político, sino ejerciendo con rigor las competencias disponibles y utilizando el poder institucional para mejorar el territorio.

Las comunidades autónomas no necesitan liderazgos teatrales ni gobiernos que confundan visibilidad con autoridad. Necesitan ejecutivos que planifiquen, dialoguen con los ayuntamientos y coordinen políticas públicas desde el conocimiento del territorio. La política útil suele ser discreta, constante y paciente, muy lejos de chisteras ridículas.

Extremadura necesita hoy decisiones firmes, presencia institucional real y una agenda propia. Necesita una política consciente de que el poder no es una puesta en escena, sino un compromiso con la realidad. Cuando la gestión se diluye en la frivolidad, no solo se erosiona la credibilidad del liderazgo: se debilita la confianza colectiva en la capacidad real de la política, que no es, ni más ni menos, que gobernar.

En un mundo cada vez más digital, no es de extrañar que sea posible formalizar de forma online ciertas gestiones con Hacienda, presentar la declaración de la Renta o solicitar prestaciones y ayudas económicas a la Seguridad Social. El certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) es una herramienta valiosa para realizar gestiones de forma segura con la Administración Pública o con empresas privadas a través de Internet. Con el paso de los años, además, se han ido implementando nuevos métodos para la tramitación e instalación de este certificado, desde presencial hasta a través de una identificación con vídeo desde donde estés.

Esta firma electrónica, cada vez es más accesible, se instala en el navegador para validar nuestra identidad en Internet y permite realizar trámites desde el ordenador, dispositivo móvil o tablet. Aunque Cl@ve es más fácil de obtener y una herramienta perfecta para gestiones rápidas, el certificado digital no requiere de la memorización de ningún tipo de contraseña y tiene validez europea.

Elijas el método que elijas para obtener o renovar el certificado digital en tu ordenador, debes asegurarte de que tienes instalado el software de generación de claves. Puedes descargarlo a través del sitio web de la FNMT. Una vez selecciones la opción 'Área de Descarga de Configurador FNMT', se abrirá una ventana en la que deberás seleccionar el tipo de dispositivo para el que estás descargando el programa (Windows, MAC y Linux). Tras esto, se descargará el instalador, que deberás ejecutar.

Certificado digital de forma presencial

Una vez instales el software, deberás solicitar el certificado en el sitio web de la FNMT en la opción 'Certificado con Acreditación Presencial', situada en el menú del lado izquierdo. Ten en cuenta que debes hacerlo en el mismo dispositivo en el que pretendes utilizar el certificado en el futuro.

Deberás facilitar el número de tu documento de identificación, tu primer apellido y un correo electrónico. Una vez lo introduzcas, se abrirá el programa de generación de claves, y te pedirá que crees una contraseña para proteger las claves durante tu proceso de solicitud y descarga del certificado. Durante este proceso, no cierres la web de FNMT que has utilizado para la solicitud. Si deseas crear una copia de seguridad del certificado una vez la tengas, también se te pedirá esta contraseña.

Tras esto, se te enviará un correo electrónico con el número de tu solicitud, en el que pedirán que verifiques si los datos que has ofrecido a la FNMT —tu primer apellido y tu número de documento de identidad— son correctos. Tras esto, solo deberás localizar una oficina a la que acudir personalmente a acreditar tu identidad a través de este mapa. Deberás acudir a esa sede con cita previa y la siguiente documentación:

Tras la verificación, podrás descargar el certificado.

Certificado digital con video identificación

Tras instalar el software de generación de claves, elige la opción 'Certificado con Video Identificación' del menú izquierdo de la página web de FNMT. En estos momentos este método de identificación para obtener el certificado solo admite el DNI vigente, aunque en el futuro la FNMT sostiene que admitirán otro tipo de documentos. Deberás introducir a continuación el número de tu documento de identidad, tu primer apellido y un correo electrónico.

Tras esto, y de la misma forma que con el método de autentificación presencial, el programa de generación de claves se abrirá y te pedirá que crees una contraseña para proteger las claves durante tu proceso de solicitud y descarga del certificado. Acto seguido recibirás un correo electrónico con el número de tu solicitud e instrucciones sobre cómo continuar el proceso.

De vuelta en la página de FNMT, deberás introducir tu código de solicitud, tu DNI, tu primer apellido y tu teléfono móvil. Recibirás un SMS que deberás confirmar para poder validar tu número de teléfono móvil y poder continuar con el proceso. El proceso de video identificación tendrá lugar desde tu teléfono, por lo que deberás situarte en una zona bien iluminada. Cuando estés listo, pulsa la opción 'Comencemos' que se encuentra al final del formulario.

Deberás escanear con tu móvil un QR que se te mostrará en pantalla. A través de la cámara de tu móvil debes mostrar tu documento de identidad por ambas caras para verificar su autenticidad. Después, se realizará un reconocimiento biométrico mediante un vídeo selfi para verificar que eres la persona titular del documento de identidad, que más tarde revisará la FNMT. Cuando verifiquen tu identidad, enviarán un correo electrónico para que actives y descargues tu certificado.

Certificado digital con DNIe

Para solicitar el certificado digital a través del DNIe, ten en cuenta que necesitarás un lector de DNI y tener el software criptográfico instalado. Como en los dos métodos anteriores, deberás asegurarte de que también está instalado el software de generación de claves. Ve a la pestaña 'Certificado con DNIe' a la izquierda de la página de la FNMT, selecciona la opción 'Autenticación'.

Después, deberás dejar seleccionada la opción 'Grado Alto' y deberás aceptar las condiciones de expedición. Tras esto se ejecutará el programa de generación de claves y deberás crear una contraseña. En la siguiente pantalla, selecciona 'AutoFirma' como la aplicación a ejecutar (se trata del software criptográfico instalado que has instalado anteriormente) y haz clic en 'Abrir enlace'.

Se abrirá el programa y te pedirá el PIN de tu DNIe. Por último, selecciona la opción de certificado de firma. En breve recibirás un correo electrónico para que actives y descargues tu certificado.

Certificado digital con App Móvil

Desde 2022, es posible obtener el certificado digital a través de una aplicación móvil. Tendrás que descargar 'Certificado digital FNMT' desde Google Play o desde la App Store.

A continuación solo tendrás que solicitar el certificado digital. Existen tres métodos para ello dentro de esta aplicación:

Hay una “grave contradicción institucional” en el 112 de Castilla La Mancha. Así lo ha denunciado el padre del trabajador que fue despedido por Serveo, la empresa que gestiona este servicio, y que fue condenada por vulnerar los derechos fundamentales de este empleado.

Ahora este último trabaja en otro sitio, pero su padre ha querido manifestar a elDiario.es Castilla-La Mancha su indignación. Cree “inaceptable y alarmante” que el servicio de emergencias siga en manos de esta empresa, cuando tiene entre sus fines primordiales, precisamente, la “protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Según recuerda, el despido de su hijo se produjo por actuaciones que se apoyaron en informes elaborados por funcionarios que han sido “desacreditados y desmontados” por los tribunales, “quedando probado que los hechos en ellos contenidos, no eran ciertos”. Así lo ratificó también el Tribunal Supremo, que no admitió el recurso de casación interpuesto por Serveo.

El padre del trabajador despedido precisa que Serveo tomó “decisiones empresariales de enorme impacto personal y profesional que se sustentaron en informes falsos o, como mínimo, radicalmente alejados de la realidad, con la participación directa de responsables públicos”. “Este hecho no solo compromete a la empresa condenada, sino que cuestiona seriamente el funcionamiento de los mecanismos de control de la Administración”.

Por todo ello, ve “inadmisible” que un servicio cuya misión principal sea la de proteger a los ciudadanos en situaciones críticas, esté gestionada por una entidad que ha demostrado, mediante condena firme, un “desprecio absoluto por los derechos fundamentales” y que “lo haya hecho además con el aval de informes oficiales que los tribunales han desautorizado de forma contundente”.

La defensa de los derechos fundamentales no puede proclamarse en los discursos mientras se vulnera en la práctica

“La gravedad de los hechos no permite el silencio institucional ni la inacción. La defensa de los derechos fundamentales no puede proclamarse en los discursos mientras se vulnera en la práctica, ni puede sostenerse un servicio público esencial sobre actuaciones que han sido calificadas por los tribunales como ilegales”, agrega.

Concluye señalando que la ciudadanía de Castilla La Mancha merece un 112 “ejemplar”, gestionado con transparencia, legalidad y “respeto absoluto” a los derechos fundamentales. “Todo lo que se aleje de este estándar supone una quiebra de la confianza pública y una grave responsabilidad política y administrativa”.

Fue el pasado mes de octubre cuando el Tribunal Supremo ratificó o la sentencia que condenó a la empresa Serveo Servicios S.A.U, encargada de gestionar el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, por el despido de un trabajador y confirmó que se vulneraron sus derechos fundamentales.

El Alto Tribunal se pronunciaba así en una providencia fechada en septiembre en la que inadmitía el recurso de casación presentado por la empresa. El recorrido judicial del caso comenzó con la sentencia del Juzgado Número 1 de lo Social de Toledo, que data de julio de 2024 y que ya daba la razón al trabajador.

Se estimó entonces la demanda interpuesta por el afectado contra el despido, que se declaró nulo y se condenó a la empresa a su readmisión “inmediata”, con las mismas condiciones y derechos, incluido el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Además, se condenaba a abonar al trabajador un total de 7.501 euros, en concepto de daños morales.

La resolución judicial fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), tras un recurso de suplicación interpuesto por Serveo, resuelto en enero de este año 2025. Contra aquella resolución la empresa volvió a recurrir, sin éxito.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Administraciones Públicas para recabar su opinión sobre estas declaraciones. Por el momento no ha habido respuesta.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha resuelto conceder una indemnización de 6.000 euros a una funcionaria de una diputación provincial de la comunidad en un procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la afectada que pedía daños y perjuicios ocasionados por su cese como jefa de recursos humanos y los posteriores procesos judiciales. En concreto, el Consejo Consultivo enmienda la plana a la institución provincial, que rechazó compensación alguna, al considerar que en el proceso por el conflicto se expusieron sus datos personales hasta llegar a publicarse en los medios de comunicación y que ese hecho debe suponer un resarcimiento monetario.

La funcionaria reclamó inicialmente en 2024 a la diputación en la que trabaja un total de 91.547,00 euros por los daños y perjuicios continuados ocasionados por la institución tras la solicitud de expediente de cese en el puesto de directora del Área de Organización y Recursos Humanos, ocurrida en el año 2016, y el posterior proceso judicial sobre la plaza en que la afectada acabó ganando en los tribunales de manera parcial. Tras todo el proceso, la funcionaria inició la petición de indemnización, que acabó recayendo en el Consejo Consultivo tras desestimar inicialmente la diputación pagarle cualquier cantidad.

A partir de dos sentencias de 2022 y 2023, que le daban básicamente la razón en su conflicto con la diputación, la funcionaria hacía varias reclamaciones distintas: 10.000 euros por los gastos del juicio por su cese, 45.547,6 euros por ponerla en otro puesto sin funciones y menos retribuciones, 30.000 euros por los daños morales producidos por la Administración antes de la ejecución de la sentencia y 16.000 euros por “permitir infracción de la Ley de Protección de datos dando a conocer los datos personales de la reclamante en prensa”. En un segundo escrito elevó la petición monetaria a 111.800 euros el dinero perdido por estar en otro puesto al que fue asignada. Y en uno tercero final reclamaba esa 198.535,39 euros por todos los conceptos.

La diputación afectada rechazó cualquier responsabilidad patrimonial ya que entendía que se habían satisfecho todas las pretensiones de la reclamante con la ejecución de las sentencias y que la institución no había actuado de forma que hubiera lugar a responsabilidad patrimonial.

El Consultivo, en una resolución del pasado mes de septiembre, rechaza todas las cantidades pedidas menos la de la divulgación de sus datos, pese a que la funcionaria ostentaba uno de los puestos funcionariales más relevantes de la administración local. El organismo entiende que en esos asuntos que se reclaman debe ser la Justicia a quien se deba acudir para lograr un resarcimiento.

Pero en lo relativo a la difusión de sus datos personales, si bien el Consultivo rechaza de forma parcial el asunto ya que las infracciones en esta materia se deben resolver por la Agencia Española de Protección de Datos “sin que la vía de la responsabilidad patrimonial sea el cauce adecuado para ello”, acaba dándole la razón. Lo hace al apreciar “una vulneración de su derecho al honor y a la propia imagen consagrados en el artículo 18 de la Constitución”.

Y aunque la vulneración de este derecho hecho suele ser objeto de demostración y resolución judicial, el Consejo Consultivo cree que “la identificación de la reclamante en esta noticia, teniendo en cuenta el contenido de esta, conlleva una percepción negativa y afecta a su reputación profesional, fama y buen nombre”. Se refiere a la divulgación en una nota de prensa emitida por la diputación afectada, recogida por los medios, en la que aparecían sus datos personales. El Consultivo cree que esto “constituye un daño antijurídico que la interesada no tiene el deber de soportar, por lo que procede, en consecuencia, su indemnización como daño moral”. Y en base a una sentencia reciente del Tribunal Supremo relativa también a divulgación de datos personales señalan que debe ser indemnizada con 6.000 euros, “dentro de los límites de la proporcionalidad”.

El Consejo Consultivo de Castilla y León no desvela, como no suele hacer en ninguna de sus resoluciones salvo errores, el nombre de la institución afectada por esta reclamación patrimonial. Pese a que la Ley de Protección de Datos no afecta en ningún caso al nombre de las instituciones o incluso de las empresas, el Consultivo borra por sistema estos nombres en todas sus resoluciones, en un ejercicio de opacidad que impide conocer el funcionamiento real de las instituciones de Castilla y León.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el nombramiento de Javier Monsalve como director general de Artes Escénicas y Música. La Dirección General de Artes Escénicas y Música es un organismo de nueva creación, puesto en marcha por el Gobierno el pasado noviembre y que tiene como objetivo actualizar, optimizar y mejorar la estructura organizativa, de gestión y de personal del INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música. A través de esta reforma, las actuales funciones del INAEM se repartirán entre este y la nueva Dirección General de Artes Escénicas y Música.

Con el nombramiento de Monsalve se pone en marcha la nueva estructura, cosa que supone el primer paso en la transformación integral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). La nueva Dirección General tiene como función principal el fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo, gestionando las ayudas, premios y subvenciones dirigidas a los sectores de las artes escénicas y la música, así como defensa del patrimonio y la coordinación con el sector.

Para ello, se ha previsto la creación de tres subdirecciones generales: la Subdirección General de Teatro y Circo, la Subdirección General de Música, y la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar.

Con esta nueva unidad, el Ministerio de Cultura hace efectivo el inicio de la reforma integral del INAEM, anunciada el pasado mes de febrero por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, y fruto de meses de trabajo en el diseño de una nueva dirección que permita mejorar y especializar el apoyo que el Ministerio de Cultura da al sector de las artes escénicas y la música.

Javier Monsalve es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde el año 2017, así como graduado en Psicología (2014) por la Universidad de Granada. Ha cursado el máster Universitario en administración civil del Estado en la Universidad Menéndez Pelayo-INAP y el máster Universitario en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta ahora ha ocupado el puesto de jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Cultura y previamente ha trabajado en la Dirección General de la Función Pública, en la Secretaría General del Instituto Español de Oceanografía y en el Gabinete de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte.