Las recientes convocatorias de ofertas de empleo público abren un abanico de oportunidades para quienes quieren trabajar en la administración riojana. Sin embargo, también se acumulan las dudas y la incertidumbre ante estos procesos que a veces pueden resultar complejos y desmotivadores. Son muchos los aspirantes que no saben a qué plazas pueden acceder, qué requisitos tienen que cumplir o que temario tienen que estudiar. Por ello, STAR cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo Público como espacio integral, que incluye orientación personalizada, el acompañamiento durante todo el proceso y la formación especializada.

El sindicato señala que sigue siendo un buen momento para acceder al empleo público, con varias OPE con muchas plazas en marcha, pues la edad media del funcionariado sigue siendo alta y hay relevo. Sin embargo, hay muchas personas que se acercan a consultar al sindicato y no saben que podían trabajar en la administración pública o qué estudios o requisitos necesitan. “Queremos dar las herramientas a las personas que quieren acceder a la Administración, que implica enfrentarse a un sistema muy complejo, hay que saber los procesos, las modalidades, cómo es la oposición, si es una oposición libre, si es un concurso oposición, las bolsas de empleo”, señala Lourdes Montes, secretaria de Servicios a la Afiliación. 

Un itinerario en dos fases: del perfil al examen

En este escenario, STAR ha puesto en marcha el Servicio de Orientación para el Empleo Público “para poder encaminar a la gente que quiere ser funcionario o trabajar en la Administración Pública para que tengan las posibilidades de éxito en ese acceso”, según presenta Montes. El servicio comienza con una orientación personalizada, que incluye una orientación según su perfil académico, experiencia y preferencias, optimizando así sus posibilidades de éxito. De esta forma, STAR guía a cada aspirante al proceso selectivo más oportuno con un acompañamiento constante, desde la convocatoria hasta el estudio. 

“Los procesos pueden ser desmotivadores a la hora de los plazos, cuando ven las listas de admitidos y excluidos y a veces hay mil aspirantes para diez plazas”, apunta la responsable de STAR, que señala que se ofrece herramientas de gestión, estudio y estrategias de afrontamiento a través de profesionales especializados “. Pero sí que es verdad que el proceso es complejo y a veces la desmotivación de ver que no salen los plazos, que han pasado dos meses y aún no es el examen”

Apoyo continuo

El apoyo que se brinda a los opositores no es genérico, sino que se divide en un itinerario de dos fases bien diferenciadas. La formación ofrecida por STAR está acreditada y cuenta con docentes altamente especializados en cada materia y en cada ámbito para, como resalta Lourdes Montes, “que la preparación sea lo más rigurosa, actualizada y ajustada a esas a esas plazas a las que van a presentarse”. Los planes de formación de STAR cuentan con una parte general referida a la legislación común y una parte especifica según cada plazas. 

“Impulsamos que los opositores conozcan bien lo que es una oposición y así poder preparar bien el temario y el método y seguimiento a las exigencias reales de cada convocatoria”, destaca Montes. También en STAR hacen un simulacro de examen para que los opositores se enfrenten a lo que es un llamamiento a la hora de entrar a preparar la oposición y hacer como un tipo de examen controlándoles el tiempo y valorando la velocidad. “Intentamos hacerles ese acompañamiento hasta el final lo más parecido a lo que puede ser la oposición”, explica.

El Servicio de Orientación de STAR también sirve para los funcionarios de carrera, para quienes es fundamental actualizar de forma constante sus conocimientos en la administración. Para ellos, ofrenden cursos online y charlas orientativas. En definitiva, el Servicio de Orientación para el Empleo Público de STAR se consolida como una herramienta fundamental para los opositores de La Rioja. Al transformar un laberinto normativo en un itinerario accesible, riguroso y con un fuerte respaldo humano y formativo, el sindicato no solo prepara opositores para aprobar un examen; les dota de las herramientas necesarias para construir con seguridad su futuro profesional en la Administración riojana. 

España asocia la figura del informador o el alertador a los grandes casos de corrupción. La mayoría de estas personas, sin embargo, se ha topado con irregularidades y presiones que no abren informativos, pero que les marcan de por vida. La actual normativa estatal, aprobada en 2023 tras años de retraso, traspuso una directiva europea de obligado cumplimiento, pero existe consenso entre distintos actores en que su aplicación es mejorable.

La Generalitat de Catalunya quiere presentar este 2026 la norma autonómica de protección de los alertadores, que después tendrá que empezar su recorrido parlamentario. Con ella se pretende mejorar la ley estatal, que se ha constatado como demasiado formalista y centrada más en los canales de denuncia que en la protección real del informante.

Así lo ha advertido ante el Parlament el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs. Similar diagnóstico realiza el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “poca claridad” en algunos aspectos de la ley estatal.

Cada año la OAC reconoce a más personas como alertadoras (74 en 2025), y avisa a administraciones y entidades de que no pueden tomar represalias contra ellas. En la práctica, sin embargo, estas advertencias de Antifraude quedan condicionadas a la voluntad de la administración afectada.

“Cuando hay lealtad institucional, la situación puede reconducirse, pero cuando no existe, la persona alertadora queda expuesta a graves problemas sin que la ley actual proporcione instrumentos suficientes para evitarlos”, alertó el exmagistrado ante la Cámara.

Los casos que ha afrontado Antifraude lo corroboran: en algunos, los organismos afectados han cumplido y no han echado a los informantes, pero en otros se ha procedido al despido de los alertadores.

Además del sustento económico (hay un caso de un informador en riesgo de desahucio), la ansiedad y el miedo a las represalias son otro rasgo común en los alertadores. Antifraude ha tomado la iniciativa y, aunque no le obliga ninguna norma, suscribirá un convenio con el Colegio de Psicología de Catalunya (COPC) para destinar parte de su presupuesto a que se atienda psicológicamente a los informantes.

Caamaño ha elaborado un dictamen para la Generalitat en el que analiza la ley estatal y propone reformas para la futura norma catalana. La nueva ley, según la propuesta del exministro, debe precisar el ámbito material y personal para garantizar una protección integral, en especial en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde los alertadores pueden estar más expuestos.

También ve necesario definir mejor los sistemas internos de información como herramientas de selección, garantizar la confidencialidad de los canales internos, regular la exención de responsabilidad del confidente y establecer un régimen sancionador específico.

Desde Antifraude se han identificado 34 carencias normativas de la ley estatal para mejorarlas con la ley autonómica. Una de las más destacadas es el hecho de que las resoluciones de la Oficina no tienen carácter ejecutivo y sin posibilidad de castigar con contundencia las infracciones. La normativa actual tampoco recoge medidas de apoyo económico ni indemnizaciones para los informadores.

Las lagunas de la norma, remarcó Salàs ante los diputados, han generado “situaciones especialmente graves” con personas alertadoras en riesgo a las que la Oficina “no ha podido dar respuesta efectiva”. Los factores que más limitan el trabajo del organismo son la ausencia de medidas cautelares eficaces, la exigencia de haber utilizado un canal de alerta concreto para acceder a la protección, la falta de preservación efectiva del anonimato, o los problemas derivados de la eventual judicialización de un caso.

Caamaño advierte de que, al margen de las reformas legales que se impulsen, es necesario un “cambio de mentalidad” tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas y eliminar la “connotación peyorativa” todavía existente en esta figura.

“Al alertador se le identifica todavía con un chivato, cuando en realidad tienen un compromiso social y público muy importante, porque advierten de que se pueden estar usando mal los recursos de todos”, argumenta Caamaño, que ha investigado sobre esta figura tanto históricamente como en la legislación actual.

Por su lado, algunos alertadores también han presentado su propia propuesta ante el Parlament. Uno de sus impulsores, Oriol Camacho, ha estudiado los modelos de distintos países europeos y prioriza cuatro medidas: segregar las funciones de agencia anticorrupción de la protección de alertadores (como ocurre en Francia); obligar al ente afectado a recibir autorización para cualquier aspecto laboral que quiera modificar del alertador; y mejorar la rendición de cuentas al informante y la coordinación con la Fiscalía y los juzgados. “Estamos lejos de ser como Dinamarca”, remacha.

Aunque reclame cambios, Camacho tiene claro que la OAC no es el enemigo: “No queremos cargarnos a Antifraude, solo queremos mejorarla”. “Sabemos muy bien que hay partidos que querrán usar las discrepancias como excusa para cerrar Antifraude, pero nosotros la defendemos”, apostilla el alertador, consciente de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox de los últimos años han fulminado o dejado en la mínima expresión estos entes.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la Oferta de Empleo Público referente al año 2026. Está formada por 53 plazas que, según destacado la concejala responsable del área de Personal, Celia Sanz, permiten “avanzar en la consolidación del empleo público” y “adecuar la estructura laboral municipal a las necesidades organizativas de esta Administración, para en aras de ofrecer la mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la ciudadanía de Logroño”.

De las plazas que integran la Oferta de Empleo Público, 38 corresponden a personal de nuevo ingreso. Destacan entre ellas 9 plazas de Policía Local, 7 de Administrativo y 5 de Técnico de Administración General. También se incluyen 3 plazas de Operario, 2 de Arquitecto Técnico, 1 de Arquitecto, 2 de Delineante y 1 de Técnico de Educación Infantil, entre otros perfiles muy demandados.

La oferta para personal de nuevo ingreso se completa con 1 plaza de Animador de Espacios Juveniles, 1 de Jefe de Relaciones Públicas del CMRE. 1 de Trabajador Social, 1 de TGM (Administración Especial), 2 de Técnico de Administración Especial, 1 de Ingeniero Técnico y 1 de Técnico Responsable de Prevención. De las 38 plazas de nuevo ingreso, se han reservado 3 para el acceso de personas con discapacidad: 1 de Operario, 1 de Administrativo y 1 de Técnico de Administración General.

El resto de la Oferta de Empleo Público 2026 se desglosa del siguiente modo: 12 plazas destinadas a la promoción interna del personal municipal, y 3 plazas de consolidación de empleo interino.

Celia Sanz ha insistido en el “esfuerzo continuado” para impulsar los procesos selectivos de personal, agradeciendo la “gran profesionalidad” de la Dirección General de Personal para ejecutar los distintos procesos. Así, ha recordado que durante el año 2026 se han aprobado las bases y convocatoria de 2 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 5 plazas de plantilla y la creación de 2 listas de espera. Durante el año 2025 se aprobaron las bases y convocatoria de 23 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 62 plazas de plantilla y la creación de 4 listas de espera.La concejala ha destacado el impulso dado a procesos como la convocatoria para cubrir 35 plazas de Administrativo, la de 6 plazas de Trabajador Social, la de 5 plazas de oficial inspector, la de 5 plazas de Delineante o la de 11 plazas de Bombero conductor.

La Oferta de Empleo Público completa se encuentra ya publicada en la página web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es . 

PROMOCIÓN INTERNA

Nº de plazas

Técnico educación infantil

2

Cabo de salvamento

2

Sargento de salvamento

1

Oficial Policía Local

2

Técnico de Juventud

1

Oficial inspector

1

Subalterno

1

Oficial mecánico conductor

1

Oficial aguas

1

TOTAL

12

38 plazas de plantilla para personal de nuevo ingreso:

PLAZA DE PLANTILLA

Nº de plazas

Técnico de Administración General

5

Policía Local

9

Arquitecto Técnico

2

Técnico de Administración Especial

2

TGM (Administración Especial)

1

Animador espacios juveniles

1

Jefe Relaciones Públicas CMRE

1

Trabajador social

1

Administrativo

7

Operario

3

Ingeniero técnico

1

Arquitecto

1

Delineante

2

Técnico de Educación Infantil

1

Técnico Resp. Prevención

1

TOTAL

38

De las cuales, se han reservado las siguientes plazas de plantilla para el acceso a personas con discapacidad:

Plaza

número

Administrativo

1

Operario

1

Técnico de Administración General

1

Y 3 plazas de consolidación de empleo interino

Plaza

número

Diplomado Ad. Financiera

1

Oficial de aguas

1

Técnico especialista FP II

1

Un total de 152.149 personas -1.633 en Cantabria- han sido admitidas en los procesos selectivos que se celebrarán este sábado, día 23, para las 17.986 plazas de empleo público ofertadas por la Administración General del Estado, según ha informado este viernes el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Las pruebas se realizarán a las 10.00 horas en todo el territorio nacional (a las 9.00 en Canarias) tanto para ingreso libre como promoción interna de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A la anterior convocatoria, celebrada en diciembre de 2024, se presentaron 164.000 opositores (7,3% más), mientras que las plazas ofertadas eran 31.689, un 43,2% más que en la convocatoria de este año.

Del total de admitidos a participar en estos procesos selectivos, un 65% son mujeres y la mayor parte se encuentran en una franja de edad de 36 a 45 años.

Además, se han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios para los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%. Entre las adaptaciones se encuentran lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas o asistentes de lectura, entre otros.

La encargada de la realización de las prueba será la Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Esta está compuesta por 47 miembros, una presidenta, un secretario y 45 vocales distribuidos en cinco unidades que han elaborado los ejercicios y determinado los criterios de valoración de los mismos.

Ellos son también los encargados de salvaguardar la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.

En cuanto a los centros donde se realizan las pruebas, en esta convocatoria se han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades.

El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. El INAP ha previsto medios técnicos y humanos especializados para la supervisión de los ejercicios, la detección de dispositivos no autorizados, la ordenación de accesos y permanencia en las aulas y la verificación de las condiciones de realización de las pruebas.

Estas medidas necesitan de la cooperación interadministrativa, que permite ampliar las capacidades disponibles, reforzar la coordinación territorial y asegurar criterios homogéneos de actuación en las distintas sedes.

En 26 provincias

Las pruebas tendrán lugar en 26 provincias españolas de manera simultánea. Madrid será, con diferencia, la provincia donde más opositores realicen el examen, con 44.464. Le siguen Sevilla (10.602), Valladolid (8.859) y Valencia (8.030).

El resto de provincias donde se han convocado las pruebas son La Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Granada, Baleares, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zaragoza y la ciudad autónoma de Ceuta.

“¿Qué pasará con las oposiciones, con las ayudas a los agricultores, los créditos...? ¿Qué hacemos con un gobierno paralizado? No podemos permitirnos una parálisis”. Durante toda la campaña electoral, el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, estuvo apelando al voto útil para reeditar una mayoría absoluta que garantizara “estabilidad” y evitara el “lío” en el que –según él– ya están inmersas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Territorios donde el PP mantiene su hegemonía, pero necesita pactar con Vox para gobernar: un escenario muy similar al que se enfrentan ahora los populares en Andalucía.

Para impedirlo, el hoy presidente en funciones trató de asociar la ausencia de mayoría absoluta con un escenario de bloqueo institucional: “No sabremos si habrá gobierno en julio, septiembre, noviembre o diciembre. No sabemos si habrá presupuestos, si podremos convocar unas oposiciones…”, deslizó Moreno también en el minuto final del primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En un foro posterior, el jueves 7 de mayo, dijo textualmente: “Si el Gobierno no sale adelante, pues por ejemplo yo no puedo convocar las oposiciones que están previstas y hay alumnos que llevan un año preparándose en el ámbito de la docencia”.

Días después, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrió el segundo debate afeando al candidato del PP que “chantajeara a miles de opositores andaluces diciendo: o me votan a mí o lo mismo se suspenden las oposiciones”. Moreno, lejos de rectificar como le instó García, insistió: “Si no hay Gobierno, no se pueden convocar las oposiciones”. Al mostrarse ambiguo y no concretar a qué pruebas se estaba refiriendo, sembró incertidumbre entre los opositores. Dos días antes de las elecciones, el candidato popular fue más claro en una entrevista en COPE y especificó que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos previstas para junio no peligraban por estar ya convocadas.

A ojos de los sindicatos y expertos en Función Pública, no cabe confusión al margen de los pactos y de cuánto se alargue el Gobierno en funciones, las oposiciones “se van a celebrar sin ningún problema”. También lo afirman fuentes de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, que indican que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos se celebrarán el 20 de junio, como anunció la Junta el pasado mes de marzo, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 25 de febrero. La propia portavoz de la Junta, Carolina España, dijo el martes que las oposiciones que están en marcha “pueden continuar”.

En el debate electoral, Moreno no aclaró que estaba poniendo en duda la futura convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros, prevista para 2027, y el candidato de Adelante Andalucía (y muchos espectadores) entendieron que se refería a las oposiciones de Secundaria, ya convocadas para el 20 de junio.

Con todo, el mensaje de alerta del dirigente popular contemplaría un escenario inédito: las oposiciones del mes que viene se convocaron el pasado 25 de febrero (publicación en BOJA). De modo que las oposiciones de junio de 2027, se convocarían en febrero de ese año. Con este calendario, Moreno habría advertido en campaña de un hipotético bloqueo institucional de nueve meses, algo que no tiene antecedentes en ninguna comunidad autónoma.

Las elecciones en Extremadura fueron el 21 de diciembre, la Asamblea legislativa se constituyó el 20 de enero, el primer debate (fallido) de investidura fue el 4 de marzo (abriendo la cuenta atrás para la repetición electoral), María Guardiola fue investida presidenta el 22 de abril, y formó gobierno la semana siguiente.

¿Qué ocurre cuando un Gobierno está en funciones?

Desde el día siguiente a los comicios, el Ejecutivo saliente permanece en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno. Durante ese periodo mantiene limitadas sus capacidades políticas, pero sigue ejecutando la actividad ordinaria de la administración. “Los gobiernos en funciones tienen el cometido de tramitar lo que está en marcha y evitar que se paralice la administración mientras hay una transición de un gobierno a otro”, resume Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

El artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece qué no puede hacer un Gobierno en funciones: aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley. Pero no prohíbe convocar oposiciones, como manifestó el presidente andaluz durante el debate. “Se pueden convocar plazas aunque el gobierno esté en funciones, lo único que no se puede aprobar son los presupuestos”, concluye Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Andalucía.

La representante sindical recuerda, además, que las convocatorias ya aprobadas tienen consignación presupuestaria y unos plazos legales de ejecución que deben cumplirse, tras ser negociadas en distintas mesas con los sindicatos. Es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, para las que se han convocado un total de 5047 plazas de 66 especialidades. Estas oposiciones empezarán en junio, con independencia de que para entonces esté o no constituido ya el nuevo Gobierno autonómico.

La administración no se paraliza

La clave radica en que una convocatoria de oposiciones constituye “un acto de índole administrativa” al margen de la dirección política, como explica Esperanza Morales. “La Administración es la garante de los servicios públicos y los servicios públicos tienen que continuar funcionando”, añade la experta en Función Pública.

La explicación jurídica pasa por diferenciar entre el poder legislativo y la actividad administrativa. “La administración pública es el instrumento que gestiona y ejecuta las directrices políticas”, explica la responsable de UGT Andalucía. En otras palabras, una vez que el Parlamento queda disuelto tras la convocatoria electoral, no se pueden aprobar leyes hasta la constitución de la nueva Cámara, pero el Ejecutivo continúa operando en funciones para garantizar que la Administración siga funcionando y ejecutando los procedimientos ya iniciados.

Dentro de esa función, “las oposiciones son tarea diaria y cotidiana de la administración”, señalan los expertos. De modo que cuando una oferta de empleo público (OEP) ya está aprobada “lo único que queda es ejecutarla”, en palabras del portavoz del SAF.

Desde la Consejería de Justicia y Función Pública también indican que esas OPE ya aprobadas van a seguir su curso con normalidad. En cambio, señalan que no se pueden aprobar nuevas plazas, es decir, nuevas ofertas de empleo público mientras esté el Gobierno en funciones porque comprometan créditos futuros.

El precedente de Extremadura

El “lío” al que aludía Moreno tiene uno de sus precedentes recientes en Extremadura. Allí, la falta de acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó durante cuatro meses al anterior Ejecutivo presidido por María Guardiola en funciones.

La comunidad vecina también tenía unas oposiciones en ciernes y, para tranquilizar a los opositores que llevan años preparándose, la propia Junta extremeña aclaró públicamente que las oposiciones docentes previstas no corrían peligro. En una nota de prensa, recordó que se trataba de “un proceso dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación”, aclarando que la ausencia de un nuevo gobierno no afectaba a su celebración.

Tenía razón el líder de Adelante –que conoce bien el proceso porque fue opositor hasta que sacó plaza de profesor de Secundaria en 2021– cuando le dijo a Moreno que “las oposiciones no dependen de usted; puede ganar, perder o empatar que las oposiciones se van a celebrar”. Tal vez el presidente es el que ha terminado enredándose o que “algunos políticos estudian más para sacar votos que para no confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”, como concluye uno de los expertos consultados para aclarar este lío.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El PP estudia donar suport a una esmena de Vox que reconfigura aspectes clau de la tramitació ambiental de les grans superfícies comercials a les Balears, obrint la porta a procediments més àgils i amb menys controls en les fases inicials. Tot i que la proposta manté l’obligatorietat de l’avaluació ambiental —un dels pilars del model vigent—, en la pràctica en desplaça el pes: permet que la tramitació avanci sense l’informe municipal preceptiu, peça central en aquest procés, quan el promotor aporti un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora. Així, el control ambiental deixa de funcionar com a filtre efectiu des de l’inici i queda diferit a fases més avançades del procediment.

La formació d'extrema dreta vol introduir l'esmena a través de la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però que, al seu pas pel Parlament balear, s'ha convertit en eina per intentar modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear: tant PP com Vox hi han presentat desenes de correccions que, de prosperar, permetran reformar de forma encoberta, com denuncien des de l'oposició, més de 50 lleis autonòmiques.

Una de les esmenes és la que Vox ha registrat en relació a la tramitació dels projectes de grans superfícies. Actualment, aquests projectes han de sotmetre's, en funció de les seves característiques, a procediments d'avaluació d’impacte ambiental que analitzen efectes sobre el territori, la mobilitat, el consum de recursos o la generació de residus. Es tracta d'un tràmit que requereix informes previs, especialment de l'Ajuntament afectat. Aquest informe municipal és clau, ja que actua com a òrgan substantiu en la tramitació ambiental davant la Comissió de Medi Ambient, encarregada de canalitzar l’avaluació.

Des del Govern de Marga Prohens (PP), el conseller d’Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, va assegurar aquest dimarts que “no s’obrirà cap porta a dreceres”, assenyalant que els populars estan analitzant la proposta de Vox “amb rigor, escoltant el sector i avaluant-ne l’abast real”. Preguntat pel Grup Socialista en el ple, va defensar que el comerç necessita simplificació administrativa i va aprofitar per carregar contra l’anterior Executiu: “No hi ha cap desregulació; corregim la incoherència que vostès van deixar el 2023. Apliquem el mateix criteri que ja existia per a l’avaluació simplificada també a l’ordinària”.

Des de l'oposició, però, la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido va advertir que l'esmena pretén suprimir en la pràctica l’avaluació ambiental de nous grans supermercats i ampliacions: “Això implicarà que no s’analitzi la mobilitat que poden generar”. Per la seva banda, des de Més per Mallorca acusen el PP de “desmantellar per la porta del darrere” el model comercial de l’illa, en debilitar el paper de l’avaluació ambiental com a filtre previ.

El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, va defensar dilluns que comparteixen l'objectiu d’agilitzar els procediments, però va remarcar que qualsevol canvi haurà de respectar el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (Pecma), un dels instruments clau que regulen la implantació d'aquestes infraestructures.

La implantació de grans superfícies està sotmesa a un entramat normatiu que combina legislació autonòmica, planificació insular i controls ambientals. La referència principal és la Llei 11/2014 de comerç de les Illes Balears, que exigeix una autorització comercial autonòmica, a més de les llicències urbanístiques i d’activitat municipals. Aquesta normativa es complementa amb el Pecma, que fixa criteris territorials i límits al creixement d'aquest tipus d’equipaments. El pla defineix què es considera gran establiment -habitualment a partir de determinats llindars de superfície comercial- i en condiciona la implantació a factors com la ubicació, l’accessibilitat o la integració urbana. L'avaluació ambiental n'és un dels principals mecanismes de control.

L'esmena de Vox també preveu que els informes sobre infraestructures i serveis puguin incorporar mesures compensatòries per les externalitats negatives, però dins d’un marc més flexible. A més, introdueix la possibilitat d’autoritzar ampliacions de superfície comercial sense incrementar l’edificabilitat, fet que podria augmentar la intensitat d’ús de grans superfícies existents sense sotmetre-les necessàriament a nous processos complets d’avaluació.

El possible suport del PP s’emmarca en un gir més ampli en la política comercial de la legislatura cap a posicions més favorables als grans operadors. El 2025, conservadors i Vox ja van rebutjar al Parlament la presa en consideració d’una llei impulsada per Més per Mallorca que proposava crear un impost sobre les grans superfícies per compensar-ne l’impacte territorial, ambiental i sobre el comerç de proximitat. La iniciativa plantejava gravar els metres quadrats de superfície comercial i destinar la recaptació a reforçar el teixit urbà i mitigar efectes com l’augment del trànsit o la pressió sobre el sòl.

Ara, el focus es desplaça de la fiscalitat al procediment: menys càrregues, més rapidesa i un paper creixent de les entitats col·laboradores en la validació urbanística que, segons l’oposició, pot acabar reduint garanties en un territori especialment tensionat per la pressió urbanística, turística i comercial.

El PP estudia apoyar una enmienda de Vox que busca reconfigurar aspectos clave de la tramitación ambiental de las grandes superficies comerciales en Balears, abriendo las puertas a procedimientos más ágiles y con un menor número de controles previos. Aunque la propuesta mantiene la obligatoriedad de la evaluación ambiental de los proyectos -uno de los pilares del modelo vigente-, reduce en la práctica la capacidad de controlar el proyecto desde el inicio al permitir que su tramitación avance sin el preceptivo informe municipal -pieza clave en este proceso- cuando el promotor aporte un certificado de conformidad urbanística emitido por una entidad colaboradora. De este modo, el control ambiental deja de operar como filtro previo y queda desplazado a fases más avanzadas del procedimiento.

La formación de extrema derecha quiere introducir la enmienda a través de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que, a su paso por el Parlament balear, se ha convertido en herramienta para intentar modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear: tanto PP como Vox han presentado a la misma decenas de correcciones que, de prosperar, permitirán reformar de forma encubierta, como denuncian desde la oposición, más de 50 leyes autonómicas.

Una de las enmiendas es la que Vox ha registrado en relación a la tramitación de los proyectos de grandes superficies. En la actualidad, estos deben someterse, en función de sus características, a procedimientos de evaluación de impacto ambiental dirigidos a analizar sus efectos sobre el territorio, la movilidad, el consumo de recursos o la generación de residuos, un trámite que requiere de informes previos, especialmente por parte del ayuntamiento afectado. Ese informe municipal es precisamente el que actúa como órgano sustantivo en la tramitación ambiental ante la Comisión de Medio Ambiente, encargada de canalizar la evaluación.

Desde el Govern de Marga Prohens (PP), su conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, aseguró este martes que “no se abrirá ninguna puerta a atajos”, aseverando que los populares están estudiando la propuesta de Vox “con rigor, escuchando al sector y evaluando el alcance real” de la misma. Preguntado por el Grupo Socialista en el pleno de la Cámara autonómica, el titular del área señaló que el comercio necesita simplificación y agilización administrativa y aprovechó para arremeter contra las políticas del anterior Ejecutivo de izquierdas: “No hay ningún tipo de desregulación, lo que estamos haciendo es corregir la incoherencia que ustedes dejaron en 2023. Aplicamos el mismo criterio que ya existía para la evaluación simplificada, también para la ordinaria”, espetó.

Frente a ello, la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido reprochó que la enmienda de Vox pretende suprimir en la práctica la evaluación del impacto ambiental de los nuevos grandes supermercados y las ampliaciones de los grandes centros comerciales: “Esta supresión del tramite ambiental supondrá que no se evalúe la movilidad que puedan generar las nuevas grandes superficies”. Por su parte, desde Més per Mallorca acusan al PP de “querer desmantelar por la puerta de atrás” el modelo comercial de la isla, debilitando el papel de la evaluación ambiental como filtro previo a la autorización de grandes proyectos.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, señaló el lunes que su formación comparte el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos que afectan a proyectos estratégicos. No obstante, subrayó que cualquier modificación deberá respetar el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma), uno de los instrumentos que regulan la implantación de este tipo de infraestructuras en la isla.

La puesta en marcha de grandes superficies está sujeta a un entramado normativo que combina legislación autonómica, planificación insular y controles ambientales. La referencia principal es la Ley 11/2014 de comercio de las Illes Balears, que establece la obligación de obtener una autorización comercial autonómica para los grandes establecimientos, además de las licencias urbanísticas y de actividad municipales. La norma se complementa con el Pecma, que fija los criterios territoriales y los límites al crecimiento de este tipo de infraestructuras. El plan define qué se considera gran establecimiento comercial -generalmente a partir de determinados umbrales de superficie de venta- y condiciona su implantación a factores como la localización, la accesibilidad o la integración en el entorno urbano. Uno de los pilares del sistema actual es la evaluación ambiental de los proyectos.

La enmienda de Vox también propone que los informes sobre impacto en infraestructuras y servicios puedan imponer medidas compensatorias por las externalidades negativas, pero dentro de un procedimiento más flexible. Asimismo, introduce la posibilidad de autorizar ampliaciones de la superficie comercial sin aumentar la edificabilidad, lo que podría incrementar la intensidad de uso de grandes superficies ya existentes sin someterlas necesariamente a nuevos procesos completos de evaluación.

El posible apoyo del PP se inscribe en un cambio más amplio en la política comercial de la legislatura, marcado por un giro hacia posiciones más favorables a los grandes operadores. En 2025, conservadores y extrema derecha ya rechazaron en el Parlament la toma en consideración de una ley que, bajo el impulso de Més per Mallorca, planteaba crear un impuesto específico a las grandes superficies con el objetivo de compensar su impacto territorial, ambiental y sobre el comercio de proximidad. La propuesta contemplaba gravar los metros cuadrados de superficie comercial y destinar la recaudación a reforzar el tejido urbano y mitigar externalidades como el aumento del tráfico o la presión sobre el suelo.

Ahora, el foco se desplaza de la fiscalidad al procedimiento: menos cargas, más rapidez y un papel creciente de entidades colaboradoras en la validación urbanística que, como advierten desde a oposición, amenazan con reducir garantías en un territorio especialmente tensionado por la presión urbanística, turística y comercial.

Delegar gestiones ante la Agencia Tributaria es una opción para quienes necesitan que otra persona actúe en su nombre. Esta delegación puede servir siempre que el poder quede registrado y se ajuste al trámite que se quiere autorizar. El procedimiento no sustituye a la persona que otorga el poder, sino que habilita a un tercero a realizar cualquier trámite tributario en su nombre.

El alta de un poder puede formalizarse mediante tres vías distintas. Una es la comparecencia presencial ante las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria. En personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, la comparecencia debe realizarla su representante legal o alguien con facultades suficientes para conceder esa autorización. Otra posibilidad es presentar un documento público o privado con firma legitimada ante notario. La tercera vía es la tramitación por internet, mediante los sistemas de identificación admitidos para relacionarse electrónicamente con la Administración.

El apoderamiento por vía electrónica permite que un obligado tributario autorice a una persona física o jurídica para realizar por internet determinados trámites tributarios en su nombre. Para ello, quien otorga el poder debe identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve o, si se trata de ciudadanos de la Unión Europea, mediante eIDAS con identificación de otro país. La autorización puede ser general o limitarse a actuaciones concretas, según lo que se necesite.

Cómo dar de alta el poder por internet

El alta se realiza desde el “Registro de apoderamientos”, entrando en la opción orientada a conceder un poder mediante identificación electrónica. Antes de avanzar, conviene revisar el aviso inicial que aparece para conocer si la autorización afecta a la recepción de notificaciones. Cuando se concede un poder para recibir avisos de un trámite concreto, esas comunicaciones se dirigen al destinatario del documento y al apoderado designado específicamente para ese procedimiento, no al representante incluido en el trámite general.

Si se quiere conceder una autorización para todo tipo de trámites tributarios, debe elegirse el alta de poder general. En ese apartado se introduce el NIF o CIF del apoderado y se seleccionan los códigos generales: GENERALLEY58, GENERALDATPE y GENERALNOT. También hay que fijar la fecha de fin de la autorización. Si el usuario no modifica ese apartado, el poder queda establecido por cinco años, que es el periodo máximo previsto.

Después de completar los datos, es necesario marcar la casilla de autorización y firmar el envío. A continuación aparece una pantalla de confirmación, donde debe aceptarse la conformidad antes de completar de nuevo la firma. Cuando el alta queda registrada, se muestra una respuesta con los datos del poderdante, los del apoderado, la relación de poderes concedidos y el Código Seguro de Verificación. Ese código sirve para comprobar el justificante en la sede electrónica.

En los poderes generales relacionados con la recepción de notificaciones puede figurar el estado de notificación telemática. Esa indicación significa que el apoderado tiene que confirmar la autorización para que produzca efectos. En esos supuestos, el alta realizada por el poderdante no basta por sí sola si falta la aceptación de la persona o entidad que va a actuar como representante.

Cuando el poderdante no quiere conceder una autorización general, puede optar por un poder específico. En ese caso debe seleccionar el alta para trámites tributarios concretos, introducir el NIF o CIF del apoderado, indicar la fecha de finalización y escoger las actuaciones para las que se permite intervenir. La página organiza esos trámites por categorías y subcategorías, e incluye un buscador para localizar el procedimiento.

El usuario puede desplegar las carpetas de categoría, seleccionar una sección completa o limitar el poder a una subcategoría determinada. Una vez aceptada la selección, el sistema muestra los trámites incorporados al apoderamiento y permite revisar la fecha de finalización. Si no se cambia el valor indicado previamente, la validez será también de cinco años. Para completar el proceso hay que marcar la autorización, firmar, confirmar la conformidad y enviar de nuevo la solicitud firmada.

La respuesta final recoge la información del poderdante y del apoderado, las autorizaciones dadas de alta y los códigos seguros de verificación. En el caso de poderes específicos, pueden aparecer tanto un código general de la respuesta como códigos vinculados a cada autorización. El poder puede concederse a una o varias personas, físicas o jurídicas. Además, quien lo otorga conserva la posibilidad de consultar y revocar los apoderamientos registrados.

El 29 d’abril de 1986, Balears veia promulgada la Llei de normalització lingüística, aprovada sota el mandat de Gabriel Cañellas (AP/PP) amb el suport unànime de totes les forces polítiques. El seu objectiu era revertir la marginació històrica de la llengua catalana —reconeguda com a pròpia a l’Estatut d’Autonomia aprovat tres anys abans—, fer efectiva la seva oficialitat i garantir el dret de la ciutadania a utilitzar-la en tots els àmbits, especialment en l’administració, l’educació i els mitjans públics. Quatre dècades després, l’efemèride arriba carregada de simbolisme i de tensió: allò que aleshores va ser un acord transversal per dignificar el català, avui es commemora en un clima polític marcat per les polítiques de retrocés impulsades pel Partido Popular i Vox durant aquesta legislatura.

Aquest consens és avui un dels elements més recordats —i també més enyorats— del text, nascut amb una idea clara: garantir que qualsevol ciutadà pogués viure en català a les Illes, un objectiu que, tal com acrediten dades oficials, investigadors i estudis, encara és lluny d’haver-se assolit plenament. L'imparable creixement de la població des de la dècada dels seixanta, quan residien a Balears 400.000 persones —en contrast amb més d'1,2 milions actuals—, la pressió turística i el predomini del castellà en àmbits com el comerç, la justícia o l’entorn digital han anat desplaçant progressivament la seva presència quotidiana.

L’informe, que apunta a un increment considerable de la “fragilitat” de la llengua catalana, subratlla que l’augment de la població al·lòctona (originària d’un altre país) i al·loglota (parlant d’altres llengües) ha repercutit de manera directa en el retrocés dels coneixements de català i dels usos que en fa la ciutadania en conjunt. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 94,1% de la població resident a Balears parla bé el castellà, percentatge que baixa fins al 59,5% en el cas del català.

No debades, la darrera Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears, publicada pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) el 2014 i revisada el 2018, apunta també a aquest increment de la “fragilitat” del català i destaca que l’augment de la població al·lòctona i al·loglota ha tingut un impacte directe en el retrocés dels coneixements i dels usos socials de la llengua.

L’aniversari de la llei ha servit per escenificar l’abisme polític actual. Des de Més per Mallorca, el seu portaveu, Lluís Apesteguia, ha apel·lat aquest dimecres a recuperar l’esperit de 1986: un gran acord que permeti actualitzar la norma i estendre-la a àmbits com el comerç, el cinema o l’ecosistema digital. En aquest context, el dirigent ecosobiranista ha assenyalat directament els “enemics històrics” de la normalització, situant-hi el PP de José Ramón Bauzà —el mandat del qual va deixar episodis de forta conflictivitat lingüística, que varen donar lloc a una contestació social sense precedents sota el paraigua de la ‘marea verda’— i, en l’actualitat, Vox, soci parlamentari del Govern de Marga Prohens.

En la mateixa línia, la presidenta del Congrés i líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha recriminat l’“arraconament” progressiu del català, recordant que la llei el va oficialitzar com a llengua pròpia de Balears i va fixar l’objectiu de garantir-ne l’ús normal en tots els àmbits, des de l’administració fins a l’educació. “Aquesta llei va ser fruit d’un temps de consens, d’una mirada llarga i d’un compromís profund amb la nostra identitat col·lectiva. Va entendre que la llengua no és només un instrument de comunicació, sinó també una manera de ser i d’expressar la nostra identitat i cultura”, ha manifestat en un missatge publicat a X.

L’expresidenta del Govern balear ha lamentat que, quatre dècades després de l’aprovació d’aquesta norma, el català “continua viu, però també amenaçat”. Al seu parer, l’actual Executiu el va “arraconant cada vegada més” i “debilita” la seva presència a les institucions, a l’educació i a l’espai públic. “Això no és casual, és una decisió política que posa en risc drets que havien costat dècades de construir”, ha lamentat, abans de fer una crida a alçar la veu per “dir clar que normalitzar una llengua és garantir drets, és assegurar que qualsevol persona pugui viure plenament en català”.

Davant aquestes crítiques, la presidenta autonòmica, Marga Prohens, ha reivindicat la llei com una eina per garantir la convivència del català i el castellà “amb normalitat, tranquil·litat i des del respecte”. La líder balear també ha destacat el paper de la norma en la conservació del català i les seves modalitats insulars, tot garantint-ne l’aprenentatge i la difusió: “Ha acostat la nostra llengua de manera amable, fent-la arribar a nous parlants i mantenint-la viva com un llegat per als nostres fills”.

Durant aquesta legislatura, però, les polítiques lingüístiques impulsades pel Govern del Partido Popular amb el suport —i l’exigència— de Vox han obert una escletxa entre aquest discurs i la pràctica. Les mesures impulsades per ambdós socis d’investidura han girat entorn de la introducció de la “lliure elecció de llengua” a l'ensenyament, la flexibilització o eliminació dels requisits de coneixement de català i el blindatge de l'espanyol com a llengua vehicular. En conjunt, es tracta d’un paquet d’actuacions que, segons conservadors i extrema dreta, pretenen garantir la “llibertat lingüística”, però que col·lectius educatius i socials perceben com un canvi d’orientació respecte del model de normalització lingüística vigent des de la dècada dels vuitanta.

El 29 de abril de 1986, Balears veía promulgada la ley de normalización lingüística, aprobada bajo el mandato de Gabriel Cañellas (AP/PP) con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Su objetivo, revertir la marginación histórica de la lengua catalana -reconocida como propia en el Estatut d'Autonomia aprobado tres años antes-, hacer efectiva su oficialidad y garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizarla en todos los ámbitos, especialmente en la administración, la educación y los medios públicos. Cuatro décadas después, la efeméride llega cargada de simbolismo y de tensión: lo que entonces fue un acuerdo transversal para dignificar el catalán, hoy se conmemora en un clima político marcado por las políticas de retroceso impulsadas por PP y Vox durante esta legislatura.

Ese consenso es hoy uno de los elementos más recordados -y también más añorados- del texto, nacido con una idea clara: garantizar que cualquier ciudadano pudiera vivir en catalán en las Islas, un objetivo que, tal como acreditan datos oficiales, investigadores y estudios, dista aún de haberse cumplido plenamente: el imparable crecimiento de la población desde la década de los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas –en contraste con los más de 1,2 millones actuales–, la presión turística y el predominio del castellano en ámbitos como el comercio, la justicia o el entorno digital han ido desplazando progresivamente su presencia cotidiana.

El informe, que apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana, subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

No en vano, la última 'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears', publicada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) en 2014 y revisada en 2018, apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana y subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

El aniversario de la ley ha servido para escenificar el abismo político actual. Desde Més per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha apelado este miércoles a recuperar el espíritu de 1986: un gran acuerdo que permita actualizar la norma y extenderla a ámbitos como el comercio, el cine o el ecosistema digital. En este contexto, el dirigente ecosoberanista ha señalado directamente a los “enemigos históricos” de la normalización, situando en esa línea al PP de José Ramón Bauzà -cuyo mandato dejó episodios de fuerte conflictividad lingüística, lo que llevó a una contestación social sin precedentes bajo el paraguas de la 'marea verde'- y, en la actualidad, a Vox, socio parlamentario del Govern de la popular Marga Prohens.

En la misma línea, la presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha recriminado el “arrinconamiento” progresivo del catalán, recordando que la ley oficializó el catalán como la lengua propia de Balears y fijó el objetivo de garantizar su uso normal en todos los ámbitos, desde la administración hasta la educación. “Esa ley fue fruto de un tiempo de consenso, de una mirada larga y de un compromiso profundo con nuestra identidad colectiva. Entendió que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también una manera de ser y de expresar nuestra identidad y cultura”, ha manifestado en un mensaje publicado en X.

La expresidenta del Govern balear ha lamentado que cuadro décadas después de la aprobación de esta norma, el catalán “continúa vivo, pero también amenazado”. A su juicio, el actual Ejecutivo lo va “arrinconando cada vez más” y “debilita” su presencia en las instituciones, en la educación y en el espacio público. “Esto no es casual, es una decisión política que pone en riesgo derechos que habían costado décadas de construir”, ha lamentado, para después hacer un llamamiento a alzar la voz para “decir claro que normalizar una lengua es garantizar derechos, es asegurar que cualquier persona pueda vivir plenamente en catalán”.

Frente a estas críticas, la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha reivindicado la ley como una herramienta para garantizar la convivencia del catalán y el castellano “con normalidad, tranquilidad y desde el respeto”. La líder balear también ha destacado el papel de la norma en la conservación del catalán y sus modalidades insulares al garantizar su aprendizaje y difusión: “Ha acercado nuestra lengua de manera amable, haciéndola llegar a nuevos hablantes y manteniéndola viva como un legado para nuestros hijos”.

Durante esta legislatura, sin embargo, las políticas lingüísticas impulsadas por el Govern del PP con el apoyo -y la exigencia- de Vox han abierto una brecha entre ese discurso y la práctica. Las medidas impulsadas por ambos socios de investidura han girado en torno a la introducción de la “libre elección de lengua” en la enseñanza, la flexibilización o eliminación de los requisitos de conocimiento de catalán en la administración y el blindaje del español como lengua vehicular. En conjunto, se trata de un paquete de actuaciones que, según conservadores y extrema derecha, buscan garantizar la “libertad lingüística”, pero que colectivos educativos y sociales perciben como un cambio de orientación respecto al modelo de normalización lingüística vigente desde la década de los ochenta.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

El Parlament balear ha vivido un nuevo rifirrafe a cuenta de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma que PP y Vox quieren enmendar con decenas de correcciones que, de incorporarse, permitirán reformar de forma encubierta más de 50 leyes autonómicas, alterando con ello el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Durante el pleno de este martes, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de ser “la pequeña Trump” de las islas por “menospreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas” y utilizar “la puerta falsa” para colar modificaciones legislativas que, según ha recordado, los letrados de la Cámara habían cuestionado inicialmente.

El enfrentamiento se enmarca en la tramitación de un proyecto de ley, el de proyectos estratégicos, que inicialmente fue impulsado como decreto ley para agilizar inversiones, pero que durante su paso por el Parlament se ha convertido en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Entre los ámbitos afectados figuran cambios en la legislación sobre medio ambiente, la lengua catalana, la función pública, la educación, las políticas sociales o la protección de Menorca como Reserva de la Biosfera.

Según ha denunciado Castells, el PP ha registrado 87 enmiendas que afectan a 47 leyes, mientras que Vox ha presentado otras tantas que modifican al menos nueve normas más. Para Castells, este procedimiento supone un “maremágnum” que permite introducir cambios de gran calado “de forma encubierta” y sin el debido control parlamentario.

“Usted es una imitadora de Trump y pueden pensar que a los ciudadanos esto no les afecta, pero les afecta mucho, porque cuando ustedes desprecian las capacidades que los diputados tenemos de controlar sus políticas, lo que hacen es despreciar el papel político de la gente que nos vota, que son muchas decenas de miles de ciudadanos”, ha enfatizado el diputado ecosoberanista, quien a instado a Prohens, “por la salud democrática de nuestras islas”, a que “deje de despreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas y que deje de decir unas cosas para hacer exactamente las contrarias”.

Por su parte, Prohens ha rechazado de forma tajante estas acusaciones y ha defendido la legalidad del procedimiento. Ha recordado que el decreto fue convalidado por el pleno y que su tramitación como ley permite precisamente la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos.

“¿Me está diciendo que el registro del Parlament es una puerta de atrás?”, ha replicado la presidenta, insistiendo en que todas las iniciativas se han presentado “de forma pública y accesible”.

Lejos de rebajar el tono, el debate ha derivado en reproches mutuos. Castells ha acusado al Ejecutivo del PP de “cinismo” por criticar prácticas del Gobierno central que, a su juicio, replica en Baleares “corregidas y aumentadas”. Prohens ha contraatacado señalando contradicciones del propio diputado menorquinista, recordando enmiendas presentadas por él en anteriores legislaturas para modificar leyes ajenas a los textos en tramitación.

La ley de proyectos estratégicos ha sido severamente cuestionada por la oposición de izquierdas por diluir el debate parlamentario mediante unas enmiendas que nada tienen que ver con la norma. No en vano, el reglamento de la Cámara balear, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

La semana pasada tuve que hacer dos trámites burocráticos aparentemente sencillos: resolver un papeleo con Hacienda, y cumplimentar la inscripción de un campamento para una de mis hijas. Gracias a la administración electrónica, no perdí una mañana entera en una delegación de Hacienda yendo de funcionario en funcionario, y otra mañana en una oficina del Instituto Andaluz de la Juventud entregando los papeles en una ventanilla. Gracias a la administración electrónica, perdí no una sino dos mañanas enteras y otras dos tardes en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y no una sino dos mañanas, y media tarde más, en la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía.

Creo que soy razonablemente competente en asuntos informáticos, me manejo con todo tipo de webs y aplicaciones, hago facturas electrónicas y uso casi a diario mi certificado. No soy precisamente un analfabeto digital. Y aun así, estuve a punto de rendirme con Hacienda y pagar una multa que no me correspondía con tal de no entrar otra vez en la sede electrónica; y a punto de decirle a mi hija que se olvidase del campamento, y hasta me daba igual perder el dinero de la reserva, con tal de poner fin a esa tortura.

Eso esta semana. En cualquier otra podría haber lloriqueado igualmente por una factura rechazada cuatro veces en FACe, un alta de terceros en el portal electrónico original y único (no hay dos iguales) de un ayuntamiento, intentos fallidos por dar de baja un impuesto de vehículos, o el enésimo documento escaneado y presentado para cobrar una ayuda europea a la renovación de ventanas dos años después de instaladas y pagadas las ventanas.

Ya sé que son “problemas del primer mundo”, y que tenemos urgencias mayores de las que escribir, pero decidme, ¿en qué momento la administración electrónica, que venía para facilitarnos la vida, se convirtió en un agujero negro que devora nuestro tiempo, nuestra paciencia y nuestro ánimo? ¿Cuándo la “tristeza burocrática” de la que hablaba Remedios Zafra se convirtió en desesperación burocrática, camino de la depresión burocrática? ¿Por qué aceptamos convertirnos en suministradores de datos (que además ya tienen) al servicio de unas administraciones deshumanizadas, a las que les hacemos el trabajo que antes nos resolvían ellas?

No soy yo que tengo el día quejica: seguramente tú puedes contar lo mismo por cualquier trámite con tu ayuntamiento, diputación, administración autonómica o central, Tráfico, Hacienda, Seguridad Social, SEPE, organismos varios... En todos los casos la experiencia es similar: una yincana laberíntica, críptica, en lenguaje poco claro, nada intuitiva, llena de callejones sin salida y fallos, sin nadie humano al otro lado, y que parece diseñada para lograr el que a menudo es su resultado: que el ciudadano desista, que se rinda, que lo deje, que renuncie a lo que quiera que intentaba conseguir.

Y no solo trámites, también el día a día laboral de tantos trabajadores. Empezando por el profesorado, obligado a perder en protocolos interminables las horas y las fuerzas que no les sobran. Por supuesto, no es algo exclusivo de la administración pública, también muchas empresas convierten darte de baja o resolver una incidencia en una prueba de resistencia, sin que haya nunca nadie humano con quien hablar, solo asistentes virtuales de IA y menús telefónicos de “teclee su número de DNI”, “indique su consulta”, “marque siete si está interesado”…

La opacidad de la burocracia electrónica se vuelve más sangrante cuando afecta a la población más vulnerable, cuya supervivencia no debería depender de llegar a la última pantalla del videojuego. Leo que la regularización de personas migrantes se puede hacer por internet, ante la previsible saturación de las oficinas presenciales. Solo espero que conseguir los papeles no dependa de registrarse en Cl@ve PIN, actualizar Java o instalar la última versión de Autofirma.

Perdón por el desahogo.

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

El PP i Vox han reactivat desenes d'esmenes amb què pretenen reformar d'amagat més de 70 normes de Balears i alterar l'actual model lingüístic, educatiu i social de les illes. Si no hi ha canvis -ambdues formacions compten amb majoria parlamentària per tirar-les endavant-, les correccions seran incorporades a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma el contingut de la qual no té res a veure amb els canvis que volen fer i que tant conservadors com extrema dreta han convertit en instrument per modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear. Es tracta d'un moviment que permetrà tramitar de forma conjunta modificacions de gran calat sense el debat específic que requeriria cadascuna d'elles per separat.

Ho ha anunciat aquest dimecres la vicepresidenta segona del Parlament balear, Mercedes Garrido, després de la Junta de Portaveus de la Càmera, on ha detallat el gir produït en la tramitació de la norma i l'abast de les esmenes en conflicte. En la seva intervenció davant els mitjans, la diputada socialista ha asseverat que el paquet impulsat pel PP i Vox introdueix importants canvis en múltiples àrees sense que cap dels dos partits hagi justificat la seva connexió amb la llei esmenada. No en va, el reglament del Parlament, en el seu article 124, estableix que les esmenes han de guardar relació material amb el text en tramitació, mentre que l'article 23 reconeix el dret dels diputats a exercir les seves funcions amb plenitud, cosa que inclou participar en un debat informat i ordenat de les lleis.

Si bé les correccions havien estat inicialment rebutjades per la Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda, tant populars com extrema dreta han acabat recuperant-les, rebutjant al seu torn bona part de les presentades pels grups d'esquerres. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, va anunciar en el seu moment que estudiarà portar les correccions al Tribunal Constitucional en considerar que s'estaria utilitzant una llei de caràcter econòmic per introduir canvis estructurals aliens al seu objecte i, potencialment, vulnerant garanties del procediment legislatiu.

Segons les estimacions de la formació ecosobiranista, un 70% de les esmenes no guarda relació alguna amb la llei d'acceleració de projectes estratègics i, de fet, una d'elles es traduiria en l'impuls “per la porta del darrere” “d'una nova llei” a la qual els grups no podran fer aportacions. Des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ja va advertir que les esmenes plantegen la modificació, sense informe previ, de fins a 74 lleis, decrets i ordres.

PP i Vox defensen, tanmateix, que les modificacions introduïdes responen a la necessitat d'agilitzar l'Administració i eliminar traves burocràtiques, negant que es tracti d'una maniobra irregular. Els populars presenten les seves mesures com a part d'una estratègia de simplificació administrativa orientada a reduir terminis i facilitar l'activitat econòmica i la prestació de serveis públics, mentre que el seu soci d'investidura apel·la a un discurs d'enduriment de les condicions d'accés a les polítiques públiques i reforç de l'ordre públic. En essència, ambdues formacions sostenen que l'ús d'esmenes és un instrument legítim dins del procediment parlamentari.

Política lingüística

Un dels blocs més rellevants d'esmenes incideix directament en la política lingüística. D'una banda, s'introdueixen canvis en educació i funció pública per a flexibilitzar l'exigència del català. La incorporació d'aquestes mesures permetrien eximir del requisit lingüístic en places de difícil cobertura, eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració i obrir la porta a excepcions quan no hi hagi suficients aspirants amb el nivell requerit, una modificació amb impacte directe en el model d'accés a l'ocupació pública i en l'estatus de la llengua pròpia balear.

Així mateix, es pretén modificar la Llei de normalització lingüística -la norma que estableix el marc per a assegurar el coneixement de la llengua catalana- per a establir que els topònims de Balears tinguin forma oficial en castellà i català sense preferència entre ambdues, eliminant la prevalença de la llengua pròpia en la denominació oficial de llocs, trencant amb això el model lingüístic consolidat en la comunitat.

El paquet inclou també mesurades en matèria de seguretat que reforcen el paper dels cossos policials. Entre elles, els de Santiago Abascal proposen modificar la normativa de coordinació de policies locals per a permetre que els ajuntaments reservin fins a un 20% de les places de policia local a militars de tropa i marineria amb més de cinc anys de servei, així com l'autorització de l'ús de pistoles elèctriques (taser) com a equipament policial. També busquen introduir un canvi rellevant en l'accés als cossos policials municipals, en obrir les portes a una via específica per a perfils procedents de l'àmbit militar.

En l'àmbit social, Vox planteja una reforma profunda de la renda social garantida (resoga). L'esmena introdueix un requisit de tres anys de residència legal ininterrompuda en Balears, a més d'endurir les condicions de manteniment de l'ajuda: els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de treball, amb el risc de perdre la prestació en cas contrari. El PP, per part seva, proposa vincular l'actualització del resoga a l'IPC per a assegurar el manteniment del seu poder adquisitiu. També es reforcen els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques. Aquesta modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar el “efecte crida”.

Creació d'una oficina antiocupació

En paral·lel, en matèria d'habitatge, es proposa la creació d'una Oficina Antiocupació, un organisme administratiu orientat a assessorar, acompanyar i coordinar la resposta institucional enfront de l'ocupació il·legal. Encara que no tindria competències executives, la seva creació institucionalitzaria l'enfocament antiocupació dins de la política autonòmica.

El PP també ha presentat esmenes amb les quals pretén apuntalar una altra de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears, la llei de liberalització del sòl, que permet legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. El text obre a més les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Les correccions, a més, busquen ampliar l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estiguin en el seu poder o la verificació dels quals es pugui fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Externalització de controls i agilització de llicències

Un altre dels punts passa per incorporar les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a les Balears.

Les esmenes també arriben a àmbits professionals específics, com el dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), a través de modificacions en la seva regulació. Els canvis plantejats afecten el marc d'accés i exercici de l'activitat, en línia amb l'objectiu declarat pel PP de simplificar tràmits i reduir càrregues administratives. En aquest cas, la reforma s'orienta a flexibilitzar els requisits i procediments vinculats a l'exercici de l'activitat immobiliària, introduint mecanismes que facilitin la incorporació de nous operadors i redueixin els controls previs en favor de sistemes de verificació posterior.

Les esmenes s'estenen a altres àmbits. En sanitat, es busca crear la categoria de psicòleg general sanitari en Atenció Primària amb l'objectiu d'intervenir en prevenció i atenció bàsica en salut mental. En comerç, preveuen modificar-se procediments d'autorització de grans establiments, reforçant el pes d'informes municipals i certificats urbanístics en la tramitació.

PP y Vox han reactivado decenas de enmiendas con las que pretenden reformar de forma encubierta más de 70 normas de Balears y alterar el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Si no hay cambios -ambas formaciones cuentan con mayoría parlamentaria para sacarlas adelante-, las correcciones serán incorporadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma cuyo contenido nada tiene que ver con los cambios que quieren realizar y que tanto conservadores como extrema derecha han convertido en instrumento para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Se trata de un movimiento que permitirá tramitar de forma conjunta modificaciones de gran calado sin el debate específico que requeriría cada una de ellas por separado.

Lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda del Parlament balear, Mercedes Garrido, tras la Junta de Portavoces de la Cámara, donde ha detallado el giro producido en la tramitación de la norma y el alcance de las enmiendas en conflicto. En su intervención ante los medios, la diputada socialista ha aseverado que el paquete impulsado por PP y Vox introduce importantes cambios en múltiples áreas sin que ninguno de los dos partidos haya justificado su conexión con la ley enmendada. No en vano, el reglamento del Parlament, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

Si bien las correcciones habían sido inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, tanto populares como extrema derecha han acabado recuperándolas, rechazando a su vez buena parte de las presentadas por los grupos de izquierdas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, anunció en su momento que estudiará llevar las correcciones al Tribunal Constitucional al considerar que se estaría utilizando una ley de carácter económico para introducir cambios estructurales ajenos a su objeto y, potencialmente, vulnerando garantías del procedimiento legislativo.

Según las estimaciones de la formación ecosoberanista, un 70% de las enmiendas no guarda relación alguna con la ley de aceleración de proyectos estratégicos y, de hecho, una de ellas se traduciría en el impulso “por la puerta de atrás” de “una nueva ley” a la que los grupos no podrán realizar aportaciones. Desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ya advirtió de que las enmiendas plantean la modificación, sin informe previo, de hasta 74 leyes, decretos y órdenes.

PP y Vox defienden, sin embargo, que las modificaciones introducidas responden a la necesidad de agilizar la Administración y eliminar trabas burocráticas, negando que se trate de una maniobra irregular. Los populares presentan sus medidas como parte de una estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir plazos y facilitar la actividad económica y la prestación de servicios públicos, mientras que su socio de investidura apela a un discurso de endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas públicas y refuerzo del orden público. En esencia, ambas formaciones sostienen que el uso de enmiendas es un instrumento legítimo dentro del procedimiento parlamentario.

Política lingüística

Uno de los bloques más relevantes de enmiendas incide directamente en la política lingüística. Por un lado, se introducen cambios en educación y función pública para flexibilizar la exigencia del catalán. La incorporación de estas medidas permitirían eximir del requisito lingüístico en plazas de difícil cobertura, eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración y abrir la puerta a excepciones cuando no haya suficientes aspirantes con el nivel requerido, una modificación con impacto directo en el modelo de acceso al empleo público y en el estatus de la lengua propia balear.

Asimismo, se pretende modificar la Ley de normalización lingüística -la norma que establece el marco para asegurar el conocimiento de la lengua catalana- para establecer que los topónimos de Balears tengan forma oficial en castellano y catalán sin preferencia entre ambas, eliminando la prevalencia de la lengua propia en la denominación oficial de lugares, rompiendo con ello el modelo lingüístico consolidado en la comunidad.

El paquete incluye también medidas en materia de seguridad que refuerzan el papel de los cuerpos policiales. Entre ellas, los de Santiago Abascal proponen modificar la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial. También buscan introducir un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales, al abrir las puertas a una vía específica para perfiles procedentes del ámbito militar.

En el ámbito social, Vox plantea una reforma profunda de la renta social garantizada (Resoga). La enmienda introduce un requisito de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears, además de endurecer las condiciones de mantenimiento de la ayuda: los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. El PP, por su parte, propone vincular la actualización del Resoga al IPC para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo. También se refuerzan los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas. Esta modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Creación de una oficina antiocupación

En paralelo, en materia de vivienda, se propone la creación de una Oficina Antiocupación, un organismo administrativo orientado a asesorar, acompañar y coordinar la respuesta institucional frente a la ocupación ilegal. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiocupación dentro de la política autonómica.

El PP también ha presentado enmiendas con las que pretende apuntalar otra de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las correcciones, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Externalización de controles y agilización de licencias

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Las enmiendas se extienden a otros ámbitos. En sanidad, se busca crear la categoría de psicólogo general sanitario en Atención Primaria con el objetivo de intervenir en prevención y atención básica en salud mental. En comercio, prevén modificarse procedimientos de autorización de grandes establecimientos, reforzando el peso de informes municipales y certificados urbanísticos en la tramitación.

El freno de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia del país, lo que ha implicado retrasos en los aeropuertos.

La parálisis del DHS, que comenzó el 14 de febrero por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre las restricciones al polémico Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), supera ya los 43 días que duró el cierre total del Gobierno que comenzó en octubre pasado, también en la segunda presidencia de Donald Trump.

También rebasa los 34 días del cierre parcial que empezó el 21 de diciembre de 2018 en el primer mandato de Trump, cuando nueve departamentos del Ejecutivo con un conjunto de 800.000 empleados frenaron sus operaciones.

El cierre del DHS ha implicado colas en los aeropuertos, pues hay un absentismo promedio del 11 % diario de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Al menos 460 agentes del TSA, quienes no reciben salario durante el cierre, han renunciado mientras los aeropuertos afrontan una subida interanual del 5 % en los pasajeros en esta temporada vacacional de 'spring break' (vacaciones de primavera), añadió.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo la cartera.

Ante la situación, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague “de inmediato” a los agentes del TSA para hacer frente a la “situación de emergencia” y “detener el caos en los aeropuertos”, lo que se prevé que comience el lunes.

En un mensaje publicado en su red, SocialTruth, Trump defendió la medida y acusó a los demócratas de mantener “políticas de fronteras abiertas”, por las que, según él, “permitieron la entrada de 25 millones de personas procedentes de prisiones, instituciones psiquiátricas y manicomios, entre ellas traficantes de drogas y miles de asesinos, muchos de los cuales han matado a más de una persona”. El presidente no explicó de qué fuentes provenían estos datos.

El llamado 'zar' de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, expresó este domingo con CNN que hay avances en las negociaciones con los demócratas para implementar restricciones a los agentes de ICE, como el uso de cámaras corporales, pero avisó de que Trump solo apoya que “todo el Departamento de Seguridad Nacional esté financiado”.

“Están tomando al departamento como rehén porque no les gusta lo que está haciendo ICE y el ICE está aplicando las leyes”, declaró Homan.