El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Presidencia del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, han estado en el acto de firma del acuerdo entre el Ejecutivo regional y las organizaciones sindicales SEPCA, Intersindical Canaria, UGT, CC.OO., CSIF y Cobas para la implantación de la carrera profesional horizontal de la Administración General. 

Para el diseño definitivo del modelo de la carrera profesional, el Gobierno de Canarias continuará trabajando en la mesa técnica que ha constituido con representantes de la Administración y de los sindicatos para ligarla a la evaluación por desempeño para el personal de nuevo ingreso, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En este sentido, el acuerdo suscrito supone el “primer paso para la implantación” de la carrera profesional del personal funcionario y laboral ya en activo, a fecha de 1 de enero de 2027, que tenga, al menos, una antigüedad de cinco años, con un “encuadramiento inicial excepcional y, por una sola vez, basado en la antigüedad acumulada”.

La carrera profesional para la Administración General contempla un complemento retributivo para el encuadramiento inicial que se aplicará de forma progresiva en los próximos cuatro años, con un coste total de 40 millones euros al finalizar 2030. 

En este sentido, los Presupuestos Generales de 2027 incluirán el primer 25%. El personal que aún no lleve cinco años y el personal de nuevo ingreso se irán incorporando según se cumpla el plazo.

Un reconocimiento para el personal de la Administración General

Para el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este acuerdo “supone un reconocimiento” para el personal de la Administración General que ya disponen otros sectores como Servicio Canario de la Salud. Agregó que la carrera profesional “es una apuesta por reconocer el talento, incentivar la motivación y avanzar” hacia una Administración pública “más eficaz, moderna y cercana a la ciudadanía”.

Por su parte, la consejera regional de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha resaltado el trabajo desarrollado por la Dirección General de la Función Pública en la Mesa Técnica con las organizaciones sindicales para hacer realidad el reconocimiento a la trayectoria y el desempeño. 

Al respecto, Barreto apuntó que la experiencia “es uno de los principales valores” que tiene la Administración, permitiendo “progresar”, al tiempo que expuso que “es un valor añadido que repercute en el servicio que se da al ciudadano”.

Asimismo las organizaciones sindicales han subrayado el “carácter histórico de un acuerdo que hace justicia” con el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, tras años de reivindicaciones para lograr el reconocimiento de su carrera profesional. 

También los representantes sindicales resaltaron “este avance como un paso fundamental” para acabar con la “desigualdad” respecto a otros empleados públicos que ya tenían reconocido este derecho y “poner en valor la experiencia, la dedicación y la trayectoria profesional” de los trabajadores de la Administración.

El personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias “tendrá derecho a un encuadramiento, excepcional y por una sola vez, en el escalón” que le corresponda de la carrera profesional horizontal. 

Para ello, el día 1 de enero de 2027 tendrá que estar en situación administrativa o laboral de servicio activo o asimilado o, en alguna otra situación administrativa o laboral, y la persona no se encuentre integrada y sea perceptora en otro sistema de carrera profesional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El encuadramiento excepcional y por una sola vez se realizará en el grupo o subgrupo profesional en el que esté en activo el día 1 de enero de 2027, siempre y cuando la persona cuente con una antigüedad, a día 31 de diciembre de 2026, inclusive, de al menos, cinco años, incluyendo en su caso los servicios previos que tuviere reconocido en dicha fecha. Se determinará en atención a su antigüedad, siendo el escalón 1 de 5 años, el escalón 2 de 11 años, el 3 de 17 años, el 4 de 23 años y el 5 de 28 años.

El acuerdo establece que personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que entra en el encuadramiento excepcional tendrá derecho a percibir, de forma gradual, el 25% en 2027, el 50% en 2028, el 75% en 2029 y el 100% en 2030.

Finalmente se expuso que la parte porcentual del 25% que corresponde al ejercicio 2027 se producirá a partir de la nómina correspondiente al mes de julio, incluyendo en la misma los importes mensuales que correspondan de enero a julio de 2027 para que la Administración pueda hacer de oficio todo el encuadramiento.

Participaciones societarias valoradas en más de 2,8 millones de euros, grandes cantidades destinadas a fondos de inversión, inversiones fallidas, criptomonedas y saldos bancarios superiores a los dos millones de euros. Son algunos de los datos que desvelan las declaraciones de actividades, bienes y rentas de más de 352 cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, y sus respectivos cónyuges.

El listado, publicado por la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, incluye a miembros del Gobierno regional, directivos de organismos públicos, responsables sanitarios y personal eventual que han presentado sus declaraciones por nombramiento, cese o en cumplimiento de la obligación anual establecida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Abarca toda la estructura administrativa regional, pero reúne perfiles de distintos niveles de responsabilidad institucional: directores generales, delegados provinciales, responsables de organismos autónomos y asesores de los gabinetes.

En el bloque de altos cargos aparecen la Presidencia y las Vicepresidencias del Gobierno regional, los titulares de las consejerías y responsables de viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales. El documento incluye además a directivos del SESCAM, responsables de gerencias hospitalarias, representantes de medios públicos y dirigentes de empresas y fundaciones vinculadas a la Administración autonómica.

A ellos se suma el personal eventual, integrado por directores de gabinete y asesores destinados a funciones de comunicación, prensa, innovación y otros ámbitos de apoyo institucional.

Las cifras patrimoniales y salariales ofrecen una visión de los bienes, las inversiones y los ingresos declarados por los responsables públicos, aunque su interpretación requiere distinguir entre patrimonio societario, activos financieros, saldos bancarios e ingresos del trabajo.

Datos patrimoniales más destacados

Con todo ello, no es en los altos cargos donde se aprecia un mayor patrimonio. Uno de los datos más destacados, por ejemplo, corresponde a María Belén López Donaire, directora de los Servicios Jurídicos y presidenta de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN). Su declaración incluye una participación del 38,41 % en la sociedad Torre de Abraham, S. L., con un valor declarado de 2,8 millones de euros. En la misma declaración, figura también el cobro de 192.050 euros en concepto de dividendos y participación en beneficios procedentes de esta misma entidad

La participación societaria constituye la cifra de mayor volumen entre los activos destacados en el resumen de las declaraciones. No obstante, su valoración no debe confundirse con dinero disponible en efectivo ni con el valor total de la sociedad, ya que corresponde a la participación declarada.

Otro de los patrimonios que sobresalen es el de Francisco Javier de Irizar Ortega, consejero y presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuya declaración recoge participaciones societarias de su cónyuge en IROR Inversiones, S. L., valoradas en 3,7 millones de euros. Asimismo, en la propia declaración del titular consta que él posee un 38% de participación en dicha sociedad y ejerce como su administrador único.

Por su parte, Alberto Jara Sánchez, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), declara un saldo medio conjunto de cuentas bancarias, depósitos y otros activos por importe de 2,7 millones de euros, según los datos aportados.

Fondos de inversión, Letras del Tesoro y criptomonedas

El documento también recoge otros activos financieros de cuantía relevante y productos de inversión de distinta naturaleza. Entre ellos figura Carmen Encinas Barrios, directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, que declara 406.272 euros en un fondo de inversión de Diaphanum (entidad de asesoramiento financiero y gestión patrimonial) y 91.200 euros en un plan de pensiones.

Las declaraciones incluyen asimismo inversiones en activos digitales y metales preciosos. Por ejemplo, Víctor Moreno Fernández, asesor de Comunicación Social como personal eventual, refleja posiciones en la criptomoneda Bitcoin por un importe indicado de 2.114 euros y en oro físico por valor de 1.710 euros a través de Trade Republic (banco alemán y plataforma digital de ahorro). Por su parte, Sara Elisa Fernández Calcerrada, también asesora como personal eventual de la Junta, declara igualmente saldo en Bitcoin.

Otro dato singular es el de Francisco Damián Montoro Carrión, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Su declaración recoge más de un millón de acciones de clase A en la empresa Abengoa, actualmente valoradas en cero euros. Este tipo de acciones fueron suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de julio de 2020 y posteriormente excluidas de forma definitiva de las bolsas el 26 de septiembre de 2022 tras entrar en fase de liquidación.

Cabe señalar, no obstante, que la inclusión de estas acciones muestra que una declaración patrimonial puede reflejar participaciones cuyo valor declarado sea nulo, sin que ello implique necesariamente que nunca hayan tenido valor económico.

Entre las declaraciones de bienes e inversiones publicadas para los altos cargos y directivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el mayor patrimonio, después del de la mencionada cónyuge del presidente del Consejo Consultivo; el de María Belén López Donaire y el de Alberto Jara, es el de Damián Aranda, director gerente de Atención Integrada de Valdepeñas (perteneciente al SESCAM) con 370.000 euros en un producto financiero estructurado y depósitos bancarios.

Castilla-La Mancha ofertará 401 nuevas plazas de empleo público este año 2026, después de que los sindicatos hayan dado su visto bueno a la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral de la Administración General, correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Ejecutivo regional.

Tal y como se ha acordado, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal laboral de este año asciende a 401 plazas, que se reparten en: 329 de turno libre, 72 de promoción interna, 8 de discapacidad intelectual y 20 de discapacidad general.

Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal funcionario, que conforman el sector de Administración General, cuya Mesa Sectorial se celebrará este jueves. Siendo el siguiente paso, la celebración de la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

Los y las profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Extremadura llevan años recorriendo cientos de kilómetros para atender a los centros repartidos por la región. Es una rutina asumida casi como parte del oficio, pero también una carga económica que ha ido cayendo sobre sus propios bolsillos. Después de mucho tiempo reclamando soluciones y de una reunión con responsables de Educación en julio de 2025 que, según el colectivo, dejó compromisos claros, pero nunca ejecutados, han decidido plantarse.

El detonante ha sido el nuevo sistema de indemnizaciones por razón de servicio. El decreto que actualiza las compensaciones elevó el pago por kilómetro de 0,22 a 0,26 euros, pero introdujo un cambio que ha tenido más impacto que esa subida: la media dieta solo se puede cobrar si el regreso al centro de trabajo se produce después de las 16.00 horas. Hasta este curso, bastaba con volver más tarde de las tres para tener derecho a esa compensación, algo habitual en una actividad que obliga a desplazarse entre localidades y encadenar visitas a distintos centros. Con la nueva norma, la mayoría de esos trayectos deja de computar y la media dieta desaparece en casi todas las jornadas. Para los equipos de orientación, eso supone una pérdida directa de ingresos que antes ayudaba a equilibrar el coste real de los kilómetros recorridos. El problema es que, aunque sus rutas habituales incluyan localidades como Valdesalor o Montánchez, no pueden justificar que regresan más tarde de las cuatro, y sin esa acreditación la compensación se esfuma.

Pero este conflicto no nace hoy, es una reivindicación que viene de lejos. Los EOEP no están reconocidos plenamente como centros educativos, pese a que su labor está directamente vinculada a los colegios e institutos. Esa falta de reconocimiento tiene efectos prácticos: durante años han encontrado obstáculos para acceder a proyectos e iniciativas en igualdad de condiciones que otros centros.

También reclaman que se valore económicamente la responsabilidad de quienes ejercen funciones directivas. Los equipos tienen direcciones y profesionales que organizan, gestionan y coordinan el trabajo, pero la compensación económica no guarda relación con esas tareas. “Yo como directora cobro 50 euros más al mes”, explica una orientadora que, además de su labor habitual, coordina a un equipo de 13 personas.

La reivindicación llegó formalmente a la Administración y desembocó en una reunión el 28 de julio de 2025 con responsables de la Consejería de Educación y representantes de los equipos de Badajoz y Cáceres. Según el colectivo, aquel encuentro marcó un punto de inflexión: los responsables conocían el funcionamiento de los equipos y se comprometieron a estudiar su reconocimiento como centros educativos y a buscar una fórmula económica que compensara los desplazamientos. No se trataba necesariamente de crear un complemento nuevo, sino de revisar los existentes y adaptar alguno a la realidad de estos profesionales. La idea era vincular la compensación a los kilómetros recorridos pero nada de aquello ha llegado a materializarse y todos los compromisos quedaron en el aire.

Los cambios políticos y la reestructuración de la consejería hicieron que “las conversaciones se diluyeran”. Durante el curso siguiente, los equipos pidieron retomar la negociación. Insistieron varias veces y no obtuvieron respuesta. Tampoco ha habido respuesta a elDiario.es por parte de la Junta de Extremadura a las consultas realizadas al respecto.

Este curso han vuelto a formalizar la reclamación, esta vez con un respaldo abrumador: 273 de los 303 profesionales de los EOEP han firmado el escrito, más del 90%.

La petición va más allá del dinero. Reclaman que la Junta reconozca a los equipos como centros educativos, que se valore económicamente la responsabilidad de quienes ejercen funciones directivas y que se establezca una solución estable para los desplazamientos que no obligue a usar el coche particular como herramienta estructural del sistema.

La alternativa tampoco tiene por qué limitarse al kilometraje. Piden que la Administración estudie fórmulas de transporte que garanticen los desplazamientos sin cargar el coste sobre los trabajadores.

Así que ese es ahora el núcleo del conflicto. Los profesionales insisten en que no están planteando dejar de prestar el servicio. Lo que cuestionan es que para poder hacerlo tengan que poner obligatoriamente sus vehículos particulares a disposición de la Administración. “Yo no me niego a trabajar, pero yo no tengo coche. ¿Entonces qué hago?”, plantean.

Su labor —evaluaciones, seguimiento, asesoramiento e intervención en centros de distintas localidades— depende de la movilidad. En una comunidad con una dispersión territorial tan marcada, el problema trasciende la nómina: ¿quién debe asumir el coste de que un servicio público tenga que desplazarse de un municipio a otro?

El ultimátum: dejar de poner el coche particular

Ante la falta de respuesta, los y las profesionales han decidido hacer pública su reivindicación y advierten de que, si no hay solución, dejarán de poner sus vehículos particulares a disposición de la Administración. No renuncian a sus funciones: seguirán trabajando, pero será la Junta quien deba garantizar cómo se realizan los desplazamientos.

La protesta llega después de un año de escritos, solicitudes y reclamaciones sin que los compromisos de julio de 2025 hayan cristalizado en una solución. Lo que empezó como una reivindicación histórica sobre el reconocimiento de los equipos ha terminado convertido en un conflicto sobre algo tan básico como quién paga el desplazamiento necesario para que un servicio público llegue a todos los centros.

Porque para los orientadores el problema no es solo cuánto cuesta cada kilómetro, es que, después de años recorriéndolos, la Administración sigue contando con sus coches como si fueran un recurso más del sistema educativo. Y esto es poner una parte de su sueldo al servicio de la administración pública regional.

Mañana miérocles, se realizará una concentración en la puerta del edificio Múltiples a las 08.30 horas.

Respuesta institucional

La Consejería de Educación confirma que tiene constancia de contactos y reuniones mantenidas en los últimos años con representantes de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica para abordar sus condiciones de trabajo. Sin embargo, señala que, en relación con la reunión del 28 de julio de 2025, la documentación disponible en la actualidad no recoge ningún acuerdo ni compromiso formalizado por escrito sobre la equiparación de los EOEP a centros educativos ni sobre la creación de un complemento específico.

El departamento admite que en aquel encuentro pudieron tratarse estas cuestiones o expresarse verbalmente la voluntad de estudiarlas, pero subraya que no puede otorgar carácter de compromiso administrativo a asuntos de los que no existe constancia documental. Añade que, pese a que los EOEP hayan mantenido contactos posteriores con la Administración, los actuales responsables no han recibido ningún expediente ni acuerdo culminado que permita considerar aprobadas las medidas reclamadas.

La consejería afirma que ambas cuestiones están en análisis. Recuerda que implican cambios organizativos, económicos y normativos y que requieren un estudio detallado antes de adoptar decisiones. En cuanto a los desplazamientos por razón de servicio, explica que el análisis debe hacerse desde una perspectiva global, dado que otros profesionales también realizan desplazamientos frecuentes. El objetivo, sostiene, es encontrar soluciones viables, sostenibles y equitativas.

El departamento reconoce que el inicio de curso concentra una elevada carga de trabajo y obliga a priorizar escolarización, plantillas y funcionamiento ordinario de los centros, pero asegura que la cuestión no está aparcada. Una vez se disponga de alternativas y de su valoración técnica y económica, se abordarán con los colectivos afectados.

Además expresa su voluntad de escuchar a los profesionales de los EOEP y de trabajar sus reivindicaciones mediante diálogo y negociación, destacando la importancia de su labor en una comunidad con la dispersión territorial de Extremadura. Precisa que los desplazamientos cuentan actualmente con compensación económica por kilometraje y que la condición itinerante está reflejada en la organización horaria de estos profesionales. Lo que se plantea ahora, añade, es avanzar sobre el sistema existente mediante nuevas medidas, como un complemento adicional o fórmulas alternativas de transporte.

Respecto al anuncio de dejar de utilizar vehículos particulares, llama a la “responsabilidad” de todas las partes. Reconoce el derecho a plantear reivindicaciones, pero recuerda la obligación de garantizar la atención al alumnado y a los centros, especialmente en zonas rurales.

Sobre la equiparación de los EOEP a centros educativos, advierte de que no es una cuestión nominal y que puede tener consecuencias administrativas, organizativas, presupuestarias y retributivas que deben analizarse con rigor. Considera especialmente necesario estudiar el reconocimiento de las responsabilidades que asumen las direcciones de los equipos, en un contexto en el que se ha reforzado la atención a la diversidad y la orientación educativa, aumentando también las tareas de coordinación y gestión.

La paradoja es que la anterior consejera de Educación, Mercedes Vaquera, reconoció públicamente el 2 de octubre del año pasado que era necesario atender las demandas de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Lo hizo durante un acto institucional en Villanueva de la Serena, en el que calificó esas reivindicaciones como “una cuestión de justicia”, admitiendo que el modelo vigente debía revisarse para adecuarlo al trabajo real que desempeñan estos profesionales.

La comisión negociadora del nuevo convenio colectivo del personal laboral del Gobierno de Cantabria ha expresado la urgencia de “acelerar la negociación” por ambas partes ante la necesidad firmar el documento para finales de octubre, inicios de noviembre, “si se quiere asegurar el abono de la parte que correspondería a este año”, después de conocer la propuesta de Presidencia de un aumento a cinco millones de euros de la financiación prevista.

“Queremos seguir negociando el articulado para terminar de concretar qué reclamaciones son aceptadas por la parte de la Administración”, han explicado los sindicatos en comunicado tras mantener una cita negociadora este jueves con la Consejería de Presidencia, una semana después de concluir su encierro de protesta en la sede gubernamental de Peña Herbosa.

Según han explicado, la Administración “no ha hecho entrega de ningún tipo de documentación, ni la semana pasada ni ésta”, pero se ha comprometido a aumentar a cinco millones la financiación del IX Convenio colectivo, es decir comprometer 1,5 millones más de los 3,5 que figuraban en la partida prevista, y ha indicado “unilateralmente cómo realizaría ese reparto que se abonaría en tres anualidades”.

Además, el comité ha indicado que el Gobierno “no se compromete” a una retroactividad a 1 de enero de 2026, cuestión que han planteado los sindicatos, y ha subrayado la necesidad de un acuerdo de Consejo de Gobierno con la ampliación de la financiación.

Por otra parte, los sindicatos han incidido en la necesidad de consultar a los trabajadores sobre la propuesta y han afirmado que “ya se había comunicado a todas las consejerías la convocatoria de asambleas por el territorio antes de la reunión de hoy”.

Finalmente, han apuntado “la sorpresa” que ha supuesto que la Administración haya decidido “unilateralmente abandonar la reunión, sólo 45 minutos después de empezar”, cuando los sindicatos habían trasladado su voluntad de negociar y su “buena fe, incluso pidiendo a personas trabajadoras que nos lo habían solicitado que no se concentraran hoy fuera de la sede del Ejecutivo” y no habían cuestionado la ampliación financiera “en ningún momento”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la nueva Ciudad Administrativa de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, levantada tras la rehabilitación integral del antiguo Hospital del Carmen y llamada a concentrar en un único complejo las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a alrededor de 1.200 empleados públicos.

La apertura culmina una de las principales actuaciones incluidas en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025 y recupera para el uso público uno de los mayores edificios de la capital, con una inversión global de 40 millones de euros, de los que 11 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

Los empleados públicos desarrollarán su trabajo ahora en estas dependencias tras ser reformado un inmueble que, según Page, llegó a convertirse en un problema para la capital por su deterioro y la presencia de ocupaciones después de quedar sin uso.

“Lo que era un enorme marrón para Ciudad Real ha dejado de serlo”, ha resumido, destacando que la recuperación permite ahora ofrecer un “servicio público de calidad” y concentrar en un mismo espacio gestiones hasta ahora repartidas entre distintos puntos de la ciudad.

García-Page, igualmente, ha destacado el papel desempeñado en el proyecto por el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, de quien ha dicho que “Josele es coautor de todo lo que pasa en Ciudad Real”, y ha reivindicado la capacidad de Castilla-La Mancha para gestionar los fondos europeos que han contribuido a financiar la actuación.

Un proyecto que data de 2018

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018, cuando Junta de Castilla-La Mancha, Diputación y Ayuntamiento firmaron el protocolo para trasladar al antiguo Hospital del Carmen los servicios administrativos autonómicos.

La Diputación, entonces presidida por Caballero y propietaria del inmueble, cedió gratuitamente el edificio a la Junta, operación que quedó formalizada en 2019.

Precisamente, el hoy vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido la “alegría” que supone para él ver culminado un proyecto que comenzó a impulsarse durante su etapa como presidente de la Diputación y que, según ha defendido, demuestra que se ha cumplido “con el compromiso de la palabra dada”.

Ha recordado que hubo quienes dudaron de que la Ciudad Administrativa llegara a materializarse y ha contrapuesto aquellas críticas con una realidad que permitirá trabajar en el mismo recinto a unos 1.200 servidores públicos.

“Hemos abordado proyectos que realmente transforman y quedan para décadas”, ha defendido.

También ha cargado contra la gestión realizada durante la etapa de María Dolores de Cospedal, asegurando que en 2013 el inmueble quedó “completamente” abandonado y fue objeto de expolio y deterioro.

A su juicio, esa falta de protección terminó encareciendo una rehabilitación que posteriormente tuvo que afrontar el actual Gobierno autonómico.

El vicepresidente segundo ha avanzado además que la Junta abordará ahora los proyectos destinados a proporcionar nuevos usos a los edificios administrativos que han quedado vacíos, principalmente viviendas de alquiler asequible, como consecuencia de la concentración de servicios en la nueva sede.

La inauguración ha supuesto también el primer acto público de Leire Iglesias como secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, cargo para el que fue nombrada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre.

Iglesias ha reivindicado la rehabilitación del antiguo hospital como ejemplo de una política basada no solo en construir, sino también en “mantener, regenerar y reutilizar espacios urbanos”.

Por parte de la Diputación, su vicepresidenta segunda, Sonia González, ha celebrado la puesta en marcha de un complejo que ha permitido transformar el antiguo hospital y ha deseado que se convierta en una Administración “abierta y útil” y centrada en el bienestar de la provincia.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado el resultado como una “obra magnífica” en un inmueble que durante años prestó servicio sanitario a la ciudad.

Cañizares ha valorado la decisión de agrupar unas dependencias de la Junta que hasta ahora se encontraban dispersas y en algunos casos deterioradas, y ha considerado que la rehabilitación ha convertido el antiguo hospital en un nuevo “hito para Ciudad Real”.

La derecha y la ultraderecha hoy ganan votos prometiendo eliminar trámites administrativos para poder construir, prometiendo relajar los controles medioambientales, acabar con reglamentos contra la homofobia, la brecha de género o los abusos laborales… Hemos pasado de tener consejerías de Igualdad, de Ordenación del Territorio o de Cambio Climático, nomenclaturas que intentaban al menos quedar bien, a inaugurar consejerías de Desregulación. De momento hay cuatro: en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde el PP y Vox gobiernan en coalición. 

¿Qué es esto de la desregulación? ¿Es la teoría liberal, neoliberal, de toda la vida, con otro nombre? ¿Tiene otros matices, otras consecuencias? Lo analizamos con Eduardo Garzón, economista, y con Franco Delle Donne, experto en movimientos de ultraderecha. Con Antonio Vega, director de elDiario.es en Castilla y León, recordamos uno de los episodios más sintomáticos de estas políticas.

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En términos de comunicación lo habitual es que la actualidad se imponga y sobre todo con temas que promueven la confrontación y el espectáculo. Sin embargo, hay cuestiones enquistadas con las que convivimos, las normalizamos y las padecemos en silencio y tal vez sin nombrar. En este sentido, la burocracia sigue presente en las Administraciones públicas. No se trata, pues, de una moda ni de un “virus pasajero”, es fruto de la evolución histórica y del propio proceso de modernización de la sociedad; aunque detrás de una forma racional de organización de las tareas administrativas se han instalado una serie de prácticas y vicios que hacen que su actividad no tenga como centro de referencia la agilidad en la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Desde la época de transición a la democracia donde se produjeron algunos cambios, sobre todo en los criterios de selección para el acceso a la función pública que hoy necesitarían una revisión, la reforma de las administraciones públicas no ha sido una prioridad política, tal vez porque tampoco haya sido una preocupación explícita de la opinión pública. Tampoco parece que este tema les resulte sugerente ni divertido a los profesionales y agentes que se encargan de generar opinión y fabricar debates y polémicas de confrontación dialéctica.

La burocracia constituye uno de los pilares fundamentales de la organización administrativa moderna

Genera confrontación política el hecho de pagar impuestos y la cuantía de los mismos, porque esto toca directamente el bolsillo de las personas contribuyentes. Sin embargo, nadie puede negar que esta aportación sea necesaria para mantener servicios públicos necesarios y que estos sean de calidad y lleguen a todas las personas. La cuestión no está tanto en lo que aportamos como contribuyentes para el sostenimiento de estos servicios, sino en cómo se gestionan los mismos y si se exploran al máximo los criterios de eficacia y de eficiencia.

La burocracia constituye uno de los pilares fundamentales de la organización administrativa moderna. Aunque en el lenguaje cotidiano suele asociarse con trámites excesivos, lentitud o rigidez, desde una perspectiva técnica la burocracia representa un modelo racional de organización diseñado para gestionar de forma eficiente tareas complejas y garantizar la aplicación imparcial de las normas. Para muchos autores que han estudiado este fenómeno en el ámbito de la Ciencia de la Administración, su desarrollo ha estado estrechamente vinculado a la construcción del Estado moderno y a la expansión de los servicios públicos. Entre los autores que más han contribuido a su comprensión destaca el sociólogo alemán Max Weber, cuya teoría burocrática sigue siendo una referencia esencial en los estudios de Administración Pública.

Según Weber, la burocracia se fundamenta en la autoridad racional-legal, es decir, en la obediencia a normas y procedimientos establecidos legalmente, y no a la tradición o al carisma personal de los dirigentes. Para él, este modelo permitía una gestión más previsible, estable y eficaz de las organizaciones públicas y privadas.

La existencia de normas reguladoras, procedimientos administrativos, jerarquías funcionales y sistemas de selección basados en mérito y capacidad refleja claramente la influencia del modelo weberiano

No obstante, Weber también advirtió sobre ciertos riesgos, como la excesiva rigidez normativa y la posibilidad de que los individuos quedaran atrapados en una estructura administrativa excesivamente racionalizada, fenómeno que describió metafóricamente como la “jaula de hierro” de la burocracia moderna.

Desde hace décadas la burocracia ha tenido voces críticas señalando problemas como el exceso de formalismo en los procedimientos, la lentitud de los trámites administrativos, la resistencia al cambio y a la innovación, el distanciamiento respecto a las necesidades reales de los ciudadanos y la escasa orientación a los resultados y al impacto social de las actuaciones.

Estas críticas impulsaron nuevas corrientes de reforma administrativa, entre las que destacó la Nueva Gestión Pública (New Public Management), que buscó incorporar métodos de gestión propios del sector privado, enfatizando la eficiencia, la evaluación del desempeño y la orientación al usuario.

En la actualidad, las Administraciones públicas continúan organizándose, en gran medida, según principios burocráticos. La existencia de normas reguladoras, procedimientos administrativos, jerarquías funcionales y sistemas de selección basados en mérito y capacidad refleja claramente la influencia del modelo weberiano.

El retraso de estas innovaciones con respecto al desarrollo tecnológico de las actividades privadas de la vida cotidiana, por un lado, y la brecha digital, por otro, que impide que muchas personas principalmente mayores puedan acceder a las fuentes de información y a los procedimientos electrónicos

No obstante, la burocracia contemporánea está inmersa en un proceso de importantes transformaciones impulsadas por la digitalización, la administración electrónica y los intentos de avanzar en transparencia y simplificación de trámites administrativos. La implantación de sedes electrónicas, expedientes digitales, firma electrónica y sistemas automatizados de gestión administrativa busca reducir cargas burocráticas y mejorar la relación entre ciudadanos y administraciones. Pero el retraso de estas innovaciones con respecto al desarrollo tecnológico de las actividades privadas de la vida cotidiana, por un lado, y la brecha digital, por otro, que impide que muchas personas principalmente mayores puedan acceder a las fuentes de información y a los procedimientos electrónicos, hacen que para mucha gente estos cambios sean inapreciables.

A pesar de estos avances, persisten algunos desafíos tradicionales, como la complejidad normativa, la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la necesidad de equilibrar seguridad jurídica y agilidad administrativa. Por ello, las reformas actuales no persiguen la eliminación de la burocracia, sino su modernización y adaptación a las exigencias de una sociedad digital y cada vez más demandante de servicios públicos eficaces.

Actualmente, el reto consiste en compatibilizar la seguridad jurídica con la innovación tecnológica, la eficiencia y una mayor orientación al ciudadano, configurando una administración más ágil sin renunciar a las garantías propias del Estado de derecho.

Lástima que en este país prestemos infinitamente más atención a las cuestiones que generan polémica, confrontación y espectáculo, que a aquellas que son más aburridas, conllevan alguna complejidad técnica y no cuentan con una clara demanda ciudadana

La agilidad de la Administración y la adecuación de las prestaciones a las necesidades reales de las personas que necesitan protección social y servicios públicos esenciales de calidad debería ser una prioridad que como cualquier reforma en profundidad requiere de un amplio consenso político y social (tal vez sea mucho exigir a la política actual); pero ello no puede servir de justificación para no abordar sus problemas, porque como es bien sabido los grandes problemas no se resuelven aparcándolos ni posponiéndolos, porque hoy lo que más daño produce en las personas que necesitan acceder a los servicios públicos no es solo su existencia o la calidad de los mismos, sino los tiempos de espera que en muchos casos producen auténtica desesperación.

Lástima que en este país prestemos infinitamente más atención a las cuestiones que generan polémica, confrontación y espectáculo, que a aquellas que son más aburridas, conllevan alguna complejidad técnica y no cuentan con una clara demanda ciudadana; aunque en el fondo son mucho más necesarias y producen un impacto social mayor en la mejora de la calidad de vida de la gente, contribuyendo a reducir la desafección con la política, porque en el fondo nada desanima más a la gente que la sensación de que los servicios públicos que son financiados con el esfuerzo de los contribuyentes no funcionen como debieran.

Es necesario hablar de lo que no se habla, porque algunas cuestiones silenciosas o silenciadas están en la base de los problemas que realmente le afectan a la gente.

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

El Ministerio de Función Pública estudia con las comunidades autónomas sancionar a gestores públicos por el abuso de interinos en la Administración, según ha adelantado El País y confirma a elDiario.es el departamento que lidera Óscar López. El Ministerio está tratando de acotar y cifrar el problema de abuso, que por el momento cifra en “menos de 200.0000” trabajadores temporales.

La medida está debatiéndose junto a otras iniciativas y cambios legales para reducir notablemente los trabajadores temporales en el sector público (casi un tercio en la actualidad frente a la meta establecida del 8%), por lo que Bruselas tiene abiertos varios expedientes contra España.

La sanción a gestores públicos está aún siendo debatida en la mesa de negociación abierta con las comunidades y ayuntamientos, las que más temporales tienen, y presenta la dificultad de acotar a qué nivel y cargo público dirigir la responsabilidad del abuso de interinos y, por tanto, la sanción que finalmente se establezca, explica El País.

Así, por ejemplo, ante el abuso de sanitarios interinos en un hospital, se presenta la discusión de qué gestor es el verdadero responsable de esta situación. Muchas veces, el recurso a interinos es la única manera de atender el servicio público en cuestión, ante la falta (o demora) de las convocatorias de plazas estables.

elDiario.es ha consultado a Función Pública si se baraja sancionar a cargos políticos, como Consejeros de Sanidad o Educación, por ejemplo, dos de los sectores con más interinos, pero no ha dado detalles al respecto.

“Respecto a las medidas las estamos trabajando con las Comunidades Autónomas porque al final son ellas las que tendrán que adoptarlas, que son las que tienen el problema”, responden en el Ministerio de Óscar López. La próxima reunión con las CCAA es el próximo 24 de septiembre, añaden estas fuentes.

El Ministerio cifra el abuso en menos de 200.000 trabajadores

El Gobierno además está estudiando hasta dónde alcanza el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, para responder a la Comisión Europea en los expedientes abiertos contra España por este motivo, que pueden derivar en una demanda contra nuestro país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Aunque aún no ha cerrado la cifra de afectados, el Ministerio de López precisa que no todos los temporales públicos –casi un millón de personas, un 32% del total de trabajadores del sector– están en una situación de abuso.

De momento, Función Pública sitúa el problema “por debajo de los 200.000” trabajadores temporales, que son las personas que llevan tres años en esta situación, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público “fija un límite general de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes”, recuerdan en el Ministerio, cambio introducido en 2021 en el paquete de medidas contra la temporalidad abusiva del entonces ministro Miguel Iceta.

“Sin embargo, no todos los interinos que llevan más de tres años estarían en situación de abuso”, por lo que aún tienen que acotar bien el dato, añaden en el departamento de Óscar López.

Bruselas apremió a España responder antes del 30 de junio –con dos meses de plazo– sobre cómo está atajando este problema, que la justicia europea volvió a decir el pasado abril que España no está sancionando de manera adecuada. Tras ello, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia en la que estableció las condiciones para hacer fijos a interinos en abuso, así como a las indemnizaciones económicas para resarcir los daños a los afectados por esta irregularidad.

El Gobierno no llegó al plazo de finales de junio y pidió a la Comisión Europea más tiempo, hasta marzo de 2027, para dar una respuesta sobre la magnitud del problema y las medidas para resolverlo, que es la que está negociando con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para la que ha consultado también a los sindicatos más representativos.

El Gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura ha anunciado la puesta en marcha de su Estrategia de Desregulación Administrativa, un plan con el que pretende simplificar los procedimientos burocráticos y que incorpora como una de sus principales novedades el compromiso de trabajar para implantar, “dentro del marco jurídico vigente y en el ámbito de sus competencias”, el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas.

La medida ha sido anunciada este lunes por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, dirigida por Vox, tres meses después de la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico y tras la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el objetivo de esta estrategia es eliminar trabas administrativas, agilizar la relación de la ciudadanía, los trabajadores autónomos y las empresas con la Administración y construir una gestión pública “más ágil, eficiente y útil”.

En ese contexto, el Ejecutivo regional señala que trabajará para implantar el principio de prioridad nacional en la concesión de ayudas públicas, con el objetivo de dar “atención prioritaria a las necesidades de los españoles y, especialmente, de los extremeños”, siempre dentro del marco jurídico vigente y de las competencias autonómicas.

La estrategia constituye, según el Gobierno extremeño, el primer paso de un plan más amplio destinado a revisar y simplificar aquellos procedimientos administrativos que generan cargas innecesarias o dificultan el acceso a los servicios públicos.

Entre las primeras medidas anunciadas figura la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa en aquellos servicios donde continúe siendo exigida y no resulte imprescindible por motivos técnicos u organizativos. La Junta considera que esta herramienta debe estar “al servicio del ciudadano” y no convertirse en un requisito que limite el acceso a la Administración.

El plan también contempla la implantación progresiva de una vía rápida administrativa basada en tres ejes. El primero será el desarrollo de una ventanilla única que facilite la realización de trámites ante las distintas administraciones públicas.

Asimismo, prevé aplicar el silencio administrativo positivo siempre que la normativa lo permita, con el objetivo de acelerar la respuesta de la Administración y reforzar la seguridad jurídica, así como desarrollar el principio del dato único para evitar que la ciudadanía tenga que presentar documentación que ya obre en poder de cualquier administración pública.

La Junta asegura que la estrategia contará con la participación de la ciudadanía, los autónomos y las empresas, que podrán trasladar propuestas e identificar procedimientos que consideren innecesarios o excesivamente complejos.

Con ese fin, el Ejecutivo pondrá en marcha en los próximos días un Buzón de Desregulación, concebido como un canal permanente para recibir sugerencias y plantear medidas orientadas a la simplificación administrativa.

Cinco personas adultas entraron en el colegio de María cuando acababa las clases. Dos de ellas eran agentes de la Policía. La niña, de siete años, llevaba 17 meses viviendo con una familia de acogida en un pequeño municipio andaluz. Había dejado atrás buena parte de los terrores nocturnos con los que llegó, tenía amigas, hacía teatro por las tardes y preguntaba con insistencia si podría graduarse con su clase al terminar el curso. Aquella tarde no volvió a casa porque la administración había decidido retirársela a su familia de acogida para entregársela a la de adopción pese a la oposición de la niña.

María -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las menores que, según asociaciones de familias de acogida y especialistas en protección infantil, ilustran un problema que Andalucía arrastra desde hace años. En 2021, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Infancia y Adolescencia que pretendía facilitar el tránsito entre el acogimiento y la adopción para evitar cambios innecesarios de familia cuando ello respondiera al interés superior del menor. Cinco años después, ese desarrollo reglamentario sigue pendiente y, según denuncian diferentes fuentes, la práctica apenas ha cambiado y los menores siguen en un “limbo jurídico”.

“No son casos aislados. Es más una forma de proceder”, dice María Ferrándiz, asesora jurídica de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). La Junta de Andalucía rechaza esa visión. Preguntada por este periódico, la Consejería de Inclusión Social asegura que “se está trabajando en el desarrollo reglamentario de manera ambiciosa y con perspectiva de presente y futuro, poniendo al menor en el centro de todas las decisiones”.

Añaden desde la Consejería que “siempre se busca el interés superior del menor y la medida más estable”, y que el acogimiento y la adopción priorizan que los menores crezcan en una familia. No concretan, sin embargo, cuándo estará aprobado ese reglamento ni responden a por qué no se ha articulado mientras tanto un mecanismo que adapte la práctica administrativa al nuevo modelo. En esa tesitura, emergen historias como la de María y su familia de acogida.

“La dejaba llorando y la recogía llorando”

Cuando llegó a casa de Loli y José tenía cinco años. Había sido separada previamente de su familia biológica y, según la documentación aportada por sus acogedores, apenas hablaba, sufría frecuentes terrores nocturnos y arrastraba importantes dificultades emocionales. Con el tiempo, empezó a confiar.

Fue haciendo amigas en el colegio, comenzó actividades extraescolares, conocía a los vecinos del pueblo y, poco a poco, aquella casa dejó de ser un recurso temporal para convertirse en su hogar. Entonces, la Junta comunicó que la menor había pasado a ser adoptable. La pareja pidió ser valorada como familia adoptiva. También propuso una acogida permanente. Ambas posibilidades fueron descartadas alegando un seguimiento y unos informes que la familia niega, comenzando así el denominado proceso de acople con otra familia preseleccionada para la adopción. Según cuenta Loli, la transición nunca llegó a funcionar.

Cuando la niña se quedaba con su nuevo padre adoptivo, rechazaba cualquier contacto. “La dejaba llorando y la recogía llorando”, recuerda la madre de acogida. La niña, asegura, terminó dos veces en urgencias por crisis de ansiedad, y preguntaba si iba a poder terminar el curso con sus compañeros, si podría representar la obra de teatro que llevaba meses preparando o si seguiría viviendo allí. La familia de acogida pidió más tiempo, al menos hasta finalizar el curso escolar. También solicitó que la menor fuera escuchada, pero nada cambió, de acuerdo a su relato.

Semanas después, María salió del colegio acompañada por cinco adultos. Desde allí fue trasladada a un centro de protección para continuar el proceso de adopción. Hoy todo forma parte de un procedimiento judicial, tras una demanda presentada contra la Junta por parte de la familia de acogida. Para las asociaciones, el problema de fondo es que no es un caso aislado y que desde el Ejecutivo regional no acaban de desarrollar una normativa que acabe con situaciones tan dolorosas para los menores y las familias.

Un problema enquistado

Durante décadas, el acogimiento familiar y la adopción han funcionado como dos medidas claramente diferenciadas. El acogimiento tenía vocación temporal. La adopción era otra fase distinta. El problema, según cuentan las fuentes consultadas para este reportaje, aparece cuando ese tiempo provisional deja de serlo. Cuando un niño pasa año y medio, dos o tres años viviendo con una familia, crea amistades, rutinas y vínculos afectivos que ya no responden a la lógica administrativa con la que nació el acogimiento. La pregunta es sencilla de formular y mucho más difícil de responder: ¿Qué debe pesar más en ese momento: el itinerario jurídico previsto por la Administración o la estabilidad emocional del menor?

Precisamente para responder a ese dilema, Andalucía aprobó en 2021 una ley que abría la puerta a flexibilizar el paso entre acogimiento y adopción. Aunque la ley no regula expresamente la denominada “adoptabilidad sobrevenida”, ese concepto ha ido ganando peso en el ámbito técnico. Se refiere a los casos en los que un menor llega a una familia mediante un acogimiento temporal y, durante ese proceso, pasa a ser susceptible de adopción. El manual sobre valoración de la idoneidad elaborado para la Junta por el psicólogo Jesús Palacios sostiene que, en esas situaciones, debe valorarse prioritariamente la continuidad con la familia acogedora cuando ello responda al interés superior del menor.

Sin embargo, las asociaciones sostienen que ese cambio nunca se ha trasladado realmente a la práctica. “La ley pretendía eliminar el muro entre acogimiento y adopción, pero cinco años después sigue sin desarrollarse”, explica Ferrándiz. Según relata, la consecuencia es que muchas familias acogedoras continúan encontrándose con la misma situación. “Tú puedes estar inscrita para adoptar, pero eso no significa que tengas prioridad para adoptar al niño que ya vive contigo. Si otra persona ocupa un lugar preferente, el menor cambia de familia. Eso va totalmente en contra del espíritu de la ley”.

Lo que hace unos años era un debate exclusivamente jurídico, hoy también es psicológico. Según explica la propia Loli, que es a su vez educadora social, la teoría del apego “ocupa un lugar central en la protección infantil” y cada vez más especialistas sostienen que romper un vínculo seguro supone añadir un nuevo episodio traumático a menores que ya han sufrido experiencias de abandono o violencia.

En el caso de María, esa idea la concreta en un informe pericial encargado por la propia familia el psicólogo Javier Múgica y que se ha incorporado al procedimiento judicial. Su conclusión es que la niña había construido un apego seguro con la familia acogedora y una nueva separación suponía un riesgo importante para su desarrollo emocional. Pero más allá de este caso, el informe va mucho más lejos: las relaciones de apego no son vínculos fácilmente sustituibles. Loli lo explica con una frase sencilla: “La meta debe ser el apego seguro. La meta no puede ser un papel de adopción”. Porque no cuestiona la adopción, sino que cuestiona que el expediente administrativo prevalezca automáticamente sobre la realidad emocional de un niño.

Más casos similares

Esa es precisamente la idea que hoy defienden las asociaciones de acogimiento. “No tiene sentido que un niño pase dos años en acogimiento y después tenga que empezar de cero con otra familia”, sostiene Ferrándiz. Su propuesta es “que transiten las medidas y no los niños”. Es decir, que cuando un menor ya ha encontrado estabilidad, sea la figura jurídica la que cambie -de acogimiento a adopción o a acogimiento permanente- y no el niño quien vuelva a perder el entorno que ya considera suyo.

Porque las asociaciones aseguran que el caso de María no es excepcional. No en vano, durante las entrevistas realizadas para este reportaje aparecen otros nombres y otras historias. Por ejemplo: una familia que pidió esperar apenas unas semanas para que las menores terminaran el curso escolar, pero que tampoco le dejaron hacerlo. Otra que acabó litigando hasta conseguir que los tribunales reconocieran su derecho a adoptar y ahora se dedica a asesorar a personas en su misma situación.

Madres y padres acogedores que, según relatan, viven con miedo a discrepar de las decisiones administrativas por temor a perder la idoneidad para futuros acogimientos. No existen datos públicos que permitan cuantificar cuántos casos similares se producen cada año en Andalucía. Pero quienes llevan años trabajando en este ámbito coinciden en una idea: el debate ya no gira únicamente en torno a las familias acogedoras, sino de los propios niños.

Cinco años después de la aprobación de la Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, el reglamento que debía desarrollar ese nuevo modelo sigue pendiente. Para María y su familia de acogida, sin embargo, el problema no empezó con una ley ni con un informe psicológico. Empezó el día en que salió del colegio rodeada de cinco personas adultas y dejó atrás la habitación en la que, después de mucho tiempo, había aprendido a dormir sin miedo.

Las trabajadoras de la residencia de mayores El Cuartillo, en Cáceres, vuelven a denunciar una situación que, aseguran, agrava el malestar existente en el centro. Después de hacer pública la falta de personal y la sobrecarga asistencial que soportan desde hace meses, ahora denuncian el retraso en el cobro de parte de sus retribuciones debido a una incidencia administrativa comunicada por la propia dirección del centro.

Según un escrito interno remitido a la plantilla y al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, la Dirección General de Función Pública ha limitado temporalmente la actividad en SIRHUS, el sistema de gestión de recursos humanos utilizado por la Junta de Extremadura para tramitar las nóminas, los expedientes de personal y otras incidencias laborales.

La comunicación explica que esa limitación permanecerá vigente entre el 15 de julio y el 12 de agosto, con el objetivo de adaptar el sistema a la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura y realizar la correspondiente carga presupuestaria.

Como consecuencia, el documento informa de que no podrán abonarse en la nómina de agosto los denominados Complementos Específicos Especiales correspondientes al mes de julio, por lo que su pago se retrasará hasta la nómina de septiembre.

Estos complementos retribuyen circunstancias especiales de la jornada laboral, como las horas nocturnas, el trabajo realizado en domingos y festivos o los conceptos vinculados a la movilidad funcional, cuando un trabajador desempeña temporalmente funciones o puestos distintos de los habituales por necesidades del servicio.

Aunque la comunicación asegura que las cantidades no se perderán y se abonarán íntegramente un mes después, varias trabajadoras consideran que el aplazamiento supone un nuevo perjuicio para una plantilla que ya venía denunciando problemas estructurales en el funcionamiento del centro.

Hace apenas unos días, las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de El Cuartillo denunciaron públicamente que trabajan con una plantilla insuficiente, especialmente durante el periodo estival y cuando no se cubren bajas o vacaciones. Las profesionales alertaban de que esa situación repercute tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que reciben las personas mayores residentes y reclamaban que “trabajar al límite no puede convertirse en la norma”.

Ahora, sostienen que el retraso en el cobro de unos complementos que compensan precisamente los turnos más exigentes —como las noches, los domingos y los festivos— incrementa la sensación de falta de reconocimiento hacia un colectivo que mantiene la actividad asistencial durante todo el año.

En el escrito interno, firmado por la dirección del centro, se indica expresamente que la medida responde a una decisión comunicada por la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura derivada de las limitaciones temporales de SIRHUS y que todos los importes pendientes se incluirán en la nómina de septiembre.

Fuentes de la plantilla consultadas por elDiario.es aseguran que el comunicado ha generado un profundo malestar entre las trabajadoras. Una de las profesionales explica que ella misma conoció la decisión “por el grupo de compañeras”, ya que actualmente se encuentra de vacaciones, y afirma que la explicación ofrecida por la Administración no convence a buena parte de la plantilla. “Dicen que es un problema informático, pero esto es echar más leña al fuego”, resume.

La trabajadora señala que, además del retraso en el cobro de los complementos, continúa la preocupación por la falta de personal denunciada días atrás. En este contexto, explica que varias empleadas han mantenido conversaciones con representantes sindicales para valorar posibles movilizaciones.

Según su relato, algunas trabajadoras afiliadas a UGT trasladaron la situación al sindicato, con la intención de estudiar la convocatoria de una concentración a las puertas de la residencia para denunciar las condiciones laborales y la falta de cobertura de la plantilla. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida fue que el sindicato apuesta por mantener el diálogo con la Administración y que, si finalmente se convocan movilizaciones, deberán ser promovidas por las propias trabajadoras. “Ahora mismo nos sentimos solas, sin el apoyo del sindicato”, lamenta.

La misma fuente añade que, según la información trasladada tras una reunión mantenida entre representantes sindicales y Función Pública, los retrasos administrativos estarían relacionados con el proceso de estabilización del empleo público y con la reorganización derivada de las últimas convocatorias de plazas.

No obstante, la trabajadora cuestiona esa explicación. “A mí todo esto me suena a cuento chino”, afirma, al considerar que la falta de personal podía haberse mitigado con una mejor planificación de las contrataciones estivales. En su opinión, la Administración ha ofertado contratos de corta duración cuando “podían haber hecho contratos más largos o planificar incorporaciones en agosto, sabiendo que en julio había turnos sin cubrir”.

Las trabajadoras insisten en que el aplazamiento del cobro de los complementos llega en un momento de especial tensión en el centro, donde aseguran que la plantilla lleva meses reclamando más personal y mejores condiciones para garantizar una atención adecuada a los residentes.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes su plan estrella para reducir al mínimo la burocracia en los trámites urbanísticos. Para reducir los cuellos de botella que padece la Administración, el Govern ha optado por externalizar algunos de los procesos que más se demoran, como la validación de las licencias de obras, con el objetivo de reducirlos de casi un año a solo un mes.

El ‘Anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental’ persigue agilizar la construcción de vivienda, con la promesa de los 50.000 pisos asequibles en 2030 de fondo, pero también facilitar proyectos empresariales e industriales que el Govern considera que se ven lastrados por la burocracia. Con una modificación de hasta 15 normas, para el Ejecutivo de Illa es la una de las regulaciones más ambiciosa del mandato.

El texto, que pasa a exposición pública hasta septiembre y se aprobará previsiblemente en diciembre, actúa sobre todo en tres trámites concretos, en todos ellos para rebajar el tiempo de espera para los promotores: las licencias de obras, los planeamientos urbanísticos y las autorizaciones ambientales. Desde el Govern advierten que no se recortan requisitos ni se relaja ninguna legislación, sino que simplemente se modifican los procedimientos administrativos para acortarlos.

Illa lo ha anunciado en un acto del Govern en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca. El president ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo “es política de la buena, política útil”, así como aplicar “un cambio de mentalidad”.

De cara a las licencias de obras (ya sea para nueva edificación, rehabilitación o cambios de uso), el Govern quiere evitar que las carpetas se acumulen en la mesa de los técnicos municipales de los Ayuntamientos. Un trámite que por ley debería durar dos meses se alarga ahora nueve (la media del consistorio de Barcelona) o más de un año.

Para resolverlo, el anteproyecto de ley permite a los promotores aportar un certificado conforme cumple con todos los preceptos jurídicos y técnicos. Este documento podrá ser elaborado por una Entidad Colaboradora de Certificación del Ámbito Urbanístico (ECAU), empresas y entidades del sector autorizadas para ello. Desde el Departamento de Presidencia, responsables del plan, aseguran que estas entidades (despachos de arquitectos, urbanistas o ingenieros) estarán supervisadas y auditadas.

El Ayuntamiento, a través de la ordenanza municipal, podrá decidir si opera con la vía exprés o con la tradicional. Si es con la primera, el consistorio deberá otorgar la licencia en un mes. Y si es con la segunda, no podrá superar los dos meses que fija la ley. Si lo hace, se activará la vía rápida. Con lo cual, alegan desde el Govern, se acelerará sí o sí el trámite.

Una fórmula parecida, de externalización, se utilizará para otro proceso que el Govern tenía en el punto de mira: los planeamientos urbanísticos, que definen a qué usos se destina el suelo (industrial, urbano, etc). Hasta ahora, para aprobarlos había que pedir un informe “sectorial” a todos los departamentos afectados. Es decir, que para levantar un complejo industrial, hacía falta la validación desde ventanillas como medio ambiente, Protección Civil, la Agencia Catalana del Agua, equipamientos comerciales…

Ahora, con la nueva ley, de nuevo será el empresario el que podrá aportar estas certificaciones con profesionales acreditados de cada sector. Si la Administración no elabora los informes a tiempo, prevalecerán los redactados por el privado. Así, esperan rebajar de hasta doce meses a entre uno y dos los plazos para tirar adelante el planeamiento.

La simplificación llegará también a las autorizaciones ambientales. Cuestión sensible, el Govern insiste en que no se rebaja la exigencia en cuanto a la legislación ambiental. Pero sí suprime el trámite de “suficiencia e ideoneïdad”, que cambia por un modelo en el que el promotor ya deberá aportar toda la documentación necesaria. Y elimina el carácter “preceptivo y vinculante” del informe municipal.

La Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han creado una nueva cátedra que echará a andar a la vuelta del verano y ayudará a la Administración a ordenar y a interrelacionar bases de datos, a través de la investigación que realizará la misma, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Cátedra 'Inteligencia del Dato' tiene por objetivo que la investigación aplicada en materia de datos que desarrolle la Cátedra se transfiera hacia la Administración regional y posteriormente hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, para que esa labor de ordenación de distintos datos sirva para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Será financiada por el Ejecutivo regional con 290.000 euros.

“Fundamental” la gestión del dato

“Tenemos muchos datos en compartimentos distintos y hay que ponerlos a trabajar de manera conjunta, hay que interrelacionarlos”, ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la firma del convenio que pone en marcha esta cátedra, la cual ha realizado junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. Martínez Guijarro ha señalado que no es una tarea fácil desde el punto de vista técnico, y “hay que hacerlo con las suficientes garantías también desde el punto de vista jurídico”.

Por su lado, el rector de la Universidad regional ha mencionado que “en los tiempos que vivimos la gestión del dato es fundamental” y por ello “la cátedra va a contribuir a ello de una manera muy sólida” con “formación, investigación y transferencia de conocimiento”.

“El objetivo final de la Cátedra, basado en el conocimiento que tienen nuestros grupos en la universidad, es gestionar todos estos datos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo final y estoy convencido de que vamos a conseguirlo de manera conjunta”, ha augurado.

En el mundo científico raro es el investigador que no ha tenido que poner dinero de su bolsillo para un viaje de trabajo. O que se ha visto obligado a compartir habitación con un compañero durante un desplazamiento. También los hay que, para evitarse esas situaciones, han dejado de viajar o lo hacen mucho menos. Y eso es un problema en un sector en el que, buena parte de la labor de estos profesionales pasa, precisamente, por ir a congresos, bajar al terreno a tomar muestras de campo o realizar colaboraciones con otros colegas.

Las dietas que paga la Administración para estos desplazamientos se fijaron en 2002 y, desde entonces, no se han actualizado, denuncian los científicos. Un cuarto de siglo después, los 65 euros por noche y los 37 euros para tres comidas diarias que contempla el Real Decreto que lo regula se han quedado escasísimos, sostienen los investigadores. Y suponen, dicen, un obstáculo para desarrollar su trabajo.

“Es un tema conocido por todos”, sostiene César González-Pérez, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Santiago de Compostela. “Es fantasioso alojarse por 65 euros la noche en ciudades como Madrid o Barcelona; acabas teniendo que poner dinero de tu bolsillo. Un año perdí 4.500 euros, así que decidí minimizar los viajes de trabajo”, lamenta. “Es relativamente habitual poner dinero propio”, coincide María Luz, profesora en la Universidad de Granada (UGR).

El precio medio de una habitación de hotel en España fue de 166,1 euros por noche en 2025, un 4% más que el año anterior, según la consultora Cushman & Wakefield. En Madrid, esa media sube ligeramente, hasta los 168 euros por noche. Es más del doble de lo que paga la Administración, aunque buscando en plataformas online sí es posible encontrar habitaciones que rondan los 60-70 euros para días concretos.

“Pero encuentra tú una habituación por ese dinero para un congreso en València en junio”, cuenta María Luz. “Porque, además, cuando vas a un congreso te interesa quedarte en el mismo hotel en el que se celebra. Suelen durar 8-10 horas cada día y así te ahorras el desplazamiento. Así que te ves compartiendo habitación con tu compañero, te caiga bien o no”. Ella lo ha sufrido y conoce a varios colegas que han pasado por lo mismo. “En un viaje de trabajo no es de recibo, qué menos que un poco de intimidad”, opina. Y eso que, como sucede en su caso, algunos organismos han elevado motu proprio esa cifra. Pero los 80 euros de que disponen en la UGR para pernoctaciones nacionales tampoco dan para mucho.

Realmente, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio aplica a todos los funcionarios. Los divide en tres categorías y estipula unos gastos en dietas en función del grupo en el que se encuadra el trabajador. Los científicos quedan en el 2, el intermedio. Los altos cargos disponen de 102 euros para dormir y 53 para comer y el tercer escalón, grupo 3, apenas 48 euros para la habitación y 28 para tres comidas.

Que todos los empleados públicos se acojan a las mismas reglas es justamente parte de la disfunción de la normativa, explica Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. “Entre el funcionariado hay una inmensa mayoría de trabajadores que hace como mucho un viaje al año, pero los científicos hacemos muchos más. Por eso, siempre hemos querido salirnos de esa norma. Tenemos una vida que el resto de funcionarios no entiende bien porque no es de fichar, hacer un horario regular... Nuestra labor depende mucho de hacer viajes para hacer trabajo de campo, congresos, etc. Es un problema que afecta a una minoría del colectivo de funcionarios, por eso cuando le llega al secretario de Estado de Administraciones Públicas de turno, no le da prioridad, no acaba de entenderlo. Para nosotros es un poco dramático, pero para el gestor no es un problema”, argumenta el sociólogo.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Hacienda si tiene intención de actualizar las dietas o hacer algún cambio en la normativa, pero no ha obtenido respuesta.

“Una tormenta perfecta”

La cantidad no es el único problema. “Además, [en la administración pública] todo va por compra centralizada”, explica Miller. “Si no quieres adelantar dinero de tu bolsillo, tienes que ir a través de ellos. Pero prácticamente ya nunca tienen ofertas. Durante estos años pasados nos hemos buscado la vida como podíamos, pero ya es imposible”, relata. La salida de la pandemia fue un punto de inflexión, coinciden los investigadores: “Ha habido una tormenta perfecta de crecimiento económico, millones de turistas y precios disparados”.

¿El resultado? “Tenemos ese dilema: están desde los que deciden no viajar hasta los que adelantan el dinero”, cuenta el sociólogo. O los que, como González-Pérez, lo ponían de su bolsillo. O quienes juntan dos dietas para coger una habituación doble, como explicaba la profesora María Luz.

Pero viajar es imprescindible para su trabajo, recuerdan los científicos. “Como investigadores, uno de los deberes que tenemos es difundir conocimiento. Eso implica ir a congresos, a charlas... Hay que hacer esa labor evangelizante, digamos, de presentar tus resultados a la sociedad”, explica González-Pérez. “Lo más insustituible es el trabajo de campo”, añade Miller. “Recogidas de muestras, entrevistas, reuniones de equipo en directo, visitas a grandes laboratorios, que están en determinados sitios... No es solo el estereotipo del congreso”.

A la vez, alguno admite que desde que el confinamiento global mostró que ciertas actividades, especialmente los congresos, se pueden hacer a distancia hay un cierto debate sobre la necesidad de determinados desplazamientos.

Pero también hay quien defiende la necesidad de acudir, que no es ni remotamente parecido atender un congreso online que presencial porque la ciencia es una labor comunitaria, de intercambio. “Nunca es lo mismo [presencial que virtual]. Si voy a Ámsterdam estoy ocho o nueve horas en el congreso hablando con gente, conociendo personas que a lo mejor un día me pueden ser útiles para hacer una estancia o cualquier cosa. Para mí el networking [las relaciones que se establecen en un evento profesional] es fundamental. Es casi más importante quién voy a conocer que el contenido del congreso”, reflexiona González-Pérez.

Es cierto que algunos organismos, como el CSIC, tienen una normativa propia que contempla excepciones que permiten elevar el gasto. Pero es engorrosa, para unos supuestos muy concretos, con determinadas partidas de dinero y circunstancias, y de facto casi nadie la usa, cuentan los investigadores consultados.

Los 63.000 trabajadores de la Junta de Extremadura cuentan desde este miércoles con el I Plan de Igualdad 2026-2030, un documento integrado por 89 medidas que ha sido aprobado por la Mesa General de Negociación de la Administración junto a la puesta en marcha de una comisión de seguimiento para vigilar su cumplimiento. La presentación ha corrido a cargo de la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, acompañada por representantes de los sindicatos participantes en su elaboración: UGT, CCOO y CSIF.

Tanto el Gobierno autonómico como las organizaciones sindicales han coincidido en destacar que el texto es fruto del diálogo y la negociación colectiva, aunque han lamentado su tardía puesta en marcha, dado que la Ley de Igualdad de Extremadura obligaba a su elaboración desde el año 2011. “Llega tarde, es incomprensible que no se haya aprobado”, ha manifestado Guardiola, quien ha recordado que la propia Junta exige estos planes a las empresas de más de 50 trabajadores. La presidenta ha definido el documento como “ambicioso y a la vez realista”, detallando que cuenta con “medidas, compromisos y plazos” y que ha incorporado la visión de más de 8.000 empleados públicos.

El plan tiene como uno de sus fines principales promocionar la presencia femenina en puestos directivos dentro de una administración donde el 70% de la plantilla son mujeres. Según ha apuntado Guardiola, a pesar de esta mayoría, existe una mayor concentración de mujeres en categorías laborales inferiores y una mayor presencia femenina en las reducciones de contratos, debido a que las responsabilidades familiares y el peso de la conciliación siguen recayendo más en ellas.

Para corregir esta situación, el documento contempla programas de formación en habilidades directivas orientados a aumentar la presencia de la mujer en áreas donde es minoritaria. Asimismo, el plan garantizará que ninguna mujer quede excluida de los procesos de promoción interna por motivos de embarazo, parto o maternidad.

Conciliación, salud laboral y violencia de género

Entre las medidas concretas aprobadas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad, el texto recoge la creación de salas de lactancia en los centros de trabajo, bolsas de horas para cuidados, teletrabajo por necesidades familiares, el derecho a la conexión digital y permisos para asistir a tutorías escolares o consultas médicas de familiares. Además, por primera vez se incorpora la perspectiva de género en la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, al reconocerse que las condiciones de trabajo no afectan por igual a hombres y mujeres.

En el caso de las empleadas que sean víctimas de violencia de género, se está trabajando en un protocolo interno que garantizará acompañamiento institucional en el entorno laboral, acceso a teletrabajo protector y permisos retribuidos.

Desde el ámbito sindical, las representantes de UGT, CCOO y CSIF han calificado el plan como una “reivindicación histórica” y han avanzado que se mantendrán vigilantes. En este sentido, Rosa María Rodríguez Fariña (CCOO) ha subrayado que una de las cuestiones más importantes será dotar de presupuesto al plan y ejecutar sus medidas.

A preguntas de los medios de comunicación sobre las críticas de Vox —socio de gobierno en Extremadura— hacia los planes de igualdad obligatorios en las empresas, la presidenta María Guardiola ha declinado valorar los posicionamientos políticos de otra formación. “Me interesa lo que ocurre en Extremadura, esa es mi responsabilidad, y avanzar con hechos”, ha zanjado, reiterando que la aprobación de este documento era un “compromiso firme” de su Ejecutivo.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha vuelto a proponer este viernes que el euskera sea considerado lengua “propia” de toda la comunidad foral, para lo que sea necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías. Con todo, ha matizado que ello no conllevaría la eliminación de la actual zonificación lingüística.

Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. 

Chivite, que ha comparecido en la ponencia que se desarrolla en el Parlamento para la actualización de la LORAFNA, sí que ha considerado que la Administración Pública “debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua” y por ello ha defendido que, “incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público”.

“El euskera es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo”, ha aseverado la presidenta navarra, que ha asegurado que es “deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera”.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, “y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”, ha apostillado.

“Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos”, ha manifestado, para añadir: “Si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar”.

Reforma de la LORAFNA

La presidenta del Gobierno navarro también se ha referido a una posible reforma de la ley del Amejoramiento del Fuero y se ha comprometido a impulsarla si se determina que existe un “amplio consenso social y político”.

Ha expuesto que “la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982”. “Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente”, ha dicho.

Según ha indicado, “en el actual momento político es más que oportuno”. “Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social”, ha apuntado, para incidir en que “cualquier modificación debería ser fruto del consenso”.

Sobre el hecho de que no existiera un referéndum en su momento, Chivite ha asegurado que ello “no resta un ápice de legitimidad a esta norma” que se ha “asumido y aplicado con normalidad”. “Es nuestro gran referente”, ha concluido.

Coincidiendo con el Año Nuevo 2026, se celebró durante cinco días en el entorno natural del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), una rave convocada de manera espontánea. Las bajas temperaturas, la lluvia y el barro, junto con el “acoso policial” que denunciaron sus organizadores, provocaron un caos en los controles de acceso que se saldó con personas atrapadas en los terraplenes y multas “aleatorias”. El alcalde del pueblo dijo estar encantado con los 'visitantes', pero como suele ocurrir en este tipo de eventos, casi siempre la polémica está servida.

Es el último ejemplo de estas fiestas, casi siempre clandestinas, en las que la música electrónica, el baile y la acampada son las protagonistas, aún más popularizadas por la fama de la película ‘Sirât', de Oliver Laxe, que triunfó en el Festival de Cannes y estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le gustó la experiencia. Ni esta de Albacete en concreto ni otras anteriores que ha habido en la región. Tampoco ha sido ajena la Administración autonómica a otro problema que ha generado sonoras polémicas: el ruido de los espectáculos públicos.

Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. Acaba de dar luz verde al anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con la previsión de culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año, tras su paso por las Cortes regionales, donde el PSOE tiene mayoría absoluta.

La nueva ley sustituirá a la anterior normativa, de hace 15 años, e incluye la ampliación de la regulación a las actividades en espacios abiertos, incluidas las raves, así como más restricciones al ruido y el control de acceso a los recintos.

Básicamente, en palabras del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el objetivo es que estos grandes eventos no supongan “un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía”.

Reconoce el Gobierno regional, en relación con macroeventos en espacios abiertos como las raves, que existe un “vacío legal”, también con respecto al acceso de menores de edad y al control de los aforos.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico, regula tanto las actividades realizadas en establecimientos públicos (sean fijos, portátiles o desmontables) como en espacios abiertos, ya sean de titularidad pública o privada. Entre ellos, por ejemplo, se nombran cines de verano o festejos taurinos y deportivos. También incluye los pirotécnicos. Excluye las celebraciones estrictamente privadas, como las familiares, las manifestaciones y las celebraciones religiosas.

La ley no utiliza específicamente el término ‘rave', pero regula este tipo de eventos a través de otras denominaciones y categorías técnicas. Habla así de “fiestas ilegales”: reuniones o acontecimientos que congregan a personas para celebrar espectáculos o actividades recreativas sin tener el título habilitante (licencia o autorización) y sin cumplir los requisitos.

Más eventos en espacios abiertos tras la pandemia

Igualmente, la nueva norma amplía su regulación para incluir específicamente eventos en lugares “sin infraestructuras fijas”, como parques, solares, explanadas o campos. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que se ha detectado un aumento de estas prácticas en espacios abiertos tras la crisis de la COVID-19, lo que justifica una regulación “más estricta” por “los riesgos que conllevan para la salud y la movilidad”.

Con carácter general, lo más llamativo es la ampliación del régimen sancionador para esas “fiestas ilegales”. En las infracciones más graves se contemplan multas que llegan hasta los 300.000 euros en su grado máximo: cuando su celebración sin título habilitante origine situaciones de grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes, o den lugar a “graves alteraciones del orden público”.

Independientemente de la sanción final, las autoridades podrán también adoptar medidas de adopción directa si detectan un riesgo “inminente”- Por ejemplo, la suspensión inmediata del evento y desalojo del recinto o espacio abierto, el precinto del establecimiento y la retención de los equipos y bienes utilizados para la fiesta.

Además, la ley establece que la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor si este último fuera superior a los límites máximos indicados, para asegurar que la infracción “no resulte rentable”.

La cuestión, en el caso de las raves, es que en la gran mayoría de ocasiones, se convocan de manera espontánea, sin una organización clara. ¿Quién se considera por tanto responsable de una fiesta “ilegal”? De acuerdo con el anteproyecto, se establece una “jerarquía”.

Así, en los casos en que no se haya presentado una solicitud de licencia o una declaración responsable, la condición de organizador recaerá sobre “quien asuma las responsabilidades” frente a la autoridad que realice la inspección; o en su defecto, quien lo convoque, lo dé a conocer o reciba ingresos por la venta de entradas o por prestaciones de cualquier otro tipo relacionadas con la fiesta.

Las multas de hasta 300.000 euros se contemplan igualmente para eventos donde se permita el consumo ilegal o tráfico de drogas, así como el acceso de personas con armas u objetos peligrosos en los establecimientos o espacios abiertos. También si se supera el aforo máximo, siempre que origine “situaciones en grave riesgo para el orden público”, por obstrucción la autoridad, por reincidencia o por “incumplir gravemente” las normas de insonorización si supone un “riesgo para la salud ambiental”.

La convivencia entre la fiesta, el ruido y el derecho al descanso

Precisamente, el ruido tiene un papel protagonista en esta ley. Desde hace años se ha convertido en motivo de denuncia vecinal en varias localidades. Una de las más ‘sonadas’ fue con motivo del espectáculo navideño de música y luces, con una gigantesca bola navideña de luz y música que en los últimos años se instala en mitad de la céntrica Plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo.

Tras las numerosas protestas vecinales, el Ayuntamiento de la ciudad se vio obligado a reducir el volumen (y los minutos de duración) de la música de villancicos que, cada pocos minutos, sonaba machaconamente en esta zona, pero que podía escucharse desde varios puntos de la ciudad.

Otro ejemplo parecido tuvo lugar en la localidad toledana de Ocaña. Desde hace más de dos años, su plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), no acoge actos ni celebraciones multitudinarias que conlleven un exceso de ruido. En este caso, lo impidió la Justicia. La iniciativa de dos vecinas consiguió que se tomaran medidas judiciales para impedir celebraciones en este enclave, que afectaron a la celebración de la Navidad y también a la Semana Santa. El motivo: el ruido y las multitudes.

La nueva ley aborda esta cuestión pero sin muchas concreciones. No establece límites numéricos específicos de decibelios (dB), sino que remite a la normativa sectorial aplicable y a la legislación sobre ruidos vigente para determinar si se han superado los niveles permitidos.

No obstante, sí clasifica el incumplimiento de estos límites. Considera infracción muy grave la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites establecidos en la norma de aplicación y esto suponga un “grave riesgo para la salud ambiental”. Para evitar superar estos límites, la ley impone condiciones como la insonorización para establecimientos públicos, así como licencias donde se incluya normativa sobre ruidos y contaminación acústica.

De la misma forma, la nueva norma subraya que las personas afectadas por ruidos tienen derecho a presentar quejas y reclamaciones por las molestias “que afecten a su descanso”. Si la molestia se produce en el interior de un domicilio, el denunciante debe permitir el acceso a técnicos o inspectores para realizar las mediciones necesarias.

Un examen para controlar los accesos

Hay otra novedad relevante en la ley. La obligación de títulos habilitantes para las personas encargadas de los controles de acceso de eventos con grandes aforos. El texto distingue claramente entre el título habilitante (que es el permiso administrativo para el establecimiento o evento) y la habilitación profesional que debe poseer el personal encargado del control de acceso.

El primero se define como la licencia, la autorización o la documentación que acredita haber presentado una declaración responsable para celebrar una actividad con un aforo superior a 500 personas. Y en esos casos en cuando el establecimiento o la organización del evento en espacio abierto estarán obligados a disponer de personal de control de acceso habilitado.

Para ejercer estas funciones no basta con la contratación. El personal debe poseer una habilitación profesional específica. Será expedida por la dirección general competente tras la comprobación de requisitos y la superación de las pruebas que se determinen reglamentariamente.

Podrán obtenerla personas mayores de edad, con nacionalidad española o de la UE (o permiso de residencia y trabajo) y carecer de antecedentes penales. El personal habilitado deberá estar inscrito en el registro autonómico de espectáculos públicos para que la administración pueda comprobar en cualquier momento que cumplen con los requisitos exigidos.

Se llevará a cabo también un proceso de superación de exámenes. El anteproyecto no concreta a este respecto, ya que establece que se determinarán en un futuro reglamento. Lo que sí establece es que este personal tiene “estrictamente prohibido” asumir o realizar las funciones propias del servicio de seguridad privada. Por ejemplo, no podrá intervenir en alternaciones del orden (en ese caso debe informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad“.

De hecho, la norma explica que la obligatoriedad de contar con seguridad privada es “independiente” de la del control de acceso, y su exigencia depende de la naturaleza y características del evento o establecimiento.

En conclusión, aunque un evento de gran aforo (más de 500 personas) siempre estará obligado a tener control de acceso, solo tendrá que contratar seguridad privada si el tipo de actividad o recinto está incluido en la lista que la normativa determine como de “especial riesgo o impacto”.

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.