PP y PSOE aprueban una controvertida Ley de Simplificación Administrativa en Castilla-La Mancha

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, gracias a los votos a favor de PSOE y Partido Popular y en contra de Vox.

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, se ha encargado de presentar esta norma --que ha llegado a pleno para su debate con 16 enmiendas de Vox vivas y tres votos particulares, todo ello rechazado por PP y PSOE--, cuyo objetivo, ha apuntado, “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos”.

La norma recoge de medidas de simplificación en el procedimiento de tramitación administrativa, reducción de plazos y armonización de informes, así como el establecimiento de silencio estimatorio y del uso de las declaraciones responsables. Introduce la regulación de las unidades administrativas de apoyo como una herramienta que permitirá la creación de unidades de apoyo coyuntural para asistir a órganos administrativos “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”; la generalización del sentido estimatorio de los silencios y de la utilización de las declaraciones responsables y el doble silencio positivo.

También incluye regulación de la administración digital y la utilización de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial o la automatización de procedimientos a fin de aportar seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como al destinatario de los servicios.

El aspecto más polémico tiene que ver con la introducción de las llamadas entidades colaboradoras de la Administración. Es una herramienta “ampliamente extendida”, justifica el Gobierno regional, en la Administración del Estado y en otras regiones, que excluye “siempre” que estas entidades puedan hacer ejercicio de autoridad.

Supondrá “privatizar”, denuncian Podemos, Vox o CCOO

Podemos Podemos Castilla-La Mancha cree que esta ley supone “una enorme privatización que pondrá en riesgo los servicios públicos más fundamentales como la sanidad y los servicios sociales y las garantías de protección del medioambiente”.

En su opinión hay tres cosas “especialmente graves” en la ley. Por un lado “una nueva privatización sistemática contra la Junta hecha por el PSOE de Page con la creación de las llamadas entidades colaboradoras que quitan a las trabajadoras y trabajadores públicas importantes funciones para dárselas a empresas”. Y eso, abunda, “crea el caldo de cultivo para las redes de corrupción del bipartidismo y más en funciones tan sensibles como las que se les da”.

Alude al informe del Consejo Consultivo de la comunidad que ya alertaba de la privatización que supondría la ley o que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el decreto-ley de simplificación del año 2020 de la Junta de Andalucía del PP.

Vox se opone también a la norma al considerar que supondrá una privatización encubierta y Podemos les afea su posición. “Son justo ellos los mayores privatizadores allá donde tienen la posibilidad de hacerlo de la mano del PP, partido del que provienen” y lo tachan de “hipocresía solo comparable con la defensa que hace ahora en la oposición el PP”.

CCOO también viene mostrando rechazo a la norma. Hoy ha vuelto a manifestar su “total rechazo”, aunque reconozca ciertos avances respecto al anteproyecto, pero incide en el “el espíritu de privatización de los servicios públicos que rige la misma”.

Se muestra a favor de la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos, pero revisándolos y con dotación de los medios adecuados y de un personal formado por recursos humanos públicos imprescindibles. Pero “esta Ley que llaman de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa consideramos que es de privatización”, afirma Carmen Juste, coordinadora del Área Pública de CCOO en la región.

Con motivo de la tramitación de esta ley se reactivaron los 'Viernes Negros' por la defensa de los servicios públicos y una administración de calidad con los recursos humanos necesarios. La Junta de Personal de Toledo ha anunciado que vuelve a concentrarse este viernes para mostrar su rotundo rechazo a la norma, según ha informado CSIF.

El PP lo apoya pero avisa: no será un cheque en blanco

El diputado del Grupo Popular, Santiago Serrano, ha precisado que al igual que anunciaron que su apoyo a esta norma no iba a ser un cheque en blanco “tampoco lo va a ser en su desarrollo”, destacando cómo el PP ha logrado incluir a los ayuntamientos en el ámbito de aplicación de la ley, al igual que la agricultura en el ámbito de aplicación de las entidades de colaboración o la comisión de simplificación que analizará “la suficiencia de recursos humanos en cada una de las consejerías”.

Serrano, que ha reseñado que las entidades colaboradoras “tienen que suponer una ayuda y jamás un reemplazo de los empleados públicos”, se ha referido igualmente a la rebaja de las tasas en aquellos casos en los que se va a aplicar ya una tarifa en las entidades colaboradoras o a cómo han introducido “cuestiones muy importantes” para adecuar la norma a la realidad urbanística, habiendo tenido “la oportunidad de introducir cerca del 70%” de sus reivindicaciones.

Ello, según Serrano, ha hecho que finalmente esta norma no tenga “nada que ver” con el anteproyecto inicialmente aprobado por el Consejo de Gobierno, tras haber sido “limado” por el Consejo Consultivo y mejorado “de manera crucial” en el proceso parlamentario, defendiendo su “labor responsable de oposición” como un “ejercicio de altura de miras en una normativa que tiene que servir a la ciudadanía y a las empresas y que tiene que perseguir también la modernización de la administración”.