La paradoja se repite. El turismo enfrenta una vez más dos realidades que conviven en Canarias. Por un lado, una demanda que no deja de crecer y mantiene al archipiélago entre los destinos más demandados de Europa. Por otro, un debate cada vez más intenso sobre el impacto que ese éxito tiene en el acceso a la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y el territorio.

Según los últimos datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, a través del infome elaborado por la Eurostar sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, Canarias se sitúa como la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

El auge de las viviendas turísticas tiene uno de sus principales epicentros en Tenerife. La isla concentra el mayor número de pernoctaciones del archipiélago y, entre 2018 y 2025, las noches de estancia prácticamente se duplicaron, pasando de 5,4 a 12,5 millones, un incremento del 132,9% que coloca a la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre las que más actividad registran en España. El fenómeno se percibe con especial intensidad en Puerto de la Cruz, la séptima ciudad del país con mayor presión de este tipo de alojamientos, después de que las noches de estancia por cada 1.000 habitantes crecieran un 106,9% en esos siete años.

Este crecimiento coincide con el aumento del debate sobre la saturación turística y sus efectos sobre la calidad de vida de la población local. El malestar social se ha hecho visible en las numerosas manifestaciones celebradas durante los últimos años, donde miles de personas reclamaron acabar con el turismo masivo y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Aunque el 60% de las reservas en viviendas turísticas correspondieron a visitantes internacionales, el turismo nacional también ha ganado peso en los últimos años. Desde 2018, el número de españoles que optan por este tipo de alojamiento dentro del territorio nacional se ha más que duplicado, una tendencia que ha contribuido a incrementar la presión sobre la oferta de viviendas turísticas en el archipiélago. También ha aumentado el número de pernoctaciones anuales en viviendas turísticas. Como contábamos, Tenerife es la isla con mayor incremento, pero a nivel regional, los extranjeros han pasado de pasar 11,2 noches en 2018 a más de 23 días en 2025. Este incremento ha intensificado la presión sobre la oferta de viviendas disponibles, ya que un mayor número de inmuebles permanece destinado al uso turistico gran parte del año, que limita a su vez el territorio destinado a viviendas de uso residencial por la condicion insular.

Este fenómeno tiene implicaciones tanto para el sector turístico como para el mercado residencial. Por un lado, consolida el peso de las viviendas vacacionales como alternativa a la oferta hotelera tradicional, pero inevitablemente reduce la disponibilidad de vivienda para la población residente y contribuye al encarecimiento de los precios del alquiler con mayor actividad turística. Además, el desplazamiento de parte de la demanda desde los hoteles hacia las viviendas turísticas modifica la distribución del gasto turístico y plantea nuevos retos para la planificación del destino, el equilibrio entre la actividad económica y el acceso a la vivienda, y la gestión sostenible de los recursos del archipiélago.

El antropólogo e investigador en turismo Claudio Milano asegura que sí “existe una descentralización” de la vivienda turística, pero que eso no está implicando una reducción en las zonas más turísticas, “no hay una relajación, sino al contrario”. Se le suma además el fenómeno de “estudiantes internacionales, nómadas digitales y residentes temporales, flotantes, que pasan unos meses en una ciudad” y pueden tensionar aún más el mercado de la vivienda. Asimismo, alerta que las regulaciones municipales o autonómicas tienen poco impacto porque “se enfrentan a multinacionales que no tienen sede fiscal en España” y “es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales”, además de que existe “una falta de fiscalización real de su cumplimiento”. Y hay formas de saltárselas como empadronarse en una vivienda y después alquilar.

Canarias, destino de invierno para los extranjeros

El turista extranjero sigue prefiriendo los meses de invierno para visitar las islas. Diciembre y enero son los meses con mayor pernoctación en viviendas turísticas por habitante foráneo.

En el caso del turismo nacional, la ruleta cambia. Los españoles prefieren los meses de julio y agosto para pasar sus vacaciones en Canarias, aunque incluso en esa temporada siguen pernoctando más extranjeros que españoles, con 189 más por cada 1.000 habitantes.

Esta marcada estacionalidad, unida al crecimiento de las estancias de larga duración y al aumento de la demanda de viviendas turísticas, ha intensificado el debate sobre los efectos de este modelo de alojamiento en el mercado residencial canario. Diversos especialistas señalan que la expansión de las viviendas vacacionales está contribuyendo a transformar el uso del parque de viviendas y a incrementar la presión sobre el acceso a la vivienda.

El Gobierno de Canarias echó el freno de mano al alquiler vacacional tras las masivas protestas sociales en la isla y optó por aprobar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de atajar la crisis de la vivienda y evitar que los residentes se vayan de sus barrios. Esta normativa prohíbe dar de alta a nuevos pisos turísticos durante cinco años (salvo que los ayuntamientos demuestren que tienen espacio para ellos) y veta por completo el uso vacacional en las viviendas protegidas (VPO). Con un tope general del 10% por municipio, esta ley pretende devolver el control del territorio a las comunidades de vecinos y a los alcaldes, quienes ahora tienen el poder de decidir dónde y cuántos turistas pueden alojarse en suelo residencial para evitar el colapso del archipiélago.

Sin embargo, aunque la medida ha conseguido paralizar el ascenso de los pisos turísticos, no ha logrado rebajar la presión de la crisis de la vivienda. El geógrafo Agustín Cocola, miembro del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios Turísticos de la Universitat Rovira i Virgili, en Catalunya, asegura que “el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto. Por tanto, hablaría más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia con efectos claros sobre el acceso a la vivienda”.

Por su parte, el economista especialista en vivienda de la consultora Ksnet, Pablo Tucat, sostiene que medidas como las limitaciones municipales o el registro único estatal, tumbado recientemente por el Supremo, deberían tener algún efecto y alerta de e “limitaciones de recursos públicos a la hora de fiscalizar”. “Las multas a las viviendas turísticas han sido elevadas, por lo que también deberían disuadir”, añade.

El investigador Claudio Milano también se refiere a una “turistificación de la vida cotidiana” y sostiene que existen “evidencias científicas de sobra” sobre el impacto de este fenómeno en los precios de la vivienda. Según explica, “a partir de las plataformas, el turismo se mete en nuestras fincas”, al favorecer la incorporación de viviendas residenciales al mercado turístico. En su opinión, “nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años”, ya que una parte creciente del parque residencial se ha orientado al alojamiento turístico y al alquiler temporal, modalidades que ofrecen una rentabilidad superior al alquiler residencial tradicional.

La Ertzaintza podrá emitir informes en los procedimientos de expulsión de extranjeros que residan en Euskadi, una función hasta ahora reservada en exclusiva a la Policía Nacional. En una reunión de la junta de seguridad, el máximo órgano bilateral de cooperación policial entre los Gobiernos central y vasco, se ha refrendado el compromiso alcanzado por Pedro Sánchez con el lehendakari, Imanol Pradales, en una reunión que celebraron antes de Semana Santa.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, se ha felicitado que la Ertzaintza gane capacidades como “Policía integral” y, sobre los informes, se ha indicado en un comunicado que se emitirán en casos de “delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi”. El consejero, en su intervención hablada, ha añadido que se hará también para casos de “terrorismo”.

“Es la Policía Nacional quien se responsabilizaba hasta ahora. Es su competencia. Pero en muchísimos casos, por no decir en casi todos, es la Ertzaintza la que a pie de calle hace las investigaciones oportunas. Se trata de que esa información cuente en los informes que la Policía Nacional prepara para la posible expulsión de personas de origen extranjero que han cometido delitos”, ha abundado Zupiria a preguntas de los periodistas.

La junta de seguridad se ha reunido de forma telemática este miércoles con Zupiria y su equipo en Vitoria y con el ministro Fernando Grande-Marlaska al otro lado de una pantalla, en Madrid. Ha durado algo menos de una hora. El Gobierno vasco, según ha expuesto Zupiria, ha arrancado al Estado también dos modificaciones normativas, una del reglamento de armas blancas para “reforzar” su control -en el camino hacia la prohibición total- y otra de la ley de enjuiciamiento criminal -que en todo caso deberá pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría- para “mejorar la respuesta penal y procesal frente a supuestos de reiteración delictiva”. La lucha contra la “multirreincidencia” se ha convertido en una de las banderas del PNV en los últimos años.

La reunión ha dejado también otros acuerdos. Zupiria ha citado, por ejemplo, que la Ertzaintza tendrá una participación “estable” en foros españoles e internacionales de cooperación policial, incluido el SEPBLAC estatal de prevención del blanqueo de capitales, el Registro Central de Infracciones -donde figuran los “multirreincidentes”- o el SPOC, un punto de conexión con cuerpos policiales y aduaneros de otros países de la Unión Europea. Igualmente, Euskadi ganará capacidades en el control de drones y en servicios privados de seguridad privada y ciberseguridad.

Como algunos de los acuerdos no dependen exactamente de la voluntad de las partes, principalmente la reforma legal que tiene que pasar por el Congreso -“somos conscientes de las mayorías parlamentarias”-, se ha decidido celebrar una nueva reunión en seis meses, ya en 2027, para hacer “seguimiento” del “cumplimiento” de los compromisos. “Deberían estar todos cumplidos en ese tiempo”, ha indicado en euskera el titular de Seguridad. Zupiria, en todo caso, ha destacado el clima de “cooperación y acuerdo” entre los Gobiernos central y vasco en materia policial.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Un total de 9.634 inmigrantes han solicitado en Extremadura acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proceso, que concluyó de forma definitiva el pasado martes tras semanas de intensa actividad administrativa, dibuja un mapa de la migración irregular muy desigual entre las dos provincias de la región.

La mayoría de estas solicitudes se han registrado en Badajoz, donde han pedido la regularización 5.954 personas. Por su parte, en la provincia de Cáceres lo han hecho un total de 3.680 personas. Según los datos oficiales del Ministerio, durante todo el proceso se asignaron a Extremadura 2.841 citas presenciales, lo que representa apenas el 0,4% de las 641.386 distribuidas en el conjunto del país, obligando a tramitar una gran parte del volumen por vías digitales.

En este sentido, el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) ha jugado un papel fundamental en la región, alcanzando un 17,2% de las solicitudes totales en Badajoz y un 14,3% en el caso de Cáceres, aligerando parte del colapso en las oficinas tradicionales de extranjería.

Radiografía de la regularización en España

En el conjunto de España las cifras adquieren dimensiones históricas al haberse recibido un total de 1.174.978 solicitudes. El grueso de los peticionarios procede de Latinoamérica y el norte de África, destacando sobre todo las personas originarias de Colombia (25,9% del total), Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9 %).

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera la estadística nacional con 257.602 solicitudes registradas, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557), quedando Extremadura en la parte baja de la tabla por volumen total.

A través de un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que esta medida extraordinaria va a permitir que “cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha celebrado la ministra.

De una iniciativa popular al choque político

Pese al optimismo del Ministerio, el proceso no ha estado exento de debate político. El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta este último martes de junio entre fuertes demandas de los colectivos impulsores de la medida, entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos, quienes exigieron hasta el último momento ampliar este periodo al considerar que las fuertes trabas burocráticas habían dejado fuera a muchos potenciales beneficiarios.

Cabe recordar que esta medida, aprobada finalmente por el Gobierno en forma de real decreto, surge originalmente de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas, pero que terminó bloqueada en la Cámara Baja por la falta de acuerdo parlamentario entre los bloques.

Para poder acceder a este amparo legal, los requisitos exigían que las personas migrantes estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo de continuo en el país. De igual forma, el proceso se abría a todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de esa misma fecha, siempre y cuando carecieran de antecedentes penales.

El mercado laboral registró un nuevo máximo histórico de empleo en España el mes de junio, cuando superó la cima de más de 22,4 millones de personas trabajadoras de media afiliadas a la Seguridad Social. El empleo anotó su tercer mejor junio en lo que va de siglo, con 128.500 afiliaciones más que en mayo, una cifra muy elevada alimentada por el gran tirón del empleo extranjero, en pleno contexto de la regularización extraordinaria de migrantes.

En concreto, el nuevo récord de empleo se situó en los 22.466.339 afiliados de media a la Seguridad Social. Además, en los registros diarios, durante cinco jornadas seguidas, entre el 15 y el 19 de junio, se superó la barrera de los 22,5 millones.

“Nunca en la historia ha habido tantos trabajadores en alta”, subraya el Ministerio de Elma Saiz, que destaca varios niveles récord: “De jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros”, lo que sitúa a España a la cabeza en la creación de empleo en Europa.

En el primer trimestre del año, más de la mitad de los puestos de trabajo creados en la UE estaban en España.

Junio es un buen mes para el mercado laboral, sobre todo por el empuje del empleo debido a la temporada turística estival, pero este lo ha sido muy especialmente. El aumento de 128.500 trabajadores está muy por encima de los datos alcanzados en los últimos años (de alrededor de 70.000 afiliaciones), solo superado por varios hitos de las últimas dos décadas: la regularización de migrantes de mediados de los 2000 y la recuperación del empleo post pandemia.

El dato de este junio también se ve afectado por un contexto extraordinario, como es la regularización de migrantes que aprobó el Gobierno de coalición y que finalizó el 30 de junio, con más de 1,2 millones de solicitudes. Así, el aumento de trabajadores de alta en la Seguridad Social se ve muy influenciado por el gran empuje del empleo de personas extranjeras, que suman más de la mitad del total: 86.630 personas, el 67%.

Este jueves, el Ministerio de la Seguridad Social ha cifrado por primera vez el impacto directo de la regularización extraordinaria en el aumento del empleo, en casi 160.000 personas afiliadas hasta el 30 de junio.

Tras este incremento, se alcanza un nuevo récord de 3.446.178 afiliados extranjeros, que suponen el 15% del total.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que la regularización aprobada por el Ejecutivo está permitiendo “que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos y contribuyendo también al aumento de la afiliación”.

El dato extraordinario de junio ha acelerado mucho la creación de empleo, con un ritmo interanual que asciende al 2,8% –el más elevado en tres años– y que aterriza en un valor absoluto de gran volumen, con más de 605.200 empleos creados de media en los últimos doce meses.

En términos desestacionalizados, que aíslan el mercado laboral de los vaivenes propios del calendario y la estacionalidad, el mercado laboral creó 92.500 empleos. También un dato muy elevado para esta serie.

El paro desciende de la barrera de los 2,3 millones de personas

Por su parte, el paro registrado descendió menos de lo habitual en este mes. El número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en 28.700 personas respecto al mes anterior, casi la mitad que el año anterior (48.900).

No obstante, este tímido descenso valió para anotar un hito en cuanto al paro en España, ya que por fin descendió de la barrera de los 2,3 millones de personas. Algo que no se lograba “desde enero del año 2008”, en el inicio de la Gran Recesión.

Así, el total de paro registrado se situó así en 2.291.982 personas. En el último año, descendió en 113.981 personas (-4,7%).

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado el menor descenso mensual de este junio principalmente por dos motivos: que cada vez hay un número más reducido de parados y, por lo tanto, las reducciones de este total son inferiores, así como por la menor temporalidad del empleo tras la reforma laboral, que considera que también tiene un reflejo reduciendo las fluctuaciones de las personas que se apuntan al paro.

En cuanto a si está incidiendo también la regularización de migrantes en los datos de paro, como ha afirmado el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, en el Ministerio de Trabajo consideran que aún es “demasiado pronto” para ver estos efectos y que, en caso de haberlos, estos serían “insignificantes” por el momento, de “menos del 1%”, ha afirmado Pérez Rey

Sobre los contratos, el número total suscritos en junio se sitúa en algo más de 1,6 millones, de los que el 41% eran indefinidos.

Tanto el secretario de Estado de Trabajo, como el de la Seguridad Social, Borja Suárez, han insistido en la importancia de la reducción del empleo temporal en España tras la reforma de 2021. Esta se mantiene en situaciones de incertidumbre como la reciente guerra de Irán, en este contexto de gran creación de empleo, e incluso en los meses más estacionales, como los del verano, lo que han considerado una muestra del “cambio estructural” del mercado laboral español hacia un empleo de “mayor calidad”.

La iniciativa populista 'No a una Suiza de diez millones', que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico —principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo— si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, ha sido rechazada este domingo en un referéndum en el que más del 54,79% de los suizos han votado 'no'.

Propuesta y defendida en solitario por el Partido Popular Suizo, la iniciativa ha sido rechazada por un pequeño margen, que ha confirmado los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza. Con una participación ligeramente superior al 58,8%, el 'no' a la iniciativa se impone por poco más de 300.000 votos.

Con el recuento ya terminado en todos los cantones, el 'no' vence el referéndum con más de 1.800.000 votos frente a algo más de 1.490.000 personas que han apoyado la iniciativa política. Por cantones, los que más favorables se han mostrado a estas medidas de control de la inmigración han sido los de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus o Appenzell Innerrhoden.

Por contra los cantones del oeste del país como Ginebra, Vaud, Neuchâtel, Basilea, Jura o Berna son los que menos han apoyado la medida. En Zúrich, uno de los cantones con más población, ha vencido el 'no' al referendum con más del 60% de los votos.

El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050. La propuesta se ha enfrentado a la firme oposición del Gobierno, de ambas cámaras del Parlamento y de la comunidad empresarial y de servicios financieros.

Suiza ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en las últimas tres décadas, especialmente desde el año 2002, con la entrada de más de un millón de personas procedentes de la Unión Europea. La libertad de movimiento promovida por el acuerdo que Suiza mantiene con Bruselas pese a no formar parte de la UE es la principal causa, y la población ha pasado de en torno a 7,5 millones a 9,1 millones de habitantes.

Actualmente, la población de origen extranjero representa un 27,6% del total en Suiza, y aproximadamente dos tercios de los residentes extranjeros proceden de países miembros de la UE.

“Immer mehr deutsche Immobilienbesitzer auf Mallorca interessieren sich für den Pacto Sucesorio” (“cada vegada més propietaris alemanys a Mallorca s'interessen pel Pacte Successori”). L'afirmació la fa un dels despatxos especialitzats en clients estrangers amb propietats a Balears, que resumeix d'aquesta manera la transformació d'una antiga institució del dret civil balear, la definició successòria -lligada des de l'edat mitjana a les herències familiars i a la transmissió tradicional del patrimoni mallorquí-, en una sofisticada eina d'“optimització” fiscal i “planificació successòria transfronterera”. Mentre milers de residents afronten preus de compra i lloguer inassumibles per a la gran majoria, part de l'ecosistema jurídic-fiscal promociona l'illa com l'escenari ideal per a “Erben & Schenken” (“heretar i donar”).

La definició successòria -nascuda fa segles per ordenar el repartiment familiar de béns i preservar la continuïtat patrimonial- permet avançar l'herència en vida sempre que l'hereu renunciï anticipadament a la legítima que li correspondria en el futur. La importància d'aquesta figura resideix en un tractament fiscal que, en molts casos, resulta més favorable que el de les donacions tradicionals i en un elevat blindatge jurídic que dificulta revertir o impugnar la transmissió una vegada formalitzada. A través d'aquests pactes, les famílies poden decidir en vida qui rep què, evitar incerteses futures i ordenar la successió amb precisió, transformant l'herència, en la pràctica, en una operació planificada i executada abans de la mort.

L'elevat pes del comprador estranger a les Balears, tanmateix, ha impulsat l'interès internacional -especialment europeu- per la definició successòria: amb l'auge dels pactes hereditaris, Mallorca ha vist proliferar un ecosistema d'assessories internacionals, family offices i despatxos especialitzats en planificació fiscal i transmissió patrimonial dirigits a propietaris estrangers amb patrimoni i inversions a les illes, sobretot alemanys, britànics, suïssos i austríacs.

La mateixa terminologia utilitzada per aquests despatxos reflecteix el grau de refinament assolit pel negoci patrimonial a Mallorca: algunes firmes ofereixen directament serveis de “Steuer–und Vermögensplanung für deutsche Familien” (“planificació fiscal i patrimonial per a famílies alemanyes”), prometen “maximale Kontrolle über ihr Erbe” (“màxim control sobre l'herència”) i anuncien estratègies per “reduir la càrrega fiscal de manera legal i eficient”. Una d'aquestes arriba a assenyalar que la major de les Balears s'ha convertit en un “Steuerparadies” (“paradís fiscal”) per conservar, transmetre i blindar patrimoni immobiliari entre generacions, consolidant-se com “un centre estratègic per a la planificació patrimonial”.

L'elevat pes del comprador estranger a Balears, els avantatges fiscals associats a aquestes operacions i el fort blindatge jurídic que dificulta revertir o impugnar la transmissió una vegada formalitzada han impulsat l'interès internacional -especialment europeu- per la definició successòria

L'expansió internacional d'aquestes fórmules successòries es produeix en un context marcat per la creixent pressió immobiliària sobre Balears, on l'encariment sostingut de l'habitatge, l'increment dels inversors immobiliaris, la concentració de propietats en mans de grans tenidors, l'expansió del lloguer vacacional i l'escassetat d'habitatge públic han convertit l'accés residencial en un dels principals problemes socials de les illes.

Des de fa anys, ciutadans d'altres països -alemanys, britànics i francesos al capdavant- amb elevada capacitat adquisitiva competeixen en el mercat immobiliari balear per propietats els preus de les quals resulten inassequibles per a gran part de la població resident. El 2025, el 29,8% de les operacions de compravenda i el 15,2% de les hipoteques van estar protagonitzades per compradors internacionals, molt per damunt de la mitjana estatal: la demanda es va incrementar fins a les 97.500 transaccions, enfront de les prop de 93.000 del 2024, d'acord a les dades recentment publicades pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils.

En aquest context, Mallorca ha deixat de ser únicament una destinació residencial o turística per convertir-se també en un espai de planificació patrimonial internacional lligat a grans revaloritzacions immobiliàries. Algunes publicacions dirigides a propietaris europeus destaquen precisament l'atractiu d'utilitzar pactes successoris sobre immobles amb “elevades plusvàlues encara no gravades”, consolidant una lògica en la qual l'habitatge apareix no només com a residència, sinó també com a actiu hereditari i fiscal. Una situació a la qual se suma el gir tributari impulsat PP i Vox en la seva batalla per reduir al màxim la recaptació fiscal. Tot just arrencar l'actual legislatura, el Govern de Marga Prohens va suprimir l'impost de successions i donacions, una mesura amb la qual els més rics han deixat de pagar a les arques públiques prop de 400 milions d'euros.

L'atractiu fiscal balear

En els darrers anys, la jurisprudència balear ha reforçat la definició successòria com una figura especialment sòlida i difícil de revertir. Ho reflecteix, entre altres resolucions consultades per elDiario.es, una sentència dictada el 2024 per l'Audiència Provincial de Palma, que va rebutjar que una dona de 91 anys pogués recuperar els immobles entregats al seu fill mitjançant definició successòria després d'acusar-lo d'apropiar-se dels seus diners. El tribunal va concloure que el pacte no podia revocar-se com una donació ordinària precisament per la seva naturalesa contractual. En un altre cas, els magistrats varen rebutjar la reclamació d'un fill que exigia més de 67.000 euros en considerar que una finca transmesa en vida a la seva germana mitjançant definició successòria havia alterat l'equilibri hereditari familiar.

L'Audiència Provincial de Palma va rebutjar que una dona de 91 anys pogués recuperar els immobles lliurats al seu fill mitjançant definició successòria després d'acusar-lo d'apropiar-se dels seus diners. El tribunal va concloure que el pacte no podia revocar-se com una donació ordinària precisament per la seva naturalesa contractual

L'amplitud d'aquestes figures arriba fins i tot als menors d'edat. En una sentència del passat mes de març, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va concloure que un menor d'edat major de 16 anys pot renunciar vàlidament a la seva legítima en un pacte successori encara que no estigui emancipat. El cas partia d'una liquidació de l'impost sobre successions i donacions realitzada per l'Agència Tributària autonòmica (ATIB), que va considerar que una escriptura de definició atorgada a favor d'una menor havia de tributar com una donació ordinària. L'Administració entenia que, en no estar emancipada, la menor mancava de capacitat per renunciar als seus drets successoris. Tanmateix, el tribunal rebutja aquesta interpretació i assenyala que la normativa balear no prohibeix expressament aquest supòsit. Davant aquest silenci, sosté que s'ha d'aplicar de manera supletòria el Codi Civil, concretament l'article 166, que permet als menors majors de 16 anys actuar amb consentiment en document públic i amb l'assistència dels seus representants legals.

De l'Edat Mitjana a les herències “optimitzades”

La definició successòria enfonsa les seves arrels en el dret civil mallorquí medieval, consolidat després de la conquesta de Jaume I i desenvolupat per la Corona d'Aragó com un mecanisme per ordenar la transmissió del patrimoni familiar i evitar conflictes hereditaris. En una societat tradicionalment basada en la continuïtat de la casa i la propietat, aquests pactes permetien distribuir béns en vida i assegurar l'estabilitat del llinatge. Avui, segles després, aquella institució històrica ha fet el salt de les notaries locals a les publicacions dirigides a clients estrangers d'elevat poder adquisitiu, als quals ofereixen serveis de nachfolgeplanung -planificació successòria- i detallen fins i tot com utilitzar aquesta figura evitant determinades càrregues fiscals associades a les donacions convencionals.

La definició successòria enfonsa les seves arrels en el dret civil mallorquí medieval, consolidat després de la conquesta de Jaume I i desenvolupat per la Corona d'Aragó com un mecanisme per ordenar la transmissió del patrimoni familiar i evitar conflictes hereditaris

Un dels despatxos especialitzats en clients alemanys, Stein & Partner -entre les especialitats del qual es troba l'“estructuració d'inversions i empreses per a l'optimització fiscal”- descriu els pactes successoris balears com a eines de “planificació successòria transfronterera” i admet que “molts ciutadans europeus” estan utilitzant aquestes fórmules per transferir en vida immobles als seus fills a Mallorca. En una de les seves publicacions, assegura que “moltes famílies a Balears utilitzen aquesta possibilitat de planificació fiscal especialment per a immobles amb elevades plusvàlues encara no gravades”. Una altra de les webs, Mallorca Tax, encapçala un dels seus posts amb el títol The Balearic Pacto Sucesorio Explained for Foreign Property Owners.

El contrast fiscal entre Alemanya i Balears apareix de manera recurrent en aquest tipus de publicacions. Part de l'“atractiu” que aquests despatxos atorguen als pactes successoris a les illes s'alimenta també de la comparació fiscal amb altres països europeus. Algunes publicacions jurídiques alemanyes destaquen que les herències i donacions entre familiars directes a les illes gaudeixen de bonificacions pràcticament inexistents a Alemanya, presentant l'arxipèlag com un territori pràcticament lliure d'imposts per heretar o donar.

La batalla jurídica pels estrangers residents

Un dels grans punts d'inflexió d'aquestes operacions es va produir el 2016, quan el Tribunal Suprem (TS) va establir que la transmissió de béns mitjançant pacte successori no generava guany patrimonial a l'IRPF per a qui els cedia, equiparant-la fiscalment a una herència i reforçant així el seu atractiu davant les donacions tradicionals. La decisió va convertir la definició balear en una fórmula molt més avantatjosa que la donació tradicional, especialment per transmetre immobles revaloritzats. “És així des del moment en què el donatari tributarà al tipus del 0% –i, en alguns casos, a l'1%– per l'Impost de Successions i Donacions, mentre que el donant està exempt de tributar per l'IRPF”, explica a elDiario.es el vicedegà del Col·legi Notarial de Balears, Bartolomé Bibiloni. El notari admet que la reduïda fiscalitat ha estat un dels factors decisius en l'auge recent d'aquestes operacions.

Un dels grans punts d'inflexió d'aquestes operacions es va produir el 2016, quan el Tribunal Suprem va establir que la transmissió de béns mitjançant pacte successori no generava guany patrimonial en l'IRPF per a qui els cedía, equiparant-la fiscalment a una herència i reforçant així el seu atractiu enfront de les donacions tradicionals

Quant a l'accés d'estrangers a aquesta figura, la Compilació del Dret Civil balear –la normativa civil pròpia de les illes– exigia tradicionalment que qui atorgàs una definició successòria tengués “veïnatge civil mallorquí”, una condició jurídica vinculada a l'arrelament en un territori amb dret civil propi i que els ciutadans estrangers no podien adquirir formalment. Aquest requisit limitava l'accés als pactes successoris a aquells que ostentaven aquesta vinculació civil específica.

La controvèrsia va esclatar el 2019, quan la Direcció General dels Registres i del Notariat va rebutjar la inscripció d'una definició successòria atorgada per una ciutadana francesa resident a Mallorca a favor dels seus fills en considerar precisament que una estrangera no podia tenir veïnatge civil mallorquí.

Tanmateix, l'Audiència Provincial de Palma i posteriorment el TSJIB varen desmuntar aquesta interpretació en aplicar el Reglament Europeu de Successions, que situa la residència habitual -i no el veïnatge civil- com a principal criteri de connexió. La decisió ampliava de facto l'abast dels pactes successoris balears: els estrangers considerats residents a les illes, és a dir, Balears constituís el seu principal centre de vida personal o familiar, també podien acollir-se a aquestes figures històriques del dret civil balear. Allò que durant segles havia funcionat com una institució lligada a famílies mallorquines passava així a convertir-se en una eina accessible per a residents internacionals amb patrimoni immobiliari a Balears.

La controvèrsia va esclatar el 2019, quan la Direcció General dels Registres i del Notariat va rebutjar la inscripció d'una definició successòria atorgada per una dona francesa resident a Mallorca a favor dels seus fills en considerar que una estrangera no podia tenir veïnatge civil mallorquí. Els tribunals van desmuntar aquesta interpretació en aplicar el Reglament Europeu de Successions, que situa la residència habitual com a principal criteri de connexió

La llei que va consolidar el fenomen

El fenomen es va acabar de consolidar amb l'aprovació de la llei 8/2022 de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, una norma que va reconèixer expressament la necessitat d'adaptar els pactes successoris al seu “protagonisme actual”. La reforma va modernitzar i ampliar la regulació d'aquestes històriques figures, va aclarir aspectes que havien generat conflictes interpretatius i va introduir noves possibilitats –com els pactes entre padrins i nets– per respondre a la seva creixent utilització com a eina de planificació patrimonial i successòria.

A parer de Bibiloni, la normativa ha representat una “fita important” en el dret civil balear “en ser la primera i, possiblement, l'única llei sectorial que tracta dels pactes successoris a tot el territori nacional”. “El mèrit de la llei ha estat regular [la definició successòria] amb més detall, desenvolupar alguns dels seus aspectes i deixar algunes idees perfectament clares per tal d'evitar les confusions que es produïen, especialment en l'àmbit fiscal”, subratlla el notari, qui va ser president del Consell Assessor del Dret Civil de les Illes Balears entre els anys 2018 i 2023, període durant el qual es va aprovar la norma. És autor, a més, del Manual Civil i Fiscal dels pactes successoris en el Dret Civil de les Illes Balears.

La Llei balear 8/2022 de successió pactada o contractual ha representat una fita important en el nostre Dret civil, en ser la primera i, possiblement, l'única llei sectorial que tracta dels pactes successoris en tot el territori nacional

Bartolomé Bibiloni — Vicedegà del Col·legi Notarial de Balears

La internacionalització dels pactes successoris balears va generar un profund debat dins l'àmbit jurídic. El catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears Pedro Antonio Munar considera que el fenomen s'ha d'analitzar amb matisos i rebutja interpretar l'obertura de la definició successòria a residents estrangers com una anomalia jurídica. En declaracions a elDiario.es, recorda que el Reglament Europeu de Successions va introduir precisament el criteri de la residència habitual per determinar la llei aplicable a les herències en contextos de mobilitat internacional. “No és que un senyor digui: ‘Tenc una casa a Mallorca’ i ja està. Ha d'acreditar una residència habitual real a Balears”.

Munar subratlla, a més, una paradoxa jurídica: mentre un ciutadà alemany o estatunidenc resident habitual a Mallorca pot acollir-se al dret civil balear i utilitzar pactes successoris, un espanyol amb veïnatge civil comú –“de Guadalajara, per exemple”– no pot fer-ho encara que visqui temporalment a les illes, perquè la seva successió continua regint-se pel Codi Civil estatal. No existeix una discriminació, sosté, perquè la llei aplicable no és la mateixa per a l'europeu que per a l'espanyol que no tengui veïnatge civil balear. El jurista insisteix, a més, que l'auge actual no pot explicar-se únicament per raons fiscals: “Avui a Balears les donacions entre pares i fills també estan pràcticament bonificades”, apunta, assenyalant que en alguns casos “fins i tot és més fàcil fer una donació que un pacte successori”.

El catedràtic de Dret Civil de la UIB Pere Antoni Munar subratlla una paradoxa jurídica: mentre un ciutadà alemany o nord-americà resident habitual a Mallorca es pot acollir al dret civil balear i utilitzar pactes successoris, un espanyol amb veïnatge civil comú no pot fer-ho encara que visqui temporalment a les illes, perquè la seva successió continua regint-se pel Codi Civil estatal

Herències en vida i crisi d'habitatge

El vicedegà del Col·legi Notarial assenyala, per la seva banda, que els “importants avantatges” que ofereixen els pactes successoris “també beneficien els estrangers”. “Els estrangers residents a les nostres illes, de la nacionalitat que sigui, poden atorgar un pacte successori, de definició o de liquidació, com els naturals d'aquestes, és a dir, com qui ostenta el veïnatge civil balear. Les discussions que es pogueren plantejar en un moment anterior varen quedar resoltes, primer, pel TSJIB i, després, per la mateixa Llei 8/2022, ja de manera definitiva”, recalca.

El notari, tanmateix, rebutja que existeixi un ús generalitzat d'aquestes figures en resposta a una “estratègia determinada” per part dels compradors estrangers. Segons assenyala, es tracta d'una “tendència per la qual s'inclinen aquells que duen vivint o habitant per períodes una propietat que posseeixen a les illes, i que, en tenir ja una edat avançada, desitgen cedir-la als seus fills”. “No és freqüent que es comprin els immobles pensant en aquesta futura possibilitat”, sentencia.

Bibiloni conclou que l'auge dels pactes successoris també ha incidit “en la millora de les relacions familiars”: “No és el mateix reunir tots els membres d'una família vivint els pares que quan ha mort algun d'ells -o ambdós-”, afirma. Al seu judici, la creixent utilització d'aquestes fórmules es relaciona a més amb el problema d'accés a l'habitatge, especialment entre els més joves. “Amb els pactes successoris els pares estan disposats a desprendre's d'alguna propietat per facilitar que els fills es puguin permetre una residència a baix cost”, sentencia.

“Immer mehr deutsche Immobilienbesitzer auf Mallorca interessieren sich für den Pacto Sucesorio” (“cada vez más propietarios alemanes en Mallorca se interesan por el Pacto Sucesorio”). La afirmación la realiza uno de los bufetes especializados en clientes extranjeros con propiedades en Balears, que resume de este modo la transformación de una antigua institución del derecho civil balear, la definición sucesoria –ligada desde la Edad Media a las herencias familiares y a la transmisión tradicional del patrimonio mallorquín–, en una sofisticada herramienta de “optimización” fiscal y “planificación sucesoria transfronteriza”. Mientras miles de residentes afrontan precios de compra y alquiler inasumibles para la gran mayoría, parte del ecosistema jurídico-fiscal promociona la isla como el escenario ideal para “Erben & Schenken” (“heredar y donar”).

La definición sucesoria –nacida siglos atrás para ordenar el reparto familiar de bienes y preservar la continuidad patrimonial– permite adelantar la herencia en vida siempre que el heredero renuncie anticipadamente a la legítima que le correspondería en el futuro. La importancia de esta figura reside en un tratamiento fiscal que, en muchos casos, resulta más favorable que el de las donaciones tradicionales y en un elevado blindaje jurídico que dificulta revertir o impugnar la transmisión una vez formalizada. A través de estos pactos, las familias pueden decidir en vida quién recibe qué, evitar incertidumbres futuras y ordenar la sucesión con precisión, transformando la herencia, en la práctica, en una operación planificada y ejecutada antes del fallecimiento.

El elevado peso del comprador extranjero en Balears, sin embargo, ha impulsado el interés internacional –especialmente europeo– por la definición sucesoria: con el auge de los pactos hereditarios, Mallorca ha visto proliferar un ecosistema de asesorías internacionales, family offices y despachos especializados en planificación fiscal y transmisión patrimonial dirigidos a propietarios extranjeros con patrimonio e inversiones en las islas, sobre todo alemanes, británicos, suizos y austríacos.

La propia terminología utilizada por estos despachos refleja el grado de refinamiento alcanzado por el negocio patrimonial en Mallorca: algunas firmas ofrecen directamente servicios de “Steuer–und Vermögensplanung für deutsche Familien” (“planificación fiscal y patrimonial para familias alemanas”), prometen “maximale Kontrolle über ihr Erbe” (“máximo control sobre la herencia”) y anuncian estrategias para “reducir la carga fiscal de forma legal y eficiente”. Una de estas ellas llega a señalar que la mayor de las Balears se ha convertido en un “Steuerparadies” (“paraíso fiscal”) para conservar, transmitir y blindar patrimonio inmobiliario entre generaciones, consolidándose como “un centro estratégico para la planificación patrimonial”.

El elevado peso del comprador extranjero en Balears, las ventajas fiscales asociadas a estas operaciones y el fuerte blindaje jurídico que dificulta revertir o impugnar la transmisión una vez formalizada han impulsado el interés internacional -especialmente europeo- por la definición sucesoria

La expansión internacional de estas fórmulas sucesorias se produce en un contexto marcado por la creciente presión inmobiliaria sobre Balears, donde el encarecimiento sostenido de la vivienda, el incremento de los inversores inmobiliarios, la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores, la expansión del alquiler vacacional y la escasez de vivienda pública han convertido el acceso residencial en uno de los principales problemas sociales de las islas.

Desde hace años, ciudadanos de otros países –alemanes, británicos y franceses a la cabeza– con elevada capacidad adquisitiva compiten en el mercado inmobiliario balear por propiedades cuyos precios resultan inasumibles para gran parte de la población residente. En 2025, el 29,8% de las operaciones de compraventa y el 15,2% de las hipotecas estuvieron protagonizadas por compradores internacionales, muy por encima de la media estatal: la demanda se incrementó hasta las 97.500 transacciones, frente a las cerca de 93.000 de 2024, de acuerdo a los datos recién publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles.

En este contexto, Mallorca ha dejado de ser únicamente un destino residencial o turístico para convertirse también en un espacio de planificación patrimonial internacional ligado a grandes revalorizaciones inmobiliarias. Algunas publicaciones dirigidas a propietarios europeos destacan precisamente el atractivo de utilizar pactos sucesorios sobre inmuebles con “elevadas plusvalías aún no gravadas”, consolidando una lógica en la que la vivienda aparece no solo como residencia, sino también como activo hereditario y fiscal. Una situación a la que se suma el giro tributario impulsado PP y Vox en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal. Nada más arrancar la actual legislatura, el Govern de Marga Prohens suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones, una medida con la que los más ricos han dejado de pagar a las arcas públicas cerca de 400 millones de euros.

El atractivo fiscal balear

En los últimos años, la jurisprudencia balear ha reforzado la definición sucesoria como una figura especialmente sólida y difícil de revertir. Lo refleja, entre otras resoluciones consultadas por elDiario.es, una sentencia dictada en 2024 por la Audiencia Provincial de Palma, que rechazó que una mujer de 91 años pudiera recuperar los inmuebles entregados a su hijo mediante definición sucesoria tras acusarle de apropiarse de su dinero. El tribunal concluyó que el pacto no podía revocarse como una donación ordinaria precisamente por su naturaleza contractual. En otro caso, los magistrados rechazaron la reclamación de un hijo que exigía más de 67.000 euros al considerar que una finca transmitida en vida a su hermana mediante definición sucesoria había alterado el equilibrio hereditario familiar.

La Audiencia Provincial de Palma rechazó que una mujer de 91 años pudiera recuperar los inmuebles entregados a su hijo mediante definición sucesoria tras acusarle de apropiarse de su dinero. El tribunal concluyó que el pacto no podía revocarse como una donación ordinaria precisamente por su naturaleza contractual

La amplitud de estas figuras llega incluso a los menores de edad. En una sentencia del pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) concluyó que un menor de edad mayor de 16 años puede renunciar válidamente a su legítima en un pacto sucesorio aunque no esté emancipado. El caso partía de una liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones realizada por la Agencia Tributaria autonómica (ATIB), que consideró que una escritura de definición otorgada en favor de una menor debía tributar como donación ordinaria. La Administración entendía que, al no estar emancipada, la menor carecía de capacidad para renunciar a sus derechos sucesorios. Sin embargo, el tribunal rechaza esta interpretación y señala que la normativa balear no prohíbe expresamente este supuesto. Ante ese silencio, sostiene que debe aplicarse de forma supletoria el Código Civil, en concreto el artículo 166, que permite a los menores mayores de 16 años actuar con consentimiento en documento público y con la asistencia de sus representantes legales.

De la Edad Media a las herencias “optimizadas”

La definición sucesoria hunde sus raíces en el derecho civil mallorquín medieval, consolidado tras la conquista de Jaume I y desarrollado por la Corona de Aragón como un mecanismo para ordenar la transmisión del patrimonio familiar y evitar conflictos hereditarios. En una sociedad tradicionalmente basada en la continuidad de la casa y la propiedad, estos pactos permitían distribuir bienes en vida y asegurar la estabilidad del linaje. Hoy, siglos después, aquella institución histórica ha saltado de las notarías locales a las publicaciones dirigidas a clientes extranjeros de elevado poder adquisitivo, a quienes ofrecen servicios de nachfolgeplanung –planificación sucesoria– y detallan incluso cómo utilizar esta figura evitando determinadas cargas fiscales asociadas a las donaciones convencionales.

La definición sucesoria hunde sus raíces en el derecho civil mallorquín medieval, consolidado tras la conquista de Jaume I y desarrollado por la Corona de Aragón como un mecanismo para ordenar la transmisión del patrimonio familiar y evitar conflictos hereditarios

Uno de los despachos especializados en clientes alemanes, Stein & Partner –entre cuyas especialidades se encuentra la “estructuración de inversiones y empresas para la optimización fiscal”– describe los pactos sucesorios baleares como herramientas de “planificación sucesoria transfronteriza” y admite que “muchos ciudadanos europeos” están utilizando estas fórmulas para transferir en vida inmuebles a sus hijos en Mallorca. En una de sus publicaciones, asegura que “muchas familias en Baleares utilizan esta posibilidad de planificación fiscal especialmente para inmuebles con elevadas plusvalías aún no gravadas”. Otra de las webs, Mallorca Tax, encabeza uno de sus post con el título The Balearic Pacto Sucesorio Explained for Foreign Property Owners.

El contraste fiscal entre Alemania y Balears aparece de forma recurrente en este tipo de publicaciones. Parte del 'atractivo' que estos despachos otorgan a los pactos sucesorios en las islas se alimenta también de la comparación fiscal con otros países europeos. Algunas publicaciones jurídicas alemanas destacan que las herencias y donaciones entre familiares directos en las islas disfrutan de bonificaciones prácticamente inexistentes en Alemania, presentando el archipiélago como un territorio prácticamente libre de impuestos para heredar o donar.

La batalla jurídica por los extranjeros residentes

Uno de los grandes puntos de inflexión de estas operaciones se produjo en 2016, cuando el Tribunal Supremo (TS) estableció que la transmisión de bienes mediante pacto sucesorio no generaba ganancia patrimonial en el IRPF para quien los cedía, equiparándola fiscalmente a una herencia y reforzando así su atractivo frente a las donaciones tradicionales. La decisión convirtió la definición balear en una fórmula mucho más ventajosa que la donación tradicional, especialmente para transmitir inmuebles revalorizados. “Es así desde el momento en que el donatario tributará al tipo del 0% –y, en algunos casos, al 1%– por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que el donante está exento de tributar por el IRPF”, explica a elDiario.es el vicedecano del Colegio Notarial de Balears, Bartolomé Bibiloni. El notario admite que la reducida fiscalidad ha sido uno de los factores decisivos en el auge reciente de estas operaciones.

Uno de los grandes puntos de inflexión de estas operaciones se produjo en 2016, cuando el Tribunal Supremo (TS) estableció que la transmisión de bienes mediante pacto sucesorio no generaba ganancia patrimonial en el IRPF para quien los cedía, equiparándola fiscalmente a una herencia y reforzando así su atractivo frente a las donaciones tradicionales

En cuanto al acceso de extranjeros a esta figura, la Compilación del Derecho Civil balear –la normativa civil propia de las islas– exigía tradicionalmente que quien otorgara una definición sucesoria tuviera “vecindad civil mallorquina”, una condición jurídica vinculada al arraigo en un territorio con derecho civil propio y que los ciudadanos extranjeros no podían adquirir formalmente. Ese requisito limitaba el acceso a los pactos sucesorios a quienes ostentaban esa vinculación civil específica.

La controversia estalló en 2019, cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazó la inscripción de una definición sucesoria otorgada por una ciudadana francesa residente en Mallorca a favor de sus hijos al considerar precisamente que una extranjera no podía tener vecindad civil mallorquina.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma y posteriormente el TSJIB desmontaron esa interpretación al aplicar el Reglamento Europeo de Sucesiones, que sitúa la residencia habitual -y no la vecindad civil- como principal criterio de conexión. La decisión ampliaba de facto el alcance de los pactos sucesorios baleares: los extranjeros considerados residentes en las islas, es decir, que Balears constituyera su principal centro de vida personal o familiar-, también podían acogerse a estas figuras históricas del derecho civil balear. Lo que durante siglos había funcionado como una institución ligada a familias mallorquinas pasaba así a convertirse en una herramienta accesible para residentes internacionales con patrimonio inmobiliario en Balears.

La controversia estalló en 2019, cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazó la inscripción de una definición sucesoria otorgada por una mujer francesa residente en Mallorca a favor de sus hijos al considerar que una extranjera no podía tener vecindad civil mallorquina. Los tribunales desmontaron esa interpretación al aplicar el Reglamento Europeo de Sucesiones, que sitúa la residencia habitual como principal criterio de conexión

La ley que consolidó el fenómeno

El alcance internacional de esta figura terminó de consolidarse con la aprobación de la ley 8/2022 de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears, una norma que reconoció expresamente la necesidad de adaptar los pactos sucesorios a su “protagonismo actual”. La reforma modernizó y amplió la regulación de estas históricas figuras, clarificó aspectos que habían generado conflictos interpretativos e introdujo nuevas posibilidades –como los pactos entre abuelos y nietos– para responder a su creciente utilización como herramienta de planificación patrimonial y sucesoria.

A juicio de Bibiloni, la normativa ha representado un “hito importante” importante en el Derecho civil balear “al ser la primera y, posiblemente, la única ley sectorial que trata de los pactos sucesorios en todo el territorio nacional”. “El mérito de la ley ha sido regular [la definición sucesoria] con más detalle, desarrollar algunos de sus aspectos y dejar alguna ideas perfectamente claras a fin de evitar las confusiones que se producían, en especial en el ámbito fiscal”, subraya el notario, quien fue presidente del Consell Asesor del Derecho civil de las Illes Balears entre los años 2018 y 2023, periodo durante el cual se aprobó la norma. Es autor, además, del Manual Civil y Fiscal de los pactos sucesorios en el Derecho Civil de las Illes Balears.

La Ley balear 8/2022 de sucesión paccionada o contractual ha representado un hito importante en nuestro Derecho civil, al ser la primera y, posiblemente, la única ley sectorial que trata de los pactos sucesorios en todo el territorio nacional

Bartolomé Bibiloni — Vicedecano del Colegio Notarial de Balears

La internacionalización de los pactos sucesorios baleares generó un profundo debate dentro del ámbito jurídico. El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pedro Antonio Munar considera que el fenómeno debe analizarse con matices y rechaza interpretar la apertura de la definición sucesoria a residentes extranjeros como una anomalía jurídica. En declaraciones a elDiario.es, recuerda que el Reglamento Europeo de Sucesiones introdujo precisamente el criterio de la residencia habitual para determinar la ley aplicable a las herencias en contextos de movilidad internacional. “No es que un señor diga: ‘Tengo una casa en Mallorca’ y ya está. Tiene que acreditar una residencia habitual real en Balears”.

Munar subraya, además, una paradoja jurídica: mientras un ciudadano alemán o estadounidense residente habitual en Mallorca puede acogerse al derecho civil balear y utilizar pactos sucesorios, un español con vecindad civil común –“de Guadalajara, por ejemplo”– no puede hacerlo aunque viva temporalmente en las islas, porque su sucesión continúa rigiéndose por el Código Civil estatal. No existe una discriminación, sostiene, porque la ley aplicable no es la misma para el europeo que para el español que no tenga vecindad civil balear. El jurista insiste además en que el auge actual no puede explicarse únicamente por razones fiscales: “Hoy en Balears las donaciones entre padres e hijos también están prácticamente bonificadas”, apunta, señalando que en algunos casos “incluso es más fácil hacer una donación que un pacto sucesorio”.

El catedrático de Derecho Civil de la UIB Pedro Antonio Munar subraya una paradoja jurídica: mientras un ciudadano alemán o estadounidense residente habitual en Mallorca puede acogerse al derecho civil balear y utilizar pactos sucesorios, un español con vecindad civil común no puede hacerlo aunque viva temporalmente en las islas, porque su sucesión continúa rigiéndose por el Código Civil estatal

Herencias en vida y crisis de vivienda

El vicedecano del Colegio Notarial señala, por su parte, que las “importantes ventajas” que ofrecen los pactos sucesorios “también benefician a los extranjeros”. “Los extranjeros residentes en nuestras islas, de la nacionalidad que sea, pueden otorgar un pacto sucesorio, de definición o de finiquito, como los naturales de las mismas, es decir, como quien ostenta la vecindad civil balear. Las discusiones que pudieron plantearse en un momento anterior quedaron zanjadas, primero, por el TSJIB y, después, por la propia Ley 8/2022, ya de forma definitiva”, recalca.

El notario, sin embargo, rechaza que exista un uso generalizado de estas figuras en respuesta a una “estrategia determinada” por parte de los compradores extranjeros. Según señala, se trata de una “tendencia por la que se inclinan aquellos que llevan viviendo o habitando por periodos una propiedad que poseen en las islas, y que, al tener ya una avanzada edad, desean cederla a sus hijos”. “No es frecuente que se compren los inmuebles pensando en esa futura posibilidad”, sentencia.

Bibiloni concluye que el auge de los pactos sucesorios también ha incidido “en la mejoría de las relaciones familiares”: “No es lo mismo reunir a todos los miembros de una familia viviendo los padres que cuando ha fallecido alguno de ellos –o ambos–”, afirma. A su juicio, la creciente utilización de estas fórmulas se relaciona además con el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. “Con los pactos sucesorios los padres están dispuestos a desprenderse de alguna propiedad para facilitar que los hijos puedan permitirse una residencia a bajo coste”, sentencia.

La población española residente en Extremadura se redujo en 1.152 personas en el primer trimestre de 2026 respecto al cierre de 2025, mientras que la población extranjera aumentó en 1.157, lo que permitió que la región ganase cinco habitantes en el período de referencia hasta situarse en 1.055.347 el 1 de abril, según la Estadística Continua de Población.

De acuerdo a estos datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española residente en la comunidad extremeña asciende a 1.002.750 y la extranjera a 52.597.

Si se compara con los datos a 1 de abril de 2025, Extremadura suma 2.153 residentes en el último año cuando la población era de 1.053.194, nuevamente gracias al empuje de la población extranjera. Esta se ha incrementado en 4.746 personas en el último año frente al descenso de la española en 2.593 personas. 

Por sexos, del total de población en la región, 533.723 son mujeres y 521.624 hombres. 

A 1 de abril de este año la provincia de Badajoz alcanza una población de 666.771 personas, 277 residentes más que al cierre de 2025, y la de Cáceres de 388.576, lo que supone 272 menos.   

En Extremadura al finalizar el primer trimestre del año hay 449.918 hogares, de los que en 142.804 solo vive un residente, 132.687 formados por dos miembros, 86.704 por tres y 87.723 por cuatro o más miembros. 

En el conjunto nacional, la población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año, un 0,20% más que a final del 2025, y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026 -el máximo de la serie histórica-; y en términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 459.462 personas.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La regularización, celebrada por colectivos sociales y partidos de izquierdas que llevan años pidiéndola, entró en vigor este jueves. Ya pueden solicitar sus papeles todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que llevan cinco meses viviendo aquí. Te dejamos las claves aquí. Es un motivo de celebración para mucha gente. No para Omar. Él no se va a poder acoger a una regularización a la que tiene derecho porque cumple todos los requisitos. No va a poder porque, a unos días de que el consejo de ministros diera luz verde a la regularización le detuvieron. Ahora está en un CIE, con una orden de expulsión.

Escuchamos a Andrea, su novia, que cuenta a la perfección el arraigo que Omar sí tiene en España. También a Omar, desde el CIE. No es habitual escuchar a alguien hablar de cómo es el día a día en un CIE… de cómo se siente ante una expulsión cuando cumple todos los requisitos de una regularización extraordinaria. Hablamos con Gabriela Sánchez, la periodista de elDiario.es que ha estado en contacto con Omar y que nos explica los detalles de su historia y de la regularización que ya está en marcha.

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Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización 

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La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 4,4 % interanual en la segunda mitad de 2025, pero no es una tendencia que se haya producido en Castilla-La Mancha, donde este tipo de compras aumentó un 21,5%, frene a la tendencia descendente en el conjunto de España.

De hecho, la compraventa de este tipo de vivienda aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas. Cayó la cifra de las compraventas de extranjeros en la Comunidad de Madrid (-20,3 %); Islas Canarias (-10,8 %) e Islas Baleares (-10,2 %). Por su parte, los crecimientos más intensos se dieron en Castilla-La Mancha (21,5 %); Extremadura (13,8 %); Aragón (11 %) y Castilla y León (10,4 %).

En el segundo semestre del pasado año los extranjeros compraron 66.629 viviendas libres en España, el 18,4 % del total, frente al 19,5 % que se registró en el mismo periodo de 2024 y al 20,9 % de 2023, según el Consejo General del Notariado.

Los extranjeros residentes copan casi el 63% de las operaciones

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, el 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. En estos últimos, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en 2022.

Entre los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico.

Además, en el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.926 operaciones (40 % del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3 %); Cataluña (2.151; 8,7 %); Murcia (1.933; 7,8 %) o Canarias (1.843; 7,4 %).

Pagan un 5 % más y los extranjeros no residentes 3.242 euros/m2

Las viviendas adquiridas por extranjeros tuvieron un precio medio de 2.479 euros/m², un 5 % más. Los no residentes desembolsaron los importes más elevados, 3.242 euros/m², frente a los 1.963 euros/m² de los extranjeros residentes y los 1.839 euros/m² de los españoles.

El precio medio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 5,8 %, el de extranjeros residentes lo hizo un 9,4 % y el de los españoles un 7,4 %.

Por comunidades, los precios crecieron en 16, especialmente en Cantabria (17,2 %); Murcia (14,1 %); La Rioja (13,4 %); Navarra (12,6 %); Comunidad de Madrid (11,6 %); Asturias (10,5 %) y Extremadura (10,3 %). Solo se redujeron en Galicia (-4,9 %).

Reino Unido y Marruecos lideran la demanda extranjera en España

El mayor número de operaciones correspondió a Reino Unido, 5.178, el 7,8 % del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %); Italia (4.397; 6,6 %); Alemania (4.351; 6,5 %) y Rumanía (4.339; 6,5 %). El resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, el 12,3 % del total.

Entre los extranjeros residentes, los marroquíes encabezaron las compraventas (12,1 % del total), seguidos de italianos y rumanos, mientras que entre los no residentes fueron los más destacados los de Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %) y Reino Unido (11,5 %).

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Hoy recuperamos un episodio que preparamos tras una investigación del equipo de datos de elDiario.es y que llegaba a una conclusión muy clara: Cuanto más pobre es el barrio, mayor es la concentración de población migrante. Hay zonas que son una auténtica frontera: los puntos amarillos son la población extranjera. Los azules, la población española. Hay barrios en España de auténtico contraste. A un lado, todo azul. A otro, todo amarillo. Una frontera.

Nos dirigimos a alguna de ellas. Por ejemplo, en Madrid, en la M30: la arteria que divide Puente de Vallecas con Retiro - Pacífico. Allí vamos con Gabriela Sánchez, la jefa de Desalambre en elDiario.es, que ha coordinado este especial con Raúl Sánchez, jefe de datos de elDiario.es y con el que hablamos para entender este fenómeno. También, con los periodistas de elDiario.es Carmen Ibáñez y Marcos García Santonja, vamos a otras dos zonas con una frontera clara en lo que a segregación se refiere en Sevilla y en Alicante.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 26 de enero de 2026 ***

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El mapa de la segregación, calle a calle: cómo se divide a la población por origen y renta

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El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando, supuestamente, la identidad de terceras personas, antiguas trabajadoras de la empresa.

La investigación, bautizada como Operación Marka, fue llevada a cabo por el grupo 2 de la UCRIF, y se inició tras la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando en otra compañía distinta, fuera de España.

La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.

Según ha explicado la Policía –y recoge Europa Press–, el empresario actuaba así con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados; así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social el tiempo de realización de los mismos. De este modo, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado estos cursos.

Con ello perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que éstos derivaban en los auténticos titulares de las altas.

Por el otro, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía los sistemas de control de éstas al estar desarrollando su actividad con personal no cualificado en los cursos en seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo a su vez para la salud de los empleados.

Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanarlo.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de 45 ciudadanos extranjeros que se encontraban en España en situación irregular llevando a cabo la recogida de mandarinas en una finca cercana a la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). Las víctimas trabajaban sin haber sido dados de alta en el sistema de la Seguridad Social y en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad.

La investigación comenzó a finales del pasado año, cuando se detectó la posible existencia de una finca en la que se podrían estar cometiendo delitos contra los derechos de los trabajadores por parte de la empresa contratante. Los agentes verificaron que en el lugar de la investigación se estaba trabajando en la recolección de mandarinas de manera irregular: los trabajadores no tenían permiso de residencia, ni de trabajo y sin contrato.

Las 45 víctimas que se encontraban en la finca registraban un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) que no se correspondía con su filiación, sino que pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta fraudulentamente en la Seguridad Social, sin que estuvieran realmente realizando dicha jornada de trabajo.

Durante la inspección, los agentes detuvieron al responsable de la organización, al que se le imputan los delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.