El PP de Moreno apoya el plan de Vox de “deportar” inmigrantes para solucionar el “colapso” de la vivienda en España

El PP y Vox han aprobado este jueves una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que se reclama que el Gobierno central garantice “la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a una vivienda social o protegida y para “ser receptor” de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda, y pide al Gobierno central que, para conseguirlo, proceda a la “la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal”; a la “remigración” de los extranjeros que “pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos”, y a la “deportación inmediata” de quienes “cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras”.

La PNL teóricamente sobre vivienda presentada por Vox ha contado con el apoyo del PP de Moreno, que en apenas un año ha pasado de proclamar que no participaría en ninguna “cacería al emigrante” a abrazar el discurso más duro de Vox con la emigración, articulado en torno a la “repatriación”, la “remigración” y la “deportación”, tres figuras con matices y supuestamente aplicables a situaciones diversas con una misma finalidad: expulsar migrantes de España.

Como supuesta justificación, el texto sostiene la vinculación directa entre la falta de vivienda asequible en España y en Andalucía con la inmigración. Hace apenas 24 horas, Moreno y el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, presentaron el programa de vivienda del PP para las próximas elecciones, sin establecer ninguna relación entre inmigración y falta de vivienda, como hace abiertamente la PNL que ahora apoya el PP andaluz.

Moreno pasa de desmarcarse a apoyar a Vox

Moreno se pasó la legislatura pasada refutando a Vox cuando el partido ultra le instaba a ser duro con la inmigración. Por entonces, Moreno subrayaba que no tenía competencias, pero también se desmarcaba de la línea dura del partido de Abascal. De hecho, esto venía siendo así desde la primera legislatura del barón popular, cuando en 2019, apenas cinco minutos después de la toma de posesión de los primeros consejeros de Moreno, Vox hizo públicas sus exigencias para que sus 12 diputados los apoyasen. Una de las principales ya era que “el nuevo Gobierno de la Junta que colabore en la repatriación de los 52.000 inmigrantes ilegales”, un dato que no explicaban de dónde procedía.

En estos años, Moreno ha capeado las invectivas a cuenta de la inmigración por parte de Vox, que llegó a llamarle “Juanma Moruno”. “No somos lo mismo”, insistía. Hasta que llegaron las negociaciones para formar el nuevo Gobierno tras las elecciones de mayo, y le fue necesario contar con el apoyo del partido de ultraderecha. Entonces, Moreno firmó un documento programático con Vox que incluye el concepto “prioridad nacional”, que él mismo había definido como “literatura” durante la campaña, y que ahora “inspira” al Gobierno andaluz para asignar el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Este mismo principio rector se aplica para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. El pacto de Gobierno también estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.

Esta misma semana han llegado las primeras concreciones. El Gobierno andaluz ya ha retirado ayudas a ONG que atienden a inmigrantes sin hogar. En concreto, ha suspendido ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar. El Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas, parte de ellas extranjeras.

Ahora, el PP en el Parlamento andaluz vota a favor de una PNL sobre vivienda que apunta a los inmigrantes como origen de la falta de alojamientos, y propugna su retorno voluntario o forzoso a sus países de origen.

El texto ha contado con 63 votos a favor y 41 votos en contra, teniendo el apoyo del PP-A y Vox, y el rechazo del resto de grupos de la oposición.

“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”

El diputado de Vox, Ricardo López, que ha defendido la iniciativa, ha señalado un déficit de 750.000 viviendas entre el número de viviendas y las personas que buscan un acceso a ella, poniendo el foco en las personas migrantes. “Con sus políticas de puertas abiertas y el efecto llamada han puesto en grave riesgo y en una situación de drama al pueblo español, a los Hernández y a los García, porque ustedes están beneficiando a señoras que vienen de Sierra Leona, que se tienen que solucionar sus problemas allí, y esto es un dato objetivo”, ha aseverado.

“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”, ha asegurado el diputado de Vox. Asimismo, López ha criticado la gestión de vivienda por parte del Gobierno central al que ha afeado convertir la preocupación sobre la vivienda en “un vehículo electoral”, a la par que ha señalado el alto número de propiedades por parte de algunos dirigentes del PSOE y Frente Amplio.

“Ustedes son los pijoprogres que viven en chalés y en urbanizaciones privadas, que no han visto un extranjero nada más que cuando va a limpiarles a ustedes la piscina y que están poniendo en riesgo a nuestra gente”, ha aseverado.

La oposición califica la PNL de “xenófoba”

El parlamentario del PSOE-A, Daniel Pérez, ha afeado a Vox que en la PNL “no habla de una sola casa, de un solo ladrillo ni de una sola ayuda al alquiler, se habla de deportar, remigrar y repatriar”. En este sentido, ha asegurado que la prioridad nacional planteada en el texto “rezuma odio y xenofobia”.

Asimismo, ha afeado que desde el Gobierno andaluz “no se hace una sola propuesta real” sobre vivienda y ha criticado la falta de apoyo de Vox a los reales decretos impulsados por el ejecutivo central para paralizar los desahucios.

“Todo lo que han intentado en todo momento es señalar, señalar e identificar siempre al de abajo, porque es más fácil señalar al jornalero de Huelva que atacar, en este caso, a quien especula con fondos de inversión”, ha remarcado.

En esta línea, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha defendido el carácter migrante del pueblo andaluz y ha asegurado que muchas personas migrantes “no viven en una vivienda digna”.

“Vox necesita a los inmigrantes para culparlos de todos los problemas, aunque no tengan nada que ver. Y los necesitan porque Vox está aquí para defender los intereses de los ricos, que necesitan a los inmigrantes explotados, los necesitan sin papeles”, ha explicado al mismo tiempo que ha señalado a fondos de inversión extranjeros por comprar viviendas en Andalucía.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha lamentado la “especulación” por parte de dichos fondos de inversión y ha señalado al PP “por gobernar junto a Vox”. “¿No estáis viendo el carácter racista que para justificar y dar una batalla ideológica que va contra ustedes también, porque os la están dando a ustedes, tienen que ir al clasismo, al racismo, al señalamiento, a la criminalización del pobre? Os van a comer por los pies”, ha aseverado.

El diputado del grupo popular, Manuel García Delgado, ha puesto el foco en la gestión del Gobierno de España por la situación de la vivienda y en contraposición ha puesto en valor las políticas impulsadas desde la Junta de Andalucía. “Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad. Nuestro compromiso siempre será con los andaluces, más viviendas asequibles, menos trabas y más ayudas para las familias”, ha reafirmado.

“Atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero”

El texto pide que el Gobierno nacional ataje “la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios”, y que la recaudación resultante se destine “a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida”.

Asimismo, se plantea que el Ejecutivo nacional explore cuantas fórmulas sean necesarias para “limitar la demanda extranjera no residente, que está inflando los precios de la vivienda y dificulta la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades de nuestro país”, y que impulse cuantas reformas legales sean necesarias, a todos los niveles competenciales incluyendo instancias europeas, para que la adquisición de una primera vivienda habitual sea nueva o de segunda mano, quede libre de cargas fiscales para los españoles.

Otra demanda es que el Ejecutivo nacional “promueva, en coordinación con las administraciones competentes, una revisión exhaustiva de las tasas e impuestos de ámbito autonómico y local que inciden en el proceso edificatorio, con el objetivo de impulsar la supresión o bonificación de aquellos que contribuyan a incrementar el coste final de los inmuebles y dificulten el acceso a la vivienda”.

Vox pide que el Gobierno “incremente de manera sustancial y sostenida en el tiempo de la producción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de los procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias que obstaculizan el desarrollo del sector, simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas, al tiempo que se articulan instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales”.

También se pide que el Ejecutivo nacional incremente la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra mediante fórmulas de colaboración público-privada para garantizar que los jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos, y que promocione un modelo de alquileres que armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad).

Asimismo, en la iniciativa de Vox se insta al Ejecutivo nacional a modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y otra normativa que resulte necesaria, con el objeto de “impedir el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente y evitar que dicha inscripción pueda generar derechos o beneficios derivados de una situación de ocupación ilegal”, y a impulsar las reformas legales necesarias para “garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales y la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios en un plazo máximo de 24 horas”.