Salarios, ratios y reconocimiento: la educación infantil va a su primera huelga general en España

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este miércoles a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.