“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

Algunas cuentas de Cultura de la Junta de Castilla y León llevan varios días en silencio, algo inhabitual. CCOO denuncia que la Consejería de Cultura, en manos de Vox, ha dado una instrucción verbal para supervisar las publicaciones de redes sociales institucionales, lo que supone una “injerencia política incompatible con la autonomía profesional” de las instituciones culturales y “un precedente que no puede normalizarse en una sociedad democrática”. “Sin orden escrita, sin transparencia y con publicaciones paralizadas ”hasta nueva orden“. La Consejería debe aclarar de inmediato qué está pasando”, ha exigido la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Castilla y León.

El nuevo consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico (Vox), anunció hace días su intención de acabar con la “ideologización” y “progresía” del área de Cultura -que hasta ahora dirigía Gonzalo Santonja, primero con Vox y luego con el gobierno en minoría del PP-. Pocos días antes, en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico, Díaz Pico y David Hierro protagonizaron un desencuentro público por ver quién se sentaba junto al vicepresidente autonómico, Carlos Pollán.

El presidente de la Fundación Jesús Pereda, Luis Fernández Bayón, defiende la libertad para publicar y no tener control político. “Este el primer paso para la censura en todo lo relacionado con la cultura” Fernández Bayón teme que se pueda atacar a la libertad, “uno de los pilares de la cultura”.

La asociación de profesionales de bibliotecas de Burgos ha reprochado que así inicie la Junta de Castilla y León su “nueva política cultural”. “¿Censura previa, control del mensaje, persecución al mensajero...? Tú eliges”, ha protestado.

En el anterior mandato durante la primera coalición entre el PP y Vox no se produjo ninguna orden directa para que las redes sociales pasaran por un “filtro político” como hasta ahora. El presidente de la Fundación Jesús Pereda teme que la marcha de la exviceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, -recién nombrada viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral-, pueda ser porque ella no quisiera “controlar” de esta manera. “Hasta ahora había temas que no se traían y se apostaba mucho por Las Edades del Hombre y la tauromaquia, pero no había una injerencia tan notable”, ha defendido en declaraciones a elDiario.es.

CCOO Castilla y León ha mostrado todo su apoyo a las trabajadoras y trabajadores de las instituciones culturales públicas y reclama a la Consejería de Cultura que aclare de forma inmediata esta información y garantice que la comunicación, la programación y la actividad cultural seguirán desarrollándose con plena independencia profesional.

“Las redes sociales de las bibliotecas no son un capricho: informan de actividades, acercan la lectura, difunden servicios públicos y crean comunidad. Bloquear o condicionar esas publicaciones supone apagar una vía directa de comunicación con la ciudadanía.”, alertaba este jueves CCOO a los trabajadores públicos.

Listado de nombres y correos de los que gestionan las redes

El sindicato también ha mostrado su preocupación por que se haya empezado a pedir nombres, teléfonos y correos electrónicos de quienes gestionan las redes sociales. “La cultura pública no puede gestionarse desde el miedo ni desde el silencio”, ha zanjado el sindicato.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Cultura y publicará sus comentarios si procede.

A estas alturas del partido, cualquier columnista serio (como Mariano Rajoy) estaría escribiendo sobre los ajustes de alineación de Francia, la sorpresa de Cabo Verde o las probabilidades de España; yo llevo días intentando comprender en qué momento un bote de kétchup se ha convertido en material altamente subversivo.

Cabría pensar que, en un Mundial celebrado entre países atravesados por guerras abiertas, crisis diplomáticas y tensiones migratorias, los desvelos de la organización recaerían en asuntos de cierta envergadura. Para sorpresa de nadie, el orden de prioridades de la FIFA es otro y tiene que ver con su bolsillo. 

En los estadios están desapareciendo las marcas que no han pagado el peaje de patrocinador oficial. Uno de los casos más sonados ha sido el del antiguo Levi’s Stadium, en Santa Clara (California). La FIFA cambió el nombre y cubrió su enorme y característico logo con una lona que dejaba poco a la imaginación. El resultado fue tan eficaz como tratar de esconder a un elefante tras un banderín de córner. 

La marca de vaqueros no tardó en apropiarse del absurdo en redes sociales. Es de primero de internet: si no quieres que se hable de algo no le digas a la gente que no mire. 

En el que era el Gillette Stadium de Boston, el intento de borrado de la marca también les salió regulinchi. Gillette se sumó al troleo y el impacto creció como la espuma.

No fue suficiente con eso. La FIFA ordenó además eliminar los pequeños logotipos de la compañía de cuchillas impresos en cada asiento. Más de 64.000 pegatinas azules colocadas a mano, una a una, no fuera a ser que a alguien le entraran unas ganas locas de afeitarse durante el descanso. 

Si el objetivo fuera únicamente ocultar grandes logos, aún podría entenderlo. Pero es que la FIFA no conoce la moderación. 

En la sala de prensa de estadio californiano aparecieron sin previo aviso botes de kétchup, mayonesa y salsa de soja con las etiquetas tapadas con cinta aislante. Parecían testigos protegidos denunciando a la mafia. Ellos no vieron venir el meme; Heinz sí.

Los perritos calientes no son los únicos damnificados.  El jugador de la selección alemana Jamal Musiala tuvo que salir a calentar con la marca de sus auriculares tapada en cumplimiento estricto de las normas de las zonas de competición. La paranoia alcanza tales niveles que una no sabe si un futbolista lleva cosas pegadas por superstición o por mandato judicial.

La sensación es que hay demasiado en juego. La dedicación de la FIFA para proteger la exclusividad de los patrocinadores es una de las razones por las que ingresará la nada desdeñable cifra de unos 7.775 millones en este año de Mundial.

Sin embargo, en su obsesión por blindar sus ingresos de patrocinios, la FIFA ha terminado regalando la mejor campaña publicitaria a los censurados. La supuesta organización sin ánimo de lucro ha olvidado que, en la era de los memes, intentar ocultar un bote de kétchup lo convierte en un símbolo. Al final, el mayor saboteador de este torneo no es ninguna marca intrusa, sino la propia torpeza de los organizadores.

Hay una lección de marketing en todo esto que quizá alguien debería explicarle al PP de Madrid. Esta semana han intentado cancelar el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en Rivas-Vaciamadrid, a dos días de su arranque, mediante una suspensión cautelar tras un recurso presentado por una concejala popular. La suspensión ha sido finalmente levantada y el festival se puede celebrar. Pero el amago ya había provocado consecuencias.

La operación ha conseguido exactamente lo mismo que la cinta adhesiva sobre los botes de kétchup: llamar la atención sobre aquello que pretendía ocultar. Han convertido nuestro festival cultural en noticia. Han recordado a miles de personas que el FIC existe. Han logrado que nuestra comunidad de lectores, socios y socias se vuelque con el periódico. Y han conseguido que mucha más gente quiera venir a apoyarnos.

Querían que bajaramos el telón. Pero hay algo que los censores de cualquier época parecen olvidar: las ideas siempre encuentran la forma de colarse por las rendijas. Y la libertad tiene la mala costumbre de aparecer precisamente donde alguien ha intentado taparla. Hay partido. Nos vemos en Rivas.

“Ya en la introducción hay una alusión hiriente a la censura que le impide decir todo lo que quisiera”, escribe en mayo de 1971 el censor de Xente ao lonxe, “pero aun así su texto está lleno de pasajes escabrosos, de palabras oscenas [sic] y soeces con frecuentes blasfemias, de burlas y sarcasmos contra el obispo, los canónicos, los clérigos; de párrafos hirientes y heréticos con relación a los santos, los milagros y otras materias dogmáticas, y de reticentes críticas en materia social y política”. La fenomenal epopeya de Eduardo Blanco Amor, una novela de aprendizaje obrero en el Ourense de inicios del siglo XX, no se publicó. No se publicó por lo menos en aquella versión que la Editorial Galaxia había remitido a la censura. El autor reescribió algunos tramos y, en diciembre de 1971, recibió el plácet “pese a persistir algunas inconveniencias”. Llegó a las librerías al año siguiente. El original sin distorsionar no salió a la luz hasta 2014.

La peripecia de la obra de Blanco Amor -no solo Xente ao lonxe, también sufrió la emblemática A esmorga (1959)- bajo la lupa censora del franquismo es uno de los más significativos episodios que recoge el catedrático de la Universidade de Vigo Xosé Manuel Dasilva (Vilagarcía de Arousa, 1962) en Os libros censurados por Franco (en gallego, Galaxia, 2026). “Xente ao lonxe había recibido tres informes censores y los tres desfavorables”, explica Dasilva a elDiario.es, “entonces, Blanco Amor escribe a Meilán Gil, a quien conocía y tenía un cargo en el Gobierno franquista. Este media en el asunto. Aconsejado por los editores de Galaxia, el autor decide remodelar la narración. El mecanoescrito original en el que figuran las correcciones obligadas por la censura, pero también otras de carácter estético por voluntad propia, lo encontré muchos años después. Estaba en manos privadas. La edición restaurada es de 2014”. Las vicisitudes de A esmorga, tal vez la más importante novela gallega del XX, resultaron igualmente agitadas.

'A esmorga': “Burda novela corta, en gallego”

El primer intento de publicarla en Galicia fue inviable. “Burda novela corta, en gallego, en la que se narran las aventuras y desventuras de tres borrachos”, resumía el censor Miguel Piernavieja del Pozo, “en lenguaje a menudo soez, se mezclan los diálogos de estos tristes personajes con escenas de burdel y recuerdos de aventuras. No debe autorizarse”. Sus editores de Galaxia ya se lo habían advertido: no se daban las condiciones. El libro se publicó finalmente en 1959, pero en Buenos Aires. Hasta que, ya a comienzos de los 70 y cuando la célebre Ley Fraga había sustituido la censura previa por la perversa consulta voluntaria -las editoriales remitían motu proprio los originales y recibían o no el visto bueno, de lo contrario se arriesgaban a un secuestro de la edición una vez esta se encontraba en la calle-, en Galaxia cambian de opinión y vuelven a someter la obra a la censura. “Lenguaje excesivo en su forma muy libre, sucio a veces, con expresiones, palabras y frases faltosas de elegancia y de toda delicadeza. Estimamos no es admisible la publicación”, dijo entonces la administración. Un segundo informe cargaba además contra la imagen de la Guardia Civil que transmitía este periplo existencialista por los barrios bajos ourensanos escrito con un asombroso dominio técnico, y exigía mutilar el texto.

Blanco Amor accedió, pero en vez de recortar, reescribe, y elimina los pasajes señalados por el censor. Esa es la versión que en 1970 Galaxia publicó en Galicia, la última revisada en vida por el autor -la testamentaria, según la filología- y la que se reeditó una y otra vez hasta 2011. Dasilva encontró entonces el expediente de la censura en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid) y comprendió, contra la historia transmitida durante décadas, que los cambios y las diferencias entre la versión de 1959 publicada en Buenos aires y la de 1970 en Galicia no habían sido voluntarios, sino forzados. La versión “genuina” del libro salió de nuevo en 2011. “La noche anterior a consultar el expediente de A esmorga estaba inquieto por la emoción”, hace memoria Dasilva, “las cajas del Archivo General contienen todo tipo de información: administrativa, cartas, materiales textuales. Nunca sabías lo que ibas a encontrar”.

El gallego no es para la filosofía

Hacía entonces unos tres años que se había adentrado en el territorio de la censura franquista. “Quería saber qué había sucedido con la famosa traducción de Heidegger, Da esencia da verdade”, recuerda, “y en 2007 fui al Archivo General en Alcalá a buscar el expediente”. La historia de la versión en gallego -obra de Celestino Fernández de la Vega y Ramón Piñeiro- del texto, en realidad la transcripción de una conferencia, del controvertido filósofo alemán es una de las más rocambolescas de las que recoge Os libros censurados por Franco. Enviada en 1952 a la censura, esta la autorizó con un comentario quizás involuntariamente irónico del censor: “A vueltas de largas disquisiciones, a veces un tanto retóricas, sobre el tema, Heidegger contesta a la cuestión planteada diciendo que la esencia de la verdad es la verdad de la esencia”. Pero el permiso para su publicación no duró: lo suspendió el jefe de sección de Inspección de Libros, Joaquín Úbeda.

“El problema era que Piñeiro y De La Vega querían demostrar que el gallego era válido para cualquier tema, también para el pensamiento filosófico”, aduce Dasilva, “y eso no encajaba con la visión del Régimen sobre la lengua gallega”. Folclórica, en el menos malo de los casos. El director general de Prensa de la dictadura, el siniestro Juan Aparicio, había publicado un virulento artículo en el diario Pueblo que Dasilva cita en la introducción de su obra. “En Galicia, algún pedantón traduce la filosofía alemana con ritmo de gaita […] el escritor que escribe en la colección Grial de la Editorial Galaxia, Vigo […] es un escritor que tiene faltas de ortografía en su pluma y en su alma”, aseguraba. Sus inferiores en el escalafón tomaron nota. Da esencia da verdade, las reflexiones de un pensador conservador, no se publicaron en gallego hasta cuatro años más tarde. Aparicio había abandonado el cargo.

“Sostenedor intelectual de un separatismo gallego absurdo”

Aquella primera visita al archivo de Alcalá fue, contra el propio pronóstico del autor, el inicio de un trayecto investigador que culmina en Os libros censurados por Franco. “Tras el de Heidegger, comencé a consultar todos los expedientes relativos a la literatura gallega. Fui publicando trabajos en revistas y pensé ¿ahora qué hago? ¿Una historia de la censura? ¿Reúno mis ensayos?”, relata, “pero encontré inspiración en un libro de Quim Torra [sí, el que fue presidente de la Generalitat] y Jaume Clotet”. Se refiere a Les millors obres de la literatura catalana (comentades pel censor) (2010). En esa línea, el de Xosé Manuel Dasilva es un libro de divulgación, un breviario de consulta. Además de un prólogo de contexto, recopila, ordenados con un sistema de fichas, todos los informes censores sobre obras en gallego y añade un apartado de comentarios en las obras cuya publicación fue denegada que resume lo sucedido posteriormente con las mismas.

“Ya existían trabajos sólidos sobre la censura en la literatura castellana, también en la catalana o en la vasca. En Galicia apenas había nada”, señala, “solo un trabajo de Basilio Losada publicado en los años 80 aunque sin fuentes primarias”. Lo que Dasilva sintetiza en la introducción del libro es que la censura franquista tenía tres preocupaciones principales: la religión, la política y la moral. “Descripciones realmente impublicables en cualquier país, blasfemias, ofensas a la moral”, aseguraba uno de los lectores de Blanco Amor. Y que, en el caso gallego, la lengua era otro factor de represión. “El caso de Da esencia da verdade es emblemático”, considera. Los censores no tenían problemas, sin embargo, con la poesía más etérea.

“Ningún reparo ofrece para su posible autorización esta obra de composiciones poéticas en dialecto gallego entonadas con el dulce paisaje de la tierra”, decía uno en 1960 a respecto de De día a día, de Aquilino Iglesia Alvariño, dotado poeta rilkiano. Cabanillas, cuya extensa obra atravesó fases de agitación social, poesía religiosa o mitología en verso, era otra cosa. “Es un lírico de gran inspiración, pero también uno de los sostenedores intelectuales de un separatismo gallego anacrónico y absurdo. Su crítica social -pregona la rebelión violenta de los campesinos- es también un extremismo sin mucho sentido”. Al gran poeta político gallego del siglo XX, Celso Emilio Ferreiro, también lo habían calado. “Su obra refleja una ideología insidiosa, partidista y destructiva”, decía un informe firmado por María Dolores López Delgado, “y apunta hacia varios objetivos: defensa de la libertad e incitación a la subversión, ideas y sentimientos socialistas, ataques injuriosos a la Nación y a la política económica actual, ataques a entidades y personas políticas extranjeras”.

Sobre Ferrín: “Algunas poesías rezuman un tono comunista”

“Hay informes que son valiosos desde el punto de vista literario e histórico y hay informes que son ridículos”, entiende Xosé Manuel Dasilva. Según el investigador, los censores fueron, en una primera etapa, personas ilustradas y en una segunda, “muertos de hambre, gente que quería llegar a fin de mes y se prestaba, muchas veces pretenciosos”. A la edición de 1971 de Aires da miña terra e outros poemas, el clásico decimonónico de Curros Enríquez, uno de ellos afeaba: “Dedica numerosos poemas a atacar al papado como institución terrenal ávida de poder y riquezas […] sin embargo, el ataque no se para aquí, sino que se extiende a toda la Iglesia católica, al rito, los curas, las monjas y los santos, especialmente San Ignacio, que no parece ser santo de su devoción”. Ya en los estertores del tinglado represor, junio de 1976, uno de esos lectores tijera en mano se explayaba sobre Con pólvora e magnolias, libro decisivo de la poesía gallega contemporánea, obra de Xosé Luís Méndez Ferrín. “Conjunto de poesías arítimicas [sic] de distintas tonalidades cada una, pero predominando el tono nostálgico y algo nihilista, aunque algunas rezuman un tono comunista”, sostenía.

Más allá de la textualidad de los informes, entre peripatética, amenazante, grotesca e irrisoria -vista hoy-, Os libros censurados por Franco sirvió a Xosé Manuel Dasilva para reflexionar sobre cómo el franquismo condicionó el desarrollo de la literatura en gallego. Dos tipos de factores, los explícitos y los implícitos, limitaron el terreno, taponaron vías, cercaron posibilidades, prohibieron experimentos. “Quien estaba entonces en Galicia sabía lo que podía escribir y lo que no. Estos condicionantes implícitos provocaron que muchas obras quedasen en la imaginación de sus autores, potenciaron determinadas opciones estéticas, atenuaron otras”, opina. “Los explícitos retrasaron la publicación de libros como O silencio redimido, de Silvio Santiago”, puntualiza. Solo en 1976, muerto su autor y en el tramo último de la dictadura, pudo salir a la luz este relato en primera persona sobre los derrotados en la Guerra Civil.

Os libros censurados por Franco no pretende, en todo caso, forzar ninguna interpretación. “Huyo de la especulación. El trabajo es objetivo. Solo tiene un objetivo: que dejen de circular errores, mistificaciones y falsas leyendas”, concluye el autor.

Nueva confrontación entre el tejido asociativo de Hortaleza y la Junta Municipal del distrito. Las entidades vecinales La Unión de Hortaleza y La Expansión de San Lorenzo denuncian haber sido censuradas durante sus actuaciones en las Fiestas de Primavera de este distrito madrileño, organizadas por la Junta que preside el polémico concejal David Pérez, uno de los nombres más controvertidos en el segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida.

Según recoge en un comunicado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), un asesor del edil llamó a la Policía Municipal y amenazó con multar a La Unión de Hortaleza si durante su actuación se producía algún tipo de protesta contra la gestión de Pérez. Una administración cuestionada por las entidades del distrito debido a su “constante maltrato” al movimiento asociativo mediante prohibiciones de eventos y sanciones económicas. “Lo que está ocurriendo en Hortaleza con David Pérez es propio de dictaduras”, trasladan desde La Expansión de San Lorenzo.

Además, una de las trabajadoras de la organización de las fiestas, que concluyeron el pasado fin de semana, subió al escenario del auditorio Pilar García Peña para arrancar una pancarta reivindicativa que portaban los miembros del Club del Disco de Hortaleza después ofrecer una sesión de música. Esta agrupación actuó en las Fiestas de Primavera del distrito el pasado jueves 4 de junio con una sesión gratuita de música en vinilo. Según denuncia la asociación, los DJs fueron registrados antes de subir al escenario por una responsable de la empresa Sonimar, encargada de la gestión técnica de las actuaciones de las fiestas.

Tras la sesión de música, que se desarrolló sin incidentes, los dos pinchadiscos sacaron una pancarta reivindicativa en el escenario en la que se podía leer: “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”. Apenas cuatro segundos después de desplegar la pancarta, la responsable de la empresa Sonimar subió al escenario para arrancar la pancarta y dar instrucciones a los técnicos para que apagaran las luces del escenario.

“La censura es total contra las asociaciones y colectivos del barrio y mostramos nuestra más enérgica repulsa”, lamenta el Club del Disco de Hortaleza en un comunicado, en el que también critica que la Junta Municipal del bautizado como concejal aguafiestas haya eliminado el presupuesto destinado a las actuaciones de las entidades vecinales en las fiestas del distrito.

El viernes 5 de junio, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza tenía previsto participar en las fiestas del distrito con una actuación de bailes y otra a cargo de la ‘Compañía del Viento’ en el auditorio Pilar García Peña del parque Pinar del Rey, como constaba en la programación oficial de los festejos. “Cuando estaba a punto de comenzar la actuación, personal de la empresa responsable de la gestión de las actuaciones nos preguntó qué eran las hojas que llevábamos en las manos”, aseguran desde la asociación.

Un asesor de Pérez, señalado

“Nos dijeron que no podían autorizar una actuación política en el escenario porque les iba a traer consecuencias para ellos. No nos negamos a enseñar el material que teníamos para la actuación. Y nos dijo que no podíamos subir al escenario con ningún papel, ni hacer ningún tipo de presentación con el micrófono”. Ante esa situación, se pidió a la trabajadora la orden por escrito, pero ella reaccionó solicitando que se personara David Enguita, asesor del concejal David Pérez en la Junta Municipal de Hortaleza.

Según La Unión de Hortaleza, “el señor Enguita se presentó en la entrada al escenario del auditorio y nos dijo que no iba a permitir ni pancartas, ni ninguna actuación política en el escenario, que íbamos a ser multados, sancionados y que recaería toda la responsabilidad sobre la asociación”. El asesor aludió a un correo electrónico que la Junta Municipal envió ese mismo viernes a las entidades participantes con una amenaza de sanción a “cualquier conducta que suponga una falta de respeto hacia el personal” de las fiestas.

“Solicitamos leer las normas para ver exactamente cuáles pensaba que se estaban incumpliendo. El señor Enguita se negó y su forma de dirigirse a personas de la asociación fue intimidante y en tono amenazante. Se encontraba en un espacio público y nos estaba dando unas instrucciones concretas diciendo que si no cumplíamos con la programación seríamos multados, que no podríamos volver a actuar en las fiestas”, detalla La Unión de Hortaleza en un comunicado.

En ese momento, una persona se puso a grabar la discusión con un teléfono móvil. El asesor del concejal dijo “no me grabes por favor o llamo a la policía”, como finalmente hizo. Cuatro agentes de la Policía Municipal acudieron a la entrada del escenario del auditorio. “La policía nos dijo que habían acudido porque una entidad pretendía salir al escenario sin estar autorizada y les enseñamos el programa público, demostrando que estábamos autorizadas para actuar. Los agentes también nos informaron de que, dependiendo del contenido de lo que dijéramos o hiciéramos en el escenario, la asociación podría tener consecuencias”, afirman desde La Unión de Hortaleza, que pudo subir al escenario de las fiestas con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto para celebrar la actuación de baile que protagonizaban niños y niñas de entre 6 y 14 años.

“Finalmente nos dijeron que permitían la actuación de baile pero ninguna otra más que tuviera contenido político, impidiendo realizar la segunda parte de la actuación que era la ‘Compañía del Viento’”, con la que la asociación pretendía denunciar las prohibiciones del concejal David Pérez al tejido vecinal de Hortaleza.

La polémica respuesta del concejal, con referencias a la política nacional

El exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado a las quejas con un mensaje en X donde habla de todo salvo su propia gestión: “Los que callan con las chistorras, las Leires, los collares y demás corruptelas, protestando contra mí porque aplique las ordenanzas y no les deje vender alcohol en sus fiestas. Es de pena. Las subvenciones se justifican, las normas se cumplen y a esa la cara: nadie de esta supuesta coordinadora da su identidad. Es vergonzosa su cobardía, su abuso del anonimato y su forma de presionarme para que trague con sus pretensiones con estos numeritos. Es no conocerme: seguiré aplicando la ley. Siempre”.

Pérez publicó mensajes en sus redes sociales (que utliza con asiduidad) jactándose de haber frustrado la pitada organizada durante la jornada de pregón, en la que se escudó colocándose detrás de niños. “Hortaleza 1 - Intolerancia 0 Ahí os quedasteis sin pitada, esperando el momento que no llegó, se os quedó una carita que era para verla. Y ahora a ver si hacéis algo constructivo en vez de tanto insultar y faltar al respeto a las instituciones. Saludos”, publicó en contestación a La Unión Hortaleza.

Las asociaciones dicen “basta” ante un “ataque directo a la libertad”

“Ante estas palabras de coacción y amenaza, en un ambiente de tensión, la asociación decide subir al escenario y explicar lo que estaba ocurriendo. Mientras dábamos nuestras explicaciones al público sobre el escenario, los cuatro policías municipales se quedaron hasta que bajamos del escenario”, relatan desde La Unión de Hortaleza, que califica lo ocurrido como “una censura previa y preventiva” que supone “un ataque directo al derecho fundamental de libertad de expresión”. “Basta ya de coaccionar, imponer, multar, limitar, prohibir, censurar, excluir y eliminar la participación de las asociaciones”, apostilla esta entidad vecinal en alusión al concejal presidente del distrito, David Pérez, que llegó a Hortaleza en 2023 designado por el alcalde.

La Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que agrupa a una treintena de colectivos del distrito, denuncia que en estos tres años David Pérez “ha prohibido fiestas y festivales de música organizados por el vecindario, ha eliminado el ciclo de conciertos de jazz más longevo de Madrid, ha impuesto una absurda Ley Seca de forma arbitraria en algunos festejos vecinales y ha desmantelado el centro municipal de participación ciudadana para dárselo a dedo a una entidad de fuera del distrito. También ha acabado con un proyecto vecinal de compostaje comunitario que era pionero en la ciudad de Madrid, ha reducido al mínimo las ayudas a entidades ciudadanas y ha expulsado a las asociaciones vecinales del recinto ferial de las fiestas del distrito”.

“Es evidente que su único propósito es ahogar a las asociaciones vecinales y acabar con sus actividades culturales y festivas. Por eso le llaman el concejal aguafiestas”, añaden. Las Fiestas de Primavera de Hortaleza comenzaron el 29 de mayo con un pregón polémico. La Coordinadora de Entidades convocó por tercer año consecutivo una “pitada popular” contra el concejal David Pérez por sus “constantes ataques” a la participación ciudadana. El edil del PP, sin embargo, evitó esta vez ser abucheado al eludir tomar la palabra durante el pregón, parapetándose detrás de unos niños y abandonando el escenario con antelación.

En la ceremonia de graduación del instituto Clayton, en Carolina del Norte (EEUU), Leen Hijaz, estudiante de 17 años, quiso acordarse de las personas que sufren en Palestina, Sudán, el Congo o Afganistán... o incluso en suelo estadounidense, por la actuación del ICE. Pero no pudo terminar su discurso cuando fue interrumpida y le quitaron el micrófono, a pesar de los aplausos de muchos de sus compañeros. El vídeo de la intervención de Hijaz se ha hecho viral en redes sociales como otro ejemplo del intento de los colegios estadounidense de silenciar mensajes críticos con Israel.

“Cada persona aquí tiene una voz y tenemos el privilegio de tener la libertad de usarla cuando tantas personas en todo el mundo están luchando y sufriendo... están luchando y sufriendo para ser escuchadas”, dijo la estudiandte al inicio de su discurso.

Tras ello, Hijaz recordó a “los millones que sufren en Palestina, Sudán, el Congo, Afganistán y tantos otros países alrededor del mundo”, pero también a “las familias que están siendo separadas por ICE”. Por último, la estudiante advirtió de que “estos no son problemas distantes” y que estaban sucediendo a la vez que hablaba.

“Mi punto es que no se nos dio una voz para mantenernos en silencio y simplemente...”, dijo antes de que Melissa Moore Hubbard, directora de la escuela, se acercara a ella para decirle algo y alejarla del micrófono. En un vídeo compartido en sus redes sociales, Hijaz acusó a la directora de amenazarla con “no graduarse si continuaba hablando”. Al final del vídeo, se observa como, después de que la directora se dirigiera a ella, la estudiante abandona el estrado.

Además, Hijaz describió en otro vídeo como, a diferencia del resto de sus compañeros que pudieron recoger el diploma de graduación tras la ceremonia, ella no pudo hacerlo porque había sido “retenido” tras su discurso. Tuvo que esperar cuatro días para obtenerlo.

En respuesta, el instituto Clayton compartió un comunicado donde aseguraba que la directora intervino “para mantener la integridad y el enfoque del programa” y en ningún caso para “limitar la participación de ningún estudiante”. En este sentido, según el centro, querían que la ceremonia de graduación “se mantuviera fiel a su propósito original”.

A su vez, reiteraron que la escuela “respeta el derecho de los estudiantes a expresar sus opiniones y fomenta el diálogo constructivo en entornos apropiados”, garantizando que “los eventos escolares sigan siendo inclusivos, respetuosos y centrados en celebrar a todos los graduados”.

La escuela también explicó que el contenido de los discursos de graduación debe ser aprobado previamente por el personal docente. Hijaz, según relató, no incluyó estas reivindicaciones en el borrador enviado para su aprobación.

El Juzgado de Instrucción de Villaviciosa (Asturias) ha acordado abrir diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables de la denominada 'Santina Queer', exhibida durante la manifestación del 8 de marzo en Asturias.

Según la resolución judicial, existen indicios de un posible delito de escarnio religioso, por lo que se investigarán los hechos ocurridos en Villaviciosa durante la citada jornada, en la que un grupo vinculado a Asamblea Moza d'Asturies desfiló con una imagen que imitaba a la Virgen de Covadonga, modificada con símbolos trans, banderas arcoíris y otros elementos considerados ofensivos para los algunos católicos.

En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que la figura reproducía deliberadamente la estética de una procesión de Semana Santa mediante una falsa Virgen de Covadonga adornada con gafas de sol, simbología trans y banderas arcoíris, mientras se coreaban consignas contra la Iglesia y el Arzobispo de Oviedo. La organización considera que los hechos constituyen “una burla organizada y consciente” contra uno de los principales símbolos religiosos de Asturias.

La magistrada ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la identificación de los responsables de la organización, la citación como investigados de sus representantes y la toma de declaración a testigos.

Desde Abogados Cristianos recuerdan que la entidad ha obtenido resoluciones judiciales en casos similares relacionados con actos que consideran ofensivos contra símbolos cristianos, como la condena a las organizadoras de la denominada procesión del 'Chumino Rebelde' en Málaga.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha señalado que llevan demasiado tiempo “viendo cómo algunos colectivos utilizan el cristianismo como objetivo de sus provocaciones ideológicas” y ha añadido que “nunca se atreverían a hacer algo parecido con otras religiones”.

Asimismo, Castellanos ha defendido que “la Virgen de Covadonga no es un símbolo político ni una excusa para hacer propaganda”, sino “un símbolo sagrado para millones de españoles que merece el mismo respeto que cualquier otra confesión religiosa”.

La entrada del Museo del Infantado en Guadalajara, que alberga el museo provincial, ha vivido en la tarde de este viernes un enfrentamiento dialéctico protagonizado por los simpatizantes y detractores de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin'.

Se trata de una muestra cuyo cartel expone a un hombre caracterizado de virgen y que recibió esta semana la denuncia de Abogados Cristianos. Una denuncia contra “su autor”, aunque en este caso la exposición está creada por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

“Ni censura ni sermón”

A través de redes sociales, ambos bandos organizaban convocatoriasde concentración. Los detractores, a rezar un rosario bajo el lema 'Madre, Virgen y sagrada: no manipulada'; y los simpatizantes en respuesta con 'Trae tu silla y palomitas, más arte y menos censura'.

Decenas de personas de ambos grupos han coincidido en este espacio a las puertas del museo de forma pacífica, aunque separados por un cordón policial.

Desde el punto detractor, cerca de un centenar de personas -entre los que se encontraban algunos curas y algunas monjas- han procedido al rezo del rosario.

La concentración de los defensores de la cultura, de su lado, han contraprogramado los rezos con eslóganes y soflamas a la que también se han sumado cerca del centenar de personas. “Menos rosarios y más salarios”, “Vivimos en el siglo XXI”; “El arte no entiende de religión”; “Ni censura ni sermón”; o “Donde ves pecado yo veo arte”, son algunos de los cánticos con los que han querido contrarrestar a los detractores.

La postura de Abogados Cristianos

Fue el pasado martes cuando Abogados Cristianos presentaba un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.

Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcaban dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno regional, organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara, donde actualmente se exhibe, tal y como informó la entidad.

Consideraban en su denuncia que la imagen del cartel anunciador tergiversaba la obra 'Virgen de la Leche' de Alonso Cano, algo que se producía “mediante fotografías y montajes visuales”. “La exposición incluye representaciones blasfemas de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”, lamentaban.

Educación señala que la muestra “reinterpreta” la estética del arte sacro

La Escuela de Arte Elena de la Cruz, impulsora de la exposición, defendió la muestra entonces. Del mismo modo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Amador Pastor, apuntaba esta semana que la muestra no pretendía ridiculizar símbolos religiosos, sino “reinterpretar” la estética vinculada al arte sacro.

Explicó entonces que la muestra fue organizada junta a los estudios de diseño de moda de la escuela artística y que el objetivo planteado al alumnado era reinterpretar vestuarios inspirados en obras de arte barrocas.

Nueva ofensiva de Abogados Cristianos contra la cultura libre, en esta ocasión contra la exposición ‘Alonso Cano. Like a Virgin’ que alberga el Museo de Guadalajara, de titularidad autonómica.

Esta muestra, que se inauguró el pasado 7 de mayo en el Palacio del Infantado de la ciudad, revisa la imagen del pecho femenino desde el arte clásico hasta la cultura pop, tomando como referencia el icónico cuadro ‘La Virgen de la Leche’ del mencionado artista barroco, conservada en el propio museo. Se trata de una colaboración entre la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ y el Museo Provincial de Guadalajara.

Pero a la Fundación de Abogados Cristianos, como es habitual en este tipo de casos, no le ha gustado nada. Ha presentado un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición. Lo ha hecho a través de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, de la que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara.

Además, la organización ultra ha interpuesto una denuncia penal contra “el autor” de la exposición por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos. Sin embargo, esta exposición no tiene un único autor: es una muestra colectiva creada de forma interdisciplinar por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

Este colectivo ultra considera que la exposición “tergiversa” el cuadro de Alonso cano mediante sus fotografías y montajes visuales. Interpreta que hay representaciones “blasfemas” de la figura de la Virgen María mediante “corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”.

En su opinión, con ello, la exposición “desnaturaliza deliberadamente” el significado “espiritual y sagrado” de la iconografía mariana, convirtiendo símbolos centrales del cristianismo en “elementos de provocación ideológica y sexual”. Señala además, que el hecho de que la exposición se desarrolle dentro de un museo público y cuente con financiación y respaldo institucional “agrava todavía más la situación”.

La organización solicita la retirada inmediata de las obras al considerar que mantener abierta la exposición provoca un “daño irreparable a la libertad religiosa y a los sentimientos religiosos de millones de católicos”.

Lo cierto es que el objetivo de la exposición es bien diferente. Busca proponer un “diálogo” que conecta la tradición artística con la vanguardia, un recorrido histórico y visual sobre “cómo la imagen del pecho femenino ha oscilado entre lo sagrado, la censura y la actual reivindicación contemporánea”.

En ese sentido, afirman sus organizadores, la figura de la Virgen María es muy representativa porque ha sido históricamente “un territorio de construcción simbólica”. La exposición se estructura en torno a esta evolución, explorando cuatro ejes fundamentales: “El origen, la sospecha, la idealización y la subversión”.

De las 'Vírgenes del vestir' al corsé como intimidad femenina

La exposición está compuesta por piezas históricas (algunas del propio Museo de Guadalajara), fotografías, modelismos y otras piezas textiles. Destaca especialmente el análisis de la indumentaria: cómo el tradicional barroquismo de las ‘Vírgenes de vestir’ (diseñado para ocultar y normativizar) entra en diálogo con el corsé, una prenda históricamente restrictiva que diseñadores como Jean Paul Gaultier “resignificaron” para exteriorizar la intimidad femenina.

Las piezas expuestas demuestran que la moda actual es un lenguaje de reclaiming, rompiendo definitivamente “con las lógicas de la censura”.

En el proyecto han participado alumnos de la asignatura de Fundamentos Artísticos de Bachillerato, junto con los ciclos de grado superior en Estilismo, Fotografía, Gráfica Impresa y Modelismo. “Esta colaboración evidencia la gran riqueza que surge del intercambio entre instituciones patrimoniales y la práctica artística joven y actual”, destaca el Gobierno castellanomanchego en su descripción de la exposición dentro del Portal de Cultura.

El revuelo causado por el intento del PP de censurar las comparsas del Carnaval de Cádiz en un evento programado en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para este sábado ha provocado la reacción de Jesús Bienvenido, letrista de DSAS3, quien ha publicado un vídeo en redes sociales señalando el “lápiz rojo” con el que los populares intentan “volver a su puerca dictadura”. “Nunca váis a entender la libertad y la democracia si pretendéis que Cádiz apague su voz”, canta a viva voz en la publicación que ha corrido como la pólvora.

Armado con su guitarra, los versos de Bienvenido critican “la censura después de 40 años de terror”, en referencia a la dictadura franquista, y claman por que “a Cádiz nadie lo calla porque nació libre”. Nada más comenzar el clip, le lanza una retahíla de descalificativos a Juanma Moreno, líder popular y candidato a la Junta de Andalucía para los comicios de este 17 de mayo, al que llega a denominar como “suavón” o “fascista embaucador”. “Para censurarme a mí tienes que nacer mil veces”, trayendo a colación la memoria histórica de sus propios antepasados: “Mis abuelos gaditanos, murguistas del Carnaval, a los que repersaliaron y asesinaron solo por cantar, voz de la clase obrera y la libertad”.

La grabación del autor de la comparsa ganadora del COAC 2026 ha tenido un especial impacto en este día de reflexión, ya que ha sido compartida por personalidades como el futbolista bético Hector Bellerín o el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Así, la polémica suscitada por una denuncia presentada por los populares de Alcalá de Guadaíra ante la Junta Electoral, en la que adjuntaban vídeos y letras de algunas agrupaciones en las que se criticaba el deterioro del sistema sanitario, ha metido en un lío a sus homónimos en Cádiz.

Retirada de la denuncia

Por tal motivo, la Junta Electoral de Zona de Sevilla inició el miércoles 13 de mayo un expediente tras la denuncia contra el festival Carnaval de Primavera. En el escrito remitido al órgano electoral, los populares sostenían que varias de las agrupaciones anunciadas —un coro, una chirigota y dos comparsas— incluían en sus repertorios letras de contenido político y crítica social que podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita los actos de propaganda electoral durante ese día.

Finalmente, el PP decidió retirar la denuncia después de que el propio alcalde de Cádiz y presidente del PP en esa provincia, Bruno García, se pusiese en contacto con los populares sevillanos para que diesen marcha atrás porque el Carnaval de Cádiz “es libertad y la expresión de un pueblo que no sobra en ningún momento”. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el PSOE, seguirá adelante con el evento carnavalesco que empieza a las 17.00 horas. El recital estaba previsto desde antes que el presidente de la Junta convocara las elecciones, de ahí que se negara la voluntad política en el día y las agrupaciones escogidas.

A Ken Russell siempre le gustó la provocación. El cineasta, convertido en figura de culto en los años 60, siempre levantaba las iras de los más pacatos por su mezcla de sexo y muerte que incluía hasta en sus modernos y rompedores biopics musicales. Pasó con sus trabajos para la serie televisiva Omnibus, y también con Mujeres enamoradas, que aunque le granjeó una nominación al Oscar como Mejor director y el premio de Mejor actriz para Glenda Jackson, se atrevió a levantar el tabú sobre un tema inusual en el cine de EEUU: el desnudo frontal masculino. 

Sin embargo, todo eso se quedó en un juego de niños con la que lio cuando rodó e intentó estrenar, tal como la había concebido en 1971, Los demonios. El filme, una adaptación libre de Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley, se basa en un hecho real ocurrido en la Francia del siglo XVII. En la localidad de Loudun, 300 kilómetros al suroeste de París, una ciudad amurallada independiente donde los protestantes hugonotes habían resistido pese a que el catolicismo ya era la religión dominante en Francia. Para intentar extender el catolicismo, se mandó a 17 monjas ursulinas, entre las que se encontraba Jeanne de Belcier. Ella, como todas las monjas y toda la población, acabó bajo los encantos de Urbain Grandier, el párroco que con su porte, su carisma y su capacidad oratoria tenía a todo el mundo rendido a sus pies. 

La historia real dio pie para que Ken Russell creara una mezcla febril y enfermiza donde realmente se hablaba de una guerra de religiones y cómo Richelieu y Luis XIII aprovecharon la situación para extender el catolicismo y acabar con la utopía protestante de Loudun, y a la vez con el díscolo Grandier. Pero lo hace convirtiendo su película en una mezcla de sexo, poder y religión que juega con la provocación de utilizar el imaginario religioso para las perversiones sexuales de aquella población. De alguna forma, Los demonios podría recordar a Narciso negro (1947), donde el convento de monjas que lideraba Deborah Kerr en el Himalaya acababan dando rienda suelta a sus peores instintos al desatar la sexualidad reprimida cuando un hombre entra en sus territorios.

Y eso es lo que ocurre en Los demonios, donde la presencia arrolladora del Grandier que interpreta Oliver Reed (y que tiene sexo con la mitad de la población del pueblo) desata la sexualidad adormecida y reprimida a través de flagelación de esas 17 monjas, pero principalmente de la Jeanne cheposa que interpreta Vanessa Redgrave, que acaba acusando de posesión al cura. Esto dio lugar en la mente de Russell, acrecentado por la increíble dirección artística de Derek Jarman, a un sinfín de escenas que hicieron tirarse de los pelos a la Iglesia y a los censores. A saber: orgías de monjas, sueños eróticos donde se lamen las llagas de cristo, y hasta masturbaciones con huesos con forma fálica. 

Russell tuvo que cortar la película para contentar a la Warner Bros y para que la Junta Británica de Censura Cinematográfica (BBFC) no le diera la calificación X. Por ello la película pudo estrenarse en varios países, aunque nunca con su versión original y con sus pasajes más polémicos. En Reino Unido su estreno fue un escándalo. Grupos conservadores intentaron boicotearla y en varios cines se prohibió su proyección. “La alta calidad no justifica la blasfemia. La blasfemia es blasfemia, punto”, recuerda la BBC que se dijo de Los demonios.

En EEUU se censuró y se recortó aún más. La versión británica de 111 minutos pasó a ser de 108 minutos, eliminando también cualquier imagen que mostrara vello púbico. Russell dijo de aquella versión que era “incomprensible”, ya que la habían mutilado de forma aleatoria cortando cualquier escena polémica y destrozando la orgía central. Por supuesto, el Vaticano también entró en el barro. Calificó la película de “insulto al cine”, y esto hizo que se prohibiera en varios países. En algunos, como Finlandia, Los demonios no pudo verse hasta 2011, cuando el filme cumplió 40 años.

Ninguna de esas versiones incluía las dos escenas más polémicas: la destrucción de una estatua de Jesucristo durante la orgía y la masturbación con un fémur calcinado en forma de falo. Dos escenas que se pudieron recuperar gracias al crítico Mark Kermode y al director Paul Joyce, que las incluyeron en la versión completa que se pudo ver por primera vez en Reino Unido en 2002, 30 años después del estreno de aquella versión recortada.

Dos escenas que se verán con todo su esplendor en el Festival de Cannes, que ha convertido la proyección de la versión restaurada de Los demonios en uno de sus platos estrella de una edición que acaba de dar comienzo. A partir del negativo original, Los demonios se podrá ver en 4K e introducida por la mujer de Russell, fallecido en 2011, y por Mark Kermode, uno de los responsables de que la versión íntegra (que se puede ver en Filmin en España) pueda verse en cines.

Tras la puesta de gala en Cannes, Warner se resarcirá de aquel estreno mutilado y en malas condiciones. Lo hará a través de su nuevo sello de cine independiente, Clockwork, que ya ha anunciado también su primera producción original, la nueva película de Sean Baker tras Anora, un homenaje a la comedia italiana de título Ti amo. Una apuesta firme del estudio por el cine indie y por cerrar las heridas de una censura que ha durado demasiado.

Ha sido, de hecho, gracias a la presión durante años de cineastas como Guillermo del Toro que se ha logrado este reestreno y que todo el mundo pueda disfrutar de Los demonios. El director de Frankenstein calificaba esto como “un verdadero acto de censura”. Sus palabras convirtieron, todavía más, en título de culto la obra de Russell, que ahora por fin podrá ser disfrutada de una forma más amplia y como su director quiso: en salas de cine y con sus escenas más turbadoras presentes. 

Profesorado del instituto de secundaria (IES) Castelao de Vigo denuncia que la Xunta ha censurado un trabajo del centro que ha sido el ganador del concurso-exposición organizado por la Secretaría Xeral da Lingua con motivo del Día das Letras Galegas, que se celebra el 17 de mayo y que este año celebra la figura de la escritora y periodista Begoña Caamaño. Aseguran que el departamento, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, retiró sin su aprobación la estrella roja -símbolo de las corrientes nacionalistas de izquierdas- de una bandera de Galicia incluida en uno de los carteles. Sostienen que esa estrella debe estar presente porque forma parte “del periodo vital de la figura [Begoña Caamaño] y es necesaria para su comprensión”.

El concurso-exposición fue convocado por la Secretaría Xeral y cerró el plazo para el envío de propuestas el 23 de enero de este año. Los ganadores fueron el IES Castelao en la categoría de secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial y el CEIP Plurilingüe Rivadavia en la categoría de infantil y primaria. El equipo docente del IES Castelao que participó en el trabajo relata que, tras darles el premio y antes de que la obra se expusiese en centros educativos gallegos y extranjeros, la Xunta pactó con ellos varias modificaciones. Aseguran que aceptaron la mayoría de las propuestas, con la excepción de la eliminación de la bandera con la estrella que aparecía en una de las ilustraciones, a la que se negaron por unanimidad. Cuando se publicó el material comprobaron que se había sustituido por una bandera blanca con la franja azul -colocada al revés- en diagonal.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude asegura que en todas las ediciones de este concurso-exposición se hacen “ajustes y ediciones de los materiales” antes de la exposición pública y sostiene que esos cambios “siempre son consensuados y cuentan con la autorización del equipo directivo del centro y del personal docente coordinador de las muestras, tal y como sucedió en este caso”.

El profesorado del IES Castelao replica que lo que ocurrió fue que, “dada la insistencia del personal técnico”, aceptaron revisar una propuesta de modificación de la Secretaría Xeral, pero que esta no llegó a ser enviada y, por lo tanto, no hubo una aceptación por su parte. Cuando vieron el trabajo publicado, le pidieron a la Xunta una explicación y la respuesta fue que esos eran los “ajustes establecidos”. Sobre la deturpación de la bandera gallega, que aparece con la franja azul en una disposición incorrecta -en la bandera gallega la franja cruza de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, pero en el cartel publicado cruza de la esquina superior derecha a la inferior izquierda-, señaló que era un error de imprenta.

El cartel en concreto es el número siete del trabajo, integrado por 10 diseños y una guía didáctica que repasan diferentes facetas de Begoña Caamaño. En este se habla de su activismo y se destaca su implicación en la lucha por los derechos laborales, las causas medioambientales, el feminismo o su compromiso antimilitarista. Cita también que tuvo “puestos de responsabilidad en el ámbito sindical del nacionalismo”. La estrella roja de cinco puntas sigue apareciendo en otro cartel, pero en fotografías.

El equipo docente critica que la Xunta no les ha explicado por qué no envió la propuesta alternativa. Añaden que los hechos vulneran la ley de propiedad intelectual y las propias bases del concurso-exposición, que recogen que las modificaciones que se hagan deben ser “de acuerdo con las autoras y los autores”. El profesorado del instituto ve una censura por motivos políticos al imponer una modificación sin consentimiento y consideran que hay un intento de “ocultación del contexto ideológico” de Begoña Caamaño. Citan unas palabras de la académica de la Real Academia Galega Ana Romaní, que asegura en su biografía sobre la homenajeada en las Letras Galegas de este año que “la dimensión política está siempre en la lectura de la realidad de Begoña Caamaño, tanto en el periodismo como en la ficción”. Y zanjan que la actitud de la Xunta les parece “intolerable” y reclaman “máximo respeto por la libertad de creación y por la adscripción ideológica de las personas”.

En agosto de 1960, Allen Lane, fundador de Penguin Books, estaba en España cuando recibió un telegrama urgente. “Acción legal inminente. Aconsejo su regreso inmediato”, decía aquel mensaje. La editorial se había metido en líos después de intentar publicar El amante de Lady Chatterley, una novela de D.H. Lawrence que durante más de treinta años había estado censurada.

Lane se enteró entonces de que aquella publicación con la que su compañía había intentado desafiar la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959 del Reino Unido iba a ser sometida a juicio. Probablemente entonces no se esperaba que Penguin estaba a punto de enfrentarse a una de las acciones legales más relevantes de la historia de la industrial editorial.

El juicio

El fiscal Mervyn Griffith-Jones intentó demostrar que aquel libro era obsceno y que debía ser retirado de inmediato del mercado. Por su parte, Penguin convocó a una serie de testigos expertos, incluidos 35 escritores y políticos destacados, con la idea de demostrar que la novela que Lawrence había querido publicar originalmente en 1928 tenía un enorme valor literario. Algunos de ellos, llegaron incluso a comparar el estilo del libro con la Biblia.

El juicio dejó frases para la historia, como las que el fiscal dirigió al jurado: “Cuando hayan visto el libro, pregúntense: ¿aprobarían que sus hijos e hijas lo leyeran? ¿Lo dejarían tirado en su casa? ¿Es un libro que desearían que leyeran sus esposas y criadas?” Griffith-Jones también compartió hasta 100 palabras consideradas “de mal gusto” que aparecían en aquellas páginas.

El 2 de noviembre de 1960, tras un juicio que duró seis días, el jurado deliberó y, después de tres horas de debate, llegó a una decisión: Penguin Books fue declarada “no culpable”. La editorial logró poner algunos ejemplares de El amante de Lady Chatterley a la venta ese mismo día, y consiguió vender dos millones de copias en todo el país un mes después.

La censura

La novela de D. H. Lawrence narra la historia de Constance Reid (Lady Chatterley), una mujer joven cuya vida cambia por completo cuando su esposo, Sir Clifford Chatterley, regresa de la Primera Guerra Mundial paralizado de la cintura para abajo. Ante esta situación, decide recurrir a su guardabosques, Oliver Mellors, para satisfacer su apetito sexual. 

Así, el libro está lleno de escenas de sexo explícito, palabras malsonantes y decenas de referencias al placer sexual femenino que escandalizaron en la época, tachándolo de “incedecente e inmoral”. Aunque el libro se publicó de forma privada en Italia y Francia a finales de los años 20, poco después fue prohibido en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Australia y Japón. 

Décadas después, la fascinación por Lady Chatterley sigue viva. Existen multitud de teorías sobre qué mujer, o mujeres, inspiraron la novela. Algunos creen que Lawrence se basó en Frieda von Richthofen, su esposa, para crear el personaje de Chatterley. Otros sostienen la posible influencia de Lady Ottoline Morrell, aristócrata inglesa de la que se dice que tuvo una relación con un albañil que trabajaba en su jardín.

En 2022, Netflix se sumó a esta fascinación y lanzó su propia adaptación cinematográfica de la novela. La película dirigida por Laure de Clermont-Tonnerre contó con las actuaciones de Emma Corrin (conocida por su papel en The Crown) como Connie Chatterley, Jack O'Connell como el guardabosques Oliver Mellors, y Matthew Duckett como Sir Clifford Chatterley.

El corte de Internet que vive Irán cumplirá el próximo martes su segundo mes completo, lo que lo convierte en el más largo que ha sufrido ningún país desde la Primavera Árabe, según los analistas.

Las autoridades iraníes interrumpieron totalmente el acceso a la red el día 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Israel y EEUU. Ya lo habían hecho durante las protestas contra el régimen en enero. Más allá de lo que puedan vivir en primera persona los ciudadanos, el apagón generalizado supone que la información sobre la guerra que llega a mucha gente en Irán es menor que la que se recibe en otros países de la región.

“Cuando hablo con la gente de Irán, [compruebo que] a menudo no son conscientes de la magnitud de la destrucción y de otros acontecimientos”, dice Amir Rashidi, director de la organización por la defensa de los derechos humanos en Irán Miaan Group. “Sus únicas fuentes de información son la televisión estatal iraní y un canal por satélite; no tienen acceso a las principales fuentes de noticias, y estos dos medios informan según sus propios intereses. El resultado es que los iraníes desconocen muchos detalles, cuando no son las noticias lo que ignoran directamente”, agrega.

En Gerdoo, el Google iraní, las palabras clave 'guerra o 'alto el fuego no arrojan ningún resultado, según un informe del Miaan Group [...] En otro motor de búsqueda iraní, los resultados de la palabra "guerra" son noticias sobre la decisiva victoria de Irán

Este apagón de Internet es el más largo y grave que sufre un país desde la Primavera Árabe, cuando Libia perdió la conexión durante casi seis meses, según Doug Madory, director de análisis de Internet en la empresa Kentik. “El hecho de que el Gobierno iraní siga bloqueando el acceso a Internet sugiere que las estructuras del régimen no han cambiado mucho”, opina.

Otro precedente es Sudán, que en 2019 cortó el acceso a Internet durante 37 días. Aunque ha habido cortes más largos en Birmania, Gaza y Ucrania, las interrupciones no afectaron a todo el territorio nacional.

Ahora mismo, la mayoría de los iraníes solo puede acceder a una red nacional que lleva 16 años en desarrollo: la Red Nacional de Información, o NIN, por sus siglas en inglés. Completamente separada del resto de Internet, la NIN tiene sus propios motores de búsqueda y servicios de mensajería, además de una versión iraní de Netflix. Supervisada por el Gobierno, todas sus plataformas entregan a las autoridades iraníes información sobre los usuarios, también las aplicaciones de mensajería.

En el mercado negro, el acceso a Internet por VPN o por una tarjeta SIM especial se vende a un precio de entre 6 y 24 dólares por gigabyte

“Se está imponiendo una estricta censura a los motores de búsqueda nacionales y a todas las plataformas locales”, señala un informe del Miaan Group. En Gerdoo, el Google iraní, las palabras clave “guerra” o “alto el fuego” no arrojan ningún resultado. “Como si no existiera ninguna guerra, ni en Irán ni en ningún otro lugar del mundo”, decía el informe. En otro motor de búsqueda iraní, los resultados de la palabra “guerra” son noticias sobre la decisiva victoria de Irán. Según Rashidi, de Miaan Group, “la información que difunden las plataformas nacionales ha sido sometida a una censura y control muy estrictos en un intento deliberado de moldear la opinión pública”.

Críticas en el Gobierno

El malestar entre la población ha llevado a miembros del Gobierno a pronunciarse en contra de la continuidad del apagón. “Debe evitarse cualquier forma de restricción o discriminación en el acceso a Internet”, afirmó el 22 de abril el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, en un encuentro con el ministro de Comunicaciones, Satar Hashemi.

Aref sostuvo en sus declaraciones que un “Internet por niveles y con un mecanismo de segregación del acceso son incompatibles con el enfoque del Gobierno orientado a la justicia” y consideró que la conexión a la red es “una de las necesidades básicas de la población y debe ser reconocida como un derecho público para todos los ciudadanos”, según recogió EFE.

Estas manifestaciones no implican que la clausura se vaya a levantar pronto, pues quien determina la política de seguridad es el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, donde se sientan el presidente, los ministros de Exteriores e Interior, los presidentes del Parlamento y el Poder Judicial, dos representantes del líder supremo, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y del Ejército regular. Con la guerra, su preponderancia es aún mayor.

Los iraníes que quieren esquivar el bloqueo informativo tienen pocas y onerosas opciones. Para conectarse, algunos viajan por tierra y cruzan la frontera con Turquía. En el mercado negro, el acceso a Internet por VPN o por una tarjeta SIM especial se vende a un precio de entre 6 y 24 dólares por gigabyte (entre 5,1 y 20,5 euros, aproximadamente), lo que representa entre 5 y 20 veces el precio promedio mundial. Como publicó el Miaan Group, Internet se ha convertido en un “bien de lujo” al alcance de unos pocos.

En los últimos días, el país ha permitido el acceso limitado a determinados colectivos de empresarios y profesionales a través de una pasarela conocida como Internet Pro en la que la mayoría de aplicaciones de mensajería siguen bloqueadas, pero que permite acceder a servicios de Google, según Al Jazeera.

“No hay perspectivas claras de que se restablezca la conectividad a Internet, teniendo en cuenta las nuevas políticas del Gobierno iraní”, señala el estudio del Miaan Group. Este considera probable que el bloqueo continúe algún tiempo, durante el que Irán seguirá promoviendo su red nacional. Pero muchos servicios de esta red son defectuosos o directamente no funcionan.

Traducción de Francisco de Zárate

Nacho Hernández arrancó su exposición La Voz Humana en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid a mediados de marzo con normalidad. Se trataba de una exposición muy trabajada que reinterpretaba “de forma muy libre” la obra teatral homónima de Jean Cocteau que escribió en 1930. Para ello, recurrió, entre otros aspectos, a la iconografía religiosa, algo que han criticado Vox y Abogados Cristianos, que han intentado que la Diputación, que dirige el Partido Popular, censure y retire dos de las piezas que componen la muestra, que se mantendrá hasta el 4 de mayo.

El artista denuncia el acoso que está sufriendo a través de redes sociales después de los reproches de Vox y la fundación de abogados ultra, especialmente en Instagram. “Estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes homófobos y de mensajes de odio... y mensajes bastante groseros. Estamos en el 2026 y creo que la sociedad tiene que avanzar hacia adelante. Mientras haya ese tipo de desprecio, homofobia y odio hacia todo lo que es diferente, yo creo que la sociedad no va a avanzar”, reflexiona. Nacho Hernández asegura que cada vez que abre su cuenta de Instagram tiene que bloquear gente y eliminar mensajes de odio desde el viernes 3 de abril.

“Esto me está violentando muchísimo. Es muy violento cuando alguien te está criticando pero no sabe muy bien o tiene mucho desconocimiento de lo que está criticando”, lamenta Hernández, aunque reconoce que también está recibiendo aliento por otros usuarios. En conversación con elDiario.es, el pintor vallisoletano agradece el apoyo de la Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, institución con la que ajustó las piezas que formarían parte de la exposición de manera “precavida” y con la que ha tenido una relación “muy estrecha y muy bonita”.

Hernández se considera cristiano, aunque alejado de la Iglesia Católica, y reivindica el uso de iconografía religiosa en el arte. También ensalza que mientras los artistas continúen utilizando la iconografía religiosa “el mito de Cristo seguirá vivo”. “No hay nada malo en trabajar con elementos cristianos”, reclama. También recuerda que este uso no es nuevo y que se utiliza también en otros ámbitos culturales como la música, la escultura o la pintura. “Yo siempre recurro mucho a la iconografía porque yo soy cristiano, y creo que esta gente está muy equivocada porque cuando un artista trabaja con la iconografía cristiana, en cierta medida es porque hay un vínculo, hay una creencia hacia lo que está trabajando; si no, no lo haría. Considero que nada de mis imágenes es irreverente, absolutamente nada”, reivindica.

“Es una manera de contemporaneizar la iconografía”

El pintor, nacido en León y residente en Barcelona, rechaza que se pretenda ofender a nadie con su exposición. “Es más, creo que es una manera de contemporaneizar la iconografía religiosa. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que es muy conservador y cuando se trabaja con conceptos que no son los clásicos, se llevan las manos a la cabeza. Pero no hay nada ofensivo en esas dos crucifixiones que están expuestas”, defiende.

“Yo siempre trato la imagen de Cristo con muchísimo respeto. La iconografía me atrae y la respeto. Y me escandaliza que se me tache de lo contrario”, continúa Hernández, que cree que, en general, el arte puede servir también a la Iglesia para atraer más feligreses. “La Iglesia debería ser más hábil y contemporánea. A través del arte se llega a nuevas personas con ideas muy distintas. El arte es el que ha hecho que la imagen de Cristo tenga mucho poder”, sostiene.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida. La crítica de Vox y de Abogados Cristianos incluía, concretamente, a dos crucifixiones que, según ellos, atacaban a los sentimientos religiosos. “Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida.

“Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica. El artista recuerda que, además, la crucifixión era una pena de muerte y que no era algo exclusivo de Cristo. A través de estas piezas, Hernández quiere hablar de cómo cada uno 'carga su propia cruz' y convive con sus frustraciones, todo ello inspirado también en el pintor Edgar Guanipa y la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

Nacho Hernández carga contra aquellos que “distorsionan la realidad para conseguir votos, atrapar la atención y tener publicidad” porque “descontextualizan” la exposición. El pintor lamenta que “un sector de la sociedad” pretenda decidir “qué es arte y qué no”, “cómo se tiene que expresar y cómo no”. “Existe la libertad de expresión, y si algo no te gusta, puedes hacer una crítica correcta y educada, no insultando o faltando al respeto. Lo que no puedes hacer es clausurar o censura algunas imágenes”, protesta.

Nova Escola Galega (NEG) nació en 1983 como un movimiento de renovación pedagógica centrado en construir un sistema educativo gallego, público, democrático y feminista. Desde hace 40 años organiza un encuentro de educadores por la paz de Galicia y Portugal. El de este año, el que iba a conmemorar un aniversario redondo, lleva por lema “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio” (“Palestina y más allá. Educar en la vida en tiempos de genocidio”). Por primera vez en la historia de la entidad, la Consellería de Educación se negó a homologar esta actividad. El motivo argumentado: que no cumple el principio de neutralidad ideológica. Tras la denuncia de NEG, que lo considera “censura” y “control ideológico”, Educación pasó a citar un informe técnico-jurídico –que no estaba en la respuesta inicial– y que asegura que la propuesta no cumple la normativa.

La Xunta consagró el famoso principio de neutralidad ideológica –un eufemismo empleado en todo Occidente por las corrientes de ultraderecha– en las instrucciones publicadas en junio del pasado año, orientadas al desarrollo de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato durante este curso. Venía acompañada de otra novedad: la obligación de incluir todas las actividades extraescolares previstas en la programación anual que se presentaba en septiembre.

Sindicatos educativos, asociaciones de madres y padres y la oposición política encendieron las alarmas: entendían que Educación pretendía aplicar una censura previa y un control ideológico para expulsar de las aulas temas que le resultaban incómodos. Como ejemplo, siempre se ponían tres: el rechazo al proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) –al que el gobierno gallego ha acabado dando carpetazo–, la política lingüística del PP –acusada de la constante caída del número de galegofalantes– y, precisamente, el genocidio de Israel en Palestina.

“Parece que cuando se toca Palestina y la realidad del genocidio –reconocido por las instancias internacionales más autorizadas en la defensa de los derechos humamos– se encienden las alarmas de la administración educativa y conviene emplear cualquier estrategia de cancelación o disuasión para que el profesorado evite implicarse”, afirma NEG en un comunicado.

Eso fue lo que comprobaron cuando recibieron la negativa de la consellería a la homologación previa y provisional del encuentro. El documento, firmado por el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, sólo daba un motivo para el rechazo: que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica establecido en la resolución” de junio pasado.

Consultada por elDiario.es tras la denuncia pública de NEG, la argumentación cambia. Educación atribuye a “un conjunto de causas, y no una única” que se invalide la homologación. A través de correo electrónico, se remite ahora a un informe técnico-jurídico emitido tras analizar la solicitud y que concluyó que la propuesta “no cumple las condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que “la temática no está alineada con las líneas estrategicas del Plan de Formación do Profesorado” y que, “además, es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. Para la presidenta de Nova Escola Galega, Mariló Candedo, la Xunta está tratando de “enmendar la chapuza inicial” y lo hace “buscando encaje jurídico a lo que era una decisión ideológica”.

En la web de la entidad se presenta la actividad como un encuentro con el “cometido de desafiar el avance de una cultura global cada vez más permeada por la violencia cultural y estructural, siendo el cerco a Palestina el ejemplo más visible, sino el más cruento”. Pretenden, además, impulsar la creación de un espacio de “alternativas educativas que fomenten la noviolencia y la paz, para parar la ocupación colonial, la destrucción, el destierro, la privación de los derechos humanos más básicos y, en definitiva, el genocidio producto de la ideología de la supremacía cultural presente no sólo en el proyecto sionista para Palestina sino en el Norte Global en general”.

Situación “inédita” y “muy grave”

La noticia ha trascendido cuando falta justo una semana para una nueva jornada de huelga en la educación gallega, la sexta de este curso –una cifra sólo comparable a las movilizaciones de los años 80– y cuando aún no se han apagado los ecos por el nombramiento como jefe provincial de la Consellería en A Coruña de Santiago Freire, el exalcalde de Noia que gastó 30.000 euros del ayuntamiento en copas y cenas. En esa provincia, la neutralidad ideológica está en manos de alguien que alababa el golpe de Estado de Franco o que consideraba, en pleno 8M, que la mujer “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”.

“Se trata de una circunstancia inédita para nosotros”, continúa el comunicado de NEG. “Una decisión que consideramos muy grave, y que nunca se había dado en la trayectoria de los Encontros da Paz ni en ninguna otra actividad programada desde Nova Escola Galega”. Recuerdan que, prácticamente desde su fundación, vienen ofreciendo al profesorado actividades de formación permanente que “se someten a los sucesivos requerimientos de los procesos de homologación previstos por la administración educativa desde que se pusieron en marcha”.

La entidad considera que la Xunta está extendiendo a las actividades de formación permanente del profesorado “la aplicación de un principio contenido en una normativa que no resulta de aplicación en este ámbito”, ya que se refiere al desarrollo de la enseñanza al alumnado dentro de las aulas. “Se está restringiendo la autonomía del profesorado y su libertad académica a la hora de decidir sobre cómo quiere orientar su propia actualización docente”.

“Salvaguardar el presunto derecho a la ignorancia”

La entidad recuerda que ya en junio pasado, cuando se conocieron las “polémicas” instrucciones en las que se basa la negativa de la Xunta, hicieron público un comunicado con reflexiones que, ahora, “cobran una relevancia especial”. Señalan que ya entonces afirmaron que “en una sociedad que reclama respuestas educativas” a problemas como las distintas formas de violencia, el calentamiento global, la desigualdad o el uso de las tecnologías “no es posible ser neutral, ni es tampoco responsable”.

“La neutralidad entendida como evitación, equidistancia ideológica, omisión en el abordaje de la complejidad, implica optar por un peligroso relativismo moral, salvaguardando un presunto derecho a la ignorancia, que coloca a la institución educativa como cómplice de la involución social por incompetencia o desasistencia”. Ahí quiere colocarla, aseguraban, quien “desde la acción política quiere tener la exclusiva para ideologizar partidariamente al alumnado”.

Por su parte, el sindicato educativo STEG tiró de ironía para explicar lo que la Xunta entiende por neutralidad. Lo hizo citando un reciente post del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red X tras los insultos racistas a Delcy Rodríguez: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”. “En su cabeza era un genialidad”, se burla la central, que considera que la postura de Educación sólo puede entenderse “desde la ignorancia, la mala fe y el sectarismo político”.

Homologado o no, el encuentro sigue adelante, ya que la Xunta “no impide su celebración”. Lo hará este fin de semana, entre los días 24 y 26 de abril en Panxón (Nigrán, concello limítrofe con Vigo), el mismo escenario que acogió la primera de estas citas en 1986. NEG hace un llamamiento a la comunidad educativa para “mantener sus compromisos con el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable” y ya anuncia que “no va a renunciar” ni a esta ni a otras actividades “concebidas desde el compromiso ético como una ventana abierta a la esperanza en un mundo mejor.”

La fundación ultracatólica de Abogados Cristianos ha solicitado a la Diputación de Valladolid que censure dos obras concretas incluidas en la exposición “La voz humana”, del artista Nacho Hernández, que se exhibe en el Palacio Pimentel de Valladolid, que estará abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026. Poco después de la inauguración de la muestra, justo antes de Semana Santa, Vox criticó que la Diputación Provincial de Valladolid apoyara la celebración religios “como expresión de Fe y de Tradición” en la provincia, mientras se exponen en la sala de su sede “obras que hieren la sensibilidad de los católicos”.

Abogados Cristianos considera que las dos piezas podrían suponer “un delito contra los sentimientos religiosos” porque interpreta que Hernández ha utilizado “la crucifixión de forma ofensiva y como una provocación deliberada en plena Semana Santa y Pascua”, según han señalado a través de un comunicado. No es el primer intento de censura relacionado con la Semana Santa: en febrero un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent declararon como investigados por la performance de una procesión que hicieron en Tarragona. En diciembre, fueron contra un festival porque su cartel recomponía La Sagrada Cena y la Virgen María llevaba gafas de sol.

La organización ha presentado una solicitud de información y una reclamación administrativa ante la Diputación por dos obras concretas: 'Raúl, voz humana. Crucifixión' y 'Crucifixión Edgar Guanipa. Godot', en las que “se utiliza la imagen de la crucifixión de Jesucristo de forma grotesca y vejatoria en una exposición financiada y promovida por una institución pública”. “El uso de la imagen de la crucifixión, uno de los símbolos centrales de la fe cristiana, en este tipo de representaciones supone desvirtuar su sentido original, al desvincularlo de su carácter sagrado y convertirlo en un elemento meramente provocador”, interpreta Abogados Cristianos. 

Abogados Cristianos critica el “respaldo institucional” de la Diputación de Valladolid a esta muestra y se jacta de que consiguió que en 2025 la Justicia mexicana ordenase la censura de una exposición de Fabián Chairez, como si las leyes de ambos Estados fueran equiparables. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido en el comunicado que no se utilice dinero público para “difundir obras que banalizan o ridiculizan los símbolos más sagrados del cristianismo”.

Tras las críticas de Vox, la Diputación de Valladolid (PP), defendió libertad creativa de los artistas. La Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León tildó estos reproches de “censura” porque Vox defendió que el arte debía “transmitir valores estéticos y emocionales positivos”. “Eso no describe el arte, sino la censura”, zanjó hace unos días la asociación de artistas, que consideró que Vox pretende “intimidar” a los artistas al llevar este asunto al pleno provincial del 24 de abril.

Un vigilante de seguridad de Adif, el operador ferroviario, impidió este miércoles por la noche la conexión en directo que un periodista de TV3 estaba realizando desde la estación de Sants de Barcelona mientras informaba sobre el último episodio de la crisis ferroviaria en Catalunya.

Consultado por elDiario.es, el operador ferroviario ha achacado a “un malentendido” el boicot informativo y ha asegurado que “quedó solucionado” minutos después. Preguntado por si se ha pedido disculpas a la televisión catalana, el portavoz de Adif ha manifestado que se ha activado un “protocolo interno”.

Los hechos ocurrieron durante la emisión del TN Vespre, el informativo de las 21:00h. de la televisión catalana. El periodista explicaba los retrasos en los trenes provocados por un incendio cuando todos los espectadores pudieron ver la palma de una mano tapando el objetivo de la cámara.

Pese a contar con los permisos necesarios para realizar el directo, el vigilante boicoteó la conexión. El periodista constató que el trabajador estaba “impidiendo” el directo, que terminó poco después. Varios periodistas han reaccionado en redes apoyando a los informadores.

El reportero estaba informando desde el vestíbulo de la estación de la incidencia que obligó a interrumpir la circulación de los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Rodalies entre las estaciones de plaza de Catalunya y Barcelona Sants en la tarde de este miércoles.

A las 18:30 horas se detectó una anomalía en el sistema de señalización a causa de un incendio en el cableado, que quedó extinguido a las 18:48 horas. A raíz de este incidente, el tráfico se había tenido que suspender en las dos vías del túnel que une la plaza de Cataluña y Barcelona Sants, y se habían desviado los trenes por el túnel del paseo de Gràcia.

El incidente se sumó a la crisis ferroviaria que vive Catalunya desde hace casi dos meses, con los trenes de Rodalies funcionando a medio gas y con retrasos generalizados.

Este martes ha fallecido el reverendo Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles. Y al pensar en las luchas y movilizaciones en momentos difíciles de la historia reciente de EEUU, he recordado un titular de hace unos días que me llamó la atención en The New York Post. La noticia ilustraba, precisamente, la persecución del activismo por los derechos humanos en el país y apuntaba contra varias organizaciones, entre ellas CodePink, una de las agrupaciones pacifistas y antiimperialistas más veteranas y activas de Estados Unidos. The New York Post es un tabloide MAGA, aprendiz de los británicos, pero con buenas fuentes en la Administración Trump. La noticia era que “el Departamento de Estado identifica a CodePink y a otros grupos de extrema izquierda como vectores de operaciones de influencia china”. Y el periódico citaba una fuente del departamento de Marco Rubio.

Bajo la persecución política alentada por Trump, ya desde su primera presidencia, las luchas y los activismos se entrelazan, como muestra un hecho de 2019 que conecta directamente a Jackson con CodePink.

Hace seis años, en mayo de 2019, el reverendo Jesse Jackson acudió a la embajada de Venezuela en Washington DC para llevar alimentos a un grupo de activistas que había ocupado el edificio durante semanas con el fin de impedir que Estados Unidos entregara la legación diplomática al equipo del autoproclamado Juan Guaidó. La ocupación —autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones con EEUU— buscaba preservar la sede como propiedad del Estado venezolano frente al reconocimiento de Guaidó por parte de Washington, una situación sin precedentes en la práctica diplomática moderna.

Fueras de la embajada, Jackson fue recibido y agradecido por activistas de CodePink, que habían apoyado la ocupación desde el inicio y defendían que la sede seguía perteneciendo al gobierno venezolano; también se concentraban allí simpatizantes de la oposición antichavista, en un clima de confrontación permanente.

Pero para la Administración Trump poco importa que se trate de organizaciones con décadas de trayectoria en la defensa del pacifismo y la oposición al intervencionismo estadounidense, incluso de la mano de referentes históricos del país como el reverendo Jesse Jackson. La justificación que a la que ha recurrido la Administración para perseguirlas es la acusación —sin pruebas— de recibir financiación desde China. En esa línea, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de EEUU, Sarah Rogers, declaraba en The New York Post: “Organizaciones como CodePink y The People’s Forum denigran a Estados Unidos, encubren la violencia de los regímenes marxistas y protegen a China, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con conexiones con el Partido Comunista Chino. El Departamento de Estado buscará la total transparencia de las redes de donantes y ONG que presionan a favor de nuestros adversarios y tratan de debilitar la determinación de Estados Unidos”.

En todo caso, lo que no aportaban la fuente ni el periódico era ninguna prueba de que estas entidades defensoras de los derechos humanos tuvieran ninguna obediencia al Partido Comunista Chino. Y lo que ni el periódico ni el Departamento de Estado recogen son los múltiples piropos de Donald Trump al presidente chino, Xi Jinping, ni el hecho de que pospusiera el cierre de TikTok meses y meses hasta que llegó a un acuerdo con Pekín para crear una filial en EEUU con accionariado estadounidense.

La supuesta prueba de cargo definitiva de la obediencia al PCCh de estas entidades es que el esposo de una fundadora de CodePink y mecenas de ambas organizaciones, natural de Sri Lanka, vive en Shanghai. Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie al medio y al Departamento de Estado para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh.

Unos días después de la noticia de The New York Post, es el propio Departamento de Estado, a través de su cuenta de X, el que carga abiertamente contra CodePink y The People's Forum: “Denigran a Estados Unidos, lavan la violencia de los regímenes marxistas y encubren a narcoterroristas como Maduro, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con vínculos con el Partido Comunista Chino”.

De nuevo, el Departamento de Estado no acompaña su publicación con un informe de esos supuestos vínculos con el PCCh. Le basta con un pantallazo del titular fabricado por ellos mismos en The New York Post.

Pero a esta Administración nunca le ha supuesto un problema no aportar pruebas de acusaciones gravísimas o incluso la comisión de asesinatos por sus agentes o soldados.

Por ejemplo, cuando llamaron a Alex Pretti y Renee Good “terroristas internos”. Nunca hubo una prueba de eso, pero lo hicieron para justificar sus asesinatos en operaciones de represión migratoria. Y no han pedido perdón por ello.

Tampoco han aportado nunca una sola prueba de los supuestos vínculos narcoterroristas de los 136 asesinados extrajudicialmente en 40 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. Como tampoco nunca se aportaron pruebas de que las organizaciones de izquierdas estuvieran detrás del asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk. Del mismo modo que jamás han explicado a qué se referían cuando designaban organización terrorista a Antifa, y en qué se ha traducido eso.

Entre otras cosas, porque Antifa no existe como organización. Pero eso a la Administración Trump no le importa, en realidad, le sirve para crear enemigos externos con los que mantener la tensión de su base, alimentada por los abundantes comentaristas MAGA.

Medea Benjamin, cofundadora de CodePink en 2002 y activista pacifista y contra el imperialismo estadounidense, ha sido nominada en varias ocasiones para el premio Nobel de la Paz. Y explica a elDiario.es: “No tiene ningún fundamento la acusación de que CodePink esté financiada, o incluso influenciada, por el Partido Comunista Chino. Y la acusación de que 'encubrimos a narcoterroristas' es igualmente absurda. Lo cierto es que nos persiguen porque nos oponemos al apoyo estadounidense a Israel, no creemos en el secuestro de líderes extranjeros y no queremos que la gente en Cuba muera de hambre como quiere Marco Rubio”.

En efecto, es muy habitual ver a Medea y sus compañeras de CodePink habitualmente en el Capitolio protestando contra altos dirigentes de la Administración Trump por la represión migratoria, el ataque a Venezuela, el bloqueo a Cuba o el genocidio israelí. Lleva décadas haciéndolo.

La persecución de la crítica y la disidencia es un hecho diario en los Estados Unidos de Trump. Hemos hablado a menudo de los ataques a los periodistas. Pero va mucho más allá.

Al calor del asesinato de Charlie Kirk, cuando Trump aprovechó para apretar las tuercas a los medios de comunicación, a donantes demócratas como George Soros y para acelerar en la criminalización hasta del humor, como la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, el presidente de EEUU aprobó un llamado Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) en el que el presidente de EEUU establecía “una estrategia integral para investigar, desarticular y desmantelar todas las etapas de la violencia política organizada y el terrorismo interno. [...] Para investigar, enjuiciar y desarticular las entidades y personas que participan en actos de violencia política e intimidación destinados a impedir actividades legales u obstruir el estado de derecho. Este enfoque se centrará en todos los aspectos de la estrategia organizada que da lugar a la violencia política y la intimidación, incluyendo la radicalización, el reclutamiento, los mecanismos de financiación, la participación de organizaciones no gubernamentales, los delitos financieros relacionados y los actos definitivos de violencia política e intimidación en sí mismos, utilizando las autoridades de todo el Gobierno federal y un enfoque de investigación más amplio”.

El memorándum terminaba recordando que “el presidente Trump designó a Antifa como organización terrorista interna, ordenando al Gobierno federal que investigue, desarticule y desmantele todas las operaciones ilegales llevadas a cabo por Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa”.

A día de hoy, cinco meses después, no hay noticias de grandes redadas llevadas a cabo contra Antifa en EEUU.

El New York Post cita –sin enlace– un informe –que no pone a disposición del lector– del Departamento de Estado llamado Contrarrestar la manipulación y la interferencia de la información extranjera, en el que se alega que China “difunde propaganda a través de campañas llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro como CodePink, People's Forum y grupos vinculados a la famosa red Singham”.

The People's Forum, organización con sede en Nueva York, también ha difundido un comunicado en respuesta a las acusaciones del Departamento de Estado: “Como parte de la guerra contra la libertad de expresión, el Departamento de Estado de EEUU ha publicado una declaración que ataca abiertamente a The People's Forum y otras organizaciones. Esta declaración, compartida por la Casa Blanca de Trump, está diseñada para silenciar las voces de quienes se atreven a criticar las políticas del gobierno estadounidense. Las acusaciones contra nosotros, que nos acusan de ser 'vectores de influencia extranjera', son tácticas recicladas de un capítulo no muy lejano del macartismo en la historia estadounidense. Al etiquetar a nuestras organizaciones como 'agentes' de 'manipulación extranjera', el gobierno estadounidense busca demonizar y reprimir las legítimas quejas de quienes están indignados por las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la deportación de migrantes, el despliegue de fuerzas militares y agentes federales en ciudades y pueblos de Estados Unidos, la persecución de estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza y las interminables intervenciones militares y el uso de bloqueos y sanciones para generar hambrunas en el extranjero”.

El comunicado prosigue: “Las acusaciones infundadas de que 'encubrimos a narcoterroristas' y otras acusaciones igualmente absurdas son un esfuerzo descarado y transparente para intimidar a quienes nos apoyan y deslegitimar los movimientos de base. [...] Seguiremos defendiendo a los inmigrantes en nuestro país y dialogando con otros movimientos en el mundo, desafiando las políticas de guerra y agresión, y defendiendo el derecho a organizarse y expresar su disidencia. [Esto es] Un intento desesperado de generar consenso para una nueva ronda de represión. No nos silenciarán”.

Una de las últimas campañas de The People's Forum tiene que ver con la denuncia de la asfixia a la que está sometiendo la Administración Trump al pueblo cubano.

La práctica no es nueva: se usa una parte real –el esposo de una activista que reside en China por sus negocios y es donante de las organizaciones– para, de ahí, realizar sucesivas yuxtaposiciones ilegítimas hasta concluir, sin prueba alguna, que los comunistas chinos teledirigen los movimientos sociales contra las políticas de Trump. A partir de ahí, se busca deslegitimar esas causas, ensuciar los nombres de las organizaciones y sus integrantes y apretar las filas de la tropa en año de elecciones legislativas.

Compromís ha presentado una moción en la Diputació de València para exigir la restitución inmediata en el MuVIM de la exposición de muñecos falleros retirada la pasada semana y para que se investiguen las decisiones que llevaron a la exclusión de un ninot crítico con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La iniciativa también reclama disculpas públicas del presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, al Gremio de Artistas Falleros y la adopción de medidas que eviten futuras injerencias políticas en los espacios culturales dependientes de la Diputación.

Según ha explicado la portavoz de Compromís en la Diputación, Dolors Gimeno, la exposición sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 fue cancelada de urgencia apenas 24 horas antes de su inauguración en el MuVIM, después de que el equipo de gobierno exigiera la retirada de una de las piezas por su contenido crítico. Ante la negativa del Gremio de Artistas Falleros a aceptar lo que calificaron como una censura política, la Diputación decidió expulsar la totalidad de la muestra, integrada por 50 obras, obligando a su traslado de urgencia al Museo del Artista Fallero para poder cumplir el convenio suscrito entre ambas partes.

La moción registrada por Compromís propone que el pleno acuerde la reposición íntegra de la exposición en el MuVIM, incluida la pieza retirada, así como la apertura de una investigación interna y la creación de protocolos que garanticen la autonomía cultural y la libertad de expresión en los espacios públicos. Gimeno ha denunciado que la censura ejercida supone “un ataque frontal a la libertad de expresión y a la esencia satírica de las Fallas” y ha advertido del precedente que se abre para el sector cultural. La polémica ha generado, además, una oleada de apoyo al Gremio de Artistas Falleros por parte de diversos ayuntamientos valencianos, especialmente afectados por la DANA, que han mostrado su interés en acoger la exposición de forma itinerante.