El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que se va a proceder, por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, al precintado y señalización como “agua contaminada” de la Fuente del Royo, ubicada en el Monte de Utilidad Pública 106 'Palancares y Agregados', ubicado en el término municipal de Cuenca.

Fuentes municipales explican que esta decisión es el resultado de una de las analíticas que la Delegación realiza de forma regular en fuentes y espacios de agua de la región. Cuando salen niveles incorrectos, como este caso, se prohíbe el consumo.

Ahora el Gobierno regional “analizará las causas, pondrá solución y avisará cuando se solvente el problema”. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Cuenca recuerdan la importancia de extremar las precauciones y no consumir ese agua para evitar intoxicaciones u otras patologías que pudieran derivarse de su uso.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que aclare “qué modelo de financiación autonómica” defiende su partido.

Lo ha hecho después de que el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en una entrevista publicada este domingo en El Periódico que “Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”. Unas declaraciones que para Ruiz Molina suponen una “defensa” del principio de ordinalidad que en numerosas ocasiones han criticado desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha el responsable del departamento de Hacienda en la comunidad, ha vuelto a insistir en el “rechazo” a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, que califica de “chantaje” e incide en que no favorece la igualdad de oportunidades en los territorios de todo el país.

Ha reclamado “transparencia” y “objetividad” al Gobierno de España en relación con esta propuesta y todo ello a las puertas de la reunión técnica que se va a celebrar este martes para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Un “contrato de adhesión que privilegia a una comunidad”

Ruiz Molina ha vuelto a mostrarse escéptico de que las reuniones que se vienen manteniendo, sean o no bilaterales, vayan a servir para incluir modificaciones a propuesta de las autonomías al plan del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según ha afirmado, “el acuerdo está cerrado y certificado” por el presidente del Ejecutivo nacional y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras tras la reunión que ambos mantuvieron en enero.

“Estamos ante un contrato de adhesión que es profundamente injusto porque es un modelo de financiación que privilegia a una comunidad autónoma y agravia a las demás”, ha añadido el consejero.

Ruiz Molina ha hablado de “falta de transparencia” que, a su juicio, “no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas” y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Catalunya o ERC.

También ha querido dejar claro que, a su entender, este modelo se articula “como un chantaje”, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que no se acogan al nuevo modelo, que espera que “no salga adelante”, continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los “famosos” 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Pone en duda que lleguen 1.248 millones más

El consejero también se ha mostrado escéptico con que el nuevo modelo otorgue a Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más de los que está recibiendo con la actual financiación. “En la Consejería de Hacienda somos incapaces de llegar a esa cifra. No sabemos ni con qué la están comparando ni cómo se ha llegado a ella”, ha criticado. No obstante, ha tomado esa cifra como referencia para añadir que, según sus cálculos, Castilla-La Mancha “quiere tener” un 10% más sobre ella para salvar “separación” que se produce con Catalunya.

Sobre la petición que hizo en los medios de comunicación García-Page pidiendo a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el asunto 'de tú a tú', Ruiz Molina no le “consta” que su Gobierno haya pedido formalmente ese encuentro.

La Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han creado una nueva cátedra que echará a andar a la vuelta del verano y ayudará a la Administración a ordenar y a interrelacionar bases de datos, a través de la investigación que realizará la misma, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Cátedra 'Inteligencia del Dato' tiene por objetivo que la investigación aplicada en materia de datos que desarrolle la Cátedra se transfiera hacia la Administración regional y posteriormente hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, para que esa labor de ordenación de distintos datos sirva para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Será financiada por el Ejecutivo regional con 290.000 euros.

“Fundamental” la gestión del dato

“Tenemos muchos datos en compartimentos distintos y hay que ponerlos a trabajar de manera conjunta, hay que interrelacionarlos”, ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la firma del convenio que pone en marcha esta cátedra, la cual ha realizado junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. Martínez Guijarro ha señalado que no es una tarea fácil desde el punto de vista técnico, y “hay que hacerlo con las suficientes garantías también desde el punto de vista jurídico”.

Por su lado, el rector de la Universidad regional ha mencionado que “en los tiempos que vivimos la gestión del dato es fundamental” y por ello “la cátedra va a contribuir a ello de una manera muy sólida” con “formación, investigación y transferencia de conocimiento”.

“El objetivo final de la Cátedra, basado en el conocimiento que tienen nuestros grupos en la universidad, es gestionar todos estos datos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo final y estoy convencido de que vamos a conseguirlo de manera conjunta”, ha augurado.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

Castilla-La Mancha incorporará a la tecnológica Satec al Centro Regional de Innovación Digital (CRID) para desarrollar proyectos de inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario y a la mejora de los servicios públicos.

La colaboración, formalizada mediante un protocolo de intenciones entre la Junta y la compañía, se desarrollará en el centro de conocimiento de Salud Digital del CRID, ubicado en Talavera de la Reina. Entre las líneas de trabajo previstas figuran el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa para entornos corporativos, la automatización de tareas administrativas y el análisis de datos clínicos para detectar posibles mejoras en la gestión sanitaria.

Satec se convierte así en la decimonovena empresa que se incorpora al CRID desde su puesta en marcha en 2020. Según datos facilitados por la Junta, la actividad del centro ha contribuido a la creación de más de 280 empleos especializados.

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, señaló durante la presentación que uno de los objetivos es aplicar la inteligencia artificial a ámbitos como los programas de cribado de cáncer, la medicina personalizada o la gestión de citas y agendas sanitarias.

La Junta sostiene que los proyectos deberán desarrollarse bajo criterios de uso ético de la inteligencia artificial y cumplimiento de la normativa europea sobre protección y gestión de datos. El acuerdo también contempla acciones de formación dirigidas a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a empresas de la región.

Por su parte, el consejero delegado de Satec, José Ignacio Laureano, destacó que la colaboración permitirá explorar aplicaciones de inteligencia artificial para optimizar procesos sanitarios y apoyar la toma de decisiones clínicas y administrativas.

El Centro Regional de Innovación Digital fue impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina como una de sus apuestas para atraer actividad tecnológica y diversificar la economía local.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.

Treinta colectivos sociales de la región han acusado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de “falta de trasparencia” tras recibir una respuesta que consideran “incompleta e insuficiente” a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.

Las entidades, entra las que se encuentran colectivos feministas, LGTBI, sindicatos y ONG, sostienen que la Administración regional no ofrece datos “fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario”.

Entre ellos, el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública o las medidas concretas previstas para implantar la prestación en hospitales públicos o centros de salud.

“Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores”, señala el comunicado.

La plataforma recuerda que ninguna mujer puede acceder actualmente a una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que consideran “incompatible con el espíritu y la letra de la legislación estatal”, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público.

Los colectivos comparan la realidad en Castilla-La Mancha con la situación de otras comunidades autónomas, asegurando que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).

Critican el centro único de referencia propuesto por el Gobierno

Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son claramente insuficientes y carecen de garantías reales de ejecución.

En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.

A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital “obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias” y convertiría ese centro en “objetivo permanente de los grupos antielección que ya hostigan a pacientes y profesionales” en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.

Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de “meses o años” sin concretar fechas, recursos ni planificación.

“Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria”, sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam “contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos”.

Según recoge el comunicado citando a declaraciones recogidas en medios de comunicación, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian “obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio”. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia “es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos”.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Exigen datos, calendario y compromisos

Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.

“Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas”, concluyen las organizaciones.

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido que “a nadie le interesaría” que el ramal provisional que conectará Madrid con Extremadura “se pueda quedar como definitivo” y ha dejado claro que exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que “cumpla su palabra”. “El AVE sí tiene que pasar por Toledo”, ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Hernando ha confirmado que el Gobierno castellanomanchego y el Ayuntamiento de Toledo -“una vez más”- van a presentar alegaciones conjuntas al nuevo estudio informativo para el paso por Toledo “como muestra de la unión política que debe haber sobre determinadas infraestructuras”.

El consejero de Fomento castellanomanchego ha argumentado que el hecho de que el AVE Madrid-Extremadura pase por Toledo debe de ser una decisión “blindada” en la política española ya que, según ha recordado, la idea original de que el AVE pase por Toledo es del Partido Popular y luego la ha desarrollado el Partido Socialista.

Es por ello que se ha mostrado confiado en que “no haya cambios de opinión” teniendo en cuenta que los dos grandes partidos de este país están de acuerdo. “Creo que es suficientemente importante el consenso como para no romperlo y mucho menos no habiendo ningún motivo técnico para ello”, ha subrayado Nacho Hernando.

También ha defendido que el hecho de que el AVE Madrid-Lisboa pase por Toledo es “muy interesante” para todas las personas que lo van a coger, pero también es muy interesante económicamente para las empresas que lo quieren explotar porque “no es lo mismo meter a Toledo en la ecuación que sacarla de la ecuación”.

“Nadie gana sacando a Toledo”

“Ante cualquier intentona torpe de evitar que el AVE pase por Toledo, se va a encontrar por supuesto con la negativa de la comunidad autónoma pero también de todos los municipios que ya a día de hoy están integrados en esa línea y por supuesto el de las empresas que verían un recorte muy importante en sus potenciales ingresos si Toledo se queda fuera de la ecuación”.

“¿Quién gana sacando a Toledo? Nadie. ¿Quién gana cumpliendo la palabra de que Toledo esté en el AVE? Todos”, ha dicho el consejero, que no cree que haya que tener “esa duda sobre si el AVE pasa o no por Toledo”, ya que “a nadie le interesaría el que esa solución provisional se pueda quedar como definitiva porque a efectos de alta velocidad la línea provisional ya nace insuficiente”. “No puede ser la definitiva desde un punto de vista de ingeniería y desde un punto de vista técnico”.

Desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional realizó hace casi nueve años no ha habido manera de que el reglamento para su desarrollo salga adelante. Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Antes de eso, el reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Desde entonces ha habido otros tres borradores del Reglamento. Pero el que la Junta de Castilla-La Mancha considera definitivo ya está listo. Así lo ha adelantado recientemente el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, precisando que se ha redactado “de la mano” del sector cinegético incorporando modificaciones que vienen determinadas en los cotos cinegéticos, tras la entrada en vigor de la mencionada ‘Ley de Acompañamiento’.

Estas declaraciones las realizó después de una reunión del Consejo Regional de Caza. El viceconsejero afirmó que también se han incorporado aportaciones de diferentes colectivos, federaciones, grupos conservacionistas y técnicos. Teniendo como base este borrador, el objetivo que el Gobierno se ha marcado es aprobarlo antes de verano, de cara a la apertura de la temporada de caza de 2026.

Nuevo rechazo de las organizaciones ecologistas

Efectivamente, el nuevo borrador, al que ha tenido acceso este medio, incorpora modificaciones en lo referente a los cotos, pero vuelve a adolecer de consenso en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). En su última reunión, volvieron a votar en contra las ONG con representación en este organismo: Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife.

¿Por qué se mantiene ese rechazo? “La línea del Reglamento es continuista”, explica Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Y lo es, apunta, porque “todos sus males” derivan de la modificación que se hizo de la Ley de Caza en el 2015.

Estas organizaciones mantienen su ‘no’ al reglamento por dos motivos principales. El primero de ellos es cómo se enfoca la caza, con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducen las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

El segundo aspecto es el mencionado cambio que permite cazar en vías pecuarias y caminos públicos. Concretamente, en el apartado de cotos de caza, el texto establece que no se considerará interrumpida la “continuidad” de los cotos por la existencia de agua, vías pecuarias o “cualquier otra construcción de características semejantes”.

El Reglamento incorpora que se concederá, mediante solicitud administrativa, a la persona titular del coto, ejercer la actividad cinegética en las vías y caminos de uso público durante las horas que dure la cacería colectiva. Se establece eso sí, que fuera del periodo indicado en la autorización, se garantizará el uso público y común de estos caminos vías.

“Hay alguna pequeña matización, pero en lo esencial, la Administración autonómica sigue abriendo el camino para que se practique la caza en lo que siempre han sido zonas de seguridad y unas infraestructuras verdes esenciales para el desarrollo de muchísimas actividades en el medio rural”, destaca Miguel Ángel Hernández.

Los colectivos ecologistas insisten en que se trata de zonas de dominio público que están amparadas por normativa estatal. “Su funcionalidad no es la caza, y por lo tanto no se puede dar derechos de caza sobre un terreno que ni siquiera les pertenece. Por mucho que regateen con tecnicismos sobre otorgar permisos específicos, la cuestión es que al final se permitirá la caza en esas vías”.

Además, alertan de que esta circunstancia “se extenderá como una mecha”. En Castilla-La Mancha hay cientos de cotos de caza atravesados por caminos públicos o vías pecuarias, y “nos podemos encontrar con que no podemos hacer uso de ellos porque están cazando y lo están haciendo con permiso, con lo que ello supone para las actividades en el medio natural, desde una persona que quiera ir a ver sus colmenas hasta las empresas de turismo rural de naturaleza”.

La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa

“Hemos intentado hacerle ver al Gobierno regional que ni es legal ni es justo que le den tanta prevalencia a la caza sobre el resto de actividades en el medio natural, pero no conseguimos que tomen las medidas oportunas. La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa”, lamenta.

Hay otra cuestión polémica dentro del Reglamento: el uso del plomo. En su disposición transitoria primera, el texto establece que su prohibición en la munición no será completa hasta los tres años de la entrada en vigor del texto. Y además, agrega que en caso de solicitud de prórrogas adicionales por personas interesadas, la Consejería de Desarrollo Sostenible “evaluará las circunstancias existentes y resolverá motivadamente”.

El primer plazo que se otorgó para dejar de usar munición con plomo, derivado de la aplicación de la Ley de Caza, ya expiró en 2025, pero al no haber reglamento de desarrollo, es “una vuelta atrás”.

“Estamos hablando de otros tres años de plomo y demuestra igualmente una falta de sensibilidad con el medio natural e incluso con la salud pública, porque ya hay muchos estudios que demuestran que la carne de caza contiene altas dosis de plomo”.

La cuestión es que el contexto europeo también permite esta nueva prórroga. En marzo de 2025, ya existía una propuesta de la Comisión Europea para prohibir la munición de plomo en cualquier actividad al aire libre, incluida la caza. Ya iba con retraso, porque la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) había recomendado anteriormente vetar este material para ahorrarle al medio ambiente unas 630.000 toneladas de plomo en 20 años.

Pero el pasado mes de abril se hizo público que las últimas modificaciones del proyecto ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

“Si la Unión Europea está reculando, le está dando carta blanca a los países y a los gobiernos autonómicos. Pero que Europa haga mal los deberes no quita para que cada uno asuma sus responsabilidades, sobre todo cuando estamos en la comunidad autónoma, que junto a Andalucía y Extremadura, lidera la actividad cinegética en España y, por tanto, el vertido del plomo al medio natural”,

Ahora las organizaciones ecologistas volverán a presentar alegaciones en el nuevo periodo de información pública. “Insistiremos hasta el último segundo para evitar acudir de nuevo a los tribunales, aunque ya sabemos que la Administración se siente cómoda en ese escenario. Muchas veces prefiere no abordar un conflicto y que vaya a los tribunales porque sabe que el tiempo juega a su favor”, concluye.

Estos argumentos contrastan de forma significativa con los que el Gobierno castellanomanchego defiende en su nuevo Reglamento de Caza. Resalta que, siendo el medio rural el que alberga el patrimonio natural y la biodiversidad de la región, el borrador incide en el “alineamiento de la actividad cinegética con las normas básicas de conservación de la naturaleza”, así como su “puesta en valor como herramienta de gestión en el medio natural”.

Argumenta que la sostenibilidad de la caza depende, en gran medida, no solo del equilibrio de los ecosistemas sino también del “futuro de la propia actividad cinegética”. Y en este contexto, considera que el nuevo texto “refuerza el papel de la caza ligada a la conservación biológica y al uso social y ambientalmente responsable del medio natural”.

El Gobierno regional alega la defensa de la caza sostenible

Repite asimismo un argumento muy recurrente en el Gobierno de Page, firme defensor de la caza, como es la necesidad de consolidar su papel como “una actividad socioeconómica sostenible y como herramienta para la planificación, gestión y puesta en valor del medio natural”.

“La región es visitada anualmente por un importante número de personas para ejercer la práctica de la caza en sus distintas modalidades, haciendo de la misma una de las actividades socioeconómicas más relevantes y frecuentes de todas las que acontecen en el medio rural castellanomanchego”, reitera.

Agrega que las numerosas asociaciones, sociedades y clubes de caza distribuidos por las poblaciones de Castilla-La Mancha están llamadas a desempeñar “una labor trascendental” a favor de la sostenibilidad “facilitando información sobre el estado de las especies de fauna, actuando en la conservación y mejora de los hábitats y especies naturales, algunas en declive, y garantizando el equilibrio poblacional de las especies cinegéticas”.

Se refiere con ello a los “efectos adversos por sobreabundancia”, fundamentalmente daños en cultivos agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios, y también sobre el conjunto de la biodiversidad.

Habla así de la necesidad de conseguir una “caza ética, excelente y de conservación”, que también busca “resolver el problema del relevo generacional y la propia incorporación de la mujer en su práctica”.

También se revisa el Reglamento de Pesca

Por último, a través de este nuevo Reglamento se acomete la modificación del de pesca: se suprime la adjudicación de permisos de pesca mediante el sorteo de la oferta pública, lo cual se justifica por no existir “una demanda significativa”, habiéndose ya implantado “con éxito” la tecnología necesaria para la adquisición por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los permisos disponibles.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido este viernes a la liberación de 'West' y 'Win', dos linces ibéricos procedentes del asentamiento de reintroducción de Sierra Morena Occidental, reubicados en la zona de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', en la provincia de Cuenca.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, han sido las responsables de la suelta de estos dos ejemplares de “una especie protegida en nuestra Comunidad que está experimentado un notable aumento en lo que respecta a su cría y conservación, lo que nos ha llevado a iniciar un proceso de traslocación de ejemplares desde las zonas de reintroducción ya consolidadas en Toledo y Ciudad Real a las nuevas que queremos asentar en Albacete y Cuenca”, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, Jara ha informado de que, con la liberación de los dos ejemplares de hoy procedentes del asentamiento de Sierra Morena Occidental, “son ya cinco felinos los que hemos traslocado en Castilla-La Mancha desde las poblaciones silvestres consolidadas de Toledo y Ciudad Real a las nuevas áreas de reintroducción de Cuenca y Albacete, en este 2026”.

Como ha explicado la directora general, los linces traslocados en la Comunidad Autónoma se suman a los seis linces silvestres que han sido cedidos para su liberación a otras comunidades autónomas entre los años 2025 y 2026, “cinco ejemplares a Castilla y León y un ejemplar a la Región de Murcia”.

Por este motivo, ha puesto en valor el “haber convertido a Castilla-La Mancha y sus programas de reintroducción en un referente en lo que respecta a las traslocaciones de linces ibéricos nacidos en las poblaciones consolidadas”.

También ha informado de que en lo que “llevamos de 2026, hemos reintroducido otros nueve ejemplares, en este caso procedentes de los centros de cría en cautividad de 'El Acebuche', en Huelva, del de 'Zarza de Granadilla', en Cáceres, y del de 'La Olivilla', en Jaén.

942 ejemplares censados en la región

Castilla-La Mancha cuenta, según el último censo de 2025, con los datos de 2024, con 942 ejemplares, que representan el 46% de la población española y el 39,2% de la ibérica (incluido Portugal), de un censo total compuesto por 2.401 individuos, “lo que nos ha llevado a convertirnos en la comunidad autónoma que más linces ibéricos aporta al censo de esta especie en peligro de extinción que compartimos con Andalucía, Extremadura, Murcia y la vecina Portugal”, ha dicho.

Jara, también ha recordado que en la región hay cinco áreas de presencia estable o núcleos de reproducción reconocidos y avalados por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico para España y Portugal. Tres ya consolidados: los de Montes de Toledo (Toledo), Sierra Morena Occidental (Ciudad Real) y Sierra Morena Oriental (Ciudad Real); y otros dos, 'Campos de Hellín' (Albacete) y 'La Veguilla y Sierra Jarameña' (Cuenca), “que queremos que vayan creciendo y se vayan consolidando gracias a estas traslocaciones”.

West y Win, de Ciudad Real a 'La Veguilla y Sierra Jarameña'

Respecto a los dos ejemplares liberados, la directora general ha detallado que se trata de dos hembras que llevan el nombre de 'West' y 'Win' y que ambos ejemplares, que proceden de Sierra Morena Occidental, en Ciudad Real, “han pasado la preceptiva cuarentena y los controles médicos necesarios en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'”.

También ha recordado que en los casos de linces que se sueltan este año y que nacieron en 2025, como es el caso 'West' y 'Win', independientemente de que procedan de los centros de cría en cautividad de la especie o hayan nacido en la naturaleza, “su nombre siempre va a comenzar por la letra 'W' ya que es la letra del abecedario que toca este año, tras dar nombre con la 'V' a los ejemplares que se liberaron el pasado año”.

En este mismo acto, la directora general ha adelantado una “buena noticia”, puesto que de los seis ejemplares que hay censados en la nueva zona de reintroducción desde 2024 de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', es muy probable “la reproducción de dos hembras liberadas en 2025, Ventillas y Valla, ya que hay indicios que tendremos que confirmar que determinan que podrían haber tenido camadas”.

Jara ha concluido subrayando que “estos hechos supondrían un nuevo hito en la recuperación del lince ibérico en la región y vendrían a confirmar las adecuadas condiciones para la especie del Área de Reintroducción seleccionada en la provincia de Cuenca”.

Por último, la directora general ha agradecido el trabajo que llevan a cabo los diferentes actores en el territorio, “puesto que son los responsables de que la reintroducción este siendo un éxito”, en referencia a los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, al cuerpo de agentes medioambientales, a las poblaciones de las áreas de influencia de este felino, al sector cinegético y a los titulares de los cotos y las fincas privadas.

En la suelta de los dos ejemplares de linces ibéricos han estado presentes cerca de una centena de alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Adolfo Martínez Chicano', de Las Pedroñeras, y del Centro Rural Agrupado (CRA) 'Jorge Manrique', de La Alberca de Záncara.

La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente 'popular' con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien “no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo”.

Padilla ha recordado “frases contundentes” de los audios revelados en que la 'popular' mencionaba que “hay que conseguir esa libretita” o que “hay que laminar al cabrón”.

Por ello, la portavoz ha afirmado que “Cospedal formaba parte de la cadena” de corrupción de la que “los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha no terminan de soltar lastre” a pesar de que los ciudadanos “sí lo hicieron cuando dijeron no a los recortes, no a la soberbia y no a la corrupción” en las últimas elecciones eligiendo a Emiliano García-Page como su presidente.

La portavoz ha señalado que el Gobierno de García-Page “ha demostrado durante los 11 años de gobierno en esta región” que no tienen “casos como el de las mascarillas durante el Covid” y que se ha mantenido “a raya a corruptos y estafadores”.

“Este Gobierno es un Gobierno limpio y transparente y por ello el presidente García-Page tiene cada vez mayor apoyo social”, ha concluido Padilla.

El PP cree que los socialistas “mienten” para “arañar votos”

Sus palabras han tenido respuesta en el PP castellanomanchego. La portavoz del Partido Popular en la comunidad autónoma Alejandra Hernández cree que el PSOE regional “ha vuelto a demostrar que su única estrategia es la de generar ruido, confrontación y mentiras para intentar arañar votos”, tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno autonómico sobre el caso Kitchen.

Hernández subrayaba que “cuando la justicia habla y deja claro que no procede imputar ni reabrir causas, lo que debería hacer cualquier responsable público es respetarla, no retorcer la verdad ni intoxicar a la opinión pública”, aludiendo a la decisión del tribunal de no investigar ni a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha ni al PP nacional. Ha acusado a los socialistas de estar instalados “en la política del bulo permanente”, intentando sostener “relatos falsos sobre supuestos casos que los tribunales no avalan” y que si lo hacen es para “desviar la atención de los gravísimos casos que afectan al PSOE a nivel nacional y que están siendo juzgados ahora mismo”, en alusión al caso Ábalos o caso Koldo.

La portavoz popular ha exigido al PSOE “que deje de manipular, que respete a la justicia y que abandone de una vez la estrategia del fango”.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha mostrado confiada en las primeras horas del nuevo año en que este 2026 suponga “un punto de inflexión en la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos en la región” y que se “ponga fin a los recortes que el sindicato califica de ”crónicos“. En su opinión están afectando ”de forma directa tanto a los empleados públicos como a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos“.

CSIF pone encima de la mesa el logro del acuerdo salarial de obligada aplicación por todas las administraciones firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de noviembre y que ha supuesto un aumento retributivo del 4% para este 2026 (2,5% de 2025 y 1,5% en este 2026 dentro de un incremento salarial que alcanzará el 11,4% en 2028), pero subraya que en Castilla-La Mancha debe ir acompañado de políticas autonómicas.

“Estamos hablando de derechos como la carrera profesional sanitaria, el pago del verano a los interinos docentes o las elevadas ratios y horario lectivo, así como la falta de personal y restricciones en las incorporaciones en toda la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que no se cubren y servicios que también se externalizan”, señala Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha.

Los “recortes” que afectan “de forma transversal”

El sindicato advierte además de que estos recortes no afectan a un único sector, sino que tienen un impacto transversal en toda la Función Pública. Entre ellos, destacan la supresión del Plan de Acción Social durante el mandato de Dolores de Cospedal y que, dicen, “continúa sin recuperarse”, así como una tasa de temporalidad que CSIF considera inasumible: uno de cada tres empleados públicos de la región mantiene actualmente una relación laboral temporal con la Administración.

Para la organización sindical, esta situación evidencia “la necesidad urgente” de un cambio de rumbo. “Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día”, subraya Domínguez, que confía en que 2026 sea el año en el que se ponga fin definitivamente a los recortes y se avance hacia una Administración más justa y dotada de los recursos necesarios.

Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día

Por último, CSIF censura la “falta de diálogo” de Emiliano García-Page con el que definen como “primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha mientras sí lo mantiene con CCOO y UGT, los cuales han percibido casi 51,7 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno regional”. Según este sindicato, esta cantidad “debería ser restituida a las arcas autonómicas para recuperar derechos laborales, reforzar los servicios públicos, invertir en el desarrollo de sectores clave y para proteger a los colectivos más vulnerables”.

Una reunión “urgente” con ganaderos de la provincia para trasladar de primera mano la “grave” situación que está generando la expansión de la lengua azul y otras enfermedades. Es la solicitud formal que la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real ha hecho a la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La organización agraria ha explicado que, en las últimas semanas, la situación “ha alcanzado un punto límite”, con explotaciones que sufren importantes pérdidas de animales, abortos, caída de productividad, infertilidad y elevados costes veterinarios, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Una realidad “insostenible”

Todo ello, alegan, está provocando una “creciente preocupación e indignación” entre los profesionales del sector, que hablan ya de una realidad “insostenible”. De hecho, Asaja Ciudad Real advierte de que la tensión entre los ganaderos es tal que “no descartan movilizarse” si no se adoptan de manera inmediata medidas “claras, eficaces y coordinadas que permitan aliviar la carga que están soportando las explotaciones”.

La organización también ha trasladado su voluntad de que en este encuentro pueda estar presente la directora general de Ordenación Agropecuaria, a quien ha informado de la solicitud. Asaja considera “fundamental” que los máximos responsables en materia sanitaria y de gestión ganadera conozcan directamente la magnitud del problema y puedan valorar, junto a los afectados, posibles vías de actuación.

Para Asaja Ciudad Real las partidas anunciadas en la región son “insuficientes” y se requiere un nuevo paquete de medidas “efectivas, inmediatas y justas, similares a las que se han adoptado en otras comunidades autónomas”.

Ganaderos “preocupados” y “frustrados”

La organización provincial agraria subraya que el sector se enfrenta a una crisis “sin precedentes recientes” y exige que las ayudas sean “reales, proporcionales y verdaderamente compensatorias”, cubriendo la pérdida de animales por muertes, abortos, infertilidad o ceses de producción, la reducción de la producción futura de leche y carne, el lucro cesante y los costes veterinarios, de desinfección, tratamientos y reposición.

“Los ganaderos están preocupados y profundamente frustrados. La situación exige respuestas rápidas y, sobre todo, un diálogo directo que permita diseñar soluciones urgentes”, señalan desde Asaja Ciudad Real, subrayando que la reunión debe celebrarse “lo antes posible” para concienciar a la administración de que están “en una situación crítica”.

Asaja concluye que continuará recogiendo casos, trasladando información actualizada a las administraciones y defendiendo los intereses de los profesionales, “que hoy más que nunca necesitan apoyo, claridad y medidas que protejan la continuidad de sus explotaciones”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza una guía para prevenir, detecta y atender de forma temprana y eficaz la dislexia. Según ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor se trata de un manual “pionero a nivel nacional”. Esta ‘Guía para la prevención y atención educativa del alumno con dislexia y otras dificultades del aprendizaje’ posee, según el consejero, un valor diferencial con respecto a otras porque “pone el foco en los aspectos preventivos, en lugar de mantener una visión reactiva y rehabilitadora”.

Amador Pastor ha comentado que el recurso es ante todo visual, práctico y está científicamente fundamentado. “Promueve una enseñanza de lectura de calidad desde la Educación Infantil, ofrece una respuesta educativa temprana, intensiva y focalizada, y se estructura en cinco grandes bloques”, ha aseverado.

La guía persigue seis objetivos diferenciados: aporta buenas prácticas sobre la enseñanza del proceso lector a través de metodologías y modelos basados en la evidencia científica; previene las dificultades específicas de aprendizaje desde las primeras etapas educativas; y mejora la identificación y la respuesta educativa inclusiva del alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) o en riesgo de presentarlas.

Además, fomenta y sensibiliza a docentes, familias y profesionales del sistema educativo; contribuye al desarrollo socioemocional del alumnado y sus familias; y ofrece un recurso práctico y riguroso, con herramientas, estrategias y materiales accesibles para toda la comunidad educativa.

Guía estructurada en cinco bloques

Este recurso está dividido en cinco bloques, contempla uno primero centrado en el modelo de visión simple de lectura, abogando por una metodología de la enseñanza de la lectura basada en la evidencia científica.

En un segundo bloque se abordan programas y actuaciones centradas en la prevención de las dificultades de aprendizaje durante el proceso de enseñanza de la lectura, incidiendo en aspectos básicos como la enseñanza explicita de la conciencia fonológica, el aprendizaje del vocabulario y las habilidades narrativas.

El tercer bloque se incide en la respuesta educativa y en el continuo de medidas para la enseñanza de los procesos lectores. Se dedica el cuarto bloque a las dificultades específicas de aprendizaje de la lectura tanto en educación primaria como en secundaria obligatoria. El quinto bloque cierra la guía, aportando pautas y orientaciones para la prevención de las dificultades específicas de la lectura, desde el ámbito familiar.

Además, la guía incluye recursos interactivos, infografías, vídeos, artículos, referencias bibliográficas y un glosario que facilita su comprensión y aplicación.

Salió a correr por un camino de Tomelloso, en Ciudad Real y recibió varios perdigonazos procedentes de las armas de unos cazadores que se encontraban en la zona, cerca de la autovía A-43. La información la recogen varios medios de comunicación locales. Ocurrió el pasado 26 de octubre. Silvia, la atleta, tuvo que ser trasladada al hospital, sin consecuencias graves, y denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Este viernes, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se ha solidarizado con la deportista y ha pedido “con contundencia” que las administraciones públicas “atiendan sus obligaciones legales”, que en su opinión pasan por “garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978”, así como “la seguridad de las personas usuarias en un viario público como los caminos y vías pecuarias” al disfrutar del ocio al aire libre.

El año pasado, tanto esta plataforma como clubes deportivos, federaciones de montaña y senderismo, asociaciones ecologistas y de conservación del medio natural, y otras organizaciones criticaron la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de permitir la caza en los caminos públicos.

La Consejería de Desarrollo Sostenible siempre ha esgrimido que se trata de “garantizar la seguridad” de los usuarios, permitiendo la práctica de la caza pero regulando cómo hacerlo. Pero lo cierto es que el Gobierno de España planteó en su momento discrepancias constitucionales a esta normativa del Ejecutivo castellanomanchego.

Tras el accidente en Tomelloso, que algunos vaticinaron que podía ocurrir con cazadores en los caminos públicos que usan viandantes de todas las edades, cicloturistas o deportistas, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha recordado hoy que viene exigiendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la necesidad de “regular esta actividad cinegética que se encuentra fuera de control” y que a tenor de lo ocurrido debe “garantizar los usos públicos de los ciudadanos, sin verse afectados por la caza que practica una minoría”.

La cuestión se ha puesto últimamente de nuevo sobre la mesa, después de que la Justicia haya tumbado el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, aunque haya sido por una mera cuestión técnica (faltaba un informe). Ese reglamento, denuncia la plataforma, “persiste en posibilitar la caza en vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizado, vías pecuarias, dominio público y servidumbre de paso de cursos fluviales. También en otras comunidades las leyes quedan supeditadas al lobby de la caza”, recuerda el colectivo, que pide clarificar y regular mejor la cuestión.

Los proyectiles y la seguridad en las vías públicas

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) recuerda que Ley de Caza de Castilla-La Mancha señala que “con carácter general, se prohíbe el uso de cualquier tipo de arma dentro de las zonas de seguridad y a una distancia cuyos límites se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones al respecto. Tampoco se podrá hacer uso de armas en dirección a las zonas de seguridad cuando las pueda alcanzar el proyectil”.

Y en cuanto al proyecto del Reglamento de Caza, en su artículo 35, solo establece una franja de 50 metros de dichas vías públicas y que cuando una persona cazadora se encuentre a menos de 50 metros de una persona ajena a una cacería, ha de descargar su arma de fuego.

“De tapadillo, el Gobierno manchego en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 incluyó conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público”, recuerdan, en lo que fue “una medida contestada por la sociedad civil y tumbada por Ecologistas en Acción”.

Quienes integran esta plataforma advierten: “Son demasiadas las ocasiones en las que los lobbies ligados a la actividad cinegética (incompatible con otros usos y aprovechamientos debido a que amenaza la integridad y seguridad de las personas) obvian el cumplimiento de estas normas. Las consecuencias pueden ser fatales”.

Consideran que las normas son “insuficientes” y que además “su cumplimiento queda en cuestión si adolece de agentes que velen por la correcta aplicación de la normativa”.

Reclaman regulación, coto a coto, y un control efectivo

Sobre este asunto exigen que los planes de ordenación cinegética de cada coto de caza, recojan y respeten el dominio público, y que exista un control efectivo. Lo que observamos: la administración cierra caminos y vías pecuarias -incluso en el monte público- para dar prioridad a la gestión cinegética sobre otros aprovechamientos.

“Es necesario ampliar las zonas de seguridad y señalizarlas adecuadamente, además de conformar una nueva regulación sobre el uso de armas de fuego y medidas de control, como por ejemplo ante el consumo de alcohol y otras sustancias, que suelen alternarse en el transcurso de una jornada de actividad cinegética”.

Recuerdan que, en el caso de Castilla La Mancha, “no sólo no se ha limitado esta actividad en vías pecuarias y caminos públicos reconociendo las obligatorias zonas de seguridad, sino que se viene favoreciendo y permitiendo el llamado 'derecho de caza' sobre este viario público”.

Además, inciden, “la caza ha visto incrementado los períodos temporales habilitados progresivamente: hoy es posible cazar prácticamente todo el año para determinadas especies y en todo momento, por lo que se crean situaciones de riesgo nuevas y limitan gravemente los derechos del conjunto de la ciudadanía para realizar actividades por estas vías de dominio y uso público”.

Citan un apercibimiento judicial. En febrero de 2025 la titular del Juzgado nº 1 de Almadén, en Ciudad Real, se dirigió a la Junta de Comunidades para reclamar un mayor control de la actividad cinegética, tras detectarse “demasiadas imprudencias” en los últimos meses en esta práctica.

El presupuesto que Castilla-La Mancha dispondrá el año que viene crecerá hasta los 12.903 millones de euros, un 1,5% más respecto a 2025. De esa cifra, el 72% será destinada a gastos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que ha explicado que las cuentas tienen el objetivo de “consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la compra de más deuda y reducir la presión fiscal a los sectores más desfavorecidos”.

Para el consejero, los presupuestos comparten los objetivos del “fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y competitividad de las empresas y el avance en la ducha en la lucha contra la despoblación”.

Ruiz Molina también se ha referido a la consistencia de unas cuentas públicas que vienen avaladas por la “normalidad y estabilidad política e institucional” en Castilla-La Mancha, en contraste con la “incertidumbre nacional”, en un contexto en el que aún no se ha concretado Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.

Tras la presentación, el consejero de Hacienda se ha desplazado hasta la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha para registrar las cuentas y entregar una copia del borrador al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, esta misma mañana. Con este acto, los presupuestos inician su tramitación parlamentaria con la aspiración de que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

A partir de ahora, la calificación en la próxima sesión de la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos, en un proceso que se lleva a cabo con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.

Ruiz Molina ha confesado sentirse “especialmente orgulloso” de unas cuentas para las que espera contar también con las “aportaciones” de Partido Popular y Vox, ha concluido.

Inversiones en gasto social por un total de 7.555 millones de euros

Desgranando con más detalle los presupuestos, y en referencia al área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015, mientras que el gasto en desarrollo económico asciende a 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.

El consejero ha destacado así que las cuentas de 2026 “permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas”, toda vez que los apartados destinados a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 72% del presupuesto, de los cuales el 38,9% corresponde a Sanidad, el 23,4% a educación, cultura y deportes y el 9,7% a servicios sociales.

Sanidad contará con un presupuesto de 4.058 millones de euros, un 7,5% más, con la aspiración de ampliar las plantillas, impulsar el plan de infraestructuras sanitarias en proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano o las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, impulsar la red de atención en salud mental y apostar por la prevención, incrementando el calendario de vacunas y el cribado neonatal.

Para educación se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, “con el objetivo de bajar las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros y enseñanzas, e impulsar la FP y la inclusión educativa”.

En lo que atañe a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, un 7,7% más, “para incrementar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana, o incrementar las plazas de termalismo y turismo social”.

3.232 millones para generación de riqueza y empleo

Ruiz Molina también ha destacado la importancia que se ha dado al área para la generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones, con el fin de fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.

En este sentido cobran especial protagonismo las “políticas transversales” contra la despoblación, para las que se han reservado 2.116 millones de euros, de los cuales la mayor parte se los llevan los servicios públicos y el ámbito económico, gracias a una inversión que se ha incrementado un 23,5% desde el año 2023, lo que supone 402 millones más, ha puntualizado el consejero.

Respecto a los gastos por capítulos, descontados los fondos de la UE, Ruiz Molina ha destacado que el 42,8% están reservados a gastos de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros, mientras que las operaciones de capital, que ascienden a 1.560 millones, permitirán “un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, ya que se ha incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, 2,5 veces más”.

Sin más deuda

En alusión al gasto por secciones, el consejero ha destacado el incremento de las partidas destinadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas y a la Consejería de Fomento, mientras que el total de ingresos no financieros está previsto que ascienda a 11.494 millones de euros, incluido un 68% proveniente del sistema de financiación autonómica, con una reducción del 31% de pasivos financieros, ya que no está previsto acudir a más préstamos, al margen de la refinanciación de la deuda pública existente.

Por otra parte, ha destacado el esfuerzo en deducciones que permitan un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores de la población más desfavorecidos. Así, ha destacado que las desgravaciones y el ahorro fiscal supondrán un total de 84 millones de euros en facilidades de acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. “Desde 2015 se han invertido 211 millones más, lo que supone un incremento del 118,5%”, ha destacado el consejero.

La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Epidemiología, ha presentado un nuevo protocolo operativo para médicos centinela en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

Este sistema, consolidado tras la pandemia de COVID-19, tiene como objetivo vigilar de forma integrada las infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) y graves (IRAG), incluyendo gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS). Durante la reunión mantenida en la Consejería de Sanidad se destacó la importancia de la red de médicos centinela, compuesta por 44 profesionales (33 de medicina de familia y 11 pediatras), que vigilan una población de más de 51.000 personas.

La temporada de vigilancia se extiende desde la semana 40 de un año (que en 2025 se inició el 29 de septiembre) hasta la semana 39 del siguiente, manteniéndose activa durante todo el año.

El protocolo establece un procedimiento claro en tres pasos. Selección de casos, registro de datos en el formulario centinela (Turriano) y toma de muestras respiratorias para análisis mediante RT-PCR. Las muestras positivas son enviadas a laboratorios de referencia para su caracterización genética, contribuyendo a la detección de variantes y al diseño de futuras vacunas.

Entre los indicadores generados por el sistema se encuentran la tasa de incidencia semanal por edad y sexo, la positividad por virus, y la caracterización clínica y genética de los casos. Estos datos permiten anticipar presión hospitalaria, generar alertas tempranas y tomar decisiones clave en salud pública.

La directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, ha agradecido el compromiso de los profesionales participantes, cuya labor representa la primera línea de defensa frente a las amenazas respiratorias emergentes.

Emiliano García-Page, ha dejado abierta la puerta a volverse como candidato para renovar su mandato como presidente de Castilla-La Mancha en una cuarta legislatura, si bien ha referido que no lo tiene decidido complemente.

Durante su intervención en un foro celebrado por EFE con motivo del 40 aniversario de su delegación en Castilla-La Mancha, el líder regional ha asegurado que deberá consultarlo a nivel familiar, asegurando que “a diferencia de Sánchez, no lo he hablado con mi familia y son los que van a decidir”.

Page ha vuelto a comentar este viernes el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de repetir candidatura a la Presidencia: “Es duro, y me pongo en la piel de Sánchez. Sientes complejo de hacer daño a tu familia. Vale para la izquierda y la derecha”.

El presidente castellanomanchego ha asegurado que no tiene intención de perpetuarse en la política: “La política es un tiempo en la vida que se dedica a lo público, pero no para siempre”.

Preguntado por si le gustaría que coincidiera las elecciones autonómicas y municipales con las elecciones nacionales, Page ha abogado por separar la gestión local y regional de las cuestiones nacionales, lamentando que “muchos alcaldes perdieron por culpa de la política nacional”.

“Querer al PSOE significa querer que los que se presenten saquen los mejores resultados, y no será así si no se valora lo que tenga que ver con su gestión. No hay que ventilar en las espaldas de los alcaldes y de las Comunidades Autónomas los golpes de la política nacional”, ha añadido.

Las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha están previstas para 2027, cuando se agote la actual legislatura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del Plan Funcional para la integración de los hospitales Virgen del Valle y Provincial y de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) en el Hospital Universitario de Toledo por un importe de casi 1,8 millones de euros.

Con esta decisión, el Gobierno castellanomanchego cierra la puerta a la petición que han hecho en los últimos meses profesionales, pacientes y familiares reclamando no cerrar este centro. En concreto, desde el servicio de Geriatría del centro hospitalario se recogieron 3.500 firmas para pedir que se paralizara su cambio al Hospital Universitario de Toledo.

En rueda de prensa, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que para llevar a cabo la integración es necesario redactar un plan funcional, junto a un plan de espacios y un proyecto básico de reforma para todo el Hospital Universitario de Toledo que permita definir la actividad del hospital en los próximos 25 años. “Por tanto, no aprobamos únicamente una obra, sino una hoja de ruta que permitirá definir qué servicios se prestarán, cómo se relacionarán entre sí y qué dotaciones serán precisas para garantizar una atención sanitaria de calidad”, ha explicado.

Actualmente, el Hospital Universitario de Toledo cuenta con áreas sin uso que podrán transformarse para acoger las nuevas actividades, lo que supondrá “importantes ventajas como son mejor accesibilidad, mayor coordinación, una atención más integral, una optimización del bloque quirúrgico y un uso más eficiente de camas y equipamientos”, ha expresado la portavoz.

La reorganización supondrá integrar en un mismo espacio servicios que hoy se encuentran dispersos, como Geriatría, Salud Mental, Cuidados Paliativos, Unidad del Dolor o la Cirugía Mayor Ambulatoria. De este modo, el Hospital Universitario de Toledo se convertirá en “un gran núcleo hospitalario de referencia, moderno y eficiente, preparado para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población en las próximas década”, apunta Padilla.

Unificación hospitalaria

Según ha detallado la consejera Esther Padilla, el Hospital Virgen del Valle acoge casi exclusivamente servicios relacionados con la especialidad de Geriatría y dispone de 144 camas de hospitalización distribuidas en tres plantas, de las cuales 108 corresponden a hospitalización convencional, 30 a la Unidad de Media Estancia y seis a la Unidad de Cuidados Intermedios, además de tres equipos de ayuda a domicilio. Cuenta asimismo con un gimnasio, un Hospital de Día y servicios de apoyo como Farmacia, Lencería, Cocina y Cafetería. En el edificio anexo de consultas externas, que en su día albergó las especialidades de Alergia y Dermatología, actualmente solo se mantienen las consultas de Geriatría. Además, en este centro se ubica el CSUR de Mastocitosis y los medidores de pólenes del Servicio de Alergología.

El Hospital Provincial concentra prestaciones vinculadas a la Salud Mental, entre ellas la UME Psiquiátrica con 30 camas, la Unidad de Conductas Adictivas, las consultas de Infanto-Juvenil, así como las de Salud Mental y el Hospital de Día de Adultos. También acoge la Unidad de Cuidados Paliativos, con ocho camas y tres equipos domiciliarios, y la Unidad del Dolor. Dispone de 60 camas distribuidas en tres plantas de hospitalización, que sirven de apoyo al Hospital Universitario de Toledo en momentos de alta frecuentación, y de consultas de Oftalmología. Asimismo, cuenta con un área quirúrgica dotada de tres quirófanos, dos dedicados a Oftalmología y otro compartido por Urología y Cirugía General, en los que se programan intervenciones de corta estancia, además de un quirófano para técnicas oftalmológicas.

Por su parte, la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria se encuentra ubicada desde su creación, hace más de 30 años, en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Padilla ha concluido que esta decisión del Consejo de Gobierno marca el inicio de una reorganización hospitalaria de gran calado que permitirá integrar en el Hospital Universitario de Toledo la actividad de distintos centros y reforzar el modelo sanitario regional con una infraestructura “más moderna, eficiente y preparada para afrontar los retos de la atención sanitaria de las próximas décadas”.