La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente 'popular' con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien “no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo”.

Padilla ha recordado “frases contundentes” de los audios revelados en que la 'popular' mencionaba que “hay que conseguir esa libretita” o que “hay que laminar al cabrón”.

Por ello, la portavoz ha afirmado que “Cospedal formaba parte de la cadena” de corrupción de la que “los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha no terminan de soltar lastre” a pesar de que los ciudadanos “sí lo hicieron cuando dijeron no a los recortes, no a la soberbia y no a la corrupción” en las últimas elecciones eligiendo a Emiliano García-Page como su presidente.

La portavoz ha señalado que el Gobierno de García-Page “ha demostrado durante los 11 años de gobierno en esta región” que no tienen “casos como el de las mascarillas durante el Covid” y que se ha mantenido “a raya a corruptos y estafadores”.

“Este Gobierno es un Gobierno limpio y transparente y por ello el presidente García-Page tiene cada vez mayor apoyo social”, ha concluido Padilla.

El PP cree que los socialistas “mienten” para “arañar votos”

Sus palabras han tenido respuesta en el PP castellanomanchego. La portavoz del Partido Popular en la comunidad autónoma Alejandra Hernández cree que el PSOE regional “ha vuelto a demostrar que su única estrategia es la de generar ruido, confrontación y mentiras para intentar arañar votos”, tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno autonómico sobre el caso Kitchen.

Hernández subrayaba que “cuando la justicia habla y deja claro que no procede imputar ni reabrir causas, lo que debería hacer cualquier responsable público es respetarla, no retorcer la verdad ni intoxicar a la opinión pública”, aludiendo a la decisión del tribunal de no investigar ni a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha ni al PP nacional. Ha acusado a los socialistas de estar instalados “en la política del bulo permanente”, intentando sostener “relatos falsos sobre supuestos casos que los tribunales no avalan” y que si lo hacen es para “desviar la atención de los gravísimos casos que afectan al PSOE a nivel nacional y que están siendo juzgados ahora mismo”, en alusión al caso Ábalos o caso Koldo.

La portavoz popular ha exigido al PSOE “que deje de manipular, que respete a la justicia y que abandone de una vez la estrategia del fango”.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha mostrado confiada en las primeras horas del nuevo año en que este 2026 suponga “un punto de inflexión en la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos en la región” y que se “ponga fin a los recortes que el sindicato califica de ”crónicos“. En su opinión están afectando ”de forma directa tanto a los empleados públicos como a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos“.

CSIF pone encima de la mesa el logro del acuerdo salarial de obligada aplicación por todas las administraciones firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de noviembre y que ha supuesto un aumento retributivo del 4% para este 2026 (2,5% de 2025 y 1,5% en este 2026 dentro de un incremento salarial que alcanzará el 11,4% en 2028), pero subraya que en Castilla-La Mancha debe ir acompañado de políticas autonómicas.

“Estamos hablando de derechos como la carrera profesional sanitaria, el pago del verano a los interinos docentes o las elevadas ratios y horario lectivo, así como la falta de personal y restricciones en las incorporaciones en toda la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que no se cubren y servicios que también se externalizan”, señala Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha.

Los “recortes” que afectan “de forma transversal”

El sindicato advierte además de que estos recortes no afectan a un único sector, sino que tienen un impacto transversal en toda la Función Pública. Entre ellos, destacan la supresión del Plan de Acción Social durante el mandato de Dolores de Cospedal y que, dicen, “continúa sin recuperarse”, así como una tasa de temporalidad que CSIF considera inasumible: uno de cada tres empleados públicos de la región mantiene actualmente una relación laboral temporal con la Administración.

Para la organización sindical, esta situación evidencia “la necesidad urgente” de un cambio de rumbo. “Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día”, subraya Domínguez, que confía en que 2026 sea el año en el que se ponga fin definitivamente a los recortes y se avance hacia una Administración más justa y dotada de los recursos necesarios.

Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día

Por último, CSIF censura la “falta de diálogo” de Emiliano García-Page con el que definen como “primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha mientras sí lo mantiene con CCOO y UGT, los cuales han percibido casi 51,7 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno regional”. Según este sindicato, esta cantidad “debería ser restituida a las arcas autonómicas para recuperar derechos laborales, reforzar los servicios públicos, invertir en el desarrollo de sectores clave y para proteger a los colectivos más vulnerables”.

Una reunión “urgente” con ganaderos de la provincia para trasladar de primera mano la “grave” situación que está generando la expansión de la lengua azul y otras enfermedades. Es la solicitud formal que la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real ha hecho a la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La organización agraria ha explicado que, en las últimas semanas, la situación “ha alcanzado un punto límite”, con explotaciones que sufren importantes pérdidas de animales, abortos, caída de productividad, infertilidad y elevados costes veterinarios, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Una realidad “insostenible”

Todo ello, alegan, está provocando una “creciente preocupación e indignación” entre los profesionales del sector, que hablan ya de una realidad “insostenible”. De hecho, Asaja Ciudad Real advierte de que la tensión entre los ganaderos es tal que “no descartan movilizarse” si no se adoptan de manera inmediata medidas “claras, eficaces y coordinadas que permitan aliviar la carga que están soportando las explotaciones”.

La organización también ha trasladado su voluntad de que en este encuentro pueda estar presente la directora general de Ordenación Agropecuaria, a quien ha informado de la solicitud. Asaja considera “fundamental” que los máximos responsables en materia sanitaria y de gestión ganadera conozcan directamente la magnitud del problema y puedan valorar, junto a los afectados, posibles vías de actuación.

Para Asaja Ciudad Real las partidas anunciadas en la región son “insuficientes” y se requiere un nuevo paquete de medidas “efectivas, inmediatas y justas, similares a las que se han adoptado en otras comunidades autónomas”.

Ganaderos “preocupados” y “frustrados”

La organización provincial agraria subraya que el sector se enfrenta a una crisis “sin precedentes recientes” y exige que las ayudas sean “reales, proporcionales y verdaderamente compensatorias”, cubriendo la pérdida de animales por muertes, abortos, infertilidad o ceses de producción, la reducción de la producción futura de leche y carne, el lucro cesante y los costes veterinarios, de desinfección, tratamientos y reposición.

“Los ganaderos están preocupados y profundamente frustrados. La situación exige respuestas rápidas y, sobre todo, un diálogo directo que permita diseñar soluciones urgentes”, señalan desde Asaja Ciudad Real, subrayando que la reunión debe celebrarse “lo antes posible” para concienciar a la administración de que están “en una situación crítica”.

Asaja concluye que continuará recogiendo casos, trasladando información actualizada a las administraciones y defendiendo los intereses de los profesionales, “que hoy más que nunca necesitan apoyo, claridad y medidas que protejan la continuidad de sus explotaciones”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza una guía para prevenir, detecta y atender de forma temprana y eficaz la dislexia. Según ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor se trata de un manual “pionero a nivel nacional”. Esta ‘Guía para la prevención y atención educativa del alumno con dislexia y otras dificultades del aprendizaje’ posee, según el consejero, un valor diferencial con respecto a otras porque “pone el foco en los aspectos preventivos, en lugar de mantener una visión reactiva y rehabilitadora”.

Amador Pastor ha comentado que el recurso es ante todo visual, práctico y está científicamente fundamentado. “Promueve una enseñanza de lectura de calidad desde la Educación Infantil, ofrece una respuesta educativa temprana, intensiva y focalizada, y se estructura en cinco grandes bloques”, ha aseverado.

La guía persigue seis objetivos diferenciados: aporta buenas prácticas sobre la enseñanza del proceso lector a través de metodologías y modelos basados en la evidencia científica; previene las dificultades específicas de aprendizaje desde las primeras etapas educativas; y mejora la identificación y la respuesta educativa inclusiva del alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) o en riesgo de presentarlas.

Además, fomenta y sensibiliza a docentes, familias y profesionales del sistema educativo; contribuye al desarrollo socioemocional del alumnado y sus familias; y ofrece un recurso práctico y riguroso, con herramientas, estrategias y materiales accesibles para toda la comunidad educativa.

Guía estructurada en cinco bloques

Este recurso está dividido en cinco bloques, contempla uno primero centrado en el modelo de visión simple de lectura, abogando por una metodología de la enseñanza de la lectura basada en la evidencia científica.

En un segundo bloque se abordan programas y actuaciones centradas en la prevención de las dificultades de aprendizaje durante el proceso de enseñanza de la lectura, incidiendo en aspectos básicos como la enseñanza explicita de la conciencia fonológica, el aprendizaje del vocabulario y las habilidades narrativas.

El tercer bloque se incide en la respuesta educativa y en el continuo de medidas para la enseñanza de los procesos lectores. Se dedica el cuarto bloque a las dificultades específicas de aprendizaje de la lectura tanto en educación primaria como en secundaria obligatoria. El quinto bloque cierra la guía, aportando pautas y orientaciones para la prevención de las dificultades específicas de la lectura, desde el ámbito familiar.

Además, la guía incluye recursos interactivos, infografías, vídeos, artículos, referencias bibliográficas y un glosario que facilita su comprensión y aplicación.

Salió a correr por un camino de Tomelloso, en Ciudad Real y recibió varios perdigonazos procedentes de las armas de unos cazadores que se encontraban en la zona, cerca de la autovía A-43. La información la recogen varios medios de comunicación locales. Ocurrió el pasado 26 de octubre. Silvia, la atleta, tuvo que ser trasladada al hospital, sin consecuencias graves, y denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Este viernes, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se ha solidarizado con la deportista y ha pedido “con contundencia” que las administraciones públicas “atiendan sus obligaciones legales”, que en su opinión pasan por “garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978”, así como “la seguridad de las personas usuarias en un viario público como los caminos y vías pecuarias” al disfrutar del ocio al aire libre.

El año pasado, tanto esta plataforma como clubes deportivos, federaciones de montaña y senderismo, asociaciones ecologistas y de conservación del medio natural, y otras organizaciones criticaron la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de permitir la caza en los caminos públicos.

La Consejería de Desarrollo Sostenible siempre ha esgrimido que se trata de “garantizar la seguridad” de los usuarios, permitiendo la práctica de la caza pero regulando cómo hacerlo. Pero lo cierto es que el Gobierno de España planteó en su momento discrepancias constitucionales a esta normativa del Ejecutivo castellanomanchego.

Tras el accidente en Tomelloso, que algunos vaticinaron que podía ocurrir con cazadores en los caminos públicos que usan viandantes de todas las edades, cicloturistas o deportistas, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha recordado hoy que viene exigiendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la necesidad de “regular esta actividad cinegética que se encuentra fuera de control” y que a tenor de lo ocurrido debe “garantizar los usos públicos de los ciudadanos, sin verse afectados por la caza que practica una minoría”.

La cuestión se ha puesto últimamente de nuevo sobre la mesa, después de que la Justicia haya tumbado el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, aunque haya sido por una mera cuestión técnica (faltaba un informe). Ese reglamento, denuncia la plataforma, “persiste en posibilitar la caza en vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizado, vías pecuarias, dominio público y servidumbre de paso de cursos fluviales. También en otras comunidades las leyes quedan supeditadas al lobby de la caza”, recuerda el colectivo, que pide clarificar y regular mejor la cuestión.

Los proyectiles y la seguridad en las vías públicas

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) recuerda que Ley de Caza de Castilla-La Mancha señala que “con carácter general, se prohíbe el uso de cualquier tipo de arma dentro de las zonas de seguridad y a una distancia cuyos límites se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones al respecto. Tampoco se podrá hacer uso de armas en dirección a las zonas de seguridad cuando las pueda alcanzar el proyectil”.

Y en cuanto al proyecto del Reglamento de Caza, en su artículo 35, solo establece una franja de 50 metros de dichas vías públicas y que cuando una persona cazadora se encuentre a menos de 50 metros de una persona ajena a una cacería, ha de descargar su arma de fuego.

“De tapadillo, el Gobierno manchego en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 incluyó conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público”, recuerdan, en lo que fue “una medida contestada por la sociedad civil y tumbada por Ecologistas en Acción”.

Quienes integran esta plataforma advierten: “Son demasiadas las ocasiones en las que los lobbies ligados a la actividad cinegética (incompatible con otros usos y aprovechamientos debido a que amenaza la integridad y seguridad de las personas) obvian el cumplimiento de estas normas. Las consecuencias pueden ser fatales”.

Consideran que las normas son “insuficientes” y que además “su cumplimiento queda en cuestión si adolece de agentes que velen por la correcta aplicación de la normativa”.

Reclaman regulación, coto a coto, y un control efectivo

Sobre este asunto exigen que los planes de ordenación cinegética de cada coto de caza, recojan y respeten el dominio público, y que exista un control efectivo. Lo que observamos: la administración cierra caminos y vías pecuarias -incluso en el monte público- para dar prioridad a la gestión cinegética sobre otros aprovechamientos.

“Es necesario ampliar las zonas de seguridad y señalizarlas adecuadamente, además de conformar una nueva regulación sobre el uso de armas de fuego y medidas de control, como por ejemplo ante el consumo de alcohol y otras sustancias, que suelen alternarse en el transcurso de una jornada de actividad cinegética”.

Recuerdan que, en el caso de Castilla La Mancha, “no sólo no se ha limitado esta actividad en vías pecuarias y caminos públicos reconociendo las obligatorias zonas de seguridad, sino que se viene favoreciendo y permitiendo el llamado 'derecho de caza' sobre este viario público”.

Además, inciden, “la caza ha visto incrementado los períodos temporales habilitados progresivamente: hoy es posible cazar prácticamente todo el año para determinadas especies y en todo momento, por lo que se crean situaciones de riesgo nuevas y limitan gravemente los derechos del conjunto de la ciudadanía para realizar actividades por estas vías de dominio y uso público”.

Citan un apercibimiento judicial. En febrero de 2025 la titular del Juzgado nº 1 de Almadén, en Ciudad Real, se dirigió a la Junta de Comunidades para reclamar un mayor control de la actividad cinegética, tras detectarse “demasiadas imprudencias” en los últimos meses en esta práctica.

El presupuesto que Castilla-La Mancha dispondrá el año que viene crecerá hasta los 12.903 millones de euros, un 1,5% más respecto a 2025. De esa cifra, el 72% será destinada a gastos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que ha explicado que las cuentas tienen el objetivo de “consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la compra de más deuda y reducir la presión fiscal a los sectores más desfavorecidos”.

Para el consejero, los presupuestos comparten los objetivos del “fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y competitividad de las empresas y el avance en la ducha en la lucha contra la despoblación”.

Ruiz Molina también se ha referido a la consistencia de unas cuentas públicas que vienen avaladas por la “normalidad y estabilidad política e institucional” en Castilla-La Mancha, en contraste con la “incertidumbre nacional”, en un contexto en el que aún no se ha concretado Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.

Tras la presentación, el consejero de Hacienda se ha desplazado hasta la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha para registrar las cuentas y entregar una copia del borrador al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, esta misma mañana. Con este acto, los presupuestos inician su tramitación parlamentaria con la aspiración de que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

A partir de ahora, la calificación en la próxima sesión de la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos, en un proceso que se lleva a cabo con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.

Ruiz Molina ha confesado sentirse “especialmente orgulloso” de unas cuentas para las que espera contar también con las “aportaciones” de Partido Popular y Vox, ha concluido.

Inversiones en gasto social por un total de 7.555 millones de euros

Desgranando con más detalle los presupuestos, y en referencia al área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015, mientras que el gasto en desarrollo económico asciende a 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.

El consejero ha destacado así que las cuentas de 2026 “permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas”, toda vez que los apartados destinados a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 72% del presupuesto, de los cuales el 38,9% corresponde a Sanidad, el 23,4% a educación, cultura y deportes y el 9,7% a servicios sociales.

Sanidad contará con un presupuesto de 4.058 millones de euros, un 7,5% más, con la aspiración de ampliar las plantillas, impulsar el plan de infraestructuras sanitarias en proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano o las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, impulsar la red de atención en salud mental y apostar por la prevención, incrementando el calendario de vacunas y el cribado neonatal.

Para educación se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, “con el objetivo de bajar las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros y enseñanzas, e impulsar la FP y la inclusión educativa”.

En lo que atañe a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, un 7,7% más, “para incrementar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana, o incrementar las plazas de termalismo y turismo social”.

3.232 millones para generación de riqueza y empleo

Ruiz Molina también ha destacado la importancia que se ha dado al área para la generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones, con el fin de fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.

En este sentido cobran especial protagonismo las “políticas transversales” contra la despoblación, para las que se han reservado 2.116 millones de euros, de los cuales la mayor parte se los llevan los servicios públicos y el ámbito económico, gracias a una inversión que se ha incrementado un 23,5% desde el año 2023, lo que supone 402 millones más, ha puntualizado el consejero.

Respecto a los gastos por capítulos, descontados los fondos de la UE, Ruiz Molina ha destacado que el 42,8% están reservados a gastos de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros, mientras que las operaciones de capital, que ascienden a 1.560 millones, permitirán “un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, ya que se ha incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, 2,5 veces más”.

Sin más deuda

En alusión al gasto por secciones, el consejero ha destacado el incremento de las partidas destinadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas y a la Consejería de Fomento, mientras que el total de ingresos no financieros está previsto que ascienda a 11.494 millones de euros, incluido un 68% proveniente del sistema de financiación autonómica, con una reducción del 31% de pasivos financieros, ya que no está previsto acudir a más préstamos, al margen de la refinanciación de la deuda pública existente.

Por otra parte, ha destacado el esfuerzo en deducciones que permitan un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores de la población más desfavorecidos. Así, ha destacado que las desgravaciones y el ahorro fiscal supondrán un total de 84 millones de euros en facilidades de acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. “Desde 2015 se han invertido 211 millones más, lo que supone un incremento del 118,5%”, ha destacado el consejero.

La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Epidemiología, ha presentado un nuevo protocolo operativo para médicos centinela en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

Este sistema, consolidado tras la pandemia de COVID-19, tiene como objetivo vigilar de forma integrada las infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) y graves (IRAG), incluyendo gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS). Durante la reunión mantenida en la Consejería de Sanidad se destacó la importancia de la red de médicos centinela, compuesta por 44 profesionales (33 de medicina de familia y 11 pediatras), que vigilan una población de más de 51.000 personas.

La temporada de vigilancia se extiende desde la semana 40 de un año (que en 2025 se inició el 29 de septiembre) hasta la semana 39 del siguiente, manteniéndose activa durante todo el año.

El protocolo establece un procedimiento claro en tres pasos. Selección de casos, registro de datos en el formulario centinela (Turriano) y toma de muestras respiratorias para análisis mediante RT-PCR. Las muestras positivas son enviadas a laboratorios de referencia para su caracterización genética, contribuyendo a la detección de variantes y al diseño de futuras vacunas.

Entre los indicadores generados por el sistema se encuentran la tasa de incidencia semanal por edad y sexo, la positividad por virus, y la caracterización clínica y genética de los casos. Estos datos permiten anticipar presión hospitalaria, generar alertas tempranas y tomar decisiones clave en salud pública.

La directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, ha agradecido el compromiso de los profesionales participantes, cuya labor representa la primera línea de defensa frente a las amenazas respiratorias emergentes.

Emiliano García-Page, ha dejado abierta la puerta a volverse como candidato para renovar su mandato como presidente de Castilla-La Mancha en una cuarta legislatura, si bien ha referido que no lo tiene decidido complemente.

Durante su intervención en un foro celebrado por EFE con motivo del 40 aniversario de su delegación en Castilla-La Mancha, el líder regional ha asegurado que deberá consultarlo a nivel familiar, asegurando que “a diferencia de Sánchez, no lo he hablado con mi familia y son los que van a decidir”.

Page ha vuelto a comentar este viernes el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de repetir candidatura a la Presidencia: “Es duro, y me pongo en la piel de Sánchez. Sientes complejo de hacer daño a tu familia. Vale para la izquierda y la derecha”.

El presidente castellanomanchego ha asegurado que no tiene intención de perpetuarse en la política: “La política es un tiempo en la vida que se dedica a lo público, pero no para siempre”.

Preguntado por si le gustaría que coincidiera las elecciones autonómicas y municipales con las elecciones nacionales, Page ha abogado por separar la gestión local y regional de las cuestiones nacionales, lamentando que “muchos alcaldes perdieron por culpa de la política nacional”.

“Querer al PSOE significa querer que los que se presenten saquen los mejores resultados, y no será así si no se valora lo que tenga que ver con su gestión. No hay que ventilar en las espaldas de los alcaldes y de las Comunidades Autónomas los golpes de la política nacional”, ha añadido.

Las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha están previstas para 2027, cuando se agote la actual legislatura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del Plan Funcional para la integración de los hospitales Virgen del Valle y Provincial y de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) en el Hospital Universitario de Toledo por un importe de casi 1,8 millones de euros.

Con esta decisión, el Gobierno castellanomanchego cierra la puerta a la petición que han hecho en los últimos meses profesionales, pacientes y familiares reclamando no cerrar este centro. En concreto, desde el servicio de Geriatría del centro hospitalario se recogieron 3.500 firmas para pedir que se paralizara su cambio al Hospital Universitario de Toledo.

En rueda de prensa, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que para llevar a cabo la integración es necesario redactar un plan funcional, junto a un plan de espacios y un proyecto básico de reforma para todo el Hospital Universitario de Toledo que permita definir la actividad del hospital en los próximos 25 años. “Por tanto, no aprobamos únicamente una obra, sino una hoja de ruta que permitirá definir qué servicios se prestarán, cómo se relacionarán entre sí y qué dotaciones serán precisas para garantizar una atención sanitaria de calidad”, ha explicado.

Actualmente, el Hospital Universitario de Toledo cuenta con áreas sin uso que podrán transformarse para acoger las nuevas actividades, lo que supondrá “importantes ventajas como son mejor accesibilidad, mayor coordinación, una atención más integral, una optimización del bloque quirúrgico y un uso más eficiente de camas y equipamientos”, ha expresado la portavoz.

La reorganización supondrá integrar en un mismo espacio servicios que hoy se encuentran dispersos, como Geriatría, Salud Mental, Cuidados Paliativos, Unidad del Dolor o la Cirugía Mayor Ambulatoria. De este modo, el Hospital Universitario de Toledo se convertirá en “un gran núcleo hospitalario de referencia, moderno y eficiente, preparado para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población en las próximas década”, apunta Padilla.

Unificación hospitalaria

Según ha detallado la consejera Esther Padilla, el Hospital Virgen del Valle acoge casi exclusivamente servicios relacionados con la especialidad de Geriatría y dispone de 144 camas de hospitalización distribuidas en tres plantas, de las cuales 108 corresponden a hospitalización convencional, 30 a la Unidad de Media Estancia y seis a la Unidad de Cuidados Intermedios, además de tres equipos de ayuda a domicilio. Cuenta asimismo con un gimnasio, un Hospital de Día y servicios de apoyo como Farmacia, Lencería, Cocina y Cafetería. En el edificio anexo de consultas externas, que en su día albergó las especialidades de Alergia y Dermatología, actualmente solo se mantienen las consultas de Geriatría. Además, en este centro se ubica el CSUR de Mastocitosis y los medidores de pólenes del Servicio de Alergología.

El Hospital Provincial concentra prestaciones vinculadas a la Salud Mental, entre ellas la UME Psiquiátrica con 30 camas, la Unidad de Conductas Adictivas, las consultas de Infanto-Juvenil, así como las de Salud Mental y el Hospital de Día de Adultos. También acoge la Unidad de Cuidados Paliativos, con ocho camas y tres equipos domiciliarios, y la Unidad del Dolor. Dispone de 60 camas distribuidas en tres plantas de hospitalización, que sirven de apoyo al Hospital Universitario de Toledo en momentos de alta frecuentación, y de consultas de Oftalmología. Asimismo, cuenta con un área quirúrgica dotada de tres quirófanos, dos dedicados a Oftalmología y otro compartido por Urología y Cirugía General, en los que se programan intervenciones de corta estancia, además de un quirófano para técnicas oftalmológicas.

Por su parte, la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria se encuentra ubicada desde su creación, hace más de 30 años, en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Padilla ha concluido que esta decisión del Consejo de Gobierno marca el inicio de una reorganización hospitalaria de gran calado que permitirá integrar en el Hospital Universitario de Toledo la actividad de distintos centros y reforzar el modelo sanitario regional con una infraestructura “más moderna, eficiente y preparada para afrontar los retos de la atención sanitaria de las próximas décadas”.

Castilla-La Mancha cuenta con una Plataforma Electrónica de Expedientes Urbanísticos desde este mes de agosto. Su objetivo será facilitar el intercambio de información, reducir la burocracia y agilizar los trámites con ventajas claves, según ha explicado la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López. Cualquier persona podrá conocer el estado de tramitación de sus expedientes en tiempo real.

Forma parte del proceso de simplificación administrativa y aunque se pone a disposición de entidades locales y de los promotores para facilitar la tramitación de sus expedientes, busca también “fomentar la instalación de empresas aprovechando el suelo industrial disponible en la región”.

Esto será posible ya que esta plataforma se encuentra “plenamente integrada” con otras aplicaciones como son el Visor Integral de Urbanismo o el Mapa de Suelo Industrial de Castilla-La Mancha.

Hasta 167 pymes, autónomos, asociaciones y federaciones representativas del sector en Castilla-La Mancha van a poder beneficiarse la convocatoria de ayudas dirigidas al impulso y la promoción de la actividad del comercio minorista en la región. El Gobierno regional ha resuelto esta convocatoria con un importe que supera los 740.000 euros, que tiene como objetivo impulsar y consolidar el comercio minorista en Castilla-La Mancha.

Esta convocatoria, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, tiene la finalidad de potenciar la actividad comercial minorista de la región, consolidar el tejido empresarial existente, estimular el empleo en el sector e incrementar su competitividad y rentabilidad. La convocatoria recoge dos líneas: una dirigida a impulsar y consolidar la actividad del comercio minorista y otra para apoyar labores y acciones de promoción del comercio al por menor en Castilla-La Mancha.

En la primera de las líneas se han resuelto de manera favorable un total de 160 proyectos, en su mayoría llevados a cabo por personas trabajadoras autónomas, con una ayuda del Gobierno regional de 716.776 euros para apoyar acciones que tienen como objetivo digitalizar la gestión del negocio, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el impulso a su presencia en plataformas digitales, así como promover el acondicionamiento, la mejora de la eficiencia energética y la seguridad del establecimiento comercial.

La segunda línea está dirigida a asociaciones de comerciantes y federaciones, para coordinar las diversas actividades conjuntas de los establecimientos comerciales minoristas, con la finalidad de que estos afiancen su actividad comercial y ofrezcan a los ciudadanos una oferta comercial continuada, plural, especializada y competitiva. En esta línea se han resuelto siete proyectos con ayudas por valor de 23.446 euros.

En ambos casos, las ayudas pueden llegar al 70% de la inversión total, con un límite de 10.000 euros por proyecto.

La Guardia Civil ha tomado declaración a una persona como presunta responsable del incendio forestal en Villalba del Rey, provincia de Cuenca, que se produjo el pasado 18 julio, sin que de momento se haya procedido a su detención, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

Además se ha tomado declaración a otras tres personas como presuntas autoras de otro incendio forestal que se produjo en la localidad conquense de Cañamares el pasado 14 de julio, dentro de una investigación abierta, según las mismas fuentes.

A ambos casos se ha referido hoy la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para asegurar que el “empeño” del Gobierno regional por prevenir y controlar “cuanto antes” los incendios que se producen, pero también por perseguir a los responsables.

De hecho, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ya anunció la pasada semana la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de personarse en el proceso judicial que se sigue en estos casos. Y es que en esas mismas fechas otro fuego azotó, en este caso a la provincia de Toledo. En Méntrida, un incendio forestal de mayor envergadura obligó al confinamiento de la población y terminó afectando, según las estimaciones iniciales, a más de 3.000 hectáreas.

Condolencias por el bombero forestal fallecido en Castilla y León

La consejera Portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha ha comentado, además, que desde las 10 de esta mañana se está colaborando con el Gobierno de Castilla y León para ayudar en la extinción de los incendios en dos localidades abulenses, Monbeltrán y Cuevas del Valle, respectivamente. Se han enviado dos helicópteros ligeros de la base de Talavera de la Reina. Por el momento continúan estas labores de extinción y se trata de una “situación que no está evolucionando como desearíamos en el control del fuego, porque ha habido alguna complicación y puede que nos requieran de más ayuda”, ha expresado Padilla.

Al mismo tiempo, ha querido lamentar el fallecimiento de un bombero forestal de Castilla y León y trasladar sus condolencias a la familia y compañeros del bombero, que perdió la vida en un accidente de tráfico mientras se dirigía a la base de El Hornillo para sumarse a la extinción de los incendios en esta zona.

En el siempre vibrante debate sobre la financiación autonómica, la equidad entre comunidades es un principio irrenunciable para quienes creen en la cohesión territorial y la justicia fiscal. Sin embargo, en este escenario, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha optado por un papel peculiar: el de crítico incansable, pero sin facilitar una alternativa concreta a la propuesta de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal recientemente expuesta por el Gobierno central, aportando opciones a cada apartado, hasta siete, que ayuden a resolver el complejo puzle de la financiación autonómica.

García-Page continúa en su línea de frentismo al gobierno del Estado y ha elevado el tono en los últimos días, denunciando lo que considera un “trato de privilegio” hacia Cataluña y alertando sobre una supuesta “barra libre” de cesiones al independentismo. Según él, la corrupción ha traído consigo más debilidad y más negocio para los socios del Gobierno, lo que, en su opinión, vulnera el principio de igualdad “sagrado para la izquierda”.

No obstante, mientras otros líderes autonómicos socialistas, como los de Asturias o la Comunidad Valenciana, han defendido abiertamente la necesidad de un modelo de financiación más justo para todas las regiones, García-Page ha preferido instalarse en la trinchera de la denuncia. Eso sí, sin descender al incómodo terreno de las propuestas técnicas o los modelos alternativos. Porque, claro, proponer un sistema concreto de financiación autonómica podría exigirle algo más que titulares y le obligaría a retratarse ante sus propios electores y compañeros de partido.

Me permito revisar la nueva propuesta de financiación autonómica, para intentar ver qué características la pueden hacer rechazable por el Gobierno de Castilla La Mancha, porque creo que el nuevo modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno respecto al anterior introduce una serie de mejoras orientadas a solventar las deficiencias detectadas en el sistema vigente y a avanzar en la equidad, suficiencia y autonomía de las comunidades autónomas.

Son siete las principales mejoras que se identifican en esta propuesta: mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Se amplía la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre los impuestos cedidos, permitiendo una mayor corresponsabilidad fiscal y autonomía en la gestión de sus recursos. Se incrementa el porcentaje de impuestos estatales cedidos a las comunidades, lo que reduce la dependencia de transferencias del Estado central.

En segundo lugar, se propone un incremento de los recursos disponibles. El nuevo modelo prevé un aumento sustancial de los recursos asignados a las comunidades autónomas para garantizar la financiación adecuada de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Se contemplan mecanismos para ajustar la financiación en función de las necesidades reales de gasto, considerando factores como la dispersión, envejecimiento y singularidad de la población.

En tercer lugar, refuerza la equidad y solidaridad interterritorial, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad en la que residan, tengan acceso a servicios públicos con niveles de calidad similares. Se revisan y mejoran los fondos de nivelación y compensación para reducir las desigualdades entre territorios.

Otro aspecto es que se mejoran transparencia y rendición de cuentas, porque el nuevo modelo introduce mecanismos que las mejoran en la asignación y uso de los recursos, facilitando la rendición de cuentas y la visibilidad de la responsabilidad fiscal de cada comunidad autónoma. Se promueve una mayor claridad en la relación entre los ingresos y los gastos autonómicos, lo que permite a los ciudadanos entender mejor el origen y destino de los fondos públicos.

Un quinto aspecto es que plantea una condonación parcial de deuda autonómica generada por la infrafinanciación del modelo anterior, lo que permitirá a las comunidades reducir su carga financiera y recuperar capacidad de inversión.

En sexto lugar, el nuevo sistema incorpora mecanismos de revisión periódica para adaptarse a los cambios demográficos, económicos y sociales, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Y por último se produce un reconocimiento de las singularidades territoriales, al tener en cuenta las características particulares de cada comunidad (como dispersión geográfica, envejecimiento, insularidad, etc.) para ajustar la financiación y asegurar una distribución más justa y eficiente.

Con estas mejoras, el nuevo modelo busca corregir los desequilibrios y carencias del modelo anterior, dotando a las comunidades autónomas de mayor autonomía, recursos suficientes y mecanismos de control y equidad, en línea con los principios de corresponsabilidad fiscal y cohesión territorial. Cosa diferente es que estas líneas transversales no se compartan, pero entonces lo que se debe hacer es plantear una alternativa y nunca un no rotundo con el argumento de que utiliza un favoritismo que habría que constatar y acreditar con números.

Resulta curioso que García-Page, tan preocupado por la igualdad entre territorios, haya decidido ejercer su “lealtad” al PSOE con la misma flexibilidad que un funambulista en plena tormenta. Mientras el Gobierno central y la dirección federal del partido insisten en buscar un acuerdo multilateral y en garantizar que ninguna comunidad sea agraviada, el presidente manchego prefiere el papel de verso suelto, siempre dispuesto a señalar los supuestos errores ajenos, pero sin arriesgarse a proponer una solución propia y alternativa que sirva para todos.

Quizá en su próxima intervención, García-Page nos sorprenda presentando su modelo de financiación autonómica... o tal vez siga perfeccionando el arte de la crítica sin alternativa, ese noble ejercicio tan español de exigir soluciones a los demás mientras uno se reserva el derecho a no mojarse.

En un contexto donde la reforma de la financiación autonómica es una asignatura pendiente desde hace más de una década, la equidad entre comunidades exige algo más que discursos grandilocuentes. Requiere propuestas concretas, diálogo y, sobre todo, altura de miras. Mientras tanto, algunos líderes parecen más cómodos en la oposición interna que en la construcción colectiva. Y, como siempre, la ironía es que quienes más claman por la igualdad son, a veces, los menos dispuestos a arrimar el hombro para lograrla.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho sentirse “dolido” con su partido pues, una vez conocido que el Gobierno esté pactando con la Generalitat que Catalunya recaude todos los impuestos de forma gradual, ha asegurado que en el Comité Federal del pasado sábado pidió hablar sobre financiación y “deliberadamente se ocultó el debate”.

“Es más, se atrasaron los acuerdos con Esquerra Republicana, con los independentistas. Pareciera que los independentistas estaban dentro del Comité Federal, porque se atrasó a posta para que se hurtara el debate al Comité Federal”, ha denunciado García-Page, que se ha pronunciado de este modo desde Sacedón (Guadalajara), preguntado por ese acuerdo Ejecutivo-Generalitat.

“No lo hubiera hecho público de no haber sido víctima también de filtraciones de las grabaciones en algo que debiera haber sido discreto, como son los órganos internos de un partido”, ha lamentado, en alusión a las filtraciones del cruce de declaraciones que en dicho órgano mantuvo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

A su juicio, “todo es más grave ahora que antes, por una simple razón: porque estamos comprobando que a más corrupción, a más corrupción más debilidad, a más corrupción cesiones y más negocio para los independentistas y para los socios”.

Y es que el líder de los socialistas castellanomanchegos ha considerado que “la corrupción ha traído barra libre y esto es absolutamente grave porque va a traer consecuencias muy importantes para lo que tendría que ser sagrado para la izquierda, que es el principio de igualdad”.

García-Page ha cuestionado el modo en que el Gobierno central negocia, añadiendo que “cuando se negocia aparte”, el resto de comunidades “ya no están siendo tratados con igualdad”.

“Por tanto, a partir de ahí ya todo empieza a ser indefendible”, ha abundado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha arremetido contra esos “políticos que se llaman de izquierdas, que lo que vienen es a estar defendiendo todo el día lo indefendible”.

El “trato de privilegio” responde a un “chantaje”

Y es que, a su entender, este “privilegio” que el Ejecutivo central otorga a Cataluña es fruto de “una permanente escalada de cesiones ante chantajes absolutamente obscenos de quienes lo que buscan es tener más que los demás”.

“Incluso lo quieren tener hasta que esto se rompa del todo como país”, ha advertido el líder de los secretarios castellanomanchegos, que ha opinado que hay chantajes “desde el primer día que se constituyó esta legislatura”, aunque los de ahora “son de un grado extremo”.

“Lo que se ha desabrochado por completo son los límites, que creo que eran muy pocos, que planteaba el Gobierno. Ahora, ya directamente, estamos en el concepto de barra libre. Los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles”.

Cree que no va a salir adelante

Preguntado por las medidas que va a adoptar su Ejecutivo ante dicho acuerdo -este jueves advirtió de que “no se iba a quedar de brazos cruzados”-, ha indicado que “va a ir viendo los acontecimientos”, convencido de que no va a salir adelante.

“No lo planteo ni como ninguna amenaza ni como si supiera algo. Es que creo sinceramente que es un despropósito absoluto”, ha agregado el presidente de Castilla-La Mancha que, preguntado sobre si ha hablado de este asunto con homólogos, ha dicho “no hablar con nadie porque luego todo se sabe” y les “perjudica”.

Aunque ha dicho no querer “arruinar la carrera política de nadie”, si ha confiado en que el resto de presidentes “los que están afectados directamente” levanten la voz.

“Hay algunos que están al margen de los debates de financiación porque ya tienen régimen aparte, pero espero que todos nos sintamos obligados, desde luego”.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha defendido las medidas planteadas por la Administración regional en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla-La Mancha como, por ejemplo fusionar varios niveles en una misma aula, para que sean viables los grupos de estudio en determinados centros.

“No son medidas para recortar por recortar”, ha apostillado Pastor, sino que son medidas para que finalmente pueda ser viable el estudio de los idiomas en determinadas escuelas. Por lo tanto, “no es una medida que atente contra las Escuelas Oficiales de Idiomas”.

Así ha reaccionado el consejero después de que durante estos días se hayan vivido protestas por parte de las Escuelas Oficiales de Idiomas ante una medida que, según el consejero, se ha planteado desde la Administración “en consenso, diálogo y permanentes reuniones” realizadas con los equipos directivos de las escuelas ante la pérdida de alumnado. Las Escuelas Oficiales de Idiomas han perdido cerca de mil alumnos en los últimos años, ha cifrado el consejero.

Ante este panorama, el servicio de inspección durante este curso ha hecho una inspección prioritaria para ver el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin mencionar el centro, Pastor ha dicho que por ejemplo en un nivel de francés B2, había solo un alumno; en un nivel de italiano, dos alumnos; o en un nivel, por ejemplo, de alemán, tres alumnos en el nivel B1.

Unos datos que han hecho al Gobierno de Castilla-La Mancha proponer que, donde se pueda, se agrupen a alumnos para que sean viables los grupos de estudio. “Estamos hablando de dinero público y de eficiencia en el uso de los recursos públicos”, ha subrayado.

Dicho esto, Pastor ha dejado claro que “no afecta a todos los idiomas, no afecta a todos los niveles, tan solo afecta a aquellos niveles que con estos datos de matrícula se hace insostenible determinada viabilidad en los grupos”.

Abandono durante los primeros meses

Se da una circunstancia que también lo ha aflorado el informe de inspección y es que sobre esta matriculación durante los primeros meses hay un abandono importante del alumnado. Por lo tanto, ha apuntado Pastor, “no es una medida de recorte, no es una medida que atente contra las escuelas oficiales de idiomas, es una medida que trabaja con las escuelas oficiales de idiomas para la supervivencia y la viabilidad de determinados grupos”.

El año pasado se estableció como mínimo seis alumnos para que pudiesen salir los grupos hacia adelante. Con esa medida de seis alumnos se llegaron al mes de junio, “un alumno, tres alumnos, dos alumnos o incluso algunos con cero alumnos”.

Por lo tanto, ha recalcado el consejero, “este año se les ha pedido que para que podamos considerar un grupo desde el primer momento válido para la dotación de profesorado específico, haya como mínimo diez alumnos para prevenir y paliar ese futuro abandono que pueda producirse”.

Un consejero de Educación que asegura respetar las protestas, pero pide ser “justo” en el mensaje. “No son medidas para recortar. Son medidas para que finalmente pueda ser viable el estudio de los idiomas en determinadas escuelas. Pero sobre todo para que sean también sostenibles los grupos y sobre todo para que la gente que decide matricularse entienda que va a tener un grupo medianamente normalizado para poder llevar adelante las enseñanzas”.

Por lo tanto, “no afecta como digo ni a todas las escuelas ni a todos los idiomas. Ni a todos los niveles”, ha insistido en su mensaje.

Dicho esto, ha vuelto a decir en que lo único que se les ha pedido es que se parta de mínimo 10 alumnos para empezar a considerar grupo, que se pueda, cuando no se den esas circunstancias, trabajar con ellos para hacer agrupamientos y que puedan conseguir esos mínimos y sobre todo que puedan hacer viable el estudio de los idiomas.

Además, ha señalado el consejero, se está trabajado en otras fórmulas complementarias como modalidades semipresenciales o incluso totalmente online.

También Pastor ha aseverado que estas medidas afecta “muy poco” a la plantilla orgánica del profesorado que está al frente de las escuelas oficiales de idiomas. Y a los pocos que afectaba, ha defendido el consejero, se ha trabajado con ellos las posibilidades dentro de la misma escuela o incluso donde tienen sus destinos definitivos. “El impacto sobre el profesorado es muy pequeño”.

Finalmente, ha afirmado que “no es una decisión caprichosa”, sino que “es una decisión conocida”. “No es una cuestión arbitraria”, sino que “viene fundamentada en un estudio exhaustivo que se ha hecho durante todo este año con el servicio de inspección y responde única y exclusivamente a la falta de alumnado que tenemos en las escuelas oficiales de idiomas”, ha concluido.

En un movimiento que por un lado cimienta aún más la brecha con el Gobierno central y por otro despoja al ejecutivo castellanomanchego de su perfil progresista y socialista, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que regula la situación y el posible traslado de menores extranjeros no acompañados.

La justificación oficial esgrime una supuesta aprobación “sin diálogo” y “sin financiación”, alegando que las comunidades autónomas deberán atender, en nuestro caso, a más de 500 menores adicionales sin recibir “ni un euro”, lo que implicaría un coste anual que “supera” los 26 millones de euros solo para Bienestar Social. Fundamentan su recurso en un informe que habla de “flagrante quebranto del principio de coordinación” y posible “invasión de competencias exclusivas” autonómicas. Mientras aseguran que el recurso busca garantizar recursos para una atención digna, no evitar acoger a los menores.

Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con la realidad y despierta serias dudas sobre la veracidad de los argumentos oficiales. ¿Dónde quedan esos supuestos principios de coordinación y respeto a las competencias cuando el mismo Gobierno regional prioriza ayudas millonarias a iniciativas privadas, declarándolas de “interés singular”? ¿O cuando entrega 1100 hectáreas de monte público a bajo precio a una empresa privada y le prevé una subvención de 25 millones de euros? Parece que, en esos casos, la coordinación y la “invasión de competencias” no importan tanto, especialmente si hay 'empresas amigas' de por medio.

La negativa a acoger a 500 menores migrantes, bajo el pretexto de la falta de recursos, resulta indignante cuando la Comunidad Autónoma cuenta con la institución regional, cinco diputaciones provinciales y más de novecientos ayuntamientos que, si existiera la voluntad política, podrían garantizar una acogida digna. La postura no solo puede ser calificada como una flagrante falta de humanidad, sino que parece responder claramente a intereses políticos que alejan al gobierno regional de los valores progresistas y socialistas que tanto dicen defender.

Recordemos que cuando miles de ciudadanos ucranianos huían de la guerra, las mismas instituciones que ahora se niegan a acoger ofrecieron todo tipo de ayudas y facilidades. La única diferencia es que ahora se trata de menores africanos a los que se les niega lo básico. Además, la afirmación de que no habrá financiación extra ha sido contradicha por noticias que hablan de aportaciones adicionales, lo que genera más dudas sobre la transparencia de esta decisión. Lejos de responder a una genuina falta de principios progresistas, todo apunta a 'excusas nobles' para justificar decisiones de dudosa ética o interés público, revelando una hipocresía que duele.

El recurso al Constitucional no cambia la realidad: las autonomías recurrentes no quedan eximidas de acoger a los menores que colapsan Canarias y Ceuta y se encuentran en una situación límite. Es una ley y deben cumplirla.

Esta decisión, sumada a desencuentros anteriores, como la oposición a triplicar la inversión en vivienda, demuestra que el Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de defender los derechos de los más vulnerables y trabajar coordinadamente, sigue ahondando en sus diferencias políticas con el gobierno central, a costa de poner en riesgo la atención digna que requieren estos menores. La coherencia y la solidaridad, pilares del socialismo, parecen haberse perdido por el camino.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado desde Bruselas una propuesta para que los líderes de las 17 comunidades autónomas puedan reunirse una vez al mes “independientemente de que esté o no el presidente del Gobierno”, ante la próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para el próximo 6 de junio en Barcelona.

Después de mantener un encuentro en la capital belga con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el luxemburgués Cristophe Hansen, García-Page ha reconocido que se ha enterado “hoy mismo” del próximo encuentro de líderes autonómicos con el presidente del Gobierno. El barón socialista ha declarado a los medios allí presentes que espera que se dé la oportunidad a los presidentes para proponer asuntos en el orden del día porque, ha dicho, “hay algunos que son importantes”.

“Yo hace meses planteé que había que hablar del sistema eléctrico español cuando nadie sabía de lo que estábamos hablando y, mire por donde, al final no sé si vamos a hablar, pero me temo que vamos a hablar del sistema eléctrico español”, ha asegurado Page, para quien es “evidente” que la infraestructura eléctrica debe dar “un salto adelante” tras el apagón del pasado 28 de abril: “Es responsabilidad de todos”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido ante los periodistas que las conferencias de presidentes no pueden ser “un teatro” donde los líderes autonómicos vayan a hablar para su propia galería. “Tienen que ser lo más productivas y útiles posibles”, ha apostillado, antes de reclamar fechas y calendarios concretos para la negociación de la financiación autonómica, de la que ha especificado que debe ser común, sin privilegios y “sin mesas aparte”.

En ese contexto, Emiliano García-Page ha sugerido hacer más eficiente el Estado autonómico mediante lo que ha calificado como un planteamiento metodológico: “Que nos podamos coordinar mejor sin necesidad de una convocatoria cada seis meses ni estar a expensas solo de conferencias de presidentes”, ha detallado el toledano, que ha propuesto foros más constantes y más cotidianos entre los presidentes autonómicos “para poner en común una agenda compartida”.

Esto lo ha resumido Page en una propuesta de celebración de reuniones mensuales entre los líderes de todas las autonomías “independientemente de que esté o no el presidente del Gobierno”. Ha recordado para ello como un ejemplo positivo la experiencia durante la pandemia de Covid-19: “Nos vimos mucho. Terminamos copiándonos los unos a los otros en los protocolos de actuación y eso finalmente es bueno”.

Eso sí, aunque ha reconocido que, aunque este planteamiento pueda ser útil para cuestiones técnicas o económicas, “luego habrá cosas en las que discutamos” y que “entonces sí, ahí se necesita que el Gobierno esté por el medio”.

García-Page también se ha referido a la elección de Barcelona como sede de la próxima Conferencia de Presidentes, que ha calificado de muy oportuna, tras referirse a la necesidad de negociar una financiación autonómica común. Será la XXVIII reunión de este órgano y tendrá lugar en el Palau de Pedralbes de la capital catalana.

El Gobierno prevé contactar este jueves, 15 de mayo, con los ejecutivos autonómicos para comunicarles de forma oficial la convocatoria de la Conferencia. Será de nuevo el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que gestionará posteriormente un encuentro del comité preparatorio de esa cita.

Generar nuevos fármacos en la lucha contra el cáncer. Es el objetivo del proyecto liderado por el profesor Raúl Calero de la Universidad de Castilla-La Mancha, que centra su trabajo en la generación de nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer que sean eficaces en tumores resistentes a otros tratamientos. Virginia Pérez, graduada en Bioquímica por la UCLM, es parte también del equipo.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de las ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación y en empresas, en el marco de la retención y el retorno del talento, cofinanciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

En concreto, han desarrollado compuestos derivados de titanio con afinidad por la albúmina, la proteína más abundante en plasma sanguíneo, que muestran una actividad antitumoral frente a células de cáncer de ovario y de pulmón resistentes a otros quimioterápicos.

Este tipo de compuestos podrían representar una alternativa terapéutica para pacientes que han desarrollado resistencia a tratamientos de uso actual, especialmente a los derivados del platino.

En este sentido, la directora de la Agencia de Investigación e Innovación, Charo Serrano, ha indicado que la tesis doctoral de Virginia Pérez se centra en el estudio de uno de dichos compuestos, Ole-Ti, y entre sus objetivos se encuentran analizar los mecanismos de captación y de acción del compuesto, así como su efecto in vivo en modelos animales.

Estas investigaciones abren nuevas vías para el desarrollo de terapias específicas y dirigidas que aumenten significativamente el porcentaje de supervivencia en pacientes oncológicos, especialmente cuando presentan resistencia farmacológica a los tratamientos actuales lo que supone un avance hacia una medicina cada vez más personalizada, fundamental en el tratamiento del cáncer.

Por su parte, la investigadora ha resaltado que la albúmina actúa como un vehículo fisiológico, acumulándose en los tejidos tumorales y permitiendo una distribución más eficaz del compuesto, además, la mejora de las propiedades farmacocinéticas del compuesto podría permitir la reducción de las dosis necesarias, minimizando por lo tanto los efectos adversos y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) o en la Universidad de Alcalá (UAH) y hacerlo gratis en la primera matrícula será una realidad a partir del próximo curso académico 2025-2026.

Las personas beneficiarias de la medida podrán ser estudiantes de nuevo ingreso o que quieran trasladarse a la universidad con sede en esta comunidad autónoma, siempre y cuando vengan de una universidad pública. Sin embargo, existen otros requisitos que son importantes como la compatibilidad con las becas que otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Esta iniciativa se lleva a cabo, en palabras del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, “para que ningún estudiante castellanomanchego que desee iniciar su formación universitaria en las univesidades públicas de Castilla-La Mancha vea condicionado ese deseo y ese inicio por motivos económicos”. El número de beneficiarios llegará a los 5.100 alumnos y alumna en su primera matrícula. De los que unos 4.400 corresponderán a quienes se inscriban en la UCLM y unos 700 en la Universidad de Alcalá, según se ha dado a conocer este martes en una comparecencia pública en la que han participado tanto el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, como el vicerrector de Estudios de Grado y Acceso de la Universidad de Alcalá de Henares, Jorge Pérez.

Los requisitos para optar a esta gratuidad

El coste gratuito será efectivo únicamente para la primera matrícula del estudiante en ambas instituciones académicas -sea de primero, segundo o cursos posteriores- en un curso completo, con un máximo 60 créditos en grados universitarios y 72 créditos en dobles grados.

Para los alumnos de nuevo ingreso que se matriculen por primera vez en la UCLM existen dos condicionantes: uno que tiene que ver con la vía de acceso y otro con la compatibilidad con la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de Universidades. Por lo que respecta a la vía de acceso, se contempla desde el bachillerato tradicional, el baccalauréat o bachillerato francés, y el bachillerato internacional. “Se les exige que hayan superado la PAU o anterior EBAU, en centros educativos de Castilla-La Mancha”.

Asimismo también se incluye a los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 o 45 años, o que hayan realizado estudios de ciclos formativos de grado superior que dan acceso a la universidad en centros de la región.

Además, Amador Pastor ha señalado que para que esta gratuidad sea compatible con el sistema nacional de becas, “es requisito imprescindible que el alumnado haya solicitado esta beca de matrícula en caso de cumplir los requisitos que establece el Ministerio”. La gratuidad de la primera matrícula se haría efectiva en el caso de que el estudiante no recibiese la beca que cubre los gastos de la matrícula.

Por lo tanto, todos los alumnos, cuando realicen sus matrículas, tienen que haber solicitado la beca al Ministerio de Educación o, en los casos de rentas muy altas, haber hecho una declaración responsable de no cumplir requisitos económicos para su obtención.

Alumnos de otras regiones o procedentes del extranjero

Para los alumnos que estudian fuera de la región, pero quieren trasladarse a las universidades de Castilla-La Mancha, los condicionantes serán los mismos que los alumnos de nuevo ingreso. En este caso, la persona beneficiaria deberá haber cursado estudios universitarios en universidades públicas durante el curso 2024-2025. Asimismo, el estudiante que haya estado matriculado en otra universidad anteriormente deberá haber superado entre el 65% y el 90% de los créditos.  

En el caso de los alumnos que hayan desarrollado su Educación Secundaria en el extranjero, pero quieran estudiar en la UCLM “se creará una comisión de valoración mixta con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares, que tendrá carácter colegiado y que determinará si el alumno o no es susceptible de poder entrar y ser beneficiario de la gratuidad de la primera matrícula”.

Por otra parte, se destaca que este modelo de gratuidad no se aplica a estudiantes que vengan de una universidad privada, ni tampoco para aquellos que vayan a realizar su segunda titulación universitaria.