El canon del agua en Castilla-La Mancha, conocido oficialmente como Canon Medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA), es un impuesto autonómico indirecto que grava el uso, el consumo y los vertidos de agua en la región, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Todo lo recaudado se destina a financiar infraestructuras hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y depuración) y la mejora de los ecosistemas acuáticos. Y dentro de esa distribución de fondos, al menos el 25% de la recaudación debe devolverse a los ayuntamientos para que realicen obras en el ciclo integral del agua de su competencia. El 75% restante lo gestiona el Gobierno regional.

Casi dos años después de su entrada en vigor, la Administración autonómica ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto por el que procederá a transferir esa cantidad a los ayuntamientos de la región, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en virtud de la reforma de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma donde se incluyó su aprobación.

Este impuesto autonómico tuvo un controvertido proceso de aprobación. Se aprobó inicialmente en febrero de 2022 en las Cortes regionales, pero fue suspendido de manera indefinida solo unas semanas después debido a la crisis económica y la subida de precios derivadas de la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Gobierno de Castilla-La Mancha retomó y aprobó de nuevo canon en marzo de 2024, fijando su entrada en vigor definitiva para el 1 de enero de 2025.

Según lo estipulado en la reforma para su implantación, los primeros 10.000 litros de agua al mes (10 metros cúbicos) por vivienda están completamente exentos de pago. El impuesto solo se empieza a aplicar a partir de los consumos que superen ese umbral.

Exenciones del pago

Además, el reglamento exime del pago total de este canon medioambiental a familias y personas que tengan la condición de vulnerabilidad social severa o se encuentren en riesgo de exclusión social; a agricultores y ganaderos.; y al uso que de la misma se haga para la extinción de incendios.

En general, para un hogar medio de tres personas que no supere los límites de consumo básico, el impacto estimado es de menos de 1 o 2 euros al mes, divididos en una parte fija y otra variable según los bloques de consumo que excedan los 10 metros cúbicos exentos.

Ahora, el proceso de información pública para la devolución a los ayuntamientos de la cuarta parte de lo recaudado se prolongará durante 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones. Cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno, se pondrá en funcionamiento el sistema de transferencias para que los municipios de Castilla-La Mancha puedan financiar inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras municipales de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Un canon finalista

Esto es así porque el impuesto, en virtud de la mencionada Directiva Marco, tiene un carácter finalista, es decir, se utiliza exclusivamente para financiar infraestructuras hidráulicas para la mejora de la calidad y disponibilidad del agua en la región.

Además, el decreto contempla un régimen especial para los municipios de menor población que suelen disponer de menos recursos económicos y capacidad técnica para acometer este tipo de actuaciones. Concretamente, regula que las localidades menores de 5.000 habitantes tendrán una asignación mínima de 4.000 euros anuales cuando la cuantía que les corresponda conforme a la recaudación efectiva del canon no alcance ese importe.

Para estas actuaciones se regula un Fondo de Inversiones en Infraestructuras del ciclo integral del agua con una serie de medidas entre las que destacan las relativas a captación, aducción y transporte, estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos, redes de distribución, redes de saneamiento, colectores, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras de agua residuales y actuaciones para la reducción de pérdidas y la mejora del control y gestión del consumo de agua

Después de varios días de protestas en las ciudades de toda España, con miles de ciudadanos y ciudadanas pidiendo una huelga general por la crisis de la vivienda que está sufriendo el país, los principales sindicatos han comenzado a trabajar para oficializar dicha convocatoria.

Ha sido este lunes cuando CCOO y UGT acordaron llamar a los trabajadores a un paro general de 24 horas este otoño para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

Las organizaciones han dado así el paso que adelantaban el pasado viernes, cuando, tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda, anunciaron que reunirían a los órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

No obstante, la decisión aún no es definitiva y tendrá que ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Aunque esta huelga todavía no sea oficial, su anuncio ya ha producido diversas reacciones gubernamentales y de agentes sociales en Castilla-La Mancha.

Desde UGT Castilla-La Mancha, ha sido su secretaria general, Lola Alcónez, quien ha justificado esta jornada de paros para interpelar a las administraciones y a la patronal para que, “de una vez por todas”, “los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda”.

La responsable sindical ha planteado que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa “la necesidad” de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Alcónez ha recordado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones “que vienen de largo y que llevan tiempo paradas”. Muchas de ellas vienen recogidas en las demandas de UGT para ese VI AENC, entre otras, un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, según ha planteado.

También ha subrayado la Propuesta Sindical Unitaria en la que UGT y CCOO reclaman una respuesta al problema de vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda; regular las viviendas de uso turístico; limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, y crear un parque público de vivienda.

“Hacemos un llamamiento a las personas trabajadoras para que se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda”, ha concluido Alcónez.

Gobierno: “Con la ultraderecha pueden peligrar derechos sociales”

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que respeta la convocatoria de la huelga general, al tiempo que ha dicho que entiende aquellas movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado que “el derecho a la huelga general es inherente a la actividad sindical y, por tanto, lo respeto profundamente”, añadiendo que, ante la convocatoria “precipitada” de elecciones, entiende las movilizaciones “por un tema tan esencial y tan preocupante para la gente”.

Ha dejado claro que “siempre” ha sido respetuosa con los movimientos sindicales y con las decisiones de la patronal, “y lo voy a seguir siendo en mis competencias en la Consejería de Economía, que tiene en su seno el diálogo social”.

“Por tanto, respeto y entendimiento a aquellas personas que ven que, ante un posible gobierno muy dirigido hacia la ultraderecha, puedan peligrar algunos de sus derechos sociales más básicos, como es el tema de la vivienda”, ha concluido.

Empresarios: “Las reivindicaciones no son laborales”

Menos satisfecha con la posibilidad de huelga se ha mostrado las patronales de empresarios, CEOE y CEPYME, que en un comunicado conjunto al que se ha sumado su delegación en Guadalajara ha asegurado que el paro se convoca por motivos que están “al margen” de la gestión de las empresas y “no son” de naturaleza laboral.

“Supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda. Son estas cuestiones cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”, aseguran las patronales.

Así, CEOE y CEPYME encuentran “inadmisible” que se traslade “a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una ”medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión“.

Castilla-La Mancha ofertará 401 nuevas plazas de empleo público este año 2026, después de que los sindicatos hayan dado su visto bueno a la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral de la Administración General, correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Ejecutivo regional.

Tal y como se ha acordado, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal laboral de este año asciende a 401 plazas, que se reparten en: 329 de turno libre, 72 de promoción interna, 8 de discapacidad intelectual y 20 de discapacidad general.

Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal funcionario, que conforman el sector de Administración General, cuya Mesa Sectorial se celebrará este jueves. Siendo el siguiente paso, la celebración de la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha saldrá a la calle el próximo 27 de septiembre para “recordar algo que debería ser evidente”: que el aborto “es un derecho y la sanidad pública debe garantizarlo”.

Convocada por organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, la cita será en la Plaza de España de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el próximo domingo a las 12:30 horas, coincidiendo con el Día Internacional del Aborto Seguro, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

Las entidades convocantes denuncian que “las mujeres de Castilla-La Mancha siguen encontrándose con una realidad difícil de entender: cuando necesitan interrumpir un embarazo, tienen que salir de la red sanitaria pública y ser derivadas a centros privados”.

Una situación que, en su opinión, “no solo supone” externalizar una prestación sanitaria que “debería estar garantizada en la pública”, sino que también introduce “desigualdades en el acceso a un derecho”.

“No todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para desplazarse, asumir los gastos que pueda implicar, pedir permisos en el trabajo o contar con alguien que las acompañe. El lugar en el que viven, especialmente si residen en una zona rural, su situación económica o sus circunstancias personales no pueden determinar las condiciones en las que van a poder ejercer su derecho a abortar. Las dificultades que genera este modelo afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y pueden hacer que un derecho reconocido legalmente resulte mucho más difícil -o incluso imposible- de ejercer en condiciones de igualdad”, afirman las entidades convocantes en un comunicado.

La Plataforma considera “insuficiente” el anuncio de la creación de un único recurso hospitalario y reclama “una red pública integrada en el SESCAM y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias”.

También proporciona datos que, asegura, “evidencian la dimensión del problema”. En 2024, el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la región para poder ejercer su derecho.

“Falta poder abortar con normalidad”

Para Movimiento Sumar, esta situación evidencia la necesidad de avanzar hacia una red pública para la interrupción voluntaria del embarazo con profesionales y recursos suficientes, que permita garantizar el acceso a la prestación con independencia del lugar de residencia o de las circunstancias económicas y personales de cada mujer.

Desde Izquierda Unida Toledo y la Unión Popular de Estudiantes de Toledo también se han sumado a estas reivindicaciones afirmando que “el derecho al aborto existe. Lo que sigue faltando en Castilla-La Mancha es poder ejercerlo con normalidad en la sanidad pública”.

Ambas organizaciones recuerdan que la región dispone desde 2025 de un registro de profesionales sanitarios objetores matizando que la objeción es un derecho individual y no puede convertirse, de hecho, en la objeción de hospitales, servicios completos o de toda una comunidad autónoma.

“Durante años se ha utilizado la objeción como explicación. El registro ya existe. Ahora corresponde a la Junta organizar sus plantillas, formar profesionales y garantizar el servicio. La objeción de algunos no puede convertirse en la pérdida de derechos de todas”, sentencian.

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha supuesto una espita para el enorme problema de acceso a la vivienda en España. Aunque no es un caso puntual, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación social, con movilizaciones en toda España para pedir soluciones. Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.

La situación no es ajena a Castilla-La Mancha, que tradicionalmente había sido una de las regiones españolas con los precios más bajos de compra y alquiler. Ya no lo es. Y esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de tramitar por la vía de urgencia la que será su primera ley de medidas sobre suelo y vivienda en doce años. No es estrictamente una 'ley de vivienda', pero busca incorporar una regulación de la que se lleva hablando una década.

En su primer discurso de investidura en 2015, Emiliano García-Page prometió una ley “social” para frenar los desahucios en la comunidad autónoma. Arrancaba entonces una legislatura en la que gobernó con Podemos y en la que llegó a redactarse un borrador en el que, entre otras cosas, se contemplaba multar a los bancos que no ofrecieran alquiler social como alternativa a los desahucios. También incluía numerosas medidas para dar soluciones habitacionales a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La normativa nunca llegó a aprobarse. En 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, Podemos se quedó sin representación parlamentaria y el borrador se quedó en un cajón. Desde entonces, son muchas las medidas que el Gobierno de Page ha adoptado para garantizar el acceso a la vivienda: ayudas, incentivos, avales, construcción de inmuebles en colaboración público-privada y otras derivadas del Plan Estatal de Vivienda. Pero no ha vuelto a hablar de desahucios.

Una ley de medidas sobre suelo y vivienda antes de final de año

Ahora, doce años después, las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan por la vía de urgencia la mencionada ley de medidas sobre suelo y vivienda que entrará en vigor antes de final de año, prácticamente en el tramo final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027.

En ese texto, que todavía puede modificarse vía enmiendas, el Gobierno regional no recoge ni una sola mención a algún tipo de disposición normativa que pueda impedir situaciones de desahucio como la de Maricarmen, es decir, propiciadas por la compra de inmuebles por parte de bancos o de fondos-buitre.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha registró 748 desahucios, tanto por impago del alquiler como de hipotecas, en el último año completo oficial recopilado por el Observatorio de la Vivienda Asequible, según los registros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y aunque los datos apuntan a un descenso generalizado en la región, la cantidad de lanzamientos sigue siendo muy significativa.

La norma que se va a aprobar en esta comunidad autónoma está centrada, básicamente, en ampliar, flexibilizar y dar protección permanente a su parque público de vivienda, pero no incorpora esas medidas de hace diez años, o algunas similares como las que el Ejecutivo central quiere prorrogar con el decreto de alquileres en el mercado libre.

No obstante, la futura ley de Page sí tiene como objetivo, de otra manera, dar protección a la ciudadanía más vulnerable. Lo hará regulando el denominado ‘desahucio administrativo’: un procedimiento para la defensa y recuperación de la posesión de los bienes del patrimonio público residencial.

Esta figura se utiliza para que la Administración autonómica recupere la posesión de inmuebles de su propiedad con algún tipo de protección, así como sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias. La norma establece que el desahucio puede ejecutarse en casos de impago. Se requiere primero a la persona obligada para que pague los importes vencidos en un plazo de 15 días, apercibiéndole de desahucio. Y si no abona la totalidad en ese plazo, se dicta resolución de desahucio concediendo 10 días para hacer efectivo el pago o entregar las llaves; de lo contrario, se procede al lanzamiento de personas y enseres.

Este procedimiento sigue la normativa común administrativa, pero si es necesario entrar en el domicilio del afectado, la Consejería de Fomento competente debe obtener obligatoriamente la preceptiva autorización judicial.

No obstante, el procedimiento ofrecerá alternativas. La norma contempla un conjunto de mecanismos de prevención, flexibilidad de pago y protección social diseñados para atender situaciones de dificultad antes de llegar a la ejecución del desahucio en las viviendas del parque público.

Moratorias en casos excepcionales de “marcado carácter social”

Por ejemplo, para evitar el desahucio administrativo, en casos excepcionales de “marcado carácter social debidamente motivados”, la Consejería de Fomento puede autorizar moratorias en el pago de las rentas de alquiler mediante un plan individualizado para la persona adjudicataria.

La propuesta legislativa no especifica plazos máximos de suspensión de pago, importes, requisitos de renta cuantitativos ni procedimientos de solicitud detallados, dejando esos aspectos a la regulación reglamentaria o a la negociación individual del mencionado plan de pagos.

Y aunque la modalidad ordinaria es el contrato de arrendamiento, la ley permite expresamente recurrir a modalidades de cesión de uso o cesión gratuita en precario cuando existan razones sociales justificadas. ¿Como cuáles? Se crea la figura de viviendas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, concebida específicamente para cubrir necesidades habitacionales dentro de un itinerario de inserción social diseñado por los servicios sociales competentes. Además, la norma permite reservar un porcentaje del parque público de vivienda social para este tipo de atención prioritaria.

En realidad, resulta del todo coherente que el Gobierno regional haya incluido la regulación de esta figura, a la luz del espíritu de la nueva ley: promover y ampliar su parque público de viviendas como solución a los problemas de acceso y como patrimonio “separado, finalista y circular”, lo que implica que todos los ingresos derivados de la enajenación de sus bienes deben revertir íntegramente a este patrimonio.

Ese parque público de vivienda social estará formado por inmuebles de titularidad pública (o construidas sobre derechos de superficie o cesión), viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tanteo y retracto, así como inmuebles privados o públicos cedidos en usufructo mediante convenios. Es decir, se permitirá la reconversión de parcelas calificadas para uso terciario o dotacional privado a viviendas de protección pública.

Es más, habrá un principio de “interés autonómico” en la reconversión de los inmuebles: significa que tendrá carácter excepcional y su régimen prevalecerá de forma directa sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento urbanístico, sin necesidad de tramitar una modificación, revisión o innovación de esos planes locales.

La habilitación especial estará vigente durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogarse de forma motivada por el Consejo de Gobierno por períodos sucesivos de hasta cinco años

Pero, a efectos de esos posibles desahucios administrativos, ¿a qué refiere la futura ley cuando habla de vivienda protegida con la categoría de vivienda social? Atendiendo a su origen y forma de incorporación al parque público de la Junta, la ley especifica los siguientes tipos de inmuebles: los de titularidad autonómica destinados a tenencia temporal con rentas fijadas en función del nivel de ingresos del adjudicatario; los obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración regional; los adquiridos directamente por la el Gobierno regional para tal fin; y los de titularidad pública o privada provenientes de convenios o contratos que cedan su usufructo a la Administración autonómica.

Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de la toma en consideración de esta proposición de ley, ninguno de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) hicieron referencia alguna a los desahucios. Ahora, la norma debe pasar por comisión y trámite de enmiendas, donde podría verse modificada, aunque, por el momento, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno han manifestado su intención de cambiar el trasfondo de la norma para intervenir de alguna manera en el mercado de vivienda libre y evitar situaciones como la de Maricarmen, y otras muchas personas, en el país.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha eludido esta tarde en Albacete pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, quien en una entrevista para el medio La Verdad, aseguró que su gobierno pondrá “todas las trabas a las reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y las retire”, refiriendose así a la modificación prevista por el Gobierno de España del actual sistema que permite derivar agua desde la cabecera del río Tajo (entre Cuenca y Guadalajara) hacia el río Segura y distribuirla en las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Las reglas para explotar el acueducto deben cambiarse para facilitar la aplicación de caudales ecológicos al río Tajo, tal y como marca la normativa europea y también varias sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan en nuestro país.

Feijóo no ha avalado a su 'barón', aunque tampoco le ha desmentido. No ha habido opción de preguntar en una breve comparecencia ante los medios, en la que que se ha limitado a hablar de la Feria de Albacete, que ha calificado como “el acontecimiento festivo más importante de Castilla-La Mancha”.

Ha dicho venir “de la plaza de toros” para dirigirse después al recinto ferial tras asegurar que se “compromete” a “volver otra vez a unir a los ciudadanos”, entre gritos de varias personas que le aclamaban como “presidente”.

Tampoco el líder del PP castellanomanchego Paco Núñez se ha pronunciado sobre las palabras de su compañero murciano.

PSOE: “Lamentable que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada”

Precisamente este lunes, la portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, se refería al comentario de López Miras. “No es de recibo escuchar al presidente de una comunidad autónoma decir que va a hacer todo lo posible, si gobernara Feijóo, para eliminar esas reglas de caudales ecológicos del Tajo”. Ha añadido que desde el PP “van a seguir empeñados en que siga ese expolio de agua” que, ha dicho, establecieron los 'populares' en la región.

“Y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada me parece lamentable. No es normal que López Miras diga eso y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada para defender a Castilla-La Mancha”, ha afeado.

Para la socialista “sería responsable acatar las leyes”, recriminando al PP que muestra “todo su respeto” a las sentencias y a las leyes “cuando le son favorables” pero no lo haga cuando no lo son y “trata de eliminar todo aquello que es beneficioso para Castilla-La Mancha”.

En contraposición, ha asegurado que desde el PSOE de la región van a “seguir trabajando para defender esta tierra tengamos que enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos, incluyendo gobiernos de nuestro signo político”.

“Respeto a la Justicia”

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de entrada en vigor de estas reglas. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

De su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha afeado también hoy la posición del PP. “Reclama respeto a los jueces cada vez que considera que una resolución le beneficia políticamente”, pero no al contrario. Ha señalado que existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que anularon en 2019 la planificación del Tajo “por no garantizar los caudales ecológicos exigidos por la legislación europea”; así como otra sentencia en 2025 que anuló la decisión de retrasar hasta 2027 su cumplimiento en los tramos protegidos. “Han sido desestimados, uno tras otro, los recursos presentados desde el Levante para intentar frenar o rebajar esos caudales”, detallaba.

Padilla ha recalcado que “las reglas de explotación no son opcionales: mientras exista el trasvase, deben existir y respetar la ley”, porque “lo contrario no es respetarla, es tratar de manosearla”.

A la espera del cambio en las reglas en una legislatura que acaba

En los últimos años el río Tajo ha dejado patente síntomas de contaminación con espumas visibles en sus aguas, así como bajos caudales, como en el verano de 2025 que se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital. En su momento la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroeléctricas, pero no anunció sanciones ni medidas preventivas.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunciaba a mediados del mes de junio de 2026 que su departamento iniciaría “próximamente” el proceso de participación activa para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura junto a los agentes implicados. Por el momento no existe fecha a la vista para ese proceso, en una legislatura que toca a su fin.

No hay agua suficiente. Ocho pueblos de Toledo llevan en esta situación buena parte de este verano de 2026 debido al bajo nivel del embalse sobre el río Pusa y este lunes el Gobierno regional ha oficializado que realizará dos sondeos “de emergencia” con el objetivo de encontrar pozos subterráneos que puedan “garantizar” el abastecimiento de agua potable.

Estos sondeos se llevarán a cabo en San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara, que actualmente carecen de pozos alternativos al suministro que proporciona el Pusa y tendrán un coste de más de 75.000 euros, cofinanciadas con fondos del Programa FEDER de Castilla-La Mancha.

Los pueblos que se están viendo afectados por esta situación son La Pueblanueva, San Bartolomé de las Abiertas, Los Navalmorales, Villarejo de Montalbán, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara y Espinoso del Rey, aunque son estos últimos cuatro los que presentan una peor situación porque no disponen de captación de agua alternativa a la que les llega procedente del río Pusa.

“Estos sondeos permitirán localizar nuevos recursos de agua subterránea y, una vez realizados los trabajos de captación y equipamiento, si fuera posible, disponer de recursos alternativos que puedan complementar las fuentes de abastecimiento actuales”, ha explicado la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro.

Sin embargo, estos sondeos no garantizan que se encuentre el agua necesaria que pueda contribuir a paliar la situación de desabastecimiento que viven desde hace semanas los vecinos de estas localidades.

El presidente de la Mancomunidad del Pusa -entidad responsable de la gestión del abastecimiento- y también alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito, asegura en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que los sondeos se realizarán en zonas que parecen ser las “mejores” para encontrar agua, pero se muestra prudente sobre los frutos que puedan dar: “No dejan de ser sondeos y estamos a la espera de ver si dan agua o no”, afirma.

Además de aprobar estos sondeos, el Gobierno regional, a través de autobombas y camiones nodriza del Plan Infocam, ha suministrado 100.000 litros de agua a los depósitos municipales de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales.

Esta actuación se suma al suministro que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha mediante el abastecimiento de agua a los depósitos portátiles instalados en los municipios afectados. Ya son más de 32.000 litros de agua los aportados para mantener el suministro.

La Diputación provincial también hizo a finales de agosto un reparto de 20.000 litros de agua embotellada entre las ocho localidades afectadas.

Buscando una solución “a largo plazo”

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha asegurado que el Ejecutivo está actuando con carácter “de emergencia”, pero, al mismo tiempo, está trabajando en soluciones a medio y largo plazo. “Nuestro objetivo es que estos municipios dispongan de una mayor garantía de suministro y no tengan que afrontar cada año situaciones de falta de agua al no contar con reservas en el embalse”.

Entre esas posibles actuaciones para lograr una solución más duradera ante el problema de abastecimiento en época estival, que el presidente de la Mancomunidad del Pusa señala como “recurrente”, Benito detalla que una solución definitiva deberá esperar al próximo año, cuando la Dirección General del Agua acometa dos obras “importantes” que “creemos que solucionarían el problema”.

La primera de ellas es una canalización directa entre la presa y la planta potabilizadora, que permitiría rescatar para consumo humano “mucha agua que se desaprovecha” debido a que cae al río más allá de la presa. La segunda actuación sería el arreglo de dicha planta potabilizadora, que “está obsoleta”, en opinión de Benito.

No obstante, los vecinos que dependen de la Mancomunidad del Pusa tardarán en volver a una situación de normalidad, la cual depende, de momento, de que llueva. “La solución más inmediata y principal es que llueva para que se llene la presa y podamos tener todos los pueblos agua de la mancomunidad de la presa. No hay previsiones de que llueva de momento, entonces a ver si nos podemos apañar”, remata Esteban Benito, presidente de la Mancomunidad del Pusa.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado hoy el Acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía.

En el caso de Castilla-La Mancha, el modelo propuesto incrementará en 1.248 millones al año los recursos que recibiría con el modelo vigente actualmente. Este territorio es de los que más verá crecer porcentualmente sus recursos, con casi un 14% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente.

Se trata de un paso “fundamental” para poner en marcha un sistema de financiación que incrementará los recursos que reciben los territorios en 20.975 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha calificado el consejo celebrado hoy como “histórico” al recordar que el actual sistema de financiación lleva caducado 12 años y cuya reforma ha sido reclamada por todas las Comunidades Autónomas“. En este sentido, ha recordado que el acuerdo aprobado hoy es fruto de un trabajo que se inició ya en 2021 y que ha contado con múltiples reuniones multilaterales y bilaterales, donde todas las comunidades autónomas han participado.

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios:

Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

-Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.

-Se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.

-La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.

-La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.

-El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático

-Garantía de statu quo, por el que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo.

La mejora de la financiación en el caso de Castilla-La Mancha se explica porque es una de las comunidades beneficiadas por los criterios de población ajustada. En concreto, su población ajustada es un 4% mayor que su población. Es decir, para el modelo de financiación, Castilla-La Mancha tiene 81.000 habitantes más de los que aparecen en su padrón.

Asimismo, es una de las comunidades que más recursos recibe de la nivelación horizontal, es decir, de la solidaridad interterritorial, según el Ejecutivo nacional.

Entregas a cuenta

El Ministerio de Hacienda ya comunicó a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta (EECC) que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,11% más que en 2026. Esto supone un nuevo récord en recursos del sistema de financiación para las autonomías, que ven incrementados una vez más los fondos que reciben del Estado con respecto al año anterior, tal y como ha ocurrido desde el inicio del Gobierno progresista de Pedro Sánchez.

Sumando la liquidación a esas EECC, el total de recursos del sistema de financiación que recibirán será de 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que, ha recordado Arcadi España, se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación.

En el caso de Castilla-La Mancha, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 8.074 millones, un 8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.537 millones. Es decir, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio. “Nunca el Gobierno castellanomanchego había contado con tantos recursos”, señalan desde el Gobierno de España.

Esto supone un volumen de recursos histórico que permitirá a esta CCAA cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía de ofrecer unos servicios públicos accesibles y de calidad. Lo que ha sido posible gracias a la política económica del Ejecutivo, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE. Y que se produce por la responsabilidad del Ejecutivo de dar todas las facilidades a las CCAA para que desplieguen sus políticas sociales.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

Que el dinero de la PAC llegue prioritariamente a quienes trabajan de forma activa, que exista un único fondo comunitario de financiación y que la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie sea equilibrada y esté adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Esas son las principales prioridades que el Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias han consensuado en una reunión mantenida este jueves que ha servido para establecer una posición conjunta de cara al futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027.

En la reunión han participado el viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, mientras que por parte de las organizaciones agrarias han estado representantes de ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Los acuerdos alcanzados serán trasladados al Ministerio durante la primera semana de septiembre.

Propuestas consensuadas

El viceconsejero ha destacado, entre los principales puntos de acuerdo alcanzados, “la necesidad de reforzar la figura del agricultor activo, con el fin de asegurar que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes ejercen de manera efectiva la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos”. Los participantes han coincidido en que este criterio debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la futura PAC, “para garantizar una distribución más justa y eficaz de los fondos comunitarios”.

Asimismo, se ha defendido que las principales intervenciones de apoyo a la renta se financien íntegramente a través del futuro fondo único comunitario, “garantizando recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones agrarias”, ha indicado Martín Aparicio. En este contexto, también se ha abordado la configuración de la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, intercambiándose distintas propuestas para lograr una aplicación equilibrada y adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Otro de los asuntos analizados han sido los cultivos de las nuevas ayudas asociadas que la región trasladará al Ministerio para su posible incorporación en el próximo periodo de programación. Las organizaciones agrarias y Cooperativas han coincidido con la Consejería en la importancia de contar con herramientas de apoyo específicas para aquellos sectores estratégicos que presentan mayores necesidades de respaldo desde el punto de vista económico, social o territorial.

Por último, todas las partes han coincidido en situar el relevo generacional entre las principales prioridades de la futura PAC, apostando por un presupuesto específico y suficientemente dotado para las medidas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos incluidas en el denominado ‘paquete de bienvenida’.

Una PAC “suficientemente dotada”

Durante el encuentro, celebrado en un clima de diálogo constructivo y consenso, las entidades participantes y el Gobierno regional han compartido sus impresiones con el objetivo de defender “una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero, que mantenga el apoyo a la renta de agricultores y ganaderos y que responda a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario”, tal y como ha explicado Martín Aparicio.

Esta reunión da continuidad a la mantenida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, con las organizaciones representativas del sector el pasado mes de abril. Previamente a este encuentro, el trabajo con las OPAs y Cooperativas Agroalimentarias se había iniciado más de un año antes, materializándose en un documento conjunto entregado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en febrero de 2025 en Madrid.

En abril de ese mismo año, el presidente de Castilla-La Mancha se lo volvió a entregar en una reunión en Bruselas. Y, ya en octubre, se dio otro documento al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que, como representante de España en la Comisión Europea, trasladara la posición de Castilla-La Mancha.

Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que facilite la reubicación de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta y que garanticen su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos.

Esta petición de la organización humanitaria llega después de las declaraciones realizadas este jueves por la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en las que afirmaba que la región no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, y un día después de que Emiliano García-Page descartase que Castilla-La Mancha se vaya a ofrecer para acoger a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”. Además, se produce el mismo día en que se celebrará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos

La organización ha trasladado su preocupación por la posición manifestada por el presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de no asumir la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta, según ha informado Amnistía Internacional a través de un comunicado.

Preguntan al Gobierno si ha cambiado de postura

“Estas declaraciones contrastan con la respuesta que Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recibió recientemente del Gabinete de la Consejería de Bienestar Social”, han asegurado desde Amnistía Internacional, señalando que el Ejecutivo regional les había trasladado su “plena colaboración institucional y solidaridad”.

Amnistía Internacional ha asegurado que la Consejería afirmaba asimismo que, aunque la situación supone un esfuerzo importante para el sistema de protección de menores, requiere “el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas”.

Además, las declaraciones ofrecidas esta semana tanto por Page como por García Torijano contrastan con las que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

Por ello, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha dirigido una carta a la Presidencia del Gobierno autonómico para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición mantenida hasta ahora por Castilla-La Mancha respecto a la acogida y reubicación de niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Ceuta.

La organización ha señalado que la situación en Ceuta sigue siendo “especialmente preocupante”, subrayando que hay cientos de menores que permanecen en situación de calle y sin tener cubiertas adecuadamente necesidades básicas, así como su preocupación sobre si los procesos de determinación de la edad se están llevando a cabo con todas las garantías de derechos humanos y que persistan menores que no han sido adecuadamente identificados, censados y filiados por las instituciones públicas.

Amnistía Internacional ha solicitado a Castilla-La Mancha que mantenga “el compromiso que ha venido demostrando hasta ahora y continúe participando en la acogida y reubicación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en Ceuta, en aplicación de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad vigentes”.

La organización ha recordado la recomendación de garantizar la protección jurídica efectiva de estos niños y niñas, incluido su derecho a solicitar protección internacional, y que no se vulnere en ningún caso el principio de no devolución. “Cualquier decisión que se adopte debe estar basada en el principio del interés superior del menor”, han indicado.

Los trabajadores sociales critican los discursos “que criminalizan”

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se han manifestado de forma pública este jueves para criticar la negativa del Gobierno regional a dar acogida a los menores migrantes llegados este verano a Ceuta.

Así, han recordado al Ejecutivo de Page que “existe la obligación legal y constitucional” de colaborar con otras autonomías. “Castilla-La Mancha no puede eludir el modelo de acogida vinculante ante situaciones de contingencia humanitaria en territorios fronterizos. El reparto corresponsable es un mandato legal y un mecanismo de justicia distributiva para garantizar que ningún territorio se vea desbordado en la atención a la infancia”, afirma el Colegio en un comunicado.

El texto remarca que “toda actuación de los poderes públicos que afecte a personas menores de edad debe situar en el centro su interés superior, su dignidad y la garantía efectiva de sus derechos” y que “los menores migrantes son, ante todo, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad”, por lo que considera que “el principio del interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración política, demográfica o de control fronterizo”.

Además, afirman que están “totalmente fuera de lugar discursos que criminalicen” o términos como “invasión”, empleado en el día de ayer por Page en diversas ocasiones, para referirse a la infancia desprotegida.

“Por todo ello, instamos a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma a actuar con responsabilidad, mantener la cordura institucional, a cumplir estrictamente con los marcos legales de protección a la infancia y a liderar desde el ejemplo de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con el bienestar social”, culminan desde el Colegio de Trabajo Social regional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y representantes del sector regional de la trufa han mantenido un encuentro para plantear diversas medidas que favorezcan el desarrollo de este cultivo en la región, mejoren su competitividad y faciliten la entrada de quienes quieran apostar por él.

Entre las cuestiones planteadas por el sector destaca la necesidad de adaptar determinadas cuestiones administrativas a la realidad actual del cultivo de la trufa en terrenos agrícolas. En ese sentido, entre las peticiones del sector se encuentran la posibilidad de considerar plenamente el cultivo de la trufa en terrenos agrícolas, como un cultivo más, para tenerlo en consideración tanto en los planes de incorporación de jóvenes al campo como de mejora de las explotaciones.

Esto permitiría reflejar mejor las condiciones del trabajo y la rentabilidad que genera hoy este cultivo y podría facilitar su incorporación a las ayudas de la PAC, a la incorporación de jóvenes o las inversiones destinadas a modernizar las explotaciones. En este sentido, el consejero de Agricultura Julián Martínez ha explicado que, desde su departamento, se estudiará junto al sector posibles ajustes que permitan adecuar estos criterios a las características reales de las plantaciones de trufa en tierras agrícolas.

Dificultad para acceder a la PAC

Asimismo, durante la reunión se analizó una de las principales singularidades de este cultivo ya que las plantaciones truferas utilizan especies que, aunque se destinan a una actividad agrícola, pueden ser clasificadas como forestales. Esta situación puede dificultar, en algunos casos, el acceso a algunas ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

En ese sentido “veremos las posibilidades consultando y coordinándonos con la Consejería de Desarrollo Sostenible para determinar si es posible realizar algún tipo de gestión o consideración, puesto que es un cultivo muy atípico y novedoso” que presenta potencial de crecimiento en la región.

En materia de promoción, se les informó acerca de cómo acceder a las herramientas y los canales de promoción para impulsar el consumo y la comercialización de la trufa, sea a través de las actividades de promoción de la propia Consejería como son la participación en ferias, bajo la marca de calidad regional Campo y Alma, o de otros organismos del Gobierno regional como el Instituto de Promoción Exterior.

Para finalizar el encuentro, se estudiaron las posibilidades de apoyo a la investigación de la trufa a través de los centros de la Consejería. Estas actuaciones se canalizarían a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), con el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento y la mejora de este cultivo.

En la reunión, celebrada recientemente en Toledo, han participado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, el presidente de la Federación de Asociaciones de Truficultores de Castilla-La Mancha (FATCLM), Cristóbal López, y la secretaria de la Federación, Delia Tarancón; el presidente de la Asociación de Truficultores de Castilla-La Mancha (ATCLM), Agustín Valencia, así como Manuel Bueno, miembro de esta asociación; y, por último, también ha estado presente la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado las bases de dos nuevos programas en el marco del Plan Adelante para movilizar 15 millones de euros en apoyo a las pymes de Castilla-La Mancha, a través del 'Bono Crecimiento Pyme' y del programa para el 'Nacimiento de Pymes Industriales'.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de estos dos nuevos programas, cuyas convocatorias pasarán por Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Ha animado a las empresas de la región a participar en ambos programas..

El nuevo 'Bono Crecimiento Pyme' está dirigido a pymes con actividad económica y centros de trabajo en la región, además de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, y marca cuatro modalidades de bono: planificación estratégica y financiera, en ámbitos como los planes de negocio, control de tesorería o diagnósticos estratégicos; la sostenibilidad, a través de valorización de residuos, informes y certificaciones ambientales o la economía circular; internacionalización estratégica, con selección de nuevos mercados o creación de departamentos de exportación; y transformación digital, para la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de ciberseguridad, entre otros.

Por su parte, el programa de 'Nacimiento de Pymes Industriales' quiere reforzar el carácter industrial de la economía regional, consolidando el peso del sector en el PIB de Castilla-La Mancha.

En busca del “refuerzo” de la industria

“Somos una de las comunidades del país con mayor peso de la industria en nuestro PIB, la quinta, y la única del centro-sur de España que cumple con el propósito europeo de que el 20% de nuestra riqueza proceda del sector industrial”, ha indicado la consejera, que ha señalado que este nuevo programa quiere “reforzar y ampliar nuestra base industrial”, que actualmente conforman alrededor de 17.500 empresas.

Este programa se dirige a pymes que desarrollan su actividad industrial en la región, dentro de la Sección C del CNAE 2025, y está dirigido tanto a proyectos para el primer establecimiento de una empresa industrial en la región, para proyectos para la creación de un nuevo centro industrial de una empresa ya existente, y para el traslado de un establecimiento industrial de otro territorio a la región.

En este caso, las ayudas pueden llegar a cubrir el 100% del coste del proyecto, con cuantías que van desde los 80.000 a los 100.000 euros por empresa“, ha indicado la consejera, que ha señalado que tanto para 'Nacimiento de Pymes Industriales' como para el 'Bono Crecimiento Pyme' se han establecido procedimientos de concurrencia simple, para una mayor agilidad en la tramitación.

Junto a las órdenes de bases que dan inicio a estos dos nuevos programas en el marco del Plan Adelante, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado también hoy en el Diario Oficial de la región la modificación en la orden de bases de la convocatoria de ayudas al fomento innovador a través de los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI), que en su convocatoria de este año ha movilizado 432.000 euros para apoyar el emprendimiento con base de I+D+i en el tejido económico y empresarial de la región.

El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que se va a proceder, por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, al precintado y señalización como “agua contaminada” de la Fuente del Royo, ubicada en el Monte de Utilidad Pública 106 'Palancares y Agregados', ubicado en el término municipal de Cuenca.

Fuentes municipales explican que esta decisión es el resultado de una de las analíticas que la Delegación realiza de forma regular en fuentes y espacios de agua de la región. Cuando salen niveles incorrectos, como este caso, se prohíbe el consumo.

Ahora el Gobierno regional “analizará las causas, pondrá solución y avisará cuando se solvente el problema”. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Cuenca recuerdan la importancia de extremar las precauciones y no consumir ese agua para evitar intoxicaciones u otras patologías que pudieran derivarse de su uso.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que aclare “qué modelo de financiación autonómica” defiende su partido.

Lo ha hecho después de que el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en una entrevista publicada este domingo en El Periódico que “Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”. Unas declaraciones que para Ruiz Molina suponen una “defensa” del principio de ordinalidad que en numerosas ocasiones han criticado desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha el responsable del departamento de Hacienda en la comunidad, ha vuelto a insistir en el “rechazo” a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, que califica de “chantaje” e incide en que no favorece la igualdad de oportunidades en los territorios de todo el país.

Ha reclamado “transparencia” y “objetividad” al Gobierno de España en relación con esta propuesta y todo ello a las puertas de la reunión técnica que se va a celebrar este martes para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Un “contrato de adhesión que privilegia a una comunidad”

Ruiz Molina ha vuelto a mostrarse escéptico de que las reuniones que se vienen manteniendo, sean o no bilaterales, vayan a servir para incluir modificaciones a propuesta de las autonomías al plan del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según ha afirmado, “el acuerdo está cerrado y certificado” por el presidente del Ejecutivo nacional y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras tras la reunión que ambos mantuvieron en enero.

“Estamos ante un contrato de adhesión que es profundamente injusto porque es un modelo de financiación que privilegia a una comunidad autónoma y agravia a las demás”, ha añadido el consejero.

Ruiz Molina ha hablado de “falta de transparencia” que, a su juicio, “no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas” y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Catalunya o ERC.

También ha querido dejar claro que, a su entender, este modelo se articula “como un chantaje”, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que no se acogan al nuevo modelo, que espera que “no salga adelante”, continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los “famosos” 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Pone en duda que lleguen 1.248 millones más

El consejero también se ha mostrado escéptico con que el nuevo modelo otorgue a Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más de los que está recibiendo con la actual financiación. “En la Consejería de Hacienda somos incapaces de llegar a esa cifra. No sabemos ni con qué la están comparando ni cómo se ha llegado a ella”, ha criticado. No obstante, ha tomado esa cifra como referencia para añadir que, según sus cálculos, Castilla-La Mancha “quiere tener” un 10% más sobre ella para salvar “separación” que se produce con Catalunya.

Sobre la petición que hizo en los medios de comunicación García-Page pidiendo a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el asunto 'de tú a tú', Ruiz Molina no le “consta” que su Gobierno haya pedido formalmente ese encuentro.

La Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han creado una nueva cátedra que echará a andar a la vuelta del verano y ayudará a la Administración a ordenar y a interrelacionar bases de datos, a través de la investigación que realizará la misma, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Cátedra 'Inteligencia del Dato' tiene por objetivo que la investigación aplicada en materia de datos que desarrolle la Cátedra se transfiera hacia la Administración regional y posteriormente hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, para que esa labor de ordenación de distintos datos sirva para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Será financiada por el Ejecutivo regional con 290.000 euros.

“Fundamental” la gestión del dato

“Tenemos muchos datos en compartimentos distintos y hay que ponerlos a trabajar de manera conjunta, hay que interrelacionarlos”, ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la firma del convenio que pone en marcha esta cátedra, la cual ha realizado junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. Martínez Guijarro ha señalado que no es una tarea fácil desde el punto de vista técnico, y “hay que hacerlo con las suficientes garantías también desde el punto de vista jurídico”.

Por su lado, el rector de la Universidad regional ha mencionado que “en los tiempos que vivimos la gestión del dato es fundamental” y por ello “la cátedra va a contribuir a ello de una manera muy sólida” con “formación, investigación y transferencia de conocimiento”.

“El objetivo final de la Cátedra, basado en el conocimiento que tienen nuestros grupos en la universidad, es gestionar todos estos datos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo final y estoy convencido de que vamos a conseguirlo de manera conjunta”, ha augurado.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

Castilla-La Mancha incorporará a la tecnológica Satec al Centro Regional de Innovación Digital (CRID) para desarrollar proyectos de inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario y a la mejora de los servicios públicos.

La colaboración, formalizada mediante un protocolo de intenciones entre la Junta y la compañía, se desarrollará en el centro de conocimiento de Salud Digital del CRID, ubicado en Talavera de la Reina. Entre las líneas de trabajo previstas figuran el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa para entornos corporativos, la automatización de tareas administrativas y el análisis de datos clínicos para detectar posibles mejoras en la gestión sanitaria.

Satec se convierte así en la decimonovena empresa que se incorpora al CRID desde su puesta en marcha en 2020. Según datos facilitados por la Junta, la actividad del centro ha contribuido a la creación de más de 280 empleos especializados.

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, señaló durante la presentación que uno de los objetivos es aplicar la inteligencia artificial a ámbitos como los programas de cribado de cáncer, la medicina personalizada o la gestión de citas y agendas sanitarias.

La Junta sostiene que los proyectos deberán desarrollarse bajo criterios de uso ético de la inteligencia artificial y cumplimiento de la normativa europea sobre protección y gestión de datos. El acuerdo también contempla acciones de formación dirigidas a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a empresas de la región.

Por su parte, el consejero delegado de Satec, José Ignacio Laureano, destacó que la colaboración permitirá explorar aplicaciones de inteligencia artificial para optimizar procesos sanitarios y apoyar la toma de decisiones clínicas y administrativas.

El Centro Regional de Innovación Digital fue impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina como una de sus apuestas para atraer actividad tecnológica y diversificar la economía local.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.