La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

Que el dinero de la PAC llegue prioritariamente a quienes trabajan de forma activa, que exista un único fondo comunitario de financiación y que la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie sea equilibrada y esté adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Esas son las principales prioridades que el Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias han consensuado en una reunión mantenida este jueves que ha servido para establecer una posición conjunta de cara al futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027.

En la reunión han participado el viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, mientras que por parte de las organizaciones agrarias han estado representantes de ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Los acuerdos alcanzados serán trasladados al Ministerio durante la primera semana de septiembre.

Propuestas consensuadas

El viceconsejero ha destacado, entre los principales puntos de acuerdo alcanzados, “la necesidad de reforzar la figura del agricultor activo, con el fin de asegurar que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes ejercen de manera efectiva la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos”. Los participantes han coincidido en que este criterio debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la futura PAC, “para garantizar una distribución más justa y eficaz de los fondos comunitarios”.

Asimismo, se ha defendido que las principales intervenciones de apoyo a la renta se financien íntegramente a través del futuro fondo único comunitario, “garantizando recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones agrarias”, ha indicado Martín Aparicio. En este contexto, también se ha abordado la configuración de la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, intercambiándose distintas propuestas para lograr una aplicación equilibrada y adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Otro de los asuntos analizados han sido los cultivos de las nuevas ayudas asociadas que la región trasladará al Ministerio para su posible incorporación en el próximo periodo de programación. Las organizaciones agrarias y Cooperativas han coincidido con la Consejería en la importancia de contar con herramientas de apoyo específicas para aquellos sectores estratégicos que presentan mayores necesidades de respaldo desde el punto de vista económico, social o territorial.

Por último, todas las partes han coincidido en situar el relevo generacional entre las principales prioridades de la futura PAC, apostando por un presupuesto específico y suficientemente dotado para las medidas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos incluidas en el denominado ‘paquete de bienvenida’.

Una PAC “suficientemente dotada”

Durante el encuentro, celebrado en un clima de diálogo constructivo y consenso, las entidades participantes y el Gobierno regional han compartido sus impresiones con el objetivo de defender “una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero, que mantenga el apoyo a la renta de agricultores y ganaderos y que responda a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario”, tal y como ha explicado Martín Aparicio.

Esta reunión da continuidad a la mantenida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, con las organizaciones representativas del sector el pasado mes de abril. Previamente a este encuentro, el trabajo con las OPAs y Cooperativas Agroalimentarias se había iniciado más de un año antes, materializándose en un documento conjunto entregado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en febrero de 2025 en Madrid.

En abril de ese mismo año, el presidente de Castilla-La Mancha se lo volvió a entregar en una reunión en Bruselas. Y, ya en octubre, se dio otro documento al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que, como representante de España en la Comisión Europea, trasladara la posición de Castilla-La Mancha.

Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que facilite la reubicación de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta y que garanticen su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos.

Esta petición de la organización humanitaria llega después de las declaraciones realizadas este jueves por la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en las que afirmaba que la región no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, y un día después de que Emiliano García-Page descartase que Castilla-La Mancha se vaya a ofrecer para acoger a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”. Además, se produce el mismo día en que se celebrará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos

La organización ha trasladado su preocupación por la posición manifestada por el presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de no asumir la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta, según ha informado Amnistía Internacional a través de un comunicado.

Preguntan al Gobierno si ha cambiado de postura

“Estas declaraciones contrastan con la respuesta que Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recibió recientemente del Gabinete de la Consejería de Bienestar Social”, han asegurado desde Amnistía Internacional, señalando que el Ejecutivo regional les había trasladado su “plena colaboración institucional y solidaridad”.

Amnistía Internacional ha asegurado que la Consejería afirmaba asimismo que, aunque la situación supone un esfuerzo importante para el sistema de protección de menores, requiere “el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas”.

Además, las declaraciones ofrecidas esta semana tanto por Page como por García Torijano contrastan con las que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

Por ello, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha dirigido una carta a la Presidencia del Gobierno autonómico para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición mantenida hasta ahora por Castilla-La Mancha respecto a la acogida y reubicación de niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Ceuta.

La organización ha señalado que la situación en Ceuta sigue siendo “especialmente preocupante”, subrayando que hay cientos de menores que permanecen en situación de calle y sin tener cubiertas adecuadamente necesidades básicas, así como su preocupación sobre si los procesos de determinación de la edad se están llevando a cabo con todas las garantías de derechos humanos y que persistan menores que no han sido adecuadamente identificados, censados y filiados por las instituciones públicas.

Amnistía Internacional ha solicitado a Castilla-La Mancha que mantenga “el compromiso que ha venido demostrando hasta ahora y continúe participando en la acogida y reubicación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en Ceuta, en aplicación de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad vigentes”.

La organización ha recordado la recomendación de garantizar la protección jurídica efectiva de estos niños y niñas, incluido su derecho a solicitar protección internacional, y que no se vulnere en ningún caso el principio de no devolución. “Cualquier decisión que se adopte debe estar basada en el principio del interés superior del menor”, han indicado.

Los trabajadores sociales critican los discursos “que criminalizan”

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se han manifestado de forma pública este jueves para criticar la negativa del Gobierno regional a dar acogida a los menores migrantes llegados este verano a Ceuta.

Así, han recordado al Ejecutivo de Page que “existe la obligación legal y constitucional” de colaborar con otras autonomías. “Castilla-La Mancha no puede eludir el modelo de acogida vinculante ante situaciones de contingencia humanitaria en territorios fronterizos. El reparto corresponsable es un mandato legal y un mecanismo de justicia distributiva para garantizar que ningún territorio se vea desbordado en la atención a la infancia”, afirma el Colegio en un comunicado.

El texto remarca que “toda actuación de los poderes públicos que afecte a personas menores de edad debe situar en el centro su interés superior, su dignidad y la garantía efectiva de sus derechos” y que “los menores migrantes son, ante todo, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad”, por lo que considera que “el principio del interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración política, demográfica o de control fronterizo”.

Además, afirman que están “totalmente fuera de lugar discursos que criminalicen” o términos como “invasión”, empleado en el día de ayer por Page en diversas ocasiones, para referirse a la infancia desprotegida.

“Por todo ello, instamos a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma a actuar con responsabilidad, mantener la cordura institucional, a cumplir estrictamente con los marcos legales de protección a la infancia y a liderar desde el ejemplo de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con el bienestar social”, culminan desde el Colegio de Trabajo Social regional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y representantes del sector regional de la trufa han mantenido un encuentro para plantear diversas medidas que favorezcan el desarrollo de este cultivo en la región, mejoren su competitividad y faciliten la entrada de quienes quieran apostar por él.

Entre las cuestiones planteadas por el sector destaca la necesidad de adaptar determinadas cuestiones administrativas a la realidad actual del cultivo de la trufa en terrenos agrícolas. En ese sentido, entre las peticiones del sector se encuentran la posibilidad de considerar plenamente el cultivo de la trufa en terrenos agrícolas, como un cultivo más, para tenerlo en consideración tanto en los planes de incorporación de jóvenes al campo como de mejora de las explotaciones.

Esto permitiría reflejar mejor las condiciones del trabajo y la rentabilidad que genera hoy este cultivo y podría facilitar su incorporación a las ayudas de la PAC, a la incorporación de jóvenes o las inversiones destinadas a modernizar las explotaciones. En este sentido, el consejero de Agricultura Julián Martínez ha explicado que, desde su departamento, se estudiará junto al sector posibles ajustes que permitan adecuar estos criterios a las características reales de las plantaciones de trufa en tierras agrícolas.

Dificultad para acceder a la PAC

Asimismo, durante la reunión se analizó una de las principales singularidades de este cultivo ya que las plantaciones truferas utilizan especies que, aunque se destinan a una actividad agrícola, pueden ser clasificadas como forestales. Esta situación puede dificultar, en algunos casos, el acceso a algunas ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

En ese sentido “veremos las posibilidades consultando y coordinándonos con la Consejería de Desarrollo Sostenible para determinar si es posible realizar algún tipo de gestión o consideración, puesto que es un cultivo muy atípico y novedoso” que presenta potencial de crecimiento en la región.

En materia de promoción, se les informó acerca de cómo acceder a las herramientas y los canales de promoción para impulsar el consumo y la comercialización de la trufa, sea a través de las actividades de promoción de la propia Consejería como son la participación en ferias, bajo la marca de calidad regional Campo y Alma, o de otros organismos del Gobierno regional como el Instituto de Promoción Exterior.

Para finalizar el encuentro, se estudiaron las posibilidades de apoyo a la investigación de la trufa a través de los centros de la Consejería. Estas actuaciones se canalizarían a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), con el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento y la mejora de este cultivo.

En la reunión, celebrada recientemente en Toledo, han participado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, el presidente de la Federación de Asociaciones de Truficultores de Castilla-La Mancha (FATCLM), Cristóbal López, y la secretaria de la Federación, Delia Tarancón; el presidente de la Asociación de Truficultores de Castilla-La Mancha (ATCLM), Agustín Valencia, así como Manuel Bueno, miembro de esta asociación; y, por último, también ha estado presente la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado las bases de dos nuevos programas en el marco del Plan Adelante para movilizar 15 millones de euros en apoyo a las pymes de Castilla-La Mancha, a través del 'Bono Crecimiento Pyme' y del programa para el 'Nacimiento de Pymes Industriales'.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de estos dos nuevos programas, cuyas convocatorias pasarán por Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Ha animado a las empresas de la región a participar en ambos programas..

El nuevo 'Bono Crecimiento Pyme' está dirigido a pymes con actividad económica y centros de trabajo en la región, además de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, y marca cuatro modalidades de bono: planificación estratégica y financiera, en ámbitos como los planes de negocio, control de tesorería o diagnósticos estratégicos; la sostenibilidad, a través de valorización de residuos, informes y certificaciones ambientales o la economía circular; internacionalización estratégica, con selección de nuevos mercados o creación de departamentos de exportación; y transformación digital, para la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de ciberseguridad, entre otros.

Por su parte, el programa de 'Nacimiento de Pymes Industriales' quiere reforzar el carácter industrial de la economía regional, consolidando el peso del sector en el PIB de Castilla-La Mancha.

En busca del “refuerzo” de la industria

“Somos una de las comunidades del país con mayor peso de la industria en nuestro PIB, la quinta, y la única del centro-sur de España que cumple con el propósito europeo de que el 20% de nuestra riqueza proceda del sector industrial”, ha indicado la consejera, que ha señalado que este nuevo programa quiere “reforzar y ampliar nuestra base industrial”, que actualmente conforman alrededor de 17.500 empresas.

Este programa se dirige a pymes que desarrollan su actividad industrial en la región, dentro de la Sección C del CNAE 2025, y está dirigido tanto a proyectos para el primer establecimiento de una empresa industrial en la región, para proyectos para la creación de un nuevo centro industrial de una empresa ya existente, y para el traslado de un establecimiento industrial de otro territorio a la región.

En este caso, las ayudas pueden llegar a cubrir el 100% del coste del proyecto, con cuantías que van desde los 80.000 a los 100.000 euros por empresa“, ha indicado la consejera, que ha señalado que tanto para 'Nacimiento de Pymes Industriales' como para el 'Bono Crecimiento Pyme' se han establecido procedimientos de concurrencia simple, para una mayor agilidad en la tramitación.

Junto a las órdenes de bases que dan inicio a estos dos nuevos programas en el marco del Plan Adelante, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado también hoy en el Diario Oficial de la región la modificación en la orden de bases de la convocatoria de ayudas al fomento innovador a través de los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI), que en su convocatoria de este año ha movilizado 432.000 euros para apoyar el emprendimiento con base de I+D+i en el tejido económico y empresarial de la región.

El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que se va a proceder, por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, al precintado y señalización como “agua contaminada” de la Fuente del Royo, ubicada en el Monte de Utilidad Pública 106 'Palancares y Agregados', ubicado en el término municipal de Cuenca.

Fuentes municipales explican que esta decisión es el resultado de una de las analíticas que la Delegación realiza de forma regular en fuentes y espacios de agua de la región. Cuando salen niveles incorrectos, como este caso, se prohíbe el consumo.

Ahora el Gobierno regional “analizará las causas, pondrá solución y avisará cuando se solvente el problema”. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Cuenca recuerdan la importancia de extremar las precauciones y no consumir ese agua para evitar intoxicaciones u otras patologías que pudieran derivarse de su uso.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que aclare “qué modelo de financiación autonómica” defiende su partido.

Lo ha hecho después de que el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en una entrevista publicada este domingo en El Periódico que “Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”. Unas declaraciones que para Ruiz Molina suponen una “defensa” del principio de ordinalidad que en numerosas ocasiones han criticado desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha el responsable del departamento de Hacienda en la comunidad, ha vuelto a insistir en el “rechazo” a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, que califica de “chantaje” e incide en que no favorece la igualdad de oportunidades en los territorios de todo el país.

Ha reclamado “transparencia” y “objetividad” al Gobierno de España en relación con esta propuesta y todo ello a las puertas de la reunión técnica que se va a celebrar este martes para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Un “contrato de adhesión que privilegia a una comunidad”

Ruiz Molina ha vuelto a mostrarse escéptico de que las reuniones que se vienen manteniendo, sean o no bilaterales, vayan a servir para incluir modificaciones a propuesta de las autonomías al plan del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según ha afirmado, “el acuerdo está cerrado y certificado” por el presidente del Ejecutivo nacional y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras tras la reunión que ambos mantuvieron en enero.

“Estamos ante un contrato de adhesión que es profundamente injusto porque es un modelo de financiación que privilegia a una comunidad autónoma y agravia a las demás”, ha añadido el consejero.

Ruiz Molina ha hablado de “falta de transparencia” que, a su juicio, “no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas” y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Catalunya o ERC.

También ha querido dejar claro que, a su entender, este modelo se articula “como un chantaje”, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que no se acogan al nuevo modelo, que espera que “no salga adelante”, continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los “famosos” 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Pone en duda que lleguen 1.248 millones más

El consejero también se ha mostrado escéptico con que el nuevo modelo otorgue a Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más de los que está recibiendo con la actual financiación. “En la Consejería de Hacienda somos incapaces de llegar a esa cifra. No sabemos ni con qué la están comparando ni cómo se ha llegado a ella”, ha criticado. No obstante, ha tomado esa cifra como referencia para añadir que, según sus cálculos, Castilla-La Mancha “quiere tener” un 10% más sobre ella para salvar “separación” que se produce con Catalunya.

Sobre la petición que hizo en los medios de comunicación García-Page pidiendo a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el asunto 'de tú a tú', Ruiz Molina no le “consta” que su Gobierno haya pedido formalmente ese encuentro.

La Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han creado una nueva cátedra que echará a andar a la vuelta del verano y ayudará a la Administración a ordenar y a interrelacionar bases de datos, a través de la investigación que realizará la misma, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Cátedra 'Inteligencia del Dato' tiene por objetivo que la investigación aplicada en materia de datos que desarrolle la Cátedra se transfiera hacia la Administración regional y posteriormente hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, para que esa labor de ordenación de distintos datos sirva para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Será financiada por el Ejecutivo regional con 290.000 euros.

“Fundamental” la gestión del dato

“Tenemos muchos datos en compartimentos distintos y hay que ponerlos a trabajar de manera conjunta, hay que interrelacionarlos”, ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la firma del convenio que pone en marcha esta cátedra, la cual ha realizado junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. Martínez Guijarro ha señalado que no es una tarea fácil desde el punto de vista técnico, y “hay que hacerlo con las suficientes garantías también desde el punto de vista jurídico”.

Por su lado, el rector de la Universidad regional ha mencionado que “en los tiempos que vivimos la gestión del dato es fundamental” y por ello “la cátedra va a contribuir a ello de una manera muy sólida” con “formación, investigación y transferencia de conocimiento”.

“El objetivo final de la Cátedra, basado en el conocimiento que tienen nuestros grupos en la universidad, es gestionar todos estos datos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo final y estoy convencido de que vamos a conseguirlo de manera conjunta”, ha augurado.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

Castilla-La Mancha incorporará a la tecnológica Satec al Centro Regional de Innovación Digital (CRID) para desarrollar proyectos de inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario y a la mejora de los servicios públicos.

La colaboración, formalizada mediante un protocolo de intenciones entre la Junta y la compañía, se desarrollará en el centro de conocimiento de Salud Digital del CRID, ubicado en Talavera de la Reina. Entre las líneas de trabajo previstas figuran el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa para entornos corporativos, la automatización de tareas administrativas y el análisis de datos clínicos para detectar posibles mejoras en la gestión sanitaria.

Satec se convierte así en la decimonovena empresa que se incorpora al CRID desde su puesta en marcha en 2020. Según datos facilitados por la Junta, la actividad del centro ha contribuido a la creación de más de 280 empleos especializados.

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, señaló durante la presentación que uno de los objetivos es aplicar la inteligencia artificial a ámbitos como los programas de cribado de cáncer, la medicina personalizada o la gestión de citas y agendas sanitarias.

La Junta sostiene que los proyectos deberán desarrollarse bajo criterios de uso ético de la inteligencia artificial y cumplimiento de la normativa europea sobre protección y gestión de datos. El acuerdo también contempla acciones de formación dirigidas a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a empresas de la región.

Por su parte, el consejero delegado de Satec, José Ignacio Laureano, destacó que la colaboración permitirá explorar aplicaciones de inteligencia artificial para optimizar procesos sanitarios y apoyar la toma de decisiones clínicas y administrativas.

El Centro Regional de Innovación Digital fue impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina como una de sus apuestas para atraer actividad tecnológica y diversificar la economía local.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.

Treinta colectivos sociales de la región han acusado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de “falta de trasparencia” tras recibir una respuesta que consideran “incompleta e insuficiente” a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.

Las entidades, entra las que se encuentran colectivos feministas, LGTBI, sindicatos y ONG, sostienen que la Administración regional no ofrece datos “fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario”.

Entre ellos, el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública o las medidas concretas previstas para implantar la prestación en hospitales públicos o centros de salud.

“Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores”, señala el comunicado.

La plataforma recuerda que ninguna mujer puede acceder actualmente a una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que consideran “incompatible con el espíritu y la letra de la legislación estatal”, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público.

Los colectivos comparan la realidad en Castilla-La Mancha con la situación de otras comunidades autónomas, asegurando que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).

Critican el centro único de referencia propuesto por el Gobierno

Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son claramente insuficientes y carecen de garantías reales de ejecución.

En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.

A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital “obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias” y convertiría ese centro en “objetivo permanente de los grupos antielección que ya hostigan a pacientes y profesionales” en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.

Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de “meses o años” sin concretar fechas, recursos ni planificación.

“Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria”, sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam “contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos”.

Según recoge el comunicado citando a declaraciones recogidas en medios de comunicación, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian “obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio”. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia “es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos”.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Exigen datos, calendario y compromisos

Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.

“Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas”, concluyen las organizaciones.

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido que “a nadie le interesaría” que el ramal provisional que conectará Madrid con Extremadura “se pueda quedar como definitivo” y ha dejado claro que exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que “cumpla su palabra”. “El AVE sí tiene que pasar por Toledo”, ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Hernando ha confirmado que el Gobierno castellanomanchego y el Ayuntamiento de Toledo -“una vez más”- van a presentar alegaciones conjuntas al nuevo estudio informativo para el paso por Toledo “como muestra de la unión política que debe haber sobre determinadas infraestructuras”.

El consejero de Fomento castellanomanchego ha argumentado que el hecho de que el AVE Madrid-Extremadura pase por Toledo debe de ser una decisión “blindada” en la política española ya que, según ha recordado, la idea original de que el AVE pase por Toledo es del Partido Popular y luego la ha desarrollado el Partido Socialista.

Es por ello que se ha mostrado confiado en que “no haya cambios de opinión” teniendo en cuenta que los dos grandes partidos de este país están de acuerdo. “Creo que es suficientemente importante el consenso como para no romperlo y mucho menos no habiendo ningún motivo técnico para ello”, ha subrayado Nacho Hernando.

También ha defendido que el hecho de que el AVE Madrid-Lisboa pase por Toledo es “muy interesante” para todas las personas que lo van a coger, pero también es muy interesante económicamente para las empresas que lo quieren explotar porque “no es lo mismo meter a Toledo en la ecuación que sacarla de la ecuación”.

“Nadie gana sacando a Toledo”

“Ante cualquier intentona torpe de evitar que el AVE pase por Toledo, se va a encontrar por supuesto con la negativa de la comunidad autónoma pero también de todos los municipios que ya a día de hoy están integrados en esa línea y por supuesto el de las empresas que verían un recorte muy importante en sus potenciales ingresos si Toledo se queda fuera de la ecuación”.

“¿Quién gana sacando a Toledo? Nadie. ¿Quién gana cumpliendo la palabra de que Toledo esté en el AVE? Todos”, ha dicho el consejero, que no cree que haya que tener “esa duda sobre si el AVE pasa o no por Toledo”, ya que “a nadie le interesaría el que esa solución provisional se pueda quedar como definitiva porque a efectos de alta velocidad la línea provisional ya nace insuficiente”. “No puede ser la definitiva desde un punto de vista de ingeniería y desde un punto de vista técnico”.

Desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional realizó hace casi nueve años no ha habido manera de que el reglamento para su desarrollo salga adelante. Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Antes de eso, el reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Desde entonces ha habido otros tres borradores del Reglamento. Pero el que la Junta de Castilla-La Mancha considera definitivo ya está listo. Así lo ha adelantado recientemente el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, precisando que se ha redactado “de la mano” del sector cinegético incorporando modificaciones que vienen determinadas en los cotos cinegéticos, tras la entrada en vigor de la mencionada ‘Ley de Acompañamiento’.

Estas declaraciones las realizó después de una reunión del Consejo Regional de Caza. El viceconsejero afirmó que también se han incorporado aportaciones de diferentes colectivos, federaciones, grupos conservacionistas y técnicos. Teniendo como base este borrador, el objetivo que el Gobierno se ha marcado es aprobarlo antes de verano, de cara a la apertura de la temporada de caza de 2026.

Nuevo rechazo de las organizaciones ecologistas

Efectivamente, el nuevo borrador, al que ha tenido acceso este medio, incorpora modificaciones en lo referente a los cotos, pero vuelve a adolecer de consenso en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). En su última reunión, volvieron a votar en contra las ONG con representación en este organismo: Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife.

¿Por qué se mantiene ese rechazo? “La línea del Reglamento es continuista”, explica Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Y lo es, apunta, porque “todos sus males” derivan de la modificación que se hizo de la Ley de Caza en el 2015.

Estas organizaciones mantienen su ‘no’ al reglamento por dos motivos principales. El primero de ellos es cómo se enfoca la caza, con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducen las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

El segundo aspecto es el mencionado cambio que permite cazar en vías pecuarias y caminos públicos. Concretamente, en el apartado de cotos de caza, el texto establece que no se considerará interrumpida la “continuidad” de los cotos por la existencia de agua, vías pecuarias o “cualquier otra construcción de características semejantes”.

El Reglamento incorpora que se concederá, mediante solicitud administrativa, a la persona titular del coto, ejercer la actividad cinegética en las vías y caminos de uso público durante las horas que dure la cacería colectiva. Se establece eso sí, que fuera del periodo indicado en la autorización, se garantizará el uso público y común de estos caminos vías.

“Hay alguna pequeña matización, pero en lo esencial, la Administración autonómica sigue abriendo el camino para que se practique la caza en lo que siempre han sido zonas de seguridad y unas infraestructuras verdes esenciales para el desarrollo de muchísimas actividades en el medio rural”, destaca Miguel Ángel Hernández.

Los colectivos ecologistas insisten en que se trata de zonas de dominio público que están amparadas por normativa estatal. “Su funcionalidad no es la caza, y por lo tanto no se puede dar derechos de caza sobre un terreno que ni siquiera les pertenece. Por mucho que regateen con tecnicismos sobre otorgar permisos específicos, la cuestión es que al final se permitirá la caza en esas vías”.

Además, alertan de que esta circunstancia “se extenderá como una mecha”. En Castilla-La Mancha hay cientos de cotos de caza atravesados por caminos públicos o vías pecuarias, y “nos podemos encontrar con que no podemos hacer uso de ellos porque están cazando y lo están haciendo con permiso, con lo que ello supone para las actividades en el medio natural, desde una persona que quiera ir a ver sus colmenas hasta las empresas de turismo rural de naturaleza”.

La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa

“Hemos intentado hacerle ver al Gobierno regional que ni es legal ni es justo que le den tanta prevalencia a la caza sobre el resto de actividades en el medio natural, pero no conseguimos que tomen las medidas oportunas. La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa”, lamenta.

Hay otra cuestión polémica dentro del Reglamento: el uso del plomo. En su disposición transitoria primera, el texto establece que su prohibición en la munición no será completa hasta los tres años de la entrada en vigor del texto. Y además, agrega que en caso de solicitud de prórrogas adicionales por personas interesadas, la Consejería de Desarrollo Sostenible “evaluará las circunstancias existentes y resolverá motivadamente”.

El primer plazo que se otorgó para dejar de usar munición con plomo, derivado de la aplicación de la Ley de Caza, ya expiró en 2025, pero al no haber reglamento de desarrollo, es “una vuelta atrás”.

“Estamos hablando de otros tres años de plomo y demuestra igualmente una falta de sensibilidad con el medio natural e incluso con la salud pública, porque ya hay muchos estudios que demuestran que la carne de caza contiene altas dosis de plomo”.

La cuestión es que el contexto europeo también permite esta nueva prórroga. En marzo de 2025, ya existía una propuesta de la Comisión Europea para prohibir la munición de plomo en cualquier actividad al aire libre, incluida la caza. Ya iba con retraso, porque la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) había recomendado anteriormente vetar este material para ahorrarle al medio ambiente unas 630.000 toneladas de plomo en 20 años.

Pero el pasado mes de abril se hizo público que las últimas modificaciones del proyecto ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

“Si la Unión Europea está reculando, le está dando carta blanca a los países y a los gobiernos autonómicos. Pero que Europa haga mal los deberes no quita para que cada uno asuma sus responsabilidades, sobre todo cuando estamos en la comunidad autónoma, que junto a Andalucía y Extremadura, lidera la actividad cinegética en España y, por tanto, el vertido del plomo al medio natural”,

Ahora las organizaciones ecologistas volverán a presentar alegaciones en el nuevo periodo de información pública. “Insistiremos hasta el último segundo para evitar acudir de nuevo a los tribunales, aunque ya sabemos que la Administración se siente cómoda en ese escenario. Muchas veces prefiere no abordar un conflicto y que vaya a los tribunales porque sabe que el tiempo juega a su favor”, concluye.

Estos argumentos contrastan de forma significativa con los que el Gobierno castellanomanchego defiende en su nuevo Reglamento de Caza. Resalta que, siendo el medio rural el que alberga el patrimonio natural y la biodiversidad de la región, el borrador incide en el “alineamiento de la actividad cinegética con las normas básicas de conservación de la naturaleza”, así como su “puesta en valor como herramienta de gestión en el medio natural”.

Argumenta que la sostenibilidad de la caza depende, en gran medida, no solo del equilibrio de los ecosistemas sino también del “futuro de la propia actividad cinegética”. Y en este contexto, considera que el nuevo texto “refuerza el papel de la caza ligada a la conservación biológica y al uso social y ambientalmente responsable del medio natural”.

El Gobierno regional alega la defensa de la caza sostenible

Repite asimismo un argumento muy recurrente en el Gobierno de Page, firme defensor de la caza, como es la necesidad de consolidar su papel como “una actividad socioeconómica sostenible y como herramienta para la planificación, gestión y puesta en valor del medio natural”.

“La región es visitada anualmente por un importante número de personas para ejercer la práctica de la caza en sus distintas modalidades, haciendo de la misma una de las actividades socioeconómicas más relevantes y frecuentes de todas las que acontecen en el medio rural castellanomanchego”, reitera.

Agrega que las numerosas asociaciones, sociedades y clubes de caza distribuidos por las poblaciones de Castilla-La Mancha están llamadas a desempeñar “una labor trascendental” a favor de la sostenibilidad “facilitando información sobre el estado de las especies de fauna, actuando en la conservación y mejora de los hábitats y especies naturales, algunas en declive, y garantizando el equilibrio poblacional de las especies cinegéticas”.

Se refiere con ello a los “efectos adversos por sobreabundancia”, fundamentalmente daños en cultivos agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios, y también sobre el conjunto de la biodiversidad.

Habla así de la necesidad de conseguir una “caza ética, excelente y de conservación”, que también busca “resolver el problema del relevo generacional y la propia incorporación de la mujer en su práctica”.

También se revisa el Reglamento de Pesca

Por último, a través de este nuevo Reglamento se acomete la modificación del de pesca: se suprime la adjudicación de permisos de pesca mediante el sorteo de la oferta pública, lo cual se justifica por no existir “una demanda significativa”, habiéndose ya implantado “con éxito” la tecnología necesaria para la adquisición por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los permisos disponibles.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido este viernes a la liberación de 'West' y 'Win', dos linces ibéricos procedentes del asentamiento de reintroducción de Sierra Morena Occidental, reubicados en la zona de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', en la provincia de Cuenca.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, han sido las responsables de la suelta de estos dos ejemplares de “una especie protegida en nuestra Comunidad que está experimentado un notable aumento en lo que respecta a su cría y conservación, lo que nos ha llevado a iniciar un proceso de traslocación de ejemplares desde las zonas de reintroducción ya consolidadas en Toledo y Ciudad Real a las nuevas que queremos asentar en Albacete y Cuenca”, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, Jara ha informado de que, con la liberación de los dos ejemplares de hoy procedentes del asentamiento de Sierra Morena Occidental, “son ya cinco felinos los que hemos traslocado en Castilla-La Mancha desde las poblaciones silvestres consolidadas de Toledo y Ciudad Real a las nuevas áreas de reintroducción de Cuenca y Albacete, en este 2026”.

Como ha explicado la directora general, los linces traslocados en la Comunidad Autónoma se suman a los seis linces silvestres que han sido cedidos para su liberación a otras comunidades autónomas entre los años 2025 y 2026, “cinco ejemplares a Castilla y León y un ejemplar a la Región de Murcia”.

Por este motivo, ha puesto en valor el “haber convertido a Castilla-La Mancha y sus programas de reintroducción en un referente en lo que respecta a las traslocaciones de linces ibéricos nacidos en las poblaciones consolidadas”.

También ha informado de que en lo que “llevamos de 2026, hemos reintroducido otros nueve ejemplares, en este caso procedentes de los centros de cría en cautividad de 'El Acebuche', en Huelva, del de 'Zarza de Granadilla', en Cáceres, y del de 'La Olivilla', en Jaén.

942 ejemplares censados en la región

Castilla-La Mancha cuenta, según el último censo de 2025, con los datos de 2024, con 942 ejemplares, que representan el 46% de la población española y el 39,2% de la ibérica (incluido Portugal), de un censo total compuesto por 2.401 individuos, “lo que nos ha llevado a convertirnos en la comunidad autónoma que más linces ibéricos aporta al censo de esta especie en peligro de extinción que compartimos con Andalucía, Extremadura, Murcia y la vecina Portugal”, ha dicho.

Jara, también ha recordado que en la región hay cinco áreas de presencia estable o núcleos de reproducción reconocidos y avalados por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico para España y Portugal. Tres ya consolidados: los de Montes de Toledo (Toledo), Sierra Morena Occidental (Ciudad Real) y Sierra Morena Oriental (Ciudad Real); y otros dos, 'Campos de Hellín' (Albacete) y 'La Veguilla y Sierra Jarameña' (Cuenca), “que queremos que vayan creciendo y se vayan consolidando gracias a estas traslocaciones”.

West y Win, de Ciudad Real a 'La Veguilla y Sierra Jarameña'

Respecto a los dos ejemplares liberados, la directora general ha detallado que se trata de dos hembras que llevan el nombre de 'West' y 'Win' y que ambos ejemplares, que proceden de Sierra Morena Occidental, en Ciudad Real, “han pasado la preceptiva cuarentena y los controles médicos necesarios en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'”.

También ha recordado que en los casos de linces que se sueltan este año y que nacieron en 2025, como es el caso 'West' y 'Win', independientemente de que procedan de los centros de cría en cautividad de la especie o hayan nacido en la naturaleza, “su nombre siempre va a comenzar por la letra 'W' ya que es la letra del abecedario que toca este año, tras dar nombre con la 'V' a los ejemplares que se liberaron el pasado año”.

En este mismo acto, la directora general ha adelantado una “buena noticia”, puesto que de los seis ejemplares que hay censados en la nueva zona de reintroducción desde 2024 de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', es muy probable “la reproducción de dos hembras liberadas en 2025, Ventillas y Valla, ya que hay indicios que tendremos que confirmar que determinan que podrían haber tenido camadas”.

Jara ha concluido subrayando que “estos hechos supondrían un nuevo hito en la recuperación del lince ibérico en la región y vendrían a confirmar las adecuadas condiciones para la especie del Área de Reintroducción seleccionada en la provincia de Cuenca”.

Por último, la directora general ha agradecido el trabajo que llevan a cabo los diferentes actores en el territorio, “puesto que son los responsables de que la reintroducción este siendo un éxito”, en referencia a los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, al cuerpo de agentes medioambientales, a las poblaciones de las áreas de influencia de este felino, al sector cinegético y a los titulares de los cotos y las fincas privadas.

En la suelta de los dos ejemplares de linces ibéricos han estado presentes cerca de una centena de alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Adolfo Martínez Chicano', de Las Pedroñeras, y del Centro Rural Agrupado (CRA) 'Jorge Manrique', de La Alberca de Záncara.

La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente 'popular' con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien “no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo”.

Padilla ha recordado “frases contundentes” de los audios revelados en que la 'popular' mencionaba que “hay que conseguir esa libretita” o que “hay que laminar al cabrón”.

Por ello, la portavoz ha afirmado que “Cospedal formaba parte de la cadena” de corrupción de la que “los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha no terminan de soltar lastre” a pesar de que los ciudadanos “sí lo hicieron cuando dijeron no a los recortes, no a la soberbia y no a la corrupción” en las últimas elecciones eligiendo a Emiliano García-Page como su presidente.

La portavoz ha señalado que el Gobierno de García-Page “ha demostrado durante los 11 años de gobierno en esta región” que no tienen “casos como el de las mascarillas durante el Covid” y que se ha mantenido “a raya a corruptos y estafadores”.

“Este Gobierno es un Gobierno limpio y transparente y por ello el presidente García-Page tiene cada vez mayor apoyo social”, ha concluido Padilla.

El PP cree que los socialistas “mienten” para “arañar votos”

Sus palabras han tenido respuesta en el PP castellanomanchego. La portavoz del Partido Popular en la comunidad autónoma Alejandra Hernández cree que el PSOE regional “ha vuelto a demostrar que su única estrategia es la de generar ruido, confrontación y mentiras para intentar arañar votos”, tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno autonómico sobre el caso Kitchen.

Hernández subrayaba que “cuando la justicia habla y deja claro que no procede imputar ni reabrir causas, lo que debería hacer cualquier responsable público es respetarla, no retorcer la verdad ni intoxicar a la opinión pública”, aludiendo a la decisión del tribunal de no investigar ni a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha ni al PP nacional. Ha acusado a los socialistas de estar instalados “en la política del bulo permanente”, intentando sostener “relatos falsos sobre supuestos casos que los tribunales no avalan” y que si lo hacen es para “desviar la atención de los gravísimos casos que afectan al PSOE a nivel nacional y que están siendo juzgados ahora mismo”, en alusión al caso Ábalos o caso Koldo.

La portavoz popular ha exigido al PSOE “que deje de manipular, que respete a la justicia y que abandone de una vez la estrategia del fango”.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha mostrado confiada en las primeras horas del nuevo año en que este 2026 suponga “un punto de inflexión en la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos en la región” y que se “ponga fin a los recortes que el sindicato califica de ”crónicos“. En su opinión están afectando ”de forma directa tanto a los empleados públicos como a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos“.

CSIF pone encima de la mesa el logro del acuerdo salarial de obligada aplicación por todas las administraciones firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de noviembre y que ha supuesto un aumento retributivo del 4% para este 2026 (2,5% de 2025 y 1,5% en este 2026 dentro de un incremento salarial que alcanzará el 11,4% en 2028), pero subraya que en Castilla-La Mancha debe ir acompañado de políticas autonómicas.

“Estamos hablando de derechos como la carrera profesional sanitaria, el pago del verano a los interinos docentes o las elevadas ratios y horario lectivo, así como la falta de personal y restricciones en las incorporaciones en toda la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que no se cubren y servicios que también se externalizan”, señala Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha.

Los “recortes” que afectan “de forma transversal”

El sindicato advierte además de que estos recortes no afectan a un único sector, sino que tienen un impacto transversal en toda la Función Pública. Entre ellos, destacan la supresión del Plan de Acción Social durante el mandato de Dolores de Cospedal y que, dicen, “continúa sin recuperarse”, así como una tasa de temporalidad que CSIF considera inasumible: uno de cada tres empleados públicos de la región mantiene actualmente una relación laboral temporal con la Administración.

Para la organización sindical, esta situación evidencia “la necesidad urgente” de un cambio de rumbo. “Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día”, subraya Domínguez, que confía en que 2026 sea el año en el que se ponga fin definitivamente a los recortes y se avance hacia una Administración más justa y dotada de los recursos necesarios.

Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día

Por último, CSIF censura la “falta de diálogo” de Emiliano García-Page con el que definen como “primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha mientras sí lo mantiene con CCOO y UGT, los cuales han percibido casi 51,7 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno regional”. Según este sindicato, esta cantidad “debería ser restituida a las arcas autonómicas para recuperar derechos laborales, reforzar los servicios públicos, invertir en el desarrollo de sectores clave y para proteger a los colectivos más vulnerables”.

Una reunión “urgente” con ganaderos de la provincia para trasladar de primera mano la “grave” situación que está generando la expansión de la lengua azul y otras enfermedades. Es la solicitud formal que la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real ha hecho a la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La organización agraria ha explicado que, en las últimas semanas, la situación “ha alcanzado un punto límite”, con explotaciones que sufren importantes pérdidas de animales, abortos, caída de productividad, infertilidad y elevados costes veterinarios, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Una realidad “insostenible”

Todo ello, alegan, está provocando una “creciente preocupación e indignación” entre los profesionales del sector, que hablan ya de una realidad “insostenible”. De hecho, Asaja Ciudad Real advierte de que la tensión entre los ganaderos es tal que “no descartan movilizarse” si no se adoptan de manera inmediata medidas “claras, eficaces y coordinadas que permitan aliviar la carga que están soportando las explotaciones”.

La organización también ha trasladado su voluntad de que en este encuentro pueda estar presente la directora general de Ordenación Agropecuaria, a quien ha informado de la solicitud. Asaja considera “fundamental” que los máximos responsables en materia sanitaria y de gestión ganadera conozcan directamente la magnitud del problema y puedan valorar, junto a los afectados, posibles vías de actuación.

Para Asaja Ciudad Real las partidas anunciadas en la región son “insuficientes” y se requiere un nuevo paquete de medidas “efectivas, inmediatas y justas, similares a las que se han adoptado en otras comunidades autónomas”.

Ganaderos “preocupados” y “frustrados”

La organización provincial agraria subraya que el sector se enfrenta a una crisis “sin precedentes recientes” y exige que las ayudas sean “reales, proporcionales y verdaderamente compensatorias”, cubriendo la pérdida de animales por muertes, abortos, infertilidad o ceses de producción, la reducción de la producción futura de leche y carne, el lucro cesante y los costes veterinarios, de desinfección, tratamientos y reposición.

“Los ganaderos están preocupados y profundamente frustrados. La situación exige respuestas rápidas y, sobre todo, un diálogo directo que permita diseñar soluciones urgentes”, señalan desde Asaja Ciudad Real, subrayando que la reunión debe celebrarse “lo antes posible” para concienciar a la administración de que están “en una situación crítica”.

Asaja concluye que continuará recogiendo casos, trasladando información actualizada a las administraciones y defendiendo los intereses de los profesionales, “que hoy más que nunca necesitan apoyo, claridad y medidas que protejan la continuidad de sus explotaciones”.