Solicitar el subsidio por desempleo podría dejar de ser sinónimo de citas imposibles, llamadas eternas o papeleo interminable en las oficinas públicas. Desde esta semana, entran en vigor nuevos métodos de identificación oficial que prometen agilizar los trámites de manera definitiva: si necesitas solicitar tu ayuda o prestación por desempleo, solo necesitas tu móvil, una nueva vía de acceso con las que podrás realizar todo el proceso de forma cómoda y con total validez legal.

La Administración se moderniza así para ponerlo más fácil, permitiendo verificar la identidad de forma rápida, segura y sin moverte de casa, ya sea a través de una pantalla o con una llamada de teléfono. Este gesto de modernización no es una decisión casual, sino un paso regulado por ley que da cobertura jurídica a lo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

El marco legal de este cambio se recoge en la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de julio de 2026, y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Esta norma se apoya además en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la Administración.

Sin embargo, esta nueva resolución va un paso más allá al regular específicamente la habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónicos y telemáticos, dándoles exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos que si te presentaras físicamente en una oficina de empleo. Según detalla el propio texto del BOE, los pilares y objetivos de esta reforma son muy claros:

Con esta cobertura normativa, el SEPE no solo actualiza sus herramientas digitales (cuya sede electrónica nació en 2011), sino que abre la puerta una relación más directa, flexible y segura, adaptando la gestión de las prestaciones por desempleo a las tecnologías y necesidades de nuestro tiempo.

La evolución digital del SEPE: las dos nuevas formas de identificarte

El SEPE ya contaba en su sede electrónica con herramientas muy útiles que se pueden gestionar directamente desde el móvil. Hasta ahora, era habitual utilizar el portal para usar su simulador virtual (con el que calcular la cuantía de la prestación que te corresponde), sellar el paro o incluso descargar el certificado del IRPF para la declaración de la Renta.

Sin embargo, el gran cuello de botella siempre surgía a la hora de formalizar una solicitud oficial de subsidio, un trámite que obligaba a disponer de un certificado digital avanzado, usar el DNI electrónico o, en su defecto, conseguir una cita presencial para firmar a mano en la oficina. Con la nueva resolución de 2026, el SEPE amplía el catálogo de gestiones no presenciales para que puedas resolver prácticamente todo el proceso desde casa y sin necesidad de ser un experto en informática.

A las vías de acceso tradicionales (el certificado digital, el DNIe y el sistema Cl@ve), el SEPE incorpora dos nuevos métodos de verificación muy sencillos para que cualquier persona pueda identificarse rápidamente por teléfono o internet:

Adiós al papel: así se firma la solicitud desde casa

El verdadero salto de gigante de esta reforma es la validación legal de la “firma a distancia”. Ya no tendrás que acudir a una oficina a plasmar tu firma manuscrita; ahora el consentimiento se expresa y se registra de manera digital mediante dos canales diferenciados:

Para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano y evitar cualquier intento de suplantación de identidad, todo el proceso telefónico quedará registrado mediante grabación de voz o una diligencia formal, incorporándose al expediente de forma que se garantice la trazabilidad y la validez legal del trámite.

¿Qué gestiones se pueden hacer con este sistema?

Este modelo simplificado de identificación y firma se aplica a todo el ecosistema de protección por desempleo. Esto incluye trámites clave como:

Dado que la implantación de estas facilidades será progresiva, el SEPE irá actualizando de forma continua el listado de trámites específicos que admiten estas nuevas vías de firma directamente en su Sede Electrónica.

Esta reforma supone una excelente noticia para quienes residen en zonas rurales alejadas de las oficinas de empleo, personas mayores con dificultades de desplazamiento o cualquier trabajador que no disponga de tiempo para acudir presencialmente.

Sin embargo, para que todo funcione como un reloj, hay un requisito indispensable: debes asegurarte de que el SEPE tenga actualizados tu número de teléfono móvil y tu dirección de correo electrónico actuales. Si estos datos no coinciden con los que conservan en su base de datos, no podrás recibir los códigos de verificación indispensables para firmar tus solicitudes y se bloqueará el trámite a distancia.

Más de un mes después de que trascendiera el expediente disciplinario abierto a un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida por atender a usuarios sin cita previa, el caso sigue sin resolverse, aunque se han producido novedades que al menos, cuestionan la actuación de la dirección provincial.

El expediente generó una importante repercusión pública después de que el afectado denunciara que iba a ser sancionado por atender a personas que acudían a la oficina sin cita previa, especialmente cuando se trataba de situaciones urgentes o de ciudadanos con dificultades para acceder al sistema de citas.

Tras aquella publicación, y después de la polémica generada cuando el Ministerio de Trabajo sostuvo públicamente que el expediente respondía a motivos distintos —y más amplios— que la atención sin cita previa, sembrando dudas sobre la actuación de Nieto, el funcionario asegura que técnicos del propio Ministerio se pusieron en contacto con él para solicitarle, paradójicamente, la documentación completa del procedimiento disciplinario.

Según explica, una vez examinado el pliego de cargos, desde esas instancias le trasladaron que no encontraban explicación a cómo se había llegado a abrir un expediente por esos hechos. El trabajador sostiene que esos responsables le transmitieron “esperanza” y le indicaron que la resolución “lleva su tiempo”, por lo que por el momento continúa sin conocer el desenlace del procedimiento.

Mientras tanto, la organización de la oficina ha cambiado de forma significativa. Desde hace varios días, un cartel informa a los usuarios de que, si acuden sin cita previa, deben permanecer en la sala de espera, donde periódicamente un funcionario sale para interesarse por su situación y valorar sus necesidades.

Además, otra novedad es que la directora de la oficina sale cada quince o veinte minutos para interesarse por quienes esperan sin cita, valorar cada caso y, cuando lo considera oportuno, facilitar las denominadas “citas internas”, un sistema que reproduce exactamente el método de gestión de usuarios que Nieto venía aplicando durante los últimos años y que dio origen al expediente disciplinario.

Respaldo

Por su parte, Nieto destaca el respaldo institucional y social recibido desde que el caso trascendió. Afirma haber recibido muestras de apoyo de representantes públicos de distintos ámbitos territoriales, así como de cargos con responsabilidad parlamentaria que se han interesado por su situación.

A ello suma el respaldo mostrado por el sindicato 25 de Marzo y la plataforma Campamento Dignidad, que impulsaron las primeras movilizaciones en defensa del trabajador, así como el apoyo constante de ciudadanos y ciudadanas que, según relata, continúan acercándose a la oficina o deteniéndole por la calle para interesarse por su situación y transmitirle ánimo.

Pese a la presión que asegura vivir diariamente en su puesto de trabajo, el funcionario continúa desempeñando sus funciones con normalidad. Explica que el ambiente laboral sigue siendo “muy tenso” y que apenas mantiene relación con el resto de la oficina, pero afirma que no contempla solicitar una baja médica porque considera que hacerlo supondría dar la razón a quienes promovieron el expediente.

A día de hoy, la resolución disciplinaria sigue pendiente. El trabajador confía en que el Ministerio adopte una decisión una vez concluyan las actuaciones internas y, en su caso, después del pronunciamiento del Defensor del Pueblo, al que también se ha trasladado el polémico asunto.

La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años de 2019, que mejoró la prestación y suavizó las condiciones de acceso, reduce los incentivos para reincorporarse al mercado laboral, algo especialmente claro entre los empleos de baja remuneración o a tiempo parcial, según Fedea.

Este think tank financiado por la banca y varias empresas del Ibex ha publicado este lunes un análisis que explica que las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio que fijó esa reforma de 2019 lo han convertido “en una figura híbrida” a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter provisional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.

Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, añaden, la reforma puede introducir “problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española”.

Fedea estima dicho coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros en el periodo 2019-2030. Los cambios introducidos en esa reforma han incrementado el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas,  lo que tiene distintos impactos.

Por un lado, un aumento gradual del gasto directo en la prestación que va aumentando de forma gradual hasta 2030, cuando calculan que alcance los 1.818 millones.

Por otro, explican, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI.

 Y, por último, una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de 2025).

“La suma de estos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente”, resumen.

Esta reforma de 2019, recuerdan, redujo la edad mínima de acceso de 55 a 52 años e incrementó la base de cotización del 100% al 125% del tope mínimo, a la vez que permitió compatibilizar el subsidio con trabajos a tiempo parcial.

En 2024 se aprobaron nuevos cambios para este subsidio --también con mejoras la cuantía de la prestación y ampliando el número de colectivos beneficiarios-- que Fedea no entra a cualificar en este estudio donde se centra en esa reforma de 2019 que revirtió los recortes aprobados en 2012 para esta prestación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace ocho años, y el nombramiento en su lugar de Ricardo Cuesta, hasta ahora subdirector general de Estadística e Información en el organismo Público.

En el Ministerio de Trabajo apuntan sobre el cese de Gutiérrez que estaba “al frente del organismo desde el 7 de julio de 2018”. “El relevo se produce en el marco de la normalidad institucional”, añaden.

Gutiérrez estaba en su puesto desde 2018, antes de la entrada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, nombrado por la exministra socialista Magdalena Valerio.

Su sustitución, en lo que muchos consideran el final de la legislatura y sin que el Ministerio haya señalado ningún cambio de políticas o de prioridades en el organismo público, ha sorprendido en muchos ámbitos.

Gutiérrez ha seguido todos estos años al frente del organismo público, superando incluso muchos momentos complicados, como la avalancha de los ERTE por la pandemia, las críticas sindicales por la falta de personal y la enorme dificultad para conseguir citas por parte de los ciudadanos, que ha llevado incluso a que proliferen negocios ilegales de venta de turnos.

Cuesta, nuevo director del SEPE

Por su parte, Ricardo Cuesta desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.

La Cámara de Comercio de Toledo ha celebrado el Encuentro 45+, el poder de reinventarse, un evento de empleo sénior cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en colaboración con 65YMÁS, y en esta ocasión con la participación de Google.

En esta edición han participado 40 empresas y han participado cerca de 300 personas demandantes de empleo.

Mª de los Ángeles Martínez, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo ha inaugurado la jornada asegurando que “el talento no tiene fecha de caducidad y la experiencia sigue siendo un valor diferencial que merece ser reconocido y aceptado”.

A continuación, Francisco Valle, consejero delegado de 65YMÁS, ha destacado que “nuestra responsabilidad es que estemos mucho mejor dentro de 50 años que ahora y eso solo es posible con equipos de todas las franjas de edad”.

Por su parte, Soledad de Frutos del Valle, diputada delegada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica ha afirmado que “podemos construir una sociedad mejor si unimos las sinergias de todas las instituciones y unimos todas las edades”.

En la misma línea se ha situado Nuria Berta Chust, viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, quien ha añadido que “hablamos de talento senior, hablamos de personas que todavía tenemos muchísimo por aportar, muchísimo por sumar y que además llevamos la mochila de la experiencia”.

Miguel Ángel Iniesta Molina, director provincial del SEPE, ha aportado la visión institucional recordando que las personas mayores de 45 años representan casi un 46 por ciento de la población en la provincia de Toledo, pero apenas alcanzan un 28 por ciento de los contratos, y ha animado a los asistentes asegurando que “nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para formarse, nunca es tarde para reinventarse”.

Camino Villa, casos de éxito y formación con IA

La influencer sénior Camino Villa ha compartido con los asistentes su propia visión sobre el giro profesional y su proceso de reinvención, afirmando que “si te quedas en casa estás privándole al mundo de tu talento y de tu experiencia”.

Asimismo, ha conversado sobre el escenario con Lydia Pérez, de Karisma Eventos y Protocolo, quien ha expuesto en primera persona su caso de éxito detallando que ante las adversidades siempre busca una lección positiva y se pregunta “qué vienes a enseñarme y dónde está el aprendizaje de aquí”.

Los asistentes han podido conocer también las novedades tecnológicas gracias a la masterclass de Luis Collado, responsable de Google News España, quien ha impartido un taller práctico de Inteligencia Artificial para mayores de 45 años.

Como gran novedad, el encuentro ha incorporado los Multicines del Empleo, unas salas de proyecciones continuas con contenidos prácticos sobreLinkedIn, la Inteligencia Artificial y el refuerzo de la autoconfianza.

De forma paralela, se ha ofrecido un espacio con stands y encuentro directo entre empresas y profesionales para cubrir puestos en administración, hostelería, logística, sanidad y mantenimiento. Para finalizar, el acto ha reconocido a las compañías de la región mediante la entrega del Sello Empresa Comprometida con el Talento Sénior.

‘El poder de reinventarse’

El poder de reinventarse se enmarca en el Programa ‘Talento 45+’ de la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea.

Un programa que ofrece orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral, este evento se va a celebrar por todo el país con tres objetivos: empoderar a los sénior en situación de desempleo, concienciar de la importancia de la formación a lo largo de toda la vida y valorizar el talento sénior.

La Cámara de Comercio de Toledo celebra el Encuentro Talento 45+, un evento gratuito diseñado específicamente para impulsar la reinvención laboral de profesionales mayores de 45 años.

Esta jornada, se celebra en colaboración con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el SEPE y 65YMÁS, bajo el lema 'El poder de reinventarse'. El evento tendrá lugar este martes 16 de junio de 09:00 a 14:00 horas, en el Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Toledo.

Busca conectar de manera directa a candidatos experimentados con empresas que valoran su trayectoria y capacidad de adaptación. El programa destaca por su formato innovador denominado 'Multicines del Empleo', donde se ofrecen sesiones prácticas sobre el uso de la inteligencia artificial y la optimización de perfiles en LinkedIn.

Además de talleres técnicos, el encuentro incluye testimonios inspiradores de figuras como Camino Villa y ofrece una amplia variedad de vacantes laborales en múltiples sectores.

Se trata, según los organizadores, de una oportunidad integral para que el talento sénior actualice sus herramientas digitales y recupere la confianza necesaria para reincorporarse con éxito al mercado de trabajo.

El programa de la Jornada

09:00 | Apertura de puertas y recepción: Comienzo de la jornada y acceso de los participantes al recinto

10:00 | Inauguración institucional: Bienvenida a cargo de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo

10:30 | Proyección audiovisual: Presentación del vídeo de la campaña 'El poder de reinventarse'

10:35 | Intervención técnica: Discurso de Miguel Ángel Iniesta Molina, director provincial del SEPE

10:40 | Entrevista central: Bajo el título “El poder de reinventarse”, la influencer sénior de 65YMÁS, Camino Villa, mantendrá una conversación inspiradora junto a Lydia Pérez sobre cómo transformar los retos en oportunidades y romper estereotipos asociados a la edad

11:00 | Taller de Innovación: Luis Collado, responsable de Google News España, impartirá la sesión 'Inteligencia Artificial de Google: Tu aliada para volver al mercado laboral'

En este taller de 30 minutos, se enseñará a utilizar herramientas como Google Gemini y NotebookLM para potenciar el currículum y preparar entrevistas

13:30 | Reconocimiento empresarial: Entrega del “Sello Empresa Comprometida con el Talento Senior” a las compañías participantes

14:00 | Cierre de la jornada

Actividades paralelas y 'espacios dinámicos'

Además, durante toda la mañana, los asistentes podrán moverse libremente por diferentes áreas diseñadas para maximizar su empleabilidad. Desde los llamados 'Multicines del Empleo', un formato innovador que sustituye las charlas tradicionales por proyecciones breves y prácticas de 20 minutos en pases continuos sobre cómo usar LinkedIn 'sin miedo' o sobre la mejora de CV con inteligencia artificial o sobre cómo reforzar la confianza, romper barreras mentales y ganar seguridad en el lenguaje profesional.

En la zona de empresas habrá un espacio de encuentro directo donde los candidatos podrán interactuar con responsables de recursos humanos de diversas entidades y conocer ofertas de trabajo reales en sectores como administración, logística, hostelería, mantenimiento y tecnología, entre otros.

Y en la zona dedicada a la agencia de colocación, personal técnico de la Cámara de Comercio estará disponible para asistir a los participantes en su inscripción en la base de datos de empleo.

La entrada al evento es gratuita, y aunque la inscripción online esté cerrada, los interesados pueden inscribirse de forma presencial directamente en la feria.

Juan Carlos Nieto no esperaba convertirse en noticia ni en símbolo. Tras 37 años de servicio público, los últimos 15 en la oficina de prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de Mérida, insiste en que nunca quiso desafiar a la organización ni provocar una polémica política. Pero el expediente disciplinario a este funcionario que atiende a personas sin cita previa lo ha colocado en el centro de un debate que va mucho más allá de su propio caso.

Semanas después de que el caso saltara a la opinión pública y generara una ola de apoyo ciudadano, sindical y político sin precedentes en la región extremeña, Nieto continúa sin conocer el desenlace del procedimiento. “Por el momento no hay ninguna novedad”, explica a elDiario.es Extremadura.

La incertidumbre persiste mientras la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE analiza la propuesta de sanción formulada tras la investigación de la Inspección de Servicios.

Además, la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico refuerza la versión defendida por el trabajador. En el pliego de cargos se recoge que los hechos investigados consisten en haber realizado actuaciones para usuarios sin cita previa y emitir determinados certificados o atender consultas al margen de las instrucciones internas establecidas por la dirección. El documento no atribuye el expediente a otras causas diferentes ni recoge los motivos alternativos que han circulado en algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas. “No sé si es malintencionado o se quiere sembrar dudas, pero los motivos del expediente son los que son”.

Según el propio pliego, la Administración considera que esas actuaciones podrían haber generado un trato diferenciado respecto a otros usuarios que seguían el procedimiento ordinario de cita previa y encuadra los hechos en una posible falta grave por incumplimiento de funciones. Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que nunca dejó de atender a personas con cita para beneficiar a otras que no la tenían. “Jamás dejé de atender a alguien con cita para atender a otra persona que sí disponía de ella. Cuando había capacidad y alguien llegaba con una necesidad urgente y había un hueco, yo intentaba ayudar, pero no por caridad, simplemente porque es mi trabajo”, afirma.

El pasado 5 de junio, sin embargo, el Ministerio de Trabajo aseguró que “la investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”.

El rostro de un debate nacional

La repercusión mediática del caso ha sorprendido incluso al propio protagonista. Lo que empezó como un expediente interno terminó ocupando espacio en medios nacionales y desencadenando una movilización ciudadana poco habitual en torno a un trabajador público.

Nieto admite que esta exposición pública ha tenido un impacto personal. “Cuando todo esto empezó pensaba que era una cuestión administrativa más. Nunca imaginé que acabaría en programas de radio y periódicos nacionales o que tanta gente me mostraría su apoyo”. Aun así, reconoce que también ha sentido el peso de convertirse en una figura pública involuntaria.

“Hay quien me presenta como un héroe y yo no me reconozco en esa imagen, pero estoy muy preocupado y esto está afectando a mi mujer y a mi hijo también. He hecho mi trabajo lo mejor posible como lo hacen miles de empleados públicos. Lo que ocurre es que este caso ha tocado una fibra sensible porque mucha gente ha vivido problemas similares con la Administración y nadie les ha defendido antes”.

Y es que su nombre ha quedado ligado a un debate que afecta a miles de ciudadanos: la creciente dependencia de los procedimientos digitales para acceder a servicios esenciales y las dificultades de quienes no logran adaptarse a ellos.

El temor a las consecuencias

Aunque el expediente puede comprometer su futuro laboral, Nieto asegura que hay algo que le preocupa incluso más que una posible sanción (hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo). “Lo que verdaderamente también me inquieta es el efecto que esto pueda tener sobre otros compañeros”.

A su juicio, el mensaje que podría desprenderse de su caso es que cualquier iniciativa orientada a resolver problemas concretos de la ciudadanía puede convertirse en un riesgo para el trabajador. “Si la conclusión es que lo mejor es limitarse a cumplir estrictamente las instrucciones aunque tengas delante a una persona desesperada, estaremos generando una Administración mucho más fría y distante”.

Recuerda que muchas empleadas y empleados públicos se enfrentan a diario a situaciones que no encajan perfectamente en los manuales y que exigen cierto margen de criterio profesional. “La Administración necesita normas, nadie discute eso. Pero también necesita personas capaces de interpretar la realidad que tienen delante”.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la tensión entre la legalidad formal y la atención efectiva a la ciudadanía. Los defensores de la cita previa sostienen que garantiza igualdad de trato, evita arbitrariedades y permite organizar recursos limitados. Nieto no cuestiona esos objetivos. “La cita previa tiene sentido. Es una herramienta útil para gestionar el trabajo. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera”.

Insiste en que el debate debe trascender su situación personal. “Ante la pregunta de qué prefiero: que archiven el expediente o que se arregle esto. Yo quiero que se archive porque es mi trabajo y mi sustento, pero también creo que se ha abierto una oportunidad para humanizar un poco el sistema”.

Nieto explica que en la propia oficina existen mecanismos para aprovechar los huecos que quedan cuando una atención termina antes de lo previsto. El gestor de colas, señala, permite asignar esos tiempos libres a personas que llegan sin cita previa. “Llevo más de un año planteando alternativas porque creo que se puede compatibilizar la organización del trabajo con la atención a quien tiene una necesidad urgente”. Además, recuerda que un sistema mixto, que combina cita previa con atención en el mismo día, ya está funcionando en otras localidades de la provincia de Badajoz.

Una Administración que excluye

La cita previa, implantada inicialmente como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en el acceso habitual a numerosos servicios públicos. Para Nieto, este cambio ha aportado ventajas organizativas, pero también ha generado nuevos problemas. “La digitalización ha facilitado muchas cosas, pero también ha creado nuevas formas de exclusión”.

Recuerda que una parte importante de los usuarios del SEPE son personas mayores, ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos o personas en situaciones personales especialmente complicadas. “No todo el mundo tiene ordenador, acceso a internet o capacidad para manejar determinados procedimientos”.

Su reflexión se apoya en décadas de experiencia en atención al público. “He visto personas perder prestaciones por cuestiones burocráticas o por no entender determinados procedimientos. A veces no se trata solo de aplicar una norma, sino de tener empatía con quien tienes delante”.

Durante la conversación evoca incluso el caso de su propio padre, funcionario jubilado, que tuvo dificultades para realizar trámites sanitarios graves y urgentes que solo podían gestionarse por internet: “Para ayudar a mi padre y a mi madre tuve que pedir asesoramiento a mi mujer e incluso a un amigo, porque yo me pongo nervioso cuando no controlo todo el proceso”.

Apoyo ciudadano inmediato

La apertura del expediente provocó una reacción social inmediata en Mérida. Decenas de personas se concentraron ante las puertas del SEPE para mostrar su apoyo al trabajador y exigir el archivo de las actuaciones. Entre los asistentes había desempleados, compañeros de oficina, representantes sindicales y ciudadanos que conocían de primera mano la labor de Nieto.

“Lo que más me ha emocionado no han sido las entrevistas ni la repercusión mediática, sino escuchar a personas que venían a decirme que en algún momento les ayudé cuando tenían un problema”, confiesa.

El respaldo también ha llegado desde organizaciones sociales y distintas formaciones políticas, aunque él insiste en desvincular su caso de cualquier confrontación partidista. “No quiero que esto se politice porque no creo que sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la Administración y con qué tipo de relación queremos entre los servicios públicos y la ciudadanía”.

Mientras espera la resolución definitiva, Nieto es consciente de que el desenlace puede tener un alcance que va más allá de su propia carrera. Si la sanción prospera, muchos lo interpretarán como una reafirmación del cumplimiento estricto de los procedimientos. Si se archiva o se suaviza, otros verán un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener márgenes de flexibilidad en la atención al público.

Él evita situarse en los extremos. “No creo que la solución sea que cada funcionario haga lo que quiera. Pero tampoco creo que una Administración pueda funcionar ignorando las circunstancias reales de las personas”. Su reflexión destila empatía: “Después de tantos años trabajando, uno aprende que detrás de cada expediente hay una persona. Y quizá eso es lo que no deberíamos obviar nunca porque es fácil olvidarse”.

Denunció otros obstáculos

El expediente actual no es el primer desencuentro de Nieto con la estructura administrativa del SEPE. En abril de 2019, cuando trabajaba en la oficina de prestaciones de Mérida, remitió un escrito a la dirección provincial alertando de las sanciones que estaban recibiendo numerosos perceptores por no acudir a los controles obligatorios. Según denunció entonces, muchos nunca llegaron a conocer las citaciones porque las cartas eran devueltas sin haber sido entregadas.

Aquel aviso generó debate y acabó impulsando cambios en los procedimientos de notificación. Para él, ese episodio reforzó la convicción de que la Administración debe garantizar que los ciudadanos comprendan y puedan ejercer sus derechos antes de imponer sanciones que afectan “directamente a su subsistencia”.

La continuidad entre aquella denuncia y el expediente actual permite interpretar ambos episodios como parte de una misma preocupación: evitar que procedimientos concebidos para organizar la Administración terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes más dependen de ella.

El caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha abierto actuaciones y ha solicitado información al SEPE sobre las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, los tiempos medios para obtener cita en la oficina de Mérida y los criterios que regulan la atención presencial. Además, recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos en las oficinas de empleo, una situación sobre la que ya había formulado recomendaciones a la Administración.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando información acerca de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público supuestamente por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida, como publicó El País. El departamento de Yolanda Díaz niega que ese sea el motivo de la investigación, pero indica que este es “confidencial”.

La institución presidida por Ángel Gabilondo ha consultado al SEPE sobre las informaciones que apuntan que el funcionario público fue expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Según explicó el trabajador a El País, realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda. El funcionario fue apoyado por un centenar de personas en una concentración el pasado miércoles.

El Defensor del Pueblo pide al SEPE “información sobre el eventual expediente incoado al trabajador”, sobre qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y “cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor”, informa en una nota.

También reclama información sobre el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en los años 2025 y 2026.

Trabajo niega que ese sea el motivo de la investigación

“La investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”, responden en el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, indican que el SEPE “está a total disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para efectuar las aclaraciones oportunas”.

“Los elementos que ponen en marcha este procedimiento son otros relacionados con la gestión de su trabajo, y son estrictamente confidenciales con el fin de salvaguardar los derechos del investigado. Todos los trabajadores y trabajadoras públicas están sometidos a los procesos de verificación del trabajo que son necesarios para garantizar el correcto desempeño de las funciones que realizan”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Además, precisan que “el SEPE no ha expedientado al funcionario de Mérida, sino que se ha abierto una investigación, que actualmente está en curso y en manos de una instrucción independiente”. Por lo tanto, en estos momentos “no se ha puesto sobre la mesa la imposición de sanciones de ningún tipo y, por supuesto, tampoco ha visto alterada su actividad laboral”.

“Las instituciones públicas que prestamos servicios a la ciudadanía tenemos un deber claro, que es el de atender a las ciudadanas y los ciudadanos de la manera más eficaz, rápida y eficiente. Por lo tanto, todo lo que favorezca prestar esta atención va a tener siempre nuestro apoyo, porque entendemos que es nuestro deber. Pero también tenemos el deber, la obligación, de que todos los procesos que dependan de la administración pública, que es la administración de todos y de todas, tengan las garantías y la seguridad jurídica y procedimental pertinentes”, responden en el Ministerio de Trabajo.

El Defensor recuerda las “numerosas quejas” de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo recuerda que en los últimos años ha venido recibiendo “numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Por ello, la institución ha venido formulando diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo –que dirige Joaquín Pérez Rey, 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz– para que se buscasen soluciones a dicha situación.

“Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone”, indica el Defensor. Esta falta de personal es una denuncia constante de los sindicatos del SEPE en los últimos años, que denuncian incluso oficinas que se han quedado completamente vacías.

Las demoras para lograr la atención presencial en el SEPE han supuesto incluso que proliferen negocios de venta ilegal de citas en los últimos años, contra los que el Ministerio de Trabajo puso hace unos meses una denuncia ante la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya. La práctica se remonta hasta 2020 y afecta a varias ciudades españolas.

El departamento de Yolanda Díaz manifiesta todo su “apoyo a los y las trabajadoras de las oficinas del SEPE y a todos los servidores públicos, sobre todo en aquellos momentos en los que puedan tener más dificultades para prestar los servicios que prestan”.

La primera edición del Foro Impacto de elDiario.es invitó a reflexionar, de la mano de los mejores expertos, sobre la transformación del modelo productivo español a través del conocimiento. En ese contexto, la segunda mesa del encuentro, titulada ‘Cerrar la brecha: formar hoy el talento del mañana’, reunió a Ana María Aguilar Manjón, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Francis Blasco, decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, y Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Una interesante charla que estuvo moderada por la periodista de elDiario.es Laura Olías, que situó el debate en el impacto social de la transformación del empleo.

“En un mercado laboral transformado por la investigación y la vanguardia, esta mesa trata de analizar cómo garantizar el acceso a la alta cualificación y a las profesiones de futuro de manera que no sea un nuevo factor de exclusión social”, introdujo Olías. “El aprendizaje continuo ha de ser un motor de la igualdad de oportunidades”, añadió.

Un cambio de modelo 

La primera pregunta del debate giró en torno a si España está inmersa en un cambio de modelo productivo. Para Ana María Aguilar, del SEPE, la respuesta es positiva, aunque matizada. “España ha comenzado a trabajar un cambio en el modelo productivo, apoyado en el talento, el conocimiento y la cualificación”, señaló, destacando el crecimiento de los perfiles STEM (iniciales de) y la expansión de los servicios avanzados.

Sin embargo, advirtió de que el proceso es todavía incipiente. “El recorrido es corto”, apuntó, en referencia a un cambio que se ha reforzado con la Ley de Empleo 3/23, pero que todavía presenta importantes desequilibrios. El principal, explicó, es la necesidad de que la transformación llegue no solo a los perfiles altamente cualificados, sino también a quienes requieren recualificación. “No basta con que crezca el empleo de alto valor añadido”, insistió.

Aguilar subrayó además el desajuste entre oferta y demanda laboral. “Existen lugares donde hay mayor demanda de empleo que no cuadra con la oferta disponible”, explicó, situando ahí una de las principales líneas de actuación del SEPE: la intermediación y la formación orientada a la empleabilidad real. “Nuestro empeño es que el éxito de la transformación no solo se centre en la generación de talento, sino también en el trabajo con las empresas”, añadió.

Desde la universidad, Francis Blasco planteó el debate en otros términos. Más que hablar de si existe suficiente talento formado, propuso preguntarse si ese talento responde a las necesidades reales de la economía. “¿Tenemos suficiente talento para dar respuesta a un sector de alto valor productivo?”, se preguntó. Para la decana, el foco no debe limitarse a los sectores tecnológicos, sino a la productividad del conjunto del sistema económico. “La economía real se basa en que haya una alta productividad en todos los sectores”, defendió.

Blasco reivindicó el papel de las competencias técnicas en todos los ámbitos, no solo en los más innovadores. “Soy defensora de las ‘hard skills’, del conocimiento de cómo funcionan las cosas”, señaló, poniendo como ejemplo la transformación tecnológica del sector primario. “La agricultura de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años”.

El objetivo, según defendió, no es concentrar el talento en unos pocos sectores, sino extenderlo a todo el tejido productivo. “No se trata de renegar de los sectores, sino de hacerlos más productivos y competitivos”, resumió.

Rafael Puyol, por su parte, aportó una visión estructural del problema desde la universidad. “Formamos cada vez más talento, indudablemente. ¿Pero el que necesita el tejido empresarial? No siempre”, afirmó. El presidente de UNIR señaló el déficit de titulaciones STEM y la baja presencia femenina en estos ámbitos, pero también un factor menos visible: la distancia entre vocación y empleabilidad. “Los estudiantes eligen su carrera por motivos vocacionales, no por criterios de empleabilidad”, explicó.

A ello se suma la fuga de talento cualificado. “Hay alrededor de 400.000 españoles trabajando fuera: médicos, ingenieros, investigadores…”, apuntó. Un volumen que consideró significativo en un contexto de creciente necesidad de perfiles especializados. Además, advirtió de un problema demográfico de fondo: a partir de 2030, la universidad española empezará a recibir cohortes más reducidas debido a la caída de la natalidad. “Vamos a formar menos talento del que vamos a necesitar”, resumió.

El debate incorporó después la dimensión del desajuste estructural del mercado laboral español. Aguilar subrayó la llamada “paradoja” de convivir con altas cifras de desempleo y puestos sin cubrir. “El principal problema es el desajuste entre las competencias que se ofrecen y las que demandan las empresas”, explicó. En su análisis, el déficit no se concentra tanto en los niveles universitarios como en la formación intermedia. “La carencia significativa está en perfiles de grado medio, especialmente en Formación Profesional”, señaló.

Retención del talento y el papel de la IA

En el tramo final, la conversación se centró en cómo retener el talento. Puyol apuntó directamente a las condiciones del mercado laboral. “Si la temporalidad fuera menor y las remuneraciones y condiciones fueran mejores, no perderíamos ese talento”, afirmó. También diferenció entre movilidad temporal y fuga definitiva. “Si se van, adquieren experiencia y vuelven, no hay problema. Pero si se van de forma permanente, estamos perdiendo un talento que vamos a necesitar cada vez más”, advirtió.

El cierre del debate estuvo marcado por el papel de la inteligencia artificial en el futuro del empleo y la formación. Para Ana María Aguilar, la IA “abre una oportunidad enorme” y ya está transformando los entornos laborales al eliminar tareas repetitivas y automatizar procesos. Sin embargo, advirtió de la necesidad de ajustar su regulación en el ámbito del empleo. “Aunque se cumplan los estándares normativos, existen brechas en aplicaciones de selección de personal que deben superarse para evitar sesgos y exclusión”, señaló.

Francis Blasco subrayó el impacto en el tejido empresarial. “La empresa tiene que ser capaz de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a la IA, que puede mejorar muchísimo la productividad”, afirmó, aunque advirtió de que el reto es desigual entre sectores. “Las universidades estamos preparadas; veremos si el mercado laboral también lo está”.

Por su parte, Rafael Puyol defendió que la IA ya es imprescindible en el ámbito universitario, pero advirtió de cinco condiciones clave: formación del profesorado, financiación adecuada, democratización del acceso, control del consumo energético y definición de un marco ético. “Cuando se cumplan esas condiciones, la inteligencia artificial va a revolucionar cualquier tarea universitaria”, concluyó.

Pronto se cumplirán cuatro años de la presentación de los últimos presupuestos del Estado en vigor, los de 2023. En Euskadi, en cambio, el Gobierno de Imanol Pradales ha iniciado ya la preparación de los de 2027, los terceros de la legislatura. El consejero de los números, Noël d'Anjou, asume que es una pregunta clásica el querer saber si serán cuentas expansivas o no. Y de momento no tiene una respuesta más allá de que, si se cumplen las previsiones de crecimiento económico, los fondos “ordinarios” disponibles para el Ejecutivo podrían crecer “moderadamente”.

De momento, el Gobierno vasco tiene ya las “directrices” de los presupuestos. Luego, en septiembre, llegará el “borrador” de los números, un boceto algo más definitivo. Será en octubre cuando el Consejo Vasco de Finanzas, que sienta al Ejecutivo autonómico con diputaciones y ayuntamientos, establezca las previsiones de recaudación fiscal y fije los techos de gasto. Después estará el proyecto de ley y en noviembre y diciembre se tramitará en el Parlamento.

Pero para saber la cifra mágica final de gasto quedan muchas variables por despejar. En 2026, el año en curso, el montante total es de 17.300 millones, pero tuvo una inyección extraordinaria de 1.000 millones que no se repetirá. Por otro lado, la asunción de nuevas competencias ahora en negociación con el Estado podría acarrear nuevos recursos. Si se cerrara la gestión de las pensiones de la Seguridad Social serían 12.000 millones. Y la gestión del Sepe y de las prestaciones de paro, ya cerradas y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, se cifró en su día en exactamente 822 millones.

Por eso D'Anjou pide mirar de presupuesto “ordinario” a presupuesto “ordinario”, y es donde prevé ese “moderado” crecimiento acorde con un PIB en “desaceleración” pero todavía subiendo el 1,6% el año próximo. El consejero de Hacienda es también optimista en lo laboral y entiende que la tasa de paro “seguirá reduciéndose” en 2027, con previsión de que se quede en el 6,2%. Eso implicaría la creación de 7.000 puestos de trabajo, ha pronosticado.

El trámite de las directrices no incorpora, de momento, números. Sólo filosofía. Dice D'Anjou que Euskadi operará con “rigor fiscal”. Incluso ha añadido que el volumen de endeudamiento, del 12%, es asumible, que se podría tirar de ello en caso de que vinieran mal dadas. Al consejero le preocupa el escenario internacional de incertidumbre, y también el clima de “polarización” que rodea a una Euskadi que es una isla que cada año aprueba sus presupuestos, “tal y como establece la normativa vigente”.

El Gobierno añade que en 2027 “no se contemplará la creación de nuevas entidades del sector público” ni se incrementará el volumen total de empleados públicos. Hay que “eficientar” ese apartado para lograr el objetivo de mejorar los servicios públicos sin incrementar la plantilla estructural de la Administración, ha manifestado.

La mayoría absoluta de PNV y PSE-EE da garantías a D'Anjou de que, en Navidad, volverá a aprobar sus presupuestos. Sin embargo, está dispuesto a reunirse con la oposición. Lo hará antes de la aprobación del proyecto en octubre, según ha comprometido. Eso sí, pide a los partidos propuestas “concretas” y “responsables”. Les demanda, por ejemplo, que expliquen dónde recortarían para subir las partidas que ellos ven prioritarias.

El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en Asturias en mayo en 1.160 personas respecto a abril, un 2,3% , el quinto mayor recorte entre las comunidades autónomas, lo que dejó la cifra de desempleados en el Principado en 49.320, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, Asturias ganó 2.791 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del empleo del 0,70%, hasta 399.421 trabajadores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a mayo de 2025, el paro bajó en Asturias en 2.425 personas, un 4,69%, mientras que el empleo aumentó en 8.035 trabajadores, un 2,05%.

Descenso del paro

El paro bajó de nuevo en todos los sectores, especialmente en el sector servicios, con un recorte de 970 desempleados, hasta 36.543; en la industria bajó en 105, hasta 3.359; en la construcción, en 64, hasta 3.252, y en la agricultura, en 13, hasta 801, mientras que entre el colectivo sin empleo anterior lo hizo en 8 personas, hasta 5.365.

El paro bajó algo más entre las mujeres, en 603 desempleadas, hasta 29.033, mientras que entre los hombres lo hizo en 557, hasta 20.287.

Entre el colectivo extranjero el paro bajó en mayo en 171 personas, aunque en el último año subió también en 171, hasta 5.398 desempleados.

Cae la contratación

Respecto a la contratación, en mayo se firmaron en Asturias 19.699 contratos de trabajo, un 1,00% menos que en abril y un 4,78% menos que en el mismo mes del año pasado, de los que 5.965 fueron indefinidos y 13.734, temporales.

La contratación indefinida bajó un 8,22% respecto a abril y un 1,13 por ciento en relación a mayo del año pasado, mientras que la temporal repuntó un 2,51% mensual y un 6,28% en tasa interanual.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año se firmaron en Asturias 94.209 contratos, de los que el 32,99 % fue de carácter indefinido y el 67,01% restante, temporal.

Más de 22,3 millones de trabajadores

En el conjunto del país, el mercado laboral ha superado por primera vez los 22,3 millones de afiliados, tras sumar 231.975 empleos de media en mayo, mientras que el paro se redujo en 36.323 personas.

Se trata del segundo mayor aumento para un mes de mayo de la serie y sitúa la afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el descenso de mayo deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2.320.721, el nivel más bajo para ese mes desde 2007.

A la cabeza en creación de empleo

En el último año, el paro se ha reducido en 134.162 personas, mientras que la afiliación suma 553.431 empleos.

“Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más”, destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

El cobro del paro en junio de 2026 vuelve a generar dudas entre quienes perciben una prestación o un subsidio por desempleo. Aunque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fija una fecha de referencia, lo cierto es que el momento en el que el dinero llega a la cuenta no es idéntico para todos. La entidad bancaria juega un papel clave, y por eso no todos los beneficiarios ven reflejado el ingreso el mismo día, aunque la ayuda corresponda al mismo mes.

Por norma general, el SEPE establece el día 10 de cada mes como fecha de pago. Cuando ese día coincide con un festivo o cae en fin de semana, el ingreso se traslada al siguiente día hábil. En junio de 2026, el día 10 cae en miércoles, por lo que no hay cambios en el calendario habitual. Aun así, algunas entidades pueden adelantar el abono, permitiendo a sus clientes disponer del dinero antes de esa fecha.

La protección por desempleo está destinada a personas trabajadoras que han perdido su empleo de forma involuntaria, han visto suspendido su contrato debido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o han sufrido una reducción de jornada por este mismo motivo. Estas situaciones permiten acceder a la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Una vez aprobada, el pago se realiza mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la persona beneficiaria.

Cuándo ingresan el paro los bancos en junio

El pago de las prestaciones por desempleo de junio de 2026 se sitúa el miércoles 10. Esta fecha sirve como referencia general, ya que coincide con el día habitual de abono del SEPE y no se ve afectada por festivos ni fines de semana. Sin embargo, la disponibilidad real del dinero puede variar en función de cada entidad bancaria.

Banco Santander suele abonar la prestación entre el segundo y el tercer día hábil del mes, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a comienzos de junio. Unicaja, en cambio, tiene previsto realizar el abono el martes 9 de junio. En ambos casos, se trata de ingresos adelantados respecto a la fecha oficial, en línea con la operativa interna de cada banco.

Por su parte, CaixaBank y Bankinter sitúan el cobro en el miércoles 10 de junio. BBVA, Banco Sabadell e ING también prevén reflejar el ingreso a partir de ese mismo día. En cualquier caso, aunque estas fechas orientan sobre cuándo se cobrará, el dinero puede aparecer a distintas horas según los procesos internos de cada entidad. Que el ingreso no se vea a primera hora no implica necesariamente que exista ningún problema.

Qué papel juegan los bancos en el cobro del paro

La fecha en la que los beneficiarios reciben la prestación por desempleo no siempre coincide exactamente con el día señalado por el SEPE. Aunque existe un calendario orientativo, la llegada del dinero a la cuenta depende en buena medida de cómo cada entidad financiera gestiona las transferencias. Esto explica por qué algunas personas ven el ingreso antes de lo previsto, mientras que otras deben esperar al plazo oficial o incluso a días posteriores.

Esta diferencia no responde a cambios en la normativa ni afecta a la cuantía o al derecho a la prestación, sino a decisiones internas de los bancos. Algunas entidades optan por adelantar el abono utilizando sus propios recursos, basándose en la información previa que reciben sobre los pagos. Otras, en cambio, prefieren ceñirse al momento en el que el ingreso se hace efectivo, lo que sitúa el cobro dentro del margen habitual fijado por la administración.

Además, entran en juego factores técnicos y organizativos. La forma en la que cada banco procesa las órdenes de pago, la programación de sus sistemas o sus tiempos operativos pueden acelerar o retrasar la disponibilidad del dinero. Por este motivo, aunque el procedimiento sea el mismo para todos los beneficiarios, la experiencia concreta puede variar de una entidad a otra.

En cualquier caso, hay un aspecto que sí depende directamente del perceptor: mantener sus datos personales y bancarios actualizados y cumplir con las obligaciones administrativas, como renovar la demanda de empleo en plazo. Estos requisitos son esenciales para evitar incidencias y asegurar que la prestación se abone con normalidad, independientemente de cuándo cada banco decida hacer efectivo el ingreso.

Castilla-La Mancha ha recibido más de 123 millones de euros para continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas en la región, 

Así se ha acordado en la LXXXVII Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y celebrada este miércoles. En la sesión se acordaba el reparto territorial de los 2.571.961.030 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la gestión de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Estos fondos se destinarán para financiar programas y servicios de política activa de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado la importancia de este reparto de fondos, para reforzar el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha, “que atraviesa las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años y los niveles más altos de empleo de toda la serie histórica, habiendo superado por primera vez las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestra región en un mes de abril”.

Otros 600.000 euros para prevención de riesgos laborales

Al reparto de 123,13 millones de euros en el marco de las políticas activas de empleo se suman cerca de 600.000 euros dirigidos a acciones destinadas a mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la región, en este caso procedentes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro de un reparto global de 11 millones de euros en el conjunto del Estado.

“Nuestro mercado de trabajo atraviesa por un momento histórico y confiamos en que el mes de mayo consolide ese buen momento la próxima semana y que siga bajando el desempleo y creciendo la afiliación en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco.

El ingreso de la prestación por desempleo es una de las fechas que muchos beneficiarios miran cada mes con lupa. Aunque se trata de un pago periódico, no existe un día único en el que todo el mundo reciba el dinero. El calendario depende tanto de la organización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como de la forma en la que cada entidad bancaria gestiona los abonos.

La referencia general no cambia: el SEPE sitúa el pago dentro de un margen que va del día 10 al 15 de cada mes. Ese rango es el que marca el funcionamiento habitual, pero no impide que haya diferencias en la práctica. De hecho, es frecuente que el ingreso se adelante o se retrase ligeramente según el banco, lo que hace que los beneficiarios no cobren todos a la vez.

En mayo de 2026, además, el calendario añade un matiz que influye en esa distribución. El día 10 cae en domingo, lo que altera la dinámica habitual y lleva a las entidades a reorganizar sus fechas de abono. A partir de ahí, el cobro del paro se reparte en varios días, con situaciones distintas según el banco en el que esté domiciliada la prestación.

Fechas de cobro en mayo según cada banco

Con ese margen de referencia, las entidades financieras aplican sus propios plazos. En mayo, algunas vuelven a adelantar el pago respecto a los días habituales, mientras que la mayoría se mantiene dentro de la segunda semana del mes.

Banco Santander figura entre los que prevén ingresar antes la prestación, con pagos desde el 6 de mayo. Este comportamiento responde a su forma habitual de operar, en la que el abono se sitúa en los primeros días hábiles. CaixaBank también contempla un ingreso previo, el 10 de mayo, coincidiendo con el inicio del periodo en el que suelen concentrarse estos pagos.

El resto de bancos se mueve en fechas posteriores. Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Caja de Ingenieros y Unicaja sitúan el cobro a partir del 11 de mayo. Aun así, no todos funcionan exactamente igual: en algunos casos hay operativas internas que pueden anticipar la gestión, mientras que en otros el ingreso puede demorarse varios días, como ocurre en determinados supuestos en Unicaja, donde el abono puede llegar más avanzado el mes.

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

La diferencia entre cobrar antes o después no depende solo del calendario, sino también de cómo actúa cada entidad. El SEPE fija un marco general y envía la información necesaria para realizar los pagos, pero deja margen a los bancos para decidir cuándo reflejan el ingreso en la cuenta del beneficiario.

Algunas entidades optan por adelantar el dinero. Lo hacen con recursos propios, basándose en la información que reciben con antelación sobre los pagos, lo que permite a sus clientes disponer de la prestación antes de las fechas habituales. Este adelanto no es obligatorio ni forma parte de ninguna norma, sino que responde a decisiones internas vinculadas al servicio que cada banco quiere ofrecer.

En otros casos, los bancos prefieren esperar a que el pago se haga efectivo antes de ingresarlo. Esto sitúa el cobro dentro del margen del día 10 al 15 o incluso algo más tarde, en función de los procesos internos. Estas diferencias no afectan al importe de la prestación ni a los derechos del beneficiario, pero sí cambian el momento en el que se puede utilizar ese dinero.

También influyen cuestiones operativas. La forma en la que cada entidad procesa las transferencias o organiza sus sistemas puede hacer que el ingreso se refleje antes o después dentro de ese margen. Por eso, aunque el calendario sea el mismo para todos, la experiencia de cobro no lo es. Mantener los datos actualizados en el SEPE y cumplir con las obligaciones administrativas sigue siendo clave para evitar retrasos que no dependen del banco.

Si bien según las cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado en Cantabria se ha reducido en marzo 507 personas, aumentando la afiliación a la Seguridad Social en 2.896 cotizantes, las principales organizaciones sindicales de la región coinciden en señalar la estacionalidad de la Semana Santa y la fuerte vinculación al turismo como únicas causas.

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO), por su parte, ha subrayado como positivo que el paro baje y Cantabria se sitúe como la tercera región donde más ha descendido el desempleo a nivel estatal, solo superada por Baleares y Extremadura, pero ha incidido en que el 99,61% del descenso lo protagonizan personas desempleadas del sector servicios.

“Los servicios protagonizan el incremento de la contratación, una cuestión positiva pero con empleos más precarios, menos estables y más parciales; reivindicamos una proyección de futuro con las miras puestas en el empuje de sectores como el industrial o el tecnológico”, ha destacado Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, quien ha recordado que “desde 2012 ha descendido el paro en el mes de marzo en Cantabria todos los años” y siempre coincidiendo con “la época de en la que se crea empleo en el sector servicios”, lo que confirma, según ha lamentado, la temporalidad. En concreto, “el mes pasado un 68% de los contratos de trabajo fueron temporales”, ha subrayado. “El pasado mes de marzo, un 32% de los contratos de trabajo en Cantabria fueron indefinidos, más de 11 puntos menos que en España (43,97%) y en los tres primeros meses del año seguimos siendo una de las cuatro autonomías que no logra sobrepasar el 30% de contratos indefinidos cuando en la media nacional sigue superando el 43%”, ha agregado.

El responsable autonómico de UGT ha reiterado que “Cantabria necesita otro modelo productivo”, ya que “de las casi 2.900 afiliaciones más a la Seguridad Social el mes pasado en Cantabria, 1.300 fueron de la hostelería (de 20.306 a 21.617) y otras 350 del comercio (de 31.699 a 32.057)”.

Igulamente para el sindicato USO, los datos de empleo correspondientes al mes de marzo reflejan una mejora del mercado laboral en Cantabria “aparente ”, ya que, a su juicio, se ve impulsada principalmente por “el efecto estacional de la Semana Santa y el aumento de la actividad turística”.

USO coincide con el resto de organizaciones sindicales en que el crecimiento del empleo “se concentra casi exclusivamente en el sector servicios, evidenciando la fuerte dependencia de la economía regional del turismo”.

560 contratos fijos discontinuos más

La formación sindical ha advertido que “a pesar de estos datos positivos, el análisis en profundidad muestra elementos preocupantes” como que “el denominado paro real —personas inscritas en el SEPE sin empleo efectivo— alcanza las 35.934 personas, lo que supone un incremento de 560 respecto al mismo periodo del año anterior” y “este dato pone de manifiesto que la mejora del empleo no es estructural”.

Una de las cuestiones en las que pone el acento USO es en que “continúa aumentando el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo, que ya ascienden a 6.678, con un incremento de 300 personas en el último año”. Según el sindicato, “este tipo de contratación, estrechamente vinculado a la estacionalidad del turismo, refleja un modelo laboral marcado por la intermitencia y la falta de estabilidad”.

Sube el paro un 4,2% en el sector industrial

A su vez, USO ha puesto de relieve “la evolución negativa del sector industrial, que registra un aumento del paro del 4,29% en el último año, siendo el único sector que incrementa el desempleo”. Para el sindicato, “este dato evidencia el debilitamiento progresivo de un sector clave para la economía regional” y refleja “la ausencia de políticas efectivas de reactivación industrial”.

Para finalizar, el comunicado firmado por Mercedes Martínez Zubimendi, secretaría Regional de USO Cantabria, considera necesario “un modelo económico más diversificado y sostenible”.

La prestación por desempleo, conocida comúnmente como el paro, sigue un calendario relativamente estable en España, aunque no siempre se refleja de la misma forma en la cuenta bancaria de todos los beneficiarios. Cada mes, miles de personas esperan el ingreso procedente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero lo cierto es que la fecha exacta depende de dos factores: el día oficial de pago y la política de cada banco.

De cara a abril de 2026, esta situación se repite. Saber cuándo se cobra el paro implica entender cómo funciona el sistema y por qué algunos beneficiarios reciben el dinero antes que otros.

La fecha oficial del SEPE

El punto de partida es claro: el SEPE establece que las prestaciones por desempleo se abonan a partir del día 10 de cada mes, siempre a mes vencido.

Esto significa que el paro correspondiente al mes de marzo se paga en abril. En concreto, en 2026 el día 10 de abril cae en viernes, por lo que ese es el momento en el que se ordena el pago de forma general.

En condiciones normales, ese sería el día en el que todos los beneficiarios deberían recibir el ingreso. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque el SEPE fija esa fecha oficial, el dinero no llega automáticamente a todas las cuentas en ese mismo momento. La clave está en el papel de las entidades financieras.

Cada banco gestiona la recepción de la transferencia y decide cuándo hacerla efectiva en la cuenta del cliente. Esto provoca diferencias que pueden ir desde unas horas hasta varios días.

Además, en los últimos años se ha consolidado una práctica cada vez más habitual: el adelanto del paro. Algunas entidades optan por ingresar la prestación antes del día 10 como estrategia comercial para fidelizar clientes.

Este adelanto no es obligatorio ni está regulado, por lo que depende exclusivamente de cada banco y puede cambiar con el tiempo.

Cuándo se cobra el paro en abril de 2026

Con estos elementos sobre la mesa, la previsión para abril de 2026 combina tanto la fecha oficial como el comportamiento habitual de las entidades. La fecha oficial del SEPE es el viernes 10 de abril; el cobro adelantado (según cada banco) será entre el 5 y el 9 de abril aproximadamente, mientras que el cobro habitual sin adelanto se realizará entre el 10 y el 15 de abril.

En términos generales, el ingreso se moverá dentro de ese margen. De hecho, lo habitual es que el paro se reciba entre los días 6 y 15 del mes, dependiendo de la entidad bancaria y de posibles ajustes administrativos.

Fechas orientativas según el banco

Aunque las fechas pueden variar ligeramente cada mes, el comportamiento de los principales bancos suele ser bastante predecible, siguiendo patrones similares a los observados en meses anteriores.

Así, Banco Santander y Openbank suelen adelantar el pago a partir de los primeros días del mes, en torno al 5 o 6 de abril; Bankinter puede situar el ingreso en torno al día 9 o cercano a la fecha oficial; BBVA y CaixaBank normalmente abonan el paro el mismo día 10, de igual modo ING, Abanca, Sabadell o Unicaja, que suelen mantener el pago en torno al día 10, aunque con ligeras variaciones.

Estas diferencias responden a decisiones internas de cada entidad y no a cambios en el calendario del SEPE.

Aunque el calendario de abril de 2026 es bastante claro, hay algunos factores que pueden alterar el día de cobro, como los festivos o fines de semana. Así, si el día 10 cae en un día no laborable, el pago se traslada al siguiente día hábil. En este caso concreto, al caer el 10 de abril en viernes, no se esperan grandes alteraciones en el calendario.

Cómo funciona el pago del paro

El paro se abona siempre mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario. No existe un pago en efectivo salvo en situaciones muy concretas.

Además, el sistema funciona a mes vencido: es decir, lo que se cobra en abril corresponde al mes de marzo. Este detalle es importante para entender el calendario y evitar confusiones, especialmente en los primeros meses de cobro.

Qué hacer si no se recibe el ingreso

Si llegada la fecha prevista el paro no aparece en la cuenta, lo primero es mantener la calma. En muchos casos, el retraso se debe simplemente a la operativa del banco.

Aun así, hay una serie de pasos recomendables como: revisar la cuenta durante varios días, especialmente si el banco no adelanta el pago; consultar la sede electrónica del SEPE para comprobar el estado de la prestación; contactar con la entidad bancaria para confirmar si ha recibido la orden o bien, en caso necesario, solicitar información al SEPE.

La mayoría de los retrasos se resuelven en pocos días y no suelen implicar la pérdida de la prestación.

A pesar de las diferencias entre bancos, el sistema de pago del paro en España es bastante estable. La referencia siempre es el día 10, y a partir de ahí se producen pequeñas variaciones en función de cada entidad.

En abril de 2026, ese patrón se mantiene sin cambios: algunos beneficiarios cobrarán antes, otros justo en la fecha oficial y algunos unos días después.

En definitiva, más que una única fecha, lo que existe es una ventana de cobro. Conocerla permite anticiparse y gestionar mejor la economía personal, algo especialmente importante para quienes dependen de esta prestación.

El Tribunal Supremo ha respaldado en una reciente sentencia que las vacaciones no disfrutadas se añadan al periodo de tiempo trabajado exigido para acceder a la protección por desempleo. En concreto, a los tres meses que exige el SEPE cuando se echa a una persona trabajadora por no superar el periodo de prueba en un empleo y antes esta se ha marchado de manera voluntaria de su anterior trabajo.

En una sentencia fechada el 4 de febrero, a la que ha tenido acceso EFE y que ha consultado elDiario.es, la sala de lo social del alto tribunal estima el recurso de un trabajador presentado contra un fallo de julio de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que resolvió a favor del criterio del SEPE.

El caso aborda la situación de un hombre que, tras trabajar durante 8 años en una empresa, el 14 de julio de 2021 la abandonó para incorporarse a otra, en la que comenzó el 19 de julio de ese año. Sin embargo, la compañía rescindió el contrato del empleado por no superar el periodo de prueba tras 85 días de trabajo, con siete días de vacaciones pendientes no disfrutadas en este periodo.

El SEPE le denegó la prestación contributiva por desempleo, ya que –teniendo en cuenta los 85 días de trabajo– no habían transcurrido tres meses desde el fin de su anterior relación laboral, tal y como exige la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, el trabajador defendía que había que tener en cuenta también los siete días de vacaciones no disfrutadas, cotizadas por la empresa, y con las que sí alcanzaba este mínimo requerido.

Sí, procede sumar las vacaciones no disfrutadas

“La cuestión a resolver es la de determinar si (...) el cómputo del plazo de tres meses desde la extinción de la relación laboral anterior se alarga cuando existan vacaciones no disfrutadas”, indican los magistrados en la sentencia.

Como recordó el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en representación del SEPE, este plazo de tres meses pretende evitar “el fraude consistente en que la extinción de una segunda y breve relación laboral permita el acceso a la situación legal de desempleo que no permitía la voluntaria extinción por parte del trabajador de su anterior relación laboral”.

El Supremo apunta que la ley dispone “expresamente que, en el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, la situación legal de desempleo y el nacimiento del derecho a las prestaciones se producirá una vez transcurrido dicho período”.

Asimismo, el Supremo recuerda que la ley también indica que el derecho a las prestaciones por desempleo nace “a partir de que se produzca la situación legal de desempleo”.

En conclusión, los magistrados dan la razón al trabajador y concluyen que el criterio aplicable indica que, de haber vacaciones no disfrutadas, la situación legal de desempleo se produce una vez transcurrido ese periodo vacacional.

Cada inicio de mes, los perceptores de prestaciones por desempleo en España buscan determinar cuándo recibirán la transferencia correspondiente. Esta prestación, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), constituye un soporte económico fundamental para quienes han perdido su empleo o cuentan con ingresos insuficientes, ofreciendo un respaldo para cubrir necesidades básicas y planificar los gastos del mes.

Aunque el SEPE establece un calendario general de pagos, la disponibilidad exacta del dinero en la cuenta del beneficiario depende de la entidad bancaria encargada de procesar la transferencia. Algunos bancos siguen estrictamente la fecha indicada por la administración, mientras que otros pueden adelantar el ingreso para que los fondos estén disponibles antes de lo previsto, generando ligeras diferencias entre los perceptores según la entidad en la que tengan domiciliada la prestación.

Conocer cómo funciona la programación de los pagos y cómo influyen los bancos en la disponibilidad del dinero permite a los beneficiarios anticipar su acceso a los fondos y organizar mejor su economía mensual. Esta información resulta especialmente relevante al inicio del mes, cuando muchas familias dependen de la prestación para cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos.

Fechas de cobro en marzo según cada banco

El abono de las prestaciones por desempleo para marzo de 2026 varía según la entidad financiera en la que el beneficiario tenga domiciliado el pago. En Bankinter, la transferencia del SEPE se realizará el 9 de marzo; CaixaBank y BBVA suelen efectuar el ingreso el día 10 de cada mes; Unicaja ha previsto que la fecha de abono sea el 23 de marzo; mientras que Banco Santander no establece un día fijo y, de manera habitual, los pagos llegan entre el segundo y el tercer día hábil del mes, con la operación reflejada al día siguiente en la cuenta.

Estas diferencias reflejan cómo cada banco organiza la recepción de las órdenes de pago enviadas por la administración y cómo distribuye las transferencias entre sus clientes. Conocer estas fechas ayuda a los beneficiarios a anticipar la disponibilidad de los fondos y a planificar sus pagos recurrentes, evitando problemas de liquidez al inicio del mes.

Cómo la gestión bancaria afecta la disponibilidad del pago del paro

La fecha en que los beneficiarios perciben la prestación por desempleo no siempre coincide con el día marcado por el SEPE, ya que cada banco gestiona las transferencias según sus propios procedimientos internos. Algunas entidades deciden adelantar el abono, permitiendo que los fondos estén disponibles antes de la jornada oficial, mientras que otras respetan estrictamente el calendario fijado por la administración.

Estas diferencias no afectan la cuantía ni los derechos del beneficiario, pero sí pueden generar variaciones en el momento en que cada persona tiene acceso al dinero. La operativa interna del banco, la manera de procesar las órdenes de pago y la programación de sus sistemas influyen directamente en la disponibilidad de los fondos, haciendo que la experiencia de los perceptores pueda variar de una entidad a otra.

Para que el pago se realice sin incidencias, es esencial que los beneficiarios mantengan sus datos personales y bancarios actualizados en el SEPE y cumplan con las obligaciones administrativas, como la renovación periódica de la demanda de empleo. Estas acciones aseguran que la prestación llegue correctamente, tanto si el banco adelanta la transferencia como si respeta la fecha oficial.

El pago de las prestaciones por desempleo es una de las fechas más esperadas por los beneficiarios del paro en España. Cada mes, miles de personas consultan con atención cuándo podrán disponer de su dinero, y febrero de 2026 no es la excepción. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene como referencia el día 10 del mes como jornada habitual de abono, aunque la disponibilidad final puede variar según la entidad bancaria.

No todas las entidades financieras aplican el mismo calendario, lo que significa que algunos beneficiarios recibirán el pago antes o después de la fecha oficial. Adelantos, retrasos y variaciones dependen de la organización interna de cada banco, pero en todos los casos se respeta la cuantía de la prestación. Comprender cómo funciona este proceso permite a los perceptores planificar sus gastos y evitar contratiempos en la gestión de sus finanzas personales.

Fechas de cobro en febrero según cada banco

En febrero de 2026, el SEPE mantiene como referencia el día 10 para el pago de las prestaciones por desempleo, al tratarse de un día laborable. Entidades como BBVA y CaixaBank se ajustan a este calendario y tienen previsto que el ingreso se realice en esa fecha, sin modificaciones respecto al esquema habitual.

Sin embargo, Banco Santander, por su parte, pondrá el dinero a disposición de sus clientes el jueves 5 de febrero. En el caso de Bankinter, efectuará el abono de la prestación el 9 de febrero, un día antes de la fecha general. Unicaja realizará el ingreso de forma más tardía, con el pago previsto para el 20 de febrero. 

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

La fecha en la que la prestación por desempleo se hace efectiva en la cuenta no siempre coincide con el día marcado por el calendario oficial. Algunas entidades financieras optan por anticipar el ingreso, lo que permite que el importe esté disponible antes de la jornada fijada por el SEPE. Esta práctica depende exclusivamente de la organización interna de cada banco y de su forma de gestionar las órdenes de pago que recibe del organismo público.

Este sistema no es común a todas las entidades. Mientras algunos bancos aplican el adelanto de forma habitual, otros mantienen el abono en la fecha establecida por la administración. Como resultado, el día en el que los beneficiarios pueden disponer del dinero varía en función del banco, sin que ello suponga diferencias en la cuantía ni en el derecho a la prestación.

Con independencia de la política de cada entidad, es imprescindible que los perceptores tengan correctamente registrados sus datos personales y bancarios y cumplan con los trámites obligatorios, como la renovación de la demanda de empleo. El cumplimiento de estos requisitos es determinante para que el pago se procese con normalidad, tanto si el banco adelanta el ingreso como si lo realiza en la fecha prevista.

Al iniciar un nuevo año, muchas personas que dependen de la prestación por desempleo suelen preguntarse cuándo tendrán disponible el dinero en sus cuentas. La gestión de estos pagos no solo depende del calendario oficial del SEPE, sino también de la forma en que cada banco organiza las transferencias, lo que puede provocar ligeras diferencias entre entidades. Conocer estas fechas permite a los perceptores planificar sus gastos, evitar retrasos en facturas y mantener una gestión económica más ordenada desde los primeros días de enero.

En enero de 2026, esta cuestión cobra especial relevancia, ya que algunas entidades adelantan el abono de la prestación mientras que otras lo realizan siguiendo el calendario habitual. Para los beneficiarios, esto significa que la disponibilidad de los fondos puede variar según el banco, y que anticiparse a las fechas de pago es fundamental para evitar sorpresas. La coordinación entre el SEPE y las entidades financieras juega un papel decisivo en que el dinero llegue puntualmente a los perceptores.

Además, mantener actualizados los datos personales y bancarios en el SEPE, así como renovar la demanda de empleo dentro de los plazos establecidos, sigue siendo clave para asegurar que los pagos se realicen sin problemas. Estas acciones, sumadas a la planificación en función de las fechas de cada banco, permiten a los beneficiarios organizar sus compromisos económicos de manera más eficiente, garantizando que la prestación cumpla su función de soporte económico al inicio del año.

Fechas de cobro en enero según cada banco

En enero de 2026, los pagos de la prestación por desempleo se distribuyen de forma escalonada según la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación. Banco Santander y Openbank serán las primeras entidades en acreditar el dinero, comenzando a transferirlo a partir del 3 de enero. Este adelanto permite que sus clientes dispongan de los fondos varios días antes de la fecha general establecida por el SEPE, lo que puede ser útil para quienes necesitan organizar sus gastos al inicio del año.

El resto de los bancos, incluidos Bankinter, Unicaja, CaixaBank, Imaginbank, Ibercaja, Abanca, Banco Sabadell, ING, Cajasur, Caja Siete y BBVA, acreditarán la prestación a partir del 10 de enero, siguiendo el calendario oficial del SEPE. La disponibilidad del dinero puede variar ligeramente dentro del mismo día según la operativa de cada entidad, pero en todos los casos se respetará esta fecha de referencia.

Cómo algunas entidades adelantan el pago del paro

Algunos bancos permiten que quienes reciben la prestación por desempleo dispongan del dinero antes de la fecha oficial marcada por el SEPE. Este adelanto se organiza según los procedimientos internos de cada entidad y aprovecha la información que el SEPE comparte sobre los beneficiarios, de manera que los fondos pueden estar disponibles incluso cuando la fecha de pago cae en fin de semana o día festivo.

No todas las entidades aplican esta modalidad, ya que cada banco decide de forma independiente si adelanta el ingreso y cómo lo gestiona. Quienes disponen de esta opción pueden acceder a la prestación antes de la fecha estándar, mientras que otros clientes recibirán el pago según el calendario habitual del organismo. Por esta razón, la experiencia de los perceptores puede variar significativamente de un banco a otro, dependiendo de las políticas internas y de la coordinación con el SEPE.

Para asegurar que la prestación llegue a tiempo, los beneficiarios deben mantener al día sus datos personales y bancarios registrados en el SEPE, así como cumplir con la renovación periódica de la demanda de empleo. Estas acciones son esenciales para que los pagos se procesen correctamente, sin importar si la entidad bancaria realiza un adelanto o respeta la fecha de abono oficial.