El Campamento Dignidad de Extremadura y el Sindicato 25 de Marzo han puesto en marcha en Mérida una oficina de asesoramiento gratuito dirigida a personas desempleadas y trabajadores con dudas laborales. El servicio estará atendido de forma voluntaria por Juan Carlos Nieto, el funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que fue expedientado por la administración tras atender a ciudadanos que acudían sin cita previa.

La iniciativa, según ha explicado este martes el portavoz del Campamento Dignidad, Juan Viera, nace para responder a la “mucha desinformación” y a las barreras tecnológicas que sufren colectivos vulnerables a la hora de realizar trámites burocráticos. Viera ha destacado el valor de contar con Nieto, al que califica como “gran conocedor de la materia”, asegurando que su labor “repercutirá directamente en beneficio de la clase trabajadora”.

Por su parte, Daniel Hierro, representante del Sindicato 25 de Marzo, ha detallado que la atención se prestará en la sede del Campamento Dignidad en Mérida el segundo y el último jueves de cada mes, en horario de 18:00 a 20:00 horas, arrancando la actividad este mismo jueves.

Además de la orientación en prestaciones y subsidios de desempleo, la oficina contará con un profesional experto en legislación laboral y ayudará en la obtención del certificado digital y la resolución de dudas sobre vulneración de derechos en los puestos de trabajo.

El propio Juan Carlos Nieto ha señalado que su objetivo es suplir las carencias que ha detectado durante su trayectoria profesional, ofreciendo una primera orientación clara para que los ciudadanos sepan “si tienen derecho a un subsidio, una prestación, o si deben ser derivados al Ingreso Mínimo Vital o a los servicios sociales”. Una labor con la que busca facilitar el acceso a la información frente a una “administración cerrada hacia los más vulnerables”.

Juan Carlos Nieto arrastra desde hace meses una situación que lo desbordó: el expediente abierto por atender a personas sin cita previa, la presión creciente en su puesto y la sensación de que su manera de trabajar —escuchar, resolver, no dejar a nadie fuera por un trámite digital— chocaba con un sistema cada vez más rígido. La tensión interna se volvió insoportable y pidió un traslado; hoy ejerce en la comisaría de la Policía Nacional de Mérida mientras espera una resolución del Ministerio de Trabajo que nadie le ha comunicado. Su caso, que trascendió a los medios y convirtió su nombre en símbolo de una forma de atención que ya apenas existe, sirve para entender lo que ocurre ahora en la oficina del SEPE de Mérida: un problema que se repite en toda España, el de quienes llegan con un trámite urgente, sin cita disponible y sin capacidad —o sin herramientas— para completar la gestión por internet.

Nieto defendía que los huecos libres entre citas podían utilizarse para atender urgencias: personas que llegaban con plazos a punto de vencer y sin posibilidad de esperar semanas. Su expediente disciplinario llegó al Defensor del Pueblo, que pidió información sobre tiempos de espera, normas de atención presencial y dificultades para conseguir cita en Mérida. Cuando elDiario.es Extremadura publicó que había sido sancionado por atender sin cita previa, la oficina vivió unos días excepcionales: la directora salió a la puerta para asesorar a quienes llegaban sin hueco en el sistema, como ocurrió con José, atendido el 5 de julio en la misma entrada. Dos días después, ya con cita, volvió a ser recibido en el despacho de la directora.

Pero aquella apertura duró poco. Según numerosos testimonios, atender en la misma puerta sin cita hizo que más personas acudieran sin estar registradas en el sistema. La oficina reaccionó cerrando de nuevo el acceso y reforzó la entrada con un segundo vigilante de seguridad. Según varias versiones, ese nuevo efectivo actúa como una barrera física entre la ciudadanía y el funcionariado y marcó el final de los días en los que era posible ser escuchado y ayudado sin cita previa. La situación de Mérida es conocida por la personalidad y la entrega de Nieto y porque su caso trascendió a los medios, pero el patrón se repite en oficinas de todo el país.

Mientras tanto, las historias y los nervios para conseguir cita continúan. D. A. necesitaba realizar una gestión a principios de agosto y explica que intentó obtenerla por vía presencial y telefónica, pero las fechas disponibles se iban hasta finales de mes. No podía esperar tanto y decidió intentarlo por internet. El SEPE dispone de sede electrónica —que exige certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve— y de un sistema de presolicitud que permite iniciar algunos procedimientos sin firma electrónica. Pero para la mayoría la vía digital tampoco resulta sencilla.

Es lo que le ocurrió a Gonzalo M. N. cuando intentó solicitar una prestación contributiva. Primero buscó cita presencial o telefónica, pero las fechas disponibles llegaban demasiado tarde. Decidió hacerlo por internet. Rellenó los datos, aportó información personal, personas a su cargo, declaración de la renta y la última nómina. El proceso avanzó hasta el momento de la identificación electrónica. Ahí comenzaron las dudas: “Con los vídeos que ponen no se entera nadie. Una persona que no se maneja muy bien con las redes no se enteraría”, afirma. Su primera solicitud no llegó a tramitarse correctamente. Nadie le avisó. Solo en un segundo intento consiguió la prestación, pero con el riesgo de perderla si hubiera tardado un poco más.

El problema de los plazos se agrava en casos como el de una usuaria que trabaja de forma intermitente y debe reanudar su subsidio cada mes. Explica que dispone de quince días para hacerlo: primero debe darse de alta como demandante de empleo en el SEXPE y después solicitar la reanudación en el SEPE. En su último intento acudió a una trabajadora administrativa de otra oficina para pedir ayuda porque su certificado digital estaba caducado y no tenía ordenador en casa. Rellenaron los datos, esperaron, pero la cita no llegó a formalizarse. “A ella le parecía como vacío, no me llegó el código que me tenía que llegar”, relata. Por la tarde volvió a intentarlo: no había citas en Mérida. El sistema le ofrecía Guareña, pero no podía desplazarse. Solo al tercer o cuarto día apareció un hueco para el 17 de septiembre. “Tenemos mucho miedo de que se nos venza el plazo y de que el SEPE nos quite el subsidio de 470 euros”, explica.

Su experiencia contrasta con la etapa en la que acudía a Nieto cuando no encontraba cita. “Juan Carlos, mira, que me pasa esto, que no encuentro cita, que me la abre en Guareña… Él te miraba el DNI y en tres minutos te lo hacía”, recuerda. Para ella, el sistema actual añade dificultades a una gestión que antes podía resolverse directamente en la oficina.

Fuera de Mérida, el escenario es similar. Un trabajador de origen africano residente en Cáceres explica a este periódico que, al no encontrar cita en su ciudad, comenzó a buscar en Trujillo, Valencia de Alcántara o Miajadas. La búsqueda se convierte en un recorrido por distintas oficinas hasta encontrar un hueco. Su problema añadido es que no dispone de coche y no puede desplazarse fácilmente.

Los testimonios desembocan en la misma pregunta: qué ocurre cuando coinciden tres circunstancias —una prestación que solicitar o reanudar, un plazo que cumplir y una cita que no llega a tiempo— y la vía telemática no resulta accesible para todas las personas. La puerta de la oficina de Mérida, reforzada ahora con un segundo vigilante, permanece cerrada para quienes no consiguen cita previa. Y esa imagen resume el problema de fondo: un sistema que exige cumplir plazos estrictos sin garantizar que la persona pueda acceder a la atención necesaria para hacerlo. Hubo un tiempo en que allí estaba Juan Carlos y la gente estaba tranquila, pero aquello, parece ser, fue solo un espejismo.

La redacción de elDiario.es en Extremadura ha intentado contactar con la directora de la oficina para conocer cómo se va a proceder a partir de ahora, sin éxito.

El pago de la prestación por desempleo vuelve a concentrar buena parte de las consultas con la llegada de octubre. Para quienes dependen de este ingreso, conocer de antemano la previsión de cobro resulta útil para organizar recibos, compras y otros gastos habituales del mes.

Aunque existe un procedimiento común para tramitar estas ayudas, el dinero no aparece al mismo tiempo en todas las cuentas. La entidad bancaria puede adelantar el abono o ajustarse a sus propios tiempos de procesamiento, lo que provoca diferencias de varios días entre unos beneficiarios y otros.

En octubre de 2026, las previsiones vuelven a repartir los ingresos entre distintas jornadas según el banco. A ello se suman posibles desfases en la actualización de los movimientos, por lo que también conviene saber cuándo una demora entra dentro de la operativa habitual y cuándo puede ser necesario revisar el estado de la prestación.

Cuándo se cobra el paro en octubre

Las fechas previstas para recibir la prestación por desempleo en octubre de 2026 vuelven a variar según la entidad bancaria. Algunos bancos mantienen el ingreso alrededor del día 10, mientras que otros anticipan varios días el dinero a sus clientes conforme a su operativa habitual.

Banco Santander suele efectuar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. Teniendo en cuenta el calendario de octubre, esa referencia situaría el ingreso entre el viernes 2 y el lunes 5. Sus clientes podrían, por tanto, encontrarse entre los primeros en disponer de la prestación. Bankinter y Unicaja manejan como referencia el viernes 9 de octubre. En el caso de Unicaja, esta fecha responde a su práctica habitual de realizar el pago de la prestación por desempleo el día 9 de cada mes. CaixaBank, por su parte, sitúa el abono el sábado 10.

Estas jornadas sirven como orientación sobre cuándo podría aparecer el dinero en cada cuenta. El momento exacto puede depender de los procesos internos de cada entidad, por lo que el ingreso no tiene por qué reflejarse a la misma hora para todos los clientes.

Por qué el ingreso del paro puede variar según la entidad

El SEPE reconoce la prestación por desempleo y emite la orden de pago, pero la llegada efectiva del dinero a la cuenta también depende del banco. Cada entidad gestiona sus transferencias con sus propios tiempos, de modo que dos personas con una ayuda similar pueden disponer del importe en jornadas diferentes sin que exista ninguna anomalía.

Algunos bancos optan por adelantar el dinero a sus clientes antes de que se complete el calendario ordinario. Para ello se apoyan en la información previa que reciben sobre las nóminas y anticipan la cantidad con recursos propios. Esta decisión afecta únicamente al momento en el que el importe queda disponible, no a la cuantía reconocida ni a la duración de la prestación.

Las entidades que no aplican este sistema esperan a que el pago siga su curso habitual. Cuando intervienen fines de semana o festivos, el ingreso puede desplazarse al siguiente día laborable. Estas diferencias forman parte de la operativa bancaria y no implican por sí mismas que el expediente se encuentre bloqueado o suspendido.

También puede variar la hora a la que aparece el movimiento. Los procesos internos de actualización, los ciclos de cierre y el tratamiento de las transferencias hacen que el saldo no se renueve al mismo tiempo en todos los bancos. Por eso, que la prestación no figure a primera hora no significa necesariamente que exista un problema.

Qué revisar si el dinero no aparece en la cuenta

Cuando el ingreso no se muestra durante la jornada prevista, conviene comprobar los movimientos de la cuenta a lo largo del día antes de interpretar la ausencia como un impago. En algunos casos, el abono se refleja más tarde debido al propio funcionamiento de la entidad financiera.

Si pasan las fechas habituales y el dinero continúa sin llegar, el siguiente paso es consultar el estado de la prestación a través del SEPE. Esta revisión permite comprobar si el pago sigue aprobado, si existe alguna suspensión o si se ha producido una incidencia relacionada con la información bancaria vinculada al expediente.

Determinados cambios pueden influir en la tramitación, como una modificación reciente de la cuenta de cobro, una revisión administrativa o no haber renovado la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente. En estos supuestos, el origen del problema puede estar en la gestión de la prestación y no en el banco.

Mantener actualizados los datos personales y bancarios y cumplir con las obligaciones asociadas a la ayuda reduce el riesgo de incidencias. En cualquier caso, conviene diferenciar entre un simple desfase en la contabilización del ingreso y una situación administrativa que esté impidiendo el pago.

El Gobierno vasco dice ahora que todavía “no se ha tomado la decisión” de retrasar el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, los subsidios y prestaciones de paro hasta ahora en manos del SEPE, el antiguo INEM. Teóricamente, dependería de un acuerdo en una comisión mixta entre los Ejecutivos central y vasco. Pero es una realidad y una decisión ya adoptada.

Fuentes del Gobierno dieron por hecho ya la pasada semana que será imposible que Euskadi asuma estas funciones el 1 de enero de 2027, como estaba comprometido. Ha habido muchos problemas con la gestión del personal del SEPE, con vacantes y traslados previos a su incorporación como funcionarios autonómicos, algo ya ocurrido de alguna forma también hace cinco años con las Prisiones. Faltarían unos 300 funcionarios para poder mantener abiertas todas las oficinas actuales y prestar un servicio de calidad. De hecho, ahora ya hay municipios donde el SEPE no tiene recursos para hacerlo.

Es más, en la misma rueda de prensa en la que Ubarretxena ha indicado que la decisión no es definitiva, el vicelehendakari y responsable directo del servicio, Mikel Torres, ha asumido que “no es tan importante” la fecha como que el cambio se haga bien. Ubarretxena es de la parte del PNV del bipartito vasco y Torres del PSE-EE.

“Es una prestación muy delicada”, ha dicho Torres sobre el fondo del asunto. Y ha reconocido que “conlleva mucho personal” y que las cifras de la plantilla dispuesta a ser transferida han llegado hace muy poco, “a finales de julio”, con lo que no hay tiempo material para hacer las contrataciones. Ha asumido también que hay “personas que no han querido ser transferidas” y que son necesarios “refuerzos” para poder prestar el servicio.

En puridad, la decisión ya está tomada, según confirman las fuentes consultadas. La han adoptado en una comisión de seguimiento el área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del PSE-EE, y el Ministerio de Trabajo, de Sumar. Faltaría simplemente la ratificación oficial del retraso, de como poco seis meses.

Acto seguido, Ubarretxena ha querido despejar la hipótesis de que la posible llegada de un nuevo Gobierno a España, diferente al que firmó la transferencia estatutaria, condicione este traspaso tras los retrasos que va a acumular. Ha indicado que ya es “legalmente válido” aunque no se haya hecho efectivo porque está firmado. “Lo importante es que el traspaso [jurídicamente] se hizo”, ha insistido.

Este sobresalto, del que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de un Gobierno que tiene en el desarrollo del Estatuto una de sus banderas, coincide con las negociaciones para la asunción también de la gestión de la Seguridad Social, incluidas las pensiones. Es una materia todavía más compleja que el SEPE.

Se da la circunstancia de que, hace una década, ya fue tortuosa la transferencia de la otra parte del SEPE, las denominadas políticas activas de empleo. En aquella ocasión se cedió la formación, colocación y atención de parados, es decir, todo salvo los pagos de prestaciones. Fue el origen del actual Lanbide, al que luego se le agregaron las prestaciones sociales autonómicas, fundamentalmente la renta de garantía de ingresos o RGI.

Más autonomía para los puertos

Otro debate estatutarios es la demanda del PNV de gestionar el puerto de Pasaia. Euskadi ya recibió hace cuatro décadas la transferencia portuaria y gestiona todos salvo los considerados de interés general, cuya competencia es estatal, según la Constitución y el Estatuto. Son Pasaia y también el de Bilbao. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya incide en su gestión nombrando a sus responsables, por ejemplo.

Sus socios socialistas han rechazado la idea inicial de desclasificar el puerto de Pasaia para que pueda ser de gestión autonómica y ahora la portavoz Ubarretxena indica que el objetivo es lograr “más autonomía” para que gane en competitividad, por lo que se abre a buscar otras fórmulas aunque no renuncien a sus máximos. Ha mencionado que grandes instalaciones europeas como Amberes, Rotterdam o Hamburgo son de gestión local y ha pedido explorar esa vía. Ha ironizado Ubarretxena que “mientras haya partido”, es decir, mientras haya legislatura en España, van a continuar “jugando” para arrancar acuerdos a Pedro Sánchez, también en este tema. A su lado, el socialista Torres ha tirado de ironía: “Con diálogo, todo lleva a buen puerto, nunca mejor dicho”. Los socios han terminado la rueda de prensa con sonrisas.

Todo esto, sin embargo, ocurre fuera de plazo. El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de cerrar la carpeta estatutaria en 2025 y ya ha pasado casi un año con varios flecos pendientes. De hecho, en julio se suspendió una cumbre con Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, y no se ha dado una nueva fecha. Ubarretxena insiste en que llevan el proceso con “discreción”.

En plena negociación para que Euskadi gestione la Seguridad Social, los Gobiernos central y vasco han retrasado el traspaso ya pactado de la competencia del SEPE (el antiguo INEM), es decir, la gestión de las prestaciones por desempleo o políticas pasivas de empleo. Se irá, al menos, hasta el mes de julio de 2027, pese a que la previsión era que estuviera operativa el 1 de enero del año que viene.

El retraso se ha pactado entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, tras constatar las dificultades técnicas que conlleva la transferencia y los problemas para cubrir las necesidades de personal que precisa este servicio, para lo que Lanbide, controlado por la parte del PSE-EE del Ejecutivo autonómico, deberá contratar más de un centenar de interinos y formarlos, según han confirmado fuentes del departamento de Economía, Trabajo y Empleo. “Mejor retrasarlo y hacerlo bien”, señalan.

El retraso en la materialización de esta transferencia, adelantado por el diario 'El Mundo', constata que la Administración vasca se ha encontrado con más dificultades de las que preveía cuando se firmó el traspaso. De hecho, en el momento de la rúbrica de la transferencia, el 16 de enero de 2026, ya se dio de plazo un año para poder materializarla, asumiendo la complejidad que suponía. Y ahora el plazo se ha quedado corto.

Trabajadores del SEPE en Euskadi ya habían advertido a través de un escrito del “colapso” en el que entraría el servicio en el que caso de que se materializara la transferencia el 1 de enero sin contar con el personal suficiente y sin que estos trabajadores tuviera la formación adecuada. Sobre todo, siendo una materia tan importante como la prestación para las personas en paro. Por ello, desde la plantilla se ha acogido con satisfacción el retraso porque permitirá garantizar el servicio, según han señalado las fuentes consultadas por este periódico.

La transferencia supone que, una vez que se materialice, Euskadi será la única comunidad en todo el Estado que gestionará la prestación por desempleo. Esto implica que esta función del SEPE se integrará en el servicio autonómico, Lanbide, que sumará la gestión de las prestaciones económicas por desempleo a las políticas activas de empleo, que ya gestiona actualmente, y a las prestaciones propias, principalmente la RGI. Ello permitirá crear una ventanilla única que, en principio, se espera que facilite y mejore los trámites y la atención a las personas desempleadas. Se calcula que gestionará el paro de unas 51.000 personas con un volumen de recursos de 822 millones de euros.

En el momento de la transferencia se trasladó que Lanbide incorporaría 468 plazas públicas de trabajadores del SEPE, y la conversión de las 30 oficinas de este organismo en oficinas de Lanbide. Y se transferirán las oficinas provinciales. Lo que ha ocurrido es que las plazas de estas oficinas en Euskadi no están cubiertas en su totalidad, como ocurre en la mayor parte del Estado, con vacantes que llegan casi al 40%. Además, según confirman fuentes de la plantilla, muchos trabajadores del SEPE no han aceptado su paso a Lanbide porque eso les cerraría la posibilidad de cambiar de comunidad autónoma en futuros concursos de traslados, y han optado por cambiar de comunidad de forma inmediata dentro del SEPE.

Eso supone que sólo serán 141 las plazas que estarían ocupadas si el traspaso se materializara en enero. “Una cantidad totalmente insuficiente, porque las solicitudes de prestaciones no van a esperar a que la Administración termine de organizarse”, señalan fuentes de la plantilla. En estos meses de estiramiento de los plazos para que Lanbide se haga cargo de la prestación, se iniciará la contratación de alrededor de un centenar de interinos que se formarán en el trabajo para desarrollar las competenias que ahora gestiona el SEPE.

Lo cierto es que este retraso de una competencia directamente relacionada con la Seguridad Social no deja de ser un varapalo para el Gobierno vasco en un momento en el que no acaba de cerrarse el acuerdo del segundo bloque, el vinculado con la gestión de las pensiones y cuando la cuenta atrás para las elecciones generales ha empezado. La legislatura, como máximo, acabaría precisamente en julio de 2027. A nada que Pedro Sánchez opte por adelantar la cita con las urnas, la materialización del traspaso de la gestión de las prestaciones del paro podría llegar con otro Gobierno en La Moncloa.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este miércoles la firma de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permitirá destinar 15 millones de euros a reforzar las políticas activas de empleo en la región durante 2026 y 2027.

La financiación forma parte de las subvenciones aprobadas el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros, por un importe total de 110 millones de euros, para los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que la continuidad de esta financiación para Extremadura responde, según ha señalado, a la “reivindicación expresa” del Ejecutivo autonómico desde 2024. La aportación se mantiene pese a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Manzano ha defendido que estos fondos permitirán apoyar a trabajadores, autónomos y empresas con el objetivo de “generar oportunidades, mejorar la cualificación, facilitar esa contratación y seguir avanzando hacia un empleo de mayor calidad y mayor estabilidad”.

Más empleo y atención a los colectivos con más dificultades

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) gestionará los fondos y los orientará a los objetivos fijados en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027 y en el Plan de Empleo de Extremadura.

Entre las prioridades se encuentran la creación de empleo de calidad, la mejora de las condiciones laborales, el desarrollo de la empleabilidad, el fomento de la inclusión y la diversidad y el impulso de sectores considerados estratégicos para la economía regional. También se contemplan medidas para fomentar el emprendimiento, avanzar en la transformación digital y mejorar el funcionamiento del propio servicio público de empleo.

La Junta sostiene que Extremadura ha experimentado una “notable” mejora de sus cifras de empleo durante el último año, pero considera necesario mantener esta evolución mediante una mayor inversión en políticas activas de empleo y un compromiso a medio y largo plazo.

El Ejecutivo autonómico sitúa entre sus principales objetivos la reducción de los desequilibrios estructurales del mercado laboral extremeño y la convergencia con la media nacional, mediante medidas dirigidas especialmente a las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse o regresar al mercado de trabajo.

Mujeres mayores de 45 años y residentes en zonas rurales

Según el perfil que maneja la Junta, la persona desempleada más habitual en Extremadura continúa siendo una mujer mayor de 45 años, con estudios de Educación Secundaria Obligatoria y experiencia laboral en el sector servicios, especialmente en actividades vinculadas a la Administración Pública, el comercio o la hostelería. Además, reside habitualmente en zonas rurales, lo que añade dificultades relacionadas con la movilidad y el acceso a oportunidades laborales.

A este perfil se suma el problema del paro de larga duración, que continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo extremeño.

Los nuevos fondos del SEPE se incorporarán así a las medidas ya previstas en el Plan Director y en los planes de empleo anuales. Entre ellas figura el Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo de Extremadura 2024-2027, firmado en septiembre de 2024.

El certificado digital se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para identificarse por internet y poder realizar trámites oficiales. Permite acreditar la identidad de su titular y firmar documentos o formularios electrónicos, de manera que muchas gestiones pueden resolverse sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Entre sus usos se encuentran trámites fiscales, consultas administrativas, solicitudes de subvenciones o actuaciones relacionadas con registros públicos.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre expide el Certificado Electrónico de Ciudadano, también conocido como certificado de persona física. Se trata de un documento digital que incorpora los datos identificativos de su titular y permite realizar operaciones a través de internet con garantías de identificación. Puede solicitarlo cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado, siempre que disponga de DNI o NIE. Su obtención es mayoritariamente gratuita, aunque uno de los métodos disponibles para acreditar la identidad sí tiene un coste adicional.

La FNMT ofrece varias formas de conseguirlo como archivo descargable en un ordenador o en un teléfono. Entre ellas se encuentran la identificación por vídeo, la acreditación presencial, el uso del DNI electrónico y el procedimiento específico mediante dispositivo móvil. Esta última opción permite iniciar la solicitud, completar la comprobación de identidad y descargar después el certificado desde la aplicación oficial, evitando desplazamientos cuando se utiliza alguna de las modalidades que pueden realizarse a distancia.

Cómo pedir el certificado digital desde el móvil

El primer paso es instalar la aplicación oficial de la FNMT, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. Una vez abierta, hay que acceder a la opción destinada a solicitar el certificado digital. Desde ahí, la aplicación permite elegir entre tres sistemas diferentes para comprobar la identidad de la persona que realiza la petición: utilizar el DNI electrónico, acudir a una oficina de acreditación o completar una identificación por vídeo.

La opción con DNIe requiere que el documento esté en vigor y que el usuario conozca su PIN. El proceso se completa escaneando el DNI electrónico y realizando después la validación con esa clave personal. Si el titular no recuerda el PIN, puede obtener uno nuevo en los equipos habilitados para ello en dependencias de la Policía Nacional.

La segunda alternativa es presencial. En este caso, la propia aplicación muestra las oficinas en las que puede realizarse la acreditación. El usuario debe acudir a uno de esos puntos para confirmar su identidad antes de continuar con la descarga. Conviene consultar previamente las condiciones de atención, ya que algunas dependencias requieren cita previa para completar este paso.

Quienes prefieran realizar el procedimiento sin desplazarse y no utilicen el DNIe pueden recurrir a la vídeo identificación. Este servicio cuesta 2,99 euros más IVA y permite iniciar la comprobación desde casa. Una vez hecho el proceso, la revisión tarda aproximadamente 48 horas hábiles. Después, la persona recibe un correo electrónico en el que se informa de si la identificación ha sido aprobada o rechazada.

Las tres opciones tienen el mismo objetivo: comprobar la identidad del solicitante antes de emitir el documento electrónico. La diferencia está en la forma de hacerlo. El DNIe permite completar la gestión a distancia si se dispone del documento y del PIN, mientras que la vídeo identificación también evita la visita presencial, aunque tiene coste. La acreditación en oficina es gratuita, pero obliga a desplazarse y, en determinados casos, a reservar una cita.

Qué se puede hacer después y qué hay que tener en cuenta

Cuando la identidad ya ha sido validada, el certificado queda disponible dentro de la aplicación. Para localizarlo, hay que entrar en el apartado de certificados solicitados, desde donde puede descargarse directamente en el teléfono. A partir de ese momento, puede utilizarse en los servicios electrónicos que admitan esta forma de identificación y también para firmar documentos y formularios oficiales por internet.

El certificado permite realizar distintos trámites con administraciones públicas y algunas entidades privadas. Entre sus usos están presentar y liquidar impuestos, formular recursos o reclamaciones, consultar e inscribirse en el padrón municipal, revisar multas de circulación, realizar gestiones relacionadas con subvenciones, consultar la asignación de colegios electorales o cumplimentar determinados datos administrativos. Su utilidad concreta dependerá de que el servicio correspondiente acepte este sistema.

Para quienes necesiten hacer gestiones en línea relacionadas con el empleo, disponer del certificado en el móvil puede evitar parte de los desplazamientos asociados a la identificación electrónica. Aun así, tenerlo instalado no significa que cualquier trámite pueda completarse necesariamente desde el teléfono, ya que cada servicio puede establecer sus propios requisitos técnicos y de acceso.

También hay una condición que conviene conocer antes de iniciar una nueva solicitud desde la aplicación. Si el usuario ya dispone de un certificado de persona física expedido por la FNMT y solicita otro mediante el móvil, el anterior se revoca automáticamente. La nueva emisión sustituye, por tanto, al que estuviera vigente hasta ese momento.

Septiembre llega con una nueva mensualidad de la prestación por desempleo para las personas que tienen reconocido este derecho. El ingreso forma parte del sistema de protección gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se mantiene mientras continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para conservar la ayuda.

La vuelta a la rutina tras el verano convierte este pago en una referencia importante para muchos hogares, especialmente en un periodo marcado por el regreso de numerosos gastos habituales. Saber qué días manejan las distintas entidades permite tener una orientación sobre el momento en el que podría estar disponible la cantidad correspondiente.

El calendario de septiembre de 2026 permite concretar varias previsiones según el banco en el que esté domiciliada la prestación. A partir de esas referencias, también resulta útil conocer por qué pueden producirse diferencias entre unas cuentas y otras y qué aspectos conviene revisar cuando el importe esperado no aparece.

Cuándo ingresan los bancos el paro en septiembre

Las fechas de cobro de la prestación por desempleo pueden variar durante septiembre en función de la entidad bancaria. Aunque algunos bancos concentran el ingreso en torno al día 10, otros lo anticipan varios días de acuerdo con su operativa habitual.

Banco Santander suele situar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. En septiembre de 2026, esa referencia correspondería al miércoles 2 o al jueves 3, por lo que sus clientes podrían disponer del dinero durante los primeros días del mes. Unicaja acostumbra a efectuar el pago de la prestación por desempleo el día 9, que en esta ocasión cae en miércoles. CaixaBank y Bankinter, por su parte, fijan como referencia el jueves 10 de septiembre para que el importe quede reflejado en las cuentas de sus beneficiarios.

El momento exacto en el que aparezca el dinero puede depender de los procesos internos de cada entidad. Por ello, incluso entre clientes de un mismo banco, el ingreso puede no mostrarse a la misma hora durante la jornada prevista.

Por qué el paro puede aparecer antes o después según el banco

El SEPE es el organismo encargado de reconocer la prestación por desempleo y ordenar su pago, pero eso no significa que todos los beneficiarios vean el ingreso reflejado en su cuenta al mismo tiempo. La fecha concreta depende también de la entidad financiera y de la forma en la que esta gestione las transferencias recibidas.

Algunos bancos deciden anticipar el dinero antes de que llegue el día habitual de cobro. Para hacerlo, utilizan la información que reciben previamente sobre las nóminas y adelantan el importe con sus propios fondos. Esta práctica responde a una decisión comercial de cada entidad y únicamente afecta al momento en el que el beneficiario puede disponer del dinero, sin modificar la cuantía, la duración ni las condiciones de la ayuda.

Las entidades que no ofrecen este anticipo esperan a que la transferencia siga su tramitación ordinaria. En esos casos, el abono puede producirse alrededor de la fecha establecida o desplazarse cuando intervienen fines de semana y festivos. Por este motivo, que dos personas con la misma prestación cobren en días distintos no implica necesariamente que una de ellas tenga algún problema con su expediente.

También pueden darse diferencias dentro de una misma jornada. Cada banco trabaja con sus propios ciclos de actualización y procesamiento, de manera que el ingreso puede aparecer a distintas horas. Los horarios internos, los sistemas informáticos o el momento en el que se ejecutan las órdenes explican que el saldo no siempre se actualice a primera hora del día previsto.

Qué comprobar si la prestación no aparece en la cuenta

Cuando el abono no se refleja en el momento esperado, conviene revisar primero los movimientos bancarios durante toda la jornada. En ocasiones, la transferencia se incorpora más tarde y la ausencia del dinero durante las primeras horas no significa que exista una incidencia con el pago.

Si transcurre el periodo habitual y la cantidad sigue sin aparecer, el siguiente paso es consultar la situación de la prestación a través de los canales del SEPE. Esta comprobación permite saber si el abono continúa aprobado, si se ha producido alguna suspensión o si existe algún problema relacionado con los datos asociados al expediente.

Hay determinadas circunstancias que también pueden alterar la llegada del dinero, como un cambio reciente de cuenta bancaria, una revisión administrativa o el incumplimiento de alguna obligación vinculada al mantenimiento de la prestación. Entre ellas se encuentra la renovación de la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente.

Por ello, es importante distinguir entre una diferencia provocada por la operativa bancaria y una incidencia administrativa. Mantener actualizados los datos personales y financieros, además de cumplir con las obligaciones exigidas, resulta necesario para que el pago pueda tramitarse con normalidad, independientemente del día concreto en el que cada entidad haga disponible el importe.

La llegada de agosto vuelve a situar la fecha de cobro de la prestación por desempleo entre las principales consultas de quienes reciben esta ayuda. Conocer con cierta antelación cuándo estará disponible el dinero resulta especialmente importante para organizar los gastos del hogar, atender recibos y afrontar otros pagos habituales durante un mes en el que muchas familias también modifican sus rutinas por las vacaciones.

El paro constituye una fuente de ingresos esencial para las personas que han perdido su empleo y cumplen los requisitos establecidos para acceder a esta protección. Su abono se mantiene mientras el beneficiario conserve el derecho reconocido y atienda las obligaciones asociadas, entre ellas renovar la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente y comunicar cualquier cambio que pueda afectar a su situación.

A pesar de que existe un procedimiento común para tramitar estas prestaciones, el dinero no siempre aparece en las cuentas durante las primeras jornadas del mes. Esta circunstancia suele generar dudas entre quienes consultan su saldo y todavía no encuentran reflejada la cantidad esperada, aunque en muchos casos se debe únicamente al funcionamiento habitual del proceso de pago.

En agosto de 2026 puede establecerse una referencia aproximada para el ingreso, pero la jornada concreta no será necesariamente idéntica para todos los perceptores. El calendario del mes y las distintas formas de gestionar los abonos permiten elaborar previsiones que ayudan a saber cuándo podría recibirse la prestación y a identificar si existe realmente alguna incidencia.

Fechas de cobro del paro en agosto según cada banco

El pago de las prestaciones por desempleo tendrá como fecha general de referencia el lunes 10 de agosto de 2026. Al coincidir el día 10 con una jornada laborable, el calendario no obliga a trasladar el ingreso. Sin embargo, el momento exacto en el que el dinero aparecerá en la cuenta dependerá de la política aplicada por cada entidad financiera.

El SEPE abona las prestaciones por mensualidades vencidas y realiza el ingreso en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario. A partir de ahí, algunos bancos esperan a la fecha ordinaria, mientras que otros anticipan la cantidad una vez que reciben la información necesaria para tramitar el pago.

En el caso de Unicaja, la previsión es que la prestación quede disponible el domingo 9 de agosto, siempre que la entidad haya recibido previamente los datos requeridos para efectuar el abono. De este modo, sus clientes podrían disponer del dinero un día antes de la fecha general establecida. CaixaBank mantendría el lunes 10 de agosto como jornada prevista para realizar el ingreso. Una fecha similar se contempla para los clientes de BBVA, que podrían empezar a ver reflejada la prestación en sus cuentas a partir de ese mismo lunes.

Por qué la prestación no llega el mismo día a todas las cuentas

El SEPE se encarga de reconocer la prestación por desempleo y tramitar la orden correspondiente, pero la fecha en la que el importe queda disponible también está condicionada por la actuación de cada entidad financiera. Esta intervención explica que dos beneficiarios con el mismo tipo de ayuda puedan recibir el dinero en jornadas diferentes.

Determinados bancos anticipan el abono antes de que llegue la fecha habitual. Para ello utilizan la información sobre las nóminas que reciben previamente y ponen la cantidad a disposición de sus clientes con recursos propios. Se trata de una política comercial voluntaria, por lo que no modifica las condiciones de la prestación, su duración ni el importe reconocido.

Las entidades que no aplican este adelanto incorporan el dinero a las cuentas cuando la transferencia se procesa conforme al calendario ordinario. En esos casos, el ingreso puede aparecer en la fecha prevista o trasladarse al siguiente día laborable cuando coinciden fines de semana o festivos. Esta diferencia no supone necesariamente que exista una incidencia en el expediente.

La hora concreta en la que se actualiza el saldo tampoco es idéntica en todos los bancos. Los ciclos de procesamiento, los horarios internos y el funcionamiento de los sistemas informáticos pueden provocar que el movimiento se muestre por la mañana, por la tarde o incluso más adelante dentro de la misma jornada. Antes de comunicar un posible impago, conviene comprobar que la cuenta registrada es correcta y que se han cumplido obligaciones como mantener activa la demanda de empleo.

Solicitar el subsidio por desempleo podría dejar de ser sinónimo de citas imposibles, llamadas eternas o papeleo interminable en las oficinas públicas. Desde esta semana, entran en vigor nuevos métodos de identificación oficial que prometen agilizar los trámites de manera definitiva: si necesitas solicitar tu ayuda o prestación por desempleo, solo necesitas tu móvil, una nueva vía de acceso con las que podrás realizar todo el proceso de forma cómoda y con total validez legal.

La Administración se moderniza así para ponerlo más fácil, permitiendo verificar la identidad de forma rápida, segura y sin moverte de casa, ya sea a través de una pantalla o con una llamada de teléfono. Este gesto de modernización no es una decisión casual, sino un paso regulado por ley que da cobertura jurídica a lo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

El marco legal de este cambio se recoge en la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de julio de 2026, y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Esta norma se apoya además en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la Administración.

Sin embargo, esta nueva resolución va un paso más allá al regular específicamente la habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónicos y telemáticos, dándoles exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos que si te presentaras físicamente en una oficina de empleo. Según detalla el propio texto del BOE, los pilares y objetivos de esta reforma son muy claros:

Con esta cobertura normativa, el SEPE no solo actualiza sus herramientas digitales (cuya sede electrónica nació en 2011), sino que abre la puerta una relación más directa, flexible y segura, adaptando la gestión de las prestaciones por desempleo a las tecnologías y necesidades de nuestro tiempo.

La evolución digital del SEPE: las dos nuevas formas de identificarte

El SEPE ya contaba en su sede electrónica con herramientas muy útiles que se pueden gestionar directamente desde el móvil. Hasta ahora, era habitual utilizar el portal para usar su simulador virtual (con el que calcular la cuantía de la prestación que te corresponde), sellar el paro o incluso descargar el certificado del IRPF para la declaración de la Renta.

Sin embargo, el gran cuello de botella siempre surgía a la hora de formalizar una solicitud oficial de subsidio, un trámite que obligaba a disponer de un certificado digital avanzado, usar el DNI electrónico o, en su defecto, conseguir una cita presencial para firmar a mano en la oficina. Con la nueva resolución de 2026, el SEPE amplía el catálogo de gestiones no presenciales para que puedas resolver prácticamente todo el proceso desde casa y sin necesidad de ser un experto en informática.

A las vías de acceso tradicionales (el certificado digital, el DNIe y el sistema Cl@ve), el SEPE incorpora dos nuevos métodos de verificación muy sencillos para que cualquier persona pueda identificarse rápidamente por teléfono o internet:

Adiós al papel: así se firma la solicitud desde casa

El verdadero salto de gigante de esta reforma es la validación legal de la “firma a distancia”. Ya no tendrás que acudir a una oficina a plasmar tu firma manuscrita; ahora el consentimiento se expresa y se registra de manera digital mediante dos canales diferenciados:

Para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano y evitar cualquier intento de suplantación de identidad, todo el proceso telefónico quedará registrado mediante grabación de voz o una diligencia formal, incorporándose al expediente de forma que se garantice la trazabilidad y la validez legal del trámite.

¿Qué gestiones se pueden hacer con este sistema?

Este modelo simplificado de identificación y firma se aplica a todo el ecosistema de protección por desempleo. Esto incluye trámites clave como:

Dado que la implantación de estas facilidades será progresiva, el SEPE irá actualizando de forma continua el listado de trámites específicos que admiten estas nuevas vías de firma directamente en su Sede Electrónica.

Esta reforma supone una excelente noticia para quienes residen en zonas rurales alejadas de las oficinas de empleo, personas mayores con dificultades de desplazamiento o cualquier trabajador que no disponga de tiempo para acudir presencialmente.

Sin embargo, para que todo funcione como un reloj, hay un requisito indispensable: debes asegurarte de que el SEPE tenga actualizados tu número de teléfono móvil y tu dirección de correo electrónico actuales. Si estos datos no coinciden con los que conservan en su base de datos, no podrás recibir los códigos de verificación indispensables para firmar tus solicitudes y se bloqueará el trámite a distancia.

Más de un mes después de que trascendiera el expediente disciplinario abierto a un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida por atender a usuarios sin cita previa, el caso sigue sin resolverse, aunque se han producido novedades que al menos, cuestionan la actuación de la dirección provincial.

El expediente generó una importante repercusión pública después de que el afectado denunciara que iba a ser sancionado por atender a personas que acudían a la oficina sin cita previa, especialmente cuando se trataba de situaciones urgentes o de ciudadanos con dificultades para acceder al sistema de citas.

Tras aquella publicación, y después de la polémica generada cuando el Ministerio de Trabajo sostuvo públicamente que el expediente respondía a motivos distintos —y más amplios— que la atención sin cita previa, sembrando dudas sobre la actuación de Nieto, el funcionario asegura que técnicos del propio Ministerio se pusieron en contacto con él para solicitarle, paradójicamente, la documentación completa del procedimiento disciplinario.

Según explica, una vez examinado el pliego de cargos, desde esas instancias le trasladaron que no encontraban explicación a cómo se había llegado a abrir un expediente por esos hechos. El trabajador sostiene que esos responsables le transmitieron “esperanza” y le indicaron que la resolución “lleva su tiempo”, por lo que por el momento continúa sin conocer el desenlace del procedimiento.

Mientras tanto, la organización de la oficina ha cambiado de forma significativa. Desde hace varios días, un cartel informa a los usuarios de que, si acuden sin cita previa, deben permanecer en la sala de espera, donde periódicamente un funcionario sale para interesarse por su situación y valorar sus necesidades.

Además, otra novedad es que la directora de la oficina sale cada quince o veinte minutos para interesarse por quienes esperan sin cita, valorar cada caso y, cuando lo considera oportuno, facilitar las denominadas “citas internas”, un sistema que reproduce exactamente el método de gestión de usuarios que Nieto venía aplicando durante los últimos años y que dio origen al expediente disciplinario.

Respaldo

Por su parte, Nieto destaca el respaldo institucional y social recibido desde que el caso trascendió. Afirma haber recibido muestras de apoyo de representantes públicos de distintos ámbitos territoriales, así como de cargos con responsabilidad parlamentaria que se han interesado por su situación.

A ello suma el respaldo mostrado por el sindicato 25 de Marzo y la plataforma Campamento Dignidad, que impulsaron las primeras movilizaciones en defensa del trabajador, así como el apoyo constante de ciudadanos y ciudadanas que, según relata, continúan acercándose a la oficina o deteniéndole por la calle para interesarse por su situación y transmitirle ánimo.

Pese a la presión que asegura vivir diariamente en su puesto de trabajo, el funcionario continúa desempeñando sus funciones con normalidad. Explica que el ambiente laboral sigue siendo “muy tenso” y que apenas mantiene relación con el resto de la oficina, pero afirma que no contempla solicitar una baja médica porque considera que hacerlo supondría dar la razón a quienes promovieron el expediente.

A día de hoy, la resolución disciplinaria sigue pendiente. El trabajador confía en que el Ministerio adopte una decisión una vez concluyan las actuaciones internas y, en su caso, después del pronunciamiento del Defensor del Pueblo, al que también se ha trasladado el polémico asunto.

La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años de 2019, que mejoró la prestación y suavizó las condiciones de acceso, reduce los incentivos para reincorporarse al mercado laboral, algo especialmente claro entre los empleos de baja remuneración o a tiempo parcial, según Fedea.

Este think tank financiado por la banca y varias empresas del Ibex ha publicado este lunes un análisis que explica que las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio que fijó esa reforma de 2019 lo han convertido “en una figura híbrida” a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter provisional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.

Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, añaden, la reforma puede introducir “problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española”.

Fedea estima dicho coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros en el periodo 2019-2030. Los cambios introducidos en esa reforma han incrementado el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas,  lo que tiene distintos impactos.

Por un lado, un aumento gradual del gasto directo en la prestación que va aumentando de forma gradual hasta 2030, cuando calculan que alcance los 1.818 millones.

Por otro, explican, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI.

 Y, por último, una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de 2025).

“La suma de estos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente”, resumen.

Esta reforma de 2019, recuerdan, redujo la edad mínima de acceso de 55 a 52 años e incrementó la base de cotización del 100% al 125% del tope mínimo, a la vez que permitió compatibilizar el subsidio con trabajos a tiempo parcial.

En 2024 se aprobaron nuevos cambios para este subsidio --también con mejoras la cuantía de la prestación y ampliando el número de colectivos beneficiarios-- que Fedea no entra a cualificar en este estudio donde se centra en esa reforma de 2019 que revirtió los recortes aprobados en 2012 para esta prestación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace ocho años, y el nombramiento en su lugar de Ricardo Cuesta, hasta ahora subdirector general de Estadística e Información en el organismo Público.

En el Ministerio de Trabajo apuntan sobre el cese de Gutiérrez que estaba “al frente del organismo desde el 7 de julio de 2018”. “El relevo se produce en el marco de la normalidad institucional”, añaden.

Gutiérrez estaba en su puesto desde 2018, antes de la entrada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, nombrado por la exministra socialista Magdalena Valerio.

Su sustitución, en lo que muchos consideran el final de la legislatura y sin que el Ministerio haya señalado ningún cambio de políticas o de prioridades en el organismo público, ha sorprendido en muchos ámbitos.

Gutiérrez ha seguido todos estos años al frente del organismo público, superando incluso muchos momentos complicados, como la avalancha de los ERTE por la pandemia, las críticas sindicales por la falta de personal y la enorme dificultad para conseguir citas por parte de los ciudadanos, que ha llevado incluso a que proliferen negocios ilegales de venta de turnos.

Cuesta, nuevo director del SEPE

Por su parte, Ricardo Cuesta desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.

La Cámara de Comercio de Toledo ha celebrado el Encuentro 45+, el poder de reinventarse, un evento de empleo sénior cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en colaboración con 65YMÁS, y en esta ocasión con la participación de Google.

En esta edición han participado 40 empresas y han participado cerca de 300 personas demandantes de empleo.

Mª de los Ángeles Martínez, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo ha inaugurado la jornada asegurando que “el talento no tiene fecha de caducidad y la experiencia sigue siendo un valor diferencial que merece ser reconocido y aceptado”.

A continuación, Francisco Valle, consejero delegado de 65YMÁS, ha destacado que “nuestra responsabilidad es que estemos mucho mejor dentro de 50 años que ahora y eso solo es posible con equipos de todas las franjas de edad”.

Por su parte, Soledad de Frutos del Valle, diputada delegada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica ha afirmado que “podemos construir una sociedad mejor si unimos las sinergias de todas las instituciones y unimos todas las edades”.

En la misma línea se ha situado Nuria Berta Chust, viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, quien ha añadido que “hablamos de talento senior, hablamos de personas que todavía tenemos muchísimo por aportar, muchísimo por sumar y que además llevamos la mochila de la experiencia”.

Miguel Ángel Iniesta Molina, director provincial del SEPE, ha aportado la visión institucional recordando que las personas mayores de 45 años representan casi un 46 por ciento de la población en la provincia de Toledo, pero apenas alcanzan un 28 por ciento de los contratos, y ha animado a los asistentes asegurando que “nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para formarse, nunca es tarde para reinventarse”.

Camino Villa, casos de éxito y formación con IA

La influencer sénior Camino Villa ha compartido con los asistentes su propia visión sobre el giro profesional y su proceso de reinvención, afirmando que “si te quedas en casa estás privándole al mundo de tu talento y de tu experiencia”.

Asimismo, ha conversado sobre el escenario con Lydia Pérez, de Karisma Eventos y Protocolo, quien ha expuesto en primera persona su caso de éxito detallando que ante las adversidades siempre busca una lección positiva y se pregunta “qué vienes a enseñarme y dónde está el aprendizaje de aquí”.

Los asistentes han podido conocer también las novedades tecnológicas gracias a la masterclass de Luis Collado, responsable de Google News España, quien ha impartido un taller práctico de Inteligencia Artificial para mayores de 45 años.

Como gran novedad, el encuentro ha incorporado los Multicines del Empleo, unas salas de proyecciones continuas con contenidos prácticos sobreLinkedIn, la Inteligencia Artificial y el refuerzo de la autoconfianza.

De forma paralela, se ha ofrecido un espacio con stands y encuentro directo entre empresas y profesionales para cubrir puestos en administración, hostelería, logística, sanidad y mantenimiento. Para finalizar, el acto ha reconocido a las compañías de la región mediante la entrega del Sello Empresa Comprometida con el Talento Sénior.

‘El poder de reinventarse’

El poder de reinventarse se enmarca en el Programa ‘Talento 45+’ de la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea.

Un programa que ofrece orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral, este evento se va a celebrar por todo el país con tres objetivos: empoderar a los sénior en situación de desempleo, concienciar de la importancia de la formación a lo largo de toda la vida y valorizar el talento sénior.

La Cámara de Comercio de Toledo celebra el Encuentro Talento 45+, un evento gratuito diseñado específicamente para impulsar la reinvención laboral de profesionales mayores de 45 años.

Esta jornada, se celebra en colaboración con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el SEPE y 65YMÁS, bajo el lema 'El poder de reinventarse'. El evento tendrá lugar este martes 16 de junio de 09:00 a 14:00 horas, en el Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Toledo.

Busca conectar de manera directa a candidatos experimentados con empresas que valoran su trayectoria y capacidad de adaptación. El programa destaca por su formato innovador denominado 'Multicines del Empleo', donde se ofrecen sesiones prácticas sobre el uso de la inteligencia artificial y la optimización de perfiles en LinkedIn.

Además de talleres técnicos, el encuentro incluye testimonios inspiradores de figuras como Camino Villa y ofrece una amplia variedad de vacantes laborales en múltiples sectores.

Se trata, según los organizadores, de una oportunidad integral para que el talento sénior actualice sus herramientas digitales y recupere la confianza necesaria para reincorporarse con éxito al mercado de trabajo.

El programa de la Jornada

09:00 | Apertura de puertas y recepción: Comienzo de la jornada y acceso de los participantes al recinto

10:00 | Inauguración institucional: Bienvenida a cargo de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo

10:30 | Proyección audiovisual: Presentación del vídeo de la campaña 'El poder de reinventarse'

10:35 | Intervención técnica: Discurso de Miguel Ángel Iniesta Molina, director provincial del SEPE

10:40 | Entrevista central: Bajo el título “El poder de reinventarse”, la influencer sénior de 65YMÁS, Camino Villa, mantendrá una conversación inspiradora junto a Lydia Pérez sobre cómo transformar los retos en oportunidades y romper estereotipos asociados a la edad

11:00 | Taller de Innovación: Luis Collado, responsable de Google News España, impartirá la sesión 'Inteligencia Artificial de Google: Tu aliada para volver al mercado laboral'

En este taller de 30 minutos, se enseñará a utilizar herramientas como Google Gemini y NotebookLM para potenciar el currículum y preparar entrevistas

13:30 | Reconocimiento empresarial: Entrega del “Sello Empresa Comprometida con el Talento Senior” a las compañías participantes

14:00 | Cierre de la jornada

Actividades paralelas y 'espacios dinámicos'

Además, durante toda la mañana, los asistentes podrán moverse libremente por diferentes áreas diseñadas para maximizar su empleabilidad. Desde los llamados 'Multicines del Empleo', un formato innovador que sustituye las charlas tradicionales por proyecciones breves y prácticas de 20 minutos en pases continuos sobre cómo usar LinkedIn 'sin miedo' o sobre la mejora de CV con inteligencia artificial o sobre cómo reforzar la confianza, romper barreras mentales y ganar seguridad en el lenguaje profesional.

En la zona de empresas habrá un espacio de encuentro directo donde los candidatos podrán interactuar con responsables de recursos humanos de diversas entidades y conocer ofertas de trabajo reales en sectores como administración, logística, hostelería, mantenimiento y tecnología, entre otros.

Y en la zona dedicada a la agencia de colocación, personal técnico de la Cámara de Comercio estará disponible para asistir a los participantes en su inscripción en la base de datos de empleo.

La entrada al evento es gratuita, y aunque la inscripción online esté cerrada, los interesados pueden inscribirse de forma presencial directamente en la feria.

Juan Carlos Nieto no esperaba convertirse en noticia ni en símbolo. Tras 37 años de servicio público, los últimos 15 en la oficina de prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de Mérida, insiste en que nunca quiso desafiar a la organización ni provocar una polémica política. Pero el expediente disciplinario a este funcionario que atiende a personas sin cita previa lo ha colocado en el centro de un debate que va mucho más allá de su propio caso.

Semanas después de que el caso saltara a la opinión pública y generara una ola de apoyo ciudadano, sindical y político sin precedentes en la región extremeña, Nieto continúa sin conocer el desenlace del procedimiento. “Por el momento no hay ninguna novedad”, explica a elDiario.es Extremadura.

La incertidumbre persiste mientras la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE analiza la propuesta de sanción formulada tras la investigación de la Inspección de Servicios.

Además, la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico refuerza la versión defendida por el trabajador. En el pliego de cargos se recoge que los hechos investigados consisten en haber realizado actuaciones para usuarios sin cita previa y emitir determinados certificados o atender consultas al margen de las instrucciones internas establecidas por la dirección. El documento no atribuye el expediente a otras causas diferentes ni recoge los motivos alternativos que han circulado en algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas. “No sé si es malintencionado o se quiere sembrar dudas, pero los motivos del expediente son los que son”.

Según el propio pliego, la Administración considera que esas actuaciones podrían haber generado un trato diferenciado respecto a otros usuarios que seguían el procedimiento ordinario de cita previa y encuadra los hechos en una posible falta grave por incumplimiento de funciones. Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que nunca dejó de atender a personas con cita para beneficiar a otras que no la tenían. “Jamás dejé de atender a alguien con cita para atender a otra persona que sí disponía de ella. Cuando había capacidad y alguien llegaba con una necesidad urgente y había un hueco, yo intentaba ayudar, pero no por caridad, simplemente porque es mi trabajo”, afirma.

El pasado 5 de junio, sin embargo, el Ministerio de Trabajo aseguró que “la investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”.

El rostro de un debate nacional

La repercusión mediática del caso ha sorprendido incluso al propio protagonista. Lo que empezó como un expediente interno terminó ocupando espacio en medios nacionales y desencadenando una movilización ciudadana poco habitual en torno a un trabajador público.

Nieto admite que esta exposición pública ha tenido un impacto personal. “Cuando todo esto empezó pensaba que era una cuestión administrativa más. Nunca imaginé que acabaría en programas de radio y periódicos nacionales o que tanta gente me mostraría su apoyo”. Aun así, reconoce que también ha sentido el peso de convertirse en una figura pública involuntaria.

“Hay quien me presenta como un héroe y yo no me reconozco en esa imagen, pero estoy muy preocupado y esto está afectando a mi mujer y a mi hijo también. He hecho mi trabajo lo mejor posible como lo hacen miles de empleados públicos. Lo que ocurre es que este caso ha tocado una fibra sensible porque mucha gente ha vivido problemas similares con la Administración y nadie les ha defendido antes”.

Y es que su nombre ha quedado ligado a un debate que afecta a miles de ciudadanos: la creciente dependencia de los procedimientos digitales para acceder a servicios esenciales y las dificultades de quienes no logran adaptarse a ellos.

El temor a las consecuencias

Aunque el expediente puede comprometer su futuro laboral, Nieto asegura que hay algo que le preocupa incluso más que una posible sanción (hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo). “Lo que verdaderamente también me inquieta es el efecto que esto pueda tener sobre otros compañeros”.

A su juicio, el mensaje que podría desprenderse de su caso es que cualquier iniciativa orientada a resolver problemas concretos de la ciudadanía puede convertirse en un riesgo para el trabajador. “Si la conclusión es que lo mejor es limitarse a cumplir estrictamente las instrucciones aunque tengas delante a una persona desesperada, estaremos generando una Administración mucho más fría y distante”.

Recuerda que muchas empleadas y empleados públicos se enfrentan a diario a situaciones que no encajan perfectamente en los manuales y que exigen cierto margen de criterio profesional. “La Administración necesita normas, nadie discute eso. Pero también necesita personas capaces de interpretar la realidad que tienen delante”.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la tensión entre la legalidad formal y la atención efectiva a la ciudadanía. Los defensores de la cita previa sostienen que garantiza igualdad de trato, evita arbitrariedades y permite organizar recursos limitados. Nieto no cuestiona esos objetivos. “La cita previa tiene sentido. Es una herramienta útil para gestionar el trabajo. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera”.

Insiste en que el debate debe trascender su situación personal. “Ante la pregunta de qué prefiero: que archiven el expediente o que se arregle esto. Yo quiero que se archive porque es mi trabajo y mi sustento, pero también creo que se ha abierto una oportunidad para humanizar un poco el sistema”.

Nieto explica que en la propia oficina existen mecanismos para aprovechar los huecos que quedan cuando una atención termina antes de lo previsto. El gestor de colas, señala, permite asignar esos tiempos libres a personas que llegan sin cita previa. “Llevo más de un año planteando alternativas porque creo que se puede compatibilizar la organización del trabajo con la atención a quien tiene una necesidad urgente”. Además, recuerda que un sistema mixto, que combina cita previa con atención en el mismo día, ya está funcionando en otras localidades de la provincia de Badajoz.

Una Administración que excluye

La cita previa, implantada inicialmente como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en el acceso habitual a numerosos servicios públicos. Para Nieto, este cambio ha aportado ventajas organizativas, pero también ha generado nuevos problemas. “La digitalización ha facilitado muchas cosas, pero también ha creado nuevas formas de exclusión”.

Recuerda que una parte importante de los usuarios del SEPE son personas mayores, ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos o personas en situaciones personales especialmente complicadas. “No todo el mundo tiene ordenador, acceso a internet o capacidad para manejar determinados procedimientos”.

Su reflexión se apoya en décadas de experiencia en atención al público. “He visto personas perder prestaciones por cuestiones burocráticas o por no entender determinados procedimientos. A veces no se trata solo de aplicar una norma, sino de tener empatía con quien tienes delante”.

Durante la conversación evoca incluso el caso de su propio padre, funcionario jubilado, que tuvo dificultades para realizar trámites sanitarios graves y urgentes que solo podían gestionarse por internet: “Para ayudar a mi padre y a mi madre tuve que pedir asesoramiento a mi mujer e incluso a un amigo, porque yo me pongo nervioso cuando no controlo todo el proceso”.

Apoyo ciudadano inmediato

La apertura del expediente provocó una reacción social inmediata en Mérida. Decenas de personas se concentraron ante las puertas del SEPE para mostrar su apoyo al trabajador y exigir el archivo de las actuaciones. Entre los asistentes había desempleados, compañeros de oficina, representantes sindicales y ciudadanos que conocían de primera mano la labor de Nieto.

“Lo que más me ha emocionado no han sido las entrevistas ni la repercusión mediática, sino escuchar a personas que venían a decirme que en algún momento les ayudé cuando tenían un problema”, confiesa.

El respaldo también ha llegado desde organizaciones sociales y distintas formaciones políticas, aunque él insiste en desvincular su caso de cualquier confrontación partidista. “No quiero que esto se politice porque no creo que sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la Administración y con qué tipo de relación queremos entre los servicios públicos y la ciudadanía”.

Mientras espera la resolución definitiva, Nieto es consciente de que el desenlace puede tener un alcance que va más allá de su propia carrera. Si la sanción prospera, muchos lo interpretarán como una reafirmación del cumplimiento estricto de los procedimientos. Si se archiva o se suaviza, otros verán un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener márgenes de flexibilidad en la atención al público.

Él evita situarse en los extremos. “No creo que la solución sea que cada funcionario haga lo que quiera. Pero tampoco creo que una Administración pueda funcionar ignorando las circunstancias reales de las personas”. Su reflexión destila empatía: “Después de tantos años trabajando, uno aprende que detrás de cada expediente hay una persona. Y quizá eso es lo que no deberíamos obviar nunca porque es fácil olvidarse”.

Denunció otros obstáculos

El expediente actual no es el primer desencuentro de Nieto con la estructura administrativa del SEPE. En abril de 2019, cuando trabajaba en la oficina de prestaciones de Mérida, remitió un escrito a la dirección provincial alertando de las sanciones que estaban recibiendo numerosos perceptores por no acudir a los controles obligatorios. Según denunció entonces, muchos nunca llegaron a conocer las citaciones porque las cartas eran devueltas sin haber sido entregadas.

Aquel aviso generó debate y acabó impulsando cambios en los procedimientos de notificación. Para él, ese episodio reforzó la convicción de que la Administración debe garantizar que los ciudadanos comprendan y puedan ejercer sus derechos antes de imponer sanciones que afectan “directamente a su subsistencia”.

La continuidad entre aquella denuncia y el expediente actual permite interpretar ambos episodios como parte de una misma preocupación: evitar que procedimientos concebidos para organizar la Administración terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes más dependen de ella.

El caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha abierto actuaciones y ha solicitado información al SEPE sobre las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, los tiempos medios para obtener cita en la oficina de Mérida y los criterios que regulan la atención presencial. Además, recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos en las oficinas de empleo, una situación sobre la que ya había formulado recomendaciones a la Administración.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando información acerca de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público supuestamente por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida, como publicó El País. El departamento de Yolanda Díaz niega que ese sea el motivo de la investigación, pero indica que este es “confidencial”.

La institución presidida por Ángel Gabilondo ha consultado al SEPE sobre las informaciones que apuntan que el funcionario público fue expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Según explicó el trabajador a El País, realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda. El funcionario fue apoyado por un centenar de personas en una concentración el pasado miércoles.

El Defensor del Pueblo pide al SEPE “información sobre el eventual expediente incoado al trabajador”, sobre qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y “cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor”, informa en una nota.

También reclama información sobre el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en los años 2025 y 2026.

Trabajo niega que ese sea el motivo de la investigación

“La investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”, responden en el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, indican que el SEPE “está a total disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para efectuar las aclaraciones oportunas”.

“Los elementos que ponen en marcha este procedimiento son otros relacionados con la gestión de su trabajo, y son estrictamente confidenciales con el fin de salvaguardar los derechos del investigado. Todos los trabajadores y trabajadoras públicas están sometidos a los procesos de verificación del trabajo que son necesarios para garantizar el correcto desempeño de las funciones que realizan”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Además, precisan que “el SEPE no ha expedientado al funcionario de Mérida, sino que se ha abierto una investigación, que actualmente está en curso y en manos de una instrucción independiente”. Por lo tanto, en estos momentos “no se ha puesto sobre la mesa la imposición de sanciones de ningún tipo y, por supuesto, tampoco ha visto alterada su actividad laboral”.

“Las instituciones públicas que prestamos servicios a la ciudadanía tenemos un deber claro, que es el de atender a las ciudadanas y los ciudadanos de la manera más eficaz, rápida y eficiente. Por lo tanto, todo lo que favorezca prestar esta atención va a tener siempre nuestro apoyo, porque entendemos que es nuestro deber. Pero también tenemos el deber, la obligación, de que todos los procesos que dependan de la administración pública, que es la administración de todos y de todas, tengan las garantías y la seguridad jurídica y procedimental pertinentes”, responden en el Ministerio de Trabajo.

El Defensor recuerda las “numerosas quejas” de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo recuerda que en los últimos años ha venido recibiendo “numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Por ello, la institución ha venido formulando diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo –que dirige Joaquín Pérez Rey, 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz– para que se buscasen soluciones a dicha situación.

“Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone”, indica el Defensor. Esta falta de personal es una denuncia constante de los sindicatos del SEPE en los últimos años, que denuncian incluso oficinas que se han quedado completamente vacías.

Las demoras para lograr la atención presencial en el SEPE han supuesto incluso que proliferen negocios de venta ilegal de citas en los últimos años, contra los que el Ministerio de Trabajo puso hace unos meses una denuncia ante la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya. La práctica se remonta hasta 2020 y afecta a varias ciudades españolas.

El departamento de Yolanda Díaz manifiesta todo su “apoyo a los y las trabajadoras de las oficinas del SEPE y a todos los servidores públicos, sobre todo en aquellos momentos en los que puedan tener más dificultades para prestar los servicios que prestan”.

La primera edición del Foro Impacto de elDiario.es invitó a reflexionar, de la mano de los mejores expertos, sobre la transformación del modelo productivo español a través del conocimiento. En ese contexto, la segunda mesa del encuentro, titulada ‘Cerrar la brecha: formar hoy el talento del mañana’, reunió a Ana María Aguilar Manjón, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Francis Blasco, decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, y Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Una interesante charla que estuvo moderada por la periodista de elDiario.es Laura Olías, que situó el debate en el impacto social de la transformación del empleo.

“En un mercado laboral transformado por la investigación y la vanguardia, esta mesa trata de analizar cómo garantizar el acceso a la alta cualificación y a las profesiones de futuro de manera que no sea un nuevo factor de exclusión social”, introdujo Olías. “El aprendizaje continuo ha de ser un motor de la igualdad de oportunidades”, añadió.

Un cambio de modelo 

La primera pregunta del debate giró en torno a si España está inmersa en un cambio de modelo productivo. Para Ana María Aguilar, del SEPE, la respuesta es positiva, aunque matizada. “España ha comenzado a trabajar un cambio en el modelo productivo, apoyado en el talento, el conocimiento y la cualificación”, señaló, destacando el crecimiento de los perfiles STEM (iniciales de) y la expansión de los servicios avanzados.

Sin embargo, advirtió de que el proceso es todavía incipiente. “El recorrido es corto”, apuntó, en referencia a un cambio que se ha reforzado con la Ley de Empleo 3/23, pero que todavía presenta importantes desequilibrios. El principal, explicó, es la necesidad de que la transformación llegue no solo a los perfiles altamente cualificados, sino también a quienes requieren recualificación. “No basta con que crezca el empleo de alto valor añadido”, insistió.

Aguilar subrayó además el desajuste entre oferta y demanda laboral. “Existen lugares donde hay mayor demanda de empleo que no cuadra con la oferta disponible”, explicó, situando ahí una de las principales líneas de actuación del SEPE: la intermediación y la formación orientada a la empleabilidad real. “Nuestro empeño es que el éxito de la transformación no solo se centre en la generación de talento, sino también en el trabajo con las empresas”, añadió.

Desde la universidad, Francis Blasco planteó el debate en otros términos. Más que hablar de si existe suficiente talento formado, propuso preguntarse si ese talento responde a las necesidades reales de la economía. “¿Tenemos suficiente talento para dar respuesta a un sector de alto valor productivo?”, se preguntó. Para la decana, el foco no debe limitarse a los sectores tecnológicos, sino a la productividad del conjunto del sistema económico. “La economía real se basa en que haya una alta productividad en todos los sectores”, defendió.

Blasco reivindicó el papel de las competencias técnicas en todos los ámbitos, no solo en los más innovadores. “Soy defensora de las ‘hard skills’, del conocimiento de cómo funcionan las cosas”, señaló, poniendo como ejemplo la transformación tecnológica del sector primario. “La agricultura de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años”.

El objetivo, según defendió, no es concentrar el talento en unos pocos sectores, sino extenderlo a todo el tejido productivo. “No se trata de renegar de los sectores, sino de hacerlos más productivos y competitivos”, resumió.

Rafael Puyol, por su parte, aportó una visión estructural del problema desde la universidad. “Formamos cada vez más talento, indudablemente. ¿Pero el que necesita el tejido empresarial? No siempre”, afirmó. El presidente de UNIR señaló el déficit de titulaciones STEM y la baja presencia femenina en estos ámbitos, pero también un factor menos visible: la distancia entre vocación y empleabilidad. “Los estudiantes eligen su carrera por motivos vocacionales, no por criterios de empleabilidad”, explicó.

A ello se suma la fuga de talento cualificado. “Hay alrededor de 400.000 españoles trabajando fuera: médicos, ingenieros, investigadores…”, apuntó. Un volumen que consideró significativo en un contexto de creciente necesidad de perfiles especializados. Además, advirtió de un problema demográfico de fondo: a partir de 2030, la universidad española empezará a recibir cohortes más reducidas debido a la caída de la natalidad. “Vamos a formar menos talento del que vamos a necesitar”, resumió.

El debate incorporó después la dimensión del desajuste estructural del mercado laboral español. Aguilar subrayó la llamada “paradoja” de convivir con altas cifras de desempleo y puestos sin cubrir. “El principal problema es el desajuste entre las competencias que se ofrecen y las que demandan las empresas”, explicó. En su análisis, el déficit no se concentra tanto en los niveles universitarios como en la formación intermedia. “La carencia significativa está en perfiles de grado medio, especialmente en Formación Profesional”, señaló.

Retención del talento y el papel de la IA

En el tramo final, la conversación se centró en cómo retener el talento. Puyol apuntó directamente a las condiciones del mercado laboral. “Si la temporalidad fuera menor y las remuneraciones y condiciones fueran mejores, no perderíamos ese talento”, afirmó. También diferenció entre movilidad temporal y fuga definitiva. “Si se van, adquieren experiencia y vuelven, no hay problema. Pero si se van de forma permanente, estamos perdiendo un talento que vamos a necesitar cada vez más”, advirtió.

El cierre del debate estuvo marcado por el papel de la inteligencia artificial en el futuro del empleo y la formación. Para Ana María Aguilar, la IA “abre una oportunidad enorme” y ya está transformando los entornos laborales al eliminar tareas repetitivas y automatizar procesos. Sin embargo, advirtió de la necesidad de ajustar su regulación en el ámbito del empleo. “Aunque se cumplan los estándares normativos, existen brechas en aplicaciones de selección de personal que deben superarse para evitar sesgos y exclusión”, señaló.

Francis Blasco subrayó el impacto en el tejido empresarial. “La empresa tiene que ser capaz de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a la IA, que puede mejorar muchísimo la productividad”, afirmó, aunque advirtió de que el reto es desigual entre sectores. “Las universidades estamos preparadas; veremos si el mercado laboral también lo está”.

Por su parte, Rafael Puyol defendió que la IA ya es imprescindible en el ámbito universitario, pero advirtió de cinco condiciones clave: formación del profesorado, financiación adecuada, democratización del acceso, control del consumo energético y definición de un marco ético. “Cuando se cumplan esas condiciones, la inteligencia artificial va a revolucionar cualquier tarea universitaria”, concluyó.

Pronto se cumplirán cuatro años de la presentación de los últimos presupuestos del Estado en vigor, los de 2023. En Euskadi, en cambio, el Gobierno de Imanol Pradales ha iniciado ya la preparación de los de 2027, los terceros de la legislatura. El consejero de los números, Noël d'Anjou, asume que es una pregunta clásica el querer saber si serán cuentas expansivas o no. Y de momento no tiene una respuesta más allá de que, si se cumplen las previsiones de crecimiento económico, los fondos “ordinarios” disponibles para el Ejecutivo podrían crecer “moderadamente”.

De momento, el Gobierno vasco tiene ya las “directrices” de los presupuestos. Luego, en septiembre, llegará el “borrador” de los números, un boceto algo más definitivo. Será en octubre cuando el Consejo Vasco de Finanzas, que sienta al Ejecutivo autonómico con diputaciones y ayuntamientos, establezca las previsiones de recaudación fiscal y fije los techos de gasto. Después estará el proyecto de ley y en noviembre y diciembre se tramitará en el Parlamento.

Pero para saber la cifra mágica final de gasto quedan muchas variables por despejar. En 2026, el año en curso, el montante total es de 17.300 millones, pero tuvo una inyección extraordinaria de 1.000 millones que no se repetirá. Por otro lado, la asunción de nuevas competencias ahora en negociación con el Estado podría acarrear nuevos recursos. Si se cerrara la gestión de las pensiones de la Seguridad Social serían 12.000 millones. Y la gestión del Sepe y de las prestaciones de paro, ya cerradas y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, se cifró en su día en exactamente 822 millones.

Por eso D'Anjou pide mirar de presupuesto “ordinario” a presupuesto “ordinario”, y es donde prevé ese “moderado” crecimiento acorde con un PIB en “desaceleración” pero todavía subiendo el 1,6% el año próximo. El consejero de Hacienda es también optimista en lo laboral y entiende que la tasa de paro “seguirá reduciéndose” en 2027, con previsión de que se quede en el 6,2%. Eso implicaría la creación de 7.000 puestos de trabajo, ha pronosticado.

El trámite de las directrices no incorpora, de momento, números. Sólo filosofía. Dice D'Anjou que Euskadi operará con “rigor fiscal”. Incluso ha añadido que el volumen de endeudamiento, del 12%, es asumible, que se podría tirar de ello en caso de que vinieran mal dadas. Al consejero le preocupa el escenario internacional de incertidumbre, y también el clima de “polarización” que rodea a una Euskadi que es una isla que cada año aprueba sus presupuestos, “tal y como establece la normativa vigente”.

El Gobierno añade que en 2027 “no se contemplará la creación de nuevas entidades del sector público” ni se incrementará el volumen total de empleados públicos. Hay que “eficientar” ese apartado para lograr el objetivo de mejorar los servicios públicos sin incrementar la plantilla estructural de la Administración, ha manifestado.

La mayoría absoluta de PNV y PSE-EE da garantías a D'Anjou de que, en Navidad, volverá a aprobar sus presupuestos. Sin embargo, está dispuesto a reunirse con la oposición. Lo hará antes de la aprobación del proyecto en octubre, según ha comprometido. Eso sí, pide a los partidos propuestas “concretas” y “responsables”. Les demanda, por ejemplo, que expliquen dónde recortarían para subir las partidas que ellos ven prioritarias.

El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en Asturias en mayo en 1.160 personas respecto a abril, un 2,3% , el quinto mayor recorte entre las comunidades autónomas, lo que dejó la cifra de desempleados en el Principado en 49.320, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, Asturias ganó 2.791 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del empleo del 0,70%, hasta 399.421 trabajadores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a mayo de 2025, el paro bajó en Asturias en 2.425 personas, un 4,69%, mientras que el empleo aumentó en 8.035 trabajadores, un 2,05%.

Descenso del paro

El paro bajó de nuevo en todos los sectores, especialmente en el sector servicios, con un recorte de 970 desempleados, hasta 36.543; en la industria bajó en 105, hasta 3.359; en la construcción, en 64, hasta 3.252, y en la agricultura, en 13, hasta 801, mientras que entre el colectivo sin empleo anterior lo hizo en 8 personas, hasta 5.365.

El paro bajó algo más entre las mujeres, en 603 desempleadas, hasta 29.033, mientras que entre los hombres lo hizo en 557, hasta 20.287.

Entre el colectivo extranjero el paro bajó en mayo en 171 personas, aunque en el último año subió también en 171, hasta 5.398 desempleados.

Cae la contratación

Respecto a la contratación, en mayo se firmaron en Asturias 19.699 contratos de trabajo, un 1,00% menos que en abril y un 4,78% menos que en el mismo mes del año pasado, de los que 5.965 fueron indefinidos y 13.734, temporales.

La contratación indefinida bajó un 8,22% respecto a abril y un 1,13 por ciento en relación a mayo del año pasado, mientras que la temporal repuntó un 2,51% mensual y un 6,28% en tasa interanual.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año se firmaron en Asturias 94.209 contratos, de los que el 32,99 % fue de carácter indefinido y el 67,01% restante, temporal.

Más de 22,3 millones de trabajadores

En el conjunto del país, el mercado laboral ha superado por primera vez los 22,3 millones de afiliados, tras sumar 231.975 empleos de media en mayo, mientras que el paro se redujo en 36.323 personas.

Se trata del segundo mayor aumento para un mes de mayo de la serie y sitúa la afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el descenso de mayo deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2.320.721, el nivel más bajo para ese mes desde 2007.

A la cabeza en creación de empleo

En el último año, el paro se ha reducido en 134.162 personas, mientras que la afiliación suma 553.431 empleos.

“Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más”, destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.