Si bien según las cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado en Cantabria se ha reducido en marzo 507 personas, aumentando la afiliación a la Seguridad Social en 2.896 cotizantes, las principales organizaciones sindicales de la región coinciden en señalar la estacionalidad de la Semana Santa y la fuerte vinculación al turismo como únicas causas.

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO), por su parte, ha subrayado como positivo que el paro baje y Cantabria se sitúe como la tercera región donde más ha descendido el desempleo a nivel estatal, solo superada por Baleares y Extremadura, pero ha incidido en que el 99,61% del descenso lo protagonizan personas desempleadas del sector servicios.

“Los servicios protagonizan el incremento de la contratación, una cuestión positiva pero con empleos más precarios, menos estables y más parciales; reivindicamos una proyección de futuro con las miras puestas en el empuje de sectores como el industrial o el tecnológico”, ha destacado Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, quien ha recordado que “desde 2012 ha descendido el paro en el mes de marzo en Cantabria todos los años” y siempre coincidiendo con “la época de en la que se crea empleo en el sector servicios”, lo que confirma, según ha lamentado, la temporalidad. En concreto, “el mes pasado un 68% de los contratos de trabajo fueron temporales”, ha subrayado. “El pasado mes de marzo, un 32% de los contratos de trabajo en Cantabria fueron indefinidos, más de 11 puntos menos que en España (43,97%) y en los tres primeros meses del año seguimos siendo una de las cuatro autonomías que no logra sobrepasar el 30% de contratos indefinidos cuando en la media nacional sigue superando el 43%”, ha agregado.

El responsable autonómico de UGT ha reiterado que “Cantabria necesita otro modelo productivo”, ya que “de las casi 2.900 afiliaciones más a la Seguridad Social el mes pasado en Cantabria, 1.300 fueron de la hostelería (de 20.306 a 21.617) y otras 350 del comercio (de 31.699 a 32.057)”.

Igulamente para el sindicato USO, los datos de empleo correspondientes al mes de marzo reflejan una mejora del mercado laboral en Cantabria “aparente ”, ya que, a su juicio, se ve impulsada principalmente por “el efecto estacional de la Semana Santa y el aumento de la actividad turística”.

USO coincide con el resto de organizaciones sindicales en que el crecimiento del empleo “se concentra casi exclusivamente en el sector servicios, evidenciando la fuerte dependencia de la economía regional del turismo”.

560 contratos fijos discontinuos más

La formación sindical ha advertido que “a pesar de estos datos positivos, el análisis en profundidad muestra elementos preocupantes” como que “el denominado paro real —personas inscritas en el SEPE sin empleo efectivo— alcanza las 35.934 personas, lo que supone un incremento de 560 respecto al mismo periodo del año anterior” y “este dato pone de manifiesto que la mejora del empleo no es estructural”.

Una de las cuestiones en las que pone el acento USO es en que “continúa aumentando el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo, que ya ascienden a 6.678, con un incremento de 300 personas en el último año”. Según el sindicato, “este tipo de contratación, estrechamente vinculado a la estacionalidad del turismo, refleja un modelo laboral marcado por la intermitencia y la falta de estabilidad”.

Sube el paro un 4,2% en el sector industrial

A su vez, USO ha puesto de relieve “la evolución negativa del sector industrial, que registra un aumento del paro del 4,29% en el último año, siendo el único sector que incrementa el desempleo”. Para el sindicato, “este dato evidencia el debilitamiento progresivo de un sector clave para la economía regional” y refleja “la ausencia de políticas efectivas de reactivación industrial”.

Para finalizar, el comunicado firmado por Mercedes Martínez Zubimendi, secretaría Regional de USO Cantabria, considera necesario “un modelo económico más diversificado y sostenible”.

La prestación por desempleo, conocida comúnmente como el paro, sigue un calendario relativamente estable en España, aunque no siempre se refleja de la misma forma en la cuenta bancaria de todos los beneficiarios. Cada mes, miles de personas esperan el ingreso procedente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero lo cierto es que la fecha exacta depende de dos factores: el día oficial de pago y la política de cada banco.

De cara a abril de 2026, esta situación se repite. Saber cuándo se cobra el paro implica entender cómo funciona el sistema y por qué algunos beneficiarios reciben el dinero antes que otros.

La fecha oficial del SEPE

El punto de partida es claro: el SEPE establece que las prestaciones por desempleo se abonan a partir del día 10 de cada mes, siempre a mes vencido.

Esto significa que el paro correspondiente al mes de marzo se paga en abril. En concreto, en 2026 el día 10 de abril cae en viernes, por lo que ese es el momento en el que se ordena el pago de forma general.

En condiciones normales, ese sería el día en el que todos los beneficiarios deberían recibir el ingreso. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque el SEPE fija esa fecha oficial, el dinero no llega automáticamente a todas las cuentas en ese mismo momento. La clave está en el papel de las entidades financieras.

Cada banco gestiona la recepción de la transferencia y decide cuándo hacerla efectiva en la cuenta del cliente. Esto provoca diferencias que pueden ir desde unas horas hasta varios días.

Además, en los últimos años se ha consolidado una práctica cada vez más habitual: el adelanto del paro. Algunas entidades optan por ingresar la prestación antes del día 10 como estrategia comercial para fidelizar clientes.

Este adelanto no es obligatorio ni está regulado, por lo que depende exclusivamente de cada banco y puede cambiar con el tiempo.

Cuándo se cobra el paro en abril de 2026

Con estos elementos sobre la mesa, la previsión para abril de 2026 combina tanto la fecha oficial como el comportamiento habitual de las entidades. La fecha oficial del SEPE es el viernes 10 de abril; el cobro adelantado (según cada banco) será entre el 5 y el 9 de abril aproximadamente, mientras que el cobro habitual sin adelanto se realizará entre el 10 y el 15 de abril.

En términos generales, el ingreso se moverá dentro de ese margen. De hecho, lo habitual es que el paro se reciba entre los días 6 y 15 del mes, dependiendo de la entidad bancaria y de posibles ajustes administrativos.

Fechas orientativas según el banco

Aunque las fechas pueden variar ligeramente cada mes, el comportamiento de los principales bancos suele ser bastante predecible, siguiendo patrones similares a los observados en meses anteriores.

Así, Banco Santander y Openbank suelen adelantar el pago a partir de los primeros días del mes, en torno al 5 o 6 de abril; Bankinter puede situar el ingreso en torno al día 9 o cercano a la fecha oficial; BBVA y CaixaBank normalmente abonan el paro el mismo día 10, de igual modo ING, Abanca, Sabadell o Unicaja, que suelen mantener el pago en torno al día 10, aunque con ligeras variaciones.

Estas diferencias responden a decisiones internas de cada entidad y no a cambios en el calendario del SEPE.

Aunque el calendario de abril de 2026 es bastante claro, hay algunos factores que pueden alterar el día de cobro, como los festivos o fines de semana. Así, si el día 10 cae en un día no laborable, el pago se traslada al siguiente día hábil. En este caso concreto, al caer el 10 de abril en viernes, no se esperan grandes alteraciones en el calendario.

Cómo funciona el pago del paro

El paro se abona siempre mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario. No existe un pago en efectivo salvo en situaciones muy concretas.

Además, el sistema funciona a mes vencido: es decir, lo que se cobra en abril corresponde al mes de marzo. Este detalle es importante para entender el calendario y evitar confusiones, especialmente en los primeros meses de cobro.

Qué hacer si no se recibe el ingreso

Si llegada la fecha prevista el paro no aparece en la cuenta, lo primero es mantener la calma. En muchos casos, el retraso se debe simplemente a la operativa del banco.

Aun así, hay una serie de pasos recomendables como: revisar la cuenta durante varios días, especialmente si el banco no adelanta el pago; consultar la sede electrónica del SEPE para comprobar el estado de la prestación; contactar con la entidad bancaria para confirmar si ha recibido la orden o bien, en caso necesario, solicitar información al SEPE.

La mayoría de los retrasos se resuelven en pocos días y no suelen implicar la pérdida de la prestación.

A pesar de las diferencias entre bancos, el sistema de pago del paro en España es bastante estable. La referencia siempre es el día 10, y a partir de ahí se producen pequeñas variaciones en función de cada entidad.

En abril de 2026, ese patrón se mantiene sin cambios: algunos beneficiarios cobrarán antes, otros justo en la fecha oficial y algunos unos días después.

En definitiva, más que una única fecha, lo que existe es una ventana de cobro. Conocerla permite anticiparse y gestionar mejor la economía personal, algo especialmente importante para quienes dependen de esta prestación.

El Tribunal Supremo ha respaldado en una reciente sentencia que las vacaciones no disfrutadas se añadan al periodo de tiempo trabajado exigido para acceder a la protección por desempleo. En concreto, a los tres meses que exige el SEPE cuando se echa a una persona trabajadora por no superar el periodo de prueba en un empleo y antes esta se ha marchado de manera voluntaria de su anterior trabajo.

En una sentencia fechada el 4 de febrero, a la que ha tenido acceso EFE y que ha consultado elDiario.es, la sala de lo social del alto tribunal estima el recurso de un trabajador presentado contra un fallo de julio de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que resolvió a favor del criterio del SEPE.

El caso aborda la situación de un hombre que, tras trabajar durante 8 años en una empresa, el 14 de julio de 2021 la abandonó para incorporarse a otra, en la que comenzó el 19 de julio de ese año. Sin embargo, la compañía rescindió el contrato del empleado por no superar el periodo de prueba tras 85 días de trabajo, con siete días de vacaciones pendientes no disfrutadas en este periodo.

El SEPE le denegó la prestación contributiva por desempleo, ya que –teniendo en cuenta los 85 días de trabajo– no habían transcurrido tres meses desde el fin de su anterior relación laboral, tal y como exige la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, el trabajador defendía que había que tener en cuenta también los siete días de vacaciones no disfrutadas, cotizadas por la empresa, y con las que sí alcanzaba este mínimo requerido.

Sí, procede sumar las vacaciones no disfrutadas

“La cuestión a resolver es la de determinar si (...) el cómputo del plazo de tres meses desde la extinción de la relación laboral anterior se alarga cuando existan vacaciones no disfrutadas”, indican los magistrados en la sentencia.

Como recordó el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en representación del SEPE, este plazo de tres meses pretende evitar “el fraude consistente en que la extinción de una segunda y breve relación laboral permita el acceso a la situación legal de desempleo que no permitía la voluntaria extinción por parte del trabajador de su anterior relación laboral”.

El Supremo apunta que la ley dispone “expresamente que, en el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, la situación legal de desempleo y el nacimiento del derecho a las prestaciones se producirá una vez transcurrido dicho período”.

Asimismo, el Supremo recuerda que la ley también indica que el derecho a las prestaciones por desempleo nace “a partir de que se produzca la situación legal de desempleo”.

En conclusión, los magistrados dan la razón al trabajador y concluyen que el criterio aplicable indica que, de haber vacaciones no disfrutadas, la situación legal de desempleo se produce una vez transcurrido ese periodo vacacional.

Cada inicio de mes, los perceptores de prestaciones por desempleo en España buscan determinar cuándo recibirán la transferencia correspondiente. Esta prestación, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), constituye un soporte económico fundamental para quienes han perdido su empleo o cuentan con ingresos insuficientes, ofreciendo un respaldo para cubrir necesidades básicas y planificar los gastos del mes.

Aunque el SEPE establece un calendario general de pagos, la disponibilidad exacta del dinero en la cuenta del beneficiario depende de la entidad bancaria encargada de procesar la transferencia. Algunos bancos siguen estrictamente la fecha indicada por la administración, mientras que otros pueden adelantar el ingreso para que los fondos estén disponibles antes de lo previsto, generando ligeras diferencias entre los perceptores según la entidad en la que tengan domiciliada la prestación.

Conocer cómo funciona la programación de los pagos y cómo influyen los bancos en la disponibilidad del dinero permite a los beneficiarios anticipar su acceso a los fondos y organizar mejor su economía mensual. Esta información resulta especialmente relevante al inicio del mes, cuando muchas familias dependen de la prestación para cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos.

Fechas de cobro en marzo según cada banco

El abono de las prestaciones por desempleo para marzo de 2026 varía según la entidad financiera en la que el beneficiario tenga domiciliado el pago. En Bankinter, la transferencia del SEPE se realizará el 9 de marzo; CaixaBank y BBVA suelen efectuar el ingreso el día 10 de cada mes; Unicaja ha previsto que la fecha de abono sea el 23 de marzo; mientras que Banco Santander no establece un día fijo y, de manera habitual, los pagos llegan entre el segundo y el tercer día hábil del mes, con la operación reflejada al día siguiente en la cuenta.

Estas diferencias reflejan cómo cada banco organiza la recepción de las órdenes de pago enviadas por la administración y cómo distribuye las transferencias entre sus clientes. Conocer estas fechas ayuda a los beneficiarios a anticipar la disponibilidad de los fondos y a planificar sus pagos recurrentes, evitando problemas de liquidez al inicio del mes.

Cómo la gestión bancaria afecta la disponibilidad del pago del paro

La fecha en que los beneficiarios perciben la prestación por desempleo no siempre coincide con el día marcado por el SEPE, ya que cada banco gestiona las transferencias según sus propios procedimientos internos. Algunas entidades deciden adelantar el abono, permitiendo que los fondos estén disponibles antes de la jornada oficial, mientras que otras respetan estrictamente el calendario fijado por la administración.

Estas diferencias no afectan la cuantía ni los derechos del beneficiario, pero sí pueden generar variaciones en el momento en que cada persona tiene acceso al dinero. La operativa interna del banco, la manera de procesar las órdenes de pago y la programación de sus sistemas influyen directamente en la disponibilidad de los fondos, haciendo que la experiencia de los perceptores pueda variar de una entidad a otra.

Para que el pago se realice sin incidencias, es esencial que los beneficiarios mantengan sus datos personales y bancarios actualizados en el SEPE y cumplan con las obligaciones administrativas, como la renovación periódica de la demanda de empleo. Estas acciones aseguran que la prestación llegue correctamente, tanto si el banco adelanta la transferencia como si respeta la fecha oficial.

El pago de las prestaciones por desempleo es una de las fechas más esperadas por los beneficiarios del paro en España. Cada mes, miles de personas consultan con atención cuándo podrán disponer de su dinero, y febrero de 2026 no es la excepción. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene como referencia el día 10 del mes como jornada habitual de abono, aunque la disponibilidad final puede variar según la entidad bancaria.

No todas las entidades financieras aplican el mismo calendario, lo que significa que algunos beneficiarios recibirán el pago antes o después de la fecha oficial. Adelantos, retrasos y variaciones dependen de la organización interna de cada banco, pero en todos los casos se respeta la cuantía de la prestación. Comprender cómo funciona este proceso permite a los perceptores planificar sus gastos y evitar contratiempos en la gestión de sus finanzas personales.

Fechas de cobro en febrero según cada banco

En febrero de 2026, el SEPE mantiene como referencia el día 10 para el pago de las prestaciones por desempleo, al tratarse de un día laborable. Entidades como BBVA y CaixaBank se ajustan a este calendario y tienen previsto que el ingreso se realice en esa fecha, sin modificaciones respecto al esquema habitual.

Sin embargo, Banco Santander, por su parte, pondrá el dinero a disposición de sus clientes el jueves 5 de febrero. En el caso de Bankinter, efectuará el abono de la prestación el 9 de febrero, un día antes de la fecha general. Unicaja realizará el ingreso de forma más tardía, con el pago previsto para el 20 de febrero. 

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

La fecha en la que la prestación por desempleo se hace efectiva en la cuenta no siempre coincide con el día marcado por el calendario oficial. Algunas entidades financieras optan por anticipar el ingreso, lo que permite que el importe esté disponible antes de la jornada fijada por el SEPE. Esta práctica depende exclusivamente de la organización interna de cada banco y de su forma de gestionar las órdenes de pago que recibe del organismo público.

Este sistema no es común a todas las entidades. Mientras algunos bancos aplican el adelanto de forma habitual, otros mantienen el abono en la fecha establecida por la administración. Como resultado, el día en el que los beneficiarios pueden disponer del dinero varía en función del banco, sin que ello suponga diferencias en la cuantía ni en el derecho a la prestación.

Con independencia de la política de cada entidad, es imprescindible que los perceptores tengan correctamente registrados sus datos personales y bancarios y cumplan con los trámites obligatorios, como la renovación de la demanda de empleo. El cumplimiento de estos requisitos es determinante para que el pago se procese con normalidad, tanto si el banco adelanta el ingreso como si lo realiza en la fecha prevista.

Al iniciar un nuevo año, muchas personas que dependen de la prestación por desempleo suelen preguntarse cuándo tendrán disponible el dinero en sus cuentas. La gestión de estos pagos no solo depende del calendario oficial del SEPE, sino también de la forma en que cada banco organiza las transferencias, lo que puede provocar ligeras diferencias entre entidades. Conocer estas fechas permite a los perceptores planificar sus gastos, evitar retrasos en facturas y mantener una gestión económica más ordenada desde los primeros días de enero.

En enero de 2026, esta cuestión cobra especial relevancia, ya que algunas entidades adelantan el abono de la prestación mientras que otras lo realizan siguiendo el calendario habitual. Para los beneficiarios, esto significa que la disponibilidad de los fondos puede variar según el banco, y que anticiparse a las fechas de pago es fundamental para evitar sorpresas. La coordinación entre el SEPE y las entidades financieras juega un papel decisivo en que el dinero llegue puntualmente a los perceptores.

Además, mantener actualizados los datos personales y bancarios en el SEPE, así como renovar la demanda de empleo dentro de los plazos establecidos, sigue siendo clave para asegurar que los pagos se realicen sin problemas. Estas acciones, sumadas a la planificación en función de las fechas de cada banco, permiten a los beneficiarios organizar sus compromisos económicos de manera más eficiente, garantizando que la prestación cumpla su función de soporte económico al inicio del año.

Fechas de cobro en enero según cada banco

En enero de 2026, los pagos de la prestación por desempleo se distribuyen de forma escalonada según la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación. Banco Santander y Openbank serán las primeras entidades en acreditar el dinero, comenzando a transferirlo a partir del 3 de enero. Este adelanto permite que sus clientes dispongan de los fondos varios días antes de la fecha general establecida por el SEPE, lo que puede ser útil para quienes necesitan organizar sus gastos al inicio del año.

El resto de los bancos, incluidos Bankinter, Unicaja, CaixaBank, Imaginbank, Ibercaja, Abanca, Banco Sabadell, ING, Cajasur, Caja Siete y BBVA, acreditarán la prestación a partir del 10 de enero, siguiendo el calendario oficial del SEPE. La disponibilidad del dinero puede variar ligeramente dentro del mismo día según la operativa de cada entidad, pero en todos los casos se respetará esta fecha de referencia.

Cómo algunas entidades adelantan el pago del paro

Algunos bancos permiten que quienes reciben la prestación por desempleo dispongan del dinero antes de la fecha oficial marcada por el SEPE. Este adelanto se organiza según los procedimientos internos de cada entidad y aprovecha la información que el SEPE comparte sobre los beneficiarios, de manera que los fondos pueden estar disponibles incluso cuando la fecha de pago cae en fin de semana o día festivo.

No todas las entidades aplican esta modalidad, ya que cada banco decide de forma independiente si adelanta el ingreso y cómo lo gestiona. Quienes disponen de esta opción pueden acceder a la prestación antes de la fecha estándar, mientras que otros clientes recibirán el pago según el calendario habitual del organismo. Por esta razón, la experiencia de los perceptores puede variar significativamente de un banco a otro, dependiendo de las políticas internas y de la coordinación con el SEPE.

Para asegurar que la prestación llegue a tiempo, los beneficiarios deben mantener al día sus datos personales y bancarios registrados en el SEPE, así como cumplir con la renovación periódica de la demanda de empleo. Estas acciones son esenciales para que los pagos se procesen correctamente, sin importar si la entidad bancaria realiza un adelanto o respeta la fecha de abono oficial.

Perder un empleo supone un cambio significativo en la vida de cualquier persona, no solo en el ámbito laboral, sino también en la economía familiar. Durante este periodo, la prestación por desempleo se convierte en un recurso clave para mantener cierta estabilidad financiera mientras se busca un nuevo trabajo. Conocer con exactitud la cuantía que se recibirá cada mes permite organizar los gastos, planificar pagos esenciales y afrontar imprevistos de manera más segura.

Además de la cantidad mensual, es importante entender los factores que determinan la prestación, como los periodos cotizados y las bases salariales previas. Contar con esta información ayuda a los beneficiarios a verificar que los cálculos realizados por la administración se ajustan a la normativa vigente y a interpretar correctamente los datos de su expediente. Esto otorga tranquilidad y permite que la gestión de la prestación sea más eficiente y transparente.

Hoy en día, los avances tecnológicos facilitan que la información sobre la prestación por desempleo esté disponible de manera digital. Gracias a los servicios online, cada persona puede consultar su expediente de forma segura y obtener todos los detalles necesarios sobre su cuantía, pagos y solicitudes. Este acceso permite a los beneficiarios mantener un control actualizado de su situación, reducir la necesidad de desplazamientos y tomar decisiones financieras con mayor confianza.

Cómo consultar la cuantía de la prestación por desempleo

Para acceder a la información sobre la cuantía del paro, los beneficiarios deben entrar en el portal oficial de la administración. Allí se centraliza toda la información relativa al expediente, incluyendo la cuantía mensual, los periodos de pago, las nóminas emitidas y cualquier solicitud pendiente o incidencia registrada. El primer paso consiste en pulsar en la sección “Consultar prestación” dentro del portal, desde donde se gestiona el acceso al expediente electrónico.

Una vez dentro, el sistema solicita la identificación del usuario mediante métodos seguros. Aquellos que disponen de certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve pueden utilizar estos sistemas para acceder directamente. Para quienes no cuentan con estos medios de identificación, el portal permite una alternativa mediante un código enviado al teléfono móvil registrado. Este método garantiza que solo la persona titular de la prestación pueda consultar los datos de su expediente.

El siguiente paso consiste en introducir los datos personales requeridos: el número de identificación oficial, el teléfono móvil registrado y el código alfanumérico que se muestra en pantalla. Esta información permite al sistema validar la identidad del solicitante y generar un código de acceso temporal. Una vez confirmados los datos, el sistema envía un mensaje de texto al teléfono móvil registrado con un código único que debe introducirse para completar la autenticación.

Tras ingresar este código, el usuario puede acceder al expediente completo. En esta sección se muestran los recibos de nómina de la prestación, los datos personales, las solicitudes pendientes, las posibles denegaciones y la información de la última prestación percibida. Esta consulta permite a los beneficiarios verificar la cuantía mensual, comprobar que los cálculos realizados por la administración son correctos y tener un registro actualizado de todos los movimientos asociados a su subsidio.

Consultar regularmente esta información proporciona seguridad y transparencia a los beneficiarios, permitiéndoles planificar sus finanzas y anticipar cualquier eventualidad. Además, la disponibilidad digital del expediente reduce la necesidad de gestiones presenciales y facilita la resolución de incidencias, ya que cualquier error o discrepancia puede detectarse a tiempo y corregirse mediante los canales oficiales.

Las personas mayores de 55 años se están descolgando de la buena marcha del mercado laboral. Por primera vez, este grupo de edad, que históricamente ha registrado los menores niveles de desempleo, supera en su tasa de paro a las personas activas de entre 25 y 54 años, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) publicado este lunes.

Esta diferencia favorable a los mayores se ha ido invirtiendo desde 2023. En la actualidad su ratio de desempleo es 0,4 puntos superior a los de las franjas de edad menores. En los tres primeros trimestres de 2025 han registrado una tasa del 9,8% de media.

El empeoramiento relativo en el empleo experimentado por los mayores a lo largo de las últimas décadas esconde grandes diferencias entre quienes han conseguido mantenerse en activo durante toda su trayectoria laboral y quienes han tenido que buscar empleo más allá de los 55 años.

Más difícil reengancharse y con peores condiciones

La precariedad laboral que sufren los mayores de 55 que se han visto forzados a ir al paro es más elevada y sus posibilidades de volver a emplearse, y las condiciones de los puestos a los que logran acceder, son también peores que las de cohortes más jóvenes.

En un contexto de envejecimiento demográfico, aumento del gasto en pensiones y demanda creciente de capital humano, el estudio señala como necesarias las reformas enfocadas a la mejora en el empleo y la formación de los trabajadores de más edad.

En este sentido, aboga por superar los estereotipos basados en la edad y lograr que las propias empresas inviertan más en formación de los trabajadores sénior, puesto que los candidatos jóvenes serán cada vez más escasos, las jubilaciones más frecuentes y las dificultades para cubrir vacantes más intensas.

El calendario no se va a cumplir una vez más. El compromiso adquirido con el PNV por Pedro Sánchez en 2023 a cambio del apoyo en la última de las investiduras para completar en 2025 todos los puntos pendientes del Estatuto de 1979 no será una realidad. El Gobierno de Imanol Pradales ha anunciado a última hora de este viernes que queda pospuesta, al menos hasta el 16 de enero, la comisión mixta programada para el 29 de diciembre y que iba a servir para rubricar cinco transferencias, incluidas las tres primeras relacionadas con la gestión de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo (el Sepe y las prestaciones y subsidios de paro), la gestión del seguro escolar y las prestaciones no contributivas del sistema. Además, siguen pendientes de negociación el resto de materias de la Seguridad Social y otros puntos de menor calado político como paradores. “Seguimos negociando”, puntualizan, en todo caso, desde la parte vasca, confiando que el retraso no sea excesivo.

“El Gobierno vasco ha constatado que, a día de hoy, no se dan las condiciones necesarias para celebrar la comisión mixta de transferencias prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre, con las debidas garantías. En consecuencia, ambos Gobiernos han acordado posponer la reunión hasta el 16 de enero, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio. El Gobierno vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos”, han informado fuentes del Ejecutivo de Pradales, que ya venían alertando en los últimos días de las complicaciones.

Desde la parte socialista, Eneko Andueza había pedido no totemizar la fecha del 31 de diciembre. En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial ha confirmado el retraso y ha indicado que la nueva fecha “permite disponer del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas”. “El Gobierno de España, siendo consciente de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando, confía en que el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada”, se ha señalado desde el Gobierno central.

Los propios Sánchez y Pradales dieron curso en una reunión en julio a los primeros pasos para la materialización del traspaso de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Superadas las reticencias iniciales de Sumar, que lidera las políticas laborales, en septiembre se cerró también lo tocante al Sepe. Todo esto y Salvamento Marítimo y un centro en Barakaldo se iba a rubricar antes de final de año, pero diferencias de última hora en cuanto a financiación y personal han truncado este calendario. Y eso que ambos Gobiernos mantienen reuniones casi continuadas, incluso en este período vacacional.

“Si bien tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, Elma Saiz, se han producido avances, persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados. En concreto, siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación y no existe aún conformidad sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social”, indican desde el Gobierno vasco. No se oculta que esto es una “contrariedad”, pero desde Vitoria exponen que “tanto el Gobierno vasco como el Gobierno español coinciden en que lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima comisión mixta de transferencias”.

No hay información sobre el estado de las negociaciones sobre el resto de materias. La más relevante es la Seguridad Social y, en concreto, lo tocante a las pensiones, un gasto de unos 12.000 millones de euros anuales. En paralelo, el PNV ha incorporado nuevas exigencias sobre dos materias que en puridad no constituyen asuntos pendientes del Estatuto de 1979, puertos y aeropuertos, ya que el Estado tiene competencias sobre las infraestructuras de “interés general”. En el primer caso, los nacionalistas abogan por rebajar la categoría de Pasaia para que pase a manos autonómicas como otros puertos de menor entidad; en el segundo caso, se ha creado una subcomisión para buscar una fórmula “negocial” que posibilite que las instituciones vascas tengan participación en la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero sin cambiar la posición del operador estatal Aena.

Los Gobiernos central y vasco celebrarán en Madrid el 29 de diciembre una nueva comisión mixta para cerrar la transferencia de cinco competencias acordadas políticamente en los últimos meses. Tres de ellas están relacionadas ya con la Seguridad Social (políticas pasivas de empleo -el Sepe-, seguro escolar y prestaciones no contributivas), pero aún no hay un acuerdo para el grueso de las funciones de la gestión económica de esta materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma. Las otras dos transferencias son Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

Sin embargo, no está previsto que el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, celebren antes del cambio de calendario la cumbre bilateral que se ha de organizar semestralmente para dar impulso político a las transferencias. La última, la del primer semestre del año, fue en julio.

El PNV acordó con Sánchez a cambio de la investidura de 2023 que antes de la finalización de 2025 se completarían todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. En estos años se han ido formalizando regularmente traspasos como Cercanías, Costas o los permisos de trabajo, entre otros, y los cinco que se firmarán al filo de la Nochevieja son el penúltimo paquete. Pero ambos Ejecutivos siguen teniendo reuniones semanales para discutir otras diez materias, incluida la parte principal del régimen de la Seguridad Social, así como posibles mejoras en la capacidad autonómica en materia portuaria y aeroportuaria.

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha insistido en que Euskadi sigue “trabajando” con “discreción” y labor “de cocina” para intentar cumplir los plazos. En el otro lado, los socialistas han venido repitiendo al PNV que no debe obsesionarse con un calendario. Sin embargo, formalmente nadie ha aludido a un posible incumplimiento del plazo.

La comisión mixta del 29 de diciembre en Madrid fijará los nuevos recursos económicos y materiales que asumirá la comunidad autónoma. Las tres materias relacionadas con la Seguridad Social se fraguaron precisamente en julio, en la última reunión en La Moncloa de ambos Gobiernos con Sánchez y Pradales al frente. El seguro escolar, por ejemplo, es una prestación de muy escaso volumen pero constituye la primera ocasión en que una comunidad autónoma asumirá la posición de la Tesorería General de la Seguridad Social y abre el camino a la gestión completa de las pensiones. El marco del acuerdo es que Euskadi sea tramitador de un sistema que seguirá siendo estatal y en el que el Estado mantendrá la competencia para fijar la normativa y las cuantías.

En cuanto a las políticas pasivas de empleo, el acuerdo tardó unos meses más. Es un área gestionada por Sumar en el Gobierno central y el PNV criticó que la coalición de izquierdas era más reticente a la transferencia que los socialistas. Finalmente, se cerró que Euskadi completará las funciones que ya recibió en 2011, las denominadas políticas activas de empleo. Así, Lanbide sustituirá completamente al Sepe -el antiguo INEM- en lo tocante a prestaciones y subsidios de paro.

Sofía se ha pasado los diez últimos días frente a la pantalla de su ordenador, actualizando cada pocos minutos la web para pedir una cita previa para el SEPE. Trabajaba en el departamento de marketing de una pequeña empresa de la provincia de Lleida hasta que la despidieron a principios de noviembre. Después de arreglar los papeles correspondientes, fue a solicitar la prestación del paro, pero no pudo. “No había citas. Ni en Lleida ni en ningún lugar”, cuenta.

Esta mujer de 35 años llegó a conectarse a “horas intempestivas”, para ver si así tenía suerte. Pero tampoco. “Hubiera estado dispuesta a hacer horas de coche si hubiera sido necesario. Pero es que no había nada de nada”. Pasaban los días y Sofía se empezaba a desesperar porque el plazo de 15 días para solicitar la prestación se estaba agotando. Fue entonces cuando una amiga le dio una solución.

Le pasó el contacto de un hombre que aseguraba que podía encontrar citas al instante. Su amiga había estado meses antes en su situación y recurrió a una plataforma de anuncios en la que se pueden encontrar decenas de perfiles que consiguen turnos en cualquier administración pública, como ha podido comprobar este medio. Desde el SEPE hasta Extranjería, pasando por oficinas locales de atención ciudadana. 

En cuestión de minutos, Sofía ya había conseguido vez para al cabo de dos días. “El precio estándar eran 35 euros, pero como era urgente, me cobraron 45”, relata Sofía, que no cree que haya hecho mal negocio: “Pueden llegar a cobrarte 99 euros y es un abuso”.

La administración tiene constancia de estas prácticas desde 2020, cuando se interpuso una demanda ante la Fiscalía para atajar el asunto, pero se archivó por falta de pruebas. Cinco años después, este mes de noviembre, Trabajo volvió a mover ficha, denunciando la práctica ante la Policía Nacional, dos meses después de que Manos Limpias anunciara una denuncia ante la Fiscalía contra el director general del SEPE por inacción.

Citas por entre 30 y 99 euros: “En tres días la tienes”

Una simple búsqueda permite encontrar decenas de ofertas por toda España que van desde los 30 a los 99 euros y que prometen encontrar una cita en minutos. Da igual para cuándo se necesite y dónde.

elDiario.es ha hablado con diversos de estos anunciantes, que adoptan diferentes estrategias. Algunos se presentan como particulares y se niegan a dar detalles de ningún tipo sobre su actividad -son cuentas sin foto de perfil y con solo un nombre de pila. Otros dicen ser gestores profesionales, pero, en cualquier caso, deniegan dar ninguna información para corroborar su perfil e, incluso, rechazan hacer facturas, a pesar de que insisten en que la actividad es “totalmente legal”.

“Solo tienes que darme tu nombre y apellidos, DNI o NIE, tu correo y Código Postal. En tres días hábiles te cojo la cita y, si tengo suerte, antes. El otro día a una chica se la conseguí al día siguiente”, dice un vendedor de citas de Madrid, que cobra 40 euros por el turno. Ante la perplejidad por la rapidez, el vendedor no detalla cómo consigue la cita en tan poco tiempo, pero sí que lo hace “a través de la página web” y que tiene “trucos” para ello. 

El SEPE libera cada día las citas que tiene en sus oficinas y ofrece a los usuarios las “más disponibles” dentro de su provincia, sin tener en cuenta la distancia respecto al domicilio de los trabajadores, explica David Fernández, coordinador de UGT en el SEPE. En muchas ocasiones, las personas desempleadas se encuentran con un muro: no hay ninguna cita disponible. Una escasez que los sindicatos vinculan directamente con la falta de personal en el SEPE, mermada por años de recortes y un alto número de jubilaciones, que dejan incluso oficinas totalmente vacías.

Entonces, ¿cómo hacen estos negocios para conseguir cita tan rápido? Por la información que llega a los sindicatos, a través de bots y otras herramientas informáticas que logran automatizar las búsquedas y captar un gran número de turnos. En los locutorios que se dedican a ello, “van acumulando DNI y todos los días van pidiendo citas: 40, 50 o 60 citas, por ejemplo”. Cuando llega un cliente con una petición de cita, anulan la más idónea de las que ya tienen cogidas y “la cogen rápidamente para esta persona”, indica Fernández. Estas prácticas colapsan todavía más el servicio y limitan las citas que hay disponibles para las personas desempleadas, denuncia el representante de UGT. 

elDiario.es también ha podido contactar con empresas registradas que se anuncian en estos portales como “asesores” para gestionar trámites burocráticos. Y, aunque al principio aseguran que no consiguen citas, al insistir y mostrar urgencia, ceden a cambio de un pago de 99 euros, un precio mucho mayor que el que piden el resto de perfiles que no pueden acreditar ser empresas. 

Las gestorías que se avienen a realizar estos servicios son las menos. Lo que sí abundan son perfiles que se hacen pasar por empresas que una sencilla búsqueda en Internet confirma que son falsas. Intentar transmitir sensación de seguridad es clave para conseguir captar clientes. Por ello, hay anunciantes que incluso se ponen de foto de perfil el logo de colegios profesionales, como el caso de un anunciante de Milanuncios que usa el del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. 

 “No vamos a permitir que nadie haga cosas ilegales usando nuestra imagen”, señala a elDiario.es el presidente del Col·legi, Josep Ribó. “Es algo que embrutece las relaciones entre la administración y el administrado. Y los que estamos en medio, nos quedamos en una situación complicada”, apunta Ribó, quien asegura que “una buena parte” de sus clientes consiguen vez a través de estos canales y, en muchos casos, desconociendo que la compraventa de citas es ilegal. 

Desde este órgano lamentan que, si bien hace años que se conoce esta práctica fraudulenta, “nadie hace nada”. Aseguran que han hablado con diferentes administraciones para que acaben con la compraventa de citas. “Nos dicen que pondrán barreras informáticas para impedirlo, pero de momento nada”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que han “estado actuando de manera decidida y constante a lo largo del tiempo ante las quejas ciudadanas que alertan de la venta fraudulenta de citas”. En el departamento de Yolanda Díaz mencionan que en noviembre de 2020, el director provincial del SEPE en Barcelona formuló una denuncia ante la Fiscalía, pero se archivó “en mayo del 2021 por falta de pruebas”.

No obstante, en Trabajo indican que han seguido persiguiendo esta práctica, que aún detectan “en un puñado de provincias” y que, “en Barcelona, se ha interpuesto este mismo mes una denuncia por esta razón ante la Jefatura Superior de Policía de Catalunya”. Añaden que se ha dado información a los responsables del SEPE en las provincias más afectadas “para que actúen”y “ejerzan las acciones legales oportunas en sus territorios”.

El Ministerio detalla además que “se han ido implantando de manera progresiva una serie de medidas antifraude”, tanto técnicas como de procedimiento, para evitar “la obtención masiva o irregular de citas”. Entre ellas, se incluyen un límite de citas activas por cada DNI, así como por teléfono, y la “liberación aleatoria de citas canceladas”, para evitar que se monitorice el sistema en busca de cancelaciones, con el objetivo de sabotear a los bots o personas pendientes de liberar citas y asignarlas al momento a otros usuarios. 

Desde Milanuncios afirman a este medio que, “pese a no intermediar en las transacciones que se realizan entre los usuarios”, trabajan para “evitar la publicación de cualquier tipo de contenido ilícito y/o ilegal en la plataforma”. “No se permiten los anuncios entre particulares relacionados con la venta de citas de diferentes organismos oficiales, como el SEPE a través de Milanuncios”. “Cuando son detectados, los borramos y, si procede, bloqueamos la cuenta del usuario”, aseguran en Milanuncios, aunque precisan que “sí que están permitidos los anuncios que realizan empresas y compañías como gestorías que realizan un servicio de asesoramiento”.

Pagar por un servicio gratuito: una derivada de la falta de personal

La compraventa de citas empezó en 2019 para Extranjería. Ante la dificultad de encontrar turno y teniendo en cuenta que muchos de quienes los necesitaban tenían dificultades con el idioma, empezaron a aparecer locutorios por toda España que se ofrecían a realizar el trámite a cambio de una compensación económica que rondaba los 10 euros.

Cuantas más citas se compraban, más costaba conseguirlas. Y ahí empezó un negocio de reventa sustentado por personas que acceden al código de las webs en las que se consiguen estas citas y consiguen reservarlas en el momento en que se liberan. Este método, que acaba colapsando los servicios públicos, llegó en 2020, a raíz de la pandemia, al SEPE. 

Con gran parte de la ciudadanía afectada por despidos, EREs y ERTEs, aumentó la búsqueda de citas para solicitar asesoría o la prestación del paro en un servicio público ya saturado, como denunciaban los sindicatos. Y lo que empezó siendo un servicio que solo se ofrecía en locutorios, pasó rápido a páginas como Milanuncios. El resultado es que hay gente pagando por ser atendida en un servicio público y gratuito, pero que se ha vuelto inaccesible. 

Carmen (nombre ficticio), desempleada de avanzada edad también en la provincia de Lleida, lleva “mes y medio” intentando conseguir una cita “mañana, tarde y noche”, sin éxito. “Es patético”, lamenta, “es imposible tanto por teléfono como por la página web”. Carmen reconoce que consiguió una cita, pero a dos horas en coche de su casa, en el Pirineo. “¿Cómo voy hasta allí? La próxima cita me la van a dar en Andorra”, ironiza. 

Soy afortunada porque me puedo mantener, pero cuánta gente hay que no, que lo necesita con urgencia. Sobre todo inmigrantes, que les corre prisa y pagan lo que sea. Es muy triste

Carmen — Trabajadora

Aunque también le ha llegado que existe la venta de citas “en locutorios”, Carmen no se la plantea por el momento. “Soy afortunada porque me puedo mantener, pero cuánta gente hay que no, que lo necesita con urgencia. Sobre todo inmigrantes, que les corre prisa y pagan lo que sea. Es muy triste llegar a este punto”, valora la trabajadora. 

La ansiedad de las personas desempleadas por encontrar cita y el miedo a perder días de paro, en realidad, tiene una solución en la propia página web del SEPE: el trámite de presolicitud de prestación, que tiene en cuenta la fecha en la que el ciudadano trata gestionar su prestación y no cuándo es atendido. 

La medida no supone una atención más temprana, pero permite no perder días de protección si el afectado es incapaz de conseguir cita previa. “Mucha gente lo desconoce”, lamenta Manuel Galdeano, coordinador de CSIF en el SEPE. Y, en cualquier caso, este trámite impide al ciudadano ser atendido personalmente, “hacer preguntas y plantear dudas, que para eso somos un servicio de atención al ciudadano”, añade Galdeano. Además, existe la solicitud online de la prestación y el subsidio de desempleo.

Más allá de la necesidad de luchar contra la venta irregular de citas, los representantes de la plantilla del SEPE advierten de que la principal causa de que siga existiendo esta situación es “la falta de personal” en las oficinas del SEPE, que provoca que haya pocas citas para la demanda existente. Aunque el Ministerio de Trabajo está aumentando las ofertas de empleo público, “no son suficientes” para compensar el nivel de jubilaciones y los recortes del pasado, advierte Manuel Galdeano. 

“Entre 2022 y 2024 hemos tenido 1.412 bajas por jubilaciones. En 2025 ya hemos perdido a 725 personas”, apunta el representante de CSIF. “Tendríamos que ser unos 12.000 efectivos y somos 7.335”, sostiene David Fernández (UGT), que lamenta no solo la sobrecarga del personal del SEPE, sino que en última instancia “el servicio que se presta a la ciudadanía no es el óptimo”. 

El inicio de diciembre trae consigo la habitual preocupación de quienes perciben la prestación por desempleo: saber cuándo podrán disponer del dinero en su cuenta bancaria. Esta información no solo es importante para planificar gastos básicos, sino también para anticipar pagos extraordinarios que suelen concentrarse en este mes, como compras navideñas o facturas de fin de año. Contar con un calendario aproximado de pagos permite organizar mejor las finanzas personales y reducir la incertidumbre sobre la disponibilidad de la ayuda económica.

Cada mes, el SEPE establece un calendario general de pagos que sirve como guía, pero las fechas concretas pueden variar en función del banco donde esté domiciliada la prestación. Algunas entidades financieras procesan los ingresos de forma anticipada, mientras que otras se ajustan al calendario estándar. Conocer cómo actúa cada banco es clave para evitar sorpresas y garantizar que la ayuda llegue en tiempo y forma.

En diciembre, estas diferencias se mantienen. La programación de los pagos depende de la operativa interna de cada entidad y de la recepción de la información del SEPE. Por ello, aunque existen fechas orientativas, los beneficiarios deben estar atentos y confirmar con su banco el momento exacto en que se realizará la transferencia. 

Fechas de cobro en diciembre según cada banco

Las prestaciones por desempleo correspondientes a diciembre de 2025 se ingresarán en días diferentes según la entidad bancaria. Banco Santander y Openbank prevén que los primeros pagos se realicen a partir del 4 de diciembre. Otras entidades han programado los ingresos para la segunda semana del mes. Banco Sabadell, BBVA, CaixaBank, Bankinter e Imaginbank tienen previsto que el abono se haga efectivo a partir del 10 de diciembre.

Por último, los beneficiarios que tengan la prestación domiciliada en Ibercaja, Abanca o ING podrían recibir el ingreso hacia el 11 de diciembre. Estas fechas son orientativas y pueden verse modificadas por la operativa interna de cada banco o por la disponibilidad de fondos. Para evitar demoras, se recomienda comprobar la fecha exacta con la entidad y asegurarse de que los datos personales y bancarios en el SEPE estén correctamente actualizados.

Adelanto en el cobro de las prestaciones por desempleo

Algunas entidades financieras ofrecen la posibilidad de que la prestación por desempleo se abone antes de la fecha oficial marcada por el SEPE. Este adelanto depende de la gestión interna de cada banco y de cómo organizan los pagos a sus clientes. La práctica permite que los fondos estén disponibles incluso si el día de pago cae en un fin de semana o festivo, evitando que los beneficiarios tengan que esperar días adicionales.

El anticipo se realiza según criterios propios de cada entidad. Las instituciones que aplican este procedimiento buscan facilitar que los perceptores cuenten con la prestación al inicio del mes, lo que ayuda a planificar los gastos con mayor comodidad y reduce el riesgo de retrasos en el abono. Al mismo tiempo, no todos los bancos lo implementan, por lo que la experiencia de los beneficiarios puede variar.

Para asegurarse de recibir la ayuda a tiempo, es recomendable que los usuarios revisen periódicamente su cuenta y confirmen que los datos personales y bancarios registrados en el SEPE estén correctos. Mantener al día la renovación de la demanda de empleo también sigue siendo clave, ya que garantiza que el ingreso se procese de forma puntual, independientemente de si la entidad realiza un adelanto o respeta la fecha habitual de pago.

Cada mes, el SEPE establece el calendario para el abono de las prestaciones por desempleo, indicando cuándo los beneficiarios pueden disponer de los fondos correspondientes. Para noviembre de 2025, las fechas de ingreso varían según la entidad bancaria y la forma en que cada institución procesa la información. Conocer estos plazos permite organizar los gastos del mes y evitar imprevistos financieros.

Algunas entidades adelantan el pago antes de la fecha oficial, mientras que otras respetan estrictamente el calendario establecido por el organismo público. Por ello, es recomendable que los beneficiarios consulten con su banco la fecha concreta en la que recibirán la prestación y mantengan sus datos personales y bancarios actualizados, así como al día la renovación de la demanda de empleo, para garantizar que los ingresos se reciban sin retrasos ni problemas.

Fechas de cobro en noviembre según cada banco

El ingreso de las prestaciones por desempleo correspondientes a noviembre de 2025 se realizará en fechas distintas según cada entidad bancaria. Openbank tiene previsto comenzar los pagos a partir del 4 de noviembre, mientras que Banco Santander también estima efectuar el abono a partir de ese mismo día. Banco Mediolanum iniciará los ingresos a partir del 6 de noviembre.

La mayoría de los bancos tienen previsto realizar los depósitos a partir del 10 de noviembre. Entre ellos se encuentran Cajamar, Caixabank, Imaginbank, Unicaja, BBVA, EvoBank, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Siete, N26 y Caja de Ingenieros. Estas fechas son aproximadas y pueden variar según la operativa interna de cada entidad y la disponibilidad de fondos. Se recomienda a los beneficiarios verificar con su banco la fecha exacta de cobro y mantener actualizados los datos personales y bancarios en la plataforma del SEPE para asegurar que el ingreso se reciba sin retrasos ni incidencias.

Anticipo del pago de las prestaciones por desempleo

Algunos bancos ofrecen la posibilidad de recibir las prestaciones por desempleo antes de la fecha oficial. Esto ocurre gracias a la colaboración con el SEPE, que comparte la información necesaria para que las entidades puedan adelantar los pagos. De esta manera, las personas que dependen de la prestación pueden disponer del dinero antes y organizar sus gastos con tranquilidad, evitando problemas por retrasos o fechas coincidentes con fines de semana o festivos.

Además, adelantar el pago suele formar parte de las políticas internas de cada banco, pensadas para mejorar la experiencia de sus clientes. No todas las entidades lo hacen, por lo que es importante conocer cómo funciona cada caso en particular. Mantener los datos personales y bancarios actualizados y renovar la demanda de empleo a tiempo sigue siendo fundamental para asegurarse de que la prestación llegue puntualmente, ya sea que el banco adelante el ingreso o respete la fecha oficial.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece un calendario de pagos para las prestaciones por desempleo que regula la disponibilidad de los fondos cada mes. Para octubre de 2025, las transferencias se realizarán dentro de un rango habitual comprendido entre los días 10 y 15, aunque los plazos pueden ajustarse si coinciden con fines de semana o festivos. Conocer estas fechas permite a los beneficiarios planificar sus gastos de manera eficiente y asegurarse de que las necesidades básicas estén cubiertas durante todo el mes.

La fecha exacta de abono depende, en muchos casos, de la entidad bancaria en la que cada persona tenga domiciliada su prestación. Mientras algunas instituciones transfieren los fondos antes de la fecha oficial, otras se ajustan estrictamente al calendario del SEPE. Estas diferencias se deben a la operativa interna de cada banco y al momento en que procesan la información recibida desde el organismo público. Por esta razón, la disponibilidad de los fondos puede variar ligeramente de un titular a otro.

Además de conocer el calendario de pagos, es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos personales y bancarios actualizados en la plataforma del SEPE y cumplan con los plazos de renovación de la demanda de empleo. Estas acciones contribuyen a que los ingresos se realicen de manera puntual. Asimismo, entender cómo cada entidad gestiona las transferencias permite anticipar la fecha exacta de cobro y organizar con mayor precisión las finanzas personales durante el mes.

Fechas de cobro en octubre de 2025 según cada banco

El abono de las prestaciones por desempleo en octibre de 2025 variará según la entidad bancaria. Openbank tiene previsto realizar los pagos a partir del 3 de octubre, mientras que Banco Santander efectuará el ingreso entre los días 3 y 4. Banco Mediolanum abonará los fondos a partir del 6, y tanto Caja Siete como Caja de Ingenieros comenzarán los pagos a partir del 8 de octubre.

La mayoría de las entidades financieras realizarán los ingresos a partir del 10 de octubre. Entre ellas se encuentran Cajamar, Caixabank, Imaginbank, Unicaja, BBVA, EvoBank, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter y N26. Estas fechas son aproximadas y pueden variar según la operativa interna de cada banco y la disponibilidad de fondos.

Se recomienda a los beneficiarios consultar con su entidad bancaria para confirmar la fecha exacta de cobro y asegurarse de que los datos personales y bancarios estén actualizados en la plataforma del SEPE, de manera que el abono se realice sin retrasos ni incidencias.

Anticipo del ingreso de las prestaciones por desempleo

No todos los bancos realizan el abono de las prestaciones por desempleo en las mismas fechas, ya que algunas entidades aplican procedimientos internos que permiten anticipar los pagos. Estas diferencias no dependen del SEPE, sino de la manera en que cada banco gestiona la información de los beneficiarios y de sus propias políticas de operativa financiera. En algunos casos, las transferencias se realizan antes del calendario oficial para garantizar que los fondos estén disponibles a tiempo, incluso si el día de pago coincide con un fin de semana o festivo.

El adelanto de los pagos puede variar según la entidad y el tipo de cuenta, y responde a criterios internos de liquidez y eficiencia en la gestión de transferencias. Las instituciones que optan por esta práctica buscan ofrecer mayor disponibilidad de fondos a sus clientes, lo que contribuye a facilitar la planificación de gastos mensuales y reducir posibles incidencias relacionadas con retrasos en los ingresos.

Para los beneficiarios, es importante conocer las políticas de su banco respecto al anticipo de pagos y permanecer atentos a las comunicaciones oficiales de la entidad. Mantener los datos personales y bancarios actualizados en la plataforma del SEPE y cumplir con los plazos de renovación de la demanda de empleo sigue siendo esencial para asegurar que la prestación se reciba de manera puntual, independientemente de si el banco adelanta o no el ingreso.

No todas las personas desempleadas logran acumular los 360 días de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva por desempleo. Para ellas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla el subsidio por cotizaciones insuficientes, una ayuda destinada a quienes han trabajado menos de un año y se encuentran en situación legal de desempleo. El objetivo es cubrir a quienes quedan en un vacío de protección y garantizarles un ingreso mínimo mientras buscan un nuevo empleo.

Quiénes lo pueden solicitar

Podrán beneficiarse de este subsidio quienes acrediten al menos 90 días cotizados si tienen cargas familiares, o 180 días si no las tienen, siempre que no alcancen el año de cotización que da derecho al paro contributivo. También pueden acceder quienes tengan contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas no supere una jornada completa y se cumplan el resto de requisitos. En todos los casos es obligatorio encontrarse inscrito como demandante de empleo.

Entre los requisitos generales figuran estar en desempleo total o parcial, no tener derecho a la prestación contributiva y carecer de rentas propias que superen el 75% del salario mínimo interprofesional. De forma alternativa, se puede acceder acreditando responsabilidades familiares. Además, es necesario suscribir el acuerdo de actividad, que compromete a la persona beneficiaria a participar en acciones de formación, orientación o búsqueda activa de empleo.

Cuándo solicitarlo

El subsidio debe solicitarse en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del hecho causante, es decir, desde la última situación legal de desempleo. Si no se presenta en ese tiempo, se pierde el derecho. Existe, no obstante, una vía de ampliación: quienes accedan con al menos seis meses cotizados sin cargas familiares y posteriormente acrediten responsabilidades familiares podrán ampliar la duración hasta un máximo de 21 meses, siempre que lo soliciten dentro del año siguiente a la situación de desempleo.

La duración de la ayuda depende directamente del tiempo cotizado y de la situación familiar. En general, oscila entre tres y 21 meses, siendo más larga para quienes acreditan cargas familiares. De esta forma, el sistema busca priorizar a los hogares con mayores necesidades de apoyo económico.

Para solicitar el subsidio es necesario presentar el modelo oficial de solicitud, la declaración responsable de rentas y, en su caso, la documentación que acredite responsabilidades familiares. El trámite puede realizarse en las oficinas del SEPE con cita previa o a través de la sede electrónica. La Administración exige además que se mantengan actualizados los datos de demanda de empleo durante toda la vigencia de la ayuda.

Cuánto se cobra

En cuanto a la cuantía, el subsidio se calcula como un porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. Durante los primeros 180 días se cobra el 95% del IPREM, entre los días 181 y 360 el 90%, y a partir del día 361 el 80%. Se trata de una ayuda modesta, pero que representa una red de seguridad para quienes no pueden acceder al paro contributivo. La prestación es compatible con determinados contratos a tiempo parcial, siempre que no superen el límite de jornada completa.

El subsidio por cotizaciones insuficientes constituye una herramienta clave de protección frente al desempleo parcial o de corta duración, muy frecuente en sectores con alta rotación laboral o temporalidad. Aunque la cuantía es limitada, supone un apoyo básico para quienes no logran cumplir los requisitos del paro contributivo. Conocer bien las condiciones, plazos y requisitos resulta esencial para no perder el derecho a esta ayuda y acceder a una cobertura que puede marcar la diferencia en momentos de vulnerabilidad.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más consultadas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trata de un apoyo económico que no solo garantiza un ingreso mensual a las personas desempleadas de larga duración, sino que además mantiene sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta la jubilación. En el programa Madrid Trabaja de Telemadrid, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones, María José Gómez, resolvió algunas de las dudas más frecuentes que llegan a este organismo, relacionadas con la edad de acceso, la continuidad de la ayuda hasta la jubilación y la compatibilidad con impartir formación.

Acceso al subsidio a partir de los 52 años

La primera cuestión la planteó un oyente que cumplirá 52 años próximamente y quería saber si podía solicitar la ayuda al llegar a esa edad. Según Gómez, “sabemos que podemos acceder a este subsidio cumpliendo, lógicamente, los requisitos de edad, de rentas y de cotización, cuando agotamos una prestación contributiva o cuando tenemos, por lo menos, 90 días nuevos cotizados, situación legal de desempleo”. La asesora recordó que también es posible acceder si esa situación se produjo antes de cumplir los 52 años, siempre que la persona haya seguido inscrita de forma ininterrumpida como demandante de empleo.

El matiz de la inscripción ininterrumpida resulta clave, ya que interrumpir el sellado puede suponer perder el derecho a la ayuda. “Legalmente se entiende cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada vez que paramos esa demanda, porque no la hemos reanudado, ha sido por menos de 90 días. Y no cuenta el tiempo que ha estado trabajando”, precisó la asesora. De esta forma, quienes reúnan la edad, las rentas y la cotización suficiente pueden acceder a la prestación, siempre que soliciten el subsidio dentro de los quince días posteriores a cumplir los 52. Si se pide más tarde, se reconoce desde la fecha de solicitud y no con efectos retroactivos.

¿Qué pasa al cumplir 65 años?

Otro oyente quiso saber qué ocurre al llegar a los 65 años, en un contexto en el que la edad de jubilación se retrasa de forma progresiva hasta los 67. Gómez explicó que “el subsidio de mayores de 52 años se interrumpe al llegar a los 65, porque es la primera edad posible para acceder a la jubilación ordinaria, y no se puede seguir cobrando si podemos acceder a la jubilación ordinaria”. No obstante, advirtió de que no todo el mundo reúne las condiciones para jubilarse a esa edad.

En aquellos casos en los que el trabajador no cuente con los 38 años y tres meses de cotización que se exigen actualmente para jubilarse a los 65, es posible reanudar el subsidio. “Si la persona no se puede jubilar a los 65 años porque no cumple el requisito de tener cotizados 38 años y tres meses, lo que tiene que hacer es solicitar enseguida la reanudación”, explicó la asesora. Para ello, basta con aportar un certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que lo confirme, o autorizar al SEPE a que lo solicite en nombre del interesado.

La rapidez es fundamental para evitar un vacío de ingresos. “La recomendación es que, cuando antes solicite la reanudación del subsidio de mayores de 52, si se le interrumpe por haber llegado a los 65 años, mejor, porque así sigue cobrando y cotizando sin ningún problema y sin un parón”, aconsejó Gómez. El trámite puede hacerse presencialmente o a través de la presolicitud online, que permite identificarse mediante un SMS, sin necesidad de certificado digital.

Compatibilidad con impartir formación

El tercer bloque de preguntas estuvo centrado en la posibilidad de compaginar la prestación con la impartición de formación remunerada. En este caso, Gómez distinguió dos escenarios: “Que haya alta en Seguridad Social o que no. En ambos casos, lo que tiene que hacer es comunicarse al SEPE. Y luego, cuando vuelva a estar en situación de desempleo, solicita reanudar la prestación, porque cuando nos informe a nosotros, nosotros le interrumpiremos la prestación. Pero luego la vuelve a seguir cobrando sin ningún problema”.

Si la formación implica un contrato con alta en la Seguridad Social, puede pedirse la compatibilidad con la prestación. En cambio, si no existe alta, la persona debe declarar lo percibido y el periodo trabajado. “Si no hay alta en Seguridad Social, no”, aclaró la asesora, que recordó que esos días se descuentan de la prestación por considerarse actividad a tiempo completo. La clave, subrayó, es siempre comunicar la actividad: “Antes nos lo informa y después nos solicita la reanudación. Ya está, con eso lo tiene”.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado este miércoles en Madrid un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma la gestión del SEPE (el antiguo Inem), lo que se traduce en el traspaso de 30 oficinas y 534 funcionarios y en la potestad de tramitación de las prestaciones por desempleo y de los subsidios de paro, que en 2024 tuvieron unos 50.000 beneficiarios y un coste del entorno de 822 millones. El pacto, sin embargo, deberá ser refrendado todavía en una comisión mixta, el órgano bilateral previsto en la normativa para las transferencias estatutarias. No hay fecha para que Euskadi empiece a tramitar desde su servicio de empleo (Lanbide) las nuevas funciones ya que está pendiente de definirse la interoperabilidad informática, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo de Imanol Pradales, que podrá presentarse este jueves en el debate de política general del Parlamento Vasco que abre oficialmente el curso político en Euskadi con este trofeo, ha considerado que es un día “importante”. “Esperábamos haber cerrado esta cuestión en la reunión bilateral del mes de julio. Sin embargo, no fue posible, hemos redoblado los esfuerzos negociadores y eso ha servido para que, por encima de las dificultades, las posturas hayan acabado confluyendo”, ha manifestado desde Madrid la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que se ha reunido con el secretario de Estado de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, para cerrar los detalles después de semanas de trabajo de cocina.

Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika de 1979. Además de la importancia del paso que hemos dado hoy, podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario“, ha añadido. ”Hacemos una valoración positiva. Muy positiva. Como dijimos en julio, hacía falta únicamente un poquito más de trabajo. Reafirma el compromiso que tiene Sumar con el autogobierno vasco“, ha apuntado el dirigente de Sumar, el vasco Lander Martínez.

Este bloque de materias, las conocidas como políticas pasivas de empleo, es una de las partes del gran traspaso de la gestión de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Ese proceso se inició efectivamente en un julio tras un encuentro bilateral entre el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. Sin embargo, aquellos primeros pasos fueron más cortos de lo previsto porque la parte de Sumar del Ejecutivo central puso algunos reparos. Ello llegó a motivar que Pradales, en La Moncloa, pidiera Sánchez “orden” en su gabinete.

Finalmente, un par de meses después, ambas partes han encauzado la cuestión y han cerrado el acuerdo. Euskadi creó Lanbide en 2011 tras el traspaso de las políticas activas de empleo (formación, contratos y atención a parados) y ahora sustituirá ya totalmente al SEPE en su territorio con la gestión y abono de las prestaciones. Son, en concreto, la prestación contributiva que los trabajadores tienen derecho a cobrar tras la finalización una relación laboral y todos los subsidios, que son el que existe tras el agotamiento del primero, el de cotizaciones insuficientes, el de mayores de 52 años, el de víctimas de violencia de género o sexual, el de emigrantes retornados o la renta agraria.

Una vez más, las partes recalcan que “el traspaso respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social”, a la luz de las habituales críticas desde sectores de la derecha e incluso desde los sindicatos. El Estado, de hecho, retiene la potestar regulatoria y de fijación de cuantías, aunque desde ahora Euskadi tramitará en una única ventanilla estas prestaciones y sus complementos propios, la denominada RGI. El acuerdo es “transitorio” a falta de que se cierre un convenio de financiación del núcleo duro de la Seguridad Social, la gestión de las pensiones. En principio, Sánchez se comprometió con el PNV a cerrarlo antes de la finalización de 2025.

“El Gobierno vasco tiene hechos sus deberes y estamos dispuestos a dedicar el tiempo que sea necesario para culminar lo contemplado en el Estatuto de Gernika que aprobaron por amplia mayoría las vascas y los vascos hace ya casi medio siglo”, ha dicho Ubarretxena en Madrid sobre los temas pendientes. También hay otras materias al margen de la Seguridad Social sobre la mesa, sobre la posible coparticipación de las instituciones vascas en la gestión de los aeropuertos de Aena.

Los Gobiernos central y vasco ultiman un acuerdo para la transferencia a Euskadi de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, de las oficinas del SEPE (el antiguo Inem), de sus funcionarios y, particularmente, de la tramitación tanto de las prestaciones de desempleo como de los subsidios de paro. La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, dice no tener una “bola de cristal” para adivinar el futuro pero ha partido ya a Madrid para mantener una última reunión en la que cerrar los flecos pendientes desde julio en esta materia.

El PNV arrancó a Pedro Sánchez, a cambio de apoyarle en la última investidura, en 2023, un acuerdo para cerrar en 2025 todos los traspasos pendientes del Estatuto de 1979, incluida la gestión económica de la Seguridad Social. Es una materia no cedida nunca a ninguna comunidad autónoma. En julio, en un encuentro bilateral entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, se inició ese proceso con acuerdos en torno a un primer bloque de prestaciones más simbólicas que de relevancia. El PNV se quejó de que la parte de Sumar del Ejecutivo central había impedido un acuerdo mayor en torno a las materias que caen en cartera de Yolanda Díaz, las del SEPE, hasta el punto de pedir Pradales a Sánchez, en La Moncloa, un poco de “orden” en su gabinete.

Euskadi ya recibió en 2011 las denominadas políticas activas de empleo, es decir, la parte del antiguo Inem dedicada a formación, colocación y asesoramiento de parados. De hecho, el SEPE opera ahora en Euskadi en espacios compartidos con el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Ahora se completaría aquello con las políticas pasivas, las relacionadas con la Seguridad Social. “El traspaso técnicamente es posible. Esperamos que mañana se pueda lograr un acuerdo”, ha señalado a los periodistas aún en Vitoria Ubarretxena, que ha puesto en valor el “trabajo previo” de cocina para tener esas sensaciones positivas antes de la reunión clave. De hecho, ha indicado que se ha logrado encauzar las diferencias que había con las diferentes “sensibilidades” de la coalición Sumar, sin más concreciones.

El Ejecutivo autonómico, eso sí, deja claro que no aceptará acuerdos incompletos. Y también puntualiza que al minuto siguiente de firmar el traspaso del SEPE se pondrá ya con los siguientes bloques para completar la gestión de la Seguridad Social hasta llegar al traspaso de la tramitación de las pensiones. La Constitución y el Estatuto dejan claro que la regulación de las cuantías y reglamentos seguirá siendo competencia del Estado y que no se puede romper el principio de caja única y solidaridad interterritorial.

De lograrse un acuerdo, el lehendakari Pradales podrá presentarse ante el pleno de política general previsto para este jueves en el Parlamento con la medalla de haber arrancado al Estado estas competencias. Símbolicamente, en lo que va de año cada arranque de trimestre ha estado acompañado de una novedad en este sentido. El 1 de enero fueron las Cercanías de Renfe, el 1 de abril la gestión de costas y del litoral y el 1 de julio los permisos de trabajo de extranjeros, por ejemplo. Como adelantó este periódico, Euskadi aspira también a lograr un modelo de gestión compartida de los aeropuertos de Aena.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detalla en su normativa los supuestos que afectan a quienes perciben la prestación contributiva por desempleo y deciden emprender como trabajadores autónomos. La posibilidad de suspender, reanudar o incluso compatibilizar la ayuda con una actividad por cuenta propia depende de la duración del negocio, de la situación del alta en la Seguridad Social y de los plazos en los que se comunique la decisión. El objetivo es ofrecer un marco claro para los desempleados que optan por iniciar un proyecto personal sin perder de inmediato sus derechos adquiridos.

Qué dice la norma

La regla general establece que cuando la actividad por cuenta propia dura menos de 60 meses, la prestación queda suspendida. Superado este periodo, se extingue de forma definitiva. Esa suspensión no significa perder la ayuda: el trabajador podrá reanudarla si el negocio dura menos de dos años, incluso aunque no se hubiera dado de alta en la Seguridad Social. Para actividades más largas, de entre 24 y 60 meses, la reanudación solo es posible si el autónomo estaba registrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen del Mar. En este caso, la solicitud debe presentarse en los 15 días hábiles posteriores al cese, y el cobro se retoma al día siguiente de abandonar el negocio.

El SEPE contempla además la situación de quienes tienen derecho a la protección por cese de actividad, la llamada “prestación por paro de los autónomos”. En ese caso, el trabajador puede elegir: o bien percibir esta ayuda específica o bien recuperar la prestación por desempleo que tenía suspendida. La normativa es clara en una advertencia: si se opta por volver al paro contributivo, las cotizaciones que habían dado lugar al derecho a la prestación por cese de actividad no podrán computarse en el futuro para solicitar de nuevo esa ayuda.

Otros casos

No todos los escenarios terminan con una reanudación. Hay supuestos de extinción definitiva de la prestación. Así ocurre cuando el trabajo por cuenta propia supera los 60 meses o cuando, pese a durar entre 24 y 60, no se ha producido el alta en los regímenes especiales correspondientes. En esas situaciones, el derecho al paro se pierde de manera irreversible, lo que convierte en fundamental cumplir los plazos y las obligaciones de alta para mantener la posibilidad de reanudarlo.

Compatibilidad entre cobrar el paro y emprender

Más allá de suspender o extinguir la ayuda, la normativa del SEPE contempla también la compatibilidad entre cobrar el paro y emprender. Esta opción está pensada para quienes, tras cesar en su empleo anterior, deciden iniciar una actividad como autónomos. El beneficiario puede seguir percibiendo su prestación contributiva durante un máximo de 270 días —nueve meses— o hasta agotar el tiempo que le quedase reconocido. Para ello es imprescindible solicitarlo en un plazo improrrogable de 15 días desde el inicio del negocio.

Esa compatibilidad tiene límites. Se extingue en el momento en que el trabajador firma un contrato por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. También desaparece si el beneficiario pasa a ser socio de una sociedad laboral de nueva creación o de una cooperativa de trabajo asociado. En cualquier caso, la prestación puede acompañar el inicio del proyecto durante el tiempo establecido, siempre que se cumpla con las condiciones exigidas.

Cuando un desempleado se acoge a la compatibilidad, percibe el 100% de la prestación contributiva que le corresponda, con la retención de IRPF, pero sin que se deduzcan cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera, el sistema pretende favorecer el emprendimiento ofreciendo un colchón económico durante los primeros meses de actividad, evitando que la decisión de montar un negocio implique renunciar de inmediato a la ayuda por desempleo.

La filosofía de estas medidas es doble. Por un lado, garantizar que los trabajadores que prueban suerte con un proyecto propio no pierdan los derechos que habían generado como asalariados. Por otro, ofrecer un incentivo a la creación de empleo autónomo, con un marco normativo que combina seguridad y flexibilidad. En un mercado laboral donde el trabajo por cuenta propia es cada vez más frecuente, las reglas del SEPE buscan dar certidumbre a quienes dudan entre seguir cobrando el paro o dar el salto al autoempleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha alertado de un fraude telefónico en el que los delincuentes solicitan datos bancarios “con fines ilícitos”, como operar en nombre del titular de la cuenta, según denuncia el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de una publicación en su perfil de redes sociales. 

El organismo explica que se han detectado llamadas de teléfono fraudulentas con numeraciones 800, 807 y similares. Los operadores que las protagonizan explican que se trata de una factura para la que necesitan los datos bancarios del usuario. Sin embargo, se trata de un engaño. 

Según recuerda el SEPE, los delincuentes se hacen pasar por este organismo de empleo para solicitar datos bancarios con “fines ilícitos”. Por ejemplo, hacer operaciones en nombre del titular de la cuenta sin su consentimiento, cuando realmente este no las ha autorizado. 

Para no ser víctima de una estafa de este tipo, recuerda que el SEPE “nunca solicitará datos bancarios por teléfono”. También explican que el número habilitado para usuarios es el 060 el 919267970, en el caso de querer una cita previa. En ningún caso, se trabaja con las numeraciones detectadas. 

Estafas relacionadas con el SEPE

No es la primera vez que el SEPE, responsable de todos los trámites relacionados con las prestaciones por desempleo, detecta una estafa similar ni publicidad engañosa. De hecho, este mismo engaño se ha reportado en más de una ocasión, pero denuncian que los delincuentes siguen insistiendo. Además, estos facturan con tarifas desmesuradas porque tratan de mantener a la persona en línea el mayor tiempo posible. 

El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recomienda desconfiar en los siguientes casos: