El Defensor del Pueblo pregunta al SEPE por el expediente abierto a un funcionario que atendía sin cita previa

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando información acerca de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público supuestamente por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida, como publicó El País. El departamento de Yolanda Díaz niega que ese sea el motivo de la investigación, pero indica que este es “confidencial”.

La institución presidida por Ángel Gabilondo ha consultado al SEPE sobre las informaciones que apuntan que el funcionario público fue expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Según explicó el trabajador a El País, realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda. El funcionario fue apoyado por un centenar de personas en una concentración el pasado miércoles.

El Defensor del Pueblo pide al SEPE “información sobre el eventual expediente incoado al trabajador”, sobre qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y “cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor”, informa en una nota.

También reclama información sobre el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en los años 2025 y 2026.

Trabajo niega que ese sea el motivo de la investigación

“La investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”, responden en el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, indican que el SEPE “está a total disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para efectuar las aclaraciones oportunas”.

“Los elementos que ponen en marcha este procedimiento son otros relacionados con la gestión de su trabajo, y son estrictamente confidenciales con el fin de salvaguardar los derechos del investigado. Todos los trabajadores y trabajadoras públicas están sometidos a los procesos de verificación del trabajo que son necesarios para garantizar el correcto desempeño de las funciones que realizan”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Además, precisan que “el SEPE no ha expedientado al funcionario de Mérida, sino que se ha abierto una investigación, que actualmente está en curso y en manos de una instrucción independiente”. Por lo tanto, en estos momentos “no se ha puesto sobre la mesa la imposición de sanciones de ningún tipo y, por supuesto, tampoco ha visto alterada su actividad laboral”.

“Las instituciones públicas que prestamos servicios a la ciudadanía tenemos un deber claro, que es el de atender a las ciudadanas y los ciudadanos de la manera más eficaz, rápida y eficiente. Por lo tanto, todo lo que favorezca prestar esta atención va a tener siempre nuestro apoyo, porque entendemos que es nuestro deber. Pero también tenemos el deber, la obligación, de que todos los procesos que dependan de la administración pública, que es la administración de todos y de todas, tengan las garantías y la seguridad jurídica y procedimental pertinentes”, responden en el Ministerio de Trabajo.

El Defensor recuerda las “numerosas quejas” de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo recuerda que en los últimos años ha venido recibiendo “numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Por ello, la institución ha venido formulando diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo –que dirige Joaquín Pérez Rey, 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz– para que se buscasen soluciones a dicha situación.

“Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone”, indica el Defensor. Esta falta de personal es una denuncia constante de los sindicatos del SEPE en los últimos años, que denuncian incluso oficinas que se han quedado completamente vacías.

Las demoras para lograr la atención presencial en el SEPE han supuesto incluso que proliferen negocios de venta ilegal de citas en los últimos años, contra los que el Ministerio de Trabajo puso hace unos meses una denuncia ante la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya. La práctica se remonta hasta 2020 y afecta a varias ciudades españolas.

El departamento de Yolanda Díaz manifiesta todo su “apoyo a los y las trabajadoras de las oficinas del SEPE y a todos los servidores públicos, sobre todo en aquellos momentos en los que puedan tener más dificultades para prestar los servicios que prestan”.