La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja ha celebrado su primer Comité Regional Constituyente, máximo órgano entre Congresos, con la vista puesta en la compleja situación económica y social que atraviesan muchas personas mayores riojanas y conscientes de la necesidad de reforzar las políticas públicas de protección social. Por ello, la resolución aprobada por el comité subraya “la trascendencia de los resultados de las próximas elecciones generales para el futuro de los derechos, las condiciones de vida y el bienestar de millones de personas jubiladas, pensionistas y mayores”, teniendo en cuenta “los importantes desafíos sociales, económicos y demográficos” que marcarán la próxima legislatura.

Entre estos retos, UJP UGT cita como principales el envejecimiento de la población, la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas, la atención a la dependencia, la calidad de los servicios públicos, las dificultades de acceso a la vivienda y las distintas formas de discriminación social y exclusión que afectan a las personas mayores. 

La Organización considera que estas cuestiones deben formar parte central del debate electoral y han elaborado un decálogo de medidas para la siguiente legislatura que trasladarán a las distintas formaciones políticas para su toma en consideración. “La defensa del sistema público de pensiones, el blindaje de las pensiones en la Constitución y la garantía de su poder adquisitivo” encabezan este listado de exigencias. “Nuestra organización ha defendido históricamente el sistema público de pensiones”, por lo que subrayan como prioritario el compromiso expreso de las fuerzas políticas para “mantener y reforzar el sistema público de pensiones, garantizando su revalorización conforme al IPC, su suficiencia y su carácter solidario, público y de reparto”, abunda. Además, instan a “mejorar las pensiones mínimas y no contributivas y continuar reduciendo la brecha de género”.

Por otro lado, UJP UGT insta a la aprobación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores “que reconozca y garantice estos derechos y refuerce su protección jurídica” para “garantizar su dignidad, autonomía, igualdad y participación social”, así como “garantizar una financiación suficiente y estable, reduciendo los tiempos de espera, en Dependencia”.

Otras de las medidas incluidas en el decálogo instan a reforzar la sanidad pública y desarrollar un Plan Estatal de Salud y Personas mayores, garantizar una vivienda digna y reforzar la protección frente al desahucio de personas vulnerables, y desarrollar políticas estatales contra la soledad no deseada, el maltrato y el edadismo. Todo ello junto a la garantía de “participación efectiva de las personas mayores a través de sus organizaciones en todo el territorio” y promover “un pacto intergeneracional por el Estado de Bienestar”.

El Comité constituyente de la Unión de Jubilados y Pensionistas contó con la participación del secretario general estatal, Anatolio Díez Merino, y aprobó la incorporación de Pilar Alejandre Castillo en la Comisión Ejecutiva regional, entre otras cuestiones. 

La Seguridad Social ha detallado las distintas opciones disponibles en 2026 para compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con una actividad laboral o prolongar voluntariamente la vida profesional. Las modalidades de jubilación activa, parcial y flexible permiten mantener determinados ingresos del trabajo mientras se percibe una prestación, aunque sus requisitos y cuantías son diferentes. A estas alternativas se suma la jubilación demorada, dirigida a quienes prefieren retrasar el acceso a la pensión para mejorar sus condiciones económicas.

Una de las principales posibilidades es la jubilación activa, dirigida a quienes acceden a la pensión al menos un año después de alcanzar su edad ordinaria de jubilación. Para acogerse a ella es necesario haber acreditado el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha en que se cumplió dicha edad, mientras que quienes se hayan jubilado anticipadamente quedan excluidos. Esta modalidad permite trabajar por cuenta propia o ajena, tanto a jornada completa como parcial, sin necesidad de abandonar previamente la actividad profesional.

La proporción de pensión compatible con el trabajo depende del tiempo que se haya retrasado la jubilación. Quienes demoren su retirada un año pueden cobrar el 45% de la prestación, porcentaje que aumenta al 55% después de dos años, al 65% tras tres y al 80% después de cuatro. A partir de cinco años de demora se permite percibir el 100%. Además, el porcentaje compatible aumenta cinco puntos por cada doce meses consecutivos de jubilación activa, hasta alcanzar el máximo establecido. Para determinados autónomos existen condiciones específicas que permiten cobrar el 75% de la pensión cuando el retraso ha sido de entre uno y tres años.

Jubilación parcial y flexible: dos formas de reducir la jornada

La jubilación parcial está destinada a trabajadores por cuenta ajena que desean reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. Con carácter general, permite disminuir el tiempo de trabajo entre un 25% y un 75% y cobrar la parte de pensión correspondiente a esa reducción. En determinados supuestos puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la empresa formalice simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que deberá mantenerse al menos hasta dos años después de la finalización de la jubilación parcial. Cuando el anticipo supera los dos años, la reducción de jornada durante el primer año debe situarse entre el 20% y el 33%.

En cambio, la jubilación flexible está pensada para quienes ya cobran una pensión y deciden reincorporarse al mercado laboral. El Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto, ha ampliado esta posibilidad a determinadas actividades por cuenta propia, siempre que el pensionista no hubiera estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a su jubilación. También permite trabajar por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un empleo a tiempo completo comparable.

En esta última modalidad, la pensión se reduce en función de la jornada realizada. Por ejemplo, trabajar el 60% de una jornada completa permite percibir, con carácter general, el 40% de la prestación. No obstante, quienes comiencen por primera vez una actividad a tiempo parcial después de seis meses de jubilación pueden beneficiarse de incrementos adicionales sobre el importe de la pensión compatible: del 25% si trabajan entre el 55% y el 80% de la jornada, o del 15% cuando la dedicación se sitúa entre el 33% y menos del 55%. Si la actividad es por cuenta propia, la pensión compatible equivale al 25%.

Retrasar la jubilación también permite aumentar los ingresos

Otra alternativa es la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria sin comenzar todavía a cobrar la pensión. A diferencia de las modalidades anteriores, no permite percibir simultáneamente la prestación y el salario. La Seguridad Social contempla tres fórmulas de compensación: incrementar el importe de la futura pensión, recibir una cantidad mediante un pago único o combinar ambas opciones. La regulación vigente desde finales de agosto de 2026 ha introducido mejoras en el cálculo de la modalidad mixta y permite computar periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Las consecuencias al finalizar la actividad también varían según la modalidad elegida. Tanto en la jubilación activa como en la flexible se restablece el cobro íntegro de la pensión, pero las cotizaciones efectuadas durante estos periodos no mejoran, con carácter general, la prestación reconocida. En la flexible existe una excepción para determinados casos de jubilación anticipada involuntaria, en los que se recalcula la cuantía teniendo en cuenta los nuevos periodos cotizados. Por su parte, quienes opten por la jubilación parcial accederán a la pensión que les corresponda cuando se retiren definitivamente, de acuerdo con sus cotizaciones y las condiciones de cálculo aplicables.

La nueva temporada de los viajes del Imserso vuelve a situar entre las opciones más demandadas varios destinos de costa. Benidorm, Canarias y distintos puntos de Andalucía suelen concentrar buena parte del interés durante los primeros días de reservas, aunque la disponibilidad cambia según la provincia de origen, la fecha elegida y el momento en el que se formaliza la contratación.

Más allá del alojamiento o de pasar varios días junto al mar, cada uno de estos destinos ofrece posibilidades muy diferentes. La Costa Blanca combina playa y vida urbana; las islas Canarias permiten pasar de paisajes volcánicos a ciudades históricas y espacios protegidos; y Andalucía suma a su litoral un amplio patrimonio cultural y natural repartido por distintas provincias.

Benidorm, entre el paseo marítimo y el casco antiguo

Buena parte de una visita a Benidorm puede organizarse alrededor de su frente marítimo. La playa de Levante supera los dos kilómetros de longitud y cuenta con paseo, servicios, restaurantes y comercios en sus inmediaciones. Al otro lado del casco antiguo se encuentra Poniente, la más extensa de la localidad, con más de tres kilómetros. Ambas tienen Bandera Azul desde 1987 y permiten recorrer dos zonas distintas del litoral sin salir del núcleo urbano.

Entre las dos playas se encuentra la Punta Canfali, donde se sitúa el Balcón del Mediterráneo, también conocido como mirador del Castillo. Este punto separa Levante y Poniente y permite contemplar tanto la bahía como parte del perfil urbano de Benidorm. Desde allí se accede directamente al casco antiguo, desarrollado sobre el núcleo del antiguo pueblo de pescadores y formado por calles estrechas que comunican con el puerto y otras zonas céntricas.

Dentro de este recorrido aparece la iglesia de San Jaime y Santa Ana, uno de los edificios históricos de la localidad y lugar donde se conserva la imagen de la Virgen del Sufragio. A partir de ahí, la visita puede continuar por las calles del casco antiguo antes de regresar hacia el paseo marítimo. Todo este conjunto concentra varios de los puntos más conocidos de Benidorm en un espacio fácil de recorrer a pie.

Algo más alejada del centro se encuentra la Sierra Helada. En una de sus zonas elevadas está la Cruz de Benidorm, uno de los miradores más conocidos del municipio. Es posible llegar en coche o subir caminando, mediante un recorrido de unos 45 minutos que va ganando altura y permite observar progresivamente la línea de costa y la ciudad desde otra perspectiva.

Canarias, del Teide a los paisajes volcánicos de Lanzarote

El archipiélago canario está formado por ocho islas: El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Las posibilidades cambian mucho dependiendo de cuál esté incluida en la reserva, ya que cada una presenta características propias. Por eso, no existe un único tipo de estancia, sino distintas opciones relacionadas con el paisaje, los espacios naturales y las ciudades de cada territorio.

En Tenerife, uno de los lugares más conocidos es el Parque Nacional del Teide. Allí se encuentra la cumbre más alta de España, rodeada de coladas de lava y formaciones rocosas relacionadas con el origen volcánico de la isla. También puede visitarse San Cristóbal de La Laguna, fundada a finales del siglo XV y declarada Patrimonio Mundial. Su trazado urbano y sus edificios históricos permiten conocer una parte distinta de Tenerife más allá de sus principales zonas turísticas.

Gran Canaria ofrece otros contrastes. En el sur se encuentran la playa y las dunas de Maspalomas, protegidas como Reserva Natural Especial desde 1987 y caracterizadas por una amplia extensión de arena junto al litoral. En Las Palmas de Gran Canaria, la playa de Las Canteras se integra directamente en la ciudad y ocupa una larga franja costera, lo que permite combinar el entorno urbano con unas horas junto al mar.

Lanzarote y La Gomera muestran otras dos caras del archipiélago. En Lanzarote, el Parque Nacional de Timanfaya conserva un paisaje marcado por la actividad volcánica, con conos, campos de lava y fenómenos geotérmicos. En La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay protege una importante extensión de laurisilva canaria. Dentro de este espacio se encuentra el bosque de El Cedro, uno de los puntos naturales más conocidos de la isla.

Andalucía, de la Costa del Sol a las grandes ciudades históricas

Andalucía reúne una oferta especialmente amplia porque los viajes pueden llevar a distintos puntos de su litoral. La Costa del Sol malagueña es uno de los destinos habituales y concentra municipios como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella o Nerja. Desde cualquiera de estas localidades también resulta posible plantear excursiones a otros lugares de la provincia o desplazarse hacia zonas del interior.

En el extremo oriental se encuentra el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, un espacio de origen volcánico que conserva distintos ecosistemas y más de 60 kilómetros de costa. En sus alrededores aparecen localidades como Níjar, Las Negras, Rodalquilar o La Isleta del Moro, además de playas y calas como Mónsul, Genoveses, San Pedro, Enmedio o Los Muertos.

El patrimonio histórico ofrece otra opción durante la estancia. Granada cuenta con la Alhambra, formada por palacios, patios y jardines relacionados con el periodo nazarí. Sevilla reúne monumentos como la Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y la Plaza de España, mientras que Córdoba tiene en la Mezquita-Catedral uno de sus principales referentes, junto con la Judería y las calles de su casco histórico.

Ronda, en la provincia de Málaga, aporta una alternativa diferente. La localidad se asienta sobre una meseta dividida por el Tajo, una garganta por la que discurre el río Guadalevín. El Puente Nuevo comunica las dos partes del municipio y es uno de sus elementos más reconocibles. De esta forma, una estancia en Andalucía puede combinar días junto al mar con excursiones a ciudades históricas, espacios naturales y localidades del interior.

Los viajes del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, empezarán a comercializarse a partir de este miércoles, 16 de septiembre, en Cantabria, dos días después de haber comenzado en otras comunidades autónomas.

En Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Murcia y País Vasco, el acceso a la compra será también desde hoy para usuarios preferentes y desde el jueves 17 para no preferentes.

El Imserso ha enviado un total de 2.938.156 cartas a 4.602.255 personas acreditadas para viajar con el programa de turismo. El Ministerio ha mantenido para esta temporada la tarifa reducida de 50 euros, sin importar el destino, para pensionistas con menos recursos, siendo el Imserso quien asume el coste restante del viaje. En total se han reservado 7.447 plazas para este fin, destinadas a personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Asimismo, se mantiene la reserva de un porcentaje de plazas para las personas usuarias que deseen viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como en los de costa insular, de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

879.213 plazas para toda España

En total, el Imserso ofrece esta temporada 879.213 plazas, de las cuales el 50,1% (440.284 plazas) se destinan a turismo de costa peninsular, el 25,9% (228.142 plazas) a turismo de costa insular y el 23,9% (210.787 plazas) a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y viajes de procedencia europea.

La comercialización de los viajes arrancó el 14 de septiembre en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes, y el 15 de septiembre para las no preferentes.

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada destino en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en ella.

El proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada y se han distribuido el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña, con el objetivo de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la masificación en los periodos de máxima ocupación.

Las personas pensionistas podrán reservar sus viajes de Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada a través de las páginas web www.turismosocial.es y www.mundicolor.es, con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, en este último caso solo con el DNI.

La temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Imserso ha comenzado a comercializarse este lunes 14 de septiembre con un total de 879.213 plazas. La oferta vuelve a repartirse entre destinos de costa peninsular, islas y escapadas de menor duración, aunque antes de escoger una fecha o un alojamiento conviene conocer cómo funciona el acceso, qué condiciones se aplican y qué documentación necesita cada participante para poder reservar.

El proceso de compra tiene una serie de condiciones que conviene conocer antes de buscar un viaje concreto, ya que haber participado en campañas anteriores o estar inscrito en el programa no significa que todas las personas puedan reservar al mismo tiempo ni en las mismas condiciones. La temporada establece unas normas que afectan tanto al acceso como a la elección final de la plaza, por lo que revisar previamente cómo funciona el sistema puede evitar dudas cuando llegue el momento de formalizar la reserva.

Quién puede participar en el programa de viajes del Imserso

Para acceder al programa es necesario residir en España y encontrarse dentro de alguno de los supuestos establecidos. Entre ellos están los pensionistas de jubilación del sistema español de Seguridad Social y las personas que tengan reconocida una incapacidad permanente dentro de ese mismo sistema.

También pueden participar los pensionistas de viudedad que hayan cumplido 55 años, así como quienes reciban una pensión por otros conceptos, una prestación o un subsidio de desempleo y tengan 60 años o más. A estos grupos se añaden los asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social que ya hayan cumplido los 65 años. Antes de llegar a la fase de compra es necesario recibir la acreditación correspondiente, que confirma que se cumplen las condiciones exigidas.

Con quién se puede viajar

La persona usuaria no tiene que realizar necesariamente el viaje sola. Puede ir acompañada por su cónyuge, su pareja de hecho o una persona con la que mantenga una unión estable y una convivencia basada en una relación afectiva similar a la conyugal. El programa permite también viajar con hijos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 45%. En estos casos deben desplazarse junto a sus padres y alojarse en la misma habitación durante la estancia. Si se quiere utilizar una habitación individual, esta opción dependerá de que exista disponibilidad y obliga a pagar el suplemento correspondiente.

Qué significa estar acreditado

La acreditación es la resolución que confirma que una persona cumple los requisitos para participar y permite posteriormente acceder a la comercialización de los viajes. El alta inicial sirve para incorporarse al programa y, en las campañas siguientes, la situación se mantiene salvo que sea necesario modificar alguno de los datos personales.

Esto no quiere decir que pueda utilizarse la misma documentación de un año para otro. Para la temporada 2026-2027 se envía una carta nueva y específica, por lo que las recibidas durante campañas anteriores no son válidas para formalizar las reservas actuales.

El envío de estas comunicaciones comenzó durante la segunda quincena de agosto de 2026. En la carta aparece el día desde el que cada beneficiario puede entrar en el sistema de comercialización y una clave formada por cuatro números necesaria para comprar por internet. Este código se renueva en cada temporada.

Qué implica ser preferente o no preferente

La condición de preferente no puede elegirse ni solicitarse expresamente. Se asigna en función de la puntuación obtenida después de aplicar el sistema de valoración utilizado para ordenar a todas las personas acreditadas.

El baremo tiene en cuenta cinco factores: la edad, la discapacidad, la situación económica, la participación en campañas anteriores y la pertenencia a una familia numerosa. Cuando dos solicitudes obtienen exactamente la misma puntuación, la fecha de nacimiento se utiliza como criterio para resolver el empate. Las personas con las puntuaciones más altas adquieren la condición de preferentes y pueden entrar en la comercialización antes que quienes aparecen como no preferentes.

Cuándo se puede empezar a reservar

El calendario se organiza según la comunidad autónoma de residencia y la condición obtenida después de la baremación. En Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, los acreditados preferentes pueden empezar a reservar desde el 14 de septiembre, mientras que los no preferentes de esos mismos territorios lo harán a partir del día 15. En Asturias, Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y Euskadi, los preferentes acceden desde el 16 y los no preferentes desde el 17.

Durante los primeros días existe además una limitación adicional. Entre el 14 y el 18 de septiembre solo pueden contratarse los viajes incluidos dentro del cupo correspondiente a la provincia en la que reside la persona acreditada. Cada territorio cuenta con una cantidad determinada de plazas para cada destino, repartidas en proporción al número de personas mayores de 65 años que viven y están censadas en cada provincia. Y desde el 19 de septiembre se abre la posibilidad de contratar los viajes que hayan quedado disponibles en todo el país.

Cuánto cuestan los viajes

No existe un único precio para toda la campaña. La cantidad final cambia según el destino, la duración de la estancia, la época del año, el alojamiento elegido y la inclusión o no del transporte. La tarifa más baja prevista para la temporada 2026-2027 es de 132,91 euros y corresponde a las escapadas de cuatro días a capitales de provincia en temporada baja, mientras que los viajes de diez días a Canarias con transporte alcanzan los 564,72 euros en temporada alta, periodo en el que se aplica además un suplemento de 100 euros por persona.

Quién puede viajar con la tarifa de 50 euros

La tarifa plana de 50 euros no se aplica a todos los pensionistas que forman parte del programa. Para acceder a este precio reducido también hay que cumplir un requisito económico: contar con unos ingresos iguales o inferiores a la cantidad establecida para las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. A esto se suma la puntuación conseguida en el sistema de valoración que utiliza el Imserso para adjudicar las plazas.

Quienes cumplan estas condiciones podrán viajar por 50 euros independientemente del destino que elijan. La campaña reserva en total 7.447 plazas con esta tarifa para las personas que se encuentren dentro del límite de ingresos fijado y obtengan la puntuación necesaria en el proceso de adjudicación.

Cómo se reparten las 879.213 plazas

Más de la mitad de las plazas disponibles corresponden a destinos de costa peninsular. Este bloque reúne 440.284 plazas y ofrece estancias en Catalunya, Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Los turnos tienen una duración de ocho o diez días. La modalidad de costa insular mantiene esas mismas duraciones y suma otras 228.142 plazas distribuidas entre Illes Balears y Canarias, con diferentes islas incluidas dentro de cada territorio.

Las 210.787 plazas restantes corresponden al denominado turismo de escapada, con viajes más breves de cuatro, cinco o seis días. Dentro de este grupo se incluyen los circuitos culturales, las propuestas relacionadas con espacios naturales, las visitas a capitales de provincia y las estancias en Ceuta y Melilla.

Cómo funciona la reserva por internet

La compra online puede comenzar a partir del día y la hora indicados en la carta de acreditación. Para entrar en la plataforma es necesario utilizar los datos personales y la clave de cuatro cifras recibida para esta campaña. Una vez dentro, se pueden definir las características del viaje y seleccionar cuestiones como el destino, la duración, el transporte, la habitación o la posibilidad de viajar con mascota.

El sistema muestra después las fechas disponibles y permite comprobar si quedan plazas, si el turno está completo o si existe lista de espera. Al escoger una opción aparecen los datos concretos del viaje, entre ellos el horario de salida, el medio de transporte, el hotel y el precio final, antes de formalizar definitivamente la reserva.

La pasada temporada del Imserso 2025-2026 trajo consigo un par de novedades: estancias donde el pensionista podía traer a su animal de compañía y viajes a 50 euros. Esta última medida, que sigue vigente para la temporada 2026-2027, nació con el objetivo de evitar que las personas pensionistas con menor renta se vieran excluidas de estos viajes. En total, 5.221 pensionistas con rentas bajas pudieron beneficiarse de este descuento. Unos datos que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consideran todo un éxito, superando con creces al de la anterior rebaja, de un 50% sobre precio total del viaje: entonces solo se disfrutaron 523 plazas.

“Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente”, ha subrayado este jueves el ministro Pablo Bustinduy durante la presentación de la temporada de viajes del Imserso en León.

La medida, ha explicado el ministro, tuvo una “amplia” implantación en todo el territorio nacional, con beneficiarios distribuidos en todas las provincias españolas. Pero las que concentran un mayor número de viajeros que han gozado este descuento han sido Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga.

Los destinos más populares para la tarifa plana de 50 euros fueron Andalucía y diferentes circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente. El siguiente destino más solicitado fue Catalunya, con 845 viajeros.

Los datos del año pasado también arrojan un cambio en las preferencias de los pensionistas. Tal y como ha descrito el ministro Bustinduy, “las encuestas de satisfacción realizadas reflejan cada vez más interés en los viajes del turismo de escapada, siendo los circuitos culturales y los viajes a las capitales de provincia los que tienen más interés”.

Poco a poco, el turismo de sol y playa empieza así a perder popularidad entre los beneficiarios del Imserso, que cada vez más se decantan por destinos de carácter cultural y de naturaleza.

Respecto a la otra novedad que trajo la temporada 2025-2026, la opción de viajar con animales de compañía para los viajes de costa peninsular y costa insular, se han podido beneficiar un total de 1.066 usuarios.

Quién puede acceder a la tarifa de 50 euros

No todos los pensionsitas que deseen reservar un viaje con el Imserso pueden acceder a esta tarifa reducida. Según el ministerio, es necesario cumplir unas condiciones económicas concretas, además de estar correctamente acreditado para participar en estos viajes.

En concreto, el Imserso establece que solo podrán acceder aquellas personas “con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad”. Además, se asignarán las plazas a los solicitantes por orden de puntuación, de mayor a menor.

Con esta tarifa plana, presente también esta temporada 2026-2027, los pensionistas pueden acceder a cualquier destino por solo 50 euros, con independencia del destino original. El pensionista solo tendrá que costear esa cuantía, mientras que el Imserso sufraga el resto.

El Imserso añade que esta información “figurará en la carta de acreditación que reciba la persona usuaria y será válida para un sólo viaje a la zona de destino que aparece en la carta”.

7.447 plazas a 50 euros

Los viajes del Imserso de este año tienen fecha. A partir del 14 de septiembre se abrirán las reservas, y el primer viaje se realizará a partir del 1 de octubre, con destino a Oropesa. Se trata de una temporada que oferta 879.213 plazas, una oportunidad para democratizar el ocio al mayor número de pensionistas posible. Este año viene también con los viajes a 50 euros para los pensionistas con menores rentas.

En total, este año se han ofertado 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que obtengan la puntuación necesaria en el sistema de valoración. También se mantendrá la opción de que los pensionistas puedan viajar con sus animales de compañía.

A partir del 14 de septiembre, los pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de costa peninsular, costa insular o turismo de escapada bien a través de las páginas web de Turismo Social y en Mundi Color con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI. Desde esta temporada, ya no es posible reservar el viaje a través de los consistorios locales. Este año, los destinos están distribuidos de la siguiente manera:

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma. Del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes de los viajes solo podrán reservar aquellos correspondientes a su cupo por provincia.

Desde el Ministerio explican que esta medida tiene como fin escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento. Más tarde, a partir del 19 de septiembre, se abrirá la cartera de viajes a todos aquellos que se hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia. Después, el proceso de comercialización permanecerá abierto durante toda la temporada.

Además, con el fin de desestacionalizar el turismo y mantener la actividad y empleo en los destinos del Imserso a lo largo de todo el año, el programa distribuirá el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña.

El Programa de Turismo del Imserso afronta la temporada 2026/27 con 879.213 plazas y una oferta dividida en tres tipos de viaje en función de la duración del mismo y el destino elegido. La propuesta permite escoger entre estancias en la costa peninsular, vacaciones en los archipiélagos y escapadas centradas en la cultura, la naturaleza o la visita a distintas ciudades. Aunque las tres modalidades forman parte de una misma campaña, cada una plantea un formato diferente en cuanto al número de días y los destinos disponibles.

La mayor parte de las plazas se concentra en las propuestas de costa, tanto en territorio peninsular como en las islas. Estas opciones tienen una duración de ocho o diez días y reúnen diferentes puntos del litoral español. Frente a ellos, el turismo de escapada plantea salidas más breves, de entre cuatro y seis jornadas, y amplía las posibilidades con recorridos alejados del formato tradicional de vacaciones junto al mar.

Las diferencias no se limitan al lugar al que se viaja, ya que cada modalidad tiene su propia distribución de plazas y unas condiciones de duración concretas. La costa peninsular concentra la mayor parte de la oferta, mientras que el resto se reparte entre los destinos insulares y las salidas de menor duración. A partir de esa organización, cada bloque ofrece unas posibilidades distintas dentro de la temporada 2026/27.

Costa peninsular: el bloque con más plazas

La costa peninsular es la modalidad con mayor peso dentro de la temporada 2026/27. Para este apartado se han reservado 440.284 plazas, el 50,1% del total. Los viajes tienen una duración de ocho o diez días y se desarrollan en destinos situados en Catalunya, Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Este bloque concentra, por tanto, aproximadamente la mitad de toda la oferta disponible para la nueva campaña.

Dentro de esta categoría aparecen diferentes provincias del litoral. La relación incluye Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, en Andalucía, además de Barcelona y Girona, en Catalunya. A estos territorios se suman los destinos previstos en la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana. La modalidad reúne así varias zonas costeras del territorio peninsular dentro de una misma opción de viaje.

Los turnos de ocho o diez días hacen que sea una de las alternativas pensadas para quienes buscan una estancia más larga dentro del programa. No existen otras duraciones intermedias en este bloque y la elección se centra, por tanto, en el destino y en uno de esos dos periodos. La variedad de comunidades y provincias permite repartir la oferta por distintos puntos del litoral sin cambiar el formato general de la estancia.

Costa insular: Baleares y Canarias

La segunda gran modalidad lleva los viajes a los archipiélagos. La costa insular concentra el 25,9% de las plazas disponibles y mantiene una duración similar a la de los destinos peninsulares, con estancias de ocho o diez días. En este caso, la programación se reparte entre las Illes Balears y Canarias, con varias islas incluidas dentro de cada territorio.

En Balears se puede elegir entre Mallorca, Menorca e Ibiza. En Canarias, la oferta incluye Fuerteventura Lanzarote y Tenerife. En total, esta categoría reúne ocho islas diferentes. La principal diferencia respecto al bloque anterior está, por tanto, en el destino, ya que los periodos previstos para cada turno se mantienen dentro de los mismos márgenes.

Aunque su peso es menor que el de la costa peninsular, esta modalidad reúne algo más de una cuarta parte de las plazas de la campaña. La oferta queda repartida entre dos archipiélagos y permite escoger entre distintas islas sin modificar la duración básica del viaje. De este modo, quienes opten por el litoral pueden decidir entre permanecer en la península o desplazarse a alguno de los destinos insulares previstos.

Turismo de escapada: viajes de cuatro a seis días

El tercer tipo de viaje se diferencia principalmente por la duración y por el contenido de las propuestas. El turismo de escapada incluye estancias de cuatro, cinco y seis días, por lo que plantea una alternativa más breve. Dentro de este apartado aparecen varias fórmulas relacionadas con visitas culturales, espacios naturales, capitales de provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los circuitos culturales se organizan alrededor de lugares vinculados al patrimonio histórico, artístico y a las tradiciones de distintas ciudades. Junto a ellos están las escapadas de naturaleza, centradas en entornos naturales y espacios protegidos. El programa incorpora también visitas a capitales de provincia, pensadas para desarrollar la estancia en torno a una ciudad concreta. Ceuta y Melilla completan las opciones disponibles dentro de esta modalidad.

Este bloque permite ampliar la programación más allá de las vacaciones junto al mar y encaja con quienes prefieran realizar una salida más corta. Mientras las propuestas de costa se organizan en periodos de ocho o diez días, las escapadas reducen la estancia a entre cuatro y seis. La temporada 2026/27 queda así repartida entre litoral peninsular, archipiélagos y viajes breves de carácter cultural, urbano o natural, entre los que se distribuyen las 879.213 plazas anunciadas por el Imserso.

Hay personas que dedican su tiempo a los demás sin esperar nada a cambio. Son personas que acompañan, atienden, organizan, reparten. Voluntarios de todas las edades que, cada día, ponen sus conocimientos y su tiempo al servicio de quienes más lo necesitan.

Entre ellos también están quienes, después de décadas de vida laboral, llegan a la jubilación y deciden seguir activos. Para algunos, esta nueva etapa no significa parar, sino encontrar otra forma de participar, de sentirse útiles y de devolver a la sociedad parte de lo que la vida les ha dado.

En La Rioja, esta realidad se extiende a una amplia red de asociaciones y entidades que trabajan en ámbitos muy diferentes, desde la atención social y el acompañamiento, hasta la ayuda alimentaria o el apoyo a distintos colectivos. En ellas, muchas personas que ya han terminado su trayectoria profesional continúan dedicando parte de su tiempo a ayudar a los demás.

Una jornada que continúa después de la jubilación

2026 ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, un reconocimiento al papel que desempeña la acción voluntaria en la sociedad. En La Rioja, ese compromiso tiene también rostros concretos como el de Ángel, que encontró en el Banco de Alimentos una forma de continuar activo después de jubilarse.

Durante toda su vida profesional, Ángel se dedicó al comercio textil. Pero cuando llegó la jubilación decidió no desvincularse de una actividad diaria. Hace once años comenzó su labor como voluntario en el Banco de Alimentos en La Rioja, donde actualmente acude de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas. “Siempre me ha gustado hacer algo por los demás, y por agradecer y devolver lo que me ha dado la vida”, explica.

Su jornada comienza antes de que lleguen buena parte del resto de voluntarios. Como responsable de almacén, Ángel se encarga de coordinar las distintas tareas que se desarrollan durante la mañana. A él, le corresponde también organizar el almacén y clasificar los artículos según su fecha de caducidad y su tipo para que, cuando las entidades acudan a recoger los pedidos, los encuentren preparados.

El trabajo requiere también adaptar cada entrega a las necesidades de las entidades que reciben los alimentos. Los productos que componen los pedidos son similares, pero la cantidad cambia en función del número de personas a las que atiende cada asociación. El Banco de Alimentos no entrega directamente los productores a particulares, sino a entidades que previamente han pasado una serie de filtros establecidos por las administraciones, las encargadas de identificar a las personas que verdaderamente necesitan ayuda.

Para Ángel, además, su experiencia profesional sigue estando presente en su labor como voluntario. “Lo que yo aporto al voluntariado es un poco la misma vida que llevaba en mi negocio”, cuenta. La organización, la responsabilidad y la gestión forman parte ahora de una jornada que, aunque no tiene nómina, mantiene muchas de las dinámicas de su antigua vida laboral.

Once años después de comenzar, Ángel asegura que la sociedad valora el trabajo de quienes colaboran en el Banco de Alimentos. Lo percibe especialmente durante las grandes recogidas, cuando la respuesta ciudadana demuestra, a su juicio, que existe conciencia sobre la necesidad de ayudar a quienes atraviesan dificultades. “La gente colabora muchísimo”, señala.

Pero si hay algo que Ángel destaca por encima de todo es lo que el voluntariado le aporta a él. Lo define como “una satisfacción tuya personal, que te llena” y reconoce que, después de once años, sigue sintiendo que “te engancha”. Para él, mantenerse activo, organizar el almacén y compartir cada mañana con otros voluntarios supone también una forma de cuidar de sí mismo. “Te permite alarga tu vida, ganando en salud”, asegura.

Una comunidad que envejece

Hablar del papel de los voluntarios sénior cobra todavía más importancia en una comunidad como La Rioja, donde el envejecimiento de la población es una realidad cada vez más presente. Según los últimos datos disponibles sobre la estructura demográfica de la comunidad, las personas de 65 años o más representan el 22,5 por ciento de la población riojana, por encima de la media nacional, situada en el 20,7 por ciento.

El envejecimiento plantea nuevos retos, entre ellos la necesidad de combatir la soledad no deseada y favorecer la participación social de las personas mayores. El Gobierno de La Rioja cuenta con un programa específico de detección de la soledad no deseada y señala la jubilación, vivir solo, la pérdida de personas cercanas o las dificultades de movilidad entre las circunstancias que pueden aumentar la vulnerabilidad al aislamiento.

En este contexto, el voluntariado puede convertirse en una herramienta de participación social para quienes llegan a la jubilación. No solo permite dedicar tiempo a los demás, sino también conservar vínculos, asumir nuevas responsabilidades y continuar formando parte activa de la comunidad. En una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores, aprovechar su tiempo, experiencia y capacidad de participación adquiere una importancia creciente.

La pensión media de jubilación alcanza en agosto en Cantabria los 1.661,07, lo que supone un 4,14% más que en el mismo mes de 2025 y 86,14 euros más que la media nacional, que es de 1.574,93, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el octavo mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.909,25), Asturias (1.838,87), Madrid (1.797,60) y Navarra (1.758,2).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes de agosto en 1.442,82 euros, un 4,34% más anual.

Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.684,28), Madrid (1.583,98), Asturias (1.580), Navarra (1.566,92) y Aragón (1.449,76).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.548, el 1,43% del total del país y un 1,3% más que hace un año, y de ellas, 95.633 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.305,89 euros al mes y de las que hay 14.187 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 1.029,06 euros y un número de 34.779 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 911,46 euros y 1.393 beneficiarios; y la de orfandad, con 608,86 euros mensuales y que suman 4.556 pensiones.

La subida nacional alcanza el 2,7%

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

Los viajes del Imserso de la temporada 2026-2027 volverán a organizar el acceso a las reservas mediante un sistema de prioridad que distingue entre personas preferentes y no preferentes. Esta condición no se elige ni se solicita de forma expresa, sino que depende de la puntuación obtenida tras aplicar un baremo a cada persona acreditada. El resultado tiene efectos directos cuando comienza la comercialización, ya que quienes consiguen una mayor puntuación pueden empezar a reservar antes.

La diferencia puede ser especialmente relevante durante los primeros días, cuando todavía hay más posibilidades de elegir entre fechas y destinos. Las personas con acreditación preferente pueden acceder a la compra un día antes que las no preferentes de su mismo grupo territorial. Esto no garantiza una plaza concreta, pero sí permite entrar antes en el proceso y contar con algo más de margen a la hora de buscar entre las opciones que sigan disponibles.

El orden tampoco depende del momento en el que se presentó la solicitud. El Imserso utiliza cinco criterios para calcular la puntuación: edad, discapacidad, situación económica, participación en campañas anteriores y pertenencia a una familia numerosa. Cada apartado aporta una cantidad diferente y no todos tienen el mismo peso en el resultado. La participación previa es el criterio que más puede influir, mientras que los demás completan la valoración con puntuaciones más reducidas.

Cómo funciona el sistema de puntos del Imserso

La participación en las dos temporadas anteriores es el apartado con mayor peso, ya que puede aportar hasta 225 puntos. Para la campaña 2026-2027 se tienen en cuenta las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Las personas que estuvieron acreditadas en lista de espera durante la última reciben 175 puntos. Quienes no viajaron en ninguna de las dos campañas obtienen 50, mientras que quienes no participaron en 2025-2026 pero sí lo hicieron en 2024-2025 suman 40. Si ocurrió al contrario, es decir, si viajaron en la temporada más reciente pero no en la anterior, reciben 20 puntos.

Cuando una persona participó en las dos campañas anteriores, la puntuación correspondiente a este apartado puede alcanzar como máximo los 10 puntos. En cambio, haber realizado dos o más viajes en cualquiera de esas temporadas supone obtener 0 puntos dentro de este último supuesto. De esta manera, el sistema da una valoración mayor a quienes han tenido menos oportunidades de viajar en los años inmediatamente anteriores y reduce la puntuación de quienes han participado con más frecuencia.

La situación económica puede aportar hasta 50 puntos. Las rentas mensuales de hasta 628,80 euros reciben la puntuación máxima y, a partir de esa cantidad, la valoración disminuye de forma progresiva hasta llegar a cero cuando los ingresos superan los 2.100 euros al mes. Si viajan juntos cónyuges o parejas, se suman los ingresos de ambos y el resultado se divide entre 1,33 antes de aplicar el baremo correspondiente.

La edad permite conseguir hasta 20 puntos. Las personas menores de 60 años reciben uno, a los 60 se conceden dos y, a partir de ahí, se suma un punto por cada año hasta alcanzar el máximo desde los 78. Cuando en la solicitud figura una pareja, se calcula la media de edad de ambos y el resultado se redondea por exceso.

A estos criterios se suman otros dos. La discapacidad aporta 10 puntos y la pertenencia a una familia numerosa puede añadir cinco en la categoría general o 10 en la especial. Si dos solicitudes terminan con la misma puntuación, el desempate se resuelve teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de la persona solicitante. La suma de todos estos apartados es la que determina la posición dentro del proceso y, por tanto, si la acreditación será preferente o no preferente.

Qué cambia al tener una acreditación preferente

La principal diferencia se nota cuando empiezan las reservas. En Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, las personas preferentes podrán empezar a reservar el 14 de septiembre. Los usuarios no preferentes de esas mismas comunidades tendrán que esperar hasta el día 15. El acceso se organiza así en dos jornadas consecutivas dentro de este primer grupo territorial.

El segundo bloque está formado por Asturias, Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Murcia y Euskadi. En estos territorios, las personas preferentes podrán acceder a la comercialización el 16 de septiembre, mientras que las no preferentes tendrán que esperar un día más, hasta el 17. La condición que figure en la acreditación marca, por tanto, la fecha concreta desde la que cada usuario puede intentar formalizar su reserva.

Tener prioridad no significa que el Imserso reserve previamente un destino ni que garantice una fecha concreta. La ventaja consiste únicamente en poder acceder antes a la comercialización. En los destinos o periodos con mayor demanda, esa diferencia de un día puede dar más opciones para encontrar plaza, mientras que quienes entren después tendrán que escoger entre la disponibilidad que quede abierta en ese momento.

Por tanto, la acreditación preferente no es una modalidad diferente de viaje ni un servicio que pueda contratarse. Es simplemente el resultado de la puntuación obtenida tras valorar las circunstancias de cada solicitante según los cinco criterios establecidos. El sistema sirve para ordenar el acceso a las plazas y dar prioridad a determinados perfiles, especialmente a quienes obtienen una valoración más alta por su historial de participación, nivel de ingresos, edad, discapacidad reconocida o pertenencia a una familia numerosa.

Millones de personas acreditadas para participar en el Programa de Turismo del Imserso recibirán durante estas semanas la documentación correspondiente a la campaña 2026-2027. El organismo ha puesto en marcha el envío de 2.938.156 cartas destinadas a los 4.602.255 usuarios que pueden acceder a esta iniciativa. Cada una incluye una clave de cuatro dígitos, diferente para esta temporada, que podrá utilizarse para realizar la reserva. Se trata del paso previo a una comercialización que arrancará a mediados de septiembre y que no comenzará simultáneamente en todos los territorios.

Las primeras reservas podrán realizarse a partir del 14 de septiembre. Desde ese momento se abrirán varios turnos durante cuatro días, diferenciados por el lugar de residencia y por la condición de usuario preferente o no preferente. De esta forma, las personas acreditadas tendrán que comprobar qué fecha les corresponde antes de intentar contratar alguno de los desplazamientos incluidos en una oferta que esta temporada alcanza las 879.213 plazas.

La nueva convocatoria mantiene también dos medidas que se implementaron en la temporada anterior. Por un lado, habrá 7.447 plazas a un precio de 50 euros destinadas a pensionistas que cumplan determinados requisitos económicos. Por otro, continuará existiendo un cupo para quienes quieran realizar su estancia acompañados por un animal de compañía. Ambas opciones estarán incluidas dentro de una programación repartida entre destinos peninsulares, insulares y diferentes tipos de escapadas.

Cuatro fechas para el inicio de las reservas

El primer turno será para las personas consideradas preferentes que residan en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Para este grupo, la posibilidad de contratar un viaje se abrirá el 14 de septiembre. Los usuarios no preferentes de estos mismos territorios tendrán que esperar hasta el día siguiente, el 15 de septiembre.

La condición de preferente depende de la puntuación conseguida mediante el baremo utilizado para ordenar las solicitudes. Entre los aspectos que se tienen en cuenta aparecen cuestiones relacionadas con la participación durante la temporada anterior, como haber viajado en ella o haber conseguido entonces la primera opción solicitada. Esa puntuación establece qué personas pueden acceder al primer turno dentro de cada grupo territorial.

El calendario seguirá después con quienes residan en el resto de comunidades autónomas y en Ceuta. En estos territorios, la apertura llegará un día más tarde para cada categoría: el 16 de septiembre en el caso de los usuarios preferentes y el 17 para los no preferentes. El inicio de las ventas quedará así repartido entre cuatro jornadas, en lugar de concentrar todas las solicitudes en una misma fecha.

Esta organización hace necesario comprobar tanto la condición asignada a cada persona como el territorio desde el que participa. No todos los acreditados podrán, por tanto, entrar en el sistema desde el lunes 14, aunque ese día marque oficialmente el comienzo de la comercialización de la temporada 2026-2027.

Una oferta dividida entre costa, islas y escapadas

El programa de este año contará con 879.213 plazas. Algo más de la mitad, 440.284, corresponderán al turismo peninsular. Por su parte, los viajes insulares dispondrán de 228.142 plazas.

Las 210.787 plazas restantes se integrarán en la modalidad de turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, propuestas de turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y estancias en Ceuta y Melilla. Este apartado también contempla los viajes con procedencia europea.

El reparto no se ha organizado únicamente según el tipo de destino. Una parte de las plazas estará distribuida entre los diferentes meses para evitar que la actividad se concentre en unas pocas fechas. En concreto, el 36% de cada lote se ha asignado de forma proporcional entre los meses que forman parte de la campaña. Con esta distribución se busca repartir los desplazamientos durante una parte mayor del año y reducir la concentración de usuarios en los periodos de máxima ocupación.

Quién puede acceder a los viajes por 50 euros

Entre las condiciones que se mantienen este año está la tarifa de 50 euros para una parte de las personas participantes con menos recursos. El Imserso ha reservado 7.447 plazas con este precio dentro de la programación general prevista para 2026-2027.

El acceso depende de la cantidad que perciba el beneficiario. Esta reserva está dirigida a quienes reciben una prestación igual o inferior al importe correspondiente a las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social. Por tanto, el precio reducido no estará disponible para todos los usuarios acreditados, sino únicamente para quienes cumplan este requisito económico.

La medida continúa después de ponerse en marcha durante la campaña anterior y permite que una parte de la programación mantenga un coste fijo de 50 euros para sus beneficiarios. Estas 7.447 plazas están incluidas dentro de las 879.213 previstas para el conjunto de la temporada.

Viajar acompañado por un animal de compañía

La convocatoria 2026-2027 mantiene también la posibilidad de realizar determinados viajes acompañado por un animal de compañía. El programa reserva para ello un porcentaje específico de su oferta, de manera que los usuarios interesados puedan optar a plazas preparadas para viajar en estas condiciones.

Esta alternativa, al igual que los viajes de 50 euros, ya estuvo disponible durante la campaña anterior y continuará en la próxima edición. El cupo destinado a animales de compañía forma parte de una oferta que comenzará a comercializarse en septiembre y que supera las 879.000 plazas entre sus diferentes modalidades.

El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

El hogar del jubilado Erdialde de Donostia sufrirá unas obras de rehabilitación a partir de este septiembre. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la empresa Ormak Construcción S.L.U., cuyo presupuesto roza los 2 millones de euros. Se espera que la remodelación se culmine en un año y se busca modernizar las instalaciones actuales, las cuales presentan deficiencias en materia de accesibilidad, seguridad contra incendios y salubridad, según la versión oficial.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha detallado este martes que la intervención actuará sobre el inmueble distribuido en cinco niveles. La reforma integral contempla la creación de una salida de emergencias, la actualización de las instalaciones de protección y la mejora de la accesibilidad universal mediante una planta de acceso a cota cero y aseos adaptados. Según el alcalde, el Erdialde es la asociación con mayor cantidad de socios de la ciudad, requiriendo un espacio adecuado a sus necesidades.

Ante el cierre del local por las obras, el Departamento de Acción Social y el consistorio estudian alternativas para evitar la inactividad total de la asociación. Insausti ha explicado que se está trabajando junto a la junta para organizar el traslado de los cursos y talleres a otros espacios de la ciudad. El alcalde ha señalado que habitualmente existe una “convivencia sana” entre las distintas asociaciones de mayores, lo que suele permitir el uso de otros hogares del jubilado y el intercambio de materiales y espacios mientras duran los trabajos de reforma.

Sin embargo, tres usuarios diarios del centro, Javi, Martín y Luis, le cuentan a este periódico que “es una faena” el cierre del local. Mientras comía su almuerzo, Javi explicaba que, debido a la ubicación céntrica, es la razón por la que él y sus amigos eligieron el hogar de jubilados de Erdialde. “Cuando no está abierto por alguna razón, solemos ir al de Egia, por la Torre de Atocha”, continuaba Javi su explicación, aclarando que, durante el tiempo que no esté abierto el Erdialde, se encontrarán ahí junto a otros jubilados con los que coinciden. El trío de amigos expresa su expectativa de que qued emuy bien el local tras la remodelación, destacando que se necesita mejorar la accesibilidad.

En la misma línea, Montse, quien se encontraba leyendo un periódico, destaca la “buena relación calidad-precio” que tienen, recalcando que “es una faena” tener que buscar otro sitio al que acudir a diario. De todas formas, la usuaria le cuenta a este medio que es conocedora de esta remodelación desde hace seis meses aproximadamente y que ya ha asimilado el próximo cambio. Montse está de acuerdo con que se haga una remodelación “el lugar lo necesita”, declara. También espera que se mejore la accesibilidad y, sobre todo, que se modernice el hogar.

La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado incluir la aplicación de la jubilación parcial dentro de la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral, cuya comisión negociadora se reunirá el próximo lunes, 13 de julio.

CSIF recuerda que el pasado 2 de julio ya registró un escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública reclamando que se comenzaran a tramitar “sin demora” las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio.

La nueva regulación podría beneficiar a cerca de un millar de trabajadores de la Administración regional después de ver suprimido este derecho por culpa de la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno central, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.

“No podemos esperar más”

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, resalta: “No podemos esperar más, recordamos que se ha cometido una terrible injusticia con un colectivo que ha visto de manera injusta bloqueado este derecho después de toda una vida laboral como servidores públicos. La Junta tiene las condiciones jurídicas y organizativas necesarias para reconocer este derecho sin demora”.

CSIF defenderá en la negociación del próximo lunes una regulación que garantice el acceso efectivo a la jubilación parcial del personal laboral, facilite el relevo generacional y permita que los trabajadores “puedan ejercer este derecho sin demoras ni obstáculos administrativos”.

Vivimos bajo un bombardeo constante de mensajes que señalan el sistema público de pensiones como el gran enemigo de la gente joven. Según este relato, hay que reformar las pensiones y recortar el poder adquisitivo de las jubiladas para aliviar a la juventud. Es un diagnóstico equivocado y, me atrevería a decir, tendencioso: aplicado hasta el final, amenaza con desmantelar el estado del bienestar y ensanchar las desigualdades sin beneficiar a nadie joven, sino hipotecándole el futuro. Mi propuesta es la contraria: aprovechar el poder colectivo que representan las pensiones y orientarlo hacia las necesidades reales de la población, en lugar de alimentar un conflicto intergeneracional.

Conviene recordar de dónde vienen las pensiones. Un sistema estatal puede perseguir tres objetivos: un enfoque asistencialista que solo busca esquivar la pobreza entre la gente mayor; un modelo de seguro basado en el ahorro individual o colectivo; y un sistema universal y redistributivo fundamentado en la participación laboral, con derechos adquiridos frente al Estado. Este último modelo es el que se impuso en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empujado por la fuerza del movimiento obrero. España, en cambio, tuvo que esperar a la muerte del dictador para tenerlo. Hoy, tras unos años mínimos de cotización, el Estado reconoce el derecho a una pensión, con un mínimo y un máximo pensados para limitar las desigualdades del mercado. La realidad es que aquí no tenemos un problema de pensionistas «ricas»: cerca de una cuarta parte de las jubiladas son pobres, y el sistema todavía protege mal a quien no ha tenido una carrera laboral continuada. Si bien es cierto que España garantiza una tasa de reposición del salario para rentas medias relativamente elevada en comparación con otros países, esto no tiene por qué ser negativo si el gasto que realizan las pensionistas va hacia el bien colectivo y no a alimentar desigualdades.

El supuesto conflicto entre jóvenes y pensiones se sostiene sobre dos ideas. La primera: rebajar cotizaciones para poner más dinero en el bolsillo de las trabajadoras. Pero vale la pena preguntar quién tiene el poder de negociación. Hoy, cerca del 85 % de las cotizaciones las paga la empresa. Creer que una rebaja llegaría íntegramente al salario, con los sindicatos debilitados como están, es ingenuo o directamente tramposo. Para la empresa es indiferente pagar ahora o de manera diferida; para la trabajadora, es una apuesta arriesgadísima. Y si la joven recibe ese salario en presente en lugar de diferido, tendrá que invertirlo por su cuenta si quiere mantener unos ingresos en la vejez. Lo que hace el sistema público es garantizar esa seguridad de manera colectiva, desmercantilizada y protegida de los vaivenes financieros, sin intermediarios (por eso los bancos están tan en contra). Durante décadas el sistema de pensiones tuvo superávit, y podemos preguntarnos qué se hizo con aquel dinero y en qué se invirtió. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué la vivienda pública que se ha construido ha ido al mercado privado y cómo revertirlo, o por qué España tiene tan pocas empresas públicas en sectores estratégicos.

La segunda idea es directamente recortar el gasto en pensiones para liberar dinero para la juventud. Si bien siempre se puede tener un debate sobre necesidades, esta perspectiva olvida el papel macroeconómico de las pensiones frente a otros programas más regresivos. Las pensiones son un estabilizador macroeconómico de primer orden: el dinero va a gasto, garantiza consumo, sostiene el tejido empresarial local y los puestos de trabajo que ocupan las jóvenes. Que la gente mayor pueda retirarse con tranquilidad también favorece la entrada de gente nueva y la innovación. Además, en un país con tanta precariedad, a menudo la pensión es el sostén de toda una familia. Cualquier reforma, pues, debe tener en cuenta las diferencias de clase y género: retrasar la edad de jubilación o ligarla a la esperanza de vida penaliza precisamente a quien hace los trabajos más duros y vive menos años. Y si bien el gasto en pensiones ronda el 13 % del PIB en España, un 42 % vuelve en forma de impuestos. Se puede tener un debate sobre las cotizaciones de los salarios más elevados o las pensiones máximas, pero un recorte de las pensiones generalizadas, especialmente dados los altos niveles de pobreza en la vejez y la falta de inversión pública en servicios de cuidado, es un programa fallido de inicio. En todo caso, toda la ganancia que se pueda obtener de una mayor contribución de quien más pensión cobra debería ir a sacar de la pobreza a las pensionistas o a construir servicios de cuidados públicos.

En el debate de las pensiones hace falta un cambio de relato que salga del juego de suma cero. Hay que potenciar el poder colectivo del sistema de pensiones públicas en lugar de hablar de que a quien ha trabajado toda su vida le toca reducir su poder adquisitivo. En mi opinión, la oportunidad que se debe explotar es crear una concienciación de la clase trabajadora (que incluye a las pensionistas) sobre cómo canalizar el gasto y el ahorro de las pensiones hacia una mayor soberanía económica y la transición ecológica. La idea puede resultar un poco «friki», pero la gente mayor es, de hecho, de las más vulnerables a los efectos del clima, así como a los recortes en los sistemas de bienestar, y serían las primeras beneficiadas al alimentar sistemas ecológicos y económicos más seguros. Algunas propuestas serían poder ofrecer a las pensionistas con más poder adquisitivo vehículos de inversión en fondos soberanos que se dirijan a bienes colectivos, como programas de vivienda pública o cooperativa para gente mayor y joven.

A diferencia de los sistemas de pensiones privados, que avanzan en la financiarización de la economía con escasa capacidad de control efectivo de las trabajadoras sobre los procesos productivos, alimentar fondos soberanos con pensiones públicas iría dirigido a cubrir las necesidades básicas de la población. También podríamos imaginar pensiones pagadas parcialmente en moneda local para dinamizar el comercio de proximidad y generar circuitos virtuosos en los barrios. O incluso facilitar mecanismos sindicales para la reinversión de las pensiones en el tejido productivo bajo control de las trabajadoras. En definitiva, mi propuesta es que, más que entrar en el juego de suma cero, replanteemos la función social de esta herramienta pública. Cuando hablamos de los problemas de la juventud, valoremos las pensiones como lo que son: una aliada con quien trabajar.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza para modificar los límites de renta exigidos a las personas jubiladas para acceder a la bonificación del transporte público urbano. La propuesta, que se debatirá en el próximo Pleno municipal, plantea que durante 2026 puedan beneficiarse de la bonificación completa quienes tengan ingresos hasta una vez el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 en 14 pagas, y que en 2027 el límite se sitúe en 1,5 veces el SMI de ese año.

“Que el coste de la vida ha subido más que el aumento de los salarios o de las pensiones, es una realidad que no admite discusión”, ha subrayado la portavoz de la formación, Elena Tomás. ZeC alerta de que los casos de pensionistas afectados “ha aumentado” en los últimos años, debido a que la pensión media de jubilación en España ha crecido aproximadamente un 33% desde 2018 hasta 2025, superando la evolución salarial y los límites establecidos para las bonificaciones. La pensión media del sistema ha superado los 1.350 euros mensuales a principios de 2026, mientras que las pensiones mínimas y de viudedad han recibido incrementos significativos con el objetivo de equipararse al SMI.

La situación que motiva esta iniciativa se refleja en el caso de María Ángeles Colungo, una jubilada zaragozana cuya pensión ha aumentado apenas 30 euros al mes y, aun así, ha quedado fuera de la tarjeta gratuita de transporte, según adelanto este diario. Con la última revalorización, su pensión alcanza los 1.124 euros mensuales, suficiente para superar el límite de ingresos establecido por el Ayuntamiento y aplicado por la concesionaria Avanza Zaragoza, fijado en 15.453 euros brutos al año para personas solas.

El mismo día en que María Ángeles solicitó la renovación de su tarjeta en la galería comercial ‘El Caracol’ del Paseo Independencia, varias personas que estaban delante de ella en la fila recibieron la misma negativa, entre la sorpresa y la indignación. Su caso evidencia cómo la congelación de los parámetros desde 2018 genera disfunciones con respecto a la evolución de las pensiones, incluso tras los incrementos históricos de los últimos años: 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,7% en 2026.

La situación es especialmente delicada para quienes dependen del transporte público para cuestiones esenciales. María Ángeles se desplaza varias veces por semana desde su barrio en San José al Hospital Miguel Servet para someterse a pruebas médicas debido a una enfermedad crónica. “Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, explica.

Actualmente, el acceso a la tarjeta gratuita de transporte está limitado a pensionistas que no superen ciertos ingresos y a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%. En caso de personas solas, el límite de ingresos se mantiene en 15.453 euros brutos anuales, mientras que para unidades familiares de dos miembros asciende a 30.907 euros, cifras que no se han actualizado desde 2018.

“Con el presupuesto más grande de la historia, con bonificaciones a quienes heredan una segunda vivienda, garaje o trastero, y ayudas a familias que cobran hasta 67.200 euros, parece de justicia actualizar estos parámetros”, ha señalado Elena Tomás. La propuesta de ZeC busca que las personas jubiladas con pensiones bajas puedan acceder al 100% de la bonificación, evitando que pequeñas mejoras en sus ingresos les penalicen y asegurando la equidad con quienes tienen menos recursos.

El concejal socialista Chema Giral ha recordado que, en Aragón, el IPC ha subido un 6,1% desde 2023, mientras que el precio del transporte público ha subido un 10%. La congelación de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen sin cambios desde 2018, es otro factor que deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que dependen de estas ayudas para su movilidad diaria.

El responsable del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, Francisco José Vegas, ha anunciado una protesta el próximo 10 de marzo en Madrid para reclamar la jubilación anticipada por peligrosidad para los transportistas a partir de los 55 años. “Esto tiene que llegar a una resolución positiva”, ha advertido Vegas, que ha avisado de que, “si no, el sector está preparado para una movilización creciente”.

El líder de CCOO en el sector ha advertido de concentraciones y otras protestas, como una huelga, una medida que no ha citado expresamente. “Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance”, ha sostenido.

Vegas ha explicado que el pasado octubre, el sector de transportistas –tanto los sindicatos como las patronales– presentaron su solicitud para iniciar este procedimiento, que la Seguridad Social ha creado para estudiar las peticiones de jubilaciones anticipadas sin penalización a ciertas profesiones especialmente peligrosas o penosas.

Hasta la fecha, la jubilación anticipada por penosidad ha sido una posibilidad restringida, y bastante discrecional, a la que han accedido muy mayoritariamente los hombres (84%).

Lucho Palazzo Gallo, secretario general de FSC-CCOO, ha recordado que entre 2013 y 2025 han fallecido “1.839” conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.

La Seguridad Social niega las “trabas” denunciadas

Francisco José Vegas ha denunciado este martes “trabas” que el Ministerio de la Seguridad Social está poniendo al sector de conductores profesionales en el procedimiento para intentar acceder a un adelanto de la edad legal de jubilación por la penosidad y peligrosidad de su oficio.

“Es un despropósito lo que nos están pidiendo”, ha denunciado sobre la petición de la Seguridad Social del pasado 9 de febrero a los sindicatos y las patronales de “la identificación de todo el colectivo beneficiario de esa posible medida”.

En concreto, que en un plazo de 20 días, se les reclamó que aporten los NIF de los que estiman que serán unos “400.000”· trabajadoras y trabajadoras que prestan o han prestado servicio durante el periodo 2018 a 2025 en el transporte de mercancías por carretera y transporte de viajeros. “Es un imposible, una barbaridad, es un despropósito lo que se nos está pidiendo”, ha criticado en una rueda de prensa en Madrid.

Sin embargo, el Ministerio de la Seguridad Social rectificó posteriormente en su petición, en otro oficio en el que informó de que recabarían esos datos a través del Ministerio de Transportes y que se “daba por contestado” el requerimiento efectuado, como indican en el departamento de Elma Saiz.

Francisco José Vegas insiste a elDiario.es en que de esa segunda comunicación del Ministerio “en ningún caso” interpretaron que se “hiciera decaer” la petición de información. “Ni nosotros ni el resto de organizaciones, tanto sindicales, como patronales”, sostiene el responsable sectorial, que apunta que todas las partes han pedido una reunión al Ministerio precisamente para advertir de la dificultad de reunir esta información.

“No tenemos notificación de que se diera por cumplida la petición, nosotros seguimos recogiendo los NIF de los conductores aun sabiendo que no se van a conseguir todos”, responde por su parte también Diego Buenestado, responsable de Carreteras y Urbanos de UGT.

El inicio de cada mes despierta especial atención entre millones de pensionistas en España, ya que conocer la fecha en que se percibirán los ingresos resulta fundamental para organizar gastos y compromisos financieros. En febrero de 2026, esta planificación vuelve a cobrar relevancia, dado que los hogares dependen de estas prestaciones para afrontar pagos corrientes y garantizar la estabilidad económica personal y familiar.

El calendario de cobro se basa en la planificación establecida por la Seguridad Social, que sitúa el pago de las pensiones entre los días 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, el ingreso puede variar según la entidad bancaria en la que se tenga domiciliada la prestación, ya que muchas entidades adelantan el abono para que los beneficiarios dispongan de los fondos antes del inicio formal del mes. Esta combinación entre el calendario oficial y la operativa interna de los bancos determina la distribución de los pagos durante los últimos días de febrero.

Fechas de abono en febrero de 2026 según cada banco

El calendario de febrero de 2026 no presenta festivos nacionales que alteren el patrón habitual de adelantos, por lo que las entidades han organizado los ingresos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero, siguiendo su operativa interna. Como ocurre cada mes, el grueso de pagos se concentra en los últimos días laborables previos al cierre del mes.

Las primeras entidades en abonar la pensión serán Bankinter y Unicaja, que efectuarán el ingreso el viernes 20 de febrero. El lunes 23 de febrero está previsto el pago por parte de Banco Santander. El martes 24 de febrero se realizará el abono en CaixaBank e Ibercaja, mientras que el miércoles 25 de febrero concentrará la mayor parte de los ingresos, con los pagos previstos en BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca, Caja Rural y Laboral Kutxa.

Qué hacer si la pensión no se ha depositado en la cuenta

Cuando la pensión no se refleja en la fecha prevista por la entidad financiera, lo primero es verificar cuál es el día concreto fijado por el banco en el que está domiciliado el cobro. En febrero de 2026 los ingresos anticipados se distribuyen entre el 20 y el 25 de febrero, por lo que puede haber diferencias de varios días entre entidades. Además, si la fecha coincide con un fin de semana o con el cierre de la operativa diaria, el movimiento puede mostrarse en la cuenta en la siguiente jornada hábil.

Si tras comprobar el calendario de la entidad el ingreso sigue sin aparecer, es recomendable contactar directamente con el banco para solicitar información sobre el estado de la transferencia. La entidad puede confirmar si el pago está pendiente de contabilización, si existe alguna incidencia técnica o si el retraso responde a un procedimiento interno de validación.

En caso de que el banco indique que no ha recibido la orden de pago, el siguiente paso es acudir a la Seguridad Social para comprobar que la prestación ha sido tramitada correctamente. A través de sus canales de atención, el organismo puede revisar el expediente y verificar que no existe ningún error en los datos bancarios o en la emisión de la orden. Este procedimiento permite determinar si el retraso se debe a la operativa financiera o a una incidencia administrativa.