El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

El hogar del jubilado Erdialde de Donostia sufrirá unas obras de rehabilitación a partir de este septiembre. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la empresa Ormak Construcción S.L.U., cuyo presupuesto roza los 2 millones de euros. Se espera que la remodelación se culmine en un año y se busca modernizar las instalaciones actuales, las cuales presentan deficiencias en materia de accesibilidad, seguridad contra incendios y salubridad, según la versión oficial.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha detallado este martes que la intervención actuará sobre el inmueble distribuido en cinco niveles. La reforma integral contempla la creación de una salida de emergencias, la actualización de las instalaciones de protección y la mejora de la accesibilidad universal mediante una planta de acceso a cota cero y aseos adaptados. Según el alcalde, el Erdialde es la asociación con mayor cantidad de socios de la ciudad, requiriendo un espacio adecuado a sus necesidades.

Ante el cierre del local por las obras, el Departamento de Acción Social y el consistorio estudian alternativas para evitar la inactividad total de la asociación. Insausti ha explicado que se está trabajando junto a la junta para organizar el traslado de los cursos y talleres a otros espacios de la ciudad. El alcalde ha señalado que habitualmente existe una “convivencia sana” entre las distintas asociaciones de mayores, lo que suele permitir el uso de otros hogares del jubilado y el intercambio de materiales y espacios mientras duran los trabajos de reforma.

Sin embargo, tres usuarios diarios del centro, Javi, Martín y Luis, le cuentan a este periódico que “es una faena” el cierre del local. Mientras comía su almuerzo, Javi explicaba que, debido a la ubicación céntrica, es la razón por la que él y sus amigos eligieron el hogar de jubilados de Erdialde. “Cuando no está abierto por alguna razón, solemos ir al de Egia, por la Torre de Atocha”, continuaba Javi su explicación, aclarando que, durante el tiempo que no esté abierto el Erdialde, se encontrarán ahí junto a otros jubilados con los que coinciden. El trío de amigos expresa su expectativa de que qued emuy bien el local tras la remodelación, destacando que se necesita mejorar la accesibilidad.

En la misma línea, Montse, quien se encontraba leyendo un periódico, destaca la “buena relación calidad-precio” que tienen, recalcando que “es una faena” tener que buscar otro sitio al que acudir a diario. De todas formas, la usuaria le cuenta a este medio que es conocedora de esta remodelación desde hace seis meses aproximadamente y que ya ha asimilado el próximo cambio. Montse está de acuerdo con que se haga una remodelación “el lugar lo necesita”, declara. También espera que se mejore la accesibilidad y, sobre todo, que se modernice el hogar.

La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado incluir la aplicación de la jubilación parcial dentro de la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral, cuya comisión negociadora se reunirá el próximo lunes, 13 de julio.

CSIF recuerda que el pasado 2 de julio ya registró un escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública reclamando que se comenzaran a tramitar “sin demora” las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio.

La nueva regulación podría beneficiar a cerca de un millar de trabajadores de la Administración regional después de ver suprimido este derecho por culpa de la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno central, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.

“No podemos esperar más”

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, resalta: “No podemos esperar más, recordamos que se ha cometido una terrible injusticia con un colectivo que ha visto de manera injusta bloqueado este derecho después de toda una vida laboral como servidores públicos. La Junta tiene las condiciones jurídicas y organizativas necesarias para reconocer este derecho sin demora”.

CSIF defenderá en la negociación del próximo lunes una regulación que garantice el acceso efectivo a la jubilación parcial del personal laboral, facilite el relevo generacional y permita que los trabajadores “puedan ejercer este derecho sin demoras ni obstáculos administrativos”.

Vivimos bajo un bombardeo constante de mensajes que señalan el sistema público de pensiones como el gran enemigo de la gente joven. Según este relato, hay que reformar las pensiones y recortar el poder adquisitivo de las jubiladas para aliviar a la juventud. Es un diagnóstico equivocado y, me atrevería a decir, tendencioso: aplicado hasta el final, amenaza con desmantelar el estado del bienestar y ensanchar las desigualdades sin beneficiar a nadie joven, sino hipotecándole el futuro. Mi propuesta es la contraria: aprovechar el poder colectivo que representan las pensiones y orientarlo hacia las necesidades reales de la población, en lugar de alimentar un conflicto intergeneracional.

Conviene recordar de dónde vienen las pensiones. Un sistema estatal puede perseguir tres objetivos: un enfoque asistencialista que solo busca esquivar la pobreza entre la gente mayor; un modelo de seguro basado en el ahorro individual o colectivo; y un sistema universal y redistributivo fundamentado en la participación laboral, con derechos adquiridos frente al Estado. Este último modelo es el que se impuso en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empujado por la fuerza del movimiento obrero. España, en cambio, tuvo que esperar a la muerte del dictador para tenerlo. Hoy, tras unos años mínimos de cotización, el Estado reconoce el derecho a una pensión, con un mínimo y un máximo pensados para limitar las desigualdades del mercado. La realidad es que aquí no tenemos un problema de pensionistas «ricas»: cerca de una cuarta parte de las jubiladas son pobres, y el sistema todavía protege mal a quien no ha tenido una carrera laboral continuada. Si bien es cierto que España garantiza una tasa de reposición del salario para rentas medias relativamente elevada en comparación con otros países, esto no tiene por qué ser negativo si el gasto que realizan las pensionistas va hacia el bien colectivo y no a alimentar desigualdades.

El supuesto conflicto entre jóvenes y pensiones se sostiene sobre dos ideas. La primera: rebajar cotizaciones para poner más dinero en el bolsillo de las trabajadoras. Pero vale la pena preguntar quién tiene el poder de negociación. Hoy, cerca del 85 % de las cotizaciones las paga la empresa. Creer que una rebaja llegaría íntegramente al salario, con los sindicatos debilitados como están, es ingenuo o directamente tramposo. Para la empresa es indiferente pagar ahora o de manera diferida; para la trabajadora, es una apuesta arriesgadísima. Y si la joven recibe ese salario en presente en lugar de diferido, tendrá que invertirlo por su cuenta si quiere mantener unos ingresos en la vejez. Lo que hace el sistema público es garantizar esa seguridad de manera colectiva, desmercantilizada y protegida de los vaivenes financieros, sin intermediarios (por eso los bancos están tan en contra). Durante décadas el sistema de pensiones tuvo superávit, y podemos preguntarnos qué se hizo con aquel dinero y en qué se invirtió. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué la vivienda pública que se ha construido ha ido al mercado privado y cómo revertirlo, o por qué España tiene tan pocas empresas públicas en sectores estratégicos.

La segunda idea es directamente recortar el gasto en pensiones para liberar dinero para la juventud. Si bien siempre se puede tener un debate sobre necesidades, esta perspectiva olvida el papel macroeconómico de las pensiones frente a otros programas más regresivos. Las pensiones son un estabilizador macroeconómico de primer orden: el dinero va a gasto, garantiza consumo, sostiene el tejido empresarial local y los puestos de trabajo que ocupan las jóvenes. Que la gente mayor pueda retirarse con tranquilidad también favorece la entrada de gente nueva y la innovación. Además, en un país con tanta precariedad, a menudo la pensión es el sostén de toda una familia. Cualquier reforma, pues, debe tener en cuenta las diferencias de clase y género: retrasar la edad de jubilación o ligarla a la esperanza de vida penaliza precisamente a quien hace los trabajos más duros y vive menos años. Y si bien el gasto en pensiones ronda el 13 % del PIB en España, un 42 % vuelve en forma de impuestos. Se puede tener un debate sobre las cotizaciones de los salarios más elevados o las pensiones máximas, pero un recorte de las pensiones generalizadas, especialmente dados los altos niveles de pobreza en la vejez y la falta de inversión pública en servicios de cuidado, es un programa fallido de inicio. En todo caso, toda la ganancia que se pueda obtener de una mayor contribución de quien más pensión cobra debería ir a sacar de la pobreza a las pensionistas o a construir servicios de cuidados públicos.

En el debate de las pensiones hace falta un cambio de relato que salga del juego de suma cero. Hay que potenciar el poder colectivo del sistema de pensiones públicas en lugar de hablar de que a quien ha trabajado toda su vida le toca reducir su poder adquisitivo. En mi opinión, la oportunidad que se debe explotar es crear una concienciación de la clase trabajadora (que incluye a las pensionistas) sobre cómo canalizar el gasto y el ahorro de las pensiones hacia una mayor soberanía económica y la transición ecológica. La idea puede resultar un poco «friki», pero la gente mayor es, de hecho, de las más vulnerables a los efectos del clima, así como a los recortes en los sistemas de bienestar, y serían las primeras beneficiadas al alimentar sistemas ecológicos y económicos más seguros. Algunas propuestas serían poder ofrecer a las pensionistas con más poder adquisitivo vehículos de inversión en fondos soberanos que se dirijan a bienes colectivos, como programas de vivienda pública o cooperativa para gente mayor y joven.

A diferencia de los sistemas de pensiones privados, que avanzan en la financiarización de la economía con escasa capacidad de control efectivo de las trabajadoras sobre los procesos productivos, alimentar fondos soberanos con pensiones públicas iría dirigido a cubrir las necesidades básicas de la población. También podríamos imaginar pensiones pagadas parcialmente en moneda local para dinamizar el comercio de proximidad y generar circuitos virtuosos en los barrios. O incluso facilitar mecanismos sindicales para la reinversión de las pensiones en el tejido productivo bajo control de las trabajadoras. En definitiva, mi propuesta es que, más que entrar en el juego de suma cero, replanteemos la función social de esta herramienta pública. Cuando hablamos de los problemas de la juventud, valoremos las pensiones como lo que son: una aliada con quien trabajar.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza para modificar los límites de renta exigidos a las personas jubiladas para acceder a la bonificación del transporte público urbano. La propuesta, que se debatirá en el próximo Pleno municipal, plantea que durante 2026 puedan beneficiarse de la bonificación completa quienes tengan ingresos hasta una vez el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 en 14 pagas, y que en 2027 el límite se sitúe en 1,5 veces el SMI de ese año.

“Que el coste de la vida ha subido más que el aumento de los salarios o de las pensiones, es una realidad que no admite discusión”, ha subrayado la portavoz de la formación, Elena Tomás. ZeC alerta de que los casos de pensionistas afectados “ha aumentado” en los últimos años, debido a que la pensión media de jubilación en España ha crecido aproximadamente un 33% desde 2018 hasta 2025, superando la evolución salarial y los límites establecidos para las bonificaciones. La pensión media del sistema ha superado los 1.350 euros mensuales a principios de 2026, mientras que las pensiones mínimas y de viudedad han recibido incrementos significativos con el objetivo de equipararse al SMI.

La situación que motiva esta iniciativa se refleja en el caso de María Ángeles Colungo, una jubilada zaragozana cuya pensión ha aumentado apenas 30 euros al mes y, aun así, ha quedado fuera de la tarjeta gratuita de transporte, según adelanto este diario. Con la última revalorización, su pensión alcanza los 1.124 euros mensuales, suficiente para superar el límite de ingresos establecido por el Ayuntamiento y aplicado por la concesionaria Avanza Zaragoza, fijado en 15.453 euros brutos al año para personas solas.

El mismo día en que María Ángeles solicitó la renovación de su tarjeta en la galería comercial ‘El Caracol’ del Paseo Independencia, varias personas que estaban delante de ella en la fila recibieron la misma negativa, entre la sorpresa y la indignación. Su caso evidencia cómo la congelación de los parámetros desde 2018 genera disfunciones con respecto a la evolución de las pensiones, incluso tras los incrementos históricos de los últimos años: 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,7% en 2026.

La situación es especialmente delicada para quienes dependen del transporte público para cuestiones esenciales. María Ángeles se desplaza varias veces por semana desde su barrio en San José al Hospital Miguel Servet para someterse a pruebas médicas debido a una enfermedad crónica. “Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, explica.

Actualmente, el acceso a la tarjeta gratuita de transporte está limitado a pensionistas que no superen ciertos ingresos y a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%. En caso de personas solas, el límite de ingresos se mantiene en 15.453 euros brutos anuales, mientras que para unidades familiares de dos miembros asciende a 30.907 euros, cifras que no se han actualizado desde 2018.

“Con el presupuesto más grande de la historia, con bonificaciones a quienes heredan una segunda vivienda, garaje o trastero, y ayudas a familias que cobran hasta 67.200 euros, parece de justicia actualizar estos parámetros”, ha señalado Elena Tomás. La propuesta de ZeC busca que las personas jubiladas con pensiones bajas puedan acceder al 100% de la bonificación, evitando que pequeñas mejoras en sus ingresos les penalicen y asegurando la equidad con quienes tienen menos recursos.

El concejal socialista Chema Giral ha recordado que, en Aragón, el IPC ha subido un 6,1% desde 2023, mientras que el precio del transporte público ha subido un 10%. La congelación de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen sin cambios desde 2018, es otro factor que deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que dependen de estas ayudas para su movilidad diaria.

El responsable del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, Francisco José Vegas, ha anunciado una protesta el próximo 10 de marzo en Madrid para reclamar la jubilación anticipada por peligrosidad para los transportistas a partir de los 55 años. “Esto tiene que llegar a una resolución positiva”, ha advertido Vegas, que ha avisado de que, “si no, el sector está preparado para una movilización creciente”.

El líder de CCOO en el sector ha advertido de concentraciones y otras protestas, como una huelga, una medida que no ha citado expresamente. “Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance”, ha sostenido.

Vegas ha explicado que el pasado octubre, el sector de transportistas –tanto los sindicatos como las patronales– presentaron su solicitud para iniciar este procedimiento, que la Seguridad Social ha creado para estudiar las peticiones de jubilaciones anticipadas sin penalización a ciertas profesiones especialmente peligrosas o penosas.

Hasta la fecha, la jubilación anticipada por penosidad ha sido una posibilidad restringida, y bastante discrecional, a la que han accedido muy mayoritariamente los hombres (84%).

Lucho Palazzo Gallo, secretario general de FSC-CCOO, ha recordado que entre 2013 y 2025 han fallecido “1.839” conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.

La Seguridad Social niega las “trabas” denunciadas

Francisco José Vegas ha denunciado este martes “trabas” que el Ministerio de la Seguridad Social está poniendo al sector de conductores profesionales en el procedimiento para intentar acceder a un adelanto de la edad legal de jubilación por la penosidad y peligrosidad de su oficio.

“Es un despropósito lo que nos están pidiendo”, ha denunciado sobre la petición de la Seguridad Social del pasado 9 de febrero a los sindicatos y las patronales de “la identificación de todo el colectivo beneficiario de esa posible medida”.

En concreto, que en un plazo de 20 días, se les reclamó que aporten los NIF de los que estiman que serán unos “400.000”· trabajadoras y trabajadoras que prestan o han prestado servicio durante el periodo 2018 a 2025 en el transporte de mercancías por carretera y transporte de viajeros. “Es un imposible, una barbaridad, es un despropósito lo que se nos está pidiendo”, ha criticado en una rueda de prensa en Madrid.

Sin embargo, el Ministerio de la Seguridad Social rectificó posteriormente en su petición, en otro oficio en el que informó de que recabarían esos datos a través del Ministerio de Transportes y que se “daba por contestado” el requerimiento efectuado, como indican en el departamento de Elma Saiz.

Francisco José Vegas insiste a elDiario.es en que de esa segunda comunicación del Ministerio “en ningún caso” interpretaron que se “hiciera decaer” la petición de información. “Ni nosotros ni el resto de organizaciones, tanto sindicales, como patronales”, sostiene el responsable sectorial, que apunta que todas las partes han pedido una reunión al Ministerio precisamente para advertir de la dificultad de reunir esta información.

“No tenemos notificación de que se diera por cumplida la petición, nosotros seguimos recogiendo los NIF de los conductores aun sabiendo que no se van a conseguir todos”, responde por su parte también Diego Buenestado, responsable de Carreteras y Urbanos de UGT.

El inicio de cada mes despierta especial atención entre millones de pensionistas en España, ya que conocer la fecha en que se percibirán los ingresos resulta fundamental para organizar gastos y compromisos financieros. En febrero de 2026, esta planificación vuelve a cobrar relevancia, dado que los hogares dependen de estas prestaciones para afrontar pagos corrientes y garantizar la estabilidad económica personal y familiar.

El calendario de cobro se basa en la planificación establecida por la Seguridad Social, que sitúa el pago de las pensiones entre los días 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, el ingreso puede variar según la entidad bancaria en la que se tenga domiciliada la prestación, ya que muchas entidades adelantan el abono para que los beneficiarios dispongan de los fondos antes del inicio formal del mes. Esta combinación entre el calendario oficial y la operativa interna de los bancos determina la distribución de los pagos durante los últimos días de febrero.

Fechas de abono en febrero de 2026 según cada banco

El calendario de febrero de 2026 no presenta festivos nacionales que alteren el patrón habitual de adelantos, por lo que las entidades han organizado los ingresos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero, siguiendo su operativa interna. Como ocurre cada mes, el grueso de pagos se concentra en los últimos días laborables previos al cierre del mes.

Las primeras entidades en abonar la pensión serán Bankinter y Unicaja, que efectuarán el ingreso el viernes 20 de febrero. El lunes 23 de febrero está previsto el pago por parte de Banco Santander. El martes 24 de febrero se realizará el abono en CaixaBank e Ibercaja, mientras que el miércoles 25 de febrero concentrará la mayor parte de los ingresos, con los pagos previstos en BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca, Caja Rural y Laboral Kutxa.

Qué hacer si la pensión no se ha depositado en la cuenta

Cuando la pensión no se refleja en la fecha prevista por la entidad financiera, lo primero es verificar cuál es el día concreto fijado por el banco en el que está domiciliado el cobro. En febrero de 2026 los ingresos anticipados se distribuyen entre el 20 y el 25 de febrero, por lo que puede haber diferencias de varios días entre entidades. Además, si la fecha coincide con un fin de semana o con el cierre de la operativa diaria, el movimiento puede mostrarse en la cuenta en la siguiente jornada hábil.

Si tras comprobar el calendario de la entidad el ingreso sigue sin aparecer, es recomendable contactar directamente con el banco para solicitar información sobre el estado de la transferencia. La entidad puede confirmar si el pago está pendiente de contabilización, si existe alguna incidencia técnica o si el retraso responde a un procedimiento interno de validación.

En caso de que el banco indique que no ha recibido la orden de pago, el siguiente paso es acudir a la Seguridad Social para comprobar que la prestación ha sido tramitada correctamente. A través de sus canales de atención, el organismo puede revisar el expediente y verificar que no existe ningún error en los datos bancarios o en la emisión de la orden. Este procedimiento permite determinar si el retraso se debe a la operativa financiera o a una incidencia administrativa.

El carnet de pensionista de la Seguridad Social se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar una jubilación activa y facilitar el acceso a numerosos beneficios en España. En 2026, estos descuentos y ventajas se renuevan y amplían, permitiendo que los mayores optimicen su presupuesto mientras disfrutan de ocio, cultura, transporte y servicios de salud.

El llamado carnet de pensionista o de jubilado es en realidad un documento público que se puede obtener gratuitamente a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El documento acredita que la persona puede acceder a los beneficios y descuentos destinados a la tercera edad, por lo que conocerlos se vuelve esencial para aprovechar al máximo todas las oportunidades.

Más allá de su carácter económico, este carnet representa un apoyo importante para mejorar la calidad de vida de los jubilados, fomentando su participación en distintos ámbitos de la sociedad y su integración en actividades .

A medida que cambian las políticas y se actualizan los programas disponibles, resulta clave que los pensionistas estén informados sobre los beneficios vigentes. De esta forma, pueden planificar mejor su día a día y aprovechar los recursos que les permiten mantener autonomía, bienestar y un envejecimiento activo.

Cómo obtener el carnet de pensionista

El documento que acredita que un ciudadano está jubilado y recibe una pensión se puede obtener tanto en las oficinas de la Seguridad Social como a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, siempre que la persona cuente con un DNI electrónico o esté dado de alta en el sistema Cl@ve PIN.

Una vez dentro de la web, se debe acceder a la sección 'Informes y certificados' y seleccionar la opción 'Certificado integral de prestaciones'. Tras presentar las credenciales digitales necesarias (Clave Permanente, Cl@ve PIN, DNI electrónico o certificado), el usuario puede descargar el documento oficial y gratuito que acredita su condición de pensionista.

Descuentos y beneficios del carnet de pensionista

Entre los principales beneficios se encuentran los programas turísticos gestionados por el IMSERSO, que ofrecen viajes a destinos nacionales a precios reducidos. Estas ofertas incluyen estancias en hoteles, rutas culturales y actividades recreativas, especialmente durante la temporada baja, y buscan promover la participación de personas mayores en experiencias turísticas y culturales a lo largo del país. Asimismo, algunos centros de termalismo, balnearios y estancias de bienestar ofrecen descuentos específicos para pensionistas, orientados a mejorar su salud y bienestar físico.

Las agencias de viajes privadas también incluyen ventajas para jubilados, con descuentos aplicables en paquetes nacionales e internacionales. Esto permite que los beneficiarios accedan a opciones de viaje más variadas, tanto dentro de España como en el extranjero, a precios reducidos respecto al mercado general.

El transporte constituye otro ámbito con beneficios significativos. Compañías como Alsa aplican reducciones en billetes y abonos que pueden llegar hasta el 40 %. Renfe ofrece la Tarjeta Dorada con descuentos en sus servicios ferroviarios, mientras que las aerolíneas incluyen ofertas especiales para personas mayores de 65 años. A estas ventajas se suman los programas autonómicos de transporte, que aplican tarifas reducidas en autobuses, metro y trenes de cercanías, e incluso pueden ofrecer abonos gratuitos o con descuentos superiores al 50 %.

El acceso a servicios culturales, deportivos y comerciales también está contemplado. Los pensionistas pueden beneficiarse de descuentos en museos, teatros, cines, conciertos y actividades recreativas. Del mismo modo, instalaciones deportivas municipales, como gimnasios y piscinas, aplican tarifas reducidas o gratuitas en algunas localidades, promoviendo la actividad física entre los mayores.

Por último, el carnet de pensionista y jubilado facilita el acceso a ciertos servicios de salud, incluyendo descuentos en clínicas, farmacias y tratamientos asociados. Esta característica contribuye a la planificación y gestión de la salud en la tercera edad, permitiendo que los pensionistas mantengan controles médicos y tratamientos a menor coste.

En conjunto, los beneficios vinculados a este certificado abarcan distintos sectores de la vida cotidiana, y aunque pueden variar según la comunidad autónoma, constituyen un recurso relevante para mejorar la calidad de vida y garantizar un envejecimiento activo y seguro.

La diputada nacional del PSOE Elisa Garrido ha denunciado que el PP “ha actuado una vez más de un modo irresponsable y partidista votando en contra de un Decreto que incluía cuestiones como la revalorización de las pensiones, la jubilación anticipada para los bomberos y agentes forestales, la prórroga del bono social eléctrico, la prórroga de ayudas de la dana y más médicos en atención primaria”.

Garrido ha asegurado que “los diputados riojanos del PP, Cuca Gamarra y Javier Merino, tienen que dar explicaciones sobre los motivos por los que han dicho no a una medida que beneficia a una gran parte de la ciudadanía en nuestra tierra”.

Así, por ejemplo, en materia de pensiones, Elisa Garrido ha recordado que en La Rioja “son 75.793 los pensionistas afectados por la negativa del PP a aprobar la subida de las pensiones”. Además, la pensión media en nuestra comunidad “se sitúa en los 1.352 euros”. La diputada socialista ha afirmado que “el PP, incluidos los diputados riojanos, deberá aclarar una decisión que va en contra de más de 75.000 pensionistas en nuestra comunidad”.

Elisa Garrido ha aseverado que la actitud del PP “no nos sorprende, porque llevan actuando así desde hace más de una década”. Fue el Partido Popular “el que congeló las pensiones en 2013 y votó en contra de volver a actualizarlas conforme al IPC en 2021 y en las cuatro actualizaciones siguientes”. Frente a quienes insisten en bloquear los avances, este Gobierno “seguirá trabajando intensamente para defender unas pensiones dignas y cumplir su compromiso con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad”.

Desde 2019, el Ejecutivo “ha revalorizado las pensiones un 28,1%”. Así, Garrido ha recordado que “si vemos la evolución de la subida de la pensión media, observamos que si se hubiera mantenido la revalorización del 0,25 que impulsó el PP, en La Rioja las pensiones hubieran subido este año poco más de 21 euros, mientras que con el 2,7 que propone el PSOE, ese incremento sería de más de 423 euros”. Es evidente, ha añadido la diputada socialista, “que es este Gobierno el que trabaja para que los pensionistas tengan mejores condiciones de vida”.

Elisa Garrido ha aseverado que, al oponerse al decreto, “el PP también ha votado en contra de la subida de un 11% para las pensiones de viudedad y del incremento de las de orfandad”. Y otra cuestión que los populares han tumbado ha sido la prórroga de la jubilación médica activa, “lo que demuestra la incoherencia del PP de La Rioja, que no se cansa de reclamar más médicos al Gobierno de España, mientras que vota no a esta iniciativa”.

Insiste en que además, Gamarra, Merino y el resto de los diputados y diputadas del Partido Popular con Feijóo a la cabeza “han dejado caer el aumento del ingreso mínimo vital”. Conviene recordar, ha dicho Garrido, que, según los últimos datos, el ingreso mínimo vital “beneficia a 5.246 hogares en La Rioja, alcanzando a más de 16.400 personas”.

La devolución del IRPF a los jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades, que Hacienda prometió que se realizaría en 2025 en un solo pago, se ha demorado a 2026, en el que aún hay pensionistas que no han recibido el abono de la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda no responden sobre el número de expedientes pendientes de pago, pero indican que “las solicitudes que todavía no se han abonado se están tramitando para abonarlas lo antes posible”.

Pablo (nombre ficticio) es uno de los solicitantes –que reclama la devolución para su padre– que ha estado pendiente de la resolución de su expediente hasta el mismo 31 de diciembre, sin ninguna novedad.

“La Agencia Tributaria no ha abierto los expedientes para devolver a mi padre los importes del tema de los mutualistas. Evidentemente, tampoco le ha devuelto el dinero”, critica.

El afectado explica que siguen esperando el pago, que al menos en su comunidad (Asturias) cree que “hay muchas declaraciones pendientes”. “No es que sea urgente, salvo porque son gente mayor”, apunta el solicitante.

Esta circunstancia –la elevada edad– inquieta a muchas de las personas que han reclamado el pago, que denuncian también la “incertidumbre” y el incumplimiento del plazo de pago por parte de Hacienda.

“Incertidumbre” por los cambios del pasado

El recelo y la incertidumbre de algunos de los afectados se explica en gran parte por los cambios y rectificaciones que han sufrido en este procedimiento por parte de Hacienda. Tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, de un jubilado del sector de la banca, Rafael Borrella Román, la Agencia Tributaria pactó con los sindicatos CCOO y UGT un procedimiento para devolver el IRPF a todos los antiguos mutualistas que lo solicitaran. Estos habían sufrido de una doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Sin embargo, en diciembre de 2024 los mutualistas vieron suspendidas sus solicitudes y Hacienda iniciaba un nuevo procedimiento, que demoraba los pagos.

Tras varias quejas y movilizaciones de sindicatos y pensionistas, el Ministerio de María Jesús Montero rectificó y volvió a abrir un nuevo procedimiento en el mes de abril para poder reclamar las devoluciones de los años 2019 a 2022 (y años anteriores no prescritos) de forma conjunta y para ser recibidos en un solo pago en 2025. Los interesados tuvieron que volver a registrar sus solicitudes, ya que las anteriores a diciembre de 2024 habían quedado suspendidas.

Desde el Ministerio de Hacienda responden a este medio que las personas que hayan solicitado la devolución y aún no la hayan recibido “no tienen que hacer ningún trámite extra”. “La Agencia Tributaria sigue tramitando solicitudes de mutualistas, por lo que todavía se pueden producir pagos”, añaden.

Unos dos millones de antiguos mutualistas

El trámite afecta a un gran número de pensionistas, muchos de avanzada edad, aunque la cifra exacta se desconoce. Según Hacienda “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” cuando se suspendieron sus peticiones a finales de 2024.

También tienen derecho a reclamar esta cantidad los herederos “cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024”, ha explicado la Agencia Tributaria.

Hasta el momento, Hacienda ha informado del volumen total de dinero pagado en devoluciones, pero no sobre cuántos expedientes se han resuelto y cuántos quedan pendientes de pago.

Desde agosto y hasta octubre, último dato disponible en el informe de recaudación tributaria, “se han devuelto ya 2.350 millones de euros a los mutualistas”, responden desde el Ministerio de María Jesús Montero. Se trata de algo más de un tercio de los casi 6.000 millones de euros de factura total en estas devoluciones que estimó en su día la Agencia Tributaria.

Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido este viernes el acto de homenaje que el Ayuntamiento de Logroño ha realizado a los 27 funcionarios municipales que se han jubilado durante el año 2025, así como a los 26 trabajadores que han cumplido cinco lustros de servicio activo en el Consistorio.

Los trabajadores que se han jubilado este año han recibido un reloj por parte de la Corporación municipal, así como un diploma de la Junta de Personal; mientras que los trabajadores que han cumplido 25 años de servicio en la Administración local han recibido una insignia conmemorativa.

Asimismo, el Ayuntamiento ha tenido un recuerdo para tres funcionarios que han fallecido durante este año, a cuyos familiares se ha entregado una placa.

Conrado Escobar ha agradecido a todas las personas homenajeadas, y a todos los empleados públicos, “su esfuerzo, compromiso y servicio diario a la ciudad”.

A medida que se acerca el final de diciembre de 2025, millones de pensionistas en España se preparan para recibir la última mensualidad del año. Este ingreso tiene especial relevancia debido a que coincide con un periodo de mayor gasto familiar derivado de las festividades de Navidad y del cierre de compromisos financieros anuales. La fecha en la que el dinero llega a la cuenta se convierte, por tanto, en un elemento clave para planificar los pagos y garantizar la disponibilidad de los fondos.

El calendario de cobro de las pensiones se organiza según dos referencias principales. Por un lado, existe el pago oficial establecido por la Seguridad Social, que se realiza a mes vencido y establece fechas generales de abono. Por otro, las entidades financieras suelen adelantar los ingresos de forma voluntaria, para que los pensionistas dispongan de los fondos antes de las fechas festivas. Esta práctica ha sido constante en los últimos años y se mantiene también para diciembre de 2025.

Comprender cómo se distribuyen los pagos entre los distintos bancos y qué pasos seguir en caso de que la pensión no aparezca en la cuenta es fundamental para quienes dependen de esta prestación. La planificación anticipada permite organizar los gastos del mes, evitar retrasos en pagos programados y garantizar que los pensionistas puedan acceder a su dinero de manera segura y cuando mejor les convenga.

Fechas de abono en diciembre de 2025 según cada banco

Las diferentes entidades bancarias han establecido un calendario de pagos para diciembre de 2025 que concentra la mayoría de los ingresos entre los días 23 y 26 del mes. Bankinter y Unicaja iniciarán el abono el martes 23 de diciembre. El miércoles 24 de diciembre será la fecha prevista para el ingreso en CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Banco Sabadell y Santander. Por su parte, el jueves 25 de diciembre realizarán el pago BBVA, ING y Kutxabank, mientras que Abanca abonará la pensión el viernes 26 de diciembre.

Este calendario refleja el momento en que los bancos ponen en marcha las órdenes de pago, aunque la disponibilidad efectiva en la cuenta puede variar en función de la operativa interna de cada una de las entidades y del procesamiento de las transferencias. Los pensionistas pueden consultar sus canales habituales para confirmar el ingreso y organizar sus gastos con antelación.

Qué hacer si la pensión no llega a la cuenta

Si la pensión de diciembre de 2025 no se refleja en la cuenta en la fecha prevista, el primer paso es comprobar que los datos bancarios proporcionados a la Seguridad Social sean correctos y que la cuenta esté activa. Cambios recientes en la titularidad, el número de cuenta o la configuración de domiciliación pueden impedir que la transferencia se complete según lo esperado.

En caso de que la información de la cuenta sea correcta, se recomienda contactar con la entidad financiera para verificar el estado del ingreso. Los bancos pueden tener horarios internos de procesamiento distintos y, en ocasiones, retrasan la acreditación hasta recibir la confirmación completa de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si después de varios días la pensión sigue sin aparecer, los pensionistas pueden dirigirse a la Seguridad Social para confirmar que el pago fue emitido y no existen incidencias administrativas. Esta verificación permite identificar si el retraso se debe a la operativa del banco o a algún trámite pendiente, y facilita la planificación del uso de los fondos de manera segura.

Este viernes se ha confirmado: las pensiones subirán en general un 2,7% en 2026, según la inflación media del año anterior. El incremento ya es oficial, tras la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, del 3%, que confirma la previsión de la Seguridad Social anunciada hace dos semanas cuando se publicó el dato de inflación provisional. Con este dato, ya se puede calcular la pensión máxima, aunque aún queda por saber cuánto subirán las pensiones mínimas y las no contributivas, que la ministra Elma Saiz ha confirmado que se incrementarán más, pero no ha desvelado todavía la cifra de aumento.

La reforma de pensiones de 2021 volvió a vincular la subida de las pensiones a la evolución de los precios, para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, y anuló el índice anterior de los aumentos del 0,25% que había aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, el alza anual se aplica según el IPC medio del año anterior, que suman más de nueve millones de personas.

En este caso, con los registros de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, el dato de inflación media ha resultado un 2,7%, que es lo que subirán la mayoría de las pensiones en 2026. En 2025, el alza fue del 2,8%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este viernes que “la revalorización de las pensiones es un derecho de nuestros pensionistas. Así, con la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, se asegura un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas”. La Seguridad Social recuerda que las Clases Pasivas del Estado, con más de 734.000 pensiones, también se revalorizarán un 2,7%.

Un incremento medio de 572 euros anuales para jubilados

El Ministerio de la Seguridad Social ha explicado que la subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad, que la Seguridad Social paga este mes de noviembre.

Mientras, la subida para las pensiones medias del conjunto del sistema (que se sitúan alrededor de 1.300 euros al mes) supondrán “498 euros anuales” más para sus beneficiarios, calcula el Ministerio. Es decir, unos 35,6 euros al mes de incremento.

Aunque se suele poner el foco en los jubilados, que suponen la gran mayoría de beneficiarios del sistema de pensiones, la Seguridad Social recuerda que estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La pensión máxima rozará los 3.360 euros al mes

Por otro lado, aunque no hay confirmación oficial por parte del Ministerio de la Seguridad Social, se calcula que la pensión máxima del sistema roce los 3.360 euros al mes, en 14 pagas. Se trata de un 2,815% más que este año, que está situada en los 3.267,6 euros mensuales.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general de las prestaciones porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este mayor incremento (del 2,815%) solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, de 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones, que es un plus por hijo creado en 2021 que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. Este complemento –de 35,9 euros en 2025– está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno, tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres.

Queda por saber las pensiones mínimas y las no contributivas

Más allá del dato de aumento general, queda por saber cuánto subirán las pensiones mínimas y no contributivas, que el Gobierno está incrementando por encima de los precios en los últimos años, también fruto de las reformas de pensiones aprobadas por el anterior Ejecutivo de coalición (en este caso de la de 2023, tras los acuerdos con los agentes sociales y los socios de investidura).

En concreto, se acordó que estas pensiones más bajas del sistema subieran más hasta 2027, para recortar su margen con el umbral de la pobreza.

Este 2025, las pensiones mínimas subieron alrededor del 6%, aunque algunas modalidades registraron mayores ascensos, como las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentaron un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas –para aquellas personas que no cotizaron lo suficiente– subieron un 9%.

Además, el aumento de las pensiones no contributivas marca también la subida anual del ingreso mínimo vital (IMV), la renta estatal contra la pobreza para hogares de muy bajos recursos. Esta prestación llega a hogares en los que viven casi 2,4 millones de personas.

Ya se conoce la cifra más esperada del año para millones de pensionistas. La subida general de las pensiones será del 2,7% en 2026, ha confirmado el Ministerio de la Seguridad Social. Así se desprende del dato provisional de IPC de noviembre conocido este viernes, del 3% interanual, con el que ya se puede calcular la revalorización anual de estas prestaciones. Además, queda por saber otro dato muy relevante: cuánto subirán las pensiones mínimas y no contributivas, que están aumentando algo más en los últimos años y que el Gobierno suele anunciar después de conocerse este dato general.

La reforma de pensiones de 2021 volvió a vincular la subida de las pensiones a la evolución de los precios y anuló el índice anterior de los aumentos del 0,25% que había aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, el alza anual se aplica según el IPC medio del año anterior para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, que suman más de nueve millones de personas.

El INE ha avanzado este viernes que la inflación general se ha situado en noviembre en el 3%, respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, debe confirmarse en unos días, el 12 de diciembre, con la publicación del INE del dato definitivo de inflación de este mes. En este caso, con los registros de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, el dato de inflación media ha resultado un 2,7%, que es lo que subirán la mayoría de las pensiones en 2026. Este 2025, el alza fue del 2,8%.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que la revalorización conforme al IPC “supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC”. La Seguridad Social recuerda que las Clases Pasivas del Estado, con más de 734.000 pensiones, también se revalorizarán un 2,7%.

Un incremento medio de 572 euros anuales para jubilados

El Ministerio de la Seguridad Social ha explicado que la subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alredeedor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad, que la Seguridad Social paga este mes de noviembre.

Mientras, la subida para las pensiones medias del conjunto del sistema (que se sitúan alrededor de 1.300 euros al mes) supondrán “498 euros anuales” más para sus beneficiarios, calcula el Ministerio. Es decir, unos 35,6 euros al mes de incremento.

Aunque se suele poner el foco en los jubilados, que suponen la gran mayoría de beneficiarios del sistema de pensiones, la Seguridad Social recuerda que estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La pensión máxima rozará los 3.360 euros al mes

Por otro lado, aunque no hay confirmación oficial por parte del Ministerio de la Seguridad Social, se calcula que la pensión máxima del sistema roce los 3.360 euros al mes, en 14 pagas. Se trata de un 2,815% más que este año, que está situada en los 3.267,6 euros mensuales.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general de las prestaciones porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este mayor incremento (del 2,815%) solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, de 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones, que es un plus por hijo creado en 2021 que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. Este complemento –de 35,9 euros en 2025– está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno, tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres.

Queda por saber las pensiones mínimas y las no contributivas

Más allá del dato de aumento general, queda por saber cuánto subirán las pensiones mínimas y no contributivas, que el Gobierno está incrementando por encima de los precios en los últimos años, también fruto de las reformas de pensiones aprobadas por el anterior Ejecutivo de coalición (en este caso de la de 2023, tras los acuerdos con los agentes sociales y los socios de investidura).

En concreto, se acordó que estas pensiones más bajas del sistema subieran más hasta 2027, para recortar su margen con el umbral de la pobreza.

Este 2025, las pensiones mínimas subieron alrededor del 6%, aunque algunas modalidades registraron mayores ascensos, como las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentaron un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas –para aquellas personas que no cotizaron lo suficiente– subieron un 9%.

Además, el aumento de las pensiones no contributivas marca también la subida anual del ingreso mínimo vital (IMV), la renta estatal contra la pobreza para hogares de muy bajos recursos. Esta prestación llega a 73.272 hogares, en los que viven casi 2,4 millones de personas.

El sistema de pensiones ha estado en el foco mediático en los últimos días. Primero, por la comparecencia de la presidenta de la Autoridad Fiscal (AIReF) en el Congreso, que mantiene un choque con el Gobierno por las evaluaciones que tiene que hacer sobre pensiones, y después debido a varios informes de la OCDE. El organismo internacional del llamado 'Club de Países Ricos', por un lado, ha reconocido algunas de las reformas llevadas a cabo por España, como las que amplían las carreras laborales en edades avanzadas gracias a incentivos (como la jubilación demorada, activa y parcial), así como por los elementos que reducen la brecha de género entre las personas jubiladas, en la que tiene un peso muy importante las pensiones de viudedad.

Por otro, la OCDE sigue insistiendo en la necesidad de que España “medidas adicionales” a las de las últimas reformas de pensiones por el aumento del gasto –principalmente debido a la revalorización según los precios. Entre ellas, el organismo proponen recuperar un mecanismo similar al Factor de Sostenibilidad que se deregó de la reforma de pensiones de 2012, que reducía a futuro las pensiones ante el aumento de la esperanza de vida; o ampliar a 35 años (ahora son 29) los años que se utilizan para calcular la cuantía de la jubilación, que de media también reduciría la pensión resultante.

A cinco minutos de la costa de Adeje (Tenerife), una hilera de casas blancas podría aparecer en cualquier catálogo de lujo. Viviendas de ensueño en un enclave privilegiado de las Islas Canarias que no encajan con una zona que está en el 7% más pobre de España.

Municipios turísticos como Adeje, Antigua (Fuerteventura) o Benidorm (Alicante), repiten año tras año entre las zonas más pobres en las estadísticas nacionales, a pesar de que las viviendas de lujo –que alcanzan los 4.500 euros por metro cuadrado– y el trasiego de restaurantes con terrazas a pie de playa y bares que cobran 25 euros por una copa, harían pensar lo contrario.

Pero estos datos sobre los niveles de renta media en la región parecen ser un espejismo: en estos mismos municipios más de un tercio de la población empadronada no presenta la declaración de la renta, según el análisis realizado por elDiario.es a partir de los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Agencia Tributaria. 

Así, las cifras de renta no terminarían de reflejar la realidad de estas zonas. Para entender esta distorsión hemos comparado el número de titulares de las declaraciones del IRPF presentadas a Hacienda en 2024 (los ingresos corresponden a 2023), con la población censada a 1 de enero de 2024 que figura en el INE. El porcentaje de personas que no declaran en comparación con los adultos empadronados en cada municipio varía entre un 5% y un 50% en los casos más elevados.

Cada burbuja del siguiente mapa muestra un municipio de más de 10.000 habitantes, en el que el amarillo representa las zonas con mayor porcentaje de personas que no estarían declarando sobre el total de empadronados adultos. Como ves, los mayores focos de infradeclaración están en Canarias, la costa andaluza y la mediterránea con localidades como Benidorm, Marbella (Málaga) o Adeje. Son zonas eminentemente turísticas en las que los residentes que no están declarando en España pueden llegar a representar la mitad de la población, como es el caso de Antigua o Fuengirola (Málaga). 

El propio Instituto Nacional de Estadística ya descubrió este fenómeno durante el proceso de creación del Atlas de Distribución de la Renta, una estadística con información detallada de la renta de los hogares a partir de datos disponibles en la Agencia Tributaria. Al hacer la estadística, el organismo cruza la información de las personas residentes en España con las rentas disponibles en los modelos tributarios.

Tal y como explican, “existen algunas secciones censales —en particular, aquellas con presencia significativa de población extranjera comunitaria— donde los porcentajes de población para los que no se encuentra ningún IRPF declarado aumentan sensiblemente”. Se crea así un espejismo porque las rentas medias suelen ser las de la población local, sin tener en cuenta los ingresos de gran parte de la población europea de estas zonas.  

Los datos analizados por este medio arrojan la misma conclusión: las zonas donde hay población que vive pero no declara coinciden con las que tienen una mayor presencia de residentes de países de la Unión Europea y Reino Unido, una nacionalidad que se ha tenido en cuenta por su elevada presencia en las localidades analizadas y porque siguen disfrutando de una situación similar a la de los comunitarios a pesar de su reciente marcha de la UE. 

La conexión entre ambos fenómenos se aprecia bien en el siguiente gráfico, donde cada punto representa un municipio. Cuánto más a la derecha, mayor porcentaje de no declarantes tiene y cuánto más arriba, mayor porcentaje de extranjeros residentes. La presencia de residentes comunitarios se dispara en las localidades donde menos población declara, son las más amarillas. Si te fijas, son de nuevo zonas de playa y turismo, como Adeje, Fuengirola, o Formentera (Baleares). 

¿Cómo se explica esta correlación? Buena parte de los extranjeros comunitarios de estas zonas son los que se conoce como gerontoinmigrantes o “retirados de estilo de vida”, como los llama Rafael Durán, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y miembro del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. “Son ciudadanos de la Europa occidental que emigran a España para disfrutar de su pensión en un entorno donde la mejora de su calidad de vida era sustancial”, añade.

Basta una búsqueda rápida en inglés sobre cómo mudarse a España siendo pensionista y aparecen decenas de webs explicando paso a paso las mejores opciones para cobrar la pensión, cómo fijar la residencia o qué beneficios municipales se pueden solicitar. Guías que giran en torno a un mismo asunto: cuál es la mejor forma de pasar la jubilación en la costa española sin tener problemas con la ley.

Según la legislación española, estos extranjeros también están obligados a empadronarse si tienen su vivienda habitual aquí. Sus obligaciones fiscales, por otro lado, varían dependiendo del tiempo que pasan en el país. Si vienen a pasar solo unos meses no tienen por qué fijar su residencia fiscal aquí y, por tanto, no tienen obligación de presentar la declaración del IPRF. Si pasan más de 183 días —medio año y un día—, sí que deberían hacerlo aunque su pensión proceda del extranjero, según la ley que regula el IRPF. 

Así, la explicación a esta diferencia entre los que viven y los que declaran en estas zonas turísticas parece deberse a la presencia de estos jubilados comunitarios. “Podría ser que un porcentaje significativo de los británicos que no presentan en España la declaración de la renta habiendo de presentarla sean pensionistas”, señala Durán. “A diferencia de los pensionistas, sí que es más fácil que los trabajadores británicos que trabajan en España tengan más normalizada su relación con instituciones españolas como Hacienda y la Seguridad Social”, añade. 

Sin embargo, “no es extraño que un porcentaje alto evite hacer la declaración de la renta aun viviendo 'de facto' en España más de 183 días al año”, cuenta Durán. “Sobre todo entre nacionalidades como la británica, hay un recelo hacia lo estatal, tanto más si es extranjero, que lleva a estos residentes a relacionarse poco con las instituciones del país de acogida”, explica. 

No solo vienen pensionistas de Reino Unido. En las Islas Canarias, los jubilados italianos se han convertido en una de las nacionalidades predominantes, superando incluso a los británicos. Tal y como narra Vera Liprandi, abogada de Cotta Law en Tenerife, “en los últimos años se ha incrementado la cantidad de italianos que vienen a residir de forma permanente, previa venta de todos sus bienes en Italia”, y añade: “son la mayoría de nuestros clientes”. 

De hecho, existen en España servicios creados por el Ministerio de Trabajo de Italia específicamente para gestionar las pensiones de los jubilados italianos que residen aquí. Uno de estos centros es el Patronato Ital, coordinado por Elena Cappon que explica que los pensionistas italianos “suelen residir de forma permanente porque en España, el IRPF aplicado a las pensiones, es mucho más bajo que en Italia, por lo tanto las personas que provienen de Italia con una pensión se benefician del sistema español”. 

Si miramos las nacionalidades más presentes en los municipios con menos declarantes hay algunas que repiten en el top 3: Reino Unido, Italia, Alemania y algunos de países nórdicos como Finlandia o Noruega. Ciudadanos de países acomodados, habitualmente mayores de 65 años, que vienen a España en busca de zonas de sol y playa.

La británica sigue siendo una de las nacionalidades más presentes en España, incluso después del Brexit, y casi dos de cada cinco son mayores de 65 años. Reino Unido es el país de Europa que más proporción de mayores tiene residiendo en España, seguido de los jubilados de países nórdicos como Finlandia, Noruega y Dinamarca. Aunque vienen menos personas de estos países, alrededor de un tercio de los que llegan superan los 65 años de edad.

¿Por qué se empadronan en España? 

La cuestión es que incluso cuando residen menos de 6 meses en España, estos pensionistas acostumbran a empadronarse aunque no presenten la declaración. ¿El motivo? Optar a algunos beneficios como aquellos destinados a los mayores que otorgan los ayuntamientos. “Como descuentos en viajes o el uso de las instalaciones y servicios municipales”, enumera Liprandi.

Por eso sabemos que hay extranjeros que viven aquí aunque no tengan su residencia fiscal. También por las pruebas que realiza el Censo de Población Anual para comprobar que los extranjeros registrados en el Padrón en España, efectivamente residen aquí. Es el método de signos de vida por el que los extranjeros de fuera de la UE deben acudir a los ayuntamientos para renovar su inscripción cada dos años, para los comunitarios los ayuntamientos deben confirmarlo periódicamente.

Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen incentivos para tener más empadronados, da igual que vivan aquí 3 o 12 meses. Por un lado, porque aunque no hagan aquí la declaración de la renta, sí pagan otros impuestos o tasas municipales como, por ejemplo, el IBI si son propietarios de una vivienda. Por otro lado, los municipios de menos de 75.000 habitantes reciben más ingresos de la Administración Central cuantos más empadronados tengan. 

“Es por ello que instan a registrarse en el padrón tanto a los extranjeros que residen de hecho en la localidad, aunque no sea de manera permanente o única”, resume Durán. Ayuntamientos de los municipios con más proporción de no declarantes como Antigua (Fuerteventura) o Torrox (Málaga), han explicado a elDiario.es que aunque saben que hay presencia de jubilados extranjeros no se dedican a controlar si presentan o no su declaración allí. 

Los pensionistas de estilo de vida son una realidad asentada en las costas de España desde hace décadas: lo que falta es su reflejo en los datos oficiales. Se mantiene así un espejismo por el que los municipios turísticos se muestran como “zonas pobres” mientras los ingresos de buena parte de sus residentes permanecen invisibles para las estadísticas. 

Con la llegada de noviembre, los pensionistas comienzan a prestar especial atención al calendario de pagos de sus prestaciones mensuales. Contar con información precisa sobre cuándo se realizará el abono permite organizar los gastos del hogar y planificar con antelación los pagos domiciliados, especialmente en un mes que suele coincidir con compromisos económicos adicionales. La previsión de estas fechas facilita que los beneficiarios puedan gestionar sus recursos de manera ordenada y evitar incertidumbres financieras.

El pago de las pensiones depende de la coordinación entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las entidades financieras donde los beneficiarios tienen domiciliadas sus cuentas. Cada banco sigue un calendario interno para procesar las transferencias, por lo que el día en que los fondos aparecen reflejados puede variar ligeramente entre entidades. Conocer estas fechas ayuda a los pensionistas a anticipar la disponibilidad de los fondos y organizar sus finanzas de manera más eficiente.

Además de la programación de los pagos, es importante que los pensionistas conozcan los pasos a seguir si el ingreso no se realiza según lo esperado. Verificar la cuenta, revisar los datos registrados y contactar con el banco o con la Seguridad Social son medidas fundamentales para garantizar que la pensión llegue correctamente y evitar retrasos que puedan afectar la gestión económica del mes. La información sobre estas acciones permite actuar de manera rápida y planificada ante cualquier incidencia.

Fechas de abono en noviembre de 2025 según cada banco

Los bancos han establecido un calendario de pagos para noviembre de 2025 que concentra la mayoría de los ingresos entre los días 21 y 25 del mes. Unicaja y Bankinter comenzarán a efectuar el abono el viernes 21 de noviembre. A partir del lunes 24 de noviembre, Caja Rural, Banco Santander y CaixaBank realizarán sus respectivos pagos. Por su parte, el martes 25 de noviembre será la fecha de inicio del abono para Ibercaja, BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca y Laboral Kutxa.

Este calendario marca el momento en que las entidades ponen en marcha las órdenes de pago, aunque la disponibilidad exacta en la cuenta puede variar según el horario interno de cada banco y el procesamiento de las transferencias. Los pensionistas pueden consultar sus canales habituales para confirmar que la cuantía se encuentra disponible y planificar con antelación el uso de los fondos.

Pasos a seguir si la pensión no llega a la cuenta

En caso de que la pensión no aparezca reflejada en la cuenta en la fecha prevista, el primer paso consiste en revisar que la cuenta asociada al pago esté activa y registrada correctamente ante la Seguridad Social. Discrepancias en los datos o movimientos recientes en la cuenta pueden generar que la transferencia no se complete según lo esperado.

Si tras esta revisión no se identifica ninguna incidencia, es recomendable contactar con la entidad bancaria para verificar si el pago se encuentra en proceso o si existe algún procedimiento interno que retrase la acreditación del dinero. Algunos bancos aplican horarios de procesamiento diferentes o esperan confirmación de los listados completos de beneficiarios antes de liberar los fondos.

Cuando el ingreso continúa sin aparecer después de varios días, es posible solicitar información directamente a la Seguridad Social. El organismo puede confirmar que la pensión ha sido emitida y que no existen incidencias que impidan el pago, lo que permite a los pensionistas determinar si la demora se debe a la operativa del banco o a algún trámite administrativo pendiente. Esta comprobación facilita tomar medidas oportunas para garantizar el acceso a los fondos y organizar las finanzas del hogar de manera segura.