Hay personas que dedican su tiempo a los demás sin esperar nada a cambio. Son personas que acompañan, atienden, organizan, reparten. Voluntarios de todas las edades que, cada día, ponen sus conocimientos y su tiempo al servicio de quienes más lo necesitan.

Entre ellos también están quienes, después de décadas de vida laboral, llegan a la jubilación y deciden seguir activos. Para algunos, esta nueva etapa no significa parar, sino encontrar otra forma de participar, de sentirse útiles y de devolver a la sociedad parte de lo que la vida les ha dado.

En La Rioja, esta realidad se extiende a una amplia red de asociaciones y entidades que trabajan en ámbitos muy diferentes, desde la atención social y el acompañamiento, hasta la ayuda alimentaria o el apoyo a distintos colectivos. En ellas, muchas personas que ya han terminado su trayectoria profesional continúan dedicando parte de su tiempo a ayudar a los demás.

Una jornada que continúa después de la jubilación

2026 ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, un reconocimiento al papel que desempeña la acción voluntaria en la sociedad. En La Rioja, ese compromiso tiene también rostros concretos como el de Ángel, que encontró en el Banco de Alimentos una forma de continuar activo después de jubilarse.

Durante toda su vida profesional, Ángel se dedicó al comercio textil. Pero cuando llegó la jubilación decidió no desvincularse de una actividad diaria. Hace once años comenzó su labor como voluntario en el Banco de Alimentos en La Rioja, donde actualmente acude de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas. “Siempre me ha gustado hacer algo por los demás, y por agradecer y devolver lo que me ha dado la vida”, explica.

Su jornada comienza antes de que lleguen buena parte del resto de voluntarios. Como responsable de almacén, Ángel se encarga de coordinar las distintas tareas que se desarrollan durante la mañana. A él, le corresponde también organizar el almacén y clasificar los artículos según su fecha de caducidad y su tipo para que, cuando las entidades acudan a recoger los pedidos, los encuentren preparados.

El trabajo requiere también adaptar cada entrega a las necesidades de las entidades que reciben los alimentos. Los productos que componen los pedidos son similares, pero la cantidad cambia en función del número de personas a las que atiende cada asociación. El Banco de Alimentos no entrega directamente los productores a particulares, sino a entidades que previamente han pasado una serie de filtros establecidos por las administraciones, las encargadas de identificar a las personas que verdaderamente necesitan ayuda.

Para Ángel, además, su experiencia profesional sigue estando presente en su labor como voluntario. “Lo que yo aporto al voluntariado es un poco la misma vida que llevaba en mi negocio”, cuenta. La organización, la responsabilidad y la gestión forman parte ahora de una jornada que, aunque no tiene nómina, mantiene muchas de las dinámicas de su antigua vida laboral.

Once años después de comenzar, Ángel asegura que la sociedad valora el trabajo de quienes colaboran en el Banco de Alimentos. Lo percibe especialmente durante las grandes recogidas, cuando la respuesta ciudadana demuestra, a su juicio, que existe conciencia sobre la necesidad de ayudar a quienes atraviesan dificultades. “La gente colabora muchísimo”, señala.

Pero si hay algo que Ángel destaca por encima de todo es lo que el voluntariado le aporta a él. Lo define como “una satisfacción tuya personal, que te llena” y reconoce que, después de once años, sigue sintiendo que “te engancha”. Para él, mantenerse activo, organizar el almacén y compartir cada mañana con otros voluntarios supone también una forma de cuidar de sí mismo. “Te permite alarga tu vida, ganando en salud”, asegura.

Una comunidad que envejece

Hablar del papel de los voluntarios sénior cobra todavía más importancia en una comunidad como La Rioja, donde el envejecimiento de la población es una realidad cada vez más presente. Según los últimos datos disponibles sobre la estructura demográfica de la comunidad, las personas de 65 años o más representan el 22,5 por ciento de la población riojana, por encima de la media nacional, situada en el 20,7 por ciento.

El envejecimiento plantea nuevos retos, entre ellos la necesidad de combatir la soledad no deseada y favorecer la participación social de las personas mayores. El Gobierno de La Rioja cuenta con un programa específico de detección de la soledad no deseada y señala la jubilación, vivir solo, la pérdida de personas cercanas o las dificultades de movilidad entre las circunstancias que pueden aumentar la vulnerabilidad al aislamiento.

En este contexto, el voluntariado puede convertirse en una herramienta de participación social para quienes llegan a la jubilación. No solo permite dedicar tiempo a los demás, sino también conservar vínculos, asumir nuevas responsabilidades y continuar formando parte activa de la comunidad. En una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores, aprovechar su tiempo, experiencia y capacidad de participación adquiere una importancia creciente.

La pensión media de jubilación alcanza en agosto en Cantabria los 1.661,07, lo que supone un 4,14% más que en el mismo mes de 2025 y 86,14 euros más que la media nacional, que es de 1.574,93, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el octavo mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.909,25), Asturias (1.838,87), Madrid (1.797,60) y Navarra (1.758,2).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes de agosto en 1.442,82 euros, un 4,34% más anual.

Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.684,28), Madrid (1.583,98), Asturias (1.580), Navarra (1.566,92) y Aragón (1.449,76).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.548, el 1,43% del total del país y un 1,3% más que hace un año, y de ellas, 95.633 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.305,89 euros al mes y de las que hay 14.187 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 1.029,06 euros y un número de 34.779 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 911,46 euros y 1.393 beneficiarios; y la de orfandad, con 608,86 euros mensuales y que suman 4.556 pensiones.

La subida nacional alcanza el 2,7%

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

Los viajes del Imserso de la temporada 2026-2027 volverán a organizar el acceso a las reservas mediante un sistema de prioridad que distingue entre personas preferentes y no preferentes. Esta condición no se elige ni se solicita de forma expresa, sino que depende de la puntuación obtenida tras aplicar un baremo a cada persona acreditada. El resultado tiene efectos directos cuando comienza la comercialización, ya que quienes consiguen una mayor puntuación pueden empezar a reservar antes.

La diferencia puede ser especialmente relevante durante los primeros días, cuando todavía hay más posibilidades de elegir entre fechas y destinos. Las personas con acreditación preferente pueden acceder a la compra un día antes que las no preferentes de su mismo grupo territorial. Esto no garantiza una plaza concreta, pero sí permite entrar antes en el proceso y contar con algo más de margen a la hora de buscar entre las opciones que sigan disponibles.

El orden tampoco depende del momento en el que se presentó la solicitud. El Imserso utiliza cinco criterios para calcular la puntuación: edad, discapacidad, situación económica, participación en campañas anteriores y pertenencia a una familia numerosa. Cada apartado aporta una cantidad diferente y no todos tienen el mismo peso en el resultado. La participación previa es el criterio que más puede influir, mientras que los demás completan la valoración con puntuaciones más reducidas.

Cómo funciona el sistema de puntos del Imserso

La participación en las dos temporadas anteriores es el apartado con mayor peso, ya que puede aportar hasta 225 puntos. Para la campaña 2026-2027 se tienen en cuenta las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Las personas que estuvieron acreditadas en lista de espera durante la última reciben 175 puntos. Quienes no viajaron en ninguna de las dos campañas obtienen 50, mientras que quienes no participaron en 2025-2026 pero sí lo hicieron en 2024-2025 suman 40. Si ocurrió al contrario, es decir, si viajaron en la temporada más reciente pero no en la anterior, reciben 20 puntos.

Cuando una persona participó en las dos campañas anteriores, la puntuación correspondiente a este apartado puede alcanzar como máximo los 10 puntos. En cambio, haber realizado dos o más viajes en cualquiera de esas temporadas supone obtener 0 puntos dentro de este último supuesto. De esta manera, el sistema da una valoración mayor a quienes han tenido menos oportunidades de viajar en los años inmediatamente anteriores y reduce la puntuación de quienes han participado con más frecuencia.

La situación económica puede aportar hasta 50 puntos. Las rentas mensuales de hasta 628,80 euros reciben la puntuación máxima y, a partir de esa cantidad, la valoración disminuye de forma progresiva hasta llegar a cero cuando los ingresos superan los 2.100 euros al mes. Si viajan juntos cónyuges o parejas, se suman los ingresos de ambos y el resultado se divide entre 1,33 antes de aplicar el baremo correspondiente.

La edad permite conseguir hasta 20 puntos. Las personas menores de 60 años reciben uno, a los 60 se conceden dos y, a partir de ahí, se suma un punto por cada año hasta alcanzar el máximo desde los 78. Cuando en la solicitud figura una pareja, se calcula la media de edad de ambos y el resultado se redondea por exceso.

A estos criterios se suman otros dos. La discapacidad aporta 10 puntos y la pertenencia a una familia numerosa puede añadir cinco en la categoría general o 10 en la especial. Si dos solicitudes terminan con la misma puntuación, el desempate se resuelve teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de la persona solicitante. La suma de todos estos apartados es la que determina la posición dentro del proceso y, por tanto, si la acreditación será preferente o no preferente.

Qué cambia al tener una acreditación preferente

La principal diferencia se nota cuando empiezan las reservas. En Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, las personas preferentes podrán empezar a reservar el 14 de septiembre. Los usuarios no preferentes de esas mismas comunidades tendrán que esperar hasta el día 15. El acceso se organiza así en dos jornadas consecutivas dentro de este primer grupo territorial.

El segundo bloque está formado por Asturias, Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Murcia y Euskadi. En estos territorios, las personas preferentes podrán acceder a la comercialización el 16 de septiembre, mientras que las no preferentes tendrán que esperar un día más, hasta el 17. La condición que figure en la acreditación marca, por tanto, la fecha concreta desde la que cada usuario puede intentar formalizar su reserva.

Tener prioridad no significa que el Imserso reserve previamente un destino ni que garantice una fecha concreta. La ventaja consiste únicamente en poder acceder antes a la comercialización. En los destinos o periodos con mayor demanda, esa diferencia de un día puede dar más opciones para encontrar plaza, mientras que quienes entren después tendrán que escoger entre la disponibilidad que quede abierta en ese momento.

Por tanto, la acreditación preferente no es una modalidad diferente de viaje ni un servicio que pueda contratarse. Es simplemente el resultado de la puntuación obtenida tras valorar las circunstancias de cada solicitante según los cinco criterios establecidos. El sistema sirve para ordenar el acceso a las plazas y dar prioridad a determinados perfiles, especialmente a quienes obtienen una valoración más alta por su historial de participación, nivel de ingresos, edad, discapacidad reconocida o pertenencia a una familia numerosa.

Millones de personas acreditadas para participar en el Programa de Turismo del Imserso recibirán durante estas semanas la documentación correspondiente a la campaña 2026-2027. El organismo ha puesto en marcha el envío de 2.938.156 cartas destinadas a los 4.602.255 usuarios que pueden acceder a esta iniciativa. Cada una incluye una clave de cuatro dígitos, diferente para esta temporada, que podrá utilizarse para realizar la reserva. Se trata del paso previo a una comercialización que arrancará a mediados de septiembre y que no comenzará simultáneamente en todos los territorios.

Las primeras reservas podrán realizarse a partir del 14 de septiembre. Desde ese momento se abrirán varios turnos durante cuatro días, diferenciados por el lugar de residencia y por la condición de usuario preferente o no preferente. De esta forma, las personas acreditadas tendrán que comprobar qué fecha les corresponde antes de intentar contratar alguno de los desplazamientos incluidos en una oferta que esta temporada alcanza las 879.213 plazas.

La nueva convocatoria mantiene también dos medidas que se implementaron en la temporada anterior. Por un lado, habrá 7.447 plazas a un precio de 50 euros destinadas a pensionistas que cumplan determinados requisitos económicos. Por otro, continuará existiendo un cupo para quienes quieran realizar su estancia acompañados por un animal de compañía. Ambas opciones estarán incluidas dentro de una programación repartida entre destinos peninsulares, insulares y diferentes tipos de escapadas.

Cuatro fechas para el inicio de las reservas

El primer turno será para las personas consideradas preferentes que residan en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Para este grupo, la posibilidad de contratar un viaje se abrirá el 14 de septiembre. Los usuarios no preferentes de estos mismos territorios tendrán que esperar hasta el día siguiente, el 15 de septiembre.

La condición de preferente depende de la puntuación conseguida mediante el baremo utilizado para ordenar las solicitudes. Entre los aspectos que se tienen en cuenta aparecen cuestiones relacionadas con la participación durante la temporada anterior, como haber viajado en ella o haber conseguido entonces la primera opción solicitada. Esa puntuación establece qué personas pueden acceder al primer turno dentro de cada grupo territorial.

El calendario seguirá después con quienes residan en el resto de comunidades autónomas y en Ceuta. En estos territorios, la apertura llegará un día más tarde para cada categoría: el 16 de septiembre en el caso de los usuarios preferentes y el 17 para los no preferentes. El inicio de las ventas quedará así repartido entre cuatro jornadas, en lugar de concentrar todas las solicitudes en una misma fecha.

Esta organización hace necesario comprobar tanto la condición asignada a cada persona como el territorio desde el que participa. No todos los acreditados podrán, por tanto, entrar en el sistema desde el lunes 14, aunque ese día marque oficialmente el comienzo de la comercialización de la temporada 2026-2027.

Una oferta dividida entre costa, islas y escapadas

El programa de este año contará con 879.213 plazas. Algo más de la mitad, 440.284, corresponderán al turismo peninsular. Por su parte, los viajes insulares dispondrán de 228.142 plazas.

Las 210.787 plazas restantes se integrarán en la modalidad de turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, propuestas de turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y estancias en Ceuta y Melilla. Este apartado también contempla los viajes con procedencia europea.

El reparto no se ha organizado únicamente según el tipo de destino. Una parte de las plazas estará distribuida entre los diferentes meses para evitar que la actividad se concentre en unas pocas fechas. En concreto, el 36% de cada lote se ha asignado de forma proporcional entre los meses que forman parte de la campaña. Con esta distribución se busca repartir los desplazamientos durante una parte mayor del año y reducir la concentración de usuarios en los periodos de máxima ocupación.

Quién puede acceder a los viajes por 50 euros

Entre las condiciones que se mantienen este año está la tarifa de 50 euros para una parte de las personas participantes con menos recursos. El Imserso ha reservado 7.447 plazas con este precio dentro de la programación general prevista para 2026-2027.

El acceso depende de la cantidad que perciba el beneficiario. Esta reserva está dirigida a quienes reciben una prestación igual o inferior al importe correspondiente a las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social. Por tanto, el precio reducido no estará disponible para todos los usuarios acreditados, sino únicamente para quienes cumplan este requisito económico.

La medida continúa después de ponerse en marcha durante la campaña anterior y permite que una parte de la programación mantenga un coste fijo de 50 euros para sus beneficiarios. Estas 7.447 plazas están incluidas dentro de las 879.213 previstas para el conjunto de la temporada.

Viajar acompañado por un animal de compañía

La convocatoria 2026-2027 mantiene también la posibilidad de realizar determinados viajes acompañado por un animal de compañía. El programa reserva para ello un porcentaje específico de su oferta, de manera que los usuarios interesados puedan optar a plazas preparadas para viajar en estas condiciones.

Esta alternativa, al igual que los viajes de 50 euros, ya estuvo disponible durante la campaña anterior y continuará en la próxima edición. El cupo destinado a animales de compañía forma parte de una oferta que comenzará a comercializarse en septiembre y que supera las 879.000 plazas entre sus diferentes modalidades.

El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

El hogar del jubilado Erdialde de Donostia sufrirá unas obras de rehabilitación a partir de este septiembre. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la empresa Ormak Construcción S.L.U., cuyo presupuesto roza los 2 millones de euros. Se espera que la remodelación se culmine en un año y se busca modernizar las instalaciones actuales, las cuales presentan deficiencias en materia de accesibilidad, seguridad contra incendios y salubridad, según la versión oficial.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha detallado este martes que la intervención actuará sobre el inmueble distribuido en cinco niveles. La reforma integral contempla la creación de una salida de emergencias, la actualización de las instalaciones de protección y la mejora de la accesibilidad universal mediante una planta de acceso a cota cero y aseos adaptados. Según el alcalde, el Erdialde es la asociación con mayor cantidad de socios de la ciudad, requiriendo un espacio adecuado a sus necesidades.

Ante el cierre del local por las obras, el Departamento de Acción Social y el consistorio estudian alternativas para evitar la inactividad total de la asociación. Insausti ha explicado que se está trabajando junto a la junta para organizar el traslado de los cursos y talleres a otros espacios de la ciudad. El alcalde ha señalado que habitualmente existe una “convivencia sana” entre las distintas asociaciones de mayores, lo que suele permitir el uso de otros hogares del jubilado y el intercambio de materiales y espacios mientras duran los trabajos de reforma.

Sin embargo, tres usuarios diarios del centro, Javi, Martín y Luis, le cuentan a este periódico que “es una faena” el cierre del local. Mientras comía su almuerzo, Javi explicaba que, debido a la ubicación céntrica, es la razón por la que él y sus amigos eligieron el hogar de jubilados de Erdialde. “Cuando no está abierto por alguna razón, solemos ir al de Egia, por la Torre de Atocha”, continuaba Javi su explicación, aclarando que, durante el tiempo que no esté abierto el Erdialde, se encontrarán ahí junto a otros jubilados con los que coinciden. El trío de amigos expresa su expectativa de que qued emuy bien el local tras la remodelación, destacando que se necesita mejorar la accesibilidad.

En la misma línea, Montse, quien se encontraba leyendo un periódico, destaca la “buena relación calidad-precio” que tienen, recalcando que “es una faena” tener que buscar otro sitio al que acudir a diario. De todas formas, la usuaria le cuenta a este medio que es conocedora de esta remodelación desde hace seis meses aproximadamente y que ya ha asimilado el próximo cambio. Montse está de acuerdo con que se haga una remodelación “el lugar lo necesita”, declara. También espera que se mejore la accesibilidad y, sobre todo, que se modernice el hogar.

La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado incluir la aplicación de la jubilación parcial dentro de la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral, cuya comisión negociadora se reunirá el próximo lunes, 13 de julio.

CSIF recuerda que el pasado 2 de julio ya registró un escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública reclamando que se comenzaran a tramitar “sin demora” las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio.

La nueva regulación podría beneficiar a cerca de un millar de trabajadores de la Administración regional después de ver suprimido este derecho por culpa de la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno central, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.

“No podemos esperar más”

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, resalta: “No podemos esperar más, recordamos que se ha cometido una terrible injusticia con un colectivo que ha visto de manera injusta bloqueado este derecho después de toda una vida laboral como servidores públicos. La Junta tiene las condiciones jurídicas y organizativas necesarias para reconocer este derecho sin demora”.

CSIF defenderá en la negociación del próximo lunes una regulación que garantice el acceso efectivo a la jubilación parcial del personal laboral, facilite el relevo generacional y permita que los trabajadores “puedan ejercer este derecho sin demoras ni obstáculos administrativos”.

Vivimos bajo un bombardeo constante de mensajes que señalan el sistema público de pensiones como el gran enemigo de la gente joven. Según este relato, hay que reformar las pensiones y recortar el poder adquisitivo de las jubiladas para aliviar a la juventud. Es un diagnóstico equivocado y, me atrevería a decir, tendencioso: aplicado hasta el final, amenaza con desmantelar el estado del bienestar y ensanchar las desigualdades sin beneficiar a nadie joven, sino hipotecándole el futuro. Mi propuesta es la contraria: aprovechar el poder colectivo que representan las pensiones y orientarlo hacia las necesidades reales de la población, en lugar de alimentar un conflicto intergeneracional.

Conviene recordar de dónde vienen las pensiones. Un sistema estatal puede perseguir tres objetivos: un enfoque asistencialista que solo busca esquivar la pobreza entre la gente mayor; un modelo de seguro basado en el ahorro individual o colectivo; y un sistema universal y redistributivo fundamentado en la participación laboral, con derechos adquiridos frente al Estado. Este último modelo es el que se impuso en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empujado por la fuerza del movimiento obrero. España, en cambio, tuvo que esperar a la muerte del dictador para tenerlo. Hoy, tras unos años mínimos de cotización, el Estado reconoce el derecho a una pensión, con un mínimo y un máximo pensados para limitar las desigualdades del mercado. La realidad es que aquí no tenemos un problema de pensionistas «ricas»: cerca de una cuarta parte de las jubiladas son pobres, y el sistema todavía protege mal a quien no ha tenido una carrera laboral continuada. Si bien es cierto que España garantiza una tasa de reposición del salario para rentas medias relativamente elevada en comparación con otros países, esto no tiene por qué ser negativo si el gasto que realizan las pensionistas va hacia el bien colectivo y no a alimentar desigualdades.

El supuesto conflicto entre jóvenes y pensiones se sostiene sobre dos ideas. La primera: rebajar cotizaciones para poner más dinero en el bolsillo de las trabajadoras. Pero vale la pena preguntar quién tiene el poder de negociación. Hoy, cerca del 85 % de las cotizaciones las paga la empresa. Creer que una rebaja llegaría íntegramente al salario, con los sindicatos debilitados como están, es ingenuo o directamente tramposo. Para la empresa es indiferente pagar ahora o de manera diferida; para la trabajadora, es una apuesta arriesgadísima. Y si la joven recibe ese salario en presente en lugar de diferido, tendrá que invertirlo por su cuenta si quiere mantener unos ingresos en la vejez. Lo que hace el sistema público es garantizar esa seguridad de manera colectiva, desmercantilizada y protegida de los vaivenes financieros, sin intermediarios (por eso los bancos están tan en contra). Durante décadas el sistema de pensiones tuvo superávit, y podemos preguntarnos qué se hizo con aquel dinero y en qué se invirtió. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué la vivienda pública que se ha construido ha ido al mercado privado y cómo revertirlo, o por qué España tiene tan pocas empresas públicas en sectores estratégicos.

La segunda idea es directamente recortar el gasto en pensiones para liberar dinero para la juventud. Si bien siempre se puede tener un debate sobre necesidades, esta perspectiva olvida el papel macroeconómico de las pensiones frente a otros programas más regresivos. Las pensiones son un estabilizador macroeconómico de primer orden: el dinero va a gasto, garantiza consumo, sostiene el tejido empresarial local y los puestos de trabajo que ocupan las jóvenes. Que la gente mayor pueda retirarse con tranquilidad también favorece la entrada de gente nueva y la innovación. Además, en un país con tanta precariedad, a menudo la pensión es el sostén de toda una familia. Cualquier reforma, pues, debe tener en cuenta las diferencias de clase y género: retrasar la edad de jubilación o ligarla a la esperanza de vida penaliza precisamente a quien hace los trabajos más duros y vive menos años. Y si bien el gasto en pensiones ronda el 13 % del PIB en España, un 42 % vuelve en forma de impuestos. Se puede tener un debate sobre las cotizaciones de los salarios más elevados o las pensiones máximas, pero un recorte de las pensiones generalizadas, especialmente dados los altos niveles de pobreza en la vejez y la falta de inversión pública en servicios de cuidado, es un programa fallido de inicio. En todo caso, toda la ganancia que se pueda obtener de una mayor contribución de quien más pensión cobra debería ir a sacar de la pobreza a las pensionistas o a construir servicios de cuidados públicos.

En el debate de las pensiones hace falta un cambio de relato que salga del juego de suma cero. Hay que potenciar el poder colectivo del sistema de pensiones públicas en lugar de hablar de que a quien ha trabajado toda su vida le toca reducir su poder adquisitivo. En mi opinión, la oportunidad que se debe explotar es crear una concienciación de la clase trabajadora (que incluye a las pensionistas) sobre cómo canalizar el gasto y el ahorro de las pensiones hacia una mayor soberanía económica y la transición ecológica. La idea puede resultar un poco «friki», pero la gente mayor es, de hecho, de las más vulnerables a los efectos del clima, así como a los recortes en los sistemas de bienestar, y serían las primeras beneficiadas al alimentar sistemas ecológicos y económicos más seguros. Algunas propuestas serían poder ofrecer a las pensionistas con más poder adquisitivo vehículos de inversión en fondos soberanos que se dirijan a bienes colectivos, como programas de vivienda pública o cooperativa para gente mayor y joven.

A diferencia de los sistemas de pensiones privados, que avanzan en la financiarización de la economía con escasa capacidad de control efectivo de las trabajadoras sobre los procesos productivos, alimentar fondos soberanos con pensiones públicas iría dirigido a cubrir las necesidades básicas de la población. También podríamos imaginar pensiones pagadas parcialmente en moneda local para dinamizar el comercio de proximidad y generar circuitos virtuosos en los barrios. O incluso facilitar mecanismos sindicales para la reinversión de las pensiones en el tejido productivo bajo control de las trabajadoras. En definitiva, mi propuesta es que, más que entrar en el juego de suma cero, replanteemos la función social de esta herramienta pública. Cuando hablamos de los problemas de la juventud, valoremos las pensiones como lo que son: una aliada con quien trabajar.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza para modificar los límites de renta exigidos a las personas jubiladas para acceder a la bonificación del transporte público urbano. La propuesta, que se debatirá en el próximo Pleno municipal, plantea que durante 2026 puedan beneficiarse de la bonificación completa quienes tengan ingresos hasta una vez el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 en 14 pagas, y que en 2027 el límite se sitúe en 1,5 veces el SMI de ese año.

“Que el coste de la vida ha subido más que el aumento de los salarios o de las pensiones, es una realidad que no admite discusión”, ha subrayado la portavoz de la formación, Elena Tomás. ZeC alerta de que los casos de pensionistas afectados “ha aumentado” en los últimos años, debido a que la pensión media de jubilación en España ha crecido aproximadamente un 33% desde 2018 hasta 2025, superando la evolución salarial y los límites establecidos para las bonificaciones. La pensión media del sistema ha superado los 1.350 euros mensuales a principios de 2026, mientras que las pensiones mínimas y de viudedad han recibido incrementos significativos con el objetivo de equipararse al SMI.

La situación que motiva esta iniciativa se refleja en el caso de María Ángeles Colungo, una jubilada zaragozana cuya pensión ha aumentado apenas 30 euros al mes y, aun así, ha quedado fuera de la tarjeta gratuita de transporte, según adelanto este diario. Con la última revalorización, su pensión alcanza los 1.124 euros mensuales, suficiente para superar el límite de ingresos establecido por el Ayuntamiento y aplicado por la concesionaria Avanza Zaragoza, fijado en 15.453 euros brutos al año para personas solas.

El mismo día en que María Ángeles solicitó la renovación de su tarjeta en la galería comercial ‘El Caracol’ del Paseo Independencia, varias personas que estaban delante de ella en la fila recibieron la misma negativa, entre la sorpresa y la indignación. Su caso evidencia cómo la congelación de los parámetros desde 2018 genera disfunciones con respecto a la evolución de las pensiones, incluso tras los incrementos históricos de los últimos años: 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,7% en 2026.

La situación es especialmente delicada para quienes dependen del transporte público para cuestiones esenciales. María Ángeles se desplaza varias veces por semana desde su barrio en San José al Hospital Miguel Servet para someterse a pruebas médicas debido a una enfermedad crónica. “Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, explica.

Actualmente, el acceso a la tarjeta gratuita de transporte está limitado a pensionistas que no superen ciertos ingresos y a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%. En caso de personas solas, el límite de ingresos se mantiene en 15.453 euros brutos anuales, mientras que para unidades familiares de dos miembros asciende a 30.907 euros, cifras que no se han actualizado desde 2018.

“Con el presupuesto más grande de la historia, con bonificaciones a quienes heredan una segunda vivienda, garaje o trastero, y ayudas a familias que cobran hasta 67.200 euros, parece de justicia actualizar estos parámetros”, ha señalado Elena Tomás. La propuesta de ZeC busca que las personas jubiladas con pensiones bajas puedan acceder al 100% de la bonificación, evitando que pequeñas mejoras en sus ingresos les penalicen y asegurando la equidad con quienes tienen menos recursos.

El concejal socialista Chema Giral ha recordado que, en Aragón, el IPC ha subido un 6,1% desde 2023, mientras que el precio del transporte público ha subido un 10%. La congelación de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen sin cambios desde 2018, es otro factor que deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que dependen de estas ayudas para su movilidad diaria.

El responsable del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, Francisco José Vegas, ha anunciado una protesta el próximo 10 de marzo en Madrid para reclamar la jubilación anticipada por peligrosidad para los transportistas a partir de los 55 años. “Esto tiene que llegar a una resolución positiva”, ha advertido Vegas, que ha avisado de que, “si no, el sector está preparado para una movilización creciente”.

El líder de CCOO en el sector ha advertido de concentraciones y otras protestas, como una huelga, una medida que no ha citado expresamente. “Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance”, ha sostenido.

Vegas ha explicado que el pasado octubre, el sector de transportistas –tanto los sindicatos como las patronales– presentaron su solicitud para iniciar este procedimiento, que la Seguridad Social ha creado para estudiar las peticiones de jubilaciones anticipadas sin penalización a ciertas profesiones especialmente peligrosas o penosas.

Hasta la fecha, la jubilación anticipada por penosidad ha sido una posibilidad restringida, y bastante discrecional, a la que han accedido muy mayoritariamente los hombres (84%).

Lucho Palazzo Gallo, secretario general de FSC-CCOO, ha recordado que entre 2013 y 2025 han fallecido “1.839” conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.

La Seguridad Social niega las “trabas” denunciadas

Francisco José Vegas ha denunciado este martes “trabas” que el Ministerio de la Seguridad Social está poniendo al sector de conductores profesionales en el procedimiento para intentar acceder a un adelanto de la edad legal de jubilación por la penosidad y peligrosidad de su oficio.

“Es un despropósito lo que nos están pidiendo”, ha denunciado sobre la petición de la Seguridad Social del pasado 9 de febrero a los sindicatos y las patronales de “la identificación de todo el colectivo beneficiario de esa posible medida”.

En concreto, que en un plazo de 20 días, se les reclamó que aporten los NIF de los que estiman que serán unos “400.000”· trabajadoras y trabajadoras que prestan o han prestado servicio durante el periodo 2018 a 2025 en el transporte de mercancías por carretera y transporte de viajeros. “Es un imposible, una barbaridad, es un despropósito lo que se nos está pidiendo”, ha criticado en una rueda de prensa en Madrid.

Sin embargo, el Ministerio de la Seguridad Social rectificó posteriormente en su petición, en otro oficio en el que informó de que recabarían esos datos a través del Ministerio de Transportes y que se “daba por contestado” el requerimiento efectuado, como indican en el departamento de Elma Saiz.

Francisco José Vegas insiste a elDiario.es en que de esa segunda comunicación del Ministerio “en ningún caso” interpretaron que se “hiciera decaer” la petición de información. “Ni nosotros ni el resto de organizaciones, tanto sindicales, como patronales”, sostiene el responsable sectorial, que apunta que todas las partes han pedido una reunión al Ministerio precisamente para advertir de la dificultad de reunir esta información.

“No tenemos notificación de que se diera por cumplida la petición, nosotros seguimos recogiendo los NIF de los conductores aun sabiendo que no se van a conseguir todos”, responde por su parte también Diego Buenestado, responsable de Carreteras y Urbanos de UGT.

El inicio de cada mes despierta especial atención entre millones de pensionistas en España, ya que conocer la fecha en que se percibirán los ingresos resulta fundamental para organizar gastos y compromisos financieros. En febrero de 2026, esta planificación vuelve a cobrar relevancia, dado que los hogares dependen de estas prestaciones para afrontar pagos corrientes y garantizar la estabilidad económica personal y familiar.

El calendario de cobro se basa en la planificación establecida por la Seguridad Social, que sitúa el pago de las pensiones entre los días 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, el ingreso puede variar según la entidad bancaria en la que se tenga domiciliada la prestación, ya que muchas entidades adelantan el abono para que los beneficiarios dispongan de los fondos antes del inicio formal del mes. Esta combinación entre el calendario oficial y la operativa interna de los bancos determina la distribución de los pagos durante los últimos días de febrero.

Fechas de abono en febrero de 2026 según cada banco

El calendario de febrero de 2026 no presenta festivos nacionales que alteren el patrón habitual de adelantos, por lo que las entidades han organizado los ingresos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero, siguiendo su operativa interna. Como ocurre cada mes, el grueso de pagos se concentra en los últimos días laborables previos al cierre del mes.

Las primeras entidades en abonar la pensión serán Bankinter y Unicaja, que efectuarán el ingreso el viernes 20 de febrero. El lunes 23 de febrero está previsto el pago por parte de Banco Santander. El martes 24 de febrero se realizará el abono en CaixaBank e Ibercaja, mientras que el miércoles 25 de febrero concentrará la mayor parte de los ingresos, con los pagos previstos en BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca, Caja Rural y Laboral Kutxa.

Qué hacer si la pensión no se ha depositado en la cuenta

Cuando la pensión no se refleja en la fecha prevista por la entidad financiera, lo primero es verificar cuál es el día concreto fijado por el banco en el que está domiciliado el cobro. En febrero de 2026 los ingresos anticipados se distribuyen entre el 20 y el 25 de febrero, por lo que puede haber diferencias de varios días entre entidades. Además, si la fecha coincide con un fin de semana o con el cierre de la operativa diaria, el movimiento puede mostrarse en la cuenta en la siguiente jornada hábil.

Si tras comprobar el calendario de la entidad el ingreso sigue sin aparecer, es recomendable contactar directamente con el banco para solicitar información sobre el estado de la transferencia. La entidad puede confirmar si el pago está pendiente de contabilización, si existe alguna incidencia técnica o si el retraso responde a un procedimiento interno de validación.

En caso de que el banco indique que no ha recibido la orden de pago, el siguiente paso es acudir a la Seguridad Social para comprobar que la prestación ha sido tramitada correctamente. A través de sus canales de atención, el organismo puede revisar el expediente y verificar que no existe ningún error en los datos bancarios o en la emisión de la orden. Este procedimiento permite determinar si el retraso se debe a la operativa financiera o a una incidencia administrativa.

El carnet de pensionista de la Seguridad Social se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar una jubilación activa y facilitar el acceso a numerosos beneficios en España. En 2026, estos descuentos y ventajas se renuevan y amplían, permitiendo que los mayores optimicen su presupuesto mientras disfrutan de ocio, cultura, transporte y servicios de salud.

El llamado carnet de pensionista o de jubilado es en realidad un documento público que se puede obtener gratuitamente a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El documento acredita que la persona puede acceder a los beneficios y descuentos destinados a la tercera edad, por lo que conocerlos se vuelve esencial para aprovechar al máximo todas las oportunidades.

Más allá de su carácter económico, este carnet representa un apoyo importante para mejorar la calidad de vida de los jubilados, fomentando su participación en distintos ámbitos de la sociedad y su integración en actividades .

A medida que cambian las políticas y se actualizan los programas disponibles, resulta clave que los pensionistas estén informados sobre los beneficios vigentes. De esta forma, pueden planificar mejor su día a día y aprovechar los recursos que les permiten mantener autonomía, bienestar y un envejecimiento activo.

Cómo obtener el carnet de pensionista

El documento que acredita que un ciudadano está jubilado y recibe una pensión se puede obtener tanto en las oficinas de la Seguridad Social como a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, siempre que la persona cuente con un DNI electrónico o esté dado de alta en el sistema Cl@ve PIN.

Una vez dentro de la web, se debe acceder a la sección 'Informes y certificados' y seleccionar la opción 'Certificado integral de prestaciones'. Tras presentar las credenciales digitales necesarias (Clave Permanente, Cl@ve PIN, DNI electrónico o certificado), el usuario puede descargar el documento oficial y gratuito que acredita su condición de pensionista.

Descuentos y beneficios del carnet de pensionista

Entre los principales beneficios se encuentran los programas turísticos gestionados por el IMSERSO, que ofrecen viajes a destinos nacionales a precios reducidos. Estas ofertas incluyen estancias en hoteles, rutas culturales y actividades recreativas, especialmente durante la temporada baja, y buscan promover la participación de personas mayores en experiencias turísticas y culturales a lo largo del país. Asimismo, algunos centros de termalismo, balnearios y estancias de bienestar ofrecen descuentos específicos para pensionistas, orientados a mejorar su salud y bienestar físico.

Las agencias de viajes privadas también incluyen ventajas para jubilados, con descuentos aplicables en paquetes nacionales e internacionales. Esto permite que los beneficiarios accedan a opciones de viaje más variadas, tanto dentro de España como en el extranjero, a precios reducidos respecto al mercado general.

El transporte constituye otro ámbito con beneficios significativos. Compañías como Alsa aplican reducciones en billetes y abonos que pueden llegar hasta el 40 %. Renfe ofrece la Tarjeta Dorada con descuentos en sus servicios ferroviarios, mientras que las aerolíneas incluyen ofertas especiales para personas mayores de 65 años. A estas ventajas se suman los programas autonómicos de transporte, que aplican tarifas reducidas en autobuses, metro y trenes de cercanías, e incluso pueden ofrecer abonos gratuitos o con descuentos superiores al 50 %.

El acceso a servicios culturales, deportivos y comerciales también está contemplado. Los pensionistas pueden beneficiarse de descuentos en museos, teatros, cines, conciertos y actividades recreativas. Del mismo modo, instalaciones deportivas municipales, como gimnasios y piscinas, aplican tarifas reducidas o gratuitas en algunas localidades, promoviendo la actividad física entre los mayores.

Por último, el carnet de pensionista y jubilado facilita el acceso a ciertos servicios de salud, incluyendo descuentos en clínicas, farmacias y tratamientos asociados. Esta característica contribuye a la planificación y gestión de la salud en la tercera edad, permitiendo que los pensionistas mantengan controles médicos y tratamientos a menor coste.

En conjunto, los beneficios vinculados a este certificado abarcan distintos sectores de la vida cotidiana, y aunque pueden variar según la comunidad autónoma, constituyen un recurso relevante para mejorar la calidad de vida y garantizar un envejecimiento activo y seguro.

La diputada nacional del PSOE Elisa Garrido ha denunciado que el PP “ha actuado una vez más de un modo irresponsable y partidista votando en contra de un Decreto que incluía cuestiones como la revalorización de las pensiones, la jubilación anticipada para los bomberos y agentes forestales, la prórroga del bono social eléctrico, la prórroga de ayudas de la dana y más médicos en atención primaria”.

Garrido ha asegurado que “los diputados riojanos del PP, Cuca Gamarra y Javier Merino, tienen que dar explicaciones sobre los motivos por los que han dicho no a una medida que beneficia a una gran parte de la ciudadanía en nuestra tierra”.

Así, por ejemplo, en materia de pensiones, Elisa Garrido ha recordado que en La Rioja “son 75.793 los pensionistas afectados por la negativa del PP a aprobar la subida de las pensiones”. Además, la pensión media en nuestra comunidad “se sitúa en los 1.352 euros”. La diputada socialista ha afirmado que “el PP, incluidos los diputados riojanos, deberá aclarar una decisión que va en contra de más de 75.000 pensionistas en nuestra comunidad”.

Elisa Garrido ha aseverado que la actitud del PP “no nos sorprende, porque llevan actuando así desde hace más de una década”. Fue el Partido Popular “el que congeló las pensiones en 2013 y votó en contra de volver a actualizarlas conforme al IPC en 2021 y en las cuatro actualizaciones siguientes”. Frente a quienes insisten en bloquear los avances, este Gobierno “seguirá trabajando intensamente para defender unas pensiones dignas y cumplir su compromiso con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad”.

Desde 2019, el Ejecutivo “ha revalorizado las pensiones un 28,1%”. Así, Garrido ha recordado que “si vemos la evolución de la subida de la pensión media, observamos que si se hubiera mantenido la revalorización del 0,25 que impulsó el PP, en La Rioja las pensiones hubieran subido este año poco más de 21 euros, mientras que con el 2,7 que propone el PSOE, ese incremento sería de más de 423 euros”. Es evidente, ha añadido la diputada socialista, “que es este Gobierno el que trabaja para que los pensionistas tengan mejores condiciones de vida”.

Elisa Garrido ha aseverado que, al oponerse al decreto, “el PP también ha votado en contra de la subida de un 11% para las pensiones de viudedad y del incremento de las de orfandad”. Y otra cuestión que los populares han tumbado ha sido la prórroga de la jubilación médica activa, “lo que demuestra la incoherencia del PP de La Rioja, que no se cansa de reclamar más médicos al Gobierno de España, mientras que vota no a esta iniciativa”.

Insiste en que además, Gamarra, Merino y el resto de los diputados y diputadas del Partido Popular con Feijóo a la cabeza “han dejado caer el aumento del ingreso mínimo vital”. Conviene recordar, ha dicho Garrido, que, según los últimos datos, el ingreso mínimo vital “beneficia a 5.246 hogares en La Rioja, alcanzando a más de 16.400 personas”.

La devolución del IRPF a los jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades, que Hacienda prometió que se realizaría en 2025 en un solo pago, se ha demorado a 2026, en el que aún hay pensionistas que no han recibido el abono de la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda no responden sobre el número de expedientes pendientes de pago, pero indican que “las solicitudes que todavía no se han abonado se están tramitando para abonarlas lo antes posible”.

Pablo (nombre ficticio) es uno de los solicitantes –que reclama la devolución para su padre– que ha estado pendiente de la resolución de su expediente hasta el mismo 31 de diciembre, sin ninguna novedad.

“La Agencia Tributaria no ha abierto los expedientes para devolver a mi padre los importes del tema de los mutualistas. Evidentemente, tampoco le ha devuelto el dinero”, critica.

El afectado explica que siguen esperando el pago, que al menos en su comunidad (Asturias) cree que “hay muchas declaraciones pendientes”. “No es que sea urgente, salvo porque son gente mayor”, apunta el solicitante.

Esta circunstancia –la elevada edad– inquieta a muchas de las personas que han reclamado el pago, que denuncian también la “incertidumbre” y el incumplimiento del plazo de pago por parte de Hacienda.

“Incertidumbre” por los cambios del pasado

El recelo y la incertidumbre de algunos de los afectados se explica en gran parte por los cambios y rectificaciones que han sufrido en este procedimiento por parte de Hacienda. Tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, de un jubilado del sector de la banca, Rafael Borrella Román, la Agencia Tributaria pactó con los sindicatos CCOO y UGT un procedimiento para devolver el IRPF a todos los antiguos mutualistas que lo solicitaran. Estos habían sufrido de una doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Sin embargo, en diciembre de 2024 los mutualistas vieron suspendidas sus solicitudes y Hacienda iniciaba un nuevo procedimiento, que demoraba los pagos.

Tras varias quejas y movilizaciones de sindicatos y pensionistas, el Ministerio de María Jesús Montero rectificó y volvió a abrir un nuevo procedimiento en el mes de abril para poder reclamar las devoluciones de los años 2019 a 2022 (y años anteriores no prescritos) de forma conjunta y para ser recibidos en un solo pago en 2025. Los interesados tuvieron que volver a registrar sus solicitudes, ya que las anteriores a diciembre de 2024 habían quedado suspendidas.

Desde el Ministerio de Hacienda responden a este medio que las personas que hayan solicitado la devolución y aún no la hayan recibido “no tienen que hacer ningún trámite extra”. “La Agencia Tributaria sigue tramitando solicitudes de mutualistas, por lo que todavía se pueden producir pagos”, añaden.

Unos dos millones de antiguos mutualistas

El trámite afecta a un gran número de pensionistas, muchos de avanzada edad, aunque la cifra exacta se desconoce. Según Hacienda “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” cuando se suspendieron sus peticiones a finales de 2024.

También tienen derecho a reclamar esta cantidad los herederos “cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024”, ha explicado la Agencia Tributaria.

Hasta el momento, Hacienda ha informado del volumen total de dinero pagado en devoluciones, pero no sobre cuántos expedientes se han resuelto y cuántos quedan pendientes de pago.

Desde agosto y hasta octubre, último dato disponible en el informe de recaudación tributaria, “se han devuelto ya 2.350 millones de euros a los mutualistas”, responden desde el Ministerio de María Jesús Montero. Se trata de algo más de un tercio de los casi 6.000 millones de euros de factura total en estas devoluciones que estimó en su día la Agencia Tributaria.

Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido este viernes el acto de homenaje que el Ayuntamiento de Logroño ha realizado a los 27 funcionarios municipales que se han jubilado durante el año 2025, así como a los 26 trabajadores que han cumplido cinco lustros de servicio activo en el Consistorio.

Los trabajadores que se han jubilado este año han recibido un reloj por parte de la Corporación municipal, así como un diploma de la Junta de Personal; mientras que los trabajadores que han cumplido 25 años de servicio en la Administración local han recibido una insignia conmemorativa.

Asimismo, el Ayuntamiento ha tenido un recuerdo para tres funcionarios que han fallecido durante este año, a cuyos familiares se ha entregado una placa.

Conrado Escobar ha agradecido a todas las personas homenajeadas, y a todos los empleados públicos, “su esfuerzo, compromiso y servicio diario a la ciudad”.

A medida que se acerca el final de diciembre de 2025, millones de pensionistas en España se preparan para recibir la última mensualidad del año. Este ingreso tiene especial relevancia debido a que coincide con un periodo de mayor gasto familiar derivado de las festividades de Navidad y del cierre de compromisos financieros anuales. La fecha en la que el dinero llega a la cuenta se convierte, por tanto, en un elemento clave para planificar los pagos y garantizar la disponibilidad de los fondos.

El calendario de cobro de las pensiones se organiza según dos referencias principales. Por un lado, existe el pago oficial establecido por la Seguridad Social, que se realiza a mes vencido y establece fechas generales de abono. Por otro, las entidades financieras suelen adelantar los ingresos de forma voluntaria, para que los pensionistas dispongan de los fondos antes de las fechas festivas. Esta práctica ha sido constante en los últimos años y se mantiene también para diciembre de 2025.

Comprender cómo se distribuyen los pagos entre los distintos bancos y qué pasos seguir en caso de que la pensión no aparezca en la cuenta es fundamental para quienes dependen de esta prestación. La planificación anticipada permite organizar los gastos del mes, evitar retrasos en pagos programados y garantizar que los pensionistas puedan acceder a su dinero de manera segura y cuando mejor les convenga.

Fechas de abono en diciembre de 2025 según cada banco

Las diferentes entidades bancarias han establecido un calendario de pagos para diciembre de 2025 que concentra la mayoría de los ingresos entre los días 23 y 26 del mes. Bankinter y Unicaja iniciarán el abono el martes 23 de diciembre. El miércoles 24 de diciembre será la fecha prevista para el ingreso en CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Banco Sabadell y Santander. Por su parte, el jueves 25 de diciembre realizarán el pago BBVA, ING y Kutxabank, mientras que Abanca abonará la pensión el viernes 26 de diciembre.

Este calendario refleja el momento en que los bancos ponen en marcha las órdenes de pago, aunque la disponibilidad efectiva en la cuenta puede variar en función de la operativa interna de cada una de las entidades y del procesamiento de las transferencias. Los pensionistas pueden consultar sus canales habituales para confirmar el ingreso y organizar sus gastos con antelación.

Qué hacer si la pensión no llega a la cuenta

Si la pensión de diciembre de 2025 no se refleja en la cuenta en la fecha prevista, el primer paso es comprobar que los datos bancarios proporcionados a la Seguridad Social sean correctos y que la cuenta esté activa. Cambios recientes en la titularidad, el número de cuenta o la configuración de domiciliación pueden impedir que la transferencia se complete según lo esperado.

En caso de que la información de la cuenta sea correcta, se recomienda contactar con la entidad financiera para verificar el estado del ingreso. Los bancos pueden tener horarios internos de procesamiento distintos y, en ocasiones, retrasan la acreditación hasta recibir la confirmación completa de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si después de varios días la pensión sigue sin aparecer, los pensionistas pueden dirigirse a la Seguridad Social para confirmar que el pago fue emitido y no existen incidencias administrativas. Esta verificación permite identificar si el retraso se debe a la operativa del banco o a algún trámite pendiente, y facilita la planificación del uso de los fondos de manera segura.