Un hombre de 46 años ha sido detenido en La Roda (Albacete) en relación a la muerte de su compañero de piso, de 52 años, ambos de nacionalidad rumana, en la vivienda que ambos compartían en esa localidad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el detenido se ha personado a las 7.40 horas de este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, comunicando que la pasada noche había herido con un arma blanca a su compañero de piso y que aquél había fallecido.

Una patrulla desplazada hasta el lugar ha comprobado los hechos relatados, activándose en ese momento el protocolo judicial, procediendo a la detención del autor confeso de la agresión, que permanece en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda hasta que pase a disposición judicial.

Al cadáver del fallecido se le ha realizado la autopsia a finales de la mañana de este viernes, según las mismas fuentes, que han confirmado que el equipo de Policía Judicial de La Roda se ha hecho cargo de las investigaciones.

Una nueva manifestación, encabezada por las principales asociaciones de víctimas de la dana, ha recorrido este sábado el centro de València para exigir que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, entregue su acta de diputado autonómico. Diecinueve meses después de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, los colectivos de damnificados han realizado el mismo trayecto de las primeras movilizaciones para reclamar “verdad, justicia y reparación”, así como para oponerse a que se le aplique el aforamiento al exdirigente.

La protesta se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo en el que se han coreado consignas para exigir responsabilidades políticas y penales y se han desplegado pancartas críticas con la gestión de la emergencia y el uso de las alertas. A la marcha se ha unido también una columna de familias y docentes de la enseñanza pública no universitaria, coincidiendo con la tercera semana de la huelga indefinida que desarrolla el profesorado valenciano.

La movilización se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidiera por unanimidad no investigar a Mazón al no apreciar indicios de delito, al argumentar que no tenía la obligación legal específica de garantizar la seguridad ciudadana. Aunque el tribunal calificó el comportamiento del político de “reprotable” social y políticamente, las asociaciones insisten en que los hechos probados demuestran que sí se disponía de información y medios suficientes para haber alertado a la población a tiempo.

Los portavoces de las víctimas también han mostrado su descontento con la vertiente política del caso, tildando de “paripé” la comisión de investigación celebrada en las Corts. En su lugar, señalaron al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja como la verdadera vía para esclarecer la verdad de lo sucedido y han recordado que la permanencia de Mazón en las instituciones públicas supone una burla directa a los ciudadanos afectados.

Finalmente, desde la Asociación de Damnificados dana-Horta Sud ha hecho hincapié en una reivindicación técnica urgente: la ejecución inmediata de obras de emergencia y no de reconstrucción. Según han explicado sus representantes, los planes de reconstrucción tradicionales podrían demorarse entre 20 y 30 años, un plazo inasumible para la seguridad y la recuperación de los municipios afectados, que necesitan actuaciones de protección prioritarias e inmediatas.

Una mujer venezolana que había sido captada en su país con una falsa promesa de empleo ha sido liberada en Oviedo/Uviéu, donde ejercía la prostitución bajo coacciones, presionada por las amenazas de muerte que sufría su familia en Venezuela y bajo la vigilancia constante de las cámaras instaladas en el domicilio de la capital asturiana para que la red transnacional que la retenía pudiera tener controlados todos sus movimientos.

Los cinco integrantes de esta banda internacional dedicada a captar mujeres en Venezuela y Brasil para ejercer la prostitución en España han sido detenidos en Asturias, Murcia y Ponferrada y, tras pasar a disposición judicial, posteriormente han ingresado en prisión.

La colaboración ciudadana, clave

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado este viernes el éxito de la denominada 'Operación Cherry' que se ha saldado con la liberación de la mujer, víctima de trata con fines de explotación sexual, y el arresto de los cinco miembros de la organización.

La investigación se inició el pasado 10 de abril en Oviedo/Uviéu gracias a la colaboración de una ciudadana que alertó sobre el posible cautiverio de una joven venezolana.

Una supuesta deuda

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias localizaron el domicilio donde la víctima permanecía retenida para costear una deuda impuesta de 10.000 euros.

La operación policial se desarrolló en varias fases. Inicialmente, se detuvo a una mujer de origen brasileño a la que se atribuye las labores del control directo de la víctima en la vivienda ubicada en la capital asturiana.

Los presuntos cabecillas

Al comprobar la dimensión transnacional de la red, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Interpol, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela y las Consejerías de Interior de Venezuela y la Agregaduría de Interior en Chile.

A través de este intercambio de información, los investigadores lograron identificar a los cabecillas: dos venezolanos que gestionaban la captación en origen y la logística del viaje.

La familia de la víctima, amenazada

Entre tanto, agentes del CICPC protegían a la familia de la víctima en Venezuela, a la que los ahora detenidos tenían amenazada de muerte.

Al mismo tiempo se organizó un operativo conjunto en el que participaron miembros de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, para arrestar en esta provincia a otras dos mujeres, también de origen venezolano, que eran las encargadas del traslado, alojamiento y control de la víctima en territorio español. Tras ser detenidas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Una banda “muy peligrosa”

Posteriormente, la Policía logró identificar y localizar en Ponferrada a los dos cabecillas de la trama. Se trata de dos hombres de origen venezolano considerados en medios policiales “de gran peligrosidad debido a sus antecedentes y su destreza en el manejo de armas de fuego”.

El pasado 8 de mayo, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras y de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Ponferrada procedieron a su detención en las inmediaciones de un domicilio de la localidad. Los detenidos pasaron también a disposición judicial y posteriormente se dictó contra ellos una orden de ingreso en prisión provisional y sin fianza.

La colaboración internacional

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha resaltado la importancia de la colaboración mantenida con el CICPC de Venezuela, la Interpol y las Consejerías de Interior en Venezuela y Agregaduría de Chile para proteger a la familia de la víctima.

Este importante operativo policial ha permitido además localizar y detener a uno de los miembros de la banda que tenía una orden de busca y captura por parte de las autoridades chilenas.

Orden de captura de Interpol

Sobre este miembro de la red pesaba una orden de captura de Interpol por hechos similares cometidos en 2021.

La Policía Nacional ha asegurado que este detenido presuntamente explotaba a menores venezolanas siguiendo el mismo modus operandi detectado ahora en España.

Los cinco centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencias sexuales han atendido 912 casos desde el pasado mes de mayo. De este total, 761 eran mujeres y menores víctimas directas y 151 familiares. 

Casi en el 37% de las ocasiones el agresor era un hombre cercano a la víctima. En el 22% de los casos el agresor fue su pareja, y en el otro 21% fue algún familiar de la víctima. hay que destacar que en el 15% de la ocasiones la víctima tenía alguna discapacidad.

Por edades, el 30% de las agredidas eran mujeres de 21 a 30 años; el 19%, de 41 a 50 años; el 17%, entre 31 y 40 años; el 10%, de 18 a 20 años; el 8%, de 16 a 17 años, y el 6%, eran menores de 15 años.

Además, la nota señala que en el 7% de las ocasiones fue una violencia grupal y en el 12% de las ocasiones hubo sospecha de sumisión química. Atendiendo al lugar, el 35% se produjeron en el ámbito íntimo familiar (padres, hermanos, tíos, abuelos…), el 18% en ámbito de la pareja, el 12% en el ocio nocturno y el 8% en el ámbito público; de acuerdo al tiempo el 60% fueron violencias registradas en el último año.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha recalcado que se trata de “datos hirientes, sobre todo cuando comprobamos que, en la mayoría de las violaciones, los agresores estaban en el entorno de la víctima, o eran allegados o familiares o la propia pareja”.

“Son datos que nos permiten visibilizar el gran volumen de mujeres afectadas por violencias machistas que hasta ahora quedaban ocultas y que como nos dicen las profesionales, son la punta del iceberg de un grave problema pues lamentablemente, muchas agresiones sexuales siguen ocultándose por temor, o por vergüenza”, ha indicado la consejera.

Por ello, ha recalcado la importancia de que “el entorno, que toda la sociedad, estemos alerta para denunciar llamando al 112 ante cualquier indicio de violencia”.

Los centos de atención un año después

Se cumple un año de la apertura del primer centro de crisis 24 horas para la atención a las violencias sexuales, el 6 pasado mes de mayo en Tenerife. Fueron impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Se encuentran ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla.

Un año después, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha destacado “la relevancia del trabajo que está realizando el equipo multiprofesional de cada uno de los cinco centros para ofrecer una intervención inmediata y segura a las mujeres y menores que han sido agredidas o a sus propios familiares”.

Acciones de sensibilización y formación

Los equipos profesionales de los centros han realizado más de un millar de acciones formativas y sensibilización en diferentes espacios como centros de salud, hospitales, Policía Nacional, Guardia Civil, recursos especializados y universidades entre otros, que han permitido a las plantillas de estos espacios conocer cómo funciona el recurso y cómo realizar la primera atención y derivar a la víctima para que reciba la atención más adecuada.

Además de prestar atención profesional a víctimas de violencias sexuales, los centros de crisis pueden acreditar esta situación, a efectos administrativos, a las mujeres y menores que hayan sido víctimas.

La actividad de los centros, financiada a través de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, como el 112 y el 016, con el objetivo de actuar de la manera más eficaz y rápida cuando la mujer acaba de ser agredida. El equipo profesional ofrece asesoramiento también al entorno, si se precisa, para que tenga herramientas con las que apoyar y acompañar a la víctima en su proceso de recuperación.

Las víctimas de la dana han mostrado su “indignación” tras confirmarse que finalmente tanto el PP como Vox han tumbado la prórroga propuesta por el PSPV y por Compromís y han anunciado la liquidación de la comisión de investigación de las Corts, con un 67% de los comparecientes sin declarar, entre ellos algunos clave como la exconsellera Salomé Pradas.

En concreto, l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia han recordado que desde el primer momento han considerado que “la verdadera comisión de investigación es el juzgado número 3 de Catarroja, porque es el único espacio donde se está trabajando con rigor jurídico, contraste de pruebas y acceso a documentación objetiva”.

En un comunicado conjunto, las tres entidades han expresado que “las comisiones parlamentarias tienen que servir para ampliar información, confrontar relatos políticos y, sobre todo, extraer aprendizajes institucionales para evitar que una tragedia así vuelvo a repetirse”. Sin embargo, han denunciado que la comisión de las Corts ha acabado confirmando que no ha sido más que “una pantomima parlamentaria orientada más a construir un relato político de defensa del Consell que a aclarar responsabilidades o escuchar honestamente las víctimas y la ciudadanía” y han añadido: “No podemos olvidar que las víctimas tardamos meses en ser convocadas. Y cuando finalmente se nos permitió intervenir, se hizo en unas condiciones indignas, compartiendo espacio con entidades y discursos que incluso negaban la representatividad de las asociaciones de víctimas o intentaban diluir las responsabilidades políticas. Algunas de las entidades personadas en la causa judicial que participaron en aquella operación mediática han acabado abandonando el procedimiento una vez finalizados sus objetivos políticos”

Ahora, han lamentado que “el PP y Vox deciden cerrar la comisión sin escuchar los principales responsables políticos y técnicos de la emergencia” puesto que “es imposible interpretarlo como otra cosa que no sea una operación de blindaje político”. Además, han puesto de relieve que “resulta especialmente grave que la comisión finalizo sin la comparecencia de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, actualmente investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia”.

Así, han destacado que “las Corts Valencianes, con el PP y Vox al frente, han demostrado que nunca han tenido una verdadera voluntad de aclarar qué falló el 29 de octubre ni de aprender de la negligente gestión de la emergencia”, sino que “el único objetivo ha sido sostener un relato político que ha sido desmentido reiteradamente por los datos, por los testigos, por los informes técnicos y por la propia instrucción judicial”.

En este sentido han afirmado que “resulta especialmente simbólico que esta decisión llegó el mismo día en que las asociaciones estábamos convocadas a la Mesa Permanente de Trabajo convocada por el Consell” puesto que “mientras públicamente afirman que tienden la mano a las víctimas, en la práctica cierran sin vergüenza una comisión parlamentaria esencial para la verdad y la rendición de cuentas”.

Desde su punto vista, “el Gobierno de Pérez Llorca continúa demostrando que no quiere aprender, ni asumir responsabilidades, ni revisar aquello que se hizo mal” y han insistido: “Continúa tapando políticamente la negligencia del 29 de octubre de 2024 y manteniendo Carlos Mazón aforado y protegido, sin la valentía política mínima para exigirle el acta de diputado. El pueblo valenciano merece instituciones serias, transparentes y capaces de asumir responsabilidades. Lo que estamos viendo es exactamente el contrario, un Consell atrapado por sus propias contradicciones, subordinado en Vox y alejado de las necesidades reales de la ciudadanía. Intuimos, lamentablemente, que las conclusiones de esta comisión estarán mucho más cerca del relato partidista que de la realidad que vivieron las víctimas y el conjunto del pueblo valenciano. Las asociaciones continuaremos trabajando desde la memoria, la dignidad y la defensa de la verdad”.

Más de dos años y medio después del comienzo del genocidio israelí en Gaza, los habitantes de la Franja tratan de rehacer su vida en una situación que dista mucho de ser normal. Los ataques israelíes continúan, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre, y desde entonces, más de 800 personas han sido asesinadas y más de 2.300, heridas. En total, Israel ha matado a más de 72.500 personas.

Cuatro gazatíes relatan a elDiario.es cómo su vida ha cambiado por completo desde aquel 7 de octubre de 2023, cuando los ataques de Hamás en el sur de Israel desataron una brutal ofensiva de represalia contra los palestinos de la Franja. Sus experiencias, sus esperanzas y su sufrimiento son diferentes, pero tienen un denominador común: todos han perdido a alguien durante la guerra.

Nour Al Nimla

Nour Al Nimla, modista de 29 años, se disponía a abrir su nuevo taller la mañana del 7 de octubre, después de años de mucho trabajo y esfuerzo. “No dormí esa noche de la emoción. Estaba deseando inaugurar mi proyecto, pero al amanecer empezamos a oír sonidos fuertes y no entendíamos qué pasaba”. En pocas horas, la emoción de Nour se convirtió en miedo. La noticia del estallido de la guerra se extendió rápidamente y el sonido de los bombardeos se intensificó por toda Ciudad de Gaza.

La joven vivía en el barrio de Al Rimal con su marido, Adnan Hasniya, y sus hijos. Ambos tenían un pequeño negocio de sastrería para mujeres y Nour soñaba con convertirlo en una fábrica textil. Describe su vida antes de la guerra como “normal, la de cualquier otra familia”. Recuerda que casi todo estaba a su alcance en la principal ciudad de la Franja y se sentía segura en cualquier momento del día: “Podías caminar por la calle sin miedo, las calles estaban iluminadas y había gente, como si la noche fuera igual que el día”.

La mañana del 7 de octubre, toda la familia de Nour y su esposo se reunió después de que empezaran a circular las noticias sobre que Israel había iniciado una guerra a gran escala. Cuenta que en ese momento sus sentimientos eran contradictorios, entre el miedo por su familia y la conmoción porque sus planes se hubieran detenido repentinamente. “No dejaba de pensar si debía abrir mi proyecto o no, pero la gente me decía que no saliera, que la situación no era segura”.

Al principio, la familia pensó que la violencia duraría solo unos días, como había sucedido en anteriores ofensivas israelíes contra Gaza. Pero los días se convirtieron en semanas y, con el paso del tiempo, la situación humanitaria se deterioró rápidamente.

Tras unos dos meses de guerra, el hambre se hizo patente. Nour cuenta que varios miembros de su familia enfermaron, entre ellos su hijo pequeño y su madre, que ya padecía problemas de salud. La familia no tuvo más remedio que huir hacia el sur de la Franja, a la localidad de Rafah, en busca de un lugar más seguro. “Estaba agotada. Perdí mucho peso, hasta llegar a pesar 40 kilos”, relata.

La lluvia entraba en la tienda, que se inundaba, y no teníamos suficientes mantas. Tenía una manta vieja y la corté para hacer ropita para mi niño

Nour Al Nimla — modista y madre de 29 años

Cuando la familia se instaló en Rafah, Nour descubrió algo inesperado. Después de unas pruebas médicas por la desnutrición y el agotamiento que padecía, los médicos le dijeron que estaba embarazada de cinco meses. “Me advirtieron de que había altas probabilidades de que perdiera al bebé en cualquier momento porque mi cuerpo estaba muy débil”, dice, pero la mujer pudo llegar hasta el final del embarazo.

Desde Rafah, la familia tuvo que desplazarse de nuevo a un campamento en el sur de Gaza. En medio de las carpas y el frío del invierno, Nour dio a luz. La madre no podía acceder a lo más básico para su bebé: no había leche de fórmula ni pañales ni ropa de abrigo. “La lluvia entraba en la tienda, que se inundaba, y no teníamos suficientes mantas”, rememora. En esos momentos, la joven pensaba en cómo proteger a sus hijos y en cómo conseguir lo que les faltaba.

Cuenta que en el campamento no había ropa de abrigo para los más pequeños y empezó a pensar en una solución para que su bebé no pasara frío: “Tenía una manta vieja y la corté para hacer ropita para mi niño”. Esa idea improvisada que nació de la necesidad se convirtió en una pequeña iniciativa y Nour empezó a hacer ropa para los niños del campamento con las mantas que conseguía, empleando su máquina de coser. Afirma que con su trabajo ayudó a muchas familias que no tenían casi nada.

Durante la guerra, Nour también perdió a su madre. La mujer sufría una enfermedad crónica, pero su salud empezó a empeorar debido a la falta de medicinas en Gaza y a la desnutrición que afectaba a toda la población en mayor o menor medida (en agosto de 2025, fue declarada la hambruna).

La joven tuvo que cuidar de su madre y de sus tres hijos al mismo tiempo, en medio de las difíciles circunstancias. “Solía ver a mi madre sufriendo y no podía hacer nada, incluso los medicamentos más básicos no estaban disponibles”, lamenta. El 20 de abril de 2025, la madre de Nour murió a los 69 años y para ella fue uno de los momentos más duros. “Intenté ser fuerte por mis hijos, pero perder a mi madre me impactó mucho”.

Nour vive ahora en un alojamiento informal en el centro de la Franja con su marido Adnan, su hijo Mohammad (de 3 años y medio), Noah (de 2 años) y Adam, que nació a principios de este año. Su casa fue completamente destruida por los bombardeos de Israel.

El proyecto de sastrería en el que trabajaban los dos cónyuges antes de la guerra está paralizado debido a la falta de materiales, porque Israel mantiene los pasos fronterizos de Gaza cerrados y limita la entrada tanto de la ayuda humanitaria como de cualquier bien comercial.

Nour intenta seguir trabajando con los recursos disponibles, aunque sea a pequeña escala: “Nos hemos acostumbrado a empezar de cero cada vez. Podemos perderlo todo, pero siempre intentamos reconstruir nuestras vidas desde el principio”.

Le duelen las pérdidas humanas y materiales que ha sufrido, pero afirma que le duele más la imagen que se tiene de Gaza desde fuera: “No somos personas que sólo buscan comida y agua. Somos personas a las que les gusta trabajar, que pensamos, creamos, desarrollamos, fabricamos e inventamos. Tenemos mucho potencial y la capacidad de construir y de lograr nuestros objetivos si nos dan la oportunidad”.

Ahmed Harzallah

Ahmed Harzallah, de 41 años, tenía una vida sencilla pero estable en el campo de refugiados de Al Shati, en Ciudad de Gaza. Antes del 7 de octubre de 2023, trabajaba con sus hermanos en la construcción y trataba de ofrecer una vida digna a sus cinco hijos y su esposa. “La vida era relativamente fácil. Las cosas básicas estaban disponibles y los precios eran razonables, podíamos cubrir nuestras necesidades”, dice.

Tiene cuatro hijas, de entre 3 y 14 años, y su único hijo, Oday, tenía 13 años. Ahmed asegura que era ambicioso y trabajador y sacaba siempre muy buenas notas: “Solía decirme que quería ser médico de mayor para que me sintiera orgulloso de él”.

El 7 de octubre, Ahmed no sabía qué estaba ocurriendo. Llamó a su hermano para enteder qué pasaba y, después de unas horas, empezó a darse cuenta de que la guerra había estallado. “Empezamos a preguntarnos: ¿Qué nos ocurrirá? ¿Adónde vamos a ir? ¿Qué nos espera?”.

Escuchaba a la gente gritando: ¿Quién está vivo? Podía escuchar lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía ver nada

Ahmed Arzallah — hombre de 41 años que perdió un ojo en un bombardeo

Los ataques no paraban: “Cada día nos levantábamos con nuevas informaciones de bombardeos y destrucción”. Ahmed y su familia tuvieron que dejar su casa, una decisión “muy difícil”, admite. Pero el peor momento llegó varios meses después. El 21 de agosto de 2024, por la noche, Oday no había regresado aún. Ahmed fue a buscar a su hijo que estaba jugando con otros niños y, cuando estaban caminando de vuelta a casa —una distancia de tan sólo 200 metros—, una fuerte explosión sacudió la calle.

“Escuchaba a la gente gritando: ¿Quién está vivo? Podía escuchar lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía ver nada”, recuerda. La metralla le causó a Ahmed heridas en diferentes partes de su cuerpo y sus órganos, perdió tres dedos de su pie izquierdo y uno de su mano izquierda.

Primero, recibió tratamiento en el Hospital Al Shifa, el más grande Gaza y que fue cercado y asaltado en varias ocasiones por el Ejército israelí. Después, en el Hospital Al Quds, fue sometido a varias cirugías y estuvo inconsciente durante tres meses. Cuando empezó a recobrar la conciencia, cada vez que se despertaba, Ahmed preguntaba por su hijo. “No dejaba de preguntar a mi familia si mi hijo se encontraba bien. Ellos me contestaban: 'Gracias a dios, estás bien'”.

Después de un tiempo, Ahmed supo que Oday había muerto en la explosión que le causó las heridas y, en última instancia, la pérdida del ojo izquierdo. Ahora, sólo puede ver por su otro ojo y trata de adaptarse a sus nuevas circunstancias. No puede trabajar y depende de sus familiares para muchas tareas en su vida cotidiana.

Ahmed dice que lo que más le duele es pensar en su hijo: “A veces, cuando veo a mis hijas, me acuerdo de él y me gustaría que estuviera con nosotros”. A pesar de todo, afirma que sigue teniendo esperanza en que volverá a tener una vida digna para él y su familia: “Sólo deseo recibir tratamiento y poder valerme por mí mismo de nuevo”.

Abu Jaled Al Ghoul

Abu Jaled Al Ghoul es un enfermero de 39 años. Su familia está compuesta por su esposa y tres hijos —los gemelos Jaled y Mahmoud, de 4 años, y el menor, Mohsen, que nació durante la guerra y sufre problemas de salud y de crecimiento debido a la desnutrición—.

Actualmente, viven en la casa de un familiar, que se encuentra medio destruida por los bombardeos. Antes de la guerra, la vida de Abu Jaled era tranquila, trabajaba como enfermero y le apasionaba su profesión. Había estado años formándose, trabajando sin cobrar, hasta que obtuvo una plaza en el Hospital Al Ahli de Ciudad de Gaza, uno de los de más renombre de la Franja. Le gustaba trabajar en urgencias, porque creía que era donde un enfermero podía aprender más y adquirir mayor experiencia.

Su sueño era continuar sus estudios de posgrado en enfermería, hacer un máster y, finalmente, un doctorado; incluso, establecer su propio centro médico. Poco antes de la guerra, había cumplido otro de sus sueños: él y sus hermanos lograron construir una casa familiar de cinco pisos en el barrio de Shuyaiya, en el este de Ciudad de Gaza. “Nos privamos de muchas cosas para tener un hogar”, afirma, agregando que vendieron pertenencias y pidieron dinero prestado.

Pero la alegría duró poco. Apenas seis meses después de mudarse, comenzó la guerra y la casa quedó completamente destruida por los bombardeos. Abu Jaled huyó con su esposa e hijos de Shuyaiya y se refugió en el Hospital Al Ahli, su lugar de trabajo, donde algunas familias del personal fueron alojadas en un antiguo almacén.

Vivir en el hospital hizo que estuviera en contacto con la cruda realidad de la guerra en todo momento. Algunos días, en Urgencias recibían a entre 50 y 100 pacientes a la vez, cuenta Abu Jaled. “Cuando llegaban tantos heridos, no podíamos tratar a todo el mundo. Lo primero, intentábamos detener el sangrado”. Explica que daban prioridad a aquellos con más posibilidades de sobrevivir. “A veces, nos veíamos obligados a dejar a un paciente en condiciones extremadamente graves porque era posible salvar a alguien menos grave”, lamenta.

Abu Jaled y los demás sanitarios trabajaban muchas horas sin apenas comida o agua, a veces comiendo un solo dátil en todo el día, recuerda. Uno de esos días, en medio de los heridos, vio a un hombre que no dejaba de sangrar mientras su hijo le miraba sin saber qué hacer. El enfermero le dijo al chico que apretara la herida de su padre con la mano. Dos semanas más tarde, el hombre regresó al hospital para darle las gracias por salvarle la vida.

A veces, nos veíamos obligados a dejar a un paciente en condiciones extremadamente graves porque era posible salvar a alguien menos grave

Abu Jaled Al Ghoul — enfermero de 39 años

Las fuerzas israelíes asaltaron el Hospital Al Ahli y arrestaron a Abu Jaled y a otros trabajadores sanitarios poco después del comienzo de su brutal ofensiva, en la que los centros sanitarios fueron blancos de ataques sistemáticos. Estuvo detenido unos dos meses, en los que fue sometido a interrogatorios y presión constante, hasta que fue dejado en libertad en virtud de un acuerdo de intercambio de presos entre Israel y el grupo palestino Hamás en noviembre de 2023.

Durante ese tiempo, no supo nada de su familia, hasta que por casualidad se encontró con su hermano y, a través de él, pudo localizar a su mujer y sus hijos, que estaban desplazados en Al Mawasi (sur), adonde el Ejército israelí ordenó evacuar a un gran número de personas. La familia permaneció en Al Mawasi durante mucho tiempo, viviendo en una carpa y tratando de sobrevivir, ya que en los campamentos no había agua potable y la comida escaseaba.

Después del alto el fuego de 2025, todos han regresado a Ciudad de Gaza y Abu Jaled ha vuelto a su trabajo en el hospital. Lo que más le preocupa es su hijo pequeño, cuya salud se ha visto afectada por la desnutrición y necesitaría ser evacuado para recibir tratamiento médico fuera de la Franja. “Lo único que quiero es ver que mi hijo está bien y poder ofrecer una vida digna a todos mis hijos”, concluye.

Maryam Abdullah

Maryam Abdullah, madre de 11 hijos y de 44 años, vivía con toda la familia en el campo de refugiados de Al Shati antes del 7 de octubre de 2023. No tenían una fuente de ingresos estable, pero el marido de Maryam, Mohammed Abu Warda, hacía algunos trabajos informales y la familia recibía ayuda. “Teníamos una vida sencilla, pero estábamos bien y felices todos juntos”, asegura.

Una semana después del comienzo de la guerra, Maryam dejó al resto de la familia para acompañar a su hija que estaba a punto de dar a luz. Cuando regresó, le dijeron que su hijo Ahmed, de 18 años, había sido asesinado. “El mismo día que mi nieto nació, enterramos a mi hijo”, recuerda Maryam.

A medida que los ataques israelíes se intensificaban, Maryam se desplazó de un lugar a otro de Ciudad de Gaza, en busca de seguridad. No podía marcharse y dejar solos a sus progenitores, así que su marido se llevó a algunos de los hijos al sur de la Franja, donde el Ejército israelí ordenó a toda la población del norte reubicarse. Maryam perdió el contacto con sus hijos debido a los cortes de electricidad y de Internet.

Al principio, no me di cuenta de lo que había ocurrido... Pero después de unos minutos, no podía caminar

Maryam Abdullah — Madre de 11 hijos, dos de los cuales murieron en ataques israelíes

Durante dos meses enteros, no supo si sus hijos seguían vivos. “Solía preguntar en los hospitales y buscar cualquier información sobre ellos. Sólo podía rezar porque estuvieran bien”, cuenta. Después de un tiempo, alguien le comunicó que sus hijos se encontraban seguros en el sur y, por primera vez en semanas, sintió algo de alivio.

En octubre de 2024, la familia fue golpeada de nuevo por la tragedia. Habían podido volver a Ciudad de Gaza y, una noche, escucharon una fuerte explosión cerca de ellos. “Al principio, no me di cuenta de lo que había ocurrido... Pero después de unos minutos, no podía caminar”, relata la mujer. El edificio en el que se encontraban había sido atacado.

Su hijo Mahmoud, que entonces tenía 13 años, intentó ayudarla y cogerla para salir del edificio, pero él mismo estaba herido. “Estaba sangrando mucho, se cayó en mi regazo y se murió”, dice la madre, que perdió a su hijo y también una mano que le amputaron posteriormente.

Maryam estuvo ingresada en el Hospital Indonesio, en el norte de Gaza, durante tres meses, en los que estaba inconsciente y fue sometida a varias operaciones. El norte de la Franja estaba asediado y su familia no sabía si ella seguía con vida o no. Cuando recobró la conciencia y mejoró fue trasladada a otro hospital y, por fin, pudo reencontrarse con sus hijos, que pensaban que había fallecido. “Cuando me vieron en el hospital, no podían creerse que seguía con vida”, recuerda.

Actualmente, Maryam vive con su familia en un campamento de desplazados y dependen de la ayuda humanitaria y de las cocinas comunitarias que ofrecen platos de comida caliente a los que no puede comprar o cocinar alimentos. El principal reto para ella es adaptarse a su nueva situación, en la que depende de los demás para cualquier cosa: “Solía cuidar de todos mis hijos, ahora soy yo la que necesita que la cuiden”, lamenta.

A pesar de las difíciles circunstancias, dice que intenta ser fuerte por sus hijos. “Cada día rezo para que mis hijos sigan con vida”, afirma la mujer, que también quiere mandar un mensaje fuera de Gaza: “No nos gusta la guerra, sólo queremos vivir en paz”.

En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El Gobierno de Navarra ha celebrado este miércoles el tercer acto de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en el que ha homenajeado a 81 víctimas que fueron reconocidas por el Ejecutivo foral en 2025 (65) y en el primer trimestre de 2026 (otras 16) en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en su intervención los avances dados en Navarra en la construcción de una “verdad compartida para construir una democracia sólida y una convivencia duradera”, basada en la deslegitimación de toda violencia y en la defensa de la libertad y los derechos humanos.

Una de las víctimas reconocidas ha sido Txaro Etxetxipia, quien ha intervenido en el acto para contar su historia. Según ha relatado, cuando tenía 16 años, en 1976 fue detenida tras participar en la asamblea de un partido político y trasladada a la comisaría del Gobierno Civil de Pamplona, donde estuvo “encerrada” 72 horas y donde la Policía la “fichó” tomándole las huellas. Varios años después, en 1983, la detuvieron de nuevo al salir de su casa para ir a trabajar como profesora en una ikastola.

“Me hacían hacer flexiones, me tiraban de un policía a otro, me pegaban en la cabeza en la espalda con la guía de teléfonos, me amenazaban con llevarme al monte, con acabar conmigo, con acabar con él. Me devolvían a la celda, no me dejaban sentarme”, ha relatado sobre las torturas que sufrió en comisaría.

Ahora, muchos años después, reconoce que todavía le quedan secuelas de los malos tratos sufridos. “En el pueblo se me quitó un poco el miedo. Siempre me ha gustado llevar un coche grande, porque así parece que paso más desapercibida para la policía; con coche grande parezco más señora. En el coche siempre escucho una emisora en euskera, pero cuando veo a la policía cambio a una en castellano. Pequeños detalles”.

En el acto de homenaje también ha intervenido el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, que ha puesto en valor el trabajo la Comisión de reconocimiento y ha destacado que “todas las víctimas merecen ser reconocidas” porque “nadie tiene legitimidad para vulnerar los derechos de nadie”. Hasta el momento el Gobierno, en base a los informes de ese organismo, ha notificado un total de 122 reconocimientos, mientras que cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación, al tratarse de un proceso abierto. 

En el acto han participado, además de las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes de personas que han padecido la violencia de motivación política. También han estado presentes representantes de distintas instituciones de Navarra (miembros del Ejecutivo, del Parlamento Foral, el Defensor del Pueblo, entidades locales, universidades, sindicatos…), así como asociaciones vinculadas al ámbito de los derechos humanos. El acto ha contado con el acompañamiento artístico del grupo Kukai Dantza.

La cubana Karilenia C.G. se convirtió en la primera víctima de violencia machista en 2025 en España y en la 1.294 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003. La mujer, de 39 años, fue apuñalada por su pareja Francisco, de 72 años, y aunque ya malherida logró salir de su domicilio, en Sama de Langreo, para pedir auxilio, el presunto agresor impidió que dos jóvenes que se acercaron a ella pudieran auxiliarla.

La Fiscalía de Asturias está convencida de que la víctima no tuvo opción alguna de defensa y así lo ha trasladado este jueves en la comparecencia que ha tenido lugar, esta mañana, en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Langreo, plaza número 2, en la que comunicó al investigado que será acusado de un delito de asesinato.

Un tribunal del jurado será el encargado de enjuiciar la causa. En el procedimiento están personadas tanto la acusación particular como una acusación popular.

El relato de la Fiscalía

Ambas acusaciones se han adherido a la versión del Ministerio Fiscal, que más adelante formulará el correspondiente escrito de acusación con la concreción de las penas solicitadas, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía.

Así, según su relato, durante la noche del 31 de enero de 2025, agresor y víctima se encontraban en el domicilio de Sama de Langreo donde ambos residían junto a los hijos menores de ella cuando, sobre las 22:34 horas, comenzaron una discusión.

Los celos del acusado

“El investigado, dado su carácter celoso, se volvió muy agresivo, gritando: 'yo voy preso, pero lo mato', en referencia a la pareja anterior de la mujer”, explica el Ministerio Fiscal.

Seguidamente, Karilenia llamó a su antigua pareja diciéndole que “fuera rápido, que estaba en las escaleras del portal y no sabía qué le pasaba al investigado, que estaba como loco y tenía un cuchillo”.

La persecución

En ese momento, el investigado comenzó a perseguir con el cuchillo a Karilenia, que había salido corriendo del portal, intentando huir y pedir auxilio.

“El hombre logró alcanzarla, arrastrarla y asestarle varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, hasta que la soltó y se refugió en la vivienda”.

Sin opción de defensa

Karilenia falleció poco después, sin que hubiera tenido “ninguna posibilidad de defensa”, subraya la Fiscalía.

El acusado fue detenido y se negó a declarar. Posteriormente fue ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias, donde permanece como preventivo desde el 3 de febrero de 2025 a la espera de juicio.

Condena del asesinato

La condena por el crimen de Karilenia fue unánime. Entre otras reacciones, se realizó una declaración institucional de la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias, del Gobierno de Asturias y del Ayuntamiento de Langreo ante este asesinato machista.

Las tres administraciones convocaron a la ciudadanía a secundar una concentración de repulsa al crimen y en apoyo a los familiares de la víctima. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales, como se reproduce a continuación.

El teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género está disponible todos los días del año las 24 horas del día.

La familia de Zahra

Cuando Marzieh oyó la primera explosión, un estruendo atronador que sacudió la habitación, su primer pensamiento fue para su hijo menor, Mohammad. Debe de haber salido al balcón y haber descubierto un nuevo juego, pensó: usar todas sus pequeñas fuerzas para cerrar de un golpe las puertas correderas. Marzieh se levantó de donde estaba trabajando en su máquina de coser y le gritó que parara.

“Mamá, no he sido yo”, le respondió él.

Entonces se oyó el segundo estruendo, cuya fuerza hizo temblar toda la casa. ¿Serían los vecinos?, se preguntó; ¿obras, reformas? Pero supo que no podía ser: todos sus vecinos de al lado se habían ido a trabajar esa mañana, y solo ella y Mohammad estaban en casa.

Apenas unos minutos antes, a las 11.17 de la mañana, Marzieh había recibido una llamada inesperada de la señora Mohammadian, la profesora de su hija Zahra, de ocho años. La escuela primaria, a unas pocas manzanas de distancia, cerraba antes de lo habitual, le dijo; ¿podría la familia ir a recoger a Zahra? Pero la señora Mohammadian no había dicho por qué, y había concluido rápidamente el mensaje para llamar al siguiente padre de su lista. Marzieh llamó a su marido al trabajo, quien envió a su hermano a recoger a las niñas; Zahra y su prima estaban en la misma clase.

Al abrir la puerta, le golpeó el olor acre del humo. La gente corría de un lado a otro por la calle. Detuvo a alguien para preguntarle qué estaba pasando. “Ha empezado la guerra”, le dijeron.

La familia de Sobhan y Hanieh

Aquella mañana había amanecido clara, apacible, casi sin una nube, y Mohammadreza Ahmadi había decidido llevar a los niños al colegio. Su trabajo a veces le alejaba de Minab durante semanas, así que, cuando estaba en casa, le gustaba aprovechar al máximo el tiempo con los niños: Sobhan, de 10 años, Hanieh, de siete, y su hermana menor, Hannan, que aún era un bebé.

Sobhan estaba especialmente unido a su padre. Era un niño cariñoso y expresivo, de ojos grandes y brillantes y una espesa mata de pelo ondulado; seguía a su padre de habitación en habitación y le encantaba subirse a los hombros de Ahmadi, sin dejarse intimidar por los regaños de que podría hacerle daño en la espalda. Ambos padres adoraban a Sobhan, que llegó tras una serie de abortos espontáneos y un embarazo difícil para Marzieh Ashena.

Poco después de su nacimiento, les dijeron que su crecimiento se había retrasado. Sobhan se convertía en un niño feliz pero que no hablaba, y sus padres se dedicaron a ayudarle a desarrollarse. 

Todos los días laborables, Ashena —que entonces estaba embarazada de Hanieh— llevaba a su hijo a un centro de logopedia en Bandar Abbas, a tres horas de ida y vuelta desde Minab. A los cuatro años, aprendió a hablar. Por eso, fue todo un logro que pudiera asistir a la escuela primaria local junto a su hermana. Hanieh era muy juguetona, la payasa de la familia: le gustaba imitar acentos y hacer reír a sus padres. Se había aficionado a imitar a su madre mientras hacía las tareas domésticas: su nuevo juego favorito consistía en vaciar todo su armario sobre la cama y luego, de forma imperfecta pero con gran concentración, volver a doblar cada prenda.

Cuando Ahmadi los dejó esa mañana, Sobhan salió dando un salto del coche y abrazó a Hanieh con fuerza, lo que hizo reír a su padre. “Tengo suerte de tener un hijo que se preocupa tanto por su hermana”, pensó. Esperó en la acera, observando hasta que los niños desaparecieron por la puerta de la escuela antes de marcharse.

Unas horas más tarde, recibió una llamada del profesor de Sobhan para decirle que tenía que ir a recoger a los niños. Ahmadi volvió al coche y se dirigió al colegio.

La familia de Arya

Al otro lado de la ciudad, Marzieh Mansouri también había recibido la llamada. Su teléfono se iluminó a las 11.05, con el número de la señora Zamani, una profesora del colegio de su hijo Arya. Cuando vio el contacto en la pantalla, Mansouri, ama de casa y “persona propensa a la ansiedad”, empezó a preocuparse de inmediato. 

Arya, de nueve años, era un niño cuidadoso y estudioso, con un flequillo espeso peinado hacia un lado, unas grandes gafas de montura roja y unos suaves hoyuelos. Estaba muy unido a su madre; la observaba mientras hacía pasteles, anotando cuidadosamente los ingredientes en una nota adhesiva y pegándola en la nevera para poder intentarlo él mismo. Se preguntó si estaría enfermo o si tendría un resfriado. “¿Está bien?”, preguntó.

La señora Zamani la tranquilizó: Arya estaba bien, pero el colegio cerraba tras la noticia de un ataque contra Teherán, y alguien tendría que ir a recogerlo. Asombrada, Mansouri encendió la televisión y vio las noticias sobre el ataque estadounidense-israelí mientras intentaba ponerse en contacto con su hermano para que llevara a Arya a casa. En silencio, comenzó a rezar.

Zahra

Mientras un espeso humo se extendía por su calle, Marzieh se refugió en la sombra del garaje. Con Mohammad jugando en el suelo a su lado, hizo una llamada tras otra. Llamó a su cuñado, que estaba recogiendo a las niñas, y a su mujer, para ver si estaban a salvo. Llamó a su marido; él también se dirigía al colegio. Volvió a llamar a su cuñado: no hubo respuesta.

Entonces, el teléfono se iluminó con el número de su hermano. Había oído el rumor de que una bomba había alcanzado la escuela, dijo. ¿Dónde estaba Zahra?

Marzieh llamó a la profesora de Zahra, la Sra. Mohammadian. No hubo respuesta. Llamó a su profesora de Corán, la Sra. Kamali. No hubo respuesta. Llamó al director de la escuela. Nada. Revisando sus contactos, llamó a todos los números que había guardado de personas relacionadas con la escuela a lo largo de los años que sus hijos habían asistido: todos los profesores, todos los administradores, incluso el conserje.

Nadie respondía.

Arya

Mientras intentaba asimilar la noticia de que la guerra había llegado a Teherán, Mansouri también oyó una explosión lejana, seguida de otra unos minutos más tarde. De repente, la llamó su marido. Estaba en el trabajo, impartiendo una clase de cultura en un pueblo cercano. “¿Qué está pasando?”, le preguntó ella. Un avión había sobrevolado la zona, le dijo, y había impactado contra algo en Minab; no estaba seguro de qué. Al colgar, volvió a llamar a la señora Zamani para ver cómo estaba Arya, pero esta vez no hubo respuesta.

Mansouri se sobresaltó al oír un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con el barrio en plena agitación. En medio del caos, oyó a alguien decir que un edificio cercano a la escuela había sido alcanzado. Empezó a gritar presa del pánico, pidiendo a gritos que alguien comprobara qué había pasado, que viera si la escuela estaba bien. En algún momento, se encontró agachada al borde de la carretera mientras los vecinos intentaban calmarla. Volvió a llamar a su hermano, que estaba recogiendo a los niños. “¿Ha sido alcanzada la escuela?”, le preguntó.

“Sí”, respondió él.

Mansouri intentó recomponerse. Seguramente, razonó, aunque estuviera dañada, la escuela no habría recibido un impacto directo. Cuando llegaron sus familiares, insistió en que la llevaran directamente allí. A medida que se acercaban, las carreteras estaban colapsadas de coches, con cientos de personas tratando de llegar al mismo destino. A pocas manzanas de la escuela, tres hombres que dirigían el tráfico les hicieron detenerse.

Entonces, Mansouri divisó una figura por la ventanilla: una mujer, vestida con el uniforme del personal de la escuela, alejándose del edificio.Estaba completamente cubierta, de pies a cabeza, de polvo gris. Mansouri le preguntó en voz alta: ¿había visto a la profesora de Arya? ¿Había visto a la señora Zamani?

La mujer se limitó a mirarla en silencio. No respondió. Luego se alejó.

Sobhan y Hanieh

Ahmadi también se había visto retenido por el atasco que rodeaba la escuela. Tras quedarse parado, aparcó el coche y se dirigió a la escuela a pie.

Pero cuando atravesó la puerta, no podía entender lo que veía. “Estaba confundido y no dejaba de buscar las aulas de mis hijos”, dice. La escena no tenía sentido. “El aula de mi hija estaba completamente arrasada”.

Zahra

Hossein, el marido de Marzieh, había sido el primero en llegar. Al cruzar las puertas de la escuela, se encontró con una escena de devastación.

El edificio de la escuela estaba dividido, con una escalera y una puerta que separaban las secciones de niñas y niños. La sección de los niños aún se mantenía en pie en parte. Pero la zona donde las niñas recibían clases había quedado arrasada. Todo lo que podía ver era una masa gris de polvo y escombros.

Hossein corrió hacia los hombres que se encontraban junto al montón de escombros y empezó a levantar trozos de piedra, con la esperanza de encontrar a algún niño debajo, quizá herido, pero vivo. Centró sus esfuerzos cerca de donde creía que habría estado la escalera de la escuela: tenía la sensación de que Zahra “podría haber intentado escapar y haberse quedado atrapada”, cuenta. El aire se llenó de los gritos de los hombres y los lamentos de las mujeres. Hossein trabajó metódicamente. Cavó, apartó las piedras a un lado, cavó.

En medio del caos, Marzieh también había llegado a la escuela, después de rogar a un vecino que la llevara. Al mirar al otro lado del patio, hacia la sección de las niñas, “todo lo que veía eran escombros”, cuenta. Cada vez que sacaban a una niña, preguntaba si estaba viva. De vez en cuando, alguien respondía que sí, y las mujeres a su alrededor decían: “¿Ves? Están vivas. ¡Reza!”.

Pensó en Zahra. La alegría que sintieron cuando nació, la primera nieta de toda la familia. Su regordetez de bebé. Su gusto por ir bien arreglada, incluso de pequeña: siempre se aseguraba de que su vestido y sus pantalones estuvieran perfectos. Su pasión por las manualidades con papel, recortando y pegando hasta que toda la casa olía a pegamento. Cuando sus padres tomaban una foto que le gustaba especialmente, cogía el teléfono y ponía su propia cara como fondo.

Marzieh sacó su teléfono y la cara de Zahra la miró. Empezó a reproducir el audio de una oración, para calmarse. Observaba para ver si Zahra sería la siguiente en ser rescatada de los escombros.

Arya

Mientras Mansouri se encontraba atrapada en el tráfico, su marido, Morteza Bahadori, también intentaba llegar a la escuela. Al llegar al atasco de vehículos, abandonó su coche y comenzó a dirigirse a la escuela a pie, corriendo todo lo que pudo y luego reduciendo el paso a un trote cuando se sentía mareado, con las energías agotadas por el ayuno del Ramadán.

A Bahadori le habían dicho que el hospital cercano había sido alcanzado; ni siquiera se le pasó por la cabeza que la propia escuela pudiera haber sido atacada. Mientras corría, se preocupaba y hacía planes. “Lo único en lo que podía pensar era en lo aterrorizado que debía de estar Arya”, dice. Bahadori no pasaba mucho tiempo con su hijo: tenía dos empleos y hacía turnos en un restaurante por las noches, pero los dos seguían estando muy unidos. A Arya le gustaba ayudarle a cargar el coche con cosas para el restaurante cuando se marchaba cada noche. A veces, los padres se preguntaban si a su hijo le daría vergüenza que su padre tuviera que hacer múltiples trabajos, pero nunca vieron ni el más mínimo atisbo de vergüenza por parte del niño.

A medida que se acercaba, Bahadori se preguntaba si la escuela podría haber sufrido daños superficiales, dado que estaba cerca del hospital. Se preguntaba si Arya tendría algún corte o rasguño, y si tendrían que llevarlo a algún sitio para que le hicieran un reconocimiento médico. Mientras se dirigía hacia allí, empezó a ver a otros padres corriendo hacia la escuela, lo que le sorprendió.

Nada le preparó para lo que vio al cruzar las puertas. “El aula de Arya había quedado completamente destruida; no quedaba absolutamente nada”, dice. “Quedó arrasada”. Ese momento —la vista a través de la puerta, la espesa nube de polvo que oscurecía el cielo azul— fue lo peor que tuvo que soportar. Entonces, Bahadori se adentró en las ruinas para buscar a su hijo. Una y otra vez, él y los hombres agarraban un trozo de escombros, lo levantaban juntos y buscaban a un niño debajo.

Pasarían horas antes de que el resto del mundo se enterara del bombardeo; días antes de que se acumularan pruebas suficientes —vídeos, imágenes de satélite, fragmentos de misiles, informes militares filtrados— para afirmar con certeza que un misil estadounidense había arrasado la escuela. Los hombres seguían excavando.

Zahra

Mientras retiraba los escombros, unos padres entre la multitud dijeron a Hossein que ya habían encontrado a Zahra. Había sido una de las primeras niñas en ser rescatadas de los escombros, y una fotografía de su pequeño cuerpo se había compartido en las redes sociales, difundida por las aplicaciones de mensajería a medida que se extendía la noticia del bombardeo. Al mirar la foto, reconoció el rostro de Zahra, su pequeña complexión. Condujo hasta el depósito de cadáveres para buscarla.

Allí, Hossein encontró a su hija. El pañuelo que ella siempre cuidaba tanto de sujetar con alfileres se había deslizado. “Tenía la cabeza destrozada”, dice. También tenía las costillas aplastadas. Pero el resto de su cuerpo seguía intacto. Estaba cubierta de polvo.

Es ella, le dijo al personal del depósito de cadáveres: se llama Zahra Behroozi. Tenía ocho años.

Sobhan y Hanieh

Poco después, Ahmadi también se dirigió a la morgue. Encontró a Hanieh, que parecía casi la misma de siempre. Tenía el cráneo fracturado, pero el rostro estaba intacto. Y reconoció a Sobhan de inmediato, a primera vista, a pesar de que estaba gravemente herido. Tenía ambas piernas rotas. Le faltaba un ojo. Le faltaba la mitad de la cara.

Más tarde, una de las madres contó a Ashena que algunos de los niños salieron corriendo de la escuela hacia el patio cuando oyeron la primera explosión; ellos habían sobrevivido a la detonación. Sobhan, sin embargo, al darse cuenta de que Hanieh seguía dentro, volvió a entrar para buscarla.

Sí, eran sus hijos, les dijo Ahmadi al personal del depósito de cadáveres. Se llamaban Sobhan Ahmadi Tifakani y Hanieh Ahmadi Tifakani. Él tenía 10 años. Ella, siete.

Arya

A medida que iban llegando los familiares, Bahadori los envió a averiguar si Arya podría haber sido encontrado y trasladado a otro lugar, a un hospital o una clínica. Pero cuando dio un paso atrás y miró la escuela derrumbada, pensó: “Si Arya estaba dentro y bajo los escombros, solo un milagro podría sacarlo de allí”.

Bahadori y Mansouri no pudieron soportar llevar a cabo la identificación formal en la morgue. Al final, fueron los hermanos de Bahadori, los tíos de Arya, quienes confirmaron su identidad y rellenaron los documentos. Se llamaba Arya Bahadori. Tenía nueve años.

Zahra

Al salir de la morgue, Hossein no se dirigió a casa. En lugar de eso, se encontró conduciendo de vuelta al patio del colegio. Aparcó a cierta distancia y regresó a pie hasta el lugar donde había muerto su hija. Allí, volvió a situarse junto al montón de escombros, donde los hombres seguían excavando.

De vez en cuando, alguien reconocía a Hossein. Sabían que Zahra había muerto. Le instaban a que descansara: “Vete a casa”, le decían. Él los ignoraba.

Mientras excavaba, pensaba en las otras niñas, pequeños cuerpos acurrucados bajo el peso de los escombros. “Aunque habían encontrado a mi hija, muchas otras seguían atrapadas”, dice, recordando. “No importaba a qué niña rescatara. Todas eran como mis propias hijas”.

No dejó de excavar, ni siquiera cuando la luz se suavizó y comenzó a desvanecerse. Arrastraba los escombros mientras caía el atardecer y las sombras de los árboles se alargaban sobre el campo de fútbol vacío. Se quedó allí hasta bien entrada la noche.

Las secuelas

Un mes después del bombardeo de Minab, nadie ha rendido cuentas por el ataque que causó la muerte de al menos 160 niños y profesores. El ejército estadounidense ha afirmado que está “investigando”. El presidente Donald Trump ha negado que su país sea responsable.

El padre de Zahra espera que el mundo sepa que la escuela era precisamente eso: un lugar de aprendizaje, no una instalación militar. Pide a la ONU y a los tribunales internacionales que vengan a Minab y lo comprueben. “Deben ver los escombros y los alrededores. Deben reconocer los crímenes cometidos por Estados Unidos”, afirma. “Exigimos justicia”.

Los padres de Sobhan y Hanieh tienen pocas esperanzas de que se haga justicia. La comunidad internacional está “presenciando todo con sus propios ojos”, dicen. “Da igual lo que les digamos, eso no cambiará nada”.

Los padres de Arya estaban demasiado angustiados para asistir a su funeral oficial.

Su hermano pequeño, Arsalan, todavía no entiende adónde se ha ido Arya. Cada tarde saluda a Bahadori en la puerta, a la hora en que su padre solía recoger a Arya del colegio. “¿Dada?”, pregunta —una versión abreviada de “dadash”, la palabra farsi para hermano—.

Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este viernes a la sección de instrucción del tribunal de instancia de la capital asturiana, plaza número uno, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos, tres de ellos en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón y un cuarto en Llinás del Vallés (Barcelona), por la muerte violenta de Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', en un ajuste de cuentas por narcotráfico, ocurrido en Lugo de Llanera, en enero de 2025. 

El Ministerio Fiscal considera que en un principio los hechos son constitutivos de un delito de asesinato cometido por organización criminal, por lo que se podría condenar a los detenidos a la pena de prisión permanente revisable.

Riesgo de reiteración delictiva

El Ministerio Fiscal ha interesado la medida cautelar de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos, y al considerar que existe riesgo de fuga o de sustracción de la acción de la Justicia y de reiteración delictiva. 

Los cuatro detenidos en Oviedo, Gijón y Llinars del Valles (Barcelona) han pasado esta mañana a disposición judicial. La causa ha sido asumida por la plaza número 1 de Instrucción de la capital asturiana.

El quinto detenido es el sicario que, según la Guardia Civil, aceptó el encargo de asesinar a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, que fue arrestado en la ciudad francesa de Orleans, y será extraditado a España en las próximas semanas.

Una emboscada

'El Panameño' murió asesinado a tiros, el 26 de enero de 2025, tras caer en la emboscada que le tendió la organización de narcotráfico de origen dominicano con la que tenía contraída una deuda que no había devuelto. Según fuentes de la investigación, se habría apoderado de unos 14 kilogramos de cocaína de la red en uno de los trabajos que había realizado para la banda.

El asesinato se produjo en las inmediaciones de la localidad de Lugo de Llanera. Según el relato de la Guardia Civil, la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo, en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera, cuando tuvo que bajarse del coche para comprobar un aparente pinchazo en una rueda.

Los testigos

Seguidamente, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia y en ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto. Los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

En los registros efectuados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 34 kilogramos de hachís.

La colaboración

La operación policial, bautizada como 'Filbanks' ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Asturias, con el apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIMl.

En esta intervención también se ha contado con la colaboración de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, fue asesinado el año pasado en la localidad asturiana de Lugo de Llanera cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

El vehículo que conducía la víctima había sido manipulado para que una organización criminal, con la que mantenía una deuda por narcotráfico, pudiera seguirlo en todos sus movimientos a través de un localizador. Las informaciones a la banda habían sido aportadas por sus propios amigos. Cinco personas, entre ellas el autor material del asesinato, han sido detenidas en las últimas horas.

Las amenazas

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico está detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a la organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda. No hubo un cuarto trabajo.

Las amenazas que había recibido le habían llevado a huir de Asturias. Se refugió en Cádiz, pero la citación para personarse en un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico, en la comunidad autónoma asturiana, le hizo regresar. Su vuelta al Principado fue aprovechada por la organización para cumplir sus amenazas y asesinarle.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

Un sicario y cuatro cómplices

El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 y, tras una exhaustiva investigación, una operación policial ha permitido desarticular a la red y detener a cinco personas, entre las que figura el sicario.

La operación policial, bautizada con el nombre de 'Filbanks' ha sido desarrollada por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Arrestos simultáneos

Los investigadores han logrado esclarecer el crimen con las cinco detenciones practicadas en las últimas horas y que han culminado en la madrugada de hoy. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, los arrestos se han realizado de forma simultánea en registros domiciliarios llevados a cabo en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón, en Llinars del Valles (Barcelona) y Orleans (Francia). En los registros practicados, los agentes se han incautado de 34 kilogramos de hachís.

Un crimen planificado

El crimen, que desde el inicio presentó signos de planificación, fue ejecutado por un sicario contratado por la organización criminal asentada en Asturias y vinculada principalmente con el tráfico de drogas. El autor material se desplazó desde Francia para cometer el asesinato y abandonó inmediatamente España una vez cometido.

Según el relato de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2025 cuando la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera.

Una rueda rajada

“Tras sufrir un aparente pinchazo en la rueda del vehículo, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto”, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Seguidamente, los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

Un localizador en el vehículo

Las primeras investigaciones realizadas por los agentes pusieron de manifiesto que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

“Los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga”, señala la Guardia Civil.

Una deuda que, según fuentes cercanas a la investigación, estaba detrás de la huida de 'El Panameño' al sur del país al haber sido amenazado de muerte en caso de impago de la deuda.

La 'ayuda' de los “amigos” de la víctima

A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo como en el entorno más cercano de la víctima. Los agentes fueron identificando al grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato.

Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por un sicario contratado para llevar a cabo el crimen.

La huida a Francia

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave, según ha corroborado la Guardia Civil, al facilitar los medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionar todo lo necesario para trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen, en Francia.

Para los investigadores, el hecho de que el autor material procediera de otro país fue una dificultad añadida para su control a través de seguimientos, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente.

La colaboración internacional

La investigación realizada por los agentes ha permitido identificar a los implicados, conocer su grado de participación y localizar sus domicilios para ser detenidos.

En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país, según ha resaltado la Guardia Civil.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIM. Ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo y la Fiscalía.

En el episodio de hoy hablamos con Mònica, Francesc y Cristina. Los tres salen en un documental de TV3 que se llama ‘Et faran un home. Morts silenciades’. Los tres tienen en común que son hermanos de personas que, ellos tienen claro, murieron en extrañas circunstancias en la mili o por culpa de la mili. Han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. Contamos sus historias y les preguntamos cómo se sienten en un contexto internacional en el que la guerra vuelve a ser protagonista y en el que muchos países de nuestro entorno recuperan el servicio militar obligatorio. 

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Correo de contacto: veu.victimesmili@gmail.com

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Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: “Lo peor es no saber qué les pasó”

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Un vecino de Oviedo no podrá acercarse a menos de 50 metros de un inspector de Hacienda, ni podrá comunicarse con él por medio alguno durante dos años y medio por las lesiones que causó a la victima, a la que agredió e insultó cuando ambos se cruzaron en la Pista Filandesa. Como principal móvil de la agresión se apuntó a su malestar ante el informe desfavorable que había emitido de su empresa durante una visita de inspección.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha condenado al acusado por un delito de atentado a una pena de un año de cárcel y ha dictado una orden de alejamiento y comunicación de la víctima, tanto de su domicilio, lugar de trabajo o lugares de ocio que frecuente con una vigencia para ambas prohibiciones de dos años y medio.

Atentado y lesiones

Al delito de atentado se suma otra condena por un delito leve de lesiones por el que el acusado deberá abonar una multa de dos meses, con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

La pena impuesta es la misma que solicitaban tanto la Fiscalía del Principado como la acusación particular.

Insultos a la víctima

Los hechos ahora juzgados ocurrieron sobre las 19:00 horas del 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa de Oviedo, se cruzó con el inspector de Hacienda, a quien conocía como consecuencia de una actividad inspectora que le había hecho, a él y a una mercantil de la que es socio, que dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación preprocesal por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias, que finalizaron con la interposición de una querella.

Según el relato de la Fiscalía, cuando el acusado se cruzó con el inspector le reconoció, momento en que le gritó dirigiéndose a él llamándole “cabrón”, para acto seguido embestirle golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo.

Segunda “embestida”

La víctima cayó al suelo y se golpeó en el costado derecho, a la vez que forzó el cuello para no golpearse la cabeza. Una vez que se levantó del suelo, recriminó al acusado, quien “volvió a embestirle, aunque en esta ocasión no llegó a caer al suelo al no estar desprevenido”, señala la Fiscalía.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.

Este 11 de marzo se cumplen 22 años de los atentados ocurridos en la línea de trenes de Cercanías de Madrid, un suceso que este mismo día en 2004 se cobró la vida de 193 personas, entre ellas una treintena vivían o estaban vinculadas a Castilla-La Mancha. Algunas localidades de la región como Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan o Guadalajara, han rendido homenaje a las víctimas.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado en un homenaje en Azuqueca de Henares -cuatro víctimas estaban ligadas al municipio- señalando que “solo con unidad y solidaridad” se logra hacer frente de manera efectiva al terrorismo.

El acto convocado por el Ayuntamiento de Azuqueca, en el que han participado también el alcalde Miguel Óscar Aparicio, integrantes de la Corporación Municipal, el exalcalde Florentino García Bonilla y, entre otras autoridades, el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno Regional, el también azudense José Luis Escudero, se ha celebrado un año más en el monolito de la Estación de Ferrocarril, en una fecha que la Comisión Europea hace coincidir con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En una atención a medios de comunicación, Bellido ha manifestado su “solidaridad permanente con todas las víctimas del terrorismo y, particularmente, con las de nuestros vecinos y vecinas”, así como el “compromiso por defender la democracia, la libertad y la paz”. Así, ha recordado que toda victoria frente al terrorismo de ETA o yihadista se ha logrado “siempre gracias a la unidad y a este sentimiento de solidaridad interna que nos acompaña a todos los españoles y españolas y que también, evidentemente, es seña de identidad de Castilla La Mancha, de Guadalajara y Azuqueca”.

“Su ausencia seguirá atravesando esta tierra”

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera-portavoz, Esther Padilla, ha aludido a la incertidumbre que se vivió en el “mayor antentado terroriista de la historia de España”. Ante el recuerdo del 11M, la portavoz se ha acordado de las 193 personas que perdieron la vida y ha querido trasladar el afecto y profundo respeto del Gobierno de García-Page a sus familias, así como a aquellas que resultaron heridas.

Se trata de un ataque que afectó de forma directa a Castilla-La Mancha. Uno de los trenes había partido de Guadalajara rumbo a Madrid, en el trayecto cotidiano de miles de trabajadores y estudiantes del corredor del Henares. “Personas que formaban parte de nuestros pueblos y ciudades, de nuestras familias, y cuya ausencia seguirá atravesando esta tierra”, ha continuado la portavoz, quien ha remarcado que, por supuesto, siguen viviendo en el recuerdo de sus seres queridos, pero también en “la conciencia democrática de un país que no puede ni debe olvidar”.

La portavoz también ha reconocido la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre ellos ha mencionado al inspector del Grupo Especial de Operaciones Francisco Javier Torronteras, que perdió la vida durante la operación policial contra los terroristas días después y cuya dedicación representa, en palabras de Padilla, el máximo exponente del compromiso con el que nuestro país respondió al terrorismo.

En este sentido, ha recordado que la sociedad española respondió al odio y al fanatismo con una solidaridad y una serenidad ejemplares. En un contexto como el actual, en el que la polarización “vuelve a hacer mella” en el debate público, Padilla ha reivindicado la necesidad de recordar aquel 11 de marzo “para tener muy presente la importancia de trabajar, día a día, por la convivencia”. Según ha señalado, ese es el mejor homenaje que puede hacer la sociedad a las víctimas: “honrar su memoria y defender un Estado de Derecho y unos valores democráticos que nos protegen a todas y todos”.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, creada por más de 120 afectados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, convocará una manifestación el próximo 20 de marzo en Huelva bajo el lema Por la seguridad del ferrocarril, que saldría desde la estación de tren y finalizaría en las plaza de Las Monjas, donde procederían a la lectura de un manifiesto.

Así lo ha confirmado el portavoz de la asociación, Mario Samper, sobre una información adelantada en Canal Sur TV este viernes. Asimismo, ha explicado que a la misma acudirán la mayor parte de las víctimas que conforman la plataforma de afectados y sus familiares, menos los que aún se encuentran convalecientes, así como ha señalado que cuando tengan la autorización formal invitarán a participar a la misma a la sociedad onubense porque “la seguridad del ferrocarril nos afecta a todos”.

Igualmente, ha indicado que la intención, cuando puedan, es también celebrar otra manifestación en Madrid para tratar de concentrar a un mayor número de afectados de otras provincias que en este caso no van a poder asistir, ha asegurado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

A la espera de la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, confían en que se les otorguen los permisos administrativos para poder llevar a cabo esta manifestación. En caso de que la administración diera el visto bueno, la manifestación saldría de la estación de tren Huelva-Término de la capital a las 18.00 horas y recorrería varias calles hasta finalizar su recorrido en la plaza de Las Monjas de la capital, donde se leería un manifiesto.

“Indignados”

De otro lado, Samper se ha mostrado crítico con el homenaje a víctimas de Adamuz que ha realizado el Gobierno central este viernes en Huelva, en el marco de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa en La Rábida. El mismo se ha centrado en el descubrimiento de una placa en memoria de cuatro víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera, dos estudiantes heridas y dos colaboradores fallecidos, María Clauss y Óscar Toro, y en la lectura de un poema.

Al respecto, el portavoz de la plataforma ha apuntado que se encuentran “indignados” por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya venido “a nuestra casa, a Huelva, a hacer un homenaje a algunas de las personas” afectadas y “no aprovechara esta buena ocasión para mostrarnos ese cariño que decía en el Parlamento que nos tenía”. “Pues no, no se ha acercado”, ha lamentado.

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció el 30 de enero tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

Después de 500 días y 16 meses, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, Rosa Álvarez, ha comparecido en la comisión de investigación de las Corts Valencianes. Las entidades representantes de los familiares de los fallecidos no estaban incluidos inicialmente en el plan de trabajo aprobado por el PP y por Vox. Fue tras la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, cuando se les citó.

Álvarez, que representa a una de las entidades mayoritarias, así como el resto de portavoces de otras entidades de familiares de fallecidos, fueron las primeras en acudir a comparecer a la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Tanto Compromís como el PSPV han denunciado que hayan mezclado sus comparecencias con las de asociaciones conspiranoicas que se han dedicado a difundir bulos sobre la riada.

Antes de la comparecencia, decenas de familiares de las víctimas se han concentrado a las puertas de las Corts para exigir responsabilidades políticas y judiciales a los responsables de la gestión de la dana. Los manifestantes han entonado gritos como “l'expresident a Picassent” o “Mazón a presó, Consell dimissió”.

Álvarez ha accedido a la sala de comisiones con una camiseta negra con la foto de su padre fallecido y la leyenda “no ha mort, ho han assassinat”. La representante de la entidad ha iniciado su intervención denunciando que tres de las asociaciones que han sido invitadas no están en el listado de la Conselleria de Justicia, entre las que hay entidades negacionistas, conspiranoicas o el agitador ultra Rubén Gisbert.

Álvarez ha lamentado que 483 días después de la tragedia han podido venir a contar su versión: “483 días de maltrato dan para mucho. En nuestra asociación somos una familia surgida del dolor. Comparecemos en la quinta sesión de una comisión que se creó hace un año. Aquí estamos 483 días después de haber visto morir a nuestros seres queridos. Puede que para algunos de ustedes seamos solo cifras, pero detrás de cada cifra hay una historia. Hemos sido gobernados por los peores hombres y mujeres. Lo que pedimos es verdad justicia y reparación, ese es el objetivo de nuestra presencia aquí. Porque todas las muertes eran muertes evitables, solo había que avisar a tiempo”.

La presidenta de la asociación ha criticado que inicialmente les vetaron en la comisión y que “quienes presiden este órgano niegan el cambio climático” al tiempo que ha exigido que “Mazón pague por su incompetencia” y ha insistido en que van “de la mano de la ciencia” por lo que considera que no coincidirán con los representantes del PP y de Vox: “Las muertes eran evitables. El 29 de octubre unos murieron por su negligencia, otros nos salvamos, estamos muertos en vida; pero nos caemos siete días y nos levantamos ocho. He venido a transmitir nuestro dolor con pruebas. El apagón informativo es falso e insultante. La Aemet avisó días antes. Los registros muestran que los avisos estaban ahí, faltó reacción política y operativa. Aemet, CHJ, llamadas 112 fueron las principales fuentes de información con las que la Universitat avisó a sus alumnos y el Gobierno de Japón a sus ciudadanos”.

Rosa Álvarez ha recordado que les vendieron que iban a tener “el Gobierno de los mejores” y que Mazón estuvo “desaparecido, estuvo más tiempo en el Ventorro y ahora se ha sabido que se fue del cecopi cuando otros aún se quedaron trabajando” y ha añadido: “No es que sea un mal político, sino que es mala persona y desalmada y ustedes del PP son cómplices por mantenerlo. Exíjanle el acta y si no la entrega expúlsenle del partido; de lo contrario serán cómplices para nuestra asociación”.

La representante de las víctimas también ha criticado que muchos de los consellers responsables “estaban en sus casas o volviendo a sus casas mientras ustedes no trasladaban la información” y ha censurado que han estado “intentando dividir a las víctimas y a la ciudadanía”.

Según ha explicado, “tuvimos a un presidente ausente y luego dio múltiples versiones de su ausencia porque no pensaba volver al trabajo, incluso vino aquí y se hizo pasar por una víctima más, tuvo la desfachatez de pasar por una víctima más y el actual presidente ha mantenido a los mismos; a Barrachina responsable de Buseo y premiado como portavoz, Rovira aunque cambiándolo a Hacienda, a Camarero con los fallecidos en teleasistencia reubicada en Vivienda”.

Tras enumerar a varios de los expertos en ingeniería y ciencia con los que vienen trabajando ha afirmado que tienen claro que “las obras de encauzamientos no hubieran sido suficientes para paliar las muertes, sino los daños materiales; la prevención es lo que salva vidas”.

Según ha comentado, “aprender significa no construir en zonas inundables, no se han respetado límites de naturaleza; es urgente implementar medidas de mitigación y de adaptación” y ha destacado la importancia de la salud mental por la que han tenido que recurrir a las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME): “Estas unidades nos han tratado con una visión no patológica porque sufrimos un duelo comunitario. No somos enfermas ni somos tristes, estamos tristes. No hemos venido a mendigar verdad, sino a reclamarla. No vamos a permitir que nadie más vuelva a morir por la incompetencia de un Gobierno”, ha sentenciado.

“No queremos negacionistas al frente de las instituciones”

La representante de la asociación Víctimes Dana 29 de Octubre de 2024, Mariló Gradoli, ha sido la siguiente en intervenir y ha denunciado también la inacción de Mazón, su mantenimiento con diputado en las Corts y la campaña de bulos y mentiras difundidas por su Consell desde la riada.

Gradolí ha criticado al PP y a Vox que “no tienen fuerza para censurarnos, para hacernos callar, para insultarlos” y ha recordado que les han escuchado “en España y en Europa” donde han explicado que “una negligencia puede transformar un episodio climático en una tragedia”.

Además, ha afirmado: “No queremos negacionistas climáticos al frente de las instituciones, que piensen antes en el titular que en la vida. Vivimos escandalizados pero ustedes optan por protegerse en lugar de dar las explicaciones justas a la ciudadanía. Han hecho mucho daño y han erosionado la confianza en las instituciones”.

La representante de los familiares ha insistido en que “la instrucción judicial ha demostrado la cantidad de mentiras que se han contado, no hubo ningún apagón informativo; el Consell no estuvo a la altura y Mazón menos, y ustedes le protegen y le suben el sueldo, ese es el mensaje que están mandando a la sociedad valenciana”. También ha advertido que les preocupa que pueda haber “otra dana y no están actuando, el 112 sigue siendo un desastre, no se han dejado asesorar por los bomberos, por los agricultores, por los expertos”.

A su juicio, “la reconstrucción es planificación y no ha llegado por ejemplo a los colegios un año después, llegan tarde” y ha recordado que “la Generalitat aún debe las ayudas a los comercios locales”. Por último, ha afirmado que “no habrá normalidad mientras sigan protegiendo al principal responsable de la tragedia, mientras dejen que siga en la silla y con la paguita; no habrá normalidad, habrá memoria, exigencia, justicia y reparación”.