La línea telefónica 900 100 114 abierta por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la atención a víctimas de la violencia de género ha recibido 5.441 llamadas a lo largo de todo el año 2026, lo que representa un incremento del 15,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese incremento comenzó en enero y se ha mantenido a lo largo de todos los meses de este periodo, con una especial incidencia a partir del mes de mayo desde el que se acumula un crecimiento medio del 22,6%.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha destacado la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático” por violencia de género, recordando también que la lectura de este incremento de llamadas “no puede tener solo una lectura negativa”.

“Hoy sabemos que hay más casos de violencia de género, pero hay muchas cifras que crecen porque hay más mujeres alzando la voy y pidiendo ayuda a través de servicios, como la línea 900 100 114 del Gobierno regional, en lugar de sufrirla en silencio”, ha señalado.

Además, López ha querido insistir en que “ahora es más importante que nunca que toda la sociedad nos impliquemos en la erradicación de toda expresión de violencia hacia las mujeres y por ello cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia de género o que lo sufra directamente, debe pedir ayuda”.

En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que “solo se pide ayuda cuando se siente confianza y cuando la sensación de protección y de empatía es superior a la del miedo”, que “es lo que los discursos de la negación generan y por ello son tan peligrosos y dañinos”.

El 21% de las llamadas, para pedir información

En relación al tipo de llamadas recibidas, en el 21% de las ocasiones se trata de petición de información sobre los procedimientos de denuncia, el 13% responde a casos e intervenciones de urgencia y el 15% de las comunicaciones responden a demanda de intervención desde el punto de vista social. Un 28% de las atenciones realizadas han tenido que ver con situaciones de escucha y apoyo emocional.

Las llamadas recibidas por familiares y personas del entorno de la víctima representan el 10% de los casos frente al 83% de las situaciones en las que es la propia mujer víctima de violencia de género quien pide ayuda, que en el 69% de las ocasiones cuenta con nacional española.

Por tramos de edad, el mayor número de llamadas recibidas, el 30%, tiene que ver con víctimas jóvenes de entre 31 y 40 años, seguido del tramo de 20 a 30 años con el 20%. Las mujeres de 41 a 50 representan el 18% de los casos y las de 19 a 20 años, el 8%.

El 54% de las atenciones telefónicas realizadas han tenido que ver con violencia psicológica y el 31% con violencia física. Son cifras que se extraen de las 5.441 llamadas atendidas, sin que ello signifique que todos los casos y todas las tipologías de violencia machista existentes en la región estén representadas en ellas.

La agente de la Guardia Civil de Llanes, Laura C.V., de 50 años y natural de Madrid, ha sido asesinada por su expareja, Dámaso F. S., un agente de 49 años y de origen gallego, quien ha irrumpido armado en dependencias policiales y, tras acercarse a ella, le ha disparado. Agresor y víctima estaban divorciados y tenían tres hijos en común: un chico de 18 años y dos gemelas de 14 años. El exmarido ha fallecido mientras era atendido por los servicios sanitarios.

La Delegación del Gobierno, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes han convocado conjuntamente una concentración de repulsa ante este crimen, que califican ya como asesinato machista, para mañana, día 6, a las 18.30 horas, ante el consistorio llanisco.

Registrada en VioGén

Laura C.V. estaba registrada en el sistema VioGén. Fuentes cercanas a la investigación han asegurado que había interpuesto denuncias por malos tratos contra su exmarido. Contra él se dictó una orden de alejamiento que estuvo vigente hasta el pasado mes de diciembre. Actualmente estaba destinado a la Comandancia de Zamora.

Al parecer, hace unos días recibió una resolución de separación del servicio, por lo que no tenía arma reglamentaria. La investigación tratará de determinar ahora cómo consiguió el arma utilizada para matar a su exmujer.

La agresión

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13.30 horas de hoy. El agente entró armado al cuartel y, tras disparar contra su exmujer, intentó escapar.

En su huida “abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias oficiales, quienes pudieron repeler la agresión”, según ha explicado un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias.

Disparó a otros agentes

Un teniente intentó auxiliar a la víctima y salió en persecución del agresor. En el cruce de disparos ambos resultaron heridos.

El agresor murió, poco después, cuando era atendido por los servicios sanitarios, según ha confirmado a elDiario.es Asturias el portavoz de la Guardia Civil.

La investigación

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha empezado a “recabar datos” sobre el crimen. Una vez que se confirme oficialmente que la muerte de Laura C.V. responde a un asesinato por violencia machista, se convertiría en la víctima mortal número 34 en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Concentración de repulsa

La Delegación del Gobierno, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes han emitido una declaración institucional convocando a la ciudadanía a participar mañana, jueves día 6, en una concentración de repulsa por este asesinato que tendrá lugar a las 18.30 horas, delante del consistorio llanisco.

A continuación reproducimos íntegramente esta declaración institucional:

“Ante el asesinato machista perpetrado en Llanes contra Laura, de 50 años de edad, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera”.

La respuesta institucional

“En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional y la atención a su familia y entorno”.

“La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente. Desde la Delegación del Gobierno de España en el Principado de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia”.

Recursos contra la violencia machista

“Por ello -continúa la declaración institucional- hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración de condena y rechazo a este asesinato machista que tendrá lugar mañana jueves 6 de agosto a las 18:30 horas ante el Ayuntamiento de Llanes”.

La declaración conjunta concluye recordando que el número de teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está disponible todos los días del año las 24 horas del día. Así como por vía WhatsApp en el 600 000 016 o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es.

Un juez de Gijón/Xixón ha prohibido a un vecino de 68 años aproximarse a un policía local al que ha estado a punto de matar, tras manipular el sistema de frenados de su moto.

Ademas de las cámaras de videovigilancia de tráfico que grabaron la escena, varios testigos lo situaron en la zona. La Policía Nacional logró detenerlo el pasado miércoles.

Tras pasar a disposición judicial, el presunto agresor abandonó las dependencias judiciales en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.

Los hechos han sido confirmados este viernes por la Policía Nacional de Gijón/Xixón. Según su relato, el agresor conocía que su víctima era policía local por intervenciones policiales anteriores.

Una manipulación “deliberada”

Agresor y víctima habían coincidido en el barrio de La Arena. El agente, que se encontraba en ese momento fuera de servicio, aparcó su moto y se fue. Poco después, regresó a la zona y cuando ya se marchaba “comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero de su motocicleta, teniendo que hacer uso de su pericia ya que habitualmente realiza su trabajo en moto, para evitar tener un accidente, por lo que decidió llevar el vehículo al taller para comprobar el origen de la avería”, explican desde la Comisaría de la Policía Nacional.

Tras la revisión, los mecánicos confirmaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma deliberada mediante el vaciado del líquido de frenos y descartaron que la pérdida pudiera obedecer a una avería fortuita.

La investigación

Los mecánicos certificaron que únicamente una manipulación intencionada podía provocar ese tipo de fallo, que comprometía no solo su seguridad sino que incluso conllevó un riesgo elevado de sufrir un accidente con consecuencias “potencialmente muy graves”.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón/Xixón se hicieron cargo de las investigaciones.

Las imágenes

Las manifestaciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por distintos sistemas de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas permitieron reunir suficientes indicios para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos y dictó una orden de alejamiento a la víctima.

El tercer capítulo del documental Canarias: 50 años tras la oscuridad podrá verse este fin de semana. Se trata de un episodio titulado La Reparación y dedicado a la lucha de las víctimas del franquismo. Verdad, justicia y reparación es lo que llevan buscando las familias décadas después de la dictadura y hay quienes han dedicado toda su vida a buscar los restos mortales de sus seres queridos a los que han echado en falta siempre. Este capítulo se podrá ver en TVE el próximo domingo 2 de agosto a las 11.00 horas. Un día antes, el sábado 1 de agosto a las 11.00 horas se podrá ver también en TVE el capítulo dos, La Represión.

Debido a los incendios que afectan a la Península TVE se vio obligada a modificar su programación. No obstante, el episodio dos, dedicado a la violenta represión franquista en las Islas puede verse en el Youtube de Canarias Ahora.

El tercer capítulo, que se estrena este fin de semana podrá verse desde este sábado en el YouTube de Canarias Ahora y cuenta con testimonios como el de Pino Sosa, pionera en la lucha por la dignidad de las personas represaliadas en Canarias. En el documental se recuerda su historia y cómo en un pleno en 1987 dijo que había que abrir los pozos del olvido “esos donde fueron enterrados los demócratas entre ellos mi padre”. Su lucha aún sigue porque “todavía me faltan muchos padres y hermanos por conseguir” y añade que “en el cementerio” es donde deben estar “que es donde pertenecen los muertos y no en los fondos de los pozos. Los pozos se han hecho para dar vida”.

También se repasa en el este episodio la lucha de los palmeros. Fue en La Palma donde se llevó a cabo la primera exhumación de una fosa común en Canarias, en 1994, antes de la existencia de leyes de memoria democrática. Félix González, presidente de la Asociación de La Memoria de La Palma y familiar de represaliado del franquismo, explica cómo lo recuerda y qué supuso para la isla. También cuenta lo que significa una palabra como “reparación” y cómo han vivido la desaparición de un ser querido una familia como la suya. Nos lleva además a la cueva donde su tío abuelo llevaba comida a represaliados del franquismo y fue capturado por ese acto de buena fe y después asesinado.

Otro testimonio es el de Paco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de Los cinco de San Lorenzo. Hablará tanto de lo que significa San Lorenzo como lugar de represión como la lucha por recuperar los restos de su abuelo y de otras tantas personas en la Fosa Común de Vegueta. También incidirá en la importancia de acabar con los vestigios franquistas para avanzar hacia la reparación y en que se abran todas las fosas comunes y espacios donde fueron arrojadas las víctimas del franquismo.

Pepe Valencia de la asociación de la Memoria Histórica de Agaete, incide en que para él es importante que se consiga recuperar los restos mortales de todos los desaparecidos aunque fuera su abuelo “el único que no aparezca” porque entiende que “más que como nieto” tiene que hablar “como vecino y persona que tiene que ser empática con los demás”. O la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, que afirma que le indigna ver vestigios franquistas como el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife.

Historiadoras como la catedrática emérita de la ULL Maisa Navarro exponen por qué ese monumento incumple la Ley de Memoria Democrática y cuántos vestigios quedan aún en las calles canarias. El historiador Ricardo Guerra Palmero ahondará en por qué se levantaban estos monumentos en honor al dictador al igual que en la Alemania nazi.

Se vuelve a hablar en este episodio de Juan Negrín y cómo se lucha desde la Fundación por reparar el daño que se hizo a su figura por los bulos que se encargó de promover el franquismo. Para ello se cuenta con José Medina, presidente de la fundación, o Cristina Martín Gómez, historiadora y asesora de la misma.

Para hablar de las exhumaciones y de los trabajos que se han realizado o se siguen realizando, cuenta su experiencia el arqueólogo Javier Velasco, jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

También participan en este episodio el historiador Sergio Millares, la historiadora Raquel Pérez Brito o el profesor jubilado de Geografía Humana de la ULPGC Ramón Díaz.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres hablará de los retos a los que nos enfrentamos con el avance de la ultraderecha y por qué cree que hay seguir divulgando la historia en un momento tan delicado como el actual. “La historia tiene la tentación de que si no se aprende de ella se tiende a repetir lo que se vivió en etapas anteriores”, señala.

Sobre el documental

Producido por Clan de Medios, Canarias, 50 años tras la oscuridad, desglosa en tres capítulos (El Golpe, La Represión y La Reparación) la llegada de Franco a Canarias, los motivos por los que el Gobierno de La República decide enviar al destituido jefe del Estado Mayor a las Islas y cómo se convierte en capitán general de Canarias, para desde aquí, conspirar y liderar un golpe de Estado al que se opone resistencia en varias islas. Consecuencia de ello se va a generar una brutal represión. Muchos de los desaparecidos en el archipiélago no saben de qué fueron acusados. Sindicalistas, maestros, personas humildes… Miles de víctimas directas e indirectas. Víctimas que a día de hoy siguen buscando reparación, ya que creen que pese a los avances de las leyes de memoria democrática no se han cerrado las heridas.

El primer capítulo, El Golpe, se estrenó el pasado 17 de julio en el Museo Elder que llenó por completo su aforo; un estreno que contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que recordó cómo se puede retroceder en derechos “de un viernes a un sábado” como ocurrió en 1936. El capítulo se emitió al día siguiente en TVE y ya se puede ver en el YouTube de Canarias Ahora.

El capítulo dos, La Represión, se puede ver ya en el YouTube de Canarias Ahora y se podrá ver en TVE el próximo sábado a las 11.00.

Nueve mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en apenas dos meses han llevado al Ministerio de Igualdad a convocar un nuevo comité de crisis para analizar el pico de casos registrados en junio y julio. Solo entre el lunes y el martes de la pasada semana se produjeron tres de los crímenes, en Antequera y Benahavís (Málaga) y en Alameda de la Sagra (Toledo). Al término de la reunión, el departamento que dirige Ana Redondo ha detallado que siete de las nueve víctimas convivían con su agresor en el momento del asesinato.

Con el objetivo de analizar estos últimos casos, el Ministerio de Igualdad convocó el encuentro, al que asisten también representantes del Ministerio de Justicia, Interior y las comunidades autónomas en las que se han producido los asesinatos. El objetivo es estudiar pormenorizadamente cada uno y poner sobre la mesa recomendaciones de actuación.

Según ha informado el Ministerio, cuatro de las siete mujeres que convivían aún con su agresor estaban en fase de ruptura, un momento que las expertas suelen nombrar como factor de alto riesgo. Además, solo en uno de los casos había denuncia previa y ocho menores de edad se han quedado huérfanos. En lo que va de año, ascienden a 20.

De la reunión han salido algunas reflexiones o propuestas de actuación, entre ellas, “recalibrar el peso que el sistema judicial y policial” le da a las víctimas, sobre todo en los casos en los que ellas deciden retirar denuncias o piden que se rescindan las órdenes de alejamiento. “Las mujeres no actúan en libertad en un contexto de violencia de género”, apuntan fuentes de Igualdad, que señalan que “debe primar la persecución de quien delinque y la protección de las víctimas”.

Entre las conclusiones de la reunión, se ha considerado necesario recordar que, en el caso de que haya menores de edad, las víctimas “suelen tener dependencia emocional o económica del agresor” y los asistentes han puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar un “acompañamiento” de estos niños, niñas y adolescentes que se quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus madres con el objetivo de “evitar la reproducción de perfiles de agresor o víctima”.

También se ha comentado la pertinencia de “replantear” las conformidades en los procedimientos de violencia de género o los acuerdos mutuos en los procesos que dependen de los Juzgados de Familia —por ejemplo, las custodias— “cuando existe violencia”. De la misma manera, se ha barajado la importancia de “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida para facilitar la tramitación de ayudas y recursos con posterioridad a los asesinatos.

El departamento dirigido por Ana Redondo explica que próximamente se convocará una reunión específica con Andalucía para analizar en profundidad los casos ocurridos en Málaga.

“A mí me gustaría, si puede ser, que vengan los tres [miembros de ETA que lo asesinaron]. Incluso Ainhoa Múgica [la exdirigente de la banda terrorista que ordenó el atentado]. Y que me miren y me digan: 'Lo sentimos'. Entonces yo les daré el perdón”. Reyes Zubeldia se encontraba en casa, junto con dos de sus hijos, cuando hacia las diez de la mañana del 14 de julio de 2001 escuchó la explosión de la bomba-lapa que mató a su marido, José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza, al norte de Navarra. “Fue terrible”, recuerda la mujer 25 años después junto a su hija. Raquel Múgica, la menor de los hijos del matrimonio, siente que recordar el asesinato de su padre sirve para evitar “que se olvide lo que pasó, o se recuerde de una forma distinta a la que fue”. “Mi padre lo que quería era unir [al pueblo] y cambiar esa tónica de división [política de la época]. Y creo que eso a veces molestaba”, sostiene.

Ese mismo día, a última hora, ETA asesinó en Leaburu (Gipuzkoa), al mando de la Ertzaintza Mikel Uribe. La organización continuaba su campaña iniciada tras las autonómicas vascas de mayo de ese año. Después de las elecciones, atentó contra Gorka Landaburu, que salvó la vida, y mató al comercial de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. Hubo también atentados en Madrid y en Vitoria. El día del doble crimen era sábado y, en Gernika, juraba como lehendakari para un segundo mandato Juan José Ibarretxe, del PNV. Los actos solemnes tuvieron lugar entre uno y otro asesinato.

“Mi padre —prosigue la familia de Múgica— no tenía vocación de política en sí, sino voluntad de mejorar un pueblo pequeño y su convivencia. [Su hermano] le pidió si podía meterse en política para resolver ciertos asuntos del pueblo, como un problema con una casa abandonada. [Primero] estuvo colaborando con un partido [local] independiente (Unión Independiente de Leiza), les ayudaba en el día a día. Luego ya decidió dar el paso con UPN para conseguir más apoyos. Pero veía problemas locales del pueblo, no problemas políticos”, recuerda su hija.

“Él quería mejorar la situación del pueblo, de sus vecinos, ayudaba a todo el que podía, no miraba si eran nacionalistas o no. Una vez organizó a unos cuantos chicos sin trabajo para ir con ellos a limpiar los ríos, a trabajar juntos para que viesen que eran útiles. Durante varios años fue profesor de autoescuela, años después aunque ya había dejado esa profesión seguía ayudando a muchas personas a quitarse el miedo a conducir. Si alguien había perdido el autobús o no tenía forma de ir a su caserío estaba dispuesto a acercarle donde necesitase. Cuando nevaba siempre salía con su furgoneta por las calles del pueblo por si podía ayudar a alguien a sacar el coche de la nieve. También colaboró en la asociación de saharauis para que los niños del Sahara pudiesen venir a Navarra a pasar el verano con familias de acogida. [Era un hombre que] ayudaba en todo lo que podía ayudar”.

José Javier Múgica había vuelto la tarde del viernes 13 de julio a casa tras haber pasado “dos o tres días” de vacaciones con su mujer en Fitero. “El sábado por la mañana mi marido tenía una boda”, pues tenía un encargo como fotógrafo en la celebración, recuerda Zubeldia. Ese día, el concejal regionalista —que a pesar de las amenazas había renunciado a portar escolta— “después de desayunar” salió de su casa, bajó las cinco plantas por las escaleras y cuando “arrancó el coche, explotó”. Su mujer, que estaba en casa junto a dos de sus hijos, se asomó al balcón al escuchar el estruendo y lo vió “en el suelo quemándose” a unos metros de la furgoneta, también envuelta en llamas a causa de la explosión.

“Eso no se puede olvidar, al menos yo no. Y van a hacer 25 años, que no son cinco. Son ya 25”, confiesa la mujer. “Por el portal no se podía bajar, porque la furgoneta estaba justo donde las ventanas del portal y entraba el humo”, recuerda su hija, en aquel momento de 21 años, y relata que tuvieron que “atravesar un balcón” para poder llegar a la calle. Una vez la familia consiguió salir del edificio, Zubeldia quiso ver a su marido. “Desde arriba vi cómo [José Javier] se quemaba y pensé: '¿Cómo estará ahora?'. Él y yo éramos uno, y no podía dejarle. Tampoco en ese momento”, recuerda. Aunque los cuerpos de seguridad no la dejaban.

Fue Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra y de UPN por aquel entonces, que acudió al lugar al conocer el atentado, quien intermedió por ella y la acompañó. “[Sanz] estaba allí y les preguntó '¿ella qué quiere?'. 'Pues si me dejan ir con ella yo le acompaño', les decía”. “Usted se hace entonces responsable”, recuerda Zubeldia que le respondían al presidente navarro.

La investigación posterior revelaría que, en un hueco escondido en los bajos del vehículo, el 'comando Argala' había instalado una “bomba compuesta por 3 kilos de dinamita, tipo 'titadyne', provista con un mecanismo de iniciación eléctrico”, tal y como se reflejó en la sentencia que diez años después condenó a Andoni Otegi, Óscar Celarain, Juan Carlos Besance y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' por el asesinato del concejal leitzarra. La orden de su asesinato la dio Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olatz', exjefa de ETA, tal y como reconoció en diciembre de 2025 en la Audiencia Nacional. Con un escueto “sí”, admitió haber indicado al comando de la banda terrorista asesinar con un coche-bomba al concejal de UPN en 2001. La exdirigente, junto a Otegi, “elaboró un manuscrito” con las indicaciones necesarias para que el 'comando Argala' llevase a cabo el atentado.

“Él se definía como vasco, navarro y español. Él era euskaldun y en casa siempre hemos hablado en vasco. Te sientes vasco porque has recibido una cultura, las tradiciones y hablas la lengua. Aunque eres navarro, y por tanto también español, lógicamente”, describe la pequeña de los Múgica junto con su “ama”. “Ese concepto”, a su juicio, “también les duele a los nacionalistas”.

Desde hacía algunos años, Múgica ya había recibido amenazas. Incluso “antes de entrar en las listas” del partido regionalista. “Nos pintaban dianas en la tienda” de fotografía, “luego nos robaron las máquinas y las cámaras fotográficas de la tienda”, después “nos quemaron la furgoneta”, describe la hija del concejal. “Y luego pasó lo que pasó”, concluye Zubeldia, que nunca pensó que pudieran asesinar a su marido. A pesar de que “él miraba todas las mañanas los bajos” del coche y hubiera recibido “ciertos consejos” por su condición como figura política, Múgica “no trasmitía ese miedo” a su familia. De hecho, rechazo tener escolta.

“No quiso. Me decía: '¿Cómo voy a ser fotógrafo con escolta? ¿Te vas a una boda con la escolta?”, recuerda Zubeldia. Sin embargo, su hijo Daniel, que siguió los pasos de su padre y se unió a UPN poco después del atentado, sí que estuvo custodiado. Su familia, a pesar de los antecedentes, nunca temió por su vida. “Igual éramos unas ingenuas”, reflexiona Raquel Múgica, que nunca pensó que ETA se fuera “a ensañar” con la familia de esa manera. “Tener escolta te da confianza y lo vives ya distinto. Y luego dices, han matado a mi padre, ¿van a matar también a mi hermano?”.

Tras el asesinato de su marido y padre, la familia siempre ha sentido el cariño del pueblo, en el que continuaron viviendo años después y al que han vuelto todos los años. Porque se sienten acompañados, y para “acompañar a los que estuvieron [con Múgica y su familia], aunque tuvieran miedo”.

Un cariño que no fue “inmediato”. Cuando se conoció el atentado “la gente no sabía ni qué hacer”, recuerda la viuda. “Mucha gente tenía miedo de saludarnos” y se quedaron “bloqueados”, aunque recibían “el cariño a escondidas”. Ante la pregunta de a qué se refiere con esta última frase, ella lo explica con mucha calma. “Yo a mi marido lo incineré. La gente, como nosotros éramos muy montañeros, igual pensaban que lo echaría por allí, pero no. Lo traje a casa, porque él quería estar conmigo y yo con él. Me daba paz. Y cuando la gente lo supo me preguntaba si podía venir, a escondidas [a verlo]”, relata. Y afirma que todavía hay personas que no asisten a los homenajes “por cierto miedo”, a pesar de que han “pasado por su casa”.

“No sé si [las personas] se pueden hacer una idea de cómo era el ambiente en esa época”, recuerda Raquel Múgica, que paradójicamente siente que tuvieron “suerte”. Aunque algunos de sus amigos “cuando había un asesinato o un secuestro” de ETA verbalizaban ese pensamiento de “algo habrá hecho”, la hija del concejal se siente afortunada porque en 2001 “ya se empezaba la gente a movilizar”. “Hubo una manifestación multitudinaria [cuando mataron a mi padre] aquí en Pamplona y nos acompañaron [muchísimas personas]. Años antes no había nada. O sea, la gente empezó a quitarse el miedo de mostrar públicamente el rechazo y eso te da más fuerza”.

En 2011 se condenó a los miembros del comando 'Argala' a 50, 58 y 60 años de prisión por asesinato de Múgica, una sentencia que dejó “alivio” en la familia. Por una parte, porque les pareció una pena “justa”, y por otra porque pudieron “saber quienes fueron” los responsables. Durante el juicio, Zubeldia testificó en sin biombo y, ante la sorpresa de muchos de los presentes, quiso mirarles. “¿Les puedo mirar a estos chicos?”, le preguntó a la magistrada, aunque no esperó su respuesta para girarse. “Ahora mismo también lo haría”, pronuncia con rotundidad 15 años después. “Si vienen a casa a pedirme perdón, les daré el perdón. Pero si no vienen, ¿a dónde irán? Al menos si piden perdón irán con mi marido”, expresa la mujer, que ha intentado contactar con los terroristas e incluso “quería ir a la cárcel” a encontrarse con ellos, aunque no ha obtenido respuesta. Una circunstancia que le duele especialmente es la concesión de terceros grados a algunos de ellos.

“Yo no necesito, como mi madre, el perdón. No necesito estar con ellos. Hombre, si a ellos les hace bien venir y pedir perdón, estoy dispuesta también, pero no tengo necesidad de verles o hablar con ellos. Estoy en paz”, expresa su hija, y preguntada por este periódico, define algunas de las medidas penitenciarias concedidas a etarras como “injustas”. “No nos parece justo a nosotros, y entiendo que a ninguna víctima, esas libertades sin perdón, arrepentimiento o sin colaborar con la justicia. Porque hay muchísimas familias que no saben quiénes asesinaron a su padre, su madre o su hermano. Y eso lo podrían aliviar...”, opina. Aunque, consciente de cómo se pueden interpretar sus palabras, matiza: “No sentimos odio hacia los terroristas, sentimos un profundo dolor y una injusticia”.

Mikel Uribe, asesinado a 20 kilómetros

Se da la circunstancia de que, justo el mismo día, unas horas después, ETA asesinó también al agente de la Ertzaintza Mikel Uribe, de 44 años. El crimen se produjo en la localidad guipuzcoana de Leaburu, a apenas 20 kilómetros de Leitza. Según explica Covite, el policía “se disponía a cenar en la sociedad Zazpi Bide con unos amigos y mientras aparcaba su vehículo se le acercaron tres etarras en un coche robado”. Uribe fue descrito como “abertzale, euskaldun y afiliado a ELA”. Cuatro personas fueron condenadas por el crimen con 36 años de cárcel por cabeza.

“Aguardaron en una explanada emplazada detrás del Ayuntamiento hasta que un miembro del grupo criminal les avisó de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica. Otro etarra condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que un tercer terrorista lo ametrallara con un subfusil. A continuación, uno de los miembros del comando se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al hospital Donostia, donde falleció poco después”, describe la entidad que preside Consuelo Ordóñez.

“Al día siguiente, un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentraron en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Mientras tanto, ninguno de los vecinos de Leaburu salió a la calle y tuvieron que ser los agentes los que entraran en el consistorio, gobernado por Herri Batasuna, para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro”, critica Covite. En una entrevista en 'El Diario Vasco', Ibai Uribe, hijo de la víctima, relata que ha escrito unos bertsos en euskera en su memoria: “Ixildu da bonba hotsa, desagertu tiroketa. Nik lan egingo dut inoiz berriro ez dadin gerta”.

“Yo perdono pero no olvido”, dijo aquel sábado luctuoso Miguel Sanz, presidente navarro de UPN. El lehendakari Ibarretxe, recién iniciada su segunda legislatura, tuvo que estrenar la agenda con un viaje a la capilla ardiente del agente asesinado. Estuvo acompañado del consejero de Interior, Javier Balza, también del PNV. Estuvieron presentes, igualmente, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y los directores de la Policía Nacional, Juan Cotino, y de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, del PP.

La Associació de Víctimes de la dana 29 de Octubre de 2024 ha lanzado una campaña a través de redes sociales (Instagram y Facebook) que busca promover una movilización ciudadana masiva bajo el lema 'Cartas al Tribunal Constitucional: suma tu voz por la verdad, la justicia y la reparación'. La iniciativa pretende la implicación de la sociedad civil para apelar directamente a los magistrados del alto tribunal español a través del envío de masivo de escritos a su sede en Madrid. El colectivo persigue que se prioricen los derechos de los afectados frente a los privilegios de aforamiento de los que goza el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de modo que pueda ser imputado en la causa que investiga la gestión de la tragedia que sacudió gran parte de la provincia de Valencia en otoño de 2024 y que provocó la muerte de 230 personas solo en territorio valenciano.

Toñi García, quien perdió a su marido y a su única hija en la catástrofe, explica en el vídeo diifundido en redes sociales. “No escribimos para pedir un favor, escribimos porque creemos en la justicia”, asevera la portavoz de la asociación, al tiempo que enfatiza el carácter cívico de la protesta: “Sólo pedimos una cosa muy sencilla, que todas las personas seamos iguales ante la ley; que nuestros derechos a saber la verdad y a la justicia estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón”.

El trasfondo jurídico de la campaña radica en el recurso de amparo que la asociación ha presentado ante el Tribunal Constitucional, con el que denuncian la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. El colectivo sostiene que el blindaje político obstaculiza el acceso a un “juez natural e imparcial” y bloquea un proceso de investigación “equitativo, garantista e igualitario”.

De este modo, los impulsores de esta campaña defienden que la Constitución “no se escribió para proteger privilegios; se escribió para proteger derechos” y recuerdan que, detrás de los debates técnicos, subsisten centenares de familias que exigen una fiscalización judicial plena de las responsabilidades penales, tal y como explican en la web del colectivo.

La campaña facilita a los ciudadanos un modelo de carta descargable que puede ser personalizado y enviado por correo postal a la sede del tribunal en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. La plantilla de reclamación califica la situación actual de “aforamiento espurio y fraudulento” y exige a los magistrados que eviten que la igualdad ante la ley quede reducida a “papel mojado”.

Con esta movilización, los damnificados pretenden visibilizar que el reclamo de rendición de cuentas trasciende el dolor individual de las familias directamente afectadas. “La justicia también necesita saber que detrás de una víctima hay toda una sociedad que no quiere olvidar: verdad, justicia y reparación”, concluye García, quien insta a la ciudadanía a compartir sus fotografías con las cartas impresas para amplificar la presión social.

El Govern i l'Ajuntament de Pollença han iniciat aquest dimarts la col·locació de 27 pedres de la memòria dedicades als veïns del municipi assassinats o desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció del Govern i Cooperació Local, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha participat en aquesta primera jornada al costat de les famílies de les víctimes, en un acte de record i reconeixement que continuarà els dies 8 i 9 de juliol.

En aquesta primera jornada s'han col·locat les nou primeres pedres de la memòria, corresponents a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March i Dionís Alcal Rebassa.

Al llarg de les tres jornades previstes s'instal·laran un total de 27 pedres de la memòria, distribuïdes entre diferents carrers i espais de Pollença i del Port de Pollença, en ubicacions consensuades amb les famílies perquè cada víctima sigui recordada davant un lloc vinculat a la seva vida.

Les pedres que es col·locaran aquests dies recordaran també Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Miquel Marquet Perelló, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartolomé Espasa Albi, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops i Francesc Vives Torrandell.

Aquest projecte permetrà recordar un total de 34 víctimes de Pollença. Les set pedres restants -corresponents a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa i Guillem Company Crespí- s'instal·laran en una segona fase, ja que en l'actualitat es troben pendents del procés de gravat.

Les pedres de la memòria formen part d'un projecte europeu que ret homenatge a les víctimes de la persecució i la repressió mitjançant la instal·lació d'aquestes peces davant els llocs més significatius de la seva trajectòria vital. Durant la present legislatura, l'Executiu balear ha instal·lat 41 pedres de la memòria.

El Govern y el Ayuntamiento de Pollença han iniciado este martes la colocación de 27 piedras de la memoria dedicadas a los vecinos del municipio asesinados o desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, ha participado en esta primera jornada junto a las familias de las víctimas, en un acto de recuerdo y reconocimiento que continuará los días 8 y 9 de julio.

En esta primera jornada se han colocado las nueve primeras piedras de la memoria, correspondientes a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March y Dionís Alcal Rebassa.

A lo largo de las tres jornadas previstas se instalarán un total de 27 piedras de la memoria, distribuidas entre diferentes calles y espacios de Pollença y del Port de Pollença, en ubicaciones consensuadas con las familias para que cada víctima sea recordada frente a un lugar vinculado a su vida.

Las piedras que se colocarán estos días recordarán también a Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Miquel Marquet Perelló, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartolomé Espasa Albi, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops y Francesc Vives Torrandell.

Este proyecto permitirá recordar a un total de 34 víctimas de Pollença. Las siete piedras restantes -correspondientes a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa y Guillem Company Crespí- se instalarán en una segunda fase, ya que en la actualidad se encuentran pendientes del proceso de grabado.

Las piedras de la memoria forman parte de un proyecto europeo que rinde homenaje a las víctimas de la persecución y la represión mediante la instalación de estas piezas frente a los lugares más significativos de su trayectoria vital. Durante la presente legislatura, el Ejecutivo balear ha instalado 41 piedras de la memoria.

“Se nos ha acabado la paciencia. Si no lo juzgan los tribunales, lo juzgaremos nosotros. Con nuestras herramientas. Haremos la obra de teatro sobre el juicio a Mazón que consideramos justo. Si no ocurre en la realidad, lo haremos desde la ficción, el arte y el teatro”.

Así presenta la compañía de teatro político Atirohecho su nueva obra, junto con la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa y la cooperativa audiovisual Barret Films. No se trata únicamente de una obra de teatro, sino de un acto de “reparación colectiva” tal como señala en conversación con elDiario.es Rafa Segura, dramaturgo y actor en la obra. A partir de testimonios reales, investigación periodística y archivo de memoria viva, la compañía construye un juicio escénico que interpela directamente a las responsabilidades políticas que nunca se han depurado. El juicio a Carlos Mazón que nunca verás, una herramienta de exigencia política que trasciende los escenarios para generar debate, reparación y memoria.

Según los detalles a los que ha tenido acceso elDiario.es, la pieza teatral se desarrolla durante un juicio ficticio al expresident de la Generalitat, entrelazando el presente en el tribunal con flashbacks e incorporación de grabaciones reales de llamadas vinculadas a la catástrofe, que se integran directamente en el montaje. La puesta en escena estará compuesta por seis o siete intérpretes, entre ellos el personaje de Carlos Mazón, que asume el papel principal bajo su propio nombre. Sin rodeos. De esta forma, tal y como se describe en el proyecto, “el montaje traslada al escenario una pregunta que sigue sin cerrarse: ¿puede hablarse de justicia cuando el máximo responsable continúa amparado por sus amigos del Tribunal Superior de Justicia?”.

Desde la compañía reivindican que, tras casi dos años exigiendo justicia, continuamos sin ver al responsable político sentado en el banquillo del tribunal, por lo que consideran la dimisión del expresidente de la Generalitat una respuesta insuficiente: “La rendición de cuentas no acaba con una dimisión”, subraya la compañía en la descripción del proyecto. La obra nace así de la necesidad de poner en escena lo que se ha estado gritando en las calles, al servicio de una demanda colectiva que continúa viva.

La pieza teatral se dirige, en primer lugar, al pueblo valenciano y a los territorios directamente afectados por la dana, especialmente a quienes vivieron la catástrofe y sus consecuencias de forma directa. También interpela a todas aquellas personas que han seguido el desarrollo político y judicial posterior y consideran que todavía quedan cuestiones sin resolver. En un sentido más amplio, el proyecto busca llegar a quienes entienden la cultura como un espacio de reflexión, memoria y debate, capaz de ampliar la conversación pública allí donde las instituciones o los procesos judiciales no alcanzan. “Hay otras formas de justicia comunitaria que reconfortan”, subraya Rafa.

El proyecto se encuentra actualmente en pleno desarrollo y en fase de financiación mediante una campaña de crowdfunding. Se prevé la realización de una lectura del guion ante la asociación de víctimas de la dana una vez finalizado el texto. El estreno está previsto para octubre de 2026, coincidiendo con el segundo aniversario de la dana, en un espacio escénico de l'Horta Sur, una de las principales comarcas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

La iniciativa surge de la unión de tres agentes con un extenso recorrido y arraigo en el territorio valenciano. La compañía de teatro Atirohecho tiene una larga trayectoria marcada por un profundo carácter político, situando en el eje central los conflictos sociales contemporáneos. En este recorrido resalta Ingovernables, estrenada en 2019 en La Rambleta de València. La obra se presenta como una de sus piezas más representativas, al poner el foco en las consecuencias de la crisis inmobiliaria, la turistificación y la expulsión de vecinos de sus barrios, a través de un lenguaje escénico híbrido y de fuerte carga crítica. La Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa lleva más de 40 años de trabajo comunitario y organización vecinal en el barrio de Orba. Barret Films es una cooperativa audiovisual con experiencia en documental e investigación periodística centrada en relatos sociales y memoria. La combinación de sus trayectorias es lo que da forma a un proyecto que aspira a ser a la vez testimonio, denuncia y herramienta comunitaria.

El documental de RTVE ‘Imprevisible Inevitable, un trayecto del metro a la dana’ reconstruye el accidente de metro de Valencia de 2006, el peor de la historia de España y el segundo de Europa, en el que fallecieron 43 personas, y establece paralelismos con la gestión política de la dana de 2024 que dejó 230 víctimas mortales. La obra teje la memoria de las dos peores tragedias del siglo en Valencia y las entrelaza para ofrecer una reflexión abierta a la historia democrática valenciana.

Radiotelevisión Española estrena su proyecto más ambicioso en la Comunitat Valenciana justo el día en el que se cumplen 20 años de la tragedia del metro: el próximo viernes 3 de julio a partir de las 13:55 horas en la desconexión territorial de La 1 en la Comunitat Valenciana y, a nivel nacional, a las 19:30 horas en La 2. Además de estar disponible en RTVE Play a la carta, se emitirá también en el circuito catalán de La 2Cat el domingo 5 de julio a las 19:30 horas.

A partir de 21 testimonios directos de víctimas, técnicos, juristas y periodistas, material de archivo y un análisis crítico del contexto mediático con la ayuda de expertos, la obra revela patrones inquietantemente similares. Negligencias, intentos de ocultación de la verdad, nula asunción de responsabilidades, manipulación mediática… Pero también una ciudadanía y unas familias que se organizan y exigen verdad, justicia y reparación.

Con una duración de 57 minutos, está dirigido por los periodistas de RTVE Sergi Moyano y Enrique Pallás que han contado con un equipo de más de 20 personas. Se ha rodado entre Valencia, Torrent, Paiporta, Catarroja, Madrid y Barcelona y la cinta bebe del material de archivo de Radiotelevisión Española. En un evento que contará con los protagonistas y autores del proyecto y una mesa redonda con las víctimas, los Cines Lys de Valencia acogerán este miércoles 1 de julio a las 19:30 horas el preestreno del documental.

Banda sonora original

Los cantantes valencianos Pau Alabajos y La Maria han puesto banda sonora original al documental con una versión actualizada de la canción ‘Línia 1’ que compuso Pau Alabajos en 2006 para recordar a las víctimas del metro. La nueva letra vincula, además, la dana con el metro. De esta manera, se unen las voces de dos artistas reconocidos de la escena musical valenciana que han apoyado desde la música a las víctimas de las dos tragedias.

Más contenidos de proximidad

El director de RTVE en la Comunitat Valenciana Mauro Belenguer enmarca la apuesta del documental dentro del proceso de ampliación de la oferta comunicativa de RTVE en el territorio valenciano que empezó a principios de junio con la puesta en marcha de los informativos de fin de semana. “Es importante que los medios públicos cuenten las historias que más nos han marcado como sociedad y pongamos en el centro la voz de las víctimas de las dos peores tragedias que hemos vivido los valencianos”, destaca.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha considerado “una vergüenza” el cierre de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la dana, y ha criticado que Carlos Mazón siga ocupando un escaño en Les Corts y siga “riéndose de las víctimas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han sido invitadas por el PSPV y Compromís al pleno de las Corts Valencianes para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox.

“Queremos presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación que desde el primer momento dijimos que era una investigación 'fake'” porque no se ha llamado a declarar a las dos personas investigadas en la causa judicial: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, ha dicho Álvarez en declaraciones a los periodistas.

También ha reprochado que durante la sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebrada esta mañana, tanto él como su Consell se hayan dedicado a “lanzar la pelota a nivel nacional” hablando de José Luis Rodríguez Zapatero y “de las joyas de la abuela”.

Y ha apuntado que desde la asociación a la que representa lanzan también la pelota a nivel nacional, destacando que el presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, es responsable de que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón siga en el escaño y lo haga en las filas del PP.

Álvarez ha denunciado las sonrisas lanzadas por Mazón durante la sesión de control cada vez que los síndics de la oposición hacían referencia a los mensajes que trasladó en el grupo de whastapp del Consell el 29 de octubre de 2024, y que han molestado especialmente al síndic Compromís, Joan Baldoví, quien le ha instado a reírse así ante las víctimas.

“Es lo que está haciendo todos los días, es lo que está haciendo desde el primer día”, ha asegurado Álvarez, quien ha dicho que están “indignadas” y ha instado a Feijóo a que “se deje de las joyas de la abuela y se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta” y que Mazón “esté fuera de la política”.

Según Álvarez, Carlos Mazón mantiene “un aforamiento totalmente fraudulento porque no está haciendo nada”, acude a Les Corts a votar y “se ríe de las familias y de los muertos, de sus muertos”.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre ha lamentado que se haya permitido a Mazón personarse en la causa judicial de la dana, el “único espacio mínimamente seguro” que, a su juicio, tenían las víctimas, y que ahora quedará dinamitado con la entrada del expresident.

Ha indicado que se le deja personase por garantizar su protección, y se ha preguntado “a las familias, quién las protege” y quien protege su “integridad física y mental”, y ha asegurado que las víctimas sus familiares lo están pasando muy mal y cada día les “flaquean más las fuerzas”.

Álvarez también ha advertido, en tono de “humor”, a Carlos Mazón que tenga cuidado con su cada vez más marcado moreno de piel “porque con la prioridad nacional, igual Vox lo expulsa porque ya se está convirtiendo casi en negro”.

Asimismo, ha instado a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, a que “no se victimice” y “no vaya vestida de negro y de duelo” a una comisión de investigación, pues el duelo es de las víctimas. “Basta ya de victimizarse las personas que no son víctimas”, ha pedido.

Un hombre de 46 años ha sido detenido en La Roda (Albacete) en relación a la muerte de su compañero de piso, de 52 años, ambos de nacionalidad rumana, en la vivienda que ambos compartían en esa localidad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el detenido se ha personado a las 7.40 horas de este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, comunicando que la pasada noche había herido con un arma blanca a su compañero de piso y que aquél había fallecido.

Una patrulla desplazada hasta el lugar ha comprobado los hechos relatados, activándose en ese momento el protocolo judicial, procediendo a la detención del autor confeso de la agresión, que permanece en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda hasta que pase a disposición judicial.

Al cadáver del fallecido se le ha realizado la autopsia a finales de la mañana de este viernes, según las mismas fuentes, que han confirmado que el equipo de Policía Judicial de La Roda se ha hecho cargo de las investigaciones.

Una nueva manifestación, encabezada por las principales asociaciones de víctimas de la dana, ha recorrido este sábado el centro de València para exigir que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, entregue su acta de diputado autonómico. Diecinueve meses después de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, los colectivos de damnificados han realizado el mismo trayecto de las primeras movilizaciones para reclamar “verdad, justicia y reparación”, así como para oponerse a que se le aplique el aforamiento al exdirigente.

La protesta se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo en el que se han coreado consignas para exigir responsabilidades políticas y penales y se han desplegado pancartas críticas con la gestión de la emergencia y el uso de las alertas. A la marcha se ha unido también una columna de familias y docentes de la enseñanza pública no universitaria, coincidiendo con la tercera semana de la huelga indefinida que desarrolla el profesorado valenciano.

La movilización se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidiera por unanimidad no investigar a Mazón al no apreciar indicios de delito, al argumentar que no tenía la obligación legal específica de garantizar la seguridad ciudadana. Aunque el tribunal calificó el comportamiento del político de “reprotable” social y políticamente, las asociaciones insisten en que los hechos probados demuestran que sí se disponía de información y medios suficientes para haber alertado a la población a tiempo.

Los portavoces de las víctimas también han mostrado su descontento con la vertiente política del caso, tildando de “paripé” la comisión de investigación celebrada en las Corts. En su lugar, señalaron al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja como la verdadera vía para esclarecer la verdad de lo sucedido y han recordado que la permanencia de Mazón en las instituciones públicas supone una burla directa a los ciudadanos afectados.

Finalmente, desde la Asociación de Damnificados dana-Horta Sud ha hecho hincapié en una reivindicación técnica urgente: la ejecución inmediata de obras de emergencia y no de reconstrucción. Según han explicado sus representantes, los planes de reconstrucción tradicionales podrían demorarse entre 20 y 30 años, un plazo inasumible para la seguridad y la recuperación de los municipios afectados, que necesitan actuaciones de protección prioritarias e inmediatas.

Una mujer venezolana que había sido captada en su país con una falsa promesa de empleo ha sido liberada en Oviedo/Uviéu, donde ejercía la prostitución bajo coacciones, presionada por las amenazas de muerte que sufría su familia en Venezuela y bajo la vigilancia constante de las cámaras instaladas en el domicilio de la capital asturiana para que la red transnacional que la retenía pudiera tener controlados todos sus movimientos.

Los cinco integrantes de esta banda internacional dedicada a captar mujeres en Venezuela y Brasil para ejercer la prostitución en España han sido detenidos en Asturias, Murcia y Ponferrada y, tras pasar a disposición judicial, posteriormente han ingresado en prisión.

La colaboración ciudadana, clave

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado este viernes el éxito de la denominada 'Operación Cherry' que se ha saldado con la liberación de la mujer, víctima de trata con fines de explotación sexual, y el arresto de los cinco miembros de la organización.

La investigación se inició el pasado 10 de abril en Oviedo/Uviéu gracias a la colaboración de una ciudadana que alertó sobre el posible cautiverio de una joven venezolana.

Una supuesta deuda

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias localizaron el domicilio donde la víctima permanecía retenida para costear una deuda impuesta de 10.000 euros.

La operación policial se desarrolló en varias fases. Inicialmente, se detuvo a una mujer de origen brasileño a la que se atribuye las labores del control directo de la víctima en la vivienda ubicada en la capital asturiana.

Los presuntos cabecillas

Al comprobar la dimensión transnacional de la red, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Interpol, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela y las Consejerías de Interior de Venezuela y la Agregaduría de Interior en Chile.

A través de este intercambio de información, los investigadores lograron identificar a los cabecillas: dos venezolanos que gestionaban la captación en origen y la logística del viaje.

La familia de la víctima, amenazada

Entre tanto, agentes del CICPC protegían a la familia de la víctima en Venezuela, a la que los ahora detenidos tenían amenazada de muerte.

Al mismo tiempo se organizó un operativo conjunto en el que participaron miembros de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, para arrestar en esta provincia a otras dos mujeres, también de origen venezolano, que eran las encargadas del traslado, alojamiento y control de la víctima en territorio español. Tras ser detenidas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Una banda “muy peligrosa”

Posteriormente, la Policía logró identificar y localizar en Ponferrada a los dos cabecillas de la trama. Se trata de dos hombres de origen venezolano considerados en medios policiales “de gran peligrosidad debido a sus antecedentes y su destreza en el manejo de armas de fuego”.

El pasado 8 de mayo, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras y de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Ponferrada procedieron a su detención en las inmediaciones de un domicilio de la localidad. Los detenidos pasaron también a disposición judicial y posteriormente se dictó contra ellos una orden de ingreso en prisión provisional y sin fianza.

La colaboración internacional

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha resaltado la importancia de la colaboración mantenida con el CICPC de Venezuela, la Interpol y las Consejerías de Interior en Venezuela y Agregaduría de Chile para proteger a la familia de la víctima.

Este importante operativo policial ha permitido además localizar y detener a uno de los miembros de la banda que tenía una orden de busca y captura por parte de las autoridades chilenas.

Orden de captura de Interpol

Sobre este miembro de la red pesaba una orden de captura de Interpol por hechos similares cometidos en 2021.

La Policía Nacional ha asegurado que este detenido presuntamente explotaba a menores venezolanas siguiendo el mismo modus operandi detectado ahora en España.

Los cinco centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencias sexuales han atendido 912 casos desde el pasado mes de mayo. De este total, 761 eran mujeres y menores víctimas directas y 151 familiares. 

Casi en el 37% de las ocasiones el agresor era un hombre cercano a la víctima. En el 22% de los casos el agresor fue su pareja, y en el otro 21% fue algún familiar de la víctima. hay que destacar que en el 15% de la ocasiones la víctima tenía alguna discapacidad.

Por edades, el 30% de las agredidas eran mujeres de 21 a 30 años; el 19%, de 41 a 50 años; el 17%, entre 31 y 40 años; el 10%, de 18 a 20 años; el 8%, de 16 a 17 años, y el 6%, eran menores de 15 años.

Además, la nota señala que en el 7% de las ocasiones fue una violencia grupal y en el 12% de las ocasiones hubo sospecha de sumisión química. Atendiendo al lugar, el 35% se produjeron en el ámbito íntimo familiar (padres, hermanos, tíos, abuelos…), el 18% en ámbito de la pareja, el 12% en el ocio nocturno y el 8% en el ámbito público; de acuerdo al tiempo el 60% fueron violencias registradas en el último año.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha recalcado que se trata de “datos hirientes, sobre todo cuando comprobamos que, en la mayoría de las violaciones, los agresores estaban en el entorno de la víctima, o eran allegados o familiares o la propia pareja”.

“Son datos que nos permiten visibilizar el gran volumen de mujeres afectadas por violencias machistas que hasta ahora quedaban ocultas y que como nos dicen las profesionales, son la punta del iceberg de un grave problema pues lamentablemente, muchas agresiones sexuales siguen ocultándose por temor, o por vergüenza”, ha indicado la consejera.

Por ello, ha recalcado la importancia de que “el entorno, que toda la sociedad, estemos alerta para denunciar llamando al 112 ante cualquier indicio de violencia”.

Los centos de atención un año después

Se cumple un año de la apertura del primer centro de crisis 24 horas para la atención a las violencias sexuales, el 6 pasado mes de mayo en Tenerife. Fueron impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Se encuentran ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla.

Un año después, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha destacado “la relevancia del trabajo que está realizando el equipo multiprofesional de cada uno de los cinco centros para ofrecer una intervención inmediata y segura a las mujeres y menores que han sido agredidas o a sus propios familiares”.

Acciones de sensibilización y formación

Los equipos profesionales de los centros han realizado más de un millar de acciones formativas y sensibilización en diferentes espacios como centros de salud, hospitales, Policía Nacional, Guardia Civil, recursos especializados y universidades entre otros, que han permitido a las plantillas de estos espacios conocer cómo funciona el recurso y cómo realizar la primera atención y derivar a la víctima para que reciba la atención más adecuada.

Además de prestar atención profesional a víctimas de violencias sexuales, los centros de crisis pueden acreditar esta situación, a efectos administrativos, a las mujeres y menores que hayan sido víctimas.

La actividad de los centros, financiada a través de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, como el 112 y el 016, con el objetivo de actuar de la manera más eficaz y rápida cuando la mujer acaba de ser agredida. El equipo profesional ofrece asesoramiento también al entorno, si se precisa, para que tenga herramientas con las que apoyar y acompañar a la víctima en su proceso de recuperación.

Las víctimas de la dana han mostrado su “indignación” tras confirmarse que finalmente tanto el PP como Vox han tumbado la prórroga propuesta por el PSPV y por Compromís y han anunciado la liquidación de la comisión de investigación de las Corts, con un 67% de los comparecientes sin declarar, entre ellos algunos clave como la exconsellera Salomé Pradas.

En concreto, l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia han recordado que desde el primer momento han considerado que “la verdadera comisión de investigación es el juzgado número 3 de Catarroja, porque es el único espacio donde se está trabajando con rigor jurídico, contraste de pruebas y acceso a documentación objetiva”.

En un comunicado conjunto, las tres entidades han expresado que “las comisiones parlamentarias tienen que servir para ampliar información, confrontar relatos políticos y, sobre todo, extraer aprendizajes institucionales para evitar que una tragedia así vuelvo a repetirse”. Sin embargo, han denunciado que la comisión de las Corts ha acabado confirmando que no ha sido más que “una pantomima parlamentaria orientada más a construir un relato político de defensa del Consell que a aclarar responsabilidades o escuchar honestamente las víctimas y la ciudadanía” y han añadido: “No podemos olvidar que las víctimas tardamos meses en ser convocadas. Y cuando finalmente se nos permitió intervenir, se hizo en unas condiciones indignas, compartiendo espacio con entidades y discursos que incluso negaban la representatividad de las asociaciones de víctimas o intentaban diluir las responsabilidades políticas. Algunas de las entidades personadas en la causa judicial que participaron en aquella operación mediática han acabado abandonando el procedimiento una vez finalizados sus objetivos políticos”

Ahora, han lamentado que “el PP y Vox deciden cerrar la comisión sin escuchar los principales responsables políticos y técnicos de la emergencia” puesto que “es imposible interpretarlo como otra cosa que no sea una operación de blindaje político”. Además, han puesto de relieve que “resulta especialmente grave que la comisión finalizo sin la comparecencia de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, actualmente investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia”.

Así, han destacado que “las Corts Valencianes, con el PP y Vox al frente, han demostrado que nunca han tenido una verdadera voluntad de aclarar qué falló el 29 de octubre ni de aprender de la negligente gestión de la emergencia”, sino que “el único objetivo ha sido sostener un relato político que ha sido desmentido reiteradamente por los datos, por los testigos, por los informes técnicos y por la propia instrucción judicial”.

En este sentido han afirmado que “resulta especialmente simbólico que esta decisión llegó el mismo día en que las asociaciones estábamos convocadas a la Mesa Permanente de Trabajo convocada por el Consell” puesto que “mientras públicamente afirman que tienden la mano a las víctimas, en la práctica cierran sin vergüenza una comisión parlamentaria esencial para la verdad y la rendición de cuentas”.

Desde su punto vista, “el Gobierno de Pérez Llorca continúa demostrando que no quiere aprender, ni asumir responsabilidades, ni revisar aquello que se hizo mal” y han insistido: “Continúa tapando políticamente la negligencia del 29 de octubre de 2024 y manteniendo Carlos Mazón aforado y protegido, sin la valentía política mínima para exigirle el acta de diputado. El pueblo valenciano merece instituciones serias, transparentes y capaces de asumir responsabilidades. Lo que estamos viendo es exactamente el contrario, un Consell atrapado por sus propias contradicciones, subordinado en Vox y alejado de las necesidades reales de la ciudadanía. Intuimos, lamentablemente, que las conclusiones de esta comisión estarán mucho más cerca del relato partidista que de la realidad que vivieron las víctimas y el conjunto del pueblo valenciano. Las asociaciones continuaremos trabajando desde la memoria, la dignidad y la defensa de la verdad”.

Más de dos años y medio después del comienzo del genocidio israelí en Gaza, los habitantes de la Franja tratan de rehacer su vida en una situación que dista mucho de ser normal. Los ataques israelíes continúan, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre, y desde entonces, más de 800 personas han sido asesinadas y más de 2.300, heridas. En total, Israel ha matado a más de 72.500 personas.

Cuatro gazatíes relatan a elDiario.es cómo su vida ha cambiado por completo desde aquel 7 de octubre de 2023, cuando los ataques de Hamás en el sur de Israel desataron una brutal ofensiva de represalia contra los palestinos de la Franja. Sus experiencias, sus esperanzas y su sufrimiento son diferentes, pero tienen un denominador común: todos han perdido a alguien durante la guerra.

Nour Al Nimla

Nour Al Nimla, modista de 29 años, se disponía a abrir su nuevo taller la mañana del 7 de octubre, después de años de mucho trabajo y esfuerzo. “No dormí esa noche de la emoción. Estaba deseando inaugurar mi proyecto, pero al amanecer empezamos a oír sonidos fuertes y no entendíamos qué pasaba”. En pocas horas, la emoción de Nour se convirtió en miedo. La noticia del estallido de la guerra se extendió rápidamente y el sonido de los bombardeos se intensificó por toda Ciudad de Gaza.

La joven vivía en el barrio de Al Rimal con su marido, Adnan Hasniya, y sus hijos. Ambos tenían un pequeño negocio de sastrería para mujeres y Nour soñaba con convertirlo en una fábrica textil. Describe su vida antes de la guerra como “normal, la de cualquier otra familia”. Recuerda que casi todo estaba a su alcance en la principal ciudad de la Franja y se sentía segura en cualquier momento del día: “Podías caminar por la calle sin miedo, las calles estaban iluminadas y había gente, como si la noche fuera igual que el día”.

La mañana del 7 de octubre, toda la familia de Nour y su esposo se reunió después de que empezaran a circular las noticias sobre que Israel había iniciado una guerra a gran escala. Cuenta que en ese momento sus sentimientos eran contradictorios, entre el miedo por su familia y la conmoción porque sus planes se hubieran detenido repentinamente. “No dejaba de pensar si debía abrir mi proyecto o no, pero la gente me decía que no saliera, que la situación no era segura”.

Al principio, la familia pensó que la violencia duraría solo unos días, como había sucedido en anteriores ofensivas israelíes contra Gaza. Pero los días se convirtieron en semanas y, con el paso del tiempo, la situación humanitaria se deterioró rápidamente.

Tras unos dos meses de guerra, el hambre se hizo patente. Nour cuenta que varios miembros de su familia enfermaron, entre ellos su hijo pequeño y su madre, que ya padecía problemas de salud. La familia no tuvo más remedio que huir hacia el sur de la Franja, a la localidad de Rafah, en busca de un lugar más seguro. “Estaba agotada. Perdí mucho peso, hasta llegar a pesar 40 kilos”, relata.

La lluvia entraba en la tienda, que se inundaba, y no teníamos suficientes mantas. Tenía una manta vieja y la corté para hacer ropita para mi niño

Nour Al Nimla — modista y madre de 29 años

Cuando la familia se instaló en Rafah, Nour descubrió algo inesperado. Después de unas pruebas médicas por la desnutrición y el agotamiento que padecía, los médicos le dijeron que estaba embarazada de cinco meses. “Me advirtieron de que había altas probabilidades de que perdiera al bebé en cualquier momento porque mi cuerpo estaba muy débil”, dice, pero la mujer pudo llegar hasta el final del embarazo.

Desde Rafah, la familia tuvo que desplazarse de nuevo a un campamento en el sur de Gaza. En medio de las carpas y el frío del invierno, Nour dio a luz. La madre no podía acceder a lo más básico para su bebé: no había leche de fórmula ni pañales ni ropa de abrigo. “La lluvia entraba en la tienda, que se inundaba, y no teníamos suficientes mantas”, rememora. En esos momentos, la joven pensaba en cómo proteger a sus hijos y en cómo conseguir lo que les faltaba.

Cuenta que en el campamento no había ropa de abrigo para los más pequeños y empezó a pensar en una solución para que su bebé no pasara frío: “Tenía una manta vieja y la corté para hacer ropita para mi niño”. Esa idea improvisada que nació de la necesidad se convirtió en una pequeña iniciativa y Nour empezó a hacer ropa para los niños del campamento con las mantas que conseguía, empleando su máquina de coser. Afirma que con su trabajo ayudó a muchas familias que no tenían casi nada.

Durante la guerra, Nour también perdió a su madre. La mujer sufría una enfermedad crónica, pero su salud empezó a empeorar debido a la falta de medicinas en Gaza y a la desnutrición que afectaba a toda la población en mayor o menor medida (en agosto de 2025, fue declarada la hambruna).

La joven tuvo que cuidar de su madre y de sus tres hijos al mismo tiempo, en medio de las difíciles circunstancias. “Solía ver a mi madre sufriendo y no podía hacer nada, incluso los medicamentos más básicos no estaban disponibles”, lamenta. El 20 de abril de 2025, la madre de Nour murió a los 69 años y para ella fue uno de los momentos más duros. “Intenté ser fuerte por mis hijos, pero perder a mi madre me impactó mucho”.

Nour vive ahora en un alojamiento informal en el centro de la Franja con su marido Adnan, su hijo Mohammad (de 3 años y medio), Noah (de 2 años) y Adam, que nació a principios de este año. Su casa fue completamente destruida por los bombardeos de Israel.

El proyecto de sastrería en el que trabajaban los dos cónyuges antes de la guerra está paralizado debido a la falta de materiales, porque Israel mantiene los pasos fronterizos de Gaza cerrados y limita la entrada tanto de la ayuda humanitaria como de cualquier bien comercial.

Nour intenta seguir trabajando con los recursos disponibles, aunque sea a pequeña escala: “Nos hemos acostumbrado a empezar de cero cada vez. Podemos perderlo todo, pero siempre intentamos reconstruir nuestras vidas desde el principio”.

Le duelen las pérdidas humanas y materiales que ha sufrido, pero afirma que le duele más la imagen que se tiene de Gaza desde fuera: “No somos personas que sólo buscan comida y agua. Somos personas a las que les gusta trabajar, que pensamos, creamos, desarrollamos, fabricamos e inventamos. Tenemos mucho potencial y la capacidad de construir y de lograr nuestros objetivos si nos dan la oportunidad”.

Ahmed Harzallah

Ahmed Harzallah, de 41 años, tenía una vida sencilla pero estable en el campo de refugiados de Al Shati, en Ciudad de Gaza. Antes del 7 de octubre de 2023, trabajaba con sus hermanos en la construcción y trataba de ofrecer una vida digna a sus cinco hijos y su esposa. “La vida era relativamente fácil. Las cosas básicas estaban disponibles y los precios eran razonables, podíamos cubrir nuestras necesidades”, dice.

Tiene cuatro hijas, de entre 3 y 14 años, y su único hijo, Oday, tenía 13 años. Ahmed asegura que era ambicioso y trabajador y sacaba siempre muy buenas notas: “Solía decirme que quería ser médico de mayor para que me sintiera orgulloso de él”.

El 7 de octubre, Ahmed no sabía qué estaba ocurriendo. Llamó a su hermano para enteder qué pasaba y, después de unas horas, empezó a darse cuenta de que la guerra había estallado. “Empezamos a preguntarnos: ¿Qué nos ocurrirá? ¿Adónde vamos a ir? ¿Qué nos espera?”.

Escuchaba a la gente gritando: ¿Quién está vivo? Podía escuchar lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía ver nada

Ahmed Arzallah — hombre de 41 años que perdió un ojo en un bombardeo

Los ataques no paraban: “Cada día nos levantábamos con nuevas informaciones de bombardeos y destrucción”. Ahmed y su familia tuvieron que dejar su casa, una decisión “muy difícil”, admite. Pero el peor momento llegó varios meses después. El 21 de agosto de 2024, por la noche, Oday no había regresado aún. Ahmed fue a buscar a su hijo que estaba jugando con otros niños y, cuando estaban caminando de vuelta a casa —una distancia de tan sólo 200 metros—, una fuerte explosión sacudió la calle.

“Escuchaba a la gente gritando: ¿Quién está vivo? Podía escuchar lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía ver nada”, recuerda. La metralla le causó a Ahmed heridas en diferentes partes de su cuerpo y sus órganos, perdió tres dedos de su pie izquierdo y uno de su mano izquierda.

Primero, recibió tratamiento en el Hospital Al Shifa, el más grande Gaza y que fue cercado y asaltado en varias ocasiones por el Ejército israelí. Después, en el Hospital Al Quds, fue sometido a varias cirugías y estuvo inconsciente durante tres meses. Cuando empezó a recobrar la conciencia, cada vez que se despertaba, Ahmed preguntaba por su hijo. “No dejaba de preguntar a mi familia si mi hijo se encontraba bien. Ellos me contestaban: 'Gracias a dios, estás bien'”.

Después de un tiempo, Ahmed supo que Oday había muerto en la explosión que le causó las heridas y, en última instancia, la pérdida del ojo izquierdo. Ahora, sólo puede ver por su otro ojo y trata de adaptarse a sus nuevas circunstancias. No puede trabajar y depende de sus familiares para muchas tareas en su vida cotidiana.

Ahmed dice que lo que más le duele es pensar en su hijo: “A veces, cuando veo a mis hijas, me acuerdo de él y me gustaría que estuviera con nosotros”. A pesar de todo, afirma que sigue teniendo esperanza en que volverá a tener una vida digna para él y su familia: “Sólo deseo recibir tratamiento y poder valerme por mí mismo de nuevo”.

Abu Jaled Al Ghoul

Abu Jaled Al Ghoul es un enfermero de 39 años. Su familia está compuesta por su esposa y tres hijos —los gemelos Jaled y Mahmoud, de 4 años, y el menor, Mohsen, que nació durante la guerra y sufre problemas de salud y de crecimiento debido a la desnutrición—.

Actualmente, viven en la casa de un familiar, que se encuentra medio destruida por los bombardeos. Antes de la guerra, la vida de Abu Jaled era tranquila, trabajaba como enfermero y le apasionaba su profesión. Había estado años formándose, trabajando sin cobrar, hasta que obtuvo una plaza en el Hospital Al Ahli de Ciudad de Gaza, uno de los de más renombre de la Franja. Le gustaba trabajar en urgencias, porque creía que era donde un enfermero podía aprender más y adquirir mayor experiencia.

Su sueño era continuar sus estudios de posgrado en enfermería, hacer un máster y, finalmente, un doctorado; incluso, establecer su propio centro médico. Poco antes de la guerra, había cumplido otro de sus sueños: él y sus hermanos lograron construir una casa familiar de cinco pisos en el barrio de Shuyaiya, en el este de Ciudad de Gaza. “Nos privamos de muchas cosas para tener un hogar”, afirma, agregando que vendieron pertenencias y pidieron dinero prestado.

Pero la alegría duró poco. Apenas seis meses después de mudarse, comenzó la guerra y la casa quedó completamente destruida por los bombardeos. Abu Jaled huyó con su esposa e hijos de Shuyaiya y se refugió en el Hospital Al Ahli, su lugar de trabajo, donde algunas familias del personal fueron alojadas en un antiguo almacén.

Vivir en el hospital hizo que estuviera en contacto con la cruda realidad de la guerra en todo momento. Algunos días, en Urgencias recibían a entre 50 y 100 pacientes a la vez, cuenta Abu Jaled. “Cuando llegaban tantos heridos, no podíamos tratar a todo el mundo. Lo primero, intentábamos detener el sangrado”. Explica que daban prioridad a aquellos con más posibilidades de sobrevivir. “A veces, nos veíamos obligados a dejar a un paciente en condiciones extremadamente graves porque era posible salvar a alguien menos grave”, lamenta.

Abu Jaled y los demás sanitarios trabajaban muchas horas sin apenas comida o agua, a veces comiendo un solo dátil en todo el día, recuerda. Uno de esos días, en medio de los heridos, vio a un hombre que no dejaba de sangrar mientras su hijo le miraba sin saber qué hacer. El enfermero le dijo al chico que apretara la herida de su padre con la mano. Dos semanas más tarde, el hombre regresó al hospital para darle las gracias por salvarle la vida.

A veces, nos veíamos obligados a dejar a un paciente en condiciones extremadamente graves porque era posible salvar a alguien menos grave

Abu Jaled Al Ghoul — enfermero de 39 años

Las fuerzas israelíes asaltaron el Hospital Al Ahli y arrestaron a Abu Jaled y a otros trabajadores sanitarios poco después del comienzo de su brutal ofensiva, en la que los centros sanitarios fueron blancos de ataques sistemáticos. Estuvo detenido unos dos meses, en los que fue sometido a interrogatorios y presión constante, hasta que fue dejado en libertad en virtud de un acuerdo de intercambio de presos entre Israel y el grupo palestino Hamás en noviembre de 2023.

Durante ese tiempo, no supo nada de su familia, hasta que por casualidad se encontró con su hermano y, a través de él, pudo localizar a su mujer y sus hijos, que estaban desplazados en Al Mawasi (sur), adonde el Ejército israelí ordenó evacuar a un gran número de personas. La familia permaneció en Al Mawasi durante mucho tiempo, viviendo en una carpa y tratando de sobrevivir, ya que en los campamentos no había agua potable y la comida escaseaba.

Después del alto el fuego de 2025, todos han regresado a Ciudad de Gaza y Abu Jaled ha vuelto a su trabajo en el hospital. Lo que más le preocupa es su hijo pequeño, cuya salud se ha visto afectada por la desnutrición y necesitaría ser evacuado para recibir tratamiento médico fuera de la Franja. “Lo único que quiero es ver que mi hijo está bien y poder ofrecer una vida digna a todos mis hijos”, concluye.

Maryam Abdullah

Maryam Abdullah, madre de 11 hijos y de 44 años, vivía con toda la familia en el campo de refugiados de Al Shati antes del 7 de octubre de 2023. No tenían una fuente de ingresos estable, pero el marido de Maryam, Mohammed Abu Warda, hacía algunos trabajos informales y la familia recibía ayuda. “Teníamos una vida sencilla, pero estábamos bien y felices todos juntos”, asegura.

Una semana después del comienzo de la guerra, Maryam dejó al resto de la familia para acompañar a su hija que estaba a punto de dar a luz. Cuando regresó, le dijeron que su hijo Ahmed, de 18 años, había sido asesinado. “El mismo día que mi nieto nació, enterramos a mi hijo”, recuerda Maryam.

A medida que los ataques israelíes se intensificaban, Maryam se desplazó de un lugar a otro de Ciudad de Gaza, en busca de seguridad. No podía marcharse y dejar solos a sus progenitores, así que su marido se llevó a algunos de los hijos al sur de la Franja, donde el Ejército israelí ordenó a toda la población del norte reubicarse. Maryam perdió el contacto con sus hijos debido a los cortes de electricidad y de Internet.

Al principio, no me di cuenta de lo que había ocurrido... Pero después de unos minutos, no podía caminar

Maryam Abdullah — Madre de 11 hijos, dos de los cuales murieron en ataques israelíes

Durante dos meses enteros, no supo si sus hijos seguían vivos. “Solía preguntar en los hospitales y buscar cualquier información sobre ellos. Sólo podía rezar porque estuvieran bien”, cuenta. Después de un tiempo, alguien le comunicó que sus hijos se encontraban seguros en el sur y, por primera vez en semanas, sintió algo de alivio.

En octubre de 2024, la familia fue golpeada de nuevo por la tragedia. Habían podido volver a Ciudad de Gaza y, una noche, escucharon una fuerte explosión cerca de ellos. “Al principio, no me di cuenta de lo que había ocurrido... Pero después de unos minutos, no podía caminar”, relata la mujer. El edificio en el que se encontraban había sido atacado.

Su hijo Mahmoud, que entonces tenía 13 años, intentó ayudarla y cogerla para salir del edificio, pero él mismo estaba herido. “Estaba sangrando mucho, se cayó en mi regazo y se murió”, dice la madre, que perdió a su hijo y también una mano que le amputaron posteriormente.

Maryam estuvo ingresada en el Hospital Indonesio, en el norte de Gaza, durante tres meses, en los que estaba inconsciente y fue sometida a varias operaciones. El norte de la Franja estaba asediado y su familia no sabía si ella seguía con vida o no. Cuando recobró la conciencia y mejoró fue trasladada a otro hospital y, por fin, pudo reencontrarse con sus hijos, que pensaban que había fallecido. “Cuando me vieron en el hospital, no podían creerse que seguía con vida”, recuerda.

Actualmente, Maryam vive con su familia en un campamento de desplazados y dependen de la ayuda humanitaria y de las cocinas comunitarias que ofrecen platos de comida caliente a los que no puede comprar o cocinar alimentos. El principal reto para ella es adaptarse a su nueva situación, en la que depende de los demás para cualquier cosa: “Solía cuidar de todos mis hijos, ahora soy yo la que necesita que la cuiden”, lamenta.

A pesar de las difíciles circunstancias, dice que intenta ser fuerte por sus hijos. “Cada día rezo para que mis hijos sigan con vida”, afirma la mujer, que también quiere mandar un mensaje fuera de Gaza: “No nos gusta la guerra, sólo queremos vivir en paz”.

En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.