En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El Gobierno de Navarra ha celebrado este miércoles el tercer acto de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en el que ha homenajeado a 81 víctimas que fueron reconocidas por el Ejecutivo foral en 2025 (65) y en el primer trimestre de 2026 (otras 16) en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en su intervención los avances dados en Navarra en la construcción de una “verdad compartida para construir una democracia sólida y una convivencia duradera”, basada en la deslegitimación de toda violencia y en la defensa de la libertad y los derechos humanos.

Una de las víctimas reconocidas ha sido Txaro Etxetxipia, quien ha intervenido en el acto para contar su historia. Según ha relatado, cuando tenía 16 años, en 1976 fue detenida tras participar en la asamblea de un partido político y trasladada a la comisaría del Gobierno Civil de Pamplona, donde estuvo “encerrada” 72 horas y donde la Policía la “fichó” tomándole las huellas. Varios años después, en 1983, la detuvieron de nuevo al salir de su casa para ir a trabajar como profesora en una ikastola.

“Me hacían hacer flexiones, me tiraban de un policía a otro, me pegaban en la cabeza en la espalda con la guía de teléfonos, me amenazaban con llevarme al monte, con acabar conmigo, con acabar con él. Me devolvían a la celda, no me dejaban sentarme”, ha relatado sobre las torturas que sufrió en comisaría.

Ahora, muchos años después, reconoce que todavía le quedan secuelas de los malos tratos sufridos. “En el pueblo se me quitó un poco el miedo. Siempre me ha gustado llevar un coche grande, porque así parece que paso más desapercibida para la policía; con coche grande parezco más señora. En el coche siempre escucho una emisora en euskera, pero cuando veo a la policía cambio a una en castellano. Pequeños detalles”.

En el acto de homenaje también ha intervenido el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, que ha puesto en valor el trabajo la Comisión de reconocimiento y ha destacado que “todas las víctimas merecen ser reconocidas” porque “nadie tiene legitimidad para vulnerar los derechos de nadie”. Hasta el momento el Gobierno, en base a los informes de ese organismo, ha notificado un total de 122 reconocimientos, mientras que cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación, al tratarse de un proceso abierto. 

En el acto han participado, además de las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes de personas que han padecido la violencia de motivación política. También han estado presentes representantes de distintas instituciones de Navarra (miembros del Ejecutivo, del Parlamento Foral, el Defensor del Pueblo, entidades locales, universidades, sindicatos…), así como asociaciones vinculadas al ámbito de los derechos humanos. El acto ha contado con el acompañamiento artístico del grupo Kukai Dantza.

La cubana Karilenia C.G. se convirtió en la primera víctima de violencia machista en 2025 en España y en la 1.294 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003. La mujer, de 39 años, fue apuñalada por su pareja Francisco, de 72 años, y aunque ya malherida logró salir de su domicilio, en Sama de Langreo, para pedir auxilio, el presunto agresor impidió que dos jóvenes que se acercaron a ella pudieran auxiliarla.

La Fiscalía de Asturias está convencida de que la víctima no tuvo opción alguna de defensa y así lo ha trasladado este jueves en la comparecencia que ha tenido lugar, esta mañana, en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Langreo, plaza número 2, en la que comunicó al investigado que será acusado de un delito de asesinato.

Un tribunal del jurado será el encargado de enjuiciar la causa. En el procedimiento están personadas tanto la acusación particular como una acusación popular.

El relato de la Fiscalía

Ambas acusaciones se han adherido a la versión del Ministerio Fiscal, que más adelante formulará el correspondiente escrito de acusación con la concreción de las penas solicitadas, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía.

Así, según su relato, durante la noche del 31 de enero de 2025, agresor y víctima se encontraban en el domicilio de Sama de Langreo donde ambos residían junto a los hijos menores de ella cuando, sobre las 22:34 horas, comenzaron una discusión.

Los celos del acusado

“El investigado, dado su carácter celoso, se volvió muy agresivo, gritando: 'yo voy preso, pero lo mato', en referencia a la pareja anterior de la mujer”, explica el Ministerio Fiscal.

Seguidamente, Karilenia llamó a su antigua pareja diciéndole que “fuera rápido, que estaba en las escaleras del portal y no sabía qué le pasaba al investigado, que estaba como loco y tenía un cuchillo”.

La persecución

En ese momento, el investigado comenzó a perseguir con el cuchillo a Karilenia, que había salido corriendo del portal, intentando huir y pedir auxilio.

“El hombre logró alcanzarla, arrastrarla y asestarle varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, hasta que la soltó y se refugió en la vivienda”.

Sin opción de defensa

Karilenia falleció poco después, sin que hubiera tenido “ninguna posibilidad de defensa”, subraya la Fiscalía.

El acusado fue detenido y se negó a declarar. Posteriormente fue ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias, donde permanece como preventivo desde el 3 de febrero de 2025 a la espera de juicio.

Condena del asesinato

La condena por el crimen de Karilenia fue unánime. Entre otras reacciones, se realizó una declaración institucional de la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias, del Gobierno de Asturias y del Ayuntamiento de Langreo ante este asesinato machista.

Las tres administraciones convocaron a la ciudadanía a secundar una concentración de repulsa al crimen y en apoyo a los familiares de la víctima. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales, como se reproduce a continuación.

El teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género está disponible todos los días del año las 24 horas del día.

La familia de Zahra

Cuando Marzieh oyó la primera explosión, un estruendo atronador que sacudió la habitación, su primer pensamiento fue para su hijo menor, Mohammad. Debe de haber salido al balcón y haber descubierto un nuevo juego, pensó: usar todas sus pequeñas fuerzas para cerrar de un golpe las puertas correderas. Marzieh se levantó de donde estaba trabajando en su máquina de coser y le gritó que parara.

“Mamá, no he sido yo”, le respondió él.

Entonces se oyó el segundo estruendo, cuya fuerza hizo temblar toda la casa. ¿Serían los vecinos?, se preguntó; ¿obras, reformas? Pero supo que no podía ser: todos sus vecinos de al lado se habían ido a trabajar esa mañana, y solo ella y Mohammad estaban en casa.

Apenas unos minutos antes, a las 11.17 de la mañana, Marzieh había recibido una llamada inesperada de la señora Mohammadian, la profesora de su hija Zahra, de ocho años. La escuela primaria, a unas pocas manzanas de distancia, cerraba antes de lo habitual, le dijo; ¿podría la familia ir a recoger a Zahra? Pero la señora Mohammadian no había dicho por qué, y había concluido rápidamente el mensaje para llamar al siguiente padre de su lista. Marzieh llamó a su marido al trabajo, quien envió a su hermano a recoger a las niñas; Zahra y su prima estaban en la misma clase.

Al abrir la puerta, le golpeó el olor acre del humo. La gente corría de un lado a otro por la calle. Detuvo a alguien para preguntarle qué estaba pasando. “Ha empezado la guerra”, le dijeron.

La familia de Sobhan y Hanieh

Aquella mañana había amanecido clara, apacible, casi sin una nube, y Mohammadreza Ahmadi había decidido llevar a los niños al colegio. Su trabajo a veces le alejaba de Minab durante semanas, así que, cuando estaba en casa, le gustaba aprovechar al máximo el tiempo con los niños: Sobhan, de 10 años, Hanieh, de siete, y su hermana menor, Hannan, que aún era un bebé.

Sobhan estaba especialmente unido a su padre. Era un niño cariñoso y expresivo, de ojos grandes y brillantes y una espesa mata de pelo ondulado; seguía a su padre de habitación en habitación y le encantaba subirse a los hombros de Ahmadi, sin dejarse intimidar por los regaños de que podría hacerle daño en la espalda. Ambos padres adoraban a Sobhan, que llegó tras una serie de abortos espontáneos y un embarazo difícil para Marzieh Ashena.

Poco después de su nacimiento, les dijeron que su crecimiento se había retrasado. Sobhan se convertía en un niño feliz pero que no hablaba, y sus padres se dedicaron a ayudarle a desarrollarse. 

Todos los días laborables, Ashena —que entonces estaba embarazada de Hanieh— llevaba a su hijo a un centro de logopedia en Bandar Abbas, a tres horas de ida y vuelta desde Minab. A los cuatro años, aprendió a hablar. Por eso, fue todo un logro que pudiera asistir a la escuela primaria local junto a su hermana. Hanieh era muy juguetona, la payasa de la familia: le gustaba imitar acentos y hacer reír a sus padres. Se había aficionado a imitar a su madre mientras hacía las tareas domésticas: su nuevo juego favorito consistía en vaciar todo su armario sobre la cama y luego, de forma imperfecta pero con gran concentración, volver a doblar cada prenda.

Cuando Ahmadi los dejó esa mañana, Sobhan salió dando un salto del coche y abrazó a Hanieh con fuerza, lo que hizo reír a su padre. “Tengo suerte de tener un hijo que se preocupa tanto por su hermana”, pensó. Esperó en la acera, observando hasta que los niños desaparecieron por la puerta de la escuela antes de marcharse.

Unas horas más tarde, recibió una llamada del profesor de Sobhan para decirle que tenía que ir a recoger a los niños. Ahmadi volvió al coche y se dirigió al colegio.

La familia de Arya

Al otro lado de la ciudad, Marzieh Mansouri también había recibido la llamada. Su teléfono se iluminó a las 11.05, con el número de la señora Zamani, una profesora del colegio de su hijo Arya. Cuando vio el contacto en la pantalla, Mansouri, ama de casa y “persona propensa a la ansiedad”, empezó a preocuparse de inmediato. 

Arya, de nueve años, era un niño cuidadoso y estudioso, con un flequillo espeso peinado hacia un lado, unas grandes gafas de montura roja y unos suaves hoyuelos. Estaba muy unido a su madre; la observaba mientras hacía pasteles, anotando cuidadosamente los ingredientes en una nota adhesiva y pegándola en la nevera para poder intentarlo él mismo. Se preguntó si estaría enfermo o si tendría un resfriado. “¿Está bien?”, preguntó.

La señora Zamani la tranquilizó: Arya estaba bien, pero el colegio cerraba tras la noticia de un ataque contra Teherán, y alguien tendría que ir a recogerlo. Asombrada, Mansouri encendió la televisión y vio las noticias sobre el ataque estadounidense-israelí mientras intentaba ponerse en contacto con su hermano para que llevara a Arya a casa. En silencio, comenzó a rezar.

Zahra

Mientras un espeso humo se extendía por su calle, Marzieh se refugió en la sombra del garaje. Con Mohammad jugando en el suelo a su lado, hizo una llamada tras otra. Llamó a su cuñado, que estaba recogiendo a las niñas, y a su mujer, para ver si estaban a salvo. Llamó a su marido; él también se dirigía al colegio. Volvió a llamar a su cuñado: no hubo respuesta.

Entonces, el teléfono se iluminó con el número de su hermano. Había oído el rumor de que una bomba había alcanzado la escuela, dijo. ¿Dónde estaba Zahra?

Marzieh llamó a la profesora de Zahra, la Sra. Mohammadian. No hubo respuesta. Llamó a su profesora de Corán, la Sra. Kamali. No hubo respuesta. Llamó al director de la escuela. Nada. Revisando sus contactos, llamó a todos los números que había guardado de personas relacionadas con la escuela a lo largo de los años que sus hijos habían asistido: todos los profesores, todos los administradores, incluso el conserje.

Nadie respondía.

Arya

Mientras intentaba asimilar la noticia de que la guerra había llegado a Teherán, Mansouri también oyó una explosión lejana, seguida de otra unos minutos más tarde. De repente, la llamó su marido. Estaba en el trabajo, impartiendo una clase de cultura en un pueblo cercano. “¿Qué está pasando?”, le preguntó ella. Un avión había sobrevolado la zona, le dijo, y había impactado contra algo en Minab; no estaba seguro de qué. Al colgar, volvió a llamar a la señora Zamani para ver cómo estaba Arya, pero esta vez no hubo respuesta.

Mansouri se sobresaltó al oír un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con el barrio en plena agitación. En medio del caos, oyó a alguien decir que un edificio cercano a la escuela había sido alcanzado. Empezó a gritar presa del pánico, pidiendo a gritos que alguien comprobara qué había pasado, que viera si la escuela estaba bien. En algún momento, se encontró agachada al borde de la carretera mientras los vecinos intentaban calmarla. Volvió a llamar a su hermano, que estaba recogiendo a los niños. “¿Ha sido alcanzada la escuela?”, le preguntó.

“Sí”, respondió él.

Mansouri intentó recomponerse. Seguramente, razonó, aunque estuviera dañada, la escuela no habría recibido un impacto directo. Cuando llegaron sus familiares, insistió en que la llevaran directamente allí. A medida que se acercaban, las carreteras estaban colapsadas de coches, con cientos de personas tratando de llegar al mismo destino. A pocas manzanas de la escuela, tres hombres que dirigían el tráfico les hicieron detenerse.

Entonces, Mansouri divisó una figura por la ventanilla: una mujer, vestida con el uniforme del personal de la escuela, alejándose del edificio.Estaba completamente cubierta, de pies a cabeza, de polvo gris. Mansouri le preguntó en voz alta: ¿había visto a la profesora de Arya? ¿Había visto a la señora Zamani?

La mujer se limitó a mirarla en silencio. No respondió. Luego se alejó.

Sobhan y Hanieh

Ahmadi también se había visto retenido por el atasco que rodeaba la escuela. Tras quedarse parado, aparcó el coche y se dirigió a la escuela a pie.

Pero cuando atravesó la puerta, no podía entender lo que veía. “Estaba confundido y no dejaba de buscar las aulas de mis hijos”, dice. La escena no tenía sentido. “El aula de mi hija estaba completamente arrasada”.

Zahra

Hossein, el marido de Marzieh, había sido el primero en llegar. Al cruzar las puertas de la escuela, se encontró con una escena de devastación.

El edificio de la escuela estaba dividido, con una escalera y una puerta que separaban las secciones de niñas y niños. La sección de los niños aún se mantenía en pie en parte. Pero la zona donde las niñas recibían clases había quedado arrasada. Todo lo que podía ver era una masa gris de polvo y escombros.

Hossein corrió hacia los hombres que se encontraban junto al montón de escombros y empezó a levantar trozos de piedra, con la esperanza de encontrar a algún niño debajo, quizá herido, pero vivo. Centró sus esfuerzos cerca de donde creía que habría estado la escalera de la escuela: tenía la sensación de que Zahra “podría haber intentado escapar y haberse quedado atrapada”, cuenta. El aire se llenó de los gritos de los hombres y los lamentos de las mujeres. Hossein trabajó metódicamente. Cavó, apartó las piedras a un lado, cavó.

En medio del caos, Marzieh también había llegado a la escuela, después de rogar a un vecino que la llevara. Al mirar al otro lado del patio, hacia la sección de las niñas, “todo lo que veía eran escombros”, cuenta. Cada vez que sacaban a una niña, preguntaba si estaba viva. De vez en cuando, alguien respondía que sí, y las mujeres a su alrededor decían: “¿Ves? Están vivas. ¡Reza!”.

Pensó en Zahra. La alegría que sintieron cuando nació, la primera nieta de toda la familia. Su regordetez de bebé. Su gusto por ir bien arreglada, incluso de pequeña: siempre se aseguraba de que su vestido y sus pantalones estuvieran perfectos. Su pasión por las manualidades con papel, recortando y pegando hasta que toda la casa olía a pegamento. Cuando sus padres tomaban una foto que le gustaba especialmente, cogía el teléfono y ponía su propia cara como fondo.

Marzieh sacó su teléfono y la cara de Zahra la miró. Empezó a reproducir el audio de una oración, para calmarse. Observaba para ver si Zahra sería la siguiente en ser rescatada de los escombros.

Arya

Mientras Mansouri se encontraba atrapada en el tráfico, su marido, Morteza Bahadori, también intentaba llegar a la escuela. Al llegar al atasco de vehículos, abandonó su coche y comenzó a dirigirse a la escuela a pie, corriendo todo lo que pudo y luego reduciendo el paso a un trote cuando se sentía mareado, con las energías agotadas por el ayuno del Ramadán.

A Bahadori le habían dicho que el hospital cercano había sido alcanzado; ni siquiera se le pasó por la cabeza que la propia escuela pudiera haber sido atacada. Mientras corría, se preocupaba y hacía planes. “Lo único en lo que podía pensar era en lo aterrorizado que debía de estar Arya”, dice. Bahadori no pasaba mucho tiempo con su hijo: tenía dos empleos y hacía turnos en un restaurante por las noches, pero los dos seguían estando muy unidos. A Arya le gustaba ayudarle a cargar el coche con cosas para el restaurante cuando se marchaba cada noche. A veces, los padres se preguntaban si a su hijo le daría vergüenza que su padre tuviera que hacer múltiples trabajos, pero nunca vieron ni el más mínimo atisbo de vergüenza por parte del niño.

A medida que se acercaba, Bahadori se preguntaba si la escuela podría haber sufrido daños superficiales, dado que estaba cerca del hospital. Se preguntaba si Arya tendría algún corte o rasguño, y si tendrían que llevarlo a algún sitio para que le hicieran un reconocimiento médico. Mientras se dirigía hacia allí, empezó a ver a otros padres corriendo hacia la escuela, lo que le sorprendió.

Nada le preparó para lo que vio al cruzar las puertas. “El aula de Arya había quedado completamente destruida; no quedaba absolutamente nada”, dice. “Quedó arrasada”. Ese momento —la vista a través de la puerta, la espesa nube de polvo que oscurecía el cielo azul— fue lo peor que tuvo que soportar. Entonces, Bahadori se adentró en las ruinas para buscar a su hijo. Una y otra vez, él y los hombres agarraban un trozo de escombros, lo levantaban juntos y buscaban a un niño debajo.

Pasarían horas antes de que el resto del mundo se enterara del bombardeo; días antes de que se acumularan pruebas suficientes —vídeos, imágenes de satélite, fragmentos de misiles, informes militares filtrados— para afirmar con certeza que un misil estadounidense había arrasado la escuela. Los hombres seguían excavando.

Zahra

Mientras retiraba los escombros, unos padres entre la multitud dijeron a Hossein que ya habían encontrado a Zahra. Había sido una de las primeras niñas en ser rescatadas de los escombros, y una fotografía de su pequeño cuerpo se había compartido en las redes sociales, difundida por las aplicaciones de mensajería a medida que se extendía la noticia del bombardeo. Al mirar la foto, reconoció el rostro de Zahra, su pequeña complexión. Condujo hasta el depósito de cadáveres para buscarla.

Allí, Hossein encontró a su hija. El pañuelo que ella siempre cuidaba tanto de sujetar con alfileres se había deslizado. “Tenía la cabeza destrozada”, dice. También tenía las costillas aplastadas. Pero el resto de su cuerpo seguía intacto. Estaba cubierta de polvo.

Es ella, le dijo al personal del depósito de cadáveres: se llama Zahra Behroozi. Tenía ocho años.

Sobhan y Hanieh

Poco después, Ahmadi también se dirigió a la morgue. Encontró a Hanieh, que parecía casi la misma de siempre. Tenía el cráneo fracturado, pero el rostro estaba intacto. Y reconoció a Sobhan de inmediato, a primera vista, a pesar de que estaba gravemente herido. Tenía ambas piernas rotas. Le faltaba un ojo. Le faltaba la mitad de la cara.

Más tarde, una de las madres contó a Ashena que algunos de los niños salieron corriendo de la escuela hacia el patio cuando oyeron la primera explosión; ellos habían sobrevivido a la detonación. Sobhan, sin embargo, al darse cuenta de que Hanieh seguía dentro, volvió a entrar para buscarla.

Sí, eran sus hijos, les dijo Ahmadi al personal del depósito de cadáveres. Se llamaban Sobhan Ahmadi Tifakani y Hanieh Ahmadi Tifakani. Él tenía 10 años. Ella, siete.

Arya

A medida que iban llegando los familiares, Bahadori los envió a averiguar si Arya podría haber sido encontrado y trasladado a otro lugar, a un hospital o una clínica. Pero cuando dio un paso atrás y miró la escuela derrumbada, pensó: “Si Arya estaba dentro y bajo los escombros, solo un milagro podría sacarlo de allí”.

Bahadori y Mansouri no pudieron soportar llevar a cabo la identificación formal en la morgue. Al final, fueron los hermanos de Bahadori, los tíos de Arya, quienes confirmaron su identidad y rellenaron los documentos. Se llamaba Arya Bahadori. Tenía nueve años.

Zahra

Al salir de la morgue, Hossein no se dirigió a casa. En lugar de eso, se encontró conduciendo de vuelta al patio del colegio. Aparcó a cierta distancia y regresó a pie hasta el lugar donde había muerto su hija. Allí, volvió a situarse junto al montón de escombros, donde los hombres seguían excavando.

De vez en cuando, alguien reconocía a Hossein. Sabían que Zahra había muerto. Le instaban a que descansara: “Vete a casa”, le decían. Él los ignoraba.

Mientras excavaba, pensaba en las otras niñas, pequeños cuerpos acurrucados bajo el peso de los escombros. “Aunque habían encontrado a mi hija, muchas otras seguían atrapadas”, dice, recordando. “No importaba a qué niña rescatara. Todas eran como mis propias hijas”.

No dejó de excavar, ni siquiera cuando la luz se suavizó y comenzó a desvanecerse. Arrastraba los escombros mientras caía el atardecer y las sombras de los árboles se alargaban sobre el campo de fútbol vacío. Se quedó allí hasta bien entrada la noche.

Las secuelas

Un mes después del bombardeo de Minab, nadie ha rendido cuentas por el ataque que causó la muerte de al menos 160 niños y profesores. El ejército estadounidense ha afirmado que está “investigando”. El presidente Donald Trump ha negado que su país sea responsable.

El padre de Zahra espera que el mundo sepa que la escuela era precisamente eso: un lugar de aprendizaje, no una instalación militar. Pide a la ONU y a los tribunales internacionales que vengan a Minab y lo comprueben. “Deben ver los escombros y los alrededores. Deben reconocer los crímenes cometidos por Estados Unidos”, afirma. “Exigimos justicia”.

Los padres de Sobhan y Hanieh tienen pocas esperanzas de que se haga justicia. La comunidad internacional está “presenciando todo con sus propios ojos”, dicen. “Da igual lo que les digamos, eso no cambiará nada”.

Los padres de Arya estaban demasiado angustiados para asistir a su funeral oficial.

Su hermano pequeño, Arsalan, todavía no entiende adónde se ha ido Arya. Cada tarde saluda a Bahadori en la puerta, a la hora en que su padre solía recoger a Arya del colegio. “¿Dada?”, pregunta —una versión abreviada de “dadash”, la palabra farsi para hermano—.

Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este viernes a la sección de instrucción del tribunal de instancia de la capital asturiana, plaza número uno, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos, tres de ellos en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón y un cuarto en Llinás del Vallés (Barcelona), por la muerte violenta de Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', en un ajuste de cuentas por narcotráfico, ocurrido en Lugo de Llanera, en enero de 2025. 

El Ministerio Fiscal considera que en un principio los hechos son constitutivos de un delito de asesinato cometido por organización criminal, por lo que se podría condenar a los detenidos a la pena de prisión permanente revisable.

Riesgo de reiteración delictiva

El Ministerio Fiscal ha interesado la medida cautelar de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos, y al considerar que existe riesgo de fuga o de sustracción de la acción de la Justicia y de reiteración delictiva. 

Los cuatro detenidos en Oviedo, Gijón y Llinars del Valles (Barcelona) han pasado esta mañana a disposición judicial. La causa ha sido asumida por la plaza número 1 de Instrucción de la capital asturiana.

El quinto detenido es el sicario que, según la Guardia Civil, aceptó el encargo de asesinar a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, que fue arrestado en la ciudad francesa de Orleans, y será extraditado a España en las próximas semanas.

Una emboscada

'El Panameño' murió asesinado a tiros, el 26 de enero de 2025, tras caer en la emboscada que le tendió la organización de narcotráfico de origen dominicano con la que tenía contraída una deuda que no había devuelto. Según fuentes de la investigación, se habría apoderado de unos 14 kilogramos de cocaína de la red en uno de los trabajos que había realizado para la banda.

El asesinato se produjo en las inmediaciones de la localidad de Lugo de Llanera. Según el relato de la Guardia Civil, la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo, en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera, cuando tuvo que bajarse del coche para comprobar un aparente pinchazo en una rueda.

Los testigos

Seguidamente, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia y en ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto. Los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

En los registros efectuados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 34 kilogramos de hachís.

La colaboración

La operación policial, bautizada como 'Filbanks' ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Asturias, con el apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIMl.

En esta intervención también se ha contado con la colaboración de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, fue asesinado el año pasado en la localidad asturiana de Lugo de Llanera cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

El vehículo que conducía la víctima había sido manipulado para que una organización criminal, con la que mantenía una deuda por narcotráfico, pudiera seguirlo en todos sus movimientos a través de un localizador. Las informaciones a la banda habían sido aportadas por sus propios amigos. Cinco personas, entre ellas el autor material del asesinato, han sido detenidas en las últimas horas.

Las amenazas

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico está detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a la organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda. No hubo un cuarto trabajo.

Las amenazas que había recibido le habían llevado a huir de Asturias. Se refugió en Cádiz, pero la citación para personarse en un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico, en la comunidad autónoma asturiana, le hizo regresar. Su vuelta al Principado fue aprovechada por la organización para cumplir sus amenazas y asesinarle.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

Un sicario y cuatro cómplices

El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 y, tras una exhaustiva investigación, una operación policial ha permitido desarticular a la red y detener a cinco personas, entre las que figura el sicario.

La operación policial, bautizada con el nombre de 'Filbanks' ha sido desarrollada por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Arrestos simultáneos

Los investigadores han logrado esclarecer el crimen con las cinco detenciones practicadas en las últimas horas y que han culminado en la madrugada de hoy. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, los arrestos se han realizado de forma simultánea en registros domiciliarios llevados a cabo en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón, en Llinars del Valles (Barcelona) y Orleans (Francia). En los registros practicados, los agentes se han incautado de 34 kilogramos de hachís.

Un crimen planificado

El crimen, que desde el inicio presentó signos de planificación, fue ejecutado por un sicario contratado por la organización criminal asentada en Asturias y vinculada principalmente con el tráfico de drogas. El autor material se desplazó desde Francia para cometer el asesinato y abandonó inmediatamente España una vez cometido.

Según el relato de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2025 cuando la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera.

Una rueda rajada

“Tras sufrir un aparente pinchazo en la rueda del vehículo, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto”, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Seguidamente, los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

Un localizador en el vehículo

Las primeras investigaciones realizadas por los agentes pusieron de manifiesto que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

“Los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga”, señala la Guardia Civil.

Una deuda que, según fuentes cercanas a la investigación, estaba detrás de la huida de 'El Panameño' al sur del país al haber sido amenazado de muerte en caso de impago de la deuda.

La 'ayuda' de los “amigos” de la víctima

A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo como en el entorno más cercano de la víctima. Los agentes fueron identificando al grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato.

Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por un sicario contratado para llevar a cabo el crimen.

La huida a Francia

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave, según ha corroborado la Guardia Civil, al facilitar los medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionar todo lo necesario para trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen, en Francia.

Para los investigadores, el hecho de que el autor material procediera de otro país fue una dificultad añadida para su control a través de seguimientos, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente.

La colaboración internacional

La investigación realizada por los agentes ha permitido identificar a los implicados, conocer su grado de participación y localizar sus domicilios para ser detenidos.

En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país, según ha resaltado la Guardia Civil.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIM. Ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo y la Fiscalía.

En el episodio de hoy hablamos con Mònica, Francesc y Cristina. Los tres salen en un documental de TV3 que se llama ‘Et faran un home. Morts silenciades’. Los tres tienen en común que son hermanos de personas que, ellos tienen claro, murieron en extrañas circunstancias en la mili o por culpa de la mili. Han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. Contamos sus historias y les preguntamos cómo se sienten en un contexto internacional en el que la guerra vuelve a ser protagonista y en el que muchos países de nuestro entorno recuperan el servicio militar obligatorio. 

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Correo de contacto: veu.victimesmili@gmail.com

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Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: “Lo peor es no saber qué les pasó”

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Un vecino de Oviedo no podrá acercarse a menos de 50 metros de un inspector de Hacienda, ni podrá comunicarse con él por medio alguno durante dos años y medio por las lesiones que causó a la victima, a la que agredió e insultó cuando ambos se cruzaron en la Pista Filandesa. Como principal móvil de la agresión se apuntó a su malestar ante el informe desfavorable que había emitido de su empresa durante una visita de inspección.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha condenado al acusado por un delito de atentado a una pena de un año de cárcel y ha dictado una orden de alejamiento y comunicación de la víctima, tanto de su domicilio, lugar de trabajo o lugares de ocio que frecuente con una vigencia para ambas prohibiciones de dos años y medio.

Atentado y lesiones

Al delito de atentado se suma otra condena por un delito leve de lesiones por el que el acusado deberá abonar una multa de dos meses, con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

La pena impuesta es la misma que solicitaban tanto la Fiscalía del Principado como la acusación particular.

Insultos a la víctima

Los hechos ahora juzgados ocurrieron sobre las 19:00 horas del 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa de Oviedo, se cruzó con el inspector de Hacienda, a quien conocía como consecuencia de una actividad inspectora que le había hecho, a él y a una mercantil de la que es socio, que dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación preprocesal por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias, que finalizaron con la interposición de una querella.

Según el relato de la Fiscalía, cuando el acusado se cruzó con el inspector le reconoció, momento en que le gritó dirigiéndose a él llamándole “cabrón”, para acto seguido embestirle golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo.

Segunda “embestida”

La víctima cayó al suelo y se golpeó en el costado derecho, a la vez que forzó el cuello para no golpearse la cabeza. Una vez que se levantó del suelo, recriminó al acusado, quien “volvió a embestirle, aunque en esta ocasión no llegó a caer al suelo al no estar desprevenido”, señala la Fiscalía.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.

Este 11 de marzo se cumplen 22 años de los atentados ocurridos en la línea de trenes de Cercanías de Madrid, un suceso que este mismo día en 2004 se cobró la vida de 193 personas, entre ellas una treintena vivían o estaban vinculadas a Castilla-La Mancha. Algunas localidades de la región como Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan o Guadalajara, han rendido homenaje a las víctimas.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado en un homenaje en Azuqueca de Henares -cuatro víctimas estaban ligadas al municipio- señalando que “solo con unidad y solidaridad” se logra hacer frente de manera efectiva al terrorismo.

El acto convocado por el Ayuntamiento de Azuqueca, en el que han participado también el alcalde Miguel Óscar Aparicio, integrantes de la Corporación Municipal, el exalcalde Florentino García Bonilla y, entre otras autoridades, el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno Regional, el también azudense José Luis Escudero, se ha celebrado un año más en el monolito de la Estación de Ferrocarril, en una fecha que la Comisión Europea hace coincidir con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En una atención a medios de comunicación, Bellido ha manifestado su “solidaridad permanente con todas las víctimas del terrorismo y, particularmente, con las de nuestros vecinos y vecinas”, así como el “compromiso por defender la democracia, la libertad y la paz”. Así, ha recordado que toda victoria frente al terrorismo de ETA o yihadista se ha logrado “siempre gracias a la unidad y a este sentimiento de solidaridad interna que nos acompaña a todos los españoles y españolas y que también, evidentemente, es seña de identidad de Castilla La Mancha, de Guadalajara y Azuqueca”.

“Su ausencia seguirá atravesando esta tierra”

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera-portavoz, Esther Padilla, ha aludido a la incertidumbre que se vivió en el “mayor antentado terroriista de la historia de España”. Ante el recuerdo del 11M, la portavoz se ha acordado de las 193 personas que perdieron la vida y ha querido trasladar el afecto y profundo respeto del Gobierno de García-Page a sus familias, así como a aquellas que resultaron heridas.

Se trata de un ataque que afectó de forma directa a Castilla-La Mancha. Uno de los trenes había partido de Guadalajara rumbo a Madrid, en el trayecto cotidiano de miles de trabajadores y estudiantes del corredor del Henares. “Personas que formaban parte de nuestros pueblos y ciudades, de nuestras familias, y cuya ausencia seguirá atravesando esta tierra”, ha continuado la portavoz, quien ha remarcado que, por supuesto, siguen viviendo en el recuerdo de sus seres queridos, pero también en “la conciencia democrática de un país que no puede ni debe olvidar”.

La portavoz también ha reconocido la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre ellos ha mencionado al inspector del Grupo Especial de Operaciones Francisco Javier Torronteras, que perdió la vida durante la operación policial contra los terroristas días después y cuya dedicación representa, en palabras de Padilla, el máximo exponente del compromiso con el que nuestro país respondió al terrorismo.

En este sentido, ha recordado que la sociedad española respondió al odio y al fanatismo con una solidaridad y una serenidad ejemplares. En un contexto como el actual, en el que la polarización “vuelve a hacer mella” en el debate público, Padilla ha reivindicado la necesidad de recordar aquel 11 de marzo “para tener muy presente la importancia de trabajar, día a día, por la convivencia”. Según ha señalado, ese es el mejor homenaje que puede hacer la sociedad a las víctimas: “honrar su memoria y defender un Estado de Derecho y unos valores democráticos que nos protegen a todas y todos”.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, creada por más de 120 afectados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, convocará una manifestación el próximo 20 de marzo en Huelva bajo el lema Por la seguridad del ferrocarril, que saldría desde la estación de tren y finalizaría en las plaza de Las Monjas, donde procederían a la lectura de un manifiesto.

Así lo ha confirmado el portavoz de la asociación, Mario Samper, sobre una información adelantada en Canal Sur TV este viernes. Asimismo, ha explicado que a la misma acudirán la mayor parte de las víctimas que conforman la plataforma de afectados y sus familiares, menos los que aún se encuentran convalecientes, así como ha señalado que cuando tengan la autorización formal invitarán a participar a la misma a la sociedad onubense porque “la seguridad del ferrocarril nos afecta a todos”.

Igualmente, ha indicado que la intención, cuando puedan, es también celebrar otra manifestación en Madrid para tratar de concentrar a un mayor número de afectados de otras provincias que en este caso no van a poder asistir, ha asegurado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

A la espera de la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, confían en que se les otorguen los permisos administrativos para poder llevar a cabo esta manifestación. En caso de que la administración diera el visto bueno, la manifestación saldría de la estación de tren Huelva-Término de la capital a las 18.00 horas y recorrería varias calles hasta finalizar su recorrido en la plaza de Las Monjas de la capital, donde se leería un manifiesto.

“Indignados”

De otro lado, Samper se ha mostrado crítico con el homenaje a víctimas de Adamuz que ha realizado el Gobierno central este viernes en Huelva, en el marco de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa en La Rábida. El mismo se ha centrado en el descubrimiento de una placa en memoria de cuatro víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera, dos estudiantes heridas y dos colaboradores fallecidos, María Clauss y Óscar Toro, y en la lectura de un poema.

Al respecto, el portavoz de la plataforma ha apuntado que se encuentran “indignados” por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya venido “a nuestra casa, a Huelva, a hacer un homenaje a algunas de las personas” afectadas y “no aprovechara esta buena ocasión para mostrarnos ese cariño que decía en el Parlamento que nos tenía”. “Pues no, no se ha acercado”, ha lamentado.

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció el 30 de enero tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

Después de 500 días y 16 meses, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, Rosa Álvarez, ha comparecido en la comisión de investigación de las Corts Valencianes. Las entidades representantes de los familiares de los fallecidos no estaban incluidos inicialmente en el plan de trabajo aprobado por el PP y por Vox. Fue tras la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, cuando se les citó.

Álvarez, que representa a una de las entidades mayoritarias, así como el resto de portavoces de otras entidades de familiares de fallecidos, fueron las primeras en acudir a comparecer a la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Tanto Compromís como el PSPV han denunciado que hayan mezclado sus comparecencias con las de asociaciones conspiranoicas que se han dedicado a difundir bulos sobre la riada.

Antes de la comparecencia, decenas de familiares de las víctimas se han concentrado a las puertas de las Corts para exigir responsabilidades políticas y judiciales a los responsables de la gestión de la dana. Los manifestantes han entonado gritos como “l'expresident a Picassent” o “Mazón a presó, Consell dimissió”.

Álvarez ha accedido a la sala de comisiones con una camiseta negra con la foto de su padre fallecido y la leyenda “no ha mort, ho han assassinat”. La representante de la entidad ha iniciado su intervención denunciando que tres de las asociaciones que han sido invitadas no están en el listado de la Conselleria de Justicia, entre las que hay entidades negacionistas, conspiranoicas o el agitador ultra Rubén Gisbert.

Álvarez ha lamentado que 483 días después de la tragedia han podido venir a contar su versión: “483 días de maltrato dan para mucho. En nuestra asociación somos una familia surgida del dolor. Comparecemos en la quinta sesión de una comisión que se creó hace un año. Aquí estamos 483 días después de haber visto morir a nuestros seres queridos. Puede que para algunos de ustedes seamos solo cifras, pero detrás de cada cifra hay una historia. Hemos sido gobernados por los peores hombres y mujeres. Lo que pedimos es verdad justicia y reparación, ese es el objetivo de nuestra presencia aquí. Porque todas las muertes eran muertes evitables, solo había que avisar a tiempo”.

La presidenta de la asociación ha criticado que inicialmente les vetaron en la comisión y que “quienes presiden este órgano niegan el cambio climático” al tiempo que ha exigido que “Mazón pague por su incompetencia” y ha insistido en que van “de la mano de la ciencia” por lo que considera que no coincidirán con los representantes del PP y de Vox: “Las muertes eran evitables. El 29 de octubre unos murieron por su negligencia, otros nos salvamos, estamos muertos en vida; pero nos caemos siete días y nos levantamos ocho. He venido a transmitir nuestro dolor con pruebas. El apagón informativo es falso e insultante. La Aemet avisó días antes. Los registros muestran que los avisos estaban ahí, faltó reacción política y operativa. Aemet, CHJ, llamadas 112 fueron las principales fuentes de información con las que la Universitat avisó a sus alumnos y el Gobierno de Japón a sus ciudadanos”.

Rosa Álvarez ha recordado que les vendieron que iban a tener “el Gobierno de los mejores” y que Mazón estuvo “desaparecido, estuvo más tiempo en el Ventorro y ahora se ha sabido que se fue del cecopi cuando otros aún se quedaron trabajando” y ha añadido: “No es que sea un mal político, sino que es mala persona y desalmada y ustedes del PP son cómplices por mantenerlo. Exíjanle el acta y si no la entrega expúlsenle del partido; de lo contrario serán cómplices para nuestra asociación”.

La representante de las víctimas también ha criticado que muchos de los consellers responsables “estaban en sus casas o volviendo a sus casas mientras ustedes no trasladaban la información” y ha censurado que han estado “intentando dividir a las víctimas y a la ciudadanía”.

Según ha explicado, “tuvimos a un presidente ausente y luego dio múltiples versiones de su ausencia porque no pensaba volver al trabajo, incluso vino aquí y se hizo pasar por una víctima más, tuvo la desfachatez de pasar por una víctima más y el actual presidente ha mantenido a los mismos; a Barrachina responsable de Buseo y premiado como portavoz, Rovira aunque cambiándolo a Hacienda, a Camarero con los fallecidos en teleasistencia reubicada en Vivienda”.

Tras enumerar a varios de los expertos en ingeniería y ciencia con los que vienen trabajando ha afirmado que tienen claro que “las obras de encauzamientos no hubieran sido suficientes para paliar las muertes, sino los daños materiales; la prevención es lo que salva vidas”.

Según ha comentado, “aprender significa no construir en zonas inundables, no se han respetado límites de naturaleza; es urgente implementar medidas de mitigación y de adaptación” y ha destacado la importancia de la salud mental por la que han tenido que recurrir a las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME): “Estas unidades nos han tratado con una visión no patológica porque sufrimos un duelo comunitario. No somos enfermas ni somos tristes, estamos tristes. No hemos venido a mendigar verdad, sino a reclamarla. No vamos a permitir que nadie más vuelva a morir por la incompetencia de un Gobierno”, ha sentenciado.

“No queremos negacionistas al frente de las instituciones”

La representante de la asociación Víctimes Dana 29 de Octubre de 2024, Mariló Gradoli, ha sido la siguiente en intervenir y ha denunciado también la inacción de Mazón, su mantenimiento con diputado en las Corts y la campaña de bulos y mentiras difundidas por su Consell desde la riada.

Gradolí ha criticado al PP y a Vox que “no tienen fuerza para censurarnos, para hacernos callar, para insultarlos” y ha recordado que les han escuchado “en España y en Europa” donde han explicado que “una negligencia puede transformar un episodio climático en una tragedia”.

Además, ha afirmado: “No queremos negacionistas climáticos al frente de las instituciones, que piensen antes en el titular que en la vida. Vivimos escandalizados pero ustedes optan por protegerse en lugar de dar las explicaciones justas a la ciudadanía. Han hecho mucho daño y han erosionado la confianza en las instituciones”.

La representante de los familiares ha insistido en que “la instrucción judicial ha demostrado la cantidad de mentiras que se han contado, no hubo ningún apagón informativo; el Consell no estuvo a la altura y Mazón menos, y ustedes le protegen y le suben el sueldo, ese es el mensaje que están mandando a la sociedad valenciana”. También ha advertido que les preocupa que pueda haber “otra dana y no están actuando, el 112 sigue siendo un desastre, no se han dejado asesorar por los bomberos, por los agricultores, por los expertos”.

A su juicio, “la reconstrucción es planificación y no ha llegado por ejemplo a los colegios un año después, llegan tarde” y ha recordado que “la Generalitat aún debe las ayudas a los comercios locales”. Por último, ha afirmado que “no habrá normalidad mientras sigan protegiendo al principal responsable de la tragedia, mientras dejen que siga en la silla y con la paguita; no habrá normalidad, habrá memoria, exigencia, justicia y reparación”.

La representante de la asociación de víctimas de la dana, SOS Desaparecidos, Sonia Fuster, quien perdió a su padre Ernesto el día de la riada, ha comparecido este lunes en la primera sesión de la comisión de investigación de la dana en las Corts destinada a las asociaciones y de víctimas y de damnificados. También lo ha hecho Alejandro Carabal, de la Asociación de Damnificados de L'Horta Sud.

Ataviada con una camiseta que incluía en la parte de la espalda la leyenda “eren morts evitables (eran muertos evitables)” y visiblemente emocionada, Fuster ha pedido la asunción de responsabilidades a todos los niveles y la toma de medidas para que no vuelva a darse una tragedia como la vivida el pasado 29 de octubre de 2024. Así, sin citarlo, ha solicitado que el expresidente Carlos Mazón deje su escaño en las Corts: “Exigimos asunción de responsabilidades de quien no estuvo al mando en las horas críticas”, ha dicho. Carabal ha sido más explícito al afirmar que no pueden aceptar “que siga aforado y que no haya ido a declarar”.

La primera intervención ha sido valorada y apoyada por todos los grupos políticos lo que ha llevado a Fuster a afirmar que sí es posible que todos los grupos se pongan de acuerdo si hay voluntad: “Me voy como ciudadana con la satisfacción de ver a todos los grupos estando de acuerdo, sí se puede. Hoy han dado ejemplo de buena política”.

Sonia Fuster ha comenzado su comparecencia leyendo el prólogo del libro que está escribiendo su hija de 24 años. Según ha explicado, “son palabras del prólogo de un libro que se está escribiendo desde el corazón, de una persona que vive una pesadilla que le asoló y le despojó de su abuelo y su abuela un poco después”. Fuster ha comentado que habla “desde la emoción, desde el dolor, la responsabilidad, la dignidad de los que seguimos aquí” y ha recordado que “230 familias fueron golpeadas de forma irreversible, vidas interrumpidas, ausencias muy presentes; este es el momento de hablar de padres, madres, hijos, abuelos, de personas; es el momento de hablar del marido de Susana, de Jose, de Javier y Javi, marido e hijo de ana, con 10 años y toda una vida que vivir, los padres de Azucena, que murieron en las casetas de Picanya, de mi padre Ernesto”.

Una lección aprendida, según la representante de SOS Desaparecidos, es que “las riadas no entienden de edades ni las respetan” y que “muchos de nuestros mayores no tuvieron oportunidad de protegerse porque no hubo un aviso en tiempo y forma, eso pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte, esa verdad no puede diluirse”.

Fuster ha explicado que ha ido a la comparecencia “para exigir que se esclarezca con transparencia lo que falló, que se asuman responsabilidades, que se refuercen los sistemas alerta y prevención” y ha añadido que “la protección de la vida es el primer deber de toda institución y obliga a trabajar para que prevención se imponga”. La representante de la entidad ha exigido “garantías de no repetición, no es excusa que dana 2024 fue un episodio sin precedentes, superó los escenarios a 500 años de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en muy pocas horas hubo 500 kilómetros afectados y 500.000 personas afectadas por tres episodios encadenados y con lluvias de hasta 400 litros por metro cuadrado”.

Según ha asegurado, “fallaron mecanismos esenciales, la redundancia técnica, los sistemas de laminación, el despliegue logístico, la gobernanza y los avisos y los tiempos de respuesta; si todo falla al mismo tiempo nadie puede afirmar que todo se hizo bien” ha insistido en que “hubo un fallo en el aviso y en la gestión” al tiempo que ha añadido: “Vivimos con ansiedad, incertidumbre y desconfianza, exigimos asunción de responsabilidades, no buscamos culpables, pero sí asunción de responsabilidades de quien no estuvo al mando en las horas críticas. Desde la dana se han registrado avances pero siguen existiendo brechas operativas que multiplicaron daños, tal como recogen los planes de riesgo de inundación”.

Fuster ha presentado las conclusiones del proyecto Ernesto Fuster que han elaborado con la colaboración de expertos, un proyecto que pretende “mejorar resiliencia frente a inundaciones, acelerar recuperación y mejorar respuesta local, un proyecto alineado con la normativa europea, con el plan de gestión de riesgo de inundaciones del Júcar; propuestas alineadas con Europa y desde la experiencia real de afectados. Fueron presentadas al presidente de la Generalitat y están a disposición de todos los grupos. Pedimos verdad, responsabilidad, corrección, compromiso firme para que ninguna familia viva lo que nosotros”, ha finalizado.

“En València el PP es bastante negacionista”

Alejandro Carabal, de la Asociación de Damnificados de L'Horta Sud y bombero del cuerpo del Ayuntamiento de València, ha iniciado su intervención afeando que haya sido precisamente las Corts en la última institución en la que se les ha dado voz, después de haber pasado por la comisión de investigación del Congreso y de haberse reunido, entre otros, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons o Ursula von der Leyen: “Por fin estamos aquí, por fin estamos en casa, es un orgullo estar aquí. Nuestra intención no es política, no vamos a entrar en responsabilidades, no está en nuestra mano, la justicia debe trabajar en eso. Vamos a sumar, a decir lo que vivimos, lo que pasó y lo que necesita la gente. No debemos olvidar a los 230 fallecidos y tampoco a los tres trabajadores que murieron en la reconstrucción”.

A continuación, ha explicado que lo que quieren que no vuelva a ocurrir nada así y que para ello hay que ir de la mano de la ciencia, momento en el que ha criticado en negacionismo climático. Según ha comentado, “la tierra es redonda y el cambio climático existe, esto que se suponía que no iba a ocurrir en 500 años, ahora puede ocurrir en 50, tenemos que estar preparados y tenemos que tener planes de emergencias que algunos municipios no tienen”.

En este sentido, ha afirmado que algo como lo que sucedió el 29 de octubre de 2024 “solo se podía parar con la prevención y con un aviso mucho antes; pedimos ir de la mano en la comisión mixta, que trabajen codo con codo todas las administraciones”.

En este punto ha asegurado que no pueden aceptar que Mazón “siga aforado y que no haya ido a declarar de forma voluntaria; si uno no tiene nada que esconder, va a declarar, entrega el móvil y lo que haga falta” y ha añadido que lejos de eso “le dan otro cargo, le suben el sueldo, le dan privilegios, asesores” en referencia a José Manuel Cuenca, del que ha dicho que “no lo hizo bien, lo tenemos que admitir”.

Así, ha explicado que “el Es-Alert es una herramienta que funciona y que salva vidas teniendo claro el mensaje que enviamos, tiene que ser claro y conciso, no se puede demorar por nimiedades”.

Por otra parte ha criticado la falta de apoyo psicológico, una situación que ha calificado de “lamentable”, y ha insistido en que “la ciencia nos debe guiar con el cambio climático y la última palabra debe ser de los técnicos, no pueden ser los políticos los que tomen decisiones tan técnicas”, momento en el que ha contado una conversación que mantuvo con un miembro del PP en Bruselas, cuya identidad no ha querido revelar: “En Bruselas no entienden cómo no se usó la información del sistema Copernicus. Esta persona nos dijo que veían que en Valencia el PP es bastante negacionista, y pusieron el ejemplo de la exconsellera de Turismo que dijo que si subía un grado o dos la temperatura media sería mejor porque vendrían más turistas”.

A continuación, Carabal se ha referido también a la lentitud en la respuesta a la emergencia por parte de los diferentes medios: “No venía nadie, había saqueos. Vinieron antes adolescentes andando a ayudar. Es la sensación de que lo has perdido todo y no hay ahí ninguna administración que ayude, pero al día siguiente tampoco, tres cuatro días tardaron según el municipio, es algo que no nos lo podemos explicar. Lo mismo que con la salud mental, la gente estamos muy mal, hay problemas de ansiedad y de depresión. Y otro ejemplo, no puede ser que el Gobierno mande un dinero y que los Ayuntamientos no puedan gestionarlo por falta de medios, hay que agilizarlo”.

En referencia a las obras de encauzamiento de los barrancos, ha recordado que “ni las hizo un Gobierno (en referencia al de Rajoy) ni las ha hecho el otro (en referencia al actual), lo que nos interesa es que se hagan”. A continuación ha preguntado al síndic de Vox, José María Llanos, quien afirmó que algunas asociaciones de víctimas eran “verdaderos interesados” en el sentido político, si lo piensa de verdad, dándole la opción de rectificar. Llanos no ha contestado. Por último, ha reivindicado mejoras para los trabajadores del 112 y ha mandado un mensaje de gratitud para el cuerpo de bomberos de València “que se llenó de voluntarios”.

La asociación conspiracionista Liberum, surgida al calor de la pandemia de la Covid-19, ha comparecido en la primera sesión de la comisión de investigación de la dana en las Corts dedicada a las asociaciones de víctimas, pese a que Concepción Cuevas, su representante, ha reconocido que no son una asociación de víctimas.

De esta forma, ha dejado en evidencia al PP y a Vox, partidos con mayoría en la mesa de la comisión que desde el primer momento han tratado de difuminar los testimonios de las asociaciones de víctimas mortales mezclándolas con las de afectados por daños materiales o con otras entidades que no son directamente de víctimas. Pese a las insistentes preguntas de la diputada de Compromís, Isaura Navarro, Cueva no ha explicado quién les invitó a sumarse a las comparecencias de la comisión.

Concepción Cuevas ha explicado que su asociación cuenta “con bastantes asociados en la Comunitat Valenciana que están afectados de alguna manera con negocios y viviendas, todos son víctimas en realidad y tienen la necesidad de que les entiendan porque no ven que se les resuelvan los problemas”.

Cuevas ha agitado todos los bulos que han quedado desmentidos y desacreditados por la instrucción judicial, en la que Liberum está personada como acusación popular. Así, ha agitado de nuevo la teoría del supuesto apagón informativo (descartado por la jueza) o la supuesta falsedad del número de víctimas, dando a entender que hay más de las que se han hecho oficiales.

Según la representante de la entidad, “la tragedia ocurrió porque todo vino tarde, los avisos fueron tardíos” y ha responsabilizado de ello a “todas las administraciones, desde el Gobierno hasta los ayuntamientos” y más en concreto, en la línea de la versión oficial del Gobierno valenciano, “porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) los dio tardíos y hubo un parón en la información entre las 15.45 horas y las 19.00 horas donde por la mañana subió agua, luego bajó, se quedó en olvido, y hasta las 19.00 horas no se avisó de lo que venía por el barranco del Poyo”. Cuevas ha obviado que Emergencias de la Generalitat, que ostentaba el mando único, retiró a los bomberos que controlaban el nivel del barranco, así como todos los avisos enviados por la CHJ y la Aemet al Gobierno valenciano.

Además, ha afirmado que “a las 17.00 horas ya hubo gente muerta según han dicho los asociados” y que Aemet también falló, pese a los 16 avisos remitidos días antes de la dana y al aviso rojo activado desde las 7.36 horas: “Dijeron que había lluvias intensas pero fue mucho más que intensas. Al presidente de la CHJ, Miguel Polo, se le ha preguntado para qué sirve la CHJ y dijo que estaba para informar y asesorar. Polo sabía que se estaba disparando el agua y no lo dijo en el Cecopi hasta las 19 horas, recuerda al si necesitan ayuda que la pidan”, otro bulo recurrente, puesto que lo que dijo Pedro Sánchez fue que todos los recursos estaban a disposición de la Generalitat y que si necesitaban más recursos, que los pidieran y se les darían.

“Con nosotros contactaron asociados de la Comunitat Valenciana, que tenemos más de 1.000, una persona con familiares fallecidos y bastantes personas con negocios afectados o vehículos. No somos una asociación de víctimas como tal, somos una asociación pro derechos humanos. Es nuestra labor y nuestro deber defender a los asociados de todo el país. Hubo unos intervalos de tiempo que nadie avisó, y los unos por los otros la casa sin barrer”, ha insistido.

Cuevas se ha sumado también a la teoría de que el Gobierno debió activar la emergencia nacional porque más comunidades autónomas afectadas por la dana y que debió activar el estado de alarma. “La instrucción en el juzgado se está siguiendo y tenemos esperanza de que se encuentren los culpables, pero hay muchos. ¿Cómo puede ser que haya edificaciones en zonas inundables?” una responsabilidad que depende de los ayuntamientos y de la Generalitat, con competencias en materia urbanística, pero que ha achacado a la CHJ.

Por último, la representante de Liberum ha ventilado el más grave de los bulos: “Asociados nuestros dicen que las víctimas reales no se corresponden con las identificadas, de hecho van subiendo. No sabemos si es cierto, pero desde que nos contactaron han subido, quizás haya más que no lleguen a encontrarse. Según los vecinos las personas que estaban en sus coches se inscribían como accidentes de tráfico, no como víctimas dana. No sabemos si es cierto o no”, un extremo que ha quedado también desmentido en la instrucción de la causa que se instruye en el juzgado de Catarroja. Cuevas ha comentado también que el sistema Es-Alert no llega a los Android antiguos, que los mayores de 70 años tienen teléfonos más antiguos y que a muchos de ellos no les llegaron las alertas.

La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Gobierno Navarra ha reconocido, en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Eleva así a 109 el número total de casos confirmados desde que se aprobó la ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1979 y 2009. Se trata de Carlos Turumbay Andueza, secuestrado y torturado por cuerpos no identificados en 1979; Tarsicio Rey Bacaicoa, torturado por la Guardia Civil en 1980; Avelino Gonzalez Fernández, torturado por la Guardia Civil en 1983; Koldobika Mikel, torturado por la Policía Nacional en 1984; Josu Rubio Mendiluze, torturado por la Policía Nacional en 1984; Jon Castañares Larrea, torturado por la Guardia Civil en 1994; Xabier Suescun Muzás, torturado por la Policía Nacional en 1995 y 1997; y Jon Ciriza Murugarren, torturado por la Guardia Civil en 2009.

De las 109 personas reconocidas por el Ejecutivo foral, seis corresponden a víctimas mortales, una de ellas por torturas (Mikel Zabalza); 76 a víctimas de torturas; una de torturas, lesiones físicas y daños materiales; una de torturas y daños materiales; 19 de lesiones físicas o psicológicas; cuatro de lesiones físicas y daños materiales; y dos de años materiales.

A través de un comunicado, las dos entidades han valorado “positivamente” los reconocimientos. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia de Estado ha tenido en nuestro territorio”, apuntan. En este sentido, han considerado que “deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”. Así, han animado a “todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra” a presentar sus solicitudes de reconocimiento y ha reiterado su predisposición a “ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La norma recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y Damnificados de l’Horta Sud, ante el reciente anuncio de nuevas ayudas relacionadas con la dana manifiestan que el debate no puede reducirse únicamente a una cuestión económica: “Lo que está en juego no es una cuestión de 'ayudas' ni de dinero, sino de reconocimiento a las víctimas mortales por parte de la Generalitat Valenciana”.

La reparación, insisten, no se limita a compensaciones materiales: “Hablamos de responsabilidad institucional, de transparencia en la gestión y, sobre todo, de aprender de lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse”.

Según explican, se trata, en primer lugar, de transparencia: “Llevan un año y cuatro meses mintiendo, defendiendo a Mazón mientras 230 valencianos y valencianas se ahogaban”. “Las familias y las personas damnificadas tienen derecho a conocer con claridad qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y qué medidas se han adoptado desde entonces para mejorar los protocolos de alerta y respuesta”, sostienen.

Y se trata, en segundo lugar, de cambiar las políticas: “Hoy mismo se ha hecho público un estudio científico que demuestra cómo el cambio climático convirtió una dana en una catástrofe para la que no estábamos preparados; y el Consell continúa evitando que se desarrollen políticas de adaptación a ese cambio climático que ya es una realidad”.

“Nos preocupa lo que ocurrió y cómo Mazón y Pérez Llorca perpetúan la mentira y los intentos de eludir la verdad”, indican, para añadir que la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas es garantizar que se adopten medidas efectivas para que una situación similar no vuelva a producirse con las mismas consecuencias y que el Consell reconozca a las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024: “La dignidad de las víctimas no se compra; exigimos verdad, justicia y reparación”.

El presidente del Gobierno valenciano Pérez Llorca ha anunciado este miércoles en la sesión de control de las Corts que la Generalitat va a aprobar una ayuda directa de 80.000 euros para los familiares directos de las víctimas mortales de la dana, casi 16 meses después de la tragedia. “Es una medida de justicia con la que damos un paso más en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes. He venido a dialogar y a hacer la política útil y a que nos entendamos”, ha afirmado el jefe del Consell.

El anuncio llega 16 meses después de la tragedia y semanas después de que las asociaciones de víctimas criticaran públicamente que habían indemnizado antes por los daños materiales que por los fallecidos.

En concreto, l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O exigieron el pasado 4 de febrero que la Generalitat Valenciana que “reconozca a sus víctimas”, asuma “de una vez” su responsabilidad e indemnice a los familiares de los fallecidos -230 personas- en la tragedia.

En un comunicado conjunto, denuncian que 15 meses después de los hechos la Generalitat “todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales”, como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares.

Una situación que resulta “profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional”, afirman.

Las asociaciones consideran además “especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario”.

También el PSPV presentó una propuesta a la mesa de las Corts el pasado 9 de febrero pidiendo una indemnización para las familias de las víctimas mortales.

La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes, por la vía penal, con un pacto. El notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido que estafaron a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianos, y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado por delito de estafa a dos años y un mes de prisión.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se han conformado este lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permite a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

En conjunto, los catorce integrantes de la trama de macroestafas inmobiliarias liderada por Peña y Comitre han aceptado penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, tras admitir que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de propietarios para apropiarse de sus viviendas.

La mayor condena es para el principal acusado, el abogado Comitre, quien ha aceptado penas que suman cuatro años y siete meses de cárcel y multa de 7.200 euros por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal y será el único de los acusados que deberá ingresar en prisión ya que una de ellas supera los dos años.

Otro de los principales procesados, el notario Peña, se ha conformado con tres años y dos meses de cárcel, aunque podría beneficiarse de una suspensión de ingreso en prisión, además de la prohibición definitiva para ejercer de notario.

Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba a propietarios con productos financieros como hipotecas inversas, figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de L'Albi (Lleida).

Acusaciones y defensas del caso han pactado asimismo declarar la nulidad de todas las escrituras firmadas en base a compraventas fraudulentas, lo que abre la puerta a que las víctimas puedan recuperar sus inmuebles, aunque muchas de las propiedades ya han sido adquiridas por terceras personas.

La sala ha acordado que el juicio continúe únicamente para establecer las responsabilidades civiles que corresponden a las víctimas y quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones, en un proceso en el que además de la aseguradoras forman parte múltiples sociedades pantalla que los acusados utilizaban para perpetrar los estafas y ocultar los ingresos.

La red, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, se dedicaba presuntamente a estafar a personas mayores, sin conocimientos económicos, para quedarse con sus propiedades inmobiliarias, sin abonarles contraprestación económica alguna o, en ciertos casos, pagándoles un importe muy inferior al valor del mercado.

Se trataba de productos financieros de efectos similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio. De esa forma, contactaron con numerosas personas a las que garantizaron que obtendrían dinero mediante los productos financieros ofertados o a través de préstamos, para que así pudieran hacer frente a sus deudas.

Para elevar esas compraventas fraudulentas a escritura pública, la trama contaba con la colaboración de dos notarios, uno de ellos Peña, además de dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Asimismo, los acusados utilizaron “toda una serie de sociedades instrumentales” para ocultar la identidad de las personas que compraban los inmuebles y dificultar que los estafados pudieran recuperar su propiedad en caso de llegar a descubrir el fraude que habían padecido.