En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

Las expediciones de conquista vikingas podían terminar con el control prolongado de territorios que sus guerreros habían atacado previamente. Aquellos pueblos escandinavos desarrollaron una cultura guerrera en la que obtener riquezas, conquistar tierras y aumentar el prestigio de los caudillos constituían importantes incentivos para recurrir a la violencia.

Cuando una partida llegaba a una población, sus habitantes podían enfrentarse al saqueo de sus viviendas, la muerte de familiares o la captura de personas destinadas a la esclavitud. Los ataques también podían provocar incendios y obligar a los supervivientes a abandonar sus hogares, aunque las expediciones variaban considerablemente según sus objetivos y las defensas que encontraban.

La violencia afectaba también a las propias comunidades escandinavas

Esa violencia también afectaba a las comunidades escandinavas, como demuestra una investigación que ha identificado 19 lesiones traumáticas en restos de 12 personas. El proyecto internacional BODY-POLITICS examinó restos correspondientes a 192 individuos procedentes de 197 depósitos arqueológicos de Dinamarca, Noruega y Suecia, fechados aproximadamente entre el 500 a. C. y el 1100 d. C.

Los resultados, publicados en 2026 en Journal of Archaeological Method and Theory, indican que al menos ocho individuos sufrieron agresiones deliberadas y que seis pudieron morir por sus heridas.

Las lesiones de algunos adultos revelan que determinados habitantes de Escandinavia sobrevivieron a varios episodios violentos durante su vida. En Gammel Lejre, un importante asentamiento de la época vikinga, apareció un hombre de entre 30 y 35 años con tres heridas cicatrizadas en el cráneo. También presentaba una fractura de antebrazo compatible con un movimiento defensivo y una clavícula que había soldado incorrectamente. Los investigadores determinaron que sobrevivió durante semanas o meses al último golpe recibido en la cabeza.

Entre los hallazgos más inquietantes figura el cráneo de un niño de entre dos y cuatro años depositado bajo el suelo de una vivienda de Jutlandia. El fragmento apareció en Postgården VI, un asentamiento situado cerca de Aalborg, y presentaba lesiones compatibles con el impacto de un arma de filo.

Marianne Hem Eriksen, profesora investigadora del Museo Nacional de Dinamarca y responsable del proyecto, explicó a Videnskab.dk que “el cráneo del niño fue colocado en el suelo de una casa donde la gente siguió viviendo”. Los análisis también establecieron que el hueso era aproximadamente 200 años anterior a la construcción de aquella vivienda.

Otro cráneo descubierto en un pozo de Aarhus pertenecía a una mujer de entre 18 y 25 años que vivió durante la época vikinga. Los análisis genéticos permitieron identificar su sexo después de que sus características anatómicas hubieran sugerido inicialmente que pertenecía a un hombre. Presentaba una lesión cerca del ojo izquierdo compatible con un golpe de espada o hacha. El pozo estaba próximo a cuatro construcciones semienterradas posiblemente utilizadas para actividades textiles.

La interpretación de estas heridas exige cautela porque muchos individuos están representados únicamente por fragmentos óseos y algunas fracturas pueden deberse a accidentes. Los investigadores también encontraron señales de problemas dentales, articulaciones deterioradas y lesiones antiguas mal curadas, compatibles con condiciones de vida difíciles. La ausencia de otras partes del esqueleto impide determinar cuántas agresiones sufrieron realmente estas personas.

Las viviendas escandinavas conservaron restos humanos durante generaciones

Los cementerios tradicionales tampoco permiten reconstruir toda la violencia de aquellas sociedades, ya que numerosos cadáveres recibieron tratamientos funerarios diferentes. BODY-POLITICS estudió huesos encontrados en hogares, pozos y estructuras domésticas que habían quedado fuera de las investigaciones centradas en tumbas convencionales.

Phys.org destacó la utilización de técnicas osteológicas y análisis biomoleculares para examinar estos restos. Los autores advierten de que “no todas las víctimas de violencia del pasado fueron enterradas en cementerios formales”.

El tratamiento posterior de los cadáveres constituye otro aspecto de la investigación, porque algunos huesos fueron cortados o modificados antes de depositarse en edificios. Eriksen señaló al medio danés Videnskab.dk que estas prácticas también podían relacionarse con la protección de las viviendas o la conservación simbólica del poder de los antepasados.

La investigadora, citada asimismo por Gizmodo, subrayó que los descubrimientos amplían el conocimiento de las concepciones escandinavas sobre la muerte. Algunos restos permanecieron durante generaciones bajo los suelos de viviendas habitadas, como ocurrió con el cráneo infantil de Jutlandia.

Para la familia de Eduardo Moreno Bergareche, conocido como 'Pertur', la exposición institucional que pretende “hacer memoria” sobre el “pasado traumático” de Euskadi a través de su figura cincuenta años y unos meses después de su desaparición, supone un “apoyo muy grande”. “Claro que te repara”, afirma Inés Moreno Bergareche, hermana. Este 13 de octubre, 'Pertur' habría cumplido 76 años, una fecha maldita para sus allegados junto al 23 de julio, cuando se le perdió la pista. “Nosotros, al menos la familia, vamos a seguir otros 50 años, intentando saber la verdad”, garantizan.

'Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur'. Una desaparición sin víctima’, con el segundo apellido con 'tx', ha sido el nombre elegido para la exposición, promovida por el Instituto de la Memoria (Gogora) del Gobierno vasco, en memoria al exmilitante de ETA desaparecido hace cincuenta años. La muestra, inaugurada este martes al mediodía en la plaza de Okendo de Donostia, no se ha centrado en la “desaparición en sí”, sino en su “familia, que no ha recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación”, ha explicado Amaia Goenaga, de Gogora, a los familiares y autoridades que han acudido a la inauguración.

La exposición, compuesta por 22 paneles, rememora aquello que a 'Pertur' le tocó vivir, “pero sobre todo recuerda y reflexiona sobre la ausencia, sobre la huella tan profunda que dejó su ausencia para la familia y para los amigos”, ha expuesto al comienzo del acto Alberto Alonso, director de Gogora. También han intervenido el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE. Al acto también han asistido otros cargos institucionales de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin.

En su intervención, Insausti ha querido reivindicar la importancia de que la exposición se encuentre a pie de calle, pues en Donostia el espacio público es donde se celebran “muchos momentos colectivos”, considera. El dolor “no se puede quedar en las familias de manera individualizada”. “Al igual que los logros colectivos, las heridas también lo son y nos corresponde a todos sanar y curarlas”, se ha referido el alcalde en torno a la memoria. Y ha reivindicado el “gran trabajo de las instituciones” para alcanzar “una memoria inclusiva que no deje a nadie de lado”. A su criterio, la figura de 'Pertur', que deja “cincuenta años después más preguntas que respuestas”, es la muestra de que todavía queda trabajo pendiente para construir un “futuro en paz”. “La tarea de este Ayuntamiento y ciudad es no olvidar”, ha recalcado.

Por su parte, la consejera San José ha halagado la visión del exmilitante de ETA político-militar por buscar que la violencia quedara en “un segundo plano” dentro de la organización. “Teorizó un primer paso de un camino que, años despues, culminó con el abandono definitivo de las armas” por parte de la rama 'polimili'. Comprendió, “en palabras de Mario Onaindia, que lo verdaderamente revolucionario era la democracia”, ha asegurado citando a quien luego fuera dirigente del partido Euskadiko Ezkerra, EE, ahora integrado en la federación vasca del PSOE.

Al igual que las víctimas del franquismo “empiezan a ver aliviado su dolor” tras las exhumaciones e identificaciones, ha considerado San José, en el acto ha querido “reivindicar el derecho que tienen las familias de los desaparecidos durante la Transición a descansar definitivamente de esa búsqueda”. “Pido al Estado que cumpla con su responsabilidad, que no ceje en el obligado empeño de trabajar por el esclarecimiento de esos crímenes” y, en referencia a ETA, ha pedido igualmente que los que “saben y llevan años sin atreverse a hablar, que den un paso adelante” y “colaboren”. “Solo así podremos cicatrizar, tantas décadas después, la incurable herida de su ausencia”, ha concluido.

A pesar de no poder acudir a la presentación por encontrarse de viaje, Lurdes Auzmendi, pareja de 'Pertur' cuando desapareció, ha pedido en nombre de todos los familiares que “los que sepan algo”, aunque sea “el menor indicio o detalle sobre su desaparición”, hablen. “La inhumanidad de ocultar lo que se sabe sobre lo sucedido con una persona desaparecida es muy cruel”, ha expresado. “Los padres de Eduardo murieron con la tristeza y el dolor pegado a sus corazones por no tener ninguna noticia sobre el paradero de los restos de su hijo y nos pasaron el testigo y perseveramos en ese compromiso para que su memoria prevalezca por siempre”, ha apostillado.

En 2012, la familia de 'Pertur' solicitó su reconocimiento como víctima del terrorismo, pero fue desestimada al no estar determinada “la autoría de la desaparición”. Moreno Bergareche, por lo tanto, no tiene por tanto reconocimiento como víctima de ninguna violencia.

Entre los asistentes que se han detenido atentamente a leer los paneles, se encontraba Gorka Landaburu, superviviente de un atentado de ETA hace 25 años. El periodista abrió una carta-bomba que no lo mató por una carambola, aunque perdió gran parte de una mano, visión y oído. “La memoria es como conducir un automóvil, tienes que poner las dos manos al volante y mirar de frente, pero si no tienes un buen retrovisor, nunca conducirás debidamente. Todas las sociedades ocultan sus pecados, aquí tenemos un problema de memoria y queremos que se haga justicia, porque nuestros nietos pedirán explicaciones. Y hay que contar para que no se repita y, sobre todo, por dignidad, humanidad y justicia”, respondía preguntado por su asistencia al homenaje.

La agresión a los activistas de Ama Asturies, Rubén Rosón y Jorge Fernández, perpetrada en la madrugada del pasado 11 de septiembre en la Plaza de la Catedral de Oviedo/Uviéu, durante las fiestas de San Mateo, ha sido esclarecida policialmente con la identificación de un séptimo joven, de nacionalidad argentina, que ya ha sido expulsado de España por encontrarse en el país en situación administrativa irregular.

La Policía Nacional considera que este séptimo investigado se sumó a la paliza fascista de forma espontánea y sin tener una vinculación inicial con los otros seis jóvenes que actualmente se encuentran en libertad provisional acusados de su presunta autoría en delitos de odio y lesiones.

Los agentes dan por cerrada la investigación de esta agresión provocada por motivos ideológicos ya que, según los investigadores, todo se desencadenó a raíz de que las víctimas recriminaran la retirada de una bandera del colectivo LGTBI que estaba instalada en la caseta de Fiestes Populares en la Plaza de la Catedral.

Las imágenes

Las víctimas, médicos en ejercicio, fueron trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo/Uviéu. Rubén Rosón recibió cinco puntos de sutura en el rostro, mientras que Jorge Fernández fue sometido a diversas pruebas al haber sido golpeado en la cabeza con patadas y puñetazos cuando se encontraba inconsciente en el suelo.

Ama Asturies convocó una concentración de repulsa a la agresión y difundió en sus redes sociales un vídeo donde se podía apreciar la paliza y cuyas imágenes han sido analizadas por la Policía Nacional junto a las cámaras de videovigilancia de la zona que han sido claves para la identificación de los presuntos autores. Un vídeo que reproducimos a continuación.

Integrantes de un grupo ultra

La investigación corrió a cargo de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. A las pocas horas de los hechos, las primeras pesquisas permitieron identificar a seis de los agresores y detener a cinco de ellos, ya que el sexto se encontraba cursando estudios en Italia.

El análisis pormenorizado de las grabaciones y el reconocimiento fotográfico en dependencias policiales confirmaron que seis de los atacantes formaban parte de un grupo ultra de animación de un equipo de fútbol ovetense, confirmándose el móvil homófobo de la agresión inicial.

Cinco de los seis jóvenes identificados inicialmente fueron detenidos y pasaron a disposición judicial. El sexto declaró por videoconferencia. Todos quedaron en libertad provisional investigados por delito de odio. A algunos de los investigados se les añadía el delito de lesiones.

Manifestaciones de protesta

Las manifestaciones de protesta por la agresión y en solidaridad con las víctimas fueron multitudinarias. El alcalde de Oviedo/Uviéu, Alfredo Canteli, avivó la polémica al minusvalorar la paliza y restar importancia a los hechos al asegurar en un primer momento que los jóvenes agresores pertenecían “a buenas familias”. Unas palabras que ratificaron los abogados defensores, quienes negaron que formaran parte de un grupo ultra organizado.

Ante la presión social, Alfredo Canteli tuvo que rectificar sus primeras palabras y condenar la violencia.

Mensajes de odio y amenazas

Lejos de calmarse los ánimos, comenzaron los mensajes de odio a través de las redes sociales. Rubén Rosón y Jorge Fernández, quienes ratificaron su versión de los hechos en el juzgado, denunciaron públicamente que los haters incluían en los mensajes amenazas de muerte y en todo momento aludían a su ideología de izquierdas.

Entre otros mensajes, había expresiones como las siguientes: “A estos hijos de puta de izquierda los barreremos pronto de las calles”, “poco os han dado”, o “ni habéis empezado a sentir miedo, pero todo llega..”.

Un séptimo participante en la agresión

Entre tanto, la Policía Nacional continuaba revisando las imágenes. Las cámaras habían llegado a captar cómo un séptimo joven se había sumado a la pelea “de forma sobrevenida”.

Tras un exigente trabajo técnico de análisis de imagen, la Policía ha podido identificarle: se trata de un ciudadano argentino con múltiples antecedentes violentos que participaba en la trifulca de manera espontánea, sin vinculación con el grupo ultra ni motivación ideológica previa.

Al margen de su implicación en estos hechos, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tramitaba de forma paralela su expediente de expulsión de España por encontrarse en situación administrativa irregular, una medida que ya se ha materializado recientemente.

Un caso esclarecido policialmente

De la identificación de este último agresor se ha dado traslado al Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 3 de Oviedo, en funciones de guardia, con lo que la Policía Nacional da por zanjada la investigación y plenamente esclarecidos los hechos.

La Policía Nacional recuerda que la lucha contra los delitos de odio es una prioridad permanente, coordinada a través de las unidades especializadas EVO (Equipo de Extremismo Violento y Odio) y en estrecha colaboración con la Sección Especializada de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias, en el marco del vigente Plan de Acción del Ministerio del Interior.

Tres hombres y una mujer, vinculados a grupos de ultraderecha, han sido detenidos en las últimas horas acusados de desórdenes públicos y delitos de odio tras ser identificados como los presuntos responsables de una agresión a los acampados por la vivienda en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo/Uviéu, en la madrugada del pasado sábado. Uno de los acampados resultó lesionado en la cara.

Los cuatro arrestados han pasado a disposición judicial este lunes del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 1 de la capital asturiana, en funciones de guardia, y se ha dado traslado tanto de su detención como de los hechos imputados a la Sección Especializada de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias.

Desde que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, el Sindicato de Vivienda de Asturies y Ama Asturies anunciaron que se sumaban el pasado fin de semana a las movilizaciones convocadas en todo el país, tras haber decaído los dos decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, la plaza de la Escandalera, donde se iba a montar la acampada el sábado y donde el domingo iba a terminar la manifestación, era un lugar donde la Policía Nacional y Local iba a intensificar la vigilancia para garantizar que se desarrollara sin incidentes.

Convocatorias multitudinarias

A continuación reproducimos un vídeo difundido en la red social X por Rubén Rosón, activista de Ama Asturies, donde se puede apreciar el seguimiento de la manifestación por la vivienda y la carestía de la vida celebrada ayer, domingo, en la capital asturiana.

Rubén Rosón participa activamente en las movilizaciones convocadas en defensa de una vivienda digna y ha denunciado en comisaría, junto a su compañero Jorge Fernández, la agresión que ellos mismos sufrieron durante las pasadas fiestas de San Mateo, en la capital asturiana, por un grupo de seis jóvenes que actualmente se encuentran en libertad provisional y los posteriores mensajes de odio que están recibiendo desde que denunciaron públicamente la agresión.

Una acampada pacífica

Ante la previsión de que tanto la concentración inicial del sábado, con acampada incluida, como la manifestación del domingo pudieran contar con una presencia masiva de asistentes, hizo que se desplegara un importante dispositivo policial alrededor de La Escandalera.

Sin embargo, aunque la presencia policial era evidente, no frenó a los miembros de grupos de ultraderecha que se acercaron en la madrugada del sábado al domingo hasta la plaza “al objeto de provocar y violentar al colectivo allí reunido pacíficamente”.

La vigilancia policial

Según el relato policial, un grupo formado por tres hombres y una mujer irrumpió en la acampada en favor de la vivienda para agredir a los acampados. Los agresores portaban estética filonazi, realizaron gestos y lanzaron proclamas exaltadoras del nazismo.

No obstante, la “rápida actuación de los agentes” evitó que el incidente de los ultras fuera “más grave” hacia los acampados. Además, se disponía de imágenes que han sido un soporte clave para la identificación de los agresores, tal y como han corroborado desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Proclamas exaltadoras del nazismo

La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias asumió desde un primer momento la investigación al constatar que el incidente tenía “una motivación ideológica”.

La investigación policial se dirigió tanto a localizar a los agresores como a determinar su grado de implicación y las causas que les llevaron a provocar los incidentes que se saldaron con uno de los integrantes de la acampada herido.

Las cámaras 'delataron' a los agresores

El visionado de las cámaras permitió identificar a los presuntos autores, así como constatar el rol que ejercía cada uno de ellos. En la misma mañana del sábado, tres de los agresores fueron detenidos en la estación de autobuses de Oviedo/Uviéu cuando iban a coger un autobús para desplazarse a Madrid para asistir a un acto organizado por colectivos de ultraderecha contra los acampados en favor de la vivienda de la Plaza de Sol.

Se da la circunstancia de que ese acto finalizó asimismo con tres detenidos por incidentes violentos similares a los investigados.

El cuarto implicado fue detenido poco después en Avilés. Las posteriores gestiones de investigación han permitido vincular a los cuatro agresores con ideologías de ultraderecha, por lo que se les atribuyen los delitos de desórdenes públicos y de odio.

Una motivación “ideológica y de odio”

“Los investigadores llegaron a la conclusión de que el trasfondo de la agresión obedecía a una motivación ideológica y de odio hacia un colectivo al que consideraban antagonista al suyo”, ha confirmado la Policía Nacional.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias se ha destacado además que se ha apreciado la existencia de un delito de odio tras valorar que confluían varios de los denominados indicadores de polarización que la Secretaría de Estado de Seguridad difundió a través del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante Delitos de Odio, lo que sustentaría la motivación discriminatoria de los hechos relatados.

“No son hechos aislados”

Todas las Brigadas de Información de la Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría General de Información, incorporan la unidad EVO (Equipo de Extremismo Violento y Odio) especializadas en la investigación de delitos y discursos de odio.

La Policía Nacional ha recordado, a través de un comunicado oficial, que no se trata de hechos aislados y ha reafirmado su compromiso con la erradicación de la violencia, las conductas discriminatorias y racistas, de acuerdo al vigente III Plan de Acción de la Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.

Las fotos con dirigentes de Vox

Ama Asturies ha denunciado que dos de los cuatro agresores que participaron en los incidentes en La Escandalera pertenecen a Vox Asturias y se les ha visto posando en fotografías de actos del partido con dirigentes de Asturias, entre otros, con las portavoces municipales en los ayuntamientos de Avilés y Oviedo/Uviéu, Arancha Martínez y Sonsoles Peralta, respectivamente, y con la diputada y portavoz en la Junta General del Principado, Carolina López.

Asimismo, aseguran que también hay testimonio gráfico de cómo compartieron mesa y mantel en alguna cena navideña con políticos del partido que lidera Santiago Abascal.

Esta situación ha llevado a Ama Asturies a exigir a Vox que “limpie de sus filas a todos los nazis y violentos de ultraderecha, expulse de su partido a los dos agresores fascistas” que fueron inicialmente identificados en esas fotografías, y pida perdón a toda la sociedad asturiana “por auspiciar la violencia fascista y a los violentos de ultraderecha”.

La vinculación con Núcleo Nacional

Fuentes de Vox han reconocido que esas dos personas -Mónica F.N. y Christian M.- estuvieron vinculados al partido, pero sostienen que ya no militan en él desde el pasado mes de junio.

“Tuvieron que abandonar la formación por su vinculación con Núcleo Nacional y nunca han tenido un cargo orgánico dentro del partido”, han aseverado.

Consignas en edificios

Por otro lado, la acampada en la plaza de La Escandalera sigue adelante de manera indefinida. Todos los días, a las ocho de la tarde, los acampados celebran una asamblea abierta y mantienen una extensa programación con eventos, charlas y actividades culturales y formativas. 

La acampada continua creciendo y hay más de medio centenar de tiendas instaladas. Según los convocantes, cada vez se acerca más gente y reciben más donaciones de la ciudadanía, en un proceso que califican de “desbordante y lleno de ilusión y potencia”.

Anoche, Ama Asturies realizó proyecciones en varios edificios de la Plaza de la Escandalera reivindicando una sociedad “antifascista, arcoíris y donde los rentistas no tengan cabida”.

Un exrecluso de 27 años, considerado en medios policiales como un “peligroso depredador sexual”, ha regresado al Centro Penitenciario de Asturias acusado de dos tentativas de agresión sexual que no logró consumar gracias a la resistencia ofrecida por las víctimas. El joven apenas llevaba un mes en libertad tras haber cumplido una condena por hechos similares y pudo ser detenido en un amplio operativo policial desarrollado de forma conjunta por efectivos de Policía Nacional y Local.

Los investigadores establecieron un discreto dispositivo de vigilancia que ha permitido su captura en apenas 72 horas. Tras su detención, ha pasado a disposición de la magistrada titular del Juzgado número 5 de Avilés, especializado en materia de Violencia de Género y Agresiones Sexuales, quien ha acordado su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

Actuó “con extrema violencia”

El detenido es conocido policialmente por su reincidencia en delitos de índole sexual. El pasado lunes, día 21, a primera hora de la mañana abordó a una joven “con extrema violencia” cuando se encontraba en el portal de un edificio del barrio de Puerta de la Villa, en Avilés.

El asaltante llevaba oculto el rostro para evitar ser identificado y no logró consumar la agresión porque se encontró con “la feroz resistencia de la víctima”, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Seguidamente, emprendió una huida a la carrera.

Operativo policial de vigilancia

Unas horas más tarde, intentó agredir sexualmente a otra joven residente en la zona, aunque tampoco logró su propósito y finalmente escapó.

Efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, en estrecha colaboración con la Policía Local, establecieron un discreto dispositivo de vigilancia en la zona.

“Observaba a nuevas víctimas”

El pasado jueves, día 24, los agentes lograron localizar al joven cuando “observaba adoptando una actitud de acecho a posibles nuevas víctimas”. Esta circunstancia desencadenó la rápida intervención policial para su detención.

Durante el arresto, el exrecluso negó rotundamente su participación en los hechos imputados.

Reiteración delictiva y riesgo de fuga

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que el detenido apenas llevaba un mes en libertad tras haber cumplido una condena por delitos de la misma naturaleza.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado. El representante de la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza al considerar la gravedad de los hechos denunciados y al apreciar que en su caso concurría una alta reincidencia delictiva y riesgo de fuga. Su petición fue estimada por la magistrada y el arrestado ha regresado de nuevo al Centro Penitenciario de Asturias.

“¿Se arrepiente usted de algo? ¿Quiere pedir perdón a las víctimas? ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar si usted hubiera estado donde debía estar?”. Nueve víctimas de la dana han trasladado algunas preguntas al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que comparece este lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Lo han hecho a través del diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, portavoz de la formación en la investigación parlamentaria sobre la gestión política de la dana, quien al arrancar la comparecencia ha reconocido que “le jode verle la cara un lunes por la mañana”. “Me da la sensación de que casi salimos peor nosotros que usted de aquí”, ha expresado el diputado.

Nueve familiares directos de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 han trasladado al expresidente una serie de preguntas a las que se ha negado a responder. El parlamentario le ha insistido a Mazón en que las preguntas son de las víctimas, no de los diputados. Estos son sus interrogantes:

Al finalizar la lectura de las preguntas, que han quedado sin respuesta, Rufián ha interpelado a los diputados del PP en medio de un tenso silencio: “¿Ustedes son conscientes del acto de inhumanidad que han protagonizado hoy?”. Tras ello, ha enumerado las “mentiras” varias del partido, y ha sentenciado: “Esas mentiras matan. Esas mentiras se votan”.

Tres asociaciones de víctimas y afectados por la dana de Valencia han exigido este lunes responsabilidades al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón así como su ingreso en prisión al grito de “asesino” frente al Congreso de los Diputados.

“Mazón a prisión”, “Asesino” y “no son muertos, son asesinatos”, han cantado algo más de medio centenar de personas concentradas ante el Congreso de los Diputados, con una figura del expresident vestido de preso y unas manos gigantes manchadas de sangre, minutos antes de que comenzara su segunda comparecencia ante la Comisión de Investigación de la dana en la Cámara baja.

Las asociaciones han recibido el apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda como Carmen Martínez, del Grupo Socialista y presidenta de la Comisión de Investigación de la dana; Àgueda Micò, del Grupo Mixto; o Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, entre otros.

Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la dana de 2024, ha calificado a Mazón como un “negligente” y “responsable de la muerte de 232 personas” el pasado 29 de octubre de 2024, día de la dana que asoló Valencia y dejó 232 víctimas mortales.

“Queremos recordar que los servidores públicos, las personas con un cargo de responsabilidad, tienen responsabilidades y tienen que responder por todo aquello que hacen y por todas sus gestiones”, ha declarado ante los medios de comunicación.

Ha asegurado que “es indigno” que Mazón “siga cobrando de los valencianos y valencianas” y, sobre todo, que “siga mintiendo desde un cargo público”.

Gradolí ha señalado que es “intolerable” que las víctimas tengan que demostrar que un 'Es Alert' “hubiese salvado vidas”.

Además, ha recalcado que Mazón acude al Congreso “porque la jueza de Catarroja (Valencia) no tiene las manos libres para pedirle que acuda como imputado, como testigo o como ella considere, porque está aforado”.

“Las víctimas no queremos más versiones, no queremos más mentiras. Queremos saber qué ocurrió aquel 29 de octubre de 2024. Que se depuren las responsabilidades para que lo que pasó no vuelva a pasar nunca más. Nos debemos a 232 personas que no están entre nosotros, pero también a toda la ciudadanía valenciana”, ha sentenciado.

También Rosa Álvarez, presidenta e la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, ha recordado que, además, comparecerá este lunes por vez primera ante la comisión el ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso.

“Ha estado prácticamente 2 años de rositas, tapado, camuflado con una baja por enfermedad mental. Preguntémonos qué problema tenía de salud mental, a no ser que fuera previa”, ha comentado.

Además, ha explicado que las asociaciones esperan que Mazón diga la verdad y que haga “una cronología clara y coherente”.

“Pero eso sabemos que no va a pasar”, ha lamentado.

Además, han señalado que Mazón debería abandonar la política: “Este individuo tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024. Que deje la política, que no nos haga más daño a las familias y que el curso judicial continúe, pero que deje la política, porque su dimisión fue en falso”.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al preso de ETA Henri Parot, condenado por el asesinato de 39 personas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión de un tercer grado que ha tachado de “fraudulento” a Henri Parot, “uno de los asesinos más sanguinarios de ETA”. En un comunicado recogido por Europa Press, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha calificado de “inaceptable” que el Ejecutivo vasco “conceda la semilibertad a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable”.

Tras recordar que entre los crímenes de Parot está “la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas” y acumuló “condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos”, ha subrayado que es “inaceptable” que ahora este preso de ETA vea “flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia”.

“Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos”, ha denunciado. Ordóñez ha incidido en la progresión al tercer grado de Parot confirma “que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA, una amnistía encubierta”.

“No estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento”, ha lamentado, para añadir que “es una consecuencia más del final negociado de ETA que las víctimas padecemos desde el año 2011”.

Permiso en 2025

Parot, que ingresó en prisión en 1990 y cumple una condena acumulada de 40 años, ya salió de permiso penitenciario en 2025. Lo avaló el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva en la que nombraba a sus asesinados y admite que el daño “nunca hubiese tenido que ocurrir”, según recogió entonces Efe. Enumeraba con nombres y apellidos a un total de 33 víctimas. “Creo que es necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por mi antigua pertenencia a ETA y tratar, en la medida de lo posible, repararlo”, escribió Parot entonces.

La línea telefónica 900 100 114 abierta por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la atención a víctimas de la violencia de género ha recibido 5.441 llamadas a lo largo de todo el año 2026, lo que representa un incremento del 15,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese incremento comenzó en enero y se ha mantenido a lo largo de todos los meses de este periodo, con una especial incidencia a partir del mes de mayo desde el que se acumula un crecimiento medio del 22,6%.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha destacado la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático” por violencia de género, recordando también que la lectura de este incremento de llamadas “no puede tener solo una lectura negativa”.

“Hoy sabemos que hay más casos de violencia de género, pero hay muchas cifras que crecen porque hay más mujeres alzando la voy y pidiendo ayuda a través de servicios, como la línea 900 100 114 del Gobierno regional, en lugar de sufrirla en silencio”, ha señalado.

Además, López ha querido insistir en que “ahora es más importante que nunca que toda la sociedad nos impliquemos en la erradicación de toda expresión de violencia hacia las mujeres y por ello cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia de género o que lo sufra directamente, debe pedir ayuda”.

En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que “solo se pide ayuda cuando se siente confianza y cuando la sensación de protección y de empatía es superior a la del miedo”, que “es lo que los discursos de la negación generan y por ello son tan peligrosos y dañinos”.

El 21% de las llamadas, para pedir información

En relación al tipo de llamadas recibidas, en el 21% de las ocasiones se trata de petición de información sobre los procedimientos de denuncia, el 13% responde a casos e intervenciones de urgencia y el 15% de las comunicaciones responden a demanda de intervención desde el punto de vista social. Un 28% de las atenciones realizadas han tenido que ver con situaciones de escucha y apoyo emocional.

Las llamadas recibidas por familiares y personas del entorno de la víctima representan el 10% de los casos frente al 83% de las situaciones en las que es la propia mujer víctima de violencia de género quien pide ayuda, que en el 69% de las ocasiones cuenta con nacional española.

Por tramos de edad, el mayor número de llamadas recibidas, el 30%, tiene que ver con víctimas jóvenes de entre 31 y 40 años, seguido del tramo de 20 a 30 años con el 20%. Las mujeres de 41 a 50 representan el 18% de los casos y las de 19 a 20 años, el 8%.

El 54% de las atenciones telefónicas realizadas han tenido que ver con violencia psicológica y el 31% con violencia física. Son cifras que se extraen de las 5.441 llamadas atendidas, sin que ello signifique que todos los casos y todas las tipologías de violencia machista existentes en la región estén representadas en ellas.

La agente de la Guardia Civil de Llanes, Laura C.V., de 50 años y natural de Madrid, ha sido asesinada por su expareja, Dámaso F. S., un agente de 49 años y de origen gallego, quien ha irrumpido armado en dependencias policiales y, tras acercarse a ella, le ha disparado. Agresor y víctima estaban divorciados y tenían tres hijos en común: un chico de 18 años y dos gemelas de 14 años. El exmarido ha fallecido mientras era atendido por los servicios sanitarios.

La Delegación del Gobierno, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes han convocado conjuntamente una concentración de repulsa ante este crimen, que califican ya como asesinato machista, para mañana, día 6, a las 18.30 horas, ante el consistorio llanisco.

Registrada en VioGén

Laura C.V. estaba registrada en el sistema VioGén. Fuentes cercanas a la investigación han asegurado que había interpuesto denuncias por malos tratos contra su exmarido. Contra él se dictó una orden de alejamiento que estuvo vigente hasta el pasado mes de diciembre. Actualmente estaba destinado a la Comandancia de Zamora.

Al parecer, hace unos días recibió una resolución de separación del servicio, por lo que no tenía arma reglamentaria. La investigación tratará de determinar ahora cómo consiguió el arma utilizada para matar a su exmujer.

La agresión

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13.30 horas de hoy. El agente entró armado al cuartel y, tras disparar contra su exmujer, intentó escapar.

En su huida “abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias oficiales, quienes pudieron repeler la agresión”, según ha explicado un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias.

Disparó a otros agentes

Un teniente intentó auxiliar a la víctima y salió en persecución del agresor. En el cruce de disparos ambos resultaron heridos.

El agresor murió, poco después, cuando era atendido por los servicios sanitarios, según ha confirmado a elDiario.es Asturias el portavoz de la Guardia Civil.

La investigación

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha empezado a “recabar datos” sobre el crimen. Una vez que se confirme oficialmente que la muerte de Laura C.V. responde a un asesinato por violencia machista, se convertiría en la víctima mortal número 34 en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Concentración de repulsa

La Delegación del Gobierno, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes han emitido una declaración institucional convocando a la ciudadanía a participar mañana, jueves día 6, en una concentración de repulsa por este asesinato que tendrá lugar a las 18.30 horas, delante del consistorio llanisco.

A continuación reproducimos íntegramente esta declaración institucional:

“Ante el asesinato machista perpetrado en Llanes contra Laura, de 50 años de edad, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera”.

La respuesta institucional

“En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional y la atención a su familia y entorno”.

“La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente. Desde la Delegación del Gobierno de España en el Principado de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia”.

Recursos contra la violencia machista

“Por ello -continúa la declaración institucional- hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración de condena y rechazo a este asesinato machista que tendrá lugar mañana jueves 6 de agosto a las 18:30 horas ante el Ayuntamiento de Llanes”.

La declaración conjunta concluye recordando que el número de teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está disponible todos los días del año las 24 horas del día. Así como por vía WhatsApp en el 600 000 016 o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es.

Un juez de Gijón/Xixón ha prohibido a un vecino de 68 años aproximarse a un policía local al que ha estado a punto de matar, tras manipular el sistema de frenados de su moto.

Ademas de las cámaras de videovigilancia de tráfico que grabaron la escena, varios testigos lo situaron en la zona. La Policía Nacional logró detenerlo el pasado miércoles.

Tras pasar a disposición judicial, el presunto agresor abandonó las dependencias judiciales en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.

Los hechos han sido confirmados este viernes por la Policía Nacional de Gijón/Xixón. Según su relato, el agresor conocía que su víctima era policía local por intervenciones policiales anteriores.

Una manipulación “deliberada”

Agresor y víctima habían coincidido en el barrio de La Arena. El agente, que se encontraba en ese momento fuera de servicio, aparcó su moto y se fue. Poco después, regresó a la zona y cuando ya se marchaba “comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero de su motocicleta, teniendo que hacer uso de su pericia ya que habitualmente realiza su trabajo en moto, para evitar tener un accidente, por lo que decidió llevar el vehículo al taller para comprobar el origen de la avería”, explican desde la Comisaría de la Policía Nacional.

Tras la revisión, los mecánicos confirmaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma deliberada mediante el vaciado del líquido de frenos y descartaron que la pérdida pudiera obedecer a una avería fortuita.

La investigación

Los mecánicos certificaron que únicamente una manipulación intencionada podía provocar ese tipo de fallo, que comprometía no solo su seguridad sino que incluso conllevó un riesgo elevado de sufrir un accidente con consecuencias “potencialmente muy graves”.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón/Xixón se hicieron cargo de las investigaciones.

Las imágenes

Las manifestaciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por distintos sistemas de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas permitieron reunir suficientes indicios para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos y dictó una orden de alejamiento a la víctima.

El tercer capítulo del documental Canarias: 50 años tras la oscuridad podrá verse este fin de semana. Se trata de un episodio titulado La Reparación y dedicado a la lucha de las víctimas del franquismo. Verdad, justicia y reparación es lo que llevan buscando las familias décadas después de la dictadura y hay quienes han dedicado toda su vida a buscar los restos mortales de sus seres queridos a los que han echado en falta siempre. Este capítulo se podrá ver en TVE el próximo domingo 2 de agosto a las 11.00 horas. Un día antes, el sábado 1 de agosto a las 11.00 horas se podrá ver también en TVE el capítulo dos, La Represión.

Debido a los incendios que afectan a la Península TVE se vio obligada a modificar su programación. No obstante, el episodio dos, dedicado a la violenta represión franquista en las Islas puede verse en el Youtube de Canarias Ahora.

El tercer capítulo, que se estrena este fin de semana podrá verse desde este sábado en el YouTube de Canarias Ahora y cuenta con testimonios como el de Pino Sosa, pionera en la lucha por la dignidad de las personas represaliadas en Canarias. En el documental se recuerda su historia y cómo en un pleno en 1987 dijo que había que abrir los pozos del olvido “esos donde fueron enterrados los demócratas entre ellos mi padre”. Su lucha aún sigue porque “todavía me faltan muchos padres y hermanos por conseguir” y añade que “en el cementerio” es donde deben estar “que es donde pertenecen los muertos y no en los fondos de los pozos. Los pozos se han hecho para dar vida”.

También se repasa en el este episodio la lucha de los palmeros. Fue en La Palma donde se llevó a cabo la primera exhumación de una fosa común en Canarias, en 1994, antes de la existencia de leyes de memoria democrática. Félix González, presidente de la Asociación de La Memoria de La Palma y familiar de represaliado del franquismo, explica cómo lo recuerda y qué supuso para la isla. También cuenta lo que significa una palabra como “reparación” y cómo han vivido la desaparición de un ser querido una familia como la suya. Nos lleva además a la cueva donde su tío abuelo llevaba comida a represaliados del franquismo y fue capturado por ese acto de buena fe y después asesinado.

Otro testimonio es el de Paco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de Los cinco de San Lorenzo. Hablará tanto de lo que significa San Lorenzo como lugar de represión como la lucha por recuperar los restos de su abuelo y de otras tantas personas en la Fosa Común de Vegueta. También incidirá en la importancia de acabar con los vestigios franquistas para avanzar hacia la reparación y en que se abran todas las fosas comunes y espacios donde fueron arrojadas las víctimas del franquismo.

Pepe Valencia de la asociación de la Memoria Histórica de Agaete, incide en que para él es importante que se consiga recuperar los restos mortales de todos los desaparecidos aunque fuera su abuelo “el único que no aparezca” porque entiende que “más que como nieto” tiene que hablar “como vecino y persona que tiene que ser empática con los demás”. O la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, que afirma que le indigna ver vestigios franquistas como el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife.

Historiadoras como la catedrática emérita de la ULL Maisa Navarro exponen por qué ese monumento incumple la Ley de Memoria Democrática y cuántos vestigios quedan aún en las calles canarias. El historiador Ricardo Guerra Palmero ahondará en por qué se levantaban estos monumentos en honor al dictador al igual que en la Alemania nazi.

Se vuelve a hablar en este episodio de Juan Negrín y cómo se lucha desde la Fundación por reparar el daño que se hizo a su figura por los bulos que se encargó de promover el franquismo. Para ello se cuenta con José Medina, presidente de la fundación, o Cristina Martín Gómez, historiadora y asesora de la misma.

Para hablar de las exhumaciones y de los trabajos que se han realizado o se siguen realizando, cuenta su experiencia el arqueólogo Javier Velasco, jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

También participan en este episodio el historiador Sergio Millares, la historiadora Raquel Pérez Brito o el profesor jubilado de Geografía Humana de la ULPGC Ramón Díaz.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres hablará de los retos a los que nos enfrentamos con el avance de la ultraderecha y por qué cree que hay seguir divulgando la historia en un momento tan delicado como el actual. “La historia tiene la tentación de que si no se aprende de ella se tiende a repetir lo que se vivió en etapas anteriores”, señala.

Sobre el documental

Producido por Clan de Medios, Canarias, 50 años tras la oscuridad, desglosa en tres capítulos (El Golpe, La Represión y La Reparación) la llegada de Franco a Canarias, los motivos por los que el Gobierno de La República decide enviar al destituido jefe del Estado Mayor a las Islas y cómo se convierte en capitán general de Canarias, para desde aquí, conspirar y liderar un golpe de Estado al que se opone resistencia en varias islas. Consecuencia de ello se va a generar una brutal represión. Muchos de los desaparecidos en el archipiélago no saben de qué fueron acusados. Sindicalistas, maestros, personas humildes… Miles de víctimas directas e indirectas. Víctimas que a día de hoy siguen buscando reparación, ya que creen que pese a los avances de las leyes de memoria democrática no se han cerrado las heridas.

El primer capítulo, El Golpe, se estrenó el pasado 17 de julio en el Museo Elder que llenó por completo su aforo; un estreno que contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que recordó cómo se puede retroceder en derechos “de un viernes a un sábado” como ocurrió en 1936. El capítulo se emitió al día siguiente en TVE y ya se puede ver en el YouTube de Canarias Ahora.

El capítulo dos, La Represión, se puede ver ya en el YouTube de Canarias Ahora y se podrá ver en TVE el próximo sábado a las 11.00.

Nueve mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en apenas dos meses han llevado al Ministerio de Igualdad a convocar un nuevo comité de crisis para analizar el pico de casos registrados en junio y julio. Solo entre el lunes y el martes de la pasada semana se produjeron tres de los crímenes, en Antequera y Benahavís (Málaga) y en Alameda de la Sagra (Toledo). Al término de la reunión, el departamento que dirige Ana Redondo ha detallado que siete de las nueve víctimas convivían con su agresor en el momento del asesinato.

Con el objetivo de analizar estos últimos casos, el Ministerio de Igualdad convocó el encuentro, al que asisten también representantes del Ministerio de Justicia, Interior y las comunidades autónomas en las que se han producido los asesinatos. El objetivo es estudiar pormenorizadamente cada uno y poner sobre la mesa recomendaciones de actuación.

Según ha informado el Ministerio, cuatro de las siete mujeres que convivían aún con su agresor estaban en fase de ruptura, un momento que las expertas suelen nombrar como factor de alto riesgo. Además, solo en uno de los casos había denuncia previa y ocho menores de edad se han quedado huérfanos. En lo que va de año, ascienden a 20.

De la reunión han salido algunas reflexiones o propuestas de actuación, entre ellas, “recalibrar el peso que el sistema judicial y policial” le da a las víctimas, sobre todo en los casos en los que ellas deciden retirar denuncias o piden que se rescindan las órdenes de alejamiento. “Las mujeres no actúan en libertad en un contexto de violencia de género”, apuntan fuentes de Igualdad, que señalan que “debe primar la persecución de quien delinque y la protección de las víctimas”.

Entre las conclusiones de la reunión, se ha considerado necesario recordar que, en el caso de que haya menores de edad, las víctimas “suelen tener dependencia emocional o económica del agresor” y los asistentes han puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar un “acompañamiento” de estos niños, niñas y adolescentes que se quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus madres con el objetivo de “evitar la reproducción de perfiles de agresor o víctima”.

También se ha comentado la pertinencia de “replantear” las conformidades en los procedimientos de violencia de género o los acuerdos mutuos en los procesos que dependen de los Juzgados de Familia —por ejemplo, las custodias— “cuando existe violencia”. De la misma manera, se ha barajado la importancia de “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida para facilitar la tramitación de ayudas y recursos con posterioridad a los asesinatos.

El departamento dirigido por Ana Redondo explica que próximamente se convocará una reunión específica con Andalucía para analizar en profundidad los casos ocurridos en Málaga.

“A mí me gustaría, si puede ser, que vengan los tres [miembros de ETA que lo asesinaron]. Incluso Ainhoa Múgica [la exdirigente de la banda terrorista que ordenó el atentado]. Y que me miren y me digan: 'Lo sentimos'. Entonces yo les daré el perdón”. Reyes Zubeldia se encontraba en casa, junto con dos de sus hijos, cuando hacia las diez de la mañana del 14 de julio de 2001 escuchó la explosión de la bomba-lapa que mató a su marido, José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza, al norte de Navarra. “Fue terrible”, recuerda la mujer 25 años después junto a su hija. Raquel Múgica, la menor de los hijos del matrimonio, siente que recordar el asesinato de su padre sirve para evitar “que se olvide lo que pasó, o se recuerde de una forma distinta a la que fue”. “Mi padre lo que quería era unir [al pueblo] y cambiar esa tónica de división [política de la época]. Y creo que eso a veces molestaba”, sostiene.

Ese mismo día, a última hora, ETA asesinó en Leaburu (Gipuzkoa), al mando de la Ertzaintza Mikel Uribe. La organización continuaba su campaña iniciada tras las autonómicas vascas de mayo de ese año. Después de las elecciones, atentó contra Gorka Landaburu, que salvó la vida, y mató al comercial de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. Hubo también atentados en Madrid y en Vitoria. El día del doble crimen era sábado y, en Gernika, juraba como lehendakari para un segundo mandato Juan José Ibarretxe, del PNV. Los actos solemnes tuvieron lugar entre uno y otro asesinato.

“Mi padre —prosigue la familia de Múgica— no tenía vocación de política en sí, sino voluntad de mejorar un pueblo pequeño y su convivencia. [Su hermano] le pidió si podía meterse en política para resolver ciertos asuntos del pueblo, como un problema con una casa abandonada. [Primero] estuvo colaborando con un partido [local] independiente (Unión Independiente de Leiza), les ayudaba en el día a día. Luego ya decidió dar el paso con UPN para conseguir más apoyos. Pero veía problemas locales del pueblo, no problemas políticos”, recuerda su hija.

“Él quería mejorar la situación del pueblo, de sus vecinos, ayudaba a todo el que podía, no miraba si eran nacionalistas o no. Una vez organizó a unos cuantos chicos sin trabajo para ir con ellos a limpiar los ríos, a trabajar juntos para que viesen que eran útiles. Durante varios años fue profesor de autoescuela, años después aunque ya había dejado esa profesión seguía ayudando a muchas personas a quitarse el miedo a conducir. Si alguien había perdido el autobús o no tenía forma de ir a su caserío estaba dispuesto a acercarle donde necesitase. Cuando nevaba siempre salía con su furgoneta por las calles del pueblo por si podía ayudar a alguien a sacar el coche de la nieve. También colaboró en la asociación de saharauis para que los niños del Sahara pudiesen venir a Navarra a pasar el verano con familias de acogida. [Era un hombre que] ayudaba en todo lo que podía ayudar”.

José Javier Múgica había vuelto la tarde del viernes 13 de julio a casa tras haber pasado “dos o tres días” de vacaciones con su mujer en Fitero. “El sábado por la mañana mi marido tenía una boda”, pues tenía un encargo como fotógrafo en la celebración, recuerda Zubeldia. Ese día, el concejal regionalista —que a pesar de las amenazas había renunciado a portar escolta— “después de desayunar” salió de su casa, bajó las cinco plantas por las escaleras y cuando “arrancó el coche, explotó”. Su mujer, que estaba en casa junto a dos de sus hijos, se asomó al balcón al escuchar el estruendo y lo vió “en el suelo quemándose” a unos metros de la furgoneta, también envuelta en llamas a causa de la explosión.

“Eso no se puede olvidar, al menos yo no. Y van a hacer 25 años, que no son cinco. Son ya 25”, confiesa la mujer. “Por el portal no se podía bajar, porque la furgoneta estaba justo donde las ventanas del portal y entraba el humo”, recuerda su hija, en aquel momento de 21 años, y relata que tuvieron que “atravesar un balcón” para poder llegar a la calle. Una vez la familia consiguió salir del edificio, Zubeldia quiso ver a su marido. “Desde arriba vi cómo [José Javier] se quemaba y pensé: '¿Cómo estará ahora?'. Él y yo éramos uno, y no podía dejarle. Tampoco en ese momento”, recuerda. Aunque los cuerpos de seguridad no la dejaban.

Fue Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra y de UPN por aquel entonces, que acudió al lugar al conocer el atentado, quien intermedió por ella y la acompañó. “[Sanz] estaba allí y les preguntó '¿ella qué quiere?'. 'Pues si me dejan ir con ella yo le acompaño', les decía”. “Usted se hace entonces responsable”, recuerda Zubeldia que le respondían al presidente navarro.

La investigación posterior revelaría que, en un hueco escondido en los bajos del vehículo, el 'comando Argala' había instalado una “bomba compuesta por 3 kilos de dinamita, tipo 'titadyne', provista con un mecanismo de iniciación eléctrico”, tal y como se reflejó en la sentencia que diez años después condenó a Andoni Otegi, Óscar Celarain, Juan Carlos Besance y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' por el asesinato del concejal leitzarra. La orden de su asesinato la dio Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olatz', exjefa de ETA, tal y como reconoció en diciembre de 2025 en la Audiencia Nacional. Con un escueto “sí”, admitió haber indicado al comando de la banda terrorista asesinar con un coche-bomba al concejal de UPN en 2001. La exdirigente, junto a Otegi, “elaboró un manuscrito” con las indicaciones necesarias para que el 'comando Argala' llevase a cabo el atentado.

“Él se definía como vasco, navarro y español. Él era euskaldun y en casa siempre hemos hablado en vasco. Te sientes vasco porque has recibido una cultura, las tradiciones y hablas la lengua. Aunque eres navarro, y por tanto también español, lógicamente”, describe la pequeña de los Múgica junto con su “ama”. “Ese concepto”, a su juicio, “también les duele a los nacionalistas”.

Desde hacía algunos años, Múgica ya había recibido amenazas. Incluso “antes de entrar en las listas” del partido regionalista. “Nos pintaban dianas en la tienda” de fotografía, “luego nos robaron las máquinas y las cámaras fotográficas de la tienda”, después “nos quemaron la furgoneta”, describe la hija del concejal. “Y luego pasó lo que pasó”, concluye Zubeldia, que nunca pensó que pudieran asesinar a su marido. A pesar de que “él miraba todas las mañanas los bajos” del coche y hubiera recibido “ciertos consejos” por su condición como figura política, Múgica “no trasmitía ese miedo” a su familia. De hecho, rechazo tener escolta.

“No quiso. Me decía: '¿Cómo voy a ser fotógrafo con escolta? ¿Te vas a una boda con la escolta?”, recuerda Zubeldia. Sin embargo, su hijo Daniel, que siguió los pasos de su padre y se unió a UPN poco después del atentado, sí que estuvo custodiado. Su familia, a pesar de los antecedentes, nunca temió por su vida. “Igual éramos unas ingenuas”, reflexiona Raquel Múgica, que nunca pensó que ETA se fuera “a ensañar” con la familia de esa manera. “Tener escolta te da confianza y lo vives ya distinto. Y luego dices, han matado a mi padre, ¿van a matar también a mi hermano?”.

Tras el asesinato de su marido y padre, la familia siempre ha sentido el cariño del pueblo, en el que continuaron viviendo años después y al que han vuelto todos los años. Porque se sienten acompañados, y para “acompañar a los que estuvieron [con Múgica y su familia], aunque tuvieran miedo”.

Un cariño que no fue “inmediato”. Cuando se conoció el atentado “la gente no sabía ni qué hacer”, recuerda la viuda. “Mucha gente tenía miedo de saludarnos” y se quedaron “bloqueados”, aunque recibían “el cariño a escondidas”. Ante la pregunta de a qué se refiere con esta última frase, ella lo explica con mucha calma. “Yo a mi marido lo incineré. La gente, como nosotros éramos muy montañeros, igual pensaban que lo echaría por allí, pero no. Lo traje a casa, porque él quería estar conmigo y yo con él. Me daba paz. Y cuando la gente lo supo me preguntaba si podía venir, a escondidas [a verlo]”, relata. Y afirma que todavía hay personas que no asisten a los homenajes “por cierto miedo”, a pesar de que han “pasado por su casa”.

“No sé si [las personas] se pueden hacer una idea de cómo era el ambiente en esa época”, recuerda Raquel Múgica, que paradójicamente siente que tuvieron “suerte”. Aunque algunos de sus amigos “cuando había un asesinato o un secuestro” de ETA verbalizaban ese pensamiento de “algo habrá hecho”, la hija del concejal se siente afortunada porque en 2001 “ya se empezaba la gente a movilizar”. “Hubo una manifestación multitudinaria [cuando mataron a mi padre] aquí en Pamplona y nos acompañaron [muchísimas personas]. Años antes no había nada. O sea, la gente empezó a quitarse el miedo de mostrar públicamente el rechazo y eso te da más fuerza”.

En 2011 se condenó a los miembros del comando 'Argala' a 50, 58 y 60 años de prisión por asesinato de Múgica, una sentencia que dejó “alivio” en la familia. Por una parte, porque les pareció una pena “justa”, y por otra porque pudieron “saber quienes fueron” los responsables. Durante el juicio, Zubeldia testificó en sin biombo y, ante la sorpresa de muchos de los presentes, quiso mirarles. “¿Les puedo mirar a estos chicos?”, le preguntó a la magistrada, aunque no esperó su respuesta para girarse. “Ahora mismo también lo haría”, pronuncia con rotundidad 15 años después. “Si vienen a casa a pedirme perdón, les daré el perdón. Pero si no vienen, ¿a dónde irán? Al menos si piden perdón irán con mi marido”, expresa la mujer, que ha intentado contactar con los terroristas e incluso “quería ir a la cárcel” a encontrarse con ellos, aunque no ha obtenido respuesta. Una circunstancia que le duele especialmente es la concesión de terceros grados a algunos de ellos.

“Yo no necesito, como mi madre, el perdón. No necesito estar con ellos. Hombre, si a ellos les hace bien venir y pedir perdón, estoy dispuesta también, pero no tengo necesidad de verles o hablar con ellos. Estoy en paz”, expresa su hija, y preguntada por este periódico, define algunas de las medidas penitenciarias concedidas a etarras como “injustas”. “No nos parece justo a nosotros, y entiendo que a ninguna víctima, esas libertades sin perdón, arrepentimiento o sin colaborar con la justicia. Porque hay muchísimas familias que no saben quiénes asesinaron a su padre, su madre o su hermano. Y eso lo podrían aliviar...”, opina. Aunque, consciente de cómo se pueden interpretar sus palabras, matiza: “No sentimos odio hacia los terroristas, sentimos un profundo dolor y una injusticia”.

Mikel Uribe, asesinado a 20 kilómetros

Se da la circunstancia de que, justo el mismo día, unas horas después, ETA asesinó también al agente de la Ertzaintza Mikel Uribe, de 44 años. El crimen se produjo en la localidad guipuzcoana de Leaburu, a apenas 20 kilómetros de Leitza. Según explica Covite, el policía “se disponía a cenar en la sociedad Zazpi Bide con unos amigos y mientras aparcaba su vehículo se le acercaron tres etarras en un coche robado”. Uribe fue descrito como “abertzale, euskaldun y afiliado a ELA”. Cuatro personas fueron condenadas por el crimen con 36 años de cárcel por cabeza.

“Aguardaron en una explanada emplazada detrás del Ayuntamiento hasta que un miembro del grupo criminal les avisó de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica. Otro etarra condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que un tercer terrorista lo ametrallara con un subfusil. A continuación, uno de los miembros del comando se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al hospital Donostia, donde falleció poco después”, describe la entidad que preside Consuelo Ordóñez.

“Al día siguiente, un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentraron en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Mientras tanto, ninguno de los vecinos de Leaburu salió a la calle y tuvieron que ser los agentes los que entraran en el consistorio, gobernado por Herri Batasuna, para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro”, critica Covite. En una entrevista en 'El Diario Vasco', Ibai Uribe, hijo de la víctima, relata que ha escrito unos bertsos en euskera en su memoria: “Ixildu da bonba hotsa, desagertu tiroketa. Nik lan egingo dut inoiz berriro ez dadin gerta”.

“Yo perdono pero no olvido”, dijo aquel sábado luctuoso Miguel Sanz, presidente navarro de UPN. El lehendakari Ibarretxe, recién iniciada su segunda legislatura, tuvo que estrenar la agenda con un viaje a la capilla ardiente del agente asesinado. Estuvo acompañado del consejero de Interior, Javier Balza, también del PNV. Estuvieron presentes, igualmente, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y los directores de la Policía Nacional, Juan Cotino, y de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, del PP.

La Associació de Víctimes de la dana 29 de Octubre de 2024 ha lanzado una campaña a través de redes sociales (Instagram y Facebook) que busca promover una movilización ciudadana masiva bajo el lema 'Cartas al Tribunal Constitucional: suma tu voz por la verdad, la justicia y la reparación'. La iniciativa pretende la implicación de la sociedad civil para apelar directamente a los magistrados del alto tribunal español a través del envío de masivo de escritos a su sede en Madrid. El colectivo persigue que se prioricen los derechos de los afectados frente a los privilegios de aforamiento de los que goza el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de modo que pueda ser imputado en la causa que investiga la gestión de la tragedia que sacudió gran parte de la provincia de Valencia en otoño de 2024 y que provocó la muerte de 230 personas solo en territorio valenciano.

Toñi García, quien perdió a su marido y a su única hija en la catástrofe, explica en el vídeo diifundido en redes sociales. “No escribimos para pedir un favor, escribimos porque creemos en la justicia”, asevera la portavoz de la asociación, al tiempo que enfatiza el carácter cívico de la protesta: “Sólo pedimos una cosa muy sencilla, que todas las personas seamos iguales ante la ley; que nuestros derechos a saber la verdad y a la justicia estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón”.

El trasfondo jurídico de la campaña radica en el recurso de amparo que la asociación ha presentado ante el Tribunal Constitucional, con el que denuncian la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. El colectivo sostiene que el blindaje político obstaculiza el acceso a un “juez natural e imparcial” y bloquea un proceso de investigación “equitativo, garantista e igualitario”.

De este modo, los impulsores de esta campaña defienden que la Constitución “no se escribió para proteger privilegios; se escribió para proteger derechos” y recuerdan que, detrás de los debates técnicos, subsisten centenares de familias que exigen una fiscalización judicial plena de las responsabilidades penales, tal y como explican en la web del colectivo.

La campaña facilita a los ciudadanos un modelo de carta descargable que puede ser personalizado y enviado por correo postal a la sede del tribunal en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. La plantilla de reclamación califica la situación actual de “aforamiento espurio y fraudulento” y exige a los magistrados que eviten que la igualdad ante la ley quede reducida a “papel mojado”.

Con esta movilización, los damnificados pretenden visibilizar que el reclamo de rendición de cuentas trasciende el dolor individual de las familias directamente afectadas. “La justicia también necesita saber que detrás de una víctima hay toda una sociedad que no quiere olvidar: verdad, justicia y reparación”, concluye García, quien insta a la ciudadanía a compartir sus fotografías con las cartas impresas para amplificar la presión social.

El Govern i l'Ajuntament de Pollença han iniciat aquest dimarts la col·locació de 27 pedres de la memòria dedicades als veïns del municipi assassinats o desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció del Govern i Cooperació Local, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha participat en aquesta primera jornada al costat de les famílies de les víctimes, en un acte de record i reconeixement que continuarà els dies 8 i 9 de juliol.

En aquesta primera jornada s'han col·locat les nou primeres pedres de la memòria, corresponents a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March i Dionís Alcal Rebassa.

Al llarg de les tres jornades previstes s'instal·laran un total de 27 pedres de la memòria, distribuïdes entre diferents carrers i espais de Pollença i del Port de Pollença, en ubicacions consensuades amb les famílies perquè cada víctima sigui recordada davant un lloc vinculat a la seva vida.

Les pedres que es col·locaran aquests dies recordaran també Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Miquel Marquet Perelló, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartolomé Espasa Albi, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops i Francesc Vives Torrandell.

Aquest projecte permetrà recordar un total de 34 víctimes de Pollença. Les set pedres restants -corresponents a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa i Guillem Company Crespí- s'instal·laran en una segona fase, ja que en l'actualitat es troben pendents del procés de gravat.

Les pedres de la memòria formen part d'un projecte europeu que ret homenatge a les víctimes de la persecució i la repressió mitjançant la instal·lació d'aquestes peces davant els llocs més significatius de la seva trajectòria vital. Durant la present legislatura, l'Executiu balear ha instal·lat 41 pedres de la memòria.

El Govern y el Ayuntamiento de Pollença han iniciado este martes la colocación de 27 piedras de la memoria dedicadas a los vecinos del municipio asesinados o desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, ha participado en esta primera jornada junto a las familias de las víctimas, en un acto de recuerdo y reconocimiento que continuará los días 8 y 9 de julio.

En esta primera jornada se han colocado las nueve primeras piedras de la memoria, correspondientes a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March y Dionís Alcal Rebassa.

A lo largo de las tres jornadas previstas se instalarán un total de 27 piedras de la memoria, distribuidas entre diferentes calles y espacios de Pollença y del Port de Pollença, en ubicaciones consensuadas con las familias para que cada víctima sea recordada frente a un lugar vinculado a su vida.

Las piedras que se colocarán estos días recordarán también a Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Miquel Marquet Perelló, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartolomé Espasa Albi, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops y Francesc Vives Torrandell.

Este proyecto permitirá recordar a un total de 34 víctimas de Pollença. Las siete piedras restantes -correspondientes a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa y Guillem Company Crespí- se instalarán en una segunda fase, ya que en la actualidad se encuentran pendientes del proceso de grabado.

Las piedras de la memoria forman parte de un proyecto europeo que rinde homenaje a las víctimas de la persecución y la represión mediante la instalación de estas piezas frente a los lugares más significativos de su trayectoria vital. Durante la presente legislatura, el Ejecutivo balear ha instalado 41 piedras de la memoria.

“Se nos ha acabado la paciencia. Si no lo juzgan los tribunales, lo juzgaremos nosotros. Con nuestras herramientas. Haremos la obra de teatro sobre el juicio a Mazón que consideramos justo. Si no ocurre en la realidad, lo haremos desde la ficción, el arte y el teatro”.

Así presenta la compañía de teatro político Atirohecho su nueva obra, junto con la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa y la cooperativa audiovisual Barret Films. No se trata únicamente de una obra de teatro, sino de un acto de “reparación colectiva” tal como señala en conversación con elDiario.es Rafa Segura, dramaturgo y actor en la obra. A partir de testimonios reales, investigación periodística y archivo de memoria viva, la compañía construye un juicio escénico que interpela directamente a las responsabilidades políticas que nunca se han depurado. El juicio a Carlos Mazón que nunca verás, una herramienta de exigencia política que trasciende los escenarios para generar debate, reparación y memoria.

Según los detalles a los que ha tenido acceso elDiario.es, la pieza teatral se desarrolla durante un juicio ficticio al expresident de la Generalitat, entrelazando el presente en el tribunal con flashbacks e incorporación de grabaciones reales de llamadas vinculadas a la catástrofe, que se integran directamente en el montaje. La puesta en escena estará compuesta por seis o siete intérpretes, entre ellos el personaje de Carlos Mazón, que asume el papel principal bajo su propio nombre. Sin rodeos. De esta forma, tal y como se describe en el proyecto, “el montaje traslada al escenario una pregunta que sigue sin cerrarse: ¿puede hablarse de justicia cuando el máximo responsable continúa amparado por sus amigos del Tribunal Superior de Justicia?”.

Desde la compañía reivindican que, tras casi dos años exigiendo justicia, continuamos sin ver al responsable político sentado en el banquillo del tribunal, por lo que consideran la dimisión del expresidente de la Generalitat una respuesta insuficiente: “La rendición de cuentas no acaba con una dimisión”, subraya la compañía en la descripción del proyecto. La obra nace así de la necesidad de poner en escena lo que se ha estado gritando en las calles, al servicio de una demanda colectiva que continúa viva.

La pieza teatral se dirige, en primer lugar, al pueblo valenciano y a los territorios directamente afectados por la dana, especialmente a quienes vivieron la catástrofe y sus consecuencias de forma directa. También interpela a todas aquellas personas que han seguido el desarrollo político y judicial posterior y consideran que todavía quedan cuestiones sin resolver. En un sentido más amplio, el proyecto busca llegar a quienes entienden la cultura como un espacio de reflexión, memoria y debate, capaz de ampliar la conversación pública allí donde las instituciones o los procesos judiciales no alcanzan. “Hay otras formas de justicia comunitaria que reconfortan”, subraya Rafa.

El proyecto se encuentra actualmente en pleno desarrollo y en fase de financiación mediante una campaña de crowdfunding. Se prevé la realización de una lectura del guion ante la asociación de víctimas de la dana una vez finalizado el texto. El estreno está previsto para octubre de 2026, coincidiendo con el segundo aniversario de la dana, en un espacio escénico de l'Horta Sur, una de las principales comarcas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

La iniciativa surge de la unión de tres agentes con un extenso recorrido y arraigo en el territorio valenciano. La compañía de teatro Atirohecho tiene una larga trayectoria marcada por un profundo carácter político, situando en el eje central los conflictos sociales contemporáneos. En este recorrido resalta Ingovernables, estrenada en 2019 en La Rambleta de València. La obra se presenta como una de sus piezas más representativas, al poner el foco en las consecuencias de la crisis inmobiliaria, la turistificación y la expulsión de vecinos de sus barrios, a través de un lenguaje escénico híbrido y de fuerte carga crítica. La Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa lleva más de 40 años de trabajo comunitario y organización vecinal en el barrio de Orba. Barret Films es una cooperativa audiovisual con experiencia en documental e investigación periodística centrada en relatos sociales y memoria. La combinación de sus trayectorias es lo que da forma a un proyecto que aspira a ser a la vez testimonio, denuncia y herramienta comunitaria.

El documental de RTVE ‘Imprevisible Inevitable, un trayecto del metro a la dana’ reconstruye el accidente de metro de Valencia de 2006, el peor de la historia de España y el segundo de Europa, en el que fallecieron 43 personas, y establece paralelismos con la gestión política de la dana de 2024 que dejó 230 víctimas mortales. La obra teje la memoria de las dos peores tragedias del siglo en Valencia y las entrelaza para ofrecer una reflexión abierta a la historia democrática valenciana.

Radiotelevisión Española estrena su proyecto más ambicioso en la Comunitat Valenciana justo el día en el que se cumplen 20 años de la tragedia del metro: el próximo viernes 3 de julio a partir de las 13:55 horas en la desconexión territorial de La 1 en la Comunitat Valenciana y, a nivel nacional, a las 19:30 horas en La 2. Además de estar disponible en RTVE Play a la carta, se emitirá también en el circuito catalán de La 2Cat el domingo 5 de julio a las 19:30 horas.

A partir de 21 testimonios directos de víctimas, técnicos, juristas y periodistas, material de archivo y un análisis crítico del contexto mediático con la ayuda de expertos, la obra revela patrones inquietantemente similares. Negligencias, intentos de ocultación de la verdad, nula asunción de responsabilidades, manipulación mediática… Pero también una ciudadanía y unas familias que se organizan y exigen verdad, justicia y reparación.

Con una duración de 57 minutos, está dirigido por los periodistas de RTVE Sergi Moyano y Enrique Pallás que han contado con un equipo de más de 20 personas. Se ha rodado entre Valencia, Torrent, Paiporta, Catarroja, Madrid y Barcelona y la cinta bebe del material de archivo de Radiotelevisión Española. En un evento que contará con los protagonistas y autores del proyecto y una mesa redonda con las víctimas, los Cines Lys de Valencia acogerán este miércoles 1 de julio a las 19:30 horas el preestreno del documental.

Banda sonora original

Los cantantes valencianos Pau Alabajos y La Maria han puesto banda sonora original al documental con una versión actualizada de la canción ‘Línia 1’ que compuso Pau Alabajos en 2006 para recordar a las víctimas del metro. La nueva letra vincula, además, la dana con el metro. De esta manera, se unen las voces de dos artistas reconocidos de la escena musical valenciana que han apoyado desde la música a las víctimas de las dos tragedias.

Más contenidos de proximidad

El director de RTVE en la Comunitat Valenciana Mauro Belenguer enmarca la apuesta del documental dentro del proceso de ampliación de la oferta comunicativa de RTVE en el territorio valenciano que empezó a principios de junio con la puesta en marcha de los informativos de fin de semana. “Es importante que los medios públicos cuenten las historias que más nos han marcado como sociedad y pongamos en el centro la voz de las víctimas de las dos peores tragedias que hemos vivido los valencianos”, destaca.