Los vecinos de la calle Letonia de Tres Cantos, frente a la urbanización Residencial Báltico y cerca de las calles Hungría y Dinamarca, siguen pasando frío. Irónicamente, estos pisos públicos pertenecientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid llevan varias semanas con incidencias en el servicio de aerotermia, gestionado por la empresa Acenz, la misma que operaba en otros pisos del programa de alquiler “asequible” en Getafe que denunciaban problemas con el agua caliente las pasadas navidades. Pero el frío es solo una de muchas quejas que señalan estos vecinos de Tres Cantos: facturas inasumibles para muchos, defectos en la construcción o el jardín, puertas abiertas día y noche —que aseguran que favorecen que se produzcan robos— y una cláusula ilegal por la que la Asociación de Vecinos Letonia llevará a los juzgados a Tarvos, la empresa dueña del inmueble. 

Todos los inquilinos del Plan Vive pagan, entre otras tasas e impuestos, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se trata de una cláusula que ya señaló la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe el pasado mes de mayo por contravenir “la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de vivienda protegida”. Además, es algo por lo que ya protestaron varios de los inquilinos de las 140 primeras viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, en 2024. Pero esta es la primera vez que unos vecinos se enfrentarán a Tarvos en los juzgados para defender que la cláusula “es ilegal y abusiva”, según asegura uno de los abogados que llevará su caso, Javier Ledesma. 

Los vecinos de 62 de estas viviendas reclamarán la devolución de este importe de IBI que se les ha cobrado durante los dos últimos años, casi 30.000 euros según el abogado. En su defensa, se basarán principalmente en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que declaró la nulidad de esta cláusula en unos pisos públicos de Aragón. “Establece que en las viviendas de protección oficial, las únicas cantidades que se pueden exigir son la renta y los costes reales de los servicios prestados”, algo que no incluye impuestos como el IBI, explica Ledesma. Contactada por este periódico, Tarvos ha decidido no hacer ninguna declaración al respecto.

La demanda no señalará a la Comunidad de Madrid como responsable en este caso, pero el abogado apunta que sí tendría “la posibilidad de decir expresamente que estas cuantías por IBI no pueden ser cobradas al arrendatario”. Algo que se podría establecer en el pliego de condiciones, asegura. Según la Consejería de Vivienda, “la Dirección General de Vivienda ha exigido que se compense a los afectados los perjuicios ocasionados durante el periodo en el que se produjeron las penalidades” y añaden que “la Comunidad de Madrid continuará vigilante y, en el supuesto de que las incidencias no queden definitivamente solucionadas, no dudará en apercibir a la concesionaria y, si procede, aplicar las penalizaciones correspondientes, garantizando así la defensa del interés general y los derechos de los adjudicatarios”.

El importe exacto que pagan al mes por el IBI, así como los gastos comunitarios, varía según el piso. Adrián Alarcón, secretario de la Asociación de Vecinos Letonia, vive en un piso de dos habitaciones por el que asegura que paga un alquiler mensual de 890 euros. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados en el que viven dos personas. Sin embargo, a este alquiler que se promociona como asequible hay que añadirle el IBI —unos 60 euros al mes en el caso de Adrián— y los gastos de comunidad, que acaban sumando 1.090 euros. Eso, sin contar las facturas de aerotermia, agua, luz… 

Denuncian facturas de aerotermia desorbitadas

Cuando estos vecinos no pasan frío por el mal funcionamiento de la calefacción —del que algunos se siguen quejando después de que Acenz y Sogeviso, la gestora de los alquileres, dijeran que estaba solucionado— lo pasan por no poder permitirse el coste de las facturas. Algunos vecinos como Kamil Pozezynski o el Presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Ruiz, aseguran que llegan a los 150 euros, por lo que muchos deciden apagarla y comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno. 

El precio del servicio de aerotermia es todavía más llamativo cuando se compara con las tasas que pagan los vecinos de la calle Emilio Tuñón, también del Plan Vive y a tan solo 10 minutos de la calle Letonia. En su caso, es la empresa Ness quien se encarga de suministrarlo y las tasas que pagan estos inquilinos son casi la mitad de lo que pagan en Letonia con la empresa Acenz. ¿Por qué encargar a esta empresa que suministre el servicio mientras existe otra con una oferta más competitiva?

Gonzalo Ruiz señala la relación entre Acenz y Avintia, el grupo que gestiona la conserjería, limpieza y otros servicios del edificio. Esta última es cocreadora de Acenz, por lo que, señala, “todo el dinero se va a Avintia”. Queda todo en casa. “Mucha gente lo que está haciendo con repulsa es dejarla apagada y este mes va a devolver el recibo”, añade Ruiz. De hecho, la comunidad de vecinos inició por su cuenta una consulta para proponer cambiar de empresa de aerotermia y la mayoría ha votado a favor.

Acenz niega que se hayan repetido los problemas con su servicio y aseguran que su equipo “ha estado pendiente en todo momento de esta incidencia puntual”, por lo que “el servicio quedó totalmente restablecido desde el pasado día 30 de diciembre”. Además, añaden que el consumo medio de las 209 viviendas del proyecto de Tres Cantos es de 50,03 euros mensuales o 600,36 anuales. “Este importe incluye los servicios de calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria y el mantenimiento de sus instalaciones en régimen de garantía total. Incluye, además, el IVA. Un importe infinitamente inferior a la media nacional que, por los mismos conceptos, se sitúa en los 1.300 euros anuales y que solo es posible gracias al sistema constructivo aplicado, el modelo industrializado, que garantiza los máximos estándares de calidad y eficiencia energética”. En cuanto a la relación de la empresa con el grupo Avintia, aseguran que no tienen vinculación alguna “más allá de la lógica relación profesional” y “no existe dependencia jerárquica, funcional u orgánica de aquella organización respecto de esta”.

Adnane Jirrari es otro vecino de Letonia. Para pagar su alquiler en un piso de tres habitaciones en el que vive con su pareja y sus dos hijos, tiene dos trabajos: entre semana, lleva una hormigonera, y durante el fin de semana es empleado de limpieza en un ayuntamiento. Cuenta que paga 1.600 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad, agua y luz. Él es uno de los vecinos que no encienden la calefacción “por el susto” que se podía llevar con la factura. “Los vecinos se empezaron a quejar de que les salía muy caro. Así que he comprado calefactores eléctricos y estoy apañado con eso”.

Césped levantado, culebras en el jardín y otros defectos del inmueble

Pero otros servicios por los que pagan, como la jardinería, tampoco se libran de las críticas. Gonzalo Ruiz, no ve a dónde han ido a parar los 9.000 euros que asegura que gastó la comunidad en este servicio durante todo el año 2025, mientras que el jardín se ve descuidado, solo se desbrozó una vez en todo el año, e incluso cuenta que el pasado verano llegaron a ver culebras entre las hierbas. Esta misma semana se solucionó un problema que llevaban arrastrando desde septiembre, según Ruiz. Una parte significativa del césped artificial que rodea la piscina se había levantado. Algo que desde entonces se ha tenido que intentar remediar poniendo ladrillos por encima para mantenerlo pegado al suelo.

En el interior del edificio también tiene algunos defectos. Pequeñas humedades en los pasillos, por ejemplo, o tuberías, cables y contadores al descubierto en el techo. Hasta tres en uno de los edificios del bloque. Además, una de las grandes quejas de los vecinos tiene que ver con la seguridad. Varias puertas de acceso a la comunidad permanecen las 24 horas abiertas, así como algunas de las que dan acceso a los edificios o el garaje. “Tenemos una comunidad muy abierta”, ironiza Jirrari. Algunas de las cerraduras tienen un defecto por el que basta con empujar de la puerta para que se abra sin más, y Ruiz achaca varios robos del año pasado a esto. “Robaron ruedas de un coche, un Audi, que vale cada rueda casi 1.000 euros. Luego también robaron un volante de un BMW, y rayaron varios coches”, recuerda.

la gestora de los alquileres, Sogeviso, sostiene que los problemas con la aerotermia “quedaron solucionados” y añade que “las posibles incidencias puntuales están trasladadas tanto a la mantenedora como a la constructora para su resolución, como habitualmente. En cuanto a otros asuntos, por supuesto actuaremos como enlace con la Concesionaria, Tarvos, de todas las peticiones de los residentes para responder lo antes posible”.

El Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia) aplicará a las viviendas vacías un recargo del 150% en el IBI, mientras que incrementará hasta el 99% la bonificación en este mismo tributo por ceder viviendas a programas públicos de alquiler, como el programa Bizigune de Alokabide. En un comunicado, el Consistorio ha recordado que firmó el pasado mes de octubre un convenio de colaboración con Alokabide para fomentar la movilización de vivienda vacía en el municipio.

Estas medidas se integrarán en el Plan de la Vivienda que está elaborando el Ayuntamiento dentro del proceso para declarar Sopela como zona tensionada, un trámite administrativo que ya se ha iniciado en el Gobierno vasco y que permitirá limitar los incrementos en el precio de los alquileres del municipio, según recoge Europa Press. En Sopela hay actualmente 883 viviendas vacías, el 14% del parque total de viviendas. Únicamente once viviendas se han adherido a los programas de Alokabide en 2025 y actualmente hay 1.693 solicitudes activas en Etxebide, de las que más de la mitad demandan alquiler

A partir de 2026, el Ayuntamiento de Sopela gravará con un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos del municipio. Hasta ahora, este recargo era del 50%, que era el máximo permitido por la Diputación Foral de Bizkaia. Sin embargo, ese límite ha sido incrementado por la Hacienda Foral y, en el pasado pleno de octubre, la Corporación municipal decidió por unanimidad incorporar esta medida a las ordenanzas fiscales de 2026, con el objetivo de “facilitar el acceso a la vivienda activando el mercado del alquiler”.

Además, para impulsar la movilización de vivienda vacía, el Ayuntamiento de Sopela ha acordado también incrementar del 50% al 99% la bonificación en el IBI a los propietarios que cedan su piso a cualquier programa de alquiler impulsado por cualquier institución pública, como los programas Bizigune o ASAP de Alokabide. Estas medidas fiscales de movilización de vivienda vacía y de fomento del alquiler público ya han sido adoptadas por otros municipios vizcaínos como Basauri, Sestao, Galdakao, Zaldibar, Elorrio y Lekeitio.

El incremento “importante” en la presión fiscal que va a suponer la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y sanitarios, contemplada en la propuesta de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla, “diluye” la bajada del 1% en los tipos impositivos del IBI, “que es la otra gran modificación que incorpora el proyecto”.

Así se destaca en el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), consultado por Europa Press, que en el apartado de la conocida como tasa de basura señala que se establece una cuota fija “que mantiene como base para la fijación el consumo de agua en uso residencial y la superficie de actividades empresariales, sin considerar los residuos que genera”.

De este modo, “no se está incentivando el esfuerzo de los hogares y negocios por reducir los residuos y proceder a su separación en origen, por lo que no se lleva a la práctica el principio de quien contamina paga”.

Duplicar el importe de la tasa de basuras

“El resultado desde el punto de vista de la repercusión fiscal del ciudadano va a suponer, en muchos casos, duplicar el importe de la tasa de basuras, o lo que es lo mismo, lo que antes se abonaba en dos meses, ahora se hará en uno. Y ello, con, relativamente, mínimas diferencias en función del distrito en el que se halle el domicilio o local”.

Para este órgano, siendo conscientes de que la normativa estatal vigente no contempla “expresamente” la posibilidad de establecer exenciones en estos casos, “es necesario instar a que se analice alguna vía que permita contemplar un régimen de bonificaciones u otros mecanismos compensatorios, con el fin de evitar una duplicidad en los costes del servicio”.

Considera el CESS que si bien “objetivamente” la modificación en el IBI “beneficia en igual proporción” a la ciudadanía en general, “no se trata de una rebaja de tipos especialmente significativa que vaya a tener una repercusión en la economía de los ciudadanos”. En este sentido, remarca el citado dictamen, la reducción “será menos significativa para los propietarios de inmuebles más humildes, y por tanto, de menor valor catastral”.

La bajada en el IBI implica una merma de ingresos para el Ayuntamiento superior a 1,68 millones de euros, según fija el CESS, “suma que podría contribuir a mejorar los servicios públicos municipales”, ya que el ahorro tributario para el ciudadano “no va a ser significativo salvo en el caso de grandes propietarios”.

Reducciones “adecuadas” en otras tasas

Para el Consejo Económico y Social, es “totalmente adecuada” la reducción de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exámenes, “a la luz de lo establecido en la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas.

El CESS también ve “correcto” tanto la ordenanza reguladora de la tasa por otorgamientos de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos –“toda vez que acompasa la norma tributaria a la modificación ya introducida de establecer el visado de la licencia de autotaxis con una periodicidad cuatrienal, en lugar de anual, como era antes”– como la tasa por la prestación del servicio de mercado.

A la propuesta de ordenanzas fiscales del Consistorio hispalense ha respondido el sindicato CCOO, que “no comparte la visión simplista que insiste en que bajar impuestos es siempre positivo para la clase trabajadora. Esa narrativa, defendida por sectores empresariales, oculta una verdad fundamental: cuando se debilita la recaudación, quien sufre las consecuencias es la mayoría social. Porque lo que se deja de ingresar por arriba termina traduciéndose en recortes de servicios o en un deterioro de su calidad”.

No hay un “alivio fiscal”

Además, añade el sindicato, no se puede hablar de “alivio fiscal” cuando “lo que en realidad ocurre es un trasvase: lo que el Ayuntamiento o la Junta dejan de recaudar por arriba se compensa después subiendo tasas indirectas, encareciendo precios públicos o recortando inversiones en barrios obreros”.

“El verdadero ahorro para una familia trabajadora no es pagar unos euros menos de IBI, sino no tener que pagar 400 euros al mes en una residencia privada para mayores por falta de plazas públicas”, ha esgrimido CCOO.

En cuanto a la tasa de basura, “puede parecer una carga más, pero debemos decirlo claro: la recogida y el tratamiento de residuos tienen un coste real, que debe financiarse para garantizar una Sevilla limpia, sostenible y justa”, destaca el sindicato. “Pretender que este servicio se financie con menos ingresos fiscales solo llevaría a dos caminos: privatizarlo o degradar la calidad del mismo”.

El Ayuntamiento de Badajoz habilitará bonificaciones, con un elevado porcentaje, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las empresas que decidan desembarcar en la Plataforma Logística, con el objetivo de impulsar este polo industrial.

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha explicado que estos cambios en las respectivas ordenanzas fiscales se aprobarán en el pleno municipal de julio, que se celebrará este martes.

En cuanto al IBI, se bonificará el 75% de la cuota íntegra durante los dos primeros años, y el 50% en los tres ejercicios siguientes, en el caso de aquellas actividades declaradas “económicas especiales de interés y utilidad” y que lleven aparejadas “el fomento del empleo”, ha detallado.

Esta declaración en pleno “exigirá al menos la incorporación de un puesto de trabajo en la empresa que se instale en la Plataforma Logística”, ha dicho.

En relación con el ICIO, se bonificará el 95% de la cuota en el caso de aquellas actuaciones de interés general que contraten al menos un puesto de trabajo y lo mantengan durante al menos tres años.

“Este esfuerzo municipal se realiza junto al que también efectúa la Junta de Extremadura con el objetivo de impulsar la llegada de empresas a la Plataforma Logística”, ha dicho.

El pleno también aprobará un cambio de finalidad de créditos para detraer 295.355 euros proyectados en el Plan de Impulso 2022 para crear un nuevo circuito de BMX para obtener la partida necesaria que permita actuar en distintos caminos públicos debido a su deterioro por las precipitaciones acontecidas durante la primera mitad del año.

También se realizará una modificación de finalidad de créditos para disponer de 31.237 euros sobrantes de un proyecto de carriles bici incluido en el Plan de Impulso 2023 para “liquidar la obra del campo de fútbol de La Picuriña.

La sesión plenaria aprobará además otro cambio de créditos para llevar a cabo obras de mejora en la perrera municipal (saneamiento y reparación del pozo existente) y en el actual circuito de BMX (para el arreglo de la rampa de salida), proyectos que suman unos 60.000 euros.

Estas partidas se detraen también del proyecto de nuevo circuito de BMX proyectado en 2022, pues el Ayuntamiento prevé ahora financiar este desarrollo a través de fondos europeos.

Estamos ya metidos en pleno cónclave de la Iglesia Católica para elegir al nuevo Papa. Decimos que esto es importante. ¿Por qué lo es? Nuestro país lo explica bien. España sigue atravesada por la presencia, el poder y el privilegio de la Iglesia Católica. Estamos rodeados de detalles: crucifijos en la toma de posesión de altos cargos, curas en los cuarteles del ejército, casillas en la declaración de la renta, lugar preferente en la educación o la televisión pública. Todo esto, siendo España un Estado aconfesional. ¿No es contradictorio?

Tratamos de explicar por qué España mantiene el Concordato con el Vaticano. Lo hacemos con Manuel Navarro, que ha sido hasta hace poco vicepresidente de Europa Laica, una organización que defiende la separación entre la Iglesia y el Estado. Con él abordamos los privilegios fiscales de la Iglesia Católica en España. Con el periodista de elDiario.es especializado en educación, Daniel Sánchez Caballero, explicamos la relación entre Iglesia y las aulas en nuestro país. Con Antonio Morente, de elDiario.es en Sevilla, conocemos los detalles de cómo lo público se entrelaza con la celebración de la Semana Santa. 

Por último, nos preguntamos por el abordaje legal de todo esto con Marc Carrillo, que es catedrático de derecho constitucional en la Universidad Pompeu Fabra.  

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Los grupos municipales del PSOE y Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño han criticado las novedades del calendario fiscal y el pago del IBI en la ciudad. Ayer se anunció que se cobrarían los recibos domiciliados en tres cuotas, lo que para para el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, significa un intento de “disimular la subida del IBI que aprobará en 2026”.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha detallado que el Plan Presupuestario Municipal 2026-2028 prevé recaudar por impuestos 4,5 millones de euros más el próximo año (de 62,9 a 67,3 millones de euros), principalmente del IBI (+2 millones), plusvalías (+1,12 millones) e ICIO (+800.000 euros); y por las tasas, precios públicos y otros ingresos 1,6 millones más (de 43,61 a 45,3 millones).

A ello ha sumado que el Plan de Gestión Municipal aprobado por el Ayuntamiento de Logroño “tiene que recortar 8 millones de euros del presupuesto de este año, al haber presupuestado más gastos que ingresos por su deficiente gestión económica”. “Todo lo que no se pueda recortar antes de este año se tendrá que compensar con ingresos extras que saldrán del bolsillo de los logroñeses”, ha apostillado.

Así, Antoñanzas ha asegurado que este plan plantea varias acciones para aumentar los ingresos, como la revisión de los valores catastrales, la actualización en 2026 del índice fiscal de calles o la subida de tasas y precios públicos. “El Gobierno no aclara en su plan de recortes cómo y cuándo trasladará al recibo la revisión de los valores catastrales. Lo que sí reconoce es que va a iniciar las conversaciones con el Estado para incrementarlo”, ha detallado.

A su juicio, “Escobar, lejos de tomar medidas para bajar la carga impositiva a las familias, como podía ser una bajada significativa del IBI, lo que hace es disimular la subida en tres cuotas para que el impacto en los bolsillos de los logroñeses parezca menor ante el subidón de las basuras”.

Antoñanzas ha considerado que “el alcalde debe una explicación urgente a la ciudadanía porque la revisión de los valores catastrales repercutirá en las plusvalías y en el recibo del IBI que pagan las familias y las empresas logroñesas”. Según el edil riojanista, “el IBI es el mayor impuesto recaudatorio que tiene el Ayuntamiento de Logroño y el alcalde ha defendido siempre la idea de que va bajando este impuesto cuando por la parte de atrás nos está preparando una revisión de los valores catastrales”. “Tenemos que recordar que el señor Escobar se comprometió a bajar un 10% los impuestos al llegar al gobierno y ahora está haciendo todo lo contrario. Nos vendió un crucero fiscal que encalló con el basurazo y el tarifazo en deportes y naufragará con el nuevo catastrazo”, ha criticado.

Calendario fiscal “opaco y confuso”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha criticado el calendario fiscal por “la falta de información, la opacidad y la confusión generada por el Equipo de Gobierno con el cobro de impuestos locales”.

Alonso ha recordado se aprobó por Resolución de Alcaldía de diciembre de 2024, en la que, según ha explicado el concejal del PSOE, “se acordaba suprimir el pago del IBI en dos veces, en julio y diciembre, para realizarlo en una vez, en el mes de junio”. Y el segundo de los cambios introducidos “es que todo se cobra un mes antes”.

Todo, según ha dicho, “sin dar explicaciones por parte del Gobierno municipal, en una decisión que perjudicaba a los logroñeses”. Luis Alonso ha afirmado que “esta era la realidad antes del día de ayer, cuando en Junta de Gobierno se dio marcha atrás a parte de esa Resolución, generando más confusión entre la ciudadanía”.

Así, ahora “se vuelve a los dos plazos para los recibos domiciliados hasta el 31/12/2024, se regresa a los tres pagos, a través de la oficina electrónica, a los recibos no domiciliados en un único pago o se establece que para los recibos domiciliados a partir del 1 de enero de este año serán por defecto 3 pagos”. Esto, ha considerado el portavoz, “no es pensar en el bolsillo de los logroñeses”. Por eso, han exigido “claridad e información y que el PP explique los motivos por los que todos los cobros se adelantan un mes, medida que sí se mantiene”, ha finalizado.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, el IBI, para este año 2025. Un padrón que prevé una recaudación de 35,11 millones de euros por un total de 119.175 recibos. Como ha detallado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, la cantidad concreta que el Consistorio prevé ingresar en sus arcas en el presente ejercicio por este impuesto asciende en concreto a 35.112.623,42 euros.

Una vez aprobado este padrón, “existirá un plazo en el cual estará expuesto durante un mes en el tablón de anuncios municipal”, tras el cual se abrirá el plazo para el abono del impuesto, que se extenderá desde el 5 de mayo hasta el 7 de julio. Sanz ha recordado que esa recaudación se podrá realizar con un abono voluntario a través de la Oficina Virtual Tributaria, la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento o en la red de oficinas y cajeros de entidades colaboradoras.

Además, existe la posibilidad de la domiciliación del impuesto, al que se acogen la amplia mayoría de los ciudadanos -roza el 90 por ciento de los afectados, ha calculado la portavoz-, con el que, por primera vez, se podrá pagar en tres cuotas “sin intereses y sin ningún tipo de recargo” en lugar de en las dos que se venían girando hasta este momento.

De este modo, si alguien tenía domiciliado este recibo a 31 de diciembre, se seguirá pagando en dos plazos -5 de junio y 5 de diciembre-, aunque podrá solicitar el pago en tres veces -5 de junio, 5 de septiembre y 5 de diciembre-. Quien lo domicilie a partir de ahora se va a poder girar directamente en tres veces.

Si no se domicilia el impuesto y no se domicilia el recibo, el pago sí que se deberá realizar en una única cuota para el 5 de junio. “Y, en el caso de que transcurra el periodo voluntario sin que se haya procedido a su pago, se entrará el periodo ejecutivo, donde ahí sí que se establecerán los intereses y las recargas que la ley general tributaria marca”, ha apuntado Sanz.

Bonificaciones y exenciones

La portavoz ha subrayado que “tenemos que hacer hincapié en que este equipo de Gobierno rebajó el IBI, este impuesto ha sido reducido”, a lo que ha unido “todas las bonificaciones y exenciones de las que se van a beneficiar los logroñeses y las logroñesas”. Así, en concreto, van a ser 1.603 en total, de las que 368 serán exenciones y 1.235 serán bonificaciones, dentro de las que destacan 941 bonificaciones para familias numerosas. Con todas ellas, se ha alcanzado una cifra de 2.101.813 euros.

“Nos parece importante para que los logroñeses y las logroñesas tengan constancia de que este equipo de Gobierno siempre mira por aquellas situaciones que pueden tener mayor vulnerabilidad y que, como decimos, tienen que percibir o tienen que ajustarse o pueden acceder a estos derechos de bonificación y exención, precisamente por sus circunstancias económicas”, ha reseñado la portavoz.

En palabras de Celia Sanz, “creemos que nuestra obligación es facilitar el pago y que ese pago de un impuesto tan importante no suponga, en este caso, excesiva carga para todos los contribuyentes”. “¿Cómo es la mejor manera de que no suponga una excesiva carga? Prorratearlo. Y en lugar de hacerlo en dos cuotas, entendemos que el dividirlo en tres cuotas siempre ayuda, como decimos, a soportar o gestionar ese gasto de una mejor forma”, ha apuntado.

Además, “el hecho de que se incentive a la persona que lo tenga domiciliado simplemente es por un detalle y es el hecho de que estamos también implantando la administración electrónica y consideramos que, poco a poco, hay que ir interiorizando el acceder a esa domiciliación y el acceder a cuanto menos trámite presencial, cuando no sea necesario”, ha añadido.

Y aunque ha dicho que “evidentemente, el servicio público siempre tiene que garantizar esa atención presencial”, a su juicio: “Todo lo que sea avanzar en esa administración electrónica y evitar trámites presenciales, creemos que también es una manera de incentivar a la población y a los ciudadanos para que colaboren y que cada día, no solamente por ahorro de papel, sino por una cuestión, como decimos, de comodidad”.

“Nosotros al sistema que estamos implantando solo le vemos ventajas, sinceramente, porque además hemos tenido muy en cuenta que la parte de recibos que no están domiciliados es muy residual. Es decir, esta decisión se ha tomado porque hemos comprobado y hemos contrastado que la realidad es que la mayoría de los recibos están domiciliados y que por lo tanto a todas esas personas, como decimos, hay que darles también ese incentivo”, ha explicado.

“Es una manera de sensibilizar también y concienciar para que la gente se anime a domiciliar ese recibo, en ningún caso se está generando ningún agravio, ninguna dificultad o ninguna extorsión a aquellas personas que no lo quieran domiciliar, simplemente se está premiando o se está, como decimos, dando mayor facilidad a las personas que lo domicilien”, ha subrayado.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado declarar de interés o utilidad municipal la obra para la que se dio licencia para edificar el hospital Quirón Salud de avenida Gómez Laguna, el nuevo campo de fútbol La Romareda y la empresa Costco, lo que conlleva rebajas impositivas. Contrasta esta decisión con la que se tomó hace dos años, cuando el Gobierno de Aragón, presidido en ese momento por Javier Lambán, solicitó al Consistorio exenciones del IBI e ICIO para inmuebles y obras en centros sanitarios autonómicos públicos en la ciudad de Zaragoza, y rebajas en el ICIO para obras en centros educativos. El Ayuntamiento, que se encontraba bajo el mandato de Jorge Azcón, rechazó estas ayudas fiscales al considerar que no resultaban razonables ni compatibles “con el sostenimiento de las finanzas municipales”. 

La petición autonómica respecto a la exención del IBI para los centros de asistencia sanitaria de titularidad autonómica, según los cálculos realizados en ese momento por el Ayuntamiento, habría supuesto “una merma de ingresos de alrededor de 2.700.000 euros”. La disminución de ingresos en las arcas municipales de la decisión que se ha tomado hoy en el pleno, con los votos a favor de PP y Vox, supera la rechazada para los centros sanitarios.

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha dicho que esta aprobación será una exención de impuestos para el Grupo Quirón de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que dejará de percibir el Ayuntamiento en concepto del ICIO -impuesto de construcciones, instalaciones y obras- por crear 160 puestos de trabajo en 2028 que “está por ver”. En La Romareda serían de hasta 1,5 millones por crear cinco empleos, uno de ellos de gerente, como ya informó este diario.

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha considerado que “no es ético y es inmoral” que se bonifique a La Romareda por “contratar a un gerente”. Asimismo, ha criticado que se bonifique al Grupo Quirón con hasta 1,8 millones de euros y le ha afeado al Gobierno de la ciudad la “escasa empatía con la sanidad pública”. Aparicio ha recordado el rechazo del Consistorio a la exención de impuestos para los centros sanitarios: “Bonificar a los hospitales públicos no es sostenible, pero bonificar al Hospital Quirón y a la Nueva Romareda es de interés general para la ciudad. Esto es una barbaridad”. 

Aparicio ha dicho que esta decisión, aunque es legal, “no es moral ni ética”. Ha dicho que la “única finalidad” de estas declaraciones de interés o utilidad municipal es “dar una serie de beneficios fiscales a esas empresas, que van a dejar de ingresar en el Ayuntamiento varios millones de euros”. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha asegurado en el pleno que el Ayuntamiento de Chueca está “privilegiando la sanidad privada”: “No vamos a cejar y presentaremos todas las mociones que sean oportunas para que los servicios públicos sigan manteniéndose y que ni partido Popular ni Vox acaben con la sanidad ni con la educación”.

Apoyo del PP y Vox

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha defendido estas declaraciones de especial interés o utilidad municipal y ha recordado que el PSOE “vehiculó el estímulo fiscal al negocio, el pelotazo” durante el debate de las ordenanzas fiscales, ha precisado.

“En las economías democráticas y liberales, el capital privado necesita del esfuerzo colectivo para hacer frente a la necesidad de infraestructuras y el plan de estímulo fiscal es un modelo de economía que parte del apoyo institucional con presupuesto, además baja los impuestos a los contribuyentes como el IBI y de forma estructural frente al modelo que lo grava y es más intervencionista”, ha dicho Solans.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha manifestado que el PSOE “no entiende” los planes de atracción de empresas que generan riqueza. Acerca de las críticas del PSOE porque el Gobierno de la ciudad defienda intereses privados, Chueca les ha pedido prudencia al recordar los “intereses privados con las tramas de corrupción de la mujer del presidente del Gobierno beneficiando a empresas y el caso Koldo y Ábalos”.

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha expuesto que el Ayuntamiento contempla bonificaciones a partir de la creación de cinco empleos y solo se puede votar a favor para cumplir la ley. Ha referido que tiene interés público tener un nuevo hospital en la ciudad, al igual que el Gobierno de Aragón colabore en un nuevo campo de fútbol y que haya un centro comercial con más de cien puestos de trabajo.

Cuando compramos una vivienda adquirimos una serie de responsabilidades y obligaciones tributarias. El pago, con periodicidad anual, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es una de ellas. Un impuesto que no es igual para todos los municipios, todos los tipos de suelo o de construcción, y que es la principal fuente de recaudación de los ayuntamientos, que no aplican en todos los casos los mismos tipos impositivos.

En algunos, además, hay bonificaciones -por ejemplo- para algunos colectivos como los de familias numerosas y en otros, no se dan este tipo de facilidades. Dentro de unos márgenes que marca la ley estatal, la brecha entre unos ciudadanos y otros puede alcanzar los 324 euros de diferencia de media en el pago de este impuesto.

Según los análisis del Registro de Economistas Asesores Fiscales, el IBI más elevado de España se abona en Girona (Catalunya), con una media de 1.005 euros por una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros; mientras que los que menos pagan son los propietarios de Zaragoza o Santander, con una media de 400 euros de IBI por una vivienda con el mismo valor catastral.

El IBI grava los bienes inmuebles en función de si son urbanos, rústicos o de carácter especial. Para calcularlo se toma en cuenta el valor catastral del inmueble y los tipos de gravamen según el municipio en el que se encuentre la vivienda. El valor catastral lo establece la Dirección General del Catastro y no puede superar el valor de mercado de la vivienda. Y los tipos de gravamen que fijará el municipio deben establecerse en base a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el recibo del IBI -que emite cada ayuntamiento y envía al contribuyente- aparecerán bien detallados el importe y plazos establecidos para el pago, el valor y referencia catastral de la vivienda, o el tipo de gravamen entre otros datos. Si tienes alguna duda sobre la certificación de los datos catastrales de tu vivienda, puedes acceder al catastro virtual donde podrás realizar búsquedas con el dato de tu DNI o NIE digital, Cl@ve PIN o Cl@ve permanente.

Buscador de inmuebles y expedientes

Desde la Sede Electrónica del Catastro podemos acceder al visor cartográfico y buscador de inmuebles, a los expedientes y notificaciones del catastro virtual, otros trámites, el acceso a la información relativa a los valores de referencia de terrenos rústicos y urbanos o una aplicación móvil de uso personal para gestionar propiedades y recibir avisos.

El IBI representa, en muchos casos, el mayor esfuerzo fiscal para las familias propietarias de viviendas, por lo que conocer las modalidades de pago y anticiparse para elegir la fórmula que más convenga, puede aliviar en parte la carga. Para informarnos sobre cómo podemos fraccionar el pago debemos contactar con el ayuntamiento que gestiona el impuesto y que será quien establezca el calendario para abonarlo -aunque suele ser en la segunda mitad del año- así como las formas de hacerlo.

Es importante comunicarse con la administración local en cuestión porque hay veces en las que existen bonificaciones si se abona el IBI en el período voluntario o a través de domiciliación bancaria; también en algunos municipios hay ayudas para familias numerosas y numerosa especial, por tener alguna discapacidad, estar jubilado o por haber instalado placas fotovoltaicas. Te contamos los plazos de pago para el IBI en las 15 ciudades más pobladas de España:

Cuándo se paga el IBI en Madrid

Cuándo se paga el IBI en Barcelona

Cuándo se paga el IBI en Valencia

Cuándo se paga el IBI en Sevilla

Cuándo se paga el IBI en Zaragoza

Cuándo se paga el IBI en Málaga

Cuándo se paga el IBI Murcia

Cuándo se paga el IBI en Palma

Las Palmas de Gran Canaria

Bilbao

Alicante

Córdoba

Valladolid

Vigo

Gijón

Abonar el IBI en el plazo que establece cada municipio es muy importante si no quieres enfrentarte a multas por retraso en los pagos. Los ayuntamientos aplican un recargo que es del 5% sobre la cantidad establecida en cada caso. Se denomina “recargo de apremio” y es automático tras vencerse el periodo voluntario de pagos.

Este recargo puede verse aumentado hasta el 10 e incluso el 20% en función del tiempo que tardemos en satisfacer la deuda. A esta multa se le añadirían, además, los intereses generados por la demora que se van incrementando a media que pasan los días.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha desmarcado de la línea oficial del PP y frente a la famosa consigna que habitualmente proclama su presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, sobre la necesidad de que “se bajen los impuestos, ya”, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ovetense, del mismo signo político, ha aprobado una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cifrada en un 7,5 por ciento para este ejercicio 2025.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado esta decisión que contradice la propuesta de bajada de impuestos municipales “vendida” por Feijóo el pasado fin de semana en Zaragoza.

El PSOE resalta la “incoherencia” del PP

El concejal socialista Javier Ballina ha resaltado la “incoherencia” que, a juicio de su grupo municipal, practica el PP a la hora de transmitir un mensaje equívoco al pronunciarse a favor de una bajada de impuestos y luego, en Oviedo, aplica la medida contraria.

“Desde el Grupo Municipal Socialista desconocemos si la falta de la firma de Alfredo Canteli en los acuerdos de Zaragoza implica una falta de conformidad con las propuestas del señor Feijóo en materia tributaria. En cualquier caso, lo que sí sabemos desde el Grupo Socialista es que, frente a la propuesta de bajada de impuestos realizada por Feijóo, Alfredo Canteli sube todos los impuestos”, ha explicado el edil.

Al principal partido de la oposición en el consistorio le preocupa que el alcalde y su equipo de gobierno hayan descartado la propuesta que su grupo presentó en materia tributaria y que suponía bonificaciones para tasas e impuestos municipales.

Ballina: “Supondrá un perjuicio para Oviedo”

Para el concejal Ballina, esta negativa a estudiar su propuesta supondrá un perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo.

“Frente a la promesa de bonificaciones esbozada en la reunión de munícipes auspiciada por Feijóo, el equipo de gobierno de Canteli votó en contra de las bonificaciones al IBI y otros gravámenes que habían sido planteadas por nuestro grupo para este ejercicio. Menos demagogia y más soluciones”, ha exigido.

El Grupo Municipal Socialista considera que la postura de Alfredo Canteli y su equipo de gobierno va en contra de las medidas por las que abogan a nivel nacional.

“No se puede estar en misa y repicando. No se puede prometer bajadas de impuestos mientras aquí se hace lo contrario”, ha afirmado el edil.

La subida de impuestos

Eldiario.es Asturias ya avanzó en la edición del pasado 2 de octubre que el Grupo Municipal del PP había utilizado su mayoría absoluta en la corporación para sacar adelante en solitario su propuesta de ordenanzas fiscales para 2025.

Los votos de sus 14 concejales fueron suficientes para aprobar una subida del IBI general y de la tasa de recogida de basura, entre otros impuestos.

La oposición en bloque -PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox- ya criticaron entonces al equipo de gobierno por este “rodillo” y le acusaron de realizar una “mala gestión económica”.

El pleno del mes de octubre aprobó las nuevas ordenanzas fiscales que se traducirán en un incremento del 7,5 por ciento del IBI general “transitorio y temporal”, una subida del 80 por ciento sobre el canon de recogida de residuos y del 10 por ciento en el suministro de agua potable.

El Ayuntamiento de Torrelavega mantiene la subida del 4,8% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada para 2025 después de que el equipo de Gobierno PRC-PSOE haya desestimado en el Pleno extraordinario celebrado este viernes una alegación ciudadana presentada en contra de esta medida.

En concreto, las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio --que contemplan la subida de varias tasas a excepción del agua y alcantarillado-- recibieron dos alegaciones. Mientras que la que proponía congelar el IBI se ha rechazado, la segunda sí se ha estimado, ya que pide mantener la bonificación en el transporte urbano, en este caso en el Torrebus.

Algo que se puede conceder ahora que el Gobierno central ya ha confirmado que mantendrá sus ayudas al transporte, mientras que el Consistorio había anunciado días antes su intención de mantener la bonificación del 20% a nivel municipal independientemente de la decisión que adoptase el Ejecutivo central.

Con la resolución de las reclamaciones presentadas Torrelavega ha dado luz verde de forma definitiva a la modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año --que se aprobó inicialmente el mes pasado--, un punto que PRC-PSOE ha aprobado en solitario, ya que la oposición no está de acuerdo con la subida del IBI, que consiste en un aumento del tipo impositivo del 0,64% al 0,671%.

El concejal de Hacienda y portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha defendido que es necesaria para cubrir los gastos estructurales del Ayuntamiento, además de que ha insistido en que la subida de tasas municipales supondrá en su conjunto unos 13 euros al año, por lo que “no pone en riesgo ninguna economía doméstica”.

“Mientras no cambien las condiciones económicas vamos a andar muy justos, no vamos a tener grandes cantidades para inversiones, y no por negligencia política de ningún partido [...] Cualquier otro partido que gobernara esta ciudad tendría un nivel de ingreso similar y un nivel de gasto también bastante similar”, ha dicho el edil, que ha subrayado que el margen para decisiones políticas solo ronda el “10% o 12%” del presupuesto anual.

Sin embargo, su argumento no ha convencido a la oposición, que considera que no es el momento de subir la presión fiscal dada la situación económica de las familias, como han sostenido el PP, Vox e IU-Podemos; o rechaza que el IBI sea “el principal recaudador”, como ha apuntado Torrelavega Sí.

Además, los 'populares' han sugerido al equipo de Gobierno que “igual tienen que aplicarse alguna restricción en el gasto” para que “no todo sea subir los impuestos” cuando aún “no hemos afrontado ni una de las grandes inversiones que tenemos por delante” en la ciudad, como el soterramiento de las vías o la rehabilitación del Palacio Municipal.

En la misma línea, Vox ha opinado que “la sensación es que cada vez exigimos más esfuerzo económico de los vecinos para el mantenimiento de los servicios del Ayuntamiento de Torrelavega y que estos servicios cada vez tienen menor prestación para ellos”. “El vecino siente que le estamos sacando el dinero, pero no que los servicios mejoren”.

En este último Pleno del año, la Corporación también ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria para el Parque de Bomberos, dotado con los 450.000 euros que aporta el Ejecutivo para los servicios que se prestan a 10 municipios de la región. A esa cuantía se suman los 50.000 euros que pone el Ayuntamiento de Piélagos.

Este punto ha salido adelante con el voto de todos los grupos salvo IU-Podemos, y todos han coincidido en que se debe intentar conseguir una aportación mayor que llegue a cubrir el coste del servicio.

Desde el PP, partido que ostenta el Gobierno de la región, han reconocido que “probablemente sea necesario aumentarlo”, aunque considera “gracioso” que el equipo de Gobierno lo defienda ahora después de dos legislaturas con el bipartito PRC-PSOE gobernando la comunidad.

Frente a ello, el portavoz regionalista, que también es concejal de Seguridad, ha dicho que “sí que han sido reivindicativos” en los años anteriores.

2,2 MILLONES PARA 91 PYMES

Finalmente, se ha aprobado por unanimidad el reparto de 2,2 millones de euros entre 91 pymes del municipio dentro de la convocatoria de subvenciones a las empresas que entre 2020 y 2022 adquirieron activos fijos de carácter productivo para mitigar el impacto de la pandemia.

Todas las que se han presentado recibirán su ayuda, que tiene un máximo de 3.000 euros y en la mayoría de los casos supera los 1.000 euros, según Pérez Noriega.

El concejal ha reconocido que la resolución de las ayudas “llega tarde”, aunque eran casi un centenar de expedientes que revisar.

Esta ha sido precisamente una de las críticas de la oposición, que ha reprochado que se resuelvan casi en 2025 ayudas para inversiones realizadas hasta 2022. También se han quejado de la urgencia con la que se ha convocado este Pleno, “con menos de 24 horas de antelación”, y la comisión informativa previa, que se avisó “con menos de dos horas”.

El principio de ordinalidad en el ámbito de la financiación autonómica es un mecanismo para garantizar que comunidades que aportan más a la caja común de la hacienda pública tengan menos recursos por habitante para abordar sus competencias en servicios públicos que las que aportan menos. La aplicación del principio de ordinalidad está en el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

A menos que el Estado reduzca su gasto o que aumente sus ingresos y los distribuya entre las comunidades, el “cupo” catalán va a alterar los principios de solidaridad interterritorial tal y como hoy lo entendemos. Si se aplicara, Andalucía, que hoy recibe unos 600 euros por habitante más de lo que aporta, podría ver recortada seriamente esa cantidad. Cataluña, que recibe 300 euros por habitante menos de lo que aporta, podría ver compensado ese déficit. Se trata de una práctica común en estados federales. En Alemania, las regiones que más aportan son las que más reciben. 

Estamos los andaluces muy acostumbrados a que se nos tache de pedigüeños; incluso se ha escrito que en la Comunidad Autónoma andaluza se viene aplicando, desde comienzos de los años ochenta, una política económica presidida por la estrategia del “subdesarrollo racional” que consiste en admitir la incapacidad de los andaluces para converger con las regiones ricas mientras se recoge la siembra victimista para que la solidaridad de otros pueblos sostenga las necesidades de los ciudadanos, cuando no las políticas clientelares de los partidos en el gobierno o, como ocurre hoy con Moreno, y a cachitos, las transferencias a entidades privadas en los campos de la sanidad, la enseñanza, la dependencia, etc. 

La posición de pedigüeño no casa con la pertinaz política fiscal del actual gobierno de la Junta en favor de la reducción de impuestos sobre los que tiene competencias normativas y de gestión: el 100% de los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de actos jurídicos documentados y tasas de juego, y el 50% sobre el IRPF. Andalucía solo cubre el 46% de su presupuesto con los impuestos recaudados en la región. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos.

La Junta de Andalucía es, junto a Madrid, la única comunidad española que ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio –en Cataluña se genera unos 600 millones por ese concepto-, lo que sin duda beneficia a los grandes propiedades rústicas y urbanas –el 5% de los andaluces posee el 55% del patrimonio privado-, al tiempo que está indicando que la inversión más rentable aquí es la adquisición de bienes inmuebles, la privatización y especulación de suelo o vivir de la renta antes que invertir en actividades productivas que contribuyan a la convergencia económica y social con el resto de España. 

Con el mismo objetivo se han implantado bonificaciones para el impuesto de sucesiones y donaciones que viene decayendo en los últimos años; en 2023 se recaudó por este concepto 39 millones menos que el año anterior. Quiere esto decir que la herencia, y no el mérito personal, sigue siendo clave en la estratificación de la sociedad andaluza. En Cataluña, el gravamen oscila entre el 7 y el 24% y la recaudación en 2023 se acercó a los 1.000 millones de euros. 

Otro impuesto sobre el que la Junta tiene competencia absoluta son los impuestos de transmisiones patrimoniales que gravan las transferencias de propiedad y los actos jurídicos documentados. En Andalucía, dependiendo de los bienes transferidos, el gravamen que estaba en el 10% se ha reducido al 6 y el 7%. En Andalucía se ha recaudado por este concepto unos 2.400 millones de euros en cinco años; en Cataluña, también 2.400 millones, pero sólo en 2023. Incluso el impuesto al juego está menos gravado en Andalucía -15%- que en Cataluña -20%-. 

Los ayuntamientos andaluces tienen plena competencia para fijar el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles; en Sevilla, el tipo general es del 0,67% del valor catastral de la propiedad; el tipo aplicable es el mismo para el propietario de la vivienda que habita, para el casero que especula con la propiedad y para el dueño del piso turístico al que, al menos, se le han suprimido las bonificaciones. Además, están exentos de pagar IBI la Iglesia católica –pese a las inmatriculaciones- o las escuelas concertadas, que vienen a ser lo mismo. Las propiedades destinadas a uso comercial pagan el 1,12%. En todos los casos en los que la propiedad se destina a la obtención de un beneficio, el gravamen es ridículo; no hay forma con esos criterios de mermar el parasitismo económico, de hacer que la propiedad decaiga en la jerarquía de las recompensas al capital. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos; el 18% de los andaluces con mayores rentas han visto reducida su contribución un 39%; el IRPF recauda el 12,8% del total de la recaudación autonómica andaluza; en Cataluña es el 43,3% del total. 

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario.

Afirma la Junta que rebajando impuestos se recauda más porque el dinero que no se paga en impuestos se gasta en beneficio de la actividad económica; de hecho, en 2023, la recaudación se incrementó un 20,7% más que el año anterior; ese incremento se ha producido por los aumentos del IRPF y del IVA; los del IRPF por el aumento de trabajadores cotizantes especialmente en sectores tan precarios y poco sostenibles como la hostelería y el turismo –como diría Mandeville, los pobres siguen comiendo de las migajas que caen de la mesa de los ricos-; el IVA, por el incremento de la demanda pero, sobre todo, por el aumento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania. 

Tanto en uno como en otro impuesto, la recaudación podría ser mayor sin la permisividad de las autoridades con la economía sumergida –el 27% en Andalucía- o con el fraude en el IVA. La falta de inspección en las empresas y el dejar hacer con el pago “sin IVA” parece formar parte de una estrategia política para consolidar una “distributional coalition” de los dueños del capital, grandes y pequeños, para sortear las responsabilidades fiscales.  

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario; para atraer inversiones que no sean improductivas se necesitan aditamentos estructurales, institucionales y políticos de los que Andalucía carece en buena medida. El capital no va, por muchas facilidades fiscales que se den, allí donde no hay know how, donde se carecen de contactos políticos o clusters que faciliten el negocio. 

Los datos son tozudos. La inversión extranjera en Andalucía es el 2% de la española –nuestra población es casi el 18%-; en Madrid, la inversión extranjera es del 74,8%. Andalucía no converge ni siquiera con los niveles de renta medios del país. El PIB de la comunidad es 13,4% del PIB español, casi cinco puntos menos que lo que le correspondería por población; la renta media de los andaluces -21.000 euros- es una cuarta parte inferior a la media española, igual que hace un siglo; una estructura de recompensas basada en extraer rentas de la propiedad y en actividades de bajo valor añadido –agricultura, hostelería, turismo, construcción, etc.- y bajos salarios son responsables directos de la dificultad para remontar el vuelo. 

En esa situación de infradesarrollo, repugna el desprecio darwinista que los socios de la “distributional coalition”, de la “sociedad de socorros mutuos” que decía Ortega, tienen con la mayoría de andaluces; no importa que en Andalucía se encuentren los pueblos y los barrios más pobres de España; que la tasa de pobreza -30,5%- sea la más alta del país; no importa que Andalucía esté a la cola del gasto per cápita de la sanidad pública o de escuela pública. Todo sea por satisfacer a aquellos sectores sociales que sostienen que el pago de impuestos es un robo y votan para que se les rebaje o se haga la vista gorda por no pagarlos. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

Con este panorama, con tan burdas maniobras para beneficiar a una minoría, reclamar mayores transferencias desde las comunidades ricas mientras se rechaza el principio de ordinalidad tiene pocos argumentos para prosperar. Obviamente, para salir de este impasse se necesita gobiernos que atiendan las necesidades de la mayoría social, impulsar políticas para producir un cambio en el modelo productivo y, en ese itinerario, modificar los criterios de financiación es muy relevante. 

Desde las competencias normativas en materia fiscal que tiene la Junta de Andalucía se podrían establecer criterios que no sólo establezcan el principio del que más tenga más pague, sino la consecución del objetivo estratégico de desincentivar las inversiones no productivas, ejerciendo una mayor presión fiscal sobre buscadores de renta –las entidades privadas que viven del presupuesto público-, rentistas, especuladores, caseros y arrendadores turísticos serviría para desviar las inversiones hacia el capital productivo. Otra línea de trabajo sería incrementar la presión fiscal sobre aquellas rentas que provengan y reproduzcan las desigualdades sociales –las herencias y donaciones, los centros educativos y universidades privadas o concertadas-; es decir, estrategias que sirvan para levantar barreras de entrada al capital y hacer de la igualdad de oportunidades un factor determinante de la prosperidad. 

El secular atraso andaluz requerirá por otra parte la activación de negociaciones y acuerdos bilaterales con el Estado. Ya no valdrán en la nueva etapa los tortuosos ajustes que han presidido la negociación entre comunidades autónomas sobre fondos de convergencia, de suficiencia y de competitividad. Será justo que las comunidades que más den más reciban, pero también que nos preguntemos por las causas históricas, institucionales y políticas por las que unas comunidades autónomas son más ricas que otras y, por consiguiente, habrá que negociar bilateralmente con el Estado, para que esa verdadera “deuda histórica” pueda ser corregida. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

La Colonia de la Prensa, esos conjuntos de viviendas bajas que se edificaron bajo la ley de casas baratas en 1911, puede llegar a extenderse en su totalidad sobre suelo público. Es lo que se desprende de la última propuesta que, según el portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento, Antonio Giraldo, ha formulado el propietario de la única parcela privada que integra una pequeña parte del monumento, la del arco.

El concejal del PSOE ha asegurado en la comisión municipal de Obras, Equipamientos Públicos y Vivienda, celebrada esta semana, que este particular “está completamente dispuesto” a “hacer la cesión que sea correspondiente al Ayuntamiento de Madrid” a cambio de no pagar el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles. Sin embargo, desde el Área que dirige Paloma García Rodero dicen no haber recibido aún ninguna propuesta similar de manera oficial, lo que no implica que el ofrecimiento no haya podido llegar por otras vías.

“Podemos decir que (el arco) no es de nadie. Se encuentra en la vía pública, sin embargo, hay una pequeña parte que cae sobre una parcela privada, de un particular. En su escritura no tiene el arco de la Colonia aunque desde hace muchos años viene pagando el IBI por esta edificación”, ha remarcado el edil socialista en su intervención.

Además, ha recordado que el Pleno de Carabanchel aprobó por unanimidad una propuesta de su partido para que el Ayuntamiento inicie el expediente de deslinde y adquisición del arco de la Colonia de la Prensa, en el número 1 de la calle rodríguez Lázaro, para restaurarlo y mantenerlo. En resumidas cuentas, pide al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que intervenga en esta zona del conjunto histórico pues, a su parecer, la estructura representa un “problema administrativo”. “Aunque está en la vía pública no se encuentra inventariado en los bienes inmuebles del Ayuntamiento”, ha señalado.

Historia de la Colonia de la Prensa

La Colonia de la Prensa de Carabanchel se construyó entre 1913 y 1916 a partir de la idea de medio centenar de periodistas y escritores para crearse un área de retiro. La primera piedra fue puesta por Alfonso XIII y sufrió los daños de la Guerra Civil. Hoy ya no cuenta con muchas de las casitas que formaban parte de su configuración y además, en palabras de Giraldo, está en “un estado de conservación francamente mejorable en muchos casos”.

La propuesta del PSOE es que el arco sea declarado Bien de Interés Cultural. “Nos congratulamos de que hayamos alcanzado un consenso en la Junta Municipal hace dos semanas en el que todos los grupos votaron a favor para que el Ayuntamiento pueda iniciar un expediente de dominio y hacerse con la titularidad de este bien con el fin de restaurarlo ante sus problemas estructurales”, ha reseñado Giraldo.

"Hubo consenso en la Junta Municipal: todos los grupos votaron a favor para que el Ayuntamiento pueda iniciar un expediente de dominio", ha reseñado el socialista Giraldo

Por parte del área municipal de Obras y Equipamientos, expresan que los únicos antecedentes similares a lo descrito por el socialista de los que disponen se remontan al mes de julio de 2022. Fue entonces cuando se manifestó el interés en incorporar el arco al patrimonio municipal. El de`partamento trasladó una nota informativa al distrito poniendo de manifiesto una serie de cuestiones necesarias para resolver con carácter previo a la tramitación de cualquier expediente patrimonial de adquisición, como la regularización catastral o la aclaración de la situación urbanística.

“Hasta la fecha no se ha recibido ninguna comunicación al respecto y, en cualquier caso, si se solventaran las dificultades que se han puesto ya en conocimiento del distrito, la tramitación de este expediente patrimonial requeriría de un pronunciamiento del área de Cultura, Turismo y Deporte con el fin de aclarar el valor histórico y artístico de este bien”, ha detallado Paloma García Romero.

“Primero está la responsabilidad del propietario y si empieza un expediente por parte del área de Cultura diciendo cuál es el interés artístico de este bien y se traslada a Obras la necesidad de aceptar esa donación”. Y añadió: “Por nuestra parte estaremos encantados” si se plantea a través de “un expediente formal”.

El Ayuntamiento de Cuenca ya ha aprobado el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas que estén vacías dos o más años en la capital. Esto afectará a los grandes tenedores, (que tengan cuatro o más viviendas) y el objetivo que persigue dicho incremento “no es recaudatorio, sino disuadir a los propietarios de que tengas las casas desocupadas”.

Así lo ha puesto de manifiesto el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, durante el pleno de octubre del Ayuntamiento de Cuenca, donde se ha debado la modificación de dicha ordenanza, que se ha aprobado con 13 votos a favor de PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha pese a estar el PP (9 votos) y Vox (2 votos) en contra.

Martínez Melero ha expuesto que esta modificación va a afectar a las viviendas que lleven vacías dos años o más sin ninguna justificación para aquellos grandes tenedores de la ciudad, que son lo que tienen cuatro o más inmueble residenciales a su nombre.

Según los estudios que tiene el Ayuntamiento en basa al padrón, resulta que en Cuenca las viviendas de grandes tenedores desocupadas en 2023 eran 734, pero bajaron hasta las 549 en 2024. Precisar que este estudio afecta a los que son únicos titulares.

El responsable de la Hacienda municipal ha pedido no hacer una extrapolación de estos datos y calcular cuánto se podría recaudar, porque esto aún no e puede valorar por diferentes cuestiones técnicas.

Así, ha asegurado que el objetivo de esta modificación es meramente disuasorio más que recaudatorio, y así evitar que las viviendas estén desocupadas y salgan al mercado del alquiler o de la compraventa.

El gravamen se ha dividido en diferentes tramos según el tiempo que lleven las viviendas desocupadas. El primero incrementará un 50% el IBI a las casas que lleven vacías entre 2 y 3 años, en el segundo subirá un 75% el IBI a las lleven sin habitar de 4 a 5 años, y si llevan seis o más años, ese recargo subirá un 100%.

Al mismo tiempo, podrá subir ese incremento del IBI hasta un 50% en caso de que el gran tenedor tenga dos o más de las viviendas a su nombre vacías.

Tanto Vox como el PP han acusado al Ayuntamiento de poner en marcha una modificación cuyo objetivo es “aumentar la recaudación”, y han opinado que hay que implementar otro tipo de medidas para favorecer el mercado del alquiler para que salgan más viviendas al mercado.

Por otro lado, Cuenca en Marcha ha mostrado su apoyo a este incremento, y ha recordado la edil Maria Ángeles García que fue precisamente su grupo quien instó a través de una moción a elaborar el censo de grandes tenedores y a aplicar este recargo del IBI que ya está en vigor en otras localidades de Castilla-La Mancha.

En 2020, David Jiménez decidió dividir de manera horizontal su casa familiar. La nueva distribución supuso un cambio en la referencia catastral, ya que el edificio, que contaba con dos plantas y un garaje, quedó dividido en tres viviendas independientes. Así lo notificó a la Agencia Tributaria de Madrid, donde después de un largo proceso burocrático le confirmaron que se había efectuado el cambio correctamente. Meses después, cuando recibió el primer cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) una vez hecha la modificación catastral, el recibo continuaba haciendo referencia a la antigua disposición de la vivienda.

Esto ocurrió durante casi tres años, hasta que en 2023 pagaron por primera vez el IBI de cada piso por separado. Al poco tiempo recibió una carta municipal que le reclamaba los impuestos de 2020, 2021 y 2022 que no había pagado a nombre de la referencia catastral nueva. “En ningún momento nos avisaron de que había algo mal, continuaron pasando los recibos con la distribución anterior y yo estuve pagando religiosamente”, cuenta David.

En la carta, el Ayuntamiento reclamaba el IBI impagado durante tres años, aunque sí que estaba abonado con el conjunto del edificio y no por separado. Así que pidió cita municipal y en una oficina destinada a la atención de los contribuyentes le informaron de que, efectivamente, se trataba de un error y le recomendaron pagar el IBI de los tres ejercicios anteriores con la referencia catastral nueva y solicitar una devolución de los que habían cobrado por error.

“Yo hice caso a lo que me dijo la funcionaria que me atendió, pagué de nuevo y quedé a la espera de que me devolvieran mi dinero”, explica David. La cifra total ascendía a 2.400 euros. Casi un año después de reclamarlos no ha recibido ningún ingreso en su cuenta con la devolución correspondiente.

"El Ayuntamiento me debe 2.400 euros"

Su caso es tan solo uno de los más del millar que acumula la Agencia Tributaria madrileña. O, al menos, así se lo han hecho saber a David cada vez que ha intentado reclamar su dinero: “Hay una funcionaria que me coge el teléfono siempre que llamo para preguntar y me dice que hay un problema con una aplicación informática que no tiene operativa la opción de devolución, que llevan casi dos años así y que cuando preguntan a sus superiores no les dicen nada y hay como mil expedientes parados”.

La desesperación ciudadana es cada vez más evidente, aunque desde el Ayuntamiento de Madrid restan importancia a la situación. El jueves pasado, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa dio cuenta de las reclamaciones que había recibido este año el Consistorio y las cuestiones que más problemas acumulaban. Según el informe presentado, en lo que respecta al ámbito tributario, el IBI es el asunto del que reciben mayor número de reclamaciones, aunque aseguran que tan solo se tratan de 391, frente a las 443 del mismo periodo del año anterior.

Estos datos contrastan con la versión de los afectados, que llevan esperando varios años para recuperar un dinero que depositaron por error del Ayuntamiento y que en algunos casos asciende a más de 2.000 euros. David, al igual que otros tantos ciudadanos ha sido víctima de este desajuste tributario vigente desde diciembre de 2022. Este periódico ha consultado fuentes del Área de Economía, Innovación y Hacienda para conocer si realmente hay tantos casos similares al de David, a lo que responden que “no hay ningún problema generalizado de falta de devoluciones”.

Aseguran que “las devoluciones, tanto de oficio, como a instancia de parte, son un procedimiento habitual en la gestión tributaria”, aunque el testimonio de David y otros afectados no demuestra lo mismo. Además, consideran que “en 2,2 millones de recibos, la incidencia es muy residual y afecta a devoluciones fruto de la propia dinámica inmobiliaria”.

Desde el Consistorio aseguran que “se está trabajando en ello y la resolución de los expedientes de devolución de ingresos se realiza guardando el orden de presentación de los mismos”, pero David lleva más de un año para recuperar su dinero y todavía no ha recibido noticias.

Un fallo en la aplicación, el desencadenante

La funcionaria a la que David contacta de vez en cuando para comprobar cómo avanza el asunto, le ha confirmado en numerosas ocasiones que todo se debe a un error en la aplicación a través de la que se gestiona, una cuestión a la que el Ayuntamiento no hace referencia en ningún momento. “Siempre me dice lo mismo, que llevan dos años sin hacer devoluciones del IBI porque un problema informático no les deja acceder a esa opción y yo me pregunto si todo el mundo que está en la misma situación que yo se habrá enterado de esto o habrá reclamado”, relata David.

Los trabajadores se enfrentan a diario a situaciones incómodas en las que tienen que lidiar con el malestar de los ciudadanos, pero no son capaces de dar una respuesta a lo que ocurre: “Cuando preguntan internamente al Ayuntamiento siempre les dan largas. Los superiores les dicen que ya lo arreglarán, que no hay prisa, que no es una prioridad ahora. Y ahí siguen, acumulando ya mil casos”.

Enma López, concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, explica que “el problema viene de lejos” y que todo ha venido por “lanzar una aplicación de la que dependen 1.500 millones de euros sin probarla”. La edil no entiende cómo no puede existir una opción tan esencial como la de las devoluciones y resalta que “el dinero entra, pero no sale fácil”.

Desde el grupo de la oposición consideran que el Ayuntamiento “se aprovecha de que Madrid es muy grande” para llevar a cabo este tipo de “escándalos”. Respecto a los datos publicados por el Consistorio sobre sugerencias y reclamaciones la semana pasada, la concejala apunta a que todo se debe a un problema de desconocimiento. “La gente se queja en su casa, pero no pone reclamaciones porque ni siquiera saben y asumen que si les viene un recibo estará bien”.

Muchos madrileños rechazan la opción de iniciar un proceso de reclamación en estos casos porque no cuentan con las herramientas necesarias ni con el conocimiento tributario suficiente, algo que López incrimina al Ayuntamiento: “Trabajan bajo la ley del silencio y no informan a los ciudadanos de lo que deben hacer en estos casos, ni siquiera les notifican cuando hay un problema por su parte. Te exigen un trámite burocrático bestial cuando es su culpa”.

El PSOE ha solicitado varias veces que el Consistorio inicie una campaña de concienciación tributaria, pero nunca ha salido adelante. Con mayor información -aseguran- los ciudadanos podrían atajar más fácilmente este tipo de situaciones que resultan tan tediosas y que en ocasiones generan miedo: “A la ciudadanía le asusta mucho tener que relacionarse con la Agencia Tributaria y no dan el paso de reclamar porque se piensan que van a meterse en problemas”.

La edil remarca que lo peor de todo es que no es posible ni siquiera contrastar la información y los casos similares al de David que hay abiertos: “Si hubiera datos por lo menos tendrían la situación controlada, pero no saben la dimensión del problema”. El caos se va agrandando poco a poco y después de tres años con estas dificultades para gestionarlo, la situación es cada vez más insostenible.

Dos mandatos de problemas tributarios

La crisis tributaria que sufre la capital viene de lejos. Los problemas con las devoluciones y la aplicación son solo la punta del iceberg. A principios de 2023, Somos Madrid se hizo eco de miles de recargos indebidos y del retraso en el cobro de los recibos del IBI durante varios trimestres. Aunque el Ayuntamiento dio por superado el caos, la situación no ha mejorado.

Las familias numerosas, que podían optar a una bonificación, todavía siguen esperando que el Ayuntamiento les devuelva lo que les prometió. Son 36.000. El Consistorio considera que una cantidad tan pequeña de personas no suponen un motivo de alarma cuando son más de dos millones de personas las que pagan el IBI en Madrid, pero lo que para el Gobierno municipal resulta ínfimo, para cualquier ciudadano es algo grande.

A los grupos de la oposición les escandaliza que después de varios años y dos mandatos no haya habido ninguna mejora. De hecho, como consecuencia directa de este desajuste tributario, Más Madrid y PSOE pidieron la sesión plenaria de enero de 2023 el cese de la directora de la Agencia Tributaria. Con los votos a favor de Más Madrid, Grupo Mixto y Partido Socialista, los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención de Vox, la moción fue aprobada. Pero no se llevó a cabo, porque las votaciones en el pleno no son de obligado cumplimiento para el Consistorio.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo ha utilizado su mayoría absoluta en la corporación para sacar adelante en solitario su propuesta de ordenanzas fiscales para 2025.

Los votos de sus 14 concejales han sido suficientes para aprobar una subida del IBI general y de la tasa de recogida de basura, entre otros impuestos.

La oposición en bloque -PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox- ha criticado duramente al equipo de gobierno al que acusan de realizar una “mala gestión económica”.

El pleno del mes de octubre, celebrado ayer, ha aprobado las nuevas ordenanzas fiscales que se traducirán en un incremento del 7 por ciento del IBI general “transitorio y temporal”, que pasa del 0,54 al 0,58, una subida del 80 por ciento sobre el canon de recogida de residuos y del 10 por ciento en el suministro de agua potable.

La concejala de Economía, Leticia González, defendió esta subida de impuestos que, según el PP, busca un equilibrio entre ingresos y gastos para mantener “los excelentes servicios públicos que ofrece y que suponen un compromiso de gestión muy importante”. Además, permitirán “no dejar a nadie atrás y garantizar el desarrollo de políticas ambiciosas orientadas a que Oviedo siga siendo motor económico y laboral” de Asturias.

Las argumentaciones para la subida

Leticia González ha definido cómo será esta subida del IBI: “Se actualiza ligeramente para seguir ofreciendo servicios públicos de calidad y continuar transformando la ciudad, con una subida transitoria con vistas a volver a ajustar a la baja”.

También la nueva tasa de basura tenía una justificación. Para el equipo de gobierno, la explicación es clara: “Es de carácter obligatorio, ya que los ayuntamientos están obligados a repercutir los costes de la recogida en los ciudadanos para cumplir la ley”.

La concejala ha recordado que en Oviedo el precio de esta tasa de recogida de basura llevaba estable y sin incrementarse desde 2015 e incluso ha aseverado que en 2012 se pagaba un “precio más alto que hoy”.

La responsable del área económica también ha atribuido la subida de costes propuesta al incremento de precios del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa), que ha cifrado en 80 euros por tonelada, lo que supone un 20 por ciento más, a la espera de un “coste mayor” por la “negligencia” del Gobierno regional, que “no tenía seguro”.

El PSOE culpa al PP de realizar una “pésima” gestión económica

Los concejales de los tres grupos municipales de la oposición han votado en contra de la subida de impuestos para 2025. El edil socialista Javier Ballina, acusó al equipo de gobierno de cambiar de versión en varias ocasiones para explicar este incremento de tasas que su grupo municipal atribuye a “una pésima gestión económica” del PP.

“Primero hablaron de pequeño ajuste, luego culparon al gasto social y ahora al incremento de costes para tapar la verdad incómoda de tener que subir los impuestos”, ha censurado el concejal Ballina.

Para el edil socialista, el PP encara una “verdad incómoda” al tener que aceptar que lleva a cabo una subida generalizada, que en su opinión responde a una “mala” gestión económica y que “no se explica” por el gasto social, que en el mandato del alcalde Alfredo Canteli “se ha reducido un 11,5 por ciento”.

“Otra verdad incómoda -ha añadido- es que la subida responde a una mala gestión económica que se vincula con alguna decisión delirante, como el regalo de cinco millones de euros a un fondo suizo” para adquirir el edificio Calatrava.

Llamazares pide explicaciones

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha exigido al Grupo Municipal Popular que “se explique” y “conjugue la proporcionalidad” de estas cargas.

Ha reconocido las limitaciones del equipo de gobierno y de IU para alcanzar un acuerdo sobre las ordenanzas, y se ha mostrado “abierto” para retos compartidos y poder estar “juntos en otros aspectos estratégicos”, entre otras materias en vivienda y trabajo social.

Vox califica la subida de tasas de fraude fiscal

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha ido más allá y ha calificado la subida de tasas como “fraude fiscal”, tras la promesa electoral del equipo de gobierno de su rebaja.

“Ni los baja, ni los mantiene, los sube”, ha asegurado la edil, que prevé que esta posible rebaja se pueda producir a las puertas de las próximas elecciones municipales.

El debate sobre las ordenanzas para 2025 ha ocupado buena parte de las cinco horas de duración del pleno. La sesión había comenzado con la aprobación de una modificación presupuestaria de 47,2 millones de euros provenientes de la obtención de ingresos superiores a los inicialmente previstos y remanentes.

El Consistorio destinará 46,4 millones de euros de esa cantidad a amortizar deuda y “apartar” 826.000 euros para afrontar una posible liquidación negativa del servicio de aguas durante el último ejercicio.

Las fiestas de San Mateo y la censura

Por otro lado, el pleno también abordó el polémico tema de las fiestas de San Mateo. Y como no podía ser de otra manera, el alcalde defendió su modelo. Según explicó Alfredo Canteli: “Fuimos a las elecciones con un modelo y lo cumplimos. Aunque haya chiringuitos o como se llamen ahora que no nos gusten, el sistema es cien por cien democrático y tenemos todos que atenernos a ello. Se estuvieron dando 30 años a dedo. No se puede cuestionar el éxito de las fiestas, las pateé día y noche y la participación fue extraordinaria”, argumentó.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y la concejala socialista Sonia Fidalgo entraron en un debate sobre la censura al dj ovetense Isaac Corrales, cuya actuación fue cancelada horas antes de salir al escenario de La Ería, el pasado 19 de septiembre.

Covadonga Díaz negó cualquier atisbo de censura e incluso insistió en que ni siquiera llegó a ver la imagen que Isaac Corrales había subido a sus redes donde aparecían calles de Oviedo vacías durante las fiestas a las que añadió el emoticono de un cactus y una bola del desierto.

La polémica de la cancelación

“Una foto de ese señor me trae sin cuidado”, llegó a afirmar la responsable del área de Festejos que en días pasados argumentó que no llegó a ver la imagen porque tenía bloqueado al dj en sus redes sociales.

Covadonga Díaz señaló que la causa de la cancelación se debía a un problema de horario, ya que se preveía que las actuaciones que iban a ofrecer Dani Fernández y Viva Suecia esa misma noche que iba a actuar Isaac Corrales iban a “alargarse” en un día laborable, por lo que se instó a la productora para que cancelara alguna actuación para cumplir el horario. Una argumentación de la que discrepó abiertamente Sonia Fidalgo.

La corporación tampoco ha dado de paso una moción de urgencia de Vox que proponía instar al Gobierno local a rechazar la política de “puertas abiertas a la inmigración ilegal”, que ha contado con los votos a favor únicamente de las tres concejalas de esta formación y el voto en contra del PP, PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo.

El Ayuntamiento de Valladolid bajará un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir del 1 de enero de 2025 y dejará de ingresar 3,5 millones de euros. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha reiterado que de esta manera el dinero “permanece en los bolsillos de los vallisoletanos”, quienes “hacen que la economía circule” gracias a su manera “de entender la política”. Carnero ha garantizado que continuará bajando este impuesto hasta llegar al 10% al final del mandato, como prometió en campaña electoral.

Lo que no detallado el alcalde es cómo se aplicará la tasa de basuras en 2025, que aún no tienen definida y que espera anunciar próximamente, aunque están trabajando en que la tasa sea inferior a 100 euros y que esté por debajo de la media del resto de capitales. Carnero ha insistido en que esta tasa es “una imposición de la UE” y que el equipo de gobierno decidió posponerla al límite máximo temporal obligatorio. “No se trata de compensar una bajada con la imposición de una supuesta subida”, ha señalado Carnero, quien ha rechazado hacer “comparaciones” y ha remarcado que son “caminos paralelos, pero distintos”.

El portavoz el Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha acusado al regidor de hacer “trampas” porque la bajada del 10% el IBI y la reducción el Impuesto de Vehículos (que no se ha anunciado este lunes) estaban entre las acciones inmediatas que prometió en la campaña electoral de 2023. “Frente a los 4 millones de la rebaja del IBI, va a recaudar 20 por la nueva tasa de basuras. Hay una fuerte tasa impositiva y es lo contrario de lo que prometió”, ha afeado Herrero.

Exención zona ORA para familias con menores de 3 años y el ICIO

Las familias con hijos menores de 0 a 3 años y las familias numerosas de categoría especial (más de 3 hijos o uno de ellos con discapacidad) podrán aparcar sin coste en las zonas ORA. Las familias deberán solicitar esta exención —como se hace con la tarjeta de residente— y será para un solo vehículo por familia independientemente de la renta y hasta el ejercicio en el que el menor cumpla los tres años.

También se reduce del 4 al 3,9 el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). El Ayuntamiento elimina la deducción del importe satisfecho en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos. Con estas modificaciones se separa la gestión del ICIO de la gestión de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, en el que se utilizará como base de cálculo la superficie construida y no el presupuesto de ejecución material. Se aprobará un nuevo supuesto de exención fiscal en el caso de obras destinadas a actuaciones de urgencia para garantizar la seguridad e integridad de los edificios, construcciones e instalaciones derivadas de desastres, catástrofes o cataclismos o siniestros como el el año pasado en la calle Goya.

Además, se va a modificar la ordenanza del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) en la parte relativa a los coeficientes de estimación objetiva. Se hará una remisión genérica a los coeficientes aprobados por la normativa estatal en cada momento, a los que se aplicarán por voluntad de este equipo de Gobierno una rebaja del 12%. El equipo de gobierno actual justifica esta decisión después de que el Tribunal Constitucional anulara este gravamen a pesar de que en julio de 2023 el Supremo limitó los efectos de la anulación del impuesto de plusvalía y cerró la puerta a las reclamaciones millonarias.

Bonificaciones en el IBI

También se incrementa la bonificación para los inmuebles de los organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria de un 25 a un 30%. Después de que el Ayuntamiento de Valladolid aprobara en 2022 —a iniciativa de Ciudadanos— una bonificación por la la instalación de placas solares, entrará en vigor en 2025 porque el año pasado no entró en la ordenanza fiscal. Carnero ha asegurado que esta y otras bonificaciones no se han aplicado antes por “las circunstancias de la Hacienda del Ayuntamiento”. Será una bonificación del 50% por la instalación de placas solares en la cuota íntegra del impuesto durante los cuatro primeros años siguientes a la finalización de la instalación, hasta un límite de 250 euros anuales para inmuebles de uso residencial y 2.000 euros para el resto de los usos.

Otras ordenanzas

También se modifica el artículo 8 de la ordenanza de la tasa por licencias ambientales y de actividades sometidas al régimen de comunicación para “mejorar la claridad” y lograr “un mejor entendimiento y aplicación de la misma”.

También se modifican las ordenanzas de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y del impuesto sobre actividades económicas por los cambios que ha sufrido el callejero. Respecto a la ordenanza general de gestión, liquidación, recaudación e inspección, se modifican los artículos 76, 77.9, 79.1 y 86.2 para adecuar la ordenanza a los cambios legislativos producidos en los últimos ejercicios.

El Defensor del Contribuyente

Se creará la figura del Defensor del Contribuyente, que tendrá como objetivo principal ofrecer una mayor garantía a los derechos de los contribuyentes y que basará su funcionamiento en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad.

Actuará sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias referidas a los tributos municipales, tanto en sentido estricto (impuestos, tasas y contribuciones especiales), como con las relacionadas con los precios públicos exigidos por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos y también con las relativas a cualquiera otra exacción de derecho público que se reclame por la Administración Municipal en vía ejecutiva.

En el ejercicio de sus funciones supervisará la respuesta que ofrezcan las unidades municipales a las reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos, requiriendo de aquellas las correcciones necesarias si esa respuesta no resulte adecuada, pudiendo incluso plantear, de oficio, reclamaciones en queja ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Tendrá también entre sus funciones la de informar las quejas formuladas por los ciudadanos, en el ámbito de sus competencias, con carácter previo al dictamen de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones; formular las recomendaciones, propuestas e informes en relación con la función genérica de defensa del contribuyente, así como las de proponer las modificaciones normativas o procedimentales que se consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos.

El equipo de Gobierno municipal de Guadalajara, conformado por PP y Vox, ha presentado hoy el proyectos de Presupuestos del Ayuntamiento para 2024. Asciende a 96 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8% con respecto al ejercicio de 2023. La alcaldesa, Ana Guarinos, ha afirmado que estas cuentas son “reales, sociales y garantistas de los servicios públicos”, en las que el gasto social representa cerca del 15%, con 14,3 millones de euros y con un claro carácter inversor que asciende a 5,6 millones de euros, representando 5,8%.

“Es el Presupuesto de los hechos y de las soluciones, pensado y diseñado para transformar la ciudad de Guadalajara en este ejercicio y a lo largo de todo el mandato, que demuestra que las cosas se pueden hacer de manera diferente a como venían haciéndose”, ha apuntado la alcaldesa de la capital alcarreña, en una comparecencia acompañada de los cuatro tenientes de alcalde, Alfonso Esteban, Isabel Nogueroles, Víctor Morejón y Javier Toquero que conforman este gobierno de coalición.

Unas cuentas que se llevarán previsiblemente a pleno el próximo día 4 de marzo tras darse este martes luz verde al anteproyecto en la Junta Local de Gobierno, además de comunicarse a los distintos grupos políticos, que tendrán ahora siete días hábiles para presentar enmiendas antes de que se celebre la comisión de cuentas y de que se convoque el pleno extraordinario para su aprobación inicial.

Luego, habrá otros quince días de exposición pública y si no hay reclamaciones, el concejal de Hacienda prevé que entren en vigor para Semana Santa.

La “prueba del algodón”

La oposición municipal del PSOE las ha valorado casi inmediatamente. El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ignacio de la Iglesia, se ha mostrado muy sorprendido tras la Junta de Gobierno Local de “unos veinte segundos” en la que el equipo de Gobierno de Guarinos ha aprobado estas cuentas.

“Estos presupuestos dejan claro que no existe agujero económico alguno”, ha expresado. Concretamente, ha indicado que para 2024 el equipo de Gobierno ha preparado unos presupuestos que aumentan en cinco millones los últimos presupuestos del exalcalde socialista Alberto Rojo, los de 2023. De 91 millones, ha dicho, a 96 millones. “Una diferencia de 5 millones que es la misma que la subida del IBI de Guarinos a los vecinos y vecinas de Guadalajara”. 

Este hecho “es la prueba del algodón de que no existe agujero económico”, porque de ser así, ha argumentado el presupuesto debería estar más cercano a los 70 millones de euros. “¿Dónde están los 20 millones de agujero económico que tanto ha proclamado Guarinos?”, se ha preguntado De la Iglesia. 

“Durante semanas, Guarinos se ha dedicado a contar a los vecinos que la subida del IBI era para tapar el agujero económico que, según ella, dejó Alberto Rojo. Sin embargo, hoy tenemos la ”prueba del algodón“ de que, los cinco millones de subida del IBI eran para incorporarlos al presupuesto y ”cubrir sus ganas de gastar“, ha recalcado el concejal del PSOE.

 Para finalizar, De la Iglesia ha aclarado que los 96 millones que ha proyectado Guarinos para los Presupuestos de 2024, “son una muestra más de que la política fiscal de Alberto Rojo era buena y que dejaron al Ayuntamiento económicamente saneado”.

Isabel, María Antonia y Aurora son mujeres, jubiladas, viudas y llevan toda su vida viviendo en La Bareza-Lloreda, un enclave localizado entre la Autovía del Cantábrico y el polígono industrial de Lloreda, reconocido como núcleo rural, hasta una recalificación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2019 y recogida en el Plan General de Ordenación, por la que esos terrenos pasan a considerarse núcleo urbano.

La situación de estas tres mujeres es la misma a la que se enfrentan las vecinas y vecinos que viven en la veintena de casas distribuidas en el camino de Lloreda a la Picota y que les ha puesto la vida patas arriba al enfrentarse a incrementos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 45%.

Sentadas en torno a una mesa, en casa de María Antonia, estas tres vecinas y amigas, cuentan su historia con pena e indignación, pero también con las ideas muy claras y es que pelearán contra lo que consideran una injusticia por parte de la administración y un espolio a sus bolsillos, ya de por sí mermados por pensiones demasiado ajustadas.

Isabel y Aurora rondan los 68 años, María Antonia ya ha cumplido los 80. Recuerda con nostalgia cuando las vacas pacían donde hoy está sentada junto a sus vecinas y en el piso de arriba guardaban las varas de hierba, cuando trabajaba como modista para sacar a su hijo adelante, y siempre en esa casa, en la que nació y a la que su padre llegó con cinco años.

Le cambia el semblante al referirse a la notificación de la Agencia Tributaria, en la que le reclaman 1.300 euros en concepto de atrasos del IBI de 2020, 2021 y 2022. Reconoce que no es la que más apuro económico tiene, pero no piensa callarse ante la injusticia porque bastante se ha callado ya, como cuando, explica, le fueron poco a poco recortando terreno para dárselo a la autopista que hoy cruza, atronadora, por debajo de su casa.

¿Cómo voy a pagar 933 euros de impuesto con 600 euros de pensión?

Isabel — vecina de La Lloreda, Gijón

Isabel es la que peor parte se lleva. Administrativa de profesión, se dedicó al cuidado de su padre, tras quedarse en el paro, y de aquellos cuidados le ha quedado hoy una pensión de 600 euros. Cuenta preocupada cómo va a hacer frente a los 371 euros que le han llegado de IBI más otros 562 euros en concepto de atrasos. “¿Cómo voy a pagar 933 euros de impuesto con 600 euros de pensión?”, se pregunta con lágrimas en los ojos, y recuerda cuando tenía que pagar los impuestos con recargo porque no tenía dinero suficiente para afrontarlos al llegar el cargo.

El caso de Aurora es algo distinto, ella aún no ha recibido nada, pero mira recelosa y de reojo al buzón, porque sabe que también le tocará “el premio”. Vive en una casa con panera y se pregunta qué tiene de urbano Lloreda, donde a los terrenos siempre se les ha dado uso agropecuario, donde hay hórreos, paneras y explotaciones ganaderas.

Es ella quien aprovecha para denunciar la falta de servicios que tiene la zona, por ejemplo, que la única línea de autobús que comunica esa zona con el centro urbano, las deja a un kilómetro de sus casas.

Junto a ellas, José Luis Fernández Bernardo, a quien todo el mundo conoce como Aguirre, es el presidente de la asociación vecinal y compañero en esta batalla. Recuerda que Lloreda ha sido núcleo rural durante los últimos 300 años y se pregunta qué pasará con las fincas que tienen animales, porque las hay con cabras, ovejas, vacas, gallinas, pavos y patos, dentro de un núcleo urbano.

En 2016 la asociación vecinal presentó más de 200 alegaciones al Plan General de Ordenación para mantener la valoración de núcleo rural, calificación cuyo cambio acabó aprobando el Pleno del Ayuntamiento de Gijón el 14 de febrero de 2019, a pesar de que, tal y como explica Aguirre, los usos de los terrenos no han cambiado, por tanto, esta conversión solo puede responder a un afán recaudatorio, en vez de a una realidad objetiva.

El presidente vecinal recuerda que la mayor parte de los habitantes de La Bareza-Lloreda son personas mayores que ya destinan el 15% de sus ingresos, pensiones en su mayoría, al pago del IBI y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Constitución, la contribución de cada personal al sostenimiento de los gastos público debe hacerse de acuerdo con su capacidad económica. Fue precisamente ese artículo el que utilizó el Tribunal Constitucional, señala, para anular el impuesto de la Plusvalía.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su portavoz, Esther Padilla, ha criticado a PP y Vox por “subir” los impuestos en los ayuntamientos donde gobiernan, poniendo de ejemplo Guadalajara y Talavera de la Reina, y ha afeado su “incoherencia” por presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales para 2024 alegando que incrementan impuestos y son “irreales”.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha defendido que Castilla-La Mancha “es una comunidad autónoma de las que menor presión fiscal tiene” y, sin embargo, ha censurado, “los gobiernos del Partido Popular y de Vox en los ayuntamientos de esta región están subiendo impuestos”. “No deja de ser incoherente”, resaltó.

De este modo, ha asegurado que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP y Vox, ha subido un 17% el IBI y en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por el PP y Vox, suben un 24% el agua. “Por lo tanto, quizá deberían de ser más prudentes a la hora de hablar de impuestos y tener muchísima más cabeza a la hora de decidir de dónde quieren quitar los recursos y a qué quieren destinarlo, como en este caso quieren quitarlo de la protección a las mujeres para destinarlo ¿dónde?”, se ha preguntado.

Además, ha dicho que “sería interesante” que PP y Vox explicaran qué van a hacer con el dinero que recauden por la subida de impuestos que van a aplicar en algunos municipios.

Criticas a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos

Al PP que, según ha afirmado Padilla, “no le parece bien el desglose que hay en materia sanitaria en los presupuestos”, le ha recordado que en las cuentas para 2024 se destinan 1.400 millones de euros más a sanidad de lo que destinaba el Partido Popular cuándo gobernó esta región. “No sé si les parece mucho y por eso no están de acuerdo porque, claro, su opción era 1.400 millones de euros menos en sanidad”, ha ironizado la portavoz.

En lo que tiene que ver con la enmienda a la totalidad de Vox, donde argumentan que “el presupuesto destinado en materia de igualdad es un derroche”, ha señalado que “dice mucho” de un partido político que quiera cargarse “de un plumazo” el presupuesto que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, que protege a las mujeres más débiles, y que protege a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. “Ese presupuesto es el que Vox quiere quitar”, ha avisado.