El PP rehace su discurso sobre las bajadas de impuestos y anticipa recortes de gasto público

“'¡Que se bajen los impuestos ya!”. La frase la pronunció, casi la gritó, hace justo un mes Alberto Núñez Feijóo en su discurso abierto ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. El líder de la derecha española no es muy dado a elevar el tono en sus alocuciones, en las que recurre a mensajes precocinados que repite una y otra vez. Pero ese día el PP lanzó una nueva línea estratégica que, pensaban, podía dar la puntilla al Gobierno. El leit motiv era claro y no contemplaba matices: “Menos impuestos”. Era una apuesta segura, un caballo ganador. O lo parecía.

A la vez que Feijóo lanzaba a sus barones a una competición fiscal que tentó a algunos socialistas, la libra esterlina se desplomaba y sentenciaba el brevísimo mandato de Liz Truss como primera ministra británica. Otro dogma neoliberal que se ha derrumbado, dejando a sus últimos defensores a la intemperie.

En un mes, el PP ha borrado todo rastro de la cartelería con el lema “menos impuestos” y ha comenzado a recular en su exigencia de hacer un rebaja fiscal masiva. Hasta Isabel Díaz Ayuso ha negado la evidencia de que aplaudió a rabiar la bajada de impuestos a las rentas altas que, junto a un presupuesto inverosímil, ha provocado la caída de un jefe de Gobierno más rápida en la historia del Reino Unido.

Una Ayuso que, como lideresa del PP de Madrid, no ha hecho otra cosa que convertirse en la abanderada del ala más radical de la derecha española que comandan Esperanza Aguirre y José María Aznar. Incluso cuando el PP nacional titubeó en su rechazo a los impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y la banca, hasta que los apoyó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y les obligó a rehacer su posición, la presidenta madrileña desdeñó la idea planteada por el principal rostro que hoy tiene la derecha continental.

Aunque Ayuso, y el PP de Madrid, hayan sido en los últimos años el estandarte de la rebaja “drástica” de impuestos, el discurso impregna todo el partido. En 2018 el hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se presentó a las elecciones con la promesa de una “bajada masiva de impuestos” de la que estuvo presumiendo toda la legislatura, pese a que los datos del Ministerio de Hacienda contradicen el discurso triunfalista.

Cuatro años después, Moreno se postuló para la reelección y logró la mayoría absoluta. Una de sus primeras medidas que tomó fue poner en marcha una de esas “rebajas masivas de impuestos” que, tras analizar la letra pequeña, suponía un ahorro de menos de cien euros para la mayoría social y claros beneficio para las rentas altas.

El dirigente andaluz, el barón más próximo a Feijóo y que pugna con Ayuso en la carrera sucesoria, guardaba otro anuncio para el regreso del verano: la supresión del Impuesto de Patrimonio. Lo anunció en Madrid (no en el Parlamento andaluz ni tras una reunión de su Consejo de Gobierno, sino en Madrid) apenas una semana antes del Comité Ejecutivo del 26 de septiembre.

Ayuso recibió la medida con alborozo en redes: “Andaluces: bienvenidos al paraíso”, tuiteó. Pero este lunes, en un acto público con su jefe de filas, pidió acometer las reformas fiscales “con cautela”, “con cabeza” y “de manera sucesiva y paulatina, no de golpe”.

Por entonces, Feijóo alentaba en público la idea de que las grandes fortunas españolas estaban escapando hacia Portugal por ser un país con menor presión fiscal sobre las clases altas. El mismo dumping fiscal internacional con el que bromeaba Ayuso. A la carrera por bajar impuestos se sumó inmediatamente el presidente gallego, Alfonso Rueda. Y otros dirigentes autonómicos del PSOE también corrieron a anunciar rebajas fiscales. En aquel momento, en palabras de Ayuso, arreciaba la “presión popular” para acometer reformas fiscales a la baja.

Semanas después, no todas se han producido. Otras, como la del sucesor de Feijóo en la Xunta, sí. Pero Rueda ha dejado que su anuncio se diluyera a medida que arreciaba la tormenta política británica.

El retorno de los recortes en el gasto público

Porque el nuevo discurso no quiere decir que el PP haya abandonado la idea de bajar impuestos, ni mucho menos. Sus principales portavoces económicos defienden la tesis de que bajar los tributos aumenta la recaudación de forma directa. Lo decía este lunes el coordinador general, Elías Bendodo: “En el ADN del PP está bajar los impuestos”. Pero ahora se añaden otros elementos clave que antes no formaban parte del núcleo del discurso.

Por ejemplo, que hay que reducir el déficit, la deuda pública y el gasto. Una tríada que en la crisis de hace una década condujo a la inevitabilidad de los recortes sociales en materias claves como Educación, Sanidad o Dependencia, que hasta ahora no han recuperado los niveles de inversión de finales de la primera década del siglo.

La reducción del gasto es la diferencia, dicen, entre el plan económico de Truss y el de Feijóo, y el PP por extensión. En agosto, cuando la actual crisis británica ni se atisbaba en el horizonte, el líder de la oposición aseguró que su plan económico pasaba “sí o sí por bajar el gasto público”. “Sí o sí”, insistió. Y zanjó: “Aunque no hay para todo”.

“Un mayor gasto público no conlleva necesariamente un mayor y mejor desempeño. En este sentido, se considera especialmente necesario actuar sobre el gasto público superfluo”, reza el documento económico que Feijóo entregó al presidente, Pedro Sánchez, en su primera reunión el pasado mes de abril.

Pero, a la hora de hacer los presupuestos, los dirigentes del PP prefieren no reducir el gasto público. El recientemente aprobado presupuesto de la Xunta de Galicia para 2023 suma 12.620 millones, un 8,5% más que en 2022. Madrid, donde Ayuso solo se ha aprobado unas cuentas públicas desde que fue elegida presidenta en 2019, tendrá 23.033 millones, un 14,8% más que hace cuatro años.

En el PP intentan rebajar el cambio que se ha producido en su discurso fiscal, pero a nadie se le escapa en Génova que la crisis en Reino Unido le ha arrebatado uno de sus principales arietes contra el Gobierno de coalición.