La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha) han presentado en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa busca mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En la presentación del acuerdo, el rector destacó que esta colaboración “a tres bandas” beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la Universidad de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Las seis acciones formativas se impartirán desde la próxima semana

Según indicó Garde, se han previsto seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana. Se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector señaló que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM. Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Las microcredenciales se dirigen a perfiles distintos del estudiantado tradicional y permiten actualizar competencias de forma ágil. En este contexto, el rector subrayó que la UCLM “ha multiplicado por seis el objetivo inicial fijado para Castilla-La Mancha, consolidándose como una referencia nacional en microcredenciales universitarias”. Al término del periodo establecido, “más de 4000 personas habrán recibido formación flexible, especializada y alineada con las necesidades del mercado laboral, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los colectivos más vulnerables”.

En la presentación del protocolo participaron también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, quienes respaldaron la colaboración interinstitucional y, en particular, esta iniciativa de formación especializada orientada a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

La directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga, y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social UCLM-CECAP, Yolanda Salinero y Sonia Morales, asistieron a la presentación junto a representantes de la Consejería y de las entidades sociales.

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI) ha reclamado este miércoles que el “pilar central” de las políticas sociales de Cantabria sea la “humanización, para poner a la persona en el centro de las decisiones” y de esa manera “construir una sociedad donde todas las personas tengamos nuestro sitio”.

Así lo ha manifestado la presidenta del CERMI Cantabria, Elisa Irureta, en su intervención en el patio del Parlamento de Cantabria, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ante un público donde se encontraba la presidenta de la Cámara regional, María José González Revuelta, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, así como otras autoridades regionales y locales y miembros de las entidades asociadas a CERMI.

Irureta ha asegurado que la “prioridad” para las personas con discapacidad es una Ley de Accesibilidad Universal que les garantice que “puedan participar y ejercer sus derechos con total plenitud”, y contar con un entorno “facilitador” que les ayude a alcanzar sus “sueños y metas”.

Durante el acto, diputados regionales de todos los grupos se han prestado para ejemplificar diferentes representaciones de las dificultades que viven en el día a día los 64.000 cántabros con discapacidad -el 11,5 por ciento del total-, bajo el lema 'Ponte en mi lugar'.

La presidenta del Comité ha defendido que “detrás de este número hay vidas” de personas y un entorno que “le facilita o dificulta la vida”.

En este sentido, a través de las representaciones, CERMI ha trasladado al público asistente las “barreras del entorno” que son físicas, sensoriales y cognitivas.

Así, han mostrado el “rostro humano” de las reivindicaciones sociales de CERMI a través de personas que han compartido su realidad mediante imágenes y mensajes, y con ello dar “visibilidad mediante sencillas escenas a una pequeña muestra de su día a día”.

En esta línea, ha reivindicado “acuerdos sólidos” sobre estrategias y políticas sociales, que involucren a “todas las fuerzas políticas” para alcanzar los derechos “que aún nos faltan”. Al respecto, ha mostrado su disposición a formar “parte activa de la construcción de una Cantabria social”.

40 años de España en la UE

Además, Cantabria se ha adherido al manifiesto nacional de CERMI, bajo el lema '40 años de España y la Unión Europea, sin dimensión social no hay Europa', ya que este acto de CERMI en el Parlamento ha coincidido con el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea.

Por su parte, la presidenta regional ha llamado a la unión “sin fisuras ni pasos atrás” para fortalecer la red de atención a las personas con discapacidad y ha renovado el compromiso del Ejecutivo con entidades, profesionales, familias y personas “que cada día sirven de inspiración por su capacidad de superación”.

“Construir una Cantabria con más oportunidades significa que todas las personas puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida y todo su potencial”, ha asegurado Buruaga, que ha considerado clave en este reto “el avanzar juntos en la misma dirección”. “Nos concierne a todos todo el tiempo y nos reclama a todos”.

La presidenta ha detallado diferentes iniciativas impulsadas durante la presente legislatura que se han traducido “en mejoras palpables y resultados positivos con mejores servicios, más oportunidades y bienestar para las personas que más lo necesitan”, pero ha reconocido que “aún queda muchísimo camino por recorrer” y ha considerado para ello “imprescindible” la acción conjunta de las instituciones y el tejido social.

Asimismo, ha asegurado que “vamos a seguir cuidando y haciendo crecer” la red de apoyo, con “los recursos necesarios y la ayuda de todos”, entre los que ha destacado a CERMI, “el gran pilar que sostiene el gran edificio social que trabaja por y para las personas con discapacidad”.

Además, ha calificado la campaña 'Ponte en mi lugar' como “un dardo a nuestra conciencia”, a la vez ha reclamado “empatía” para “avanzar en todas las dimensiones” y “tomar decisiones que transformen la realidad y nos permitan construir un entorno más accesible”.

Para Buruaga, estas cuatro décadas de España en la UE han significado “progreso en igualdad de oportunidades, accesibilidad y en la construcción de una red sólida de apoyo a quienes tienen necesidades especiales” y ha abogado por defender “una Europa fuerte en derechos humanos, sin retrocesos, que siga apoyando las políticas de cohesión que hacen posible la inclusión educativa, laboral, social y cultural de las personas con discapacidad”.

“La accesibilidad es un derecho. Lo ha recogido incluso el Anteproyecto de Ley de Discapacidad aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros”. El gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, habla de reivindicación “histórica” y lo une a la necesidad de actualizar la normativa autonómica actual, que data del año 1994. “Ha llovido ya mucho”, comenta.

Con estos mimbres, la noticia de la creación del nuevo Comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha esta misma semana se ha recibido con expectación en el seno del Tercer Sector Social de la comunidad autónoma. “Lo valoramos positivamente porque será una figura que debe coordinar los trabajos para la nueva Ley de Accesibilidad Universal”.

Romero es también presidente de la Mesa del Tercer Sector Social en esta región. “Las políticas de accesibilidad deben ser transversales”, asevera. “Si lo son aquellas que tienen que ver con la infancia, con las políticas de igualdad o con el aspecto medioambiental, entendemos que debe aplicarse también a la accesibilidad”.

De hecho, explica, “llevamos mucho tiempo proponiendo la creación de una figura, que puede ser desde una Dirección General de Accesibilidad a una Agencia de Accesibilidad en la comunidad autónoma y quizá hasta una Consejería”. Y es que resalta, el concepto ha cambiado mucho en los últimos años. “Ya no hablamos solo de barreras arquitectónicas físicas o de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Tenemos que ir a más”.

En el concepto accesibilidad ya no hablamos solo de barreras arquitectónicas físicas o de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Tenemos que ir a más

En la sociedad digital, “la accesibilidad deja mucho que desear”

En la hoja de ruta cree que la futura Ley de Accesibibilidad Universal de Castilla-La Mancha debe ser “ambiciosa”, a la hora de incluir cuestiones relacionadas con la accesibilidad al entorno digital, y no solo para las personas con discapacidad. “Estamos hasta el cuello en la sociedad digital, en la sociedad del conocimiento y de la inteligencia artificial, pero no podemos olvidarnos de que hay muchas personas mayores y cada vez habrá más”. Cree que pueden quedarse descolgados de los servicios (electrónicos) que ya prestan tanto el sector público como privado, a través de los bancos o el comercio, entre otros. “En estas cuestiones la accesibilidad deja mucho que desear y hay que solventarlo”.

Hay que mejorar incluso, dice, “el lenguaje que usan las administraciones públicas. No hablamos solo de la 'Lectura Fácil' sino de un lenguaje que todos entiendan. Todos debemos jugar en la misma liga cuando hablamos del acceso a los servicios. Es que nos ha pasado con las solicitudes para acceder al Ingreso Mínimo Vital. El mero procedimiento en sí, no era accesible”.

Incluso apunta la necesidad de “unos medios de comunicación que también deben ser más accesibles. No basta con los subtítulos. E incluso en los actos oficiales se echan en falta intérpretes en lengua de signos. Deberían estar incorporados desde el año 2007”.

Romero subraya también que deberá garantizarse el cumplimiento de la ley. “Desde 1994 no se ha sancionado a nadie por incumplir la normativa de accesibilidad. Es muy fuerte. En España hay más de 100.000 personas que están encerradas en su casa porque las viviendas no son accesibles en sus espacios comunes”.

Confía en que esta sea la legislatura para aprobar un nuevo marco normativo. “Este es un tema que ha estado siempre sobre la mesa de todos los gobiernos que han ido pasando. En 2015 se comenzó a trabajar en un plan director, pero se quedó en el tintero”. Ahora esperan un impulso real.

Los medios de comunicación también deben ser más accesibles. No basta con los subtítulos. En los actos oficiales se echan en falta intérpretes en lengua de signos. Deberían estar incorporados desde el año 2007

El primer comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha será José Luis Escudero. Hasta ahora ocupaba el puesto de delegado del Gobierno regional en Guadalajara. “Va a tener mucho trabajo”, bromea.

Desde la Mesa del Tercer Sector Social en la región no esperan que sea un cargo 'honorífico', sino que se le dote de contenido. “Valoramos su perfil. Es una persona que conoce el Tercer Sector Social, el movimiento asociativo”. Romero cree que puede ser una “garantía” de que todos los departamentos, “más allá de Bienestar Social o Fomento”, se lo tomen en serio y reclama “recursos”.

Mientras, desde el sector se ofrece su expertise, la experiencia acumulada. “Lo primero debe ser identificar cuánto antes dónde están las barreras sin olvidar que cada día que pasa sin solución de accesibilidad supone que una persona no pueda acceder en igualdad de condiciones a cuestiones relacionadas con la vida laboral o personal”.

La presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (Cermi) en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo, ha verbalizado la petición de esta entidad en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad de que este colectivo pueda acceder a una vivienda “accesible, asequible e inclusiva”, aspecto que ha trasladado al Gobierno regional y al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

Con la vivienda como reivindicación principal en este día, ha señalado, en declaraciones a los medios, que las personas con discapacidad lo tienen “más cuesta arriba”. “En el caso de la vivienda también, ya que el acceso al empleo es mucho más dificultoso. La tasa de desempleo siempre es superior en la población que no tiene discapacidad y eso conlleva que no tienes un acceso a la vivienda”.

Más allá de mencionar la posibilidad de viviendas tuteladas, la presidenta del Cermi ha deseado “que las personas puedan vivir en su entorno natural y en el barrio en el que hayan vivido siempre con su familia, independientemente del tipo de discapacidad que tengan”.

Accesibilidad en la vivienda

En España, casi el 70% de las viviendas no cumplen las condiciones de accesibilidad necesarias para personas con discapacidad y personas mayores, como la realización de las adecuaciones y ajustes razonables para que los entornos sean accesibles, ha señalado el Cermi mediante un comunicado.

Aunque la Constitución Española reconoce en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna y adecuada, lo que “comprende la accesibilidad universal”, es el 49 el que refuerza esa obligación al declarar el derecho de las personas con discapacidad a entornos universalmente accesibles.

Para solucionar el elemento de la accesibilidad, el movimiento Cermi plantea un programa de acción, con medidas como una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios realicen obligatoriamente obras y actuaciones de accesibilidad; o la creación por Ley de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, dotado con el 1,5% de los presupuestos de los ministerios inversores, que destine sus fondos a actuaciones de accesibilidad del parque de viviendas, entre otras.

Ayudas para vivienda

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha resaltado que la región está muy concienciada en que hay que “seguir potenciando la empleabilidad para las personas con discapacidad y que también eso se traduzca que luego puedan tener una vida independiente en su propia vivienda, en una vivienda accesible”. Por ello, ha puesto el acento en una convocatoria que potencian ambos aspectos con ayudas del Gobierno regional para entidades privadas, que está en fase de resolución, con un presupuesto de 65,9 millones de euros.

El año pasado se pudieron acoger a esta convocatoria 31 ayuntamientos y benefició a 1.600 personas, por lo que García Torijano espera que en este año también sean todos estos ayuntamientos los que a través de los centros de día, las viviendas, los servicios ocupacionales o también la atención temprana “puedan seguir reforzando y potenciando estos servicios, para poder seguir en el horizonte de alcanzar y poder ofrecer los mejores recursos a las personas con discapacidad”.

Ha recordado que la Estrategia Regional de la Discapacidad de Castilla-La Mancha cuenta con “un compromiso firme que va a quedar materializado sin ninguna duda”, estrategia que ya ha echado a andar con los principales grupos de trabajo.

También ha destacado la titular del ramo que en 2025 la inversión en el área que dirige se refleja en 156,9 millones de euros, un “60,6% de crecimiento en estos diez años” y que ha dado “la posibilidad de poder seguir mejorando e incrementando recursos y servicios para personas con discapacidad y a sus familiares”.

“Nunca es suficienta” para lograr la “igualdad material”

Pablo Bellido, el presidente de las Cortes, ha puesto en valor el esfuerzo de las entidades que representan a personas con discapacidad, “un verdadero ejemplo y un modelo a seguir”. “Celebramos este día por las personas y por las familias, y lo celebramos también como sociedad, porque nos convertimos en una sociedad mejor en cada paso que hacemos en pro de las personas con discapacidad”.

También es un día de reivindicación, para seguir avanzando, tal y como ha señalado Bellido, porque, ha afirmado, “nunca es suficiente” en el camino de lograr “la igualdad material”, y para ello “hay que hacer un esfuerzo de solidaridad colectivo”.

El aprendizaje está presente en este día, ha indicado Bellido, con respecto a “las peticiones legítimas de las entidades que representan a las personas y familias con discapacidad”, con el objetivo de incorporar sus propuestas “en la medida” de las posibilidades de las administraciones, “siempre conscientes” de los ajustes de las cuentas públicas.

“Este es el espacio de participación por autonomía, porque aquí se representa a los hombres y mujeres que conforman Castilla-La Mancha, y lo que queremos es tener siempre muy presente al Cermi, a las entidades de discapacidad, a las personas de discapacidad, que son una inspiración para seguir avanzando en una sociedad mejor”, ha ensalzado.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que se ha elegido el Comité Ejecutivo Autonómico para los próximos cuatro años. Todos sus miembros han sido elegidos por la Asamblea para un segundo mandato. De esta forma, José Antonio Romero Manzanares, de CERMI-CLM, ha sido reelegido como presidente, Fernanda Rodríguez Vincelli, de EAPN-CLM, como vicepresidenta y como secretario general, José Martínez Martínez, de ONCE.

Por otro lado, los cincuenta delegados y delegadas han elegido a diez representantes más para como vocales en el Comité Ejecutivo: Cristina Gómez Palomo y Ana Cabellos, de CERMI-CLM; Cristina Abarca de Julián, de ONCE; Mar González, de EAPN-CLM; Milagros Figueras, de POI-CLM; María José Soto y Jesús Rodríguez, de Cruz Roja CLM; Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de CLM; y María del Carmen Palomares, de la Plataforma del Voluntariado de la región. También se suma al Comité María Ángeles Sánchez Trillo como representante de ACESCAM.

A la espera de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector

La renovación de los responsables para los próximos años ha ido acompañada de la aprobación de un plan de trabajo con los objetivos y mandatos de la Asamblea donde destaca el fortalecimiento del tercer sector social de la región, precisamente cuando el próximo mes de febrero se celebra el quinto aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de la región.

Un fortalecimiento, explican en un comunicado, “que permita avanzar en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, avanzar en la inclusión y la justicia social”, especialmente con los desarrollos normativos de la ley como son la creación de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector y el Inventario de Entidades del Tercer Sector. El plan de trabajo para este mandato contempla la creación y mejora de los espacios de representatividad del tercer sector en la región, aumentando la incidencia y la participación y la representación social.

Otro de los cometidos será profundizar en la divulgación y conocimiento del tercer sector como forma de organización de la sociedad civil en la región, buscando y explorando marcos de representación institucional y mejoras en el diálogo civil. Así mismo, la Mesa seguirá con las acciones de divulgación de la X Solidaria y de la X de las Empresas correspondientes a la tributación nacional del IRPF y del Impuesto de Sociedades que revierte en más de 240 proyectos sociales en la región.

Otro de los temas importantes abordados por las plataformas y organizaciones que componen la Mesa es “la creciente preocupación por el impacto que tienen los bulos, las noticias falsas y las difamaciones en la actividad diaria de las entidades que componen el Tercer Sector de acción social en la región, y por extensión en todo el territorio nacional”.

Castilla-La Mancha participará en los proyectos y campañas coordinadas desde la Plataforma del Tercer Sector Estatal para acercar a la ciudadanía las actividades, proyectos y servicios que desarrollan las entidades sociales en el territorio.

Agenda 2030, una guía para el tercer sector

En la misma jornada y antes de la celebración de la Asamblea General, los delegados de la Mesa e invitados han participado en el encuentro: “Agenda 2030, una mirada desde el Tercer Sector”, donde se ha abordado el papel que juegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las entidades del tercer sector y viceversa: como las organizaciones ya están asumiendo la aplicación de algunos de los ODS.

En esta jornada, presentada por José Antonio Romero, han participado Pilar Salgado, de la Fundación Universidad de Castilla-La Mancha; Carlos Susías, vicepresidente de la Plataforma Estatal del Tercer Sector; y Manuel Lorenzo, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Un encuentro para generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre entidades que desarrollan sus proyectos en diferentes ámbitos sociales y que se ven unidos por la consecución de algunos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho entidades: la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM);Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM (POI-CLM); la coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (ACESCAM); y la Plataforma de Voluntariado ( PV-CLM).

No le salen las cuentas a las asociaciones y entidades agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Andalucía. Como avanzó este periódico hace un par de semanas, el sector ha dicho basta y ha decidido alzar la voz “por una financiación justa”, a corto plazo, y por un cambio en el modelo que permita atender con garantías a las más de 700.000 personas con discapacidad que representa, y a sus familias, a través de sus 18 entidades miembros. Quieren “hacer visibles” sus reivindicaciones, para lo cual han previsto un calendario de movilizaciones, que se han de sumar a las previstas por el actual sistema de dependencia. Y advierten: “Subiremos el nivel de las protestas si no obtenemos respuesta”.

La situación es “crítica”, ya que una serie de circunstancias “han llevado al límite al sector”, que está “a un paso del colapso”, ha dicho la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castilla, en rueda de prensa este miércoles en Sevilla. Entre los causantes está “el sobreesfuerzo y los sobrecostes que las entidades sociales tuvieron que hacer durante la etapa de la pandemia para poder preservar la salud y seguridad de las personas con discapacidad unido a la alta inflación, nuevos costes salariales derivados de la subida del SMI y actualización de los convenios colectivos y la infrafinanciación de la administración pública”, ha destacado Castillo, quien ha lamentado que “la labor esencial que realizamos no viene apoyada adecuadamente desde los estamentos públicos ni privados”.

Además, este tipo de entidades aportan al PIB andaluz “una cifra de negocio importante cada año, con más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos”. “Las entidades que forman CERMI Andalucía son las principales empresas de las ciudades en las que prestan servicios, más allá de la labor social que desempeñamos y que son nuestra razón de ser. Dejar caer a este sector sería un grave problema para las personas con discapacidad y sus familias, pero no menos importante para trabajadores, empresas auxiliares y distintas administraciones en todo el territorio andaluz”, ha resaltado.

Al margen de las movilizaciones y de las reivindicaciones, la situación puede tener consecuencias directas. Castillo ha anunciado que las entidades que tienen servicios concertados, especialmente servicios de atención residencial y de centros de día y atención temprana, están ante “una delicada situación que puede derivar en el cierre de sus instalaciones y por tanto del servicio que prestan a las personas con discapacidad”.

Actualización automática

A juicio de CERMI Andalucía, actualmente los servicios que prestan están “en riesgo” por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. La entidad solicita la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. Para el movimiento de la discapacidad andaluza, “es fundamental realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios”.

Para ello, como ya informó este medio, se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen  que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

CERMI prevé concentraciones en los centreos los días 24 y 31 de octubre, y acciones provinciales dos veces por semana (martes y jueves) durante todo el mes de noviembre. Así, buscan visibilizar las necesidades de financiación justa para sus entidades, con una manifestación final en San Telmo el 3 de diciembre, que culminará la campaña de reivindicación con una gran convocatoria.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha hecho un llamamiento a la opinión pública y a los medios de comunicación para “no asociar nunca” la discapacidad con “una inclinación o predisposición a la violencia”.

“Hacer un llamamiento a la opinión pública, a los medios como transmisores de información, que después se convierte en juicios y en apreciaciones. Pues no asociar nunca la situación de discapacidad, sobre todo si es por circunstancias de salud mental, con una predisposición o con una inclinación o conexión con la violencia, porque objetivamente no es así, se pueden dar casos, pero no es así”, ha advertido Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press.

Así, ha avisado de que “un simplismo” o “incluso una mala fe” haciendo esta asociación “arruina el trabajo ingente de mucho tiempo de proyectar y de generar una apreciación positiva de la discapacidad y de las personas que tienen particularmente una circunstancia de salud mental”.

A raíz del caso de Mocejón (Toledo), donde un menor fue asesinado el pasado domingo apuñalado por un joven, el presidente del CERMI, en primer lugar, ha lamentado “profundamente” la muerte del pequeño y ha mostrado su cercanía a su familia, amistades y vecinos ante “un hecho tan trágico”.

Aunque fuera culpable, pide “respeto máximo a sus derechos constitucionales”

Por otro lado, en cuanto al presunto autor de los hechos, Pérez Bueno ha explicado que si hay una persona con discapacidad presunto responsable criminal del hecho, siempre hay que garantizar “un respeto máximo de sus derechos constitucionales” y, en el caso de las personas con discapacidad, “esto requiere una mayor intensidad de atención y de protección en todos los ámbitos, en el policial, en el médico forense, en el judicial y ajustes de procedimiento”.

En primer lugar, según ha explicado, habrá que determinar “su grado de responsabilidad criminal” para ver “si es imputable o inimputable, en función de que su discapacidad o su situación le lleve a que no es responsable criminalmente porque no entiende o no quiere el delito” pero “por circunstancias de fuerza mayor le llevan a cometerlo, pero sin conciencia y sin voluntad”. Eso se verá, según ha señalado, con “los informes del forense, de las partes, de los peritos y los expertos”.

La figura del facilitador procesal judicial ayudaría mucho a que el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad sea real y efectivo

Posteriormente, Pérez Bueno ha destacado que todas las actuaciones deben ser “pensadas y practicadas en clave de accesibilidad universal” para que el investigado “entienda lo que está sucediendo” con “los apoyos precisos para comprender lo que se le dice o lo que se escribe” en el sumario, en las diligencias y en el avance de la investigación.

En este sentido, el presidente del CERMI ha recordado que para las personas que tienen problemas cognitivos y otras personas con discapacidad existe una figura que está reconocida en la ley pero que aún no tiene el desarrollo reglamentario, que está pendiente, que es la persona facilitadora procesal o judicial, que es un profesional independiente, experto, que conoce la discapacidad y que va a acompañar y asistir a la persona con discapacidad en todo el camino procesal y judicial, incluido el policial.

Esta figura, según ha recordado Pérez Bueno, es “muy necesaria” pero no solo en un caso como este sino en otros civiles, laborales o de otro tipo, “donde no hay hechos tan lamentables como este, de pérdida de una vida de alguien tan joven y tan inocente” y donde “puede ayudar mucho a que la justicia no sea un elemento de doble victimización”.

“La figura del facilitador procesal judicial ayudaría mucho a que el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad sea real y efectivo”, ha remarcado.

 El gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha ha asegurado hoy que “un Estatuto que no nos nombre no refleja la parte de la sociedad articulada a la que representamos, algo que está fuera de toda duda después de cuarenta años de democracia”.  

José Antonio Romero se refería así al proyecto de ley para modificar el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, cuyo texto inicial se encuentra ahora en periodo de exposición pública para que los distintos colectivos de la sociedad castellanomanchega puedan realizar aportaciones o alegaciones.

Este lunes la Mesa del Tercer Sector se ha reunido con los grupos parlamentarios de PSOE y PP en las Cortes de Castilla-La Mancha para plantear a las dos organizaciones políticas “una visión social” del futuro Estatuto de Autonomía, según ha informado el colectivo.

Su propuesta pasa por que el texto normativo “recoja la realidad de una sociedad avanzada y comprometida con los derechos de la ciudadanía y que incorpore la pluralidad de organizaciones de la sociedad civil que componen el Tercer Sector social de la región”.

El también presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha planteado a los grupos políticos en nombre de las ocho plataformas que la integran, la importancia incorporar “el papel del Tercer Sector” y que además aparezca identificado de manera explícita como una parte importante de la sociedad actual.

Romero ha pedido que se tenga en cuenta la importancia que supone el diálogo civil como un marco, o espacio de interlocución del sector con la administración, para trasladar las necesidades, inquietudes y planteamientos de la ciudadanía. “Especialmente porque somos un sector singular en constante y necesario diálogo con la Administración”, ha afirmado.

Revisar la terminología

El presidente ha destacado también la importancia que tienen los términos en un texto legal y ha apostado por una revisión terminológica que elimine del primer documento términos como 'asistencia social', 'desfavorecidos', 'discapacitados' o 'menores'; para hacer de este documento “una declaración de intenciones sobre la construcción del futuro marco legal de la región acercándonos mucho más la realidad y en coherencia con el Pilar de Derechos de la Unión Europea”, ha resumido Romero.

En las reuniones han participado doce miembros de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha con el Partido Popular representado por Tania Andicoberry, José Martín Buró y Santiago Serrano. Y posteriormente se han reunido con el Partido Socialista representado por Fernando Mora, José Antonio Contreras y Josefina Navarrete.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho entidades; la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM); la Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM; la coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (ACESCAM); y Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha (PV-CLM).

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado ante el Defensor del Pueblo y ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sendas quejas por las “deficiencias” de accesibilidad y el “deterioro” de la atención a viajeros con discapacidad en la estación de Cercanías de Guadalajara.

Las quejas se acompañan de un detallado informe de la Delegación de la ONCE en Castilla-La Mancha, avalado por el CERMI regional, en el que se describen los numerosos problemas y dificultades que se encuentran en particular las personas con discapacidad visual en tanto que usuarias de esta infraestructura ferroviaria, titularidad de ADIF, pero gestionada por Renfe.

Ausencia de personal de atención permanente, en especial del encargado de velar por la seguridad; omisión de información por el sistema de megafonía de la estación sobre la vía y andén de parada de trenes; carencia de dispositivos de voz en las máquinas automáticas de expedición de billetes, así como “pésimas” condiciones urbanísticas de las vías públicas de acceso a la estación, son algunos de las “deficiencias” que quedan acreditadas en los informes que sustentan las quejas.

Ahora esperan que tanto el Defensor del Pueblo como la OADIS abran una investigación urgente ante las entidades públicas responsables de la infraestructura ferroviaria (ADIF y Renfe) y les insten a subsanar los problemas de accesibilidad y deterioro de la atención descritos en las quejas presentadas, de forma que se asegure un servicio satisfactorio para los usuarios con discapacidad.

José estaba cargando un contenedor cuando el camión de tres toneladas con el que trabajaba en una empresa de gestión de residuos volcó, destrozándole el talón. En una explicación más gráfica, su pie reventó. Era el 21 de diciembre de 2016 y, tras un periplo médico, arrastra desde entonces con varias secuelas. “No puedo coger peso, ni subir escaleras; no puedo caminar rápido, ni agacharme; siempre cojeo y puedo mover el pie, pero muy poco”, explica. Después de las consultas, llegaron los tribunales. Como el Instituto Nacional de la Seguridad Social le negó la incapacidad en primera instancia, tuvo que recurrir y volver al trabajo. Como era evidente que no podía ocupar el mismo puesto, la compañía le reubicó, pero cuando los tribunales le dieron la razón y el INSS declaró su incapacidad permanente, su contrato fue rescindido, pese a que ya realizaba otra actividad que sí podía desempeñar.

El Estatuto de los Trabajadores determina que la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador es motivo de extinción del contrato, pero José empezó entonces una batalla legal que llevó su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la sentencia de la Sala Primera, conocida en enero, España vulnera la directiva europea sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que condenaba a las personas con una incapacidad a la “muerte civil”. “La persona con discapacidad va a poder elegir si quiere que su relación laboral se extinga o si quiere permanecer en el puesto de trabajo”, señaló la también ministra del ramo, que afirmó que, con esta medida, forzada por Europa, se “corrige la discriminación” que se venía produciendo hasta ahora. Pero la decisión es obligada, porque la sentencia europea ya ha sentado doctrina. Un juzgado de los social de Vigo ya se amparó en ella para condenar a una empresa por no reubicar a un trabajador en un puesto que pudiera desempeñar con su incapacidad.

“Si puede ayudar a otros, ha valido la pena”

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las empresas deben intentar adaptar el puesto de trabajo a la persona con la declaración de incapacidad, si esta lo desea, y, si no es posible, tratar de ubicarla en otra posición. Es lo que la empresa de José hizo en un primer momento, que celebra que su caso vaya a cambiar la legislación laboral española. “Si puede ayudar a otros, ha valido la pena”, señala sobre su largo proceso, que se inició hace ya ocho años y que tenía casi olvidado. “El ser humano tiene algo bueno, que olvida rápido lo malo”, bromea al teléfono desde Ibiza. De hecho, cuando en enero leyó la resolución europea en un periódico le preguntó a Sonia, su esposa: “¿Soy yo?”.

José tenía 36 años cuando sufrió el accidente y 37 cuando perdió su puesto de trabajo. “Acababa de tener un bebé y estaba bastante mal. Con el camión tenía un buen salario, la empresa estaba contenta conmigo y me iban a dar un puesto mejor, pero cuando tienes un accidente así todo se para”, recuerda. Pese al cambio inicial de trabajo, sigue sin entender, años después, el despido. “Me pusieron con el camión móvil, que era solo una o dos horas de conducción, atendía al cliente, no cogía mucha carga y podía hacerlo”, reconoce sobre la adaptación de su puesto. “La baja se cursó habiéndolo reubicado, lo que hacía más palpable que no era posible”, explica su abogado, José María Arregui, que aclara que “a lo que obliga el nuevo marco no es exactamente a reubicar al trabajador, porque algunas empresas no tienen la capacidad de hacerlo, sino a que se haga el ejercicio de intentarlo o explicar por qué no se ha podido”. “Me quedé chafado, porque podía realizar otro trabajo”, lamenta el afectado.

Hasta ahora, según la legislación española, que contraviene las directrices europeas, cuando una persona recibe la declaración de incapacidad permanente total, no puede volver a trabajar en su profesión habitual, aunque sí en otro tipo de trabajo. “La prestación no te da para vivir, así que me tuve que buscar otro trabajo”, reconoce José, que ahora trabaja en una empresa de suministros de fontanería. “Llevo temas de presupuestos y, aunque hay cosas que no puedo hacer, estoy contento”, explica.

Una carta del INSS y una caja con sus cosas

Daniel Domínguez sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 18 años, que le provocó una lesión medular. Su reacción inicial, tras el impacto que una discapacidad de este tipo provoca en la persona y su entornos, fue pensar que se quedaría en casa para siempre. “En un momento dado, decido continuar con mi vida”, aclara. Era 1989 y, pese a la brecha de integración social y laboral de las personas con discapacidad, mucho mayor que la actual, siguió estudiando para optar a un buen puesto de trabajo. “Quería desarrollarme como persona, tener mis relaciones sociales, estudiar y trabajar, así que luché por ello”, explica.

Lo consiguió. Daniel ocupó durante años puestos de responsabilidad. El último, como responsable del servicio de asistencia a personas con discapacidad de Renfe y Adif. “Me encargaba, las 24 horas, de que ninguna persona se quedara colgada en ninguna estación de España”, recuerda. Esa disponibilidad acabó generándole un estrés y una serie de consecuencias que motivaron que se diera de baja. “Cuando estaba saliendo adelante e iba a reincorporarme, me llegó una carta del INSS, comunicándome que me concedía la incapacidad absoluta”, continúa explicando. Era septiembre de 2021 y tenía 50 años. Tras más de dos décadas en la empresa, la última vez que acudió a la oficina fue para recoger una caja que le habían empaquetado sus compañeros.

“Fue muy duro, porque pasas de tener una actividad a una inactividad total. De tener un entorno laboral y social a no tenerlo. Te dejan en vía muerta. Con 18 años tuve que salir adelante, no quedarme aislado, tener mis amistades, realizarme como persona. Te pasas toda la vida luchando y, de la noche a la mañana, te meten en un cajón”, lamenta. “Te tienes que reinventar, pero a nivel psicológico es muy duro”, explica Daniel. Su mujer, Noemí, atenta a la conversación, interviene: “Levamos 25 años juntos y hemos luchado por tener una vida integrada, no se nos ha puesto nada por delante y de repente te encuentras con esto. Tenemos tres hijos a los que explicar por qué su papá se queda en casa, si está bien. Antes, en el cole, las amigas de la niña se sorprendían porque estaba en silla de ruedas y trabajaba, ahora el mensaje es que se tiene que quedar en casa”.

Aunque no hay una estimación de a cuantas personas puede beneficiar el cambio normativo, porque la posibilidad de continuar trabajando será optativa, en abril había 946.558 personas recibiendo una prestación por incapacidad permanente en España, por una cantidad media de 1.061 euros, según los datos de la Seguridad Social. “Para nosotros era fundamental la voluntad de la propia personas, porque a veces no se encuentra en condiciones de seguir trabajando o de querer hacerlo, porque le requiere un esfuerzo sobrehumano o por las implicaciones que puede tener con la propia prestación”, explica la responsable de inclusión laboral del Cermi, Pepa Torres, con quien Trabajo pactó la reforma, al margen de los sindicatos y la patronal.

“Pedí que me reubicara. Me dijo que no”

Silvia Bodón tuvo una accidente cuando una mujer de la residencia de mayores de Mirabilla, Bilbao, en la que trabajaba se le cayó encima. El impacto de su espalda contra los hierros de una cama le produjo una lesión que se fue agravando, hasta derivar en una operación de columna y una discapacidad del 22% y una declaración de incapacidad. “Cuando mi jefa me dijo que me tenía que dar el finiquito, le pedí que me reubicara. Yo era celadora, pero tenía el titulo de gobernante y podía ejercer las labores de supervisora, que son principalmente dar medicación y tareas administrativas. Me dijo que no”, recuerda. Una situación que ahora se corregirá.

Ocurrió hace dos años y, desde entonces, cobra una pensión de 1.400 euros al mes. Es menos de lo que recibía trabajando y más de la mitad se va en el alquiler de la vivienda que comparte con sus tres hijos. “Son los que me ayudan. El mayor se ha puesto a trabajar reponiendo y envasando frutas en un almacén y la mediana en una fábrica de microchips”, explica la mujer, de 48 años, que se siente “abandonada” tras más de 18 años cuidando a personas mayores.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene ahora seis meses para definir cómo será la compatibilidad de las prestaciones con el cobro del salario, en el caso de aquellas personas que decidan seguir trabajando. “Desde el Cermi siempre hemos abogado porque pudiera haber una compatibilidad meridianamente clara”, explica Torres. Porque los criterios hasta ahora no han sido siempre los mismos. “La (incapacidad) absoluta, teóricamente, era para todo tipo de trabajo, pero si podías conseguir uno que no perjudicase tu estado de salud, se admitía en algunos casos a regañadientes”, señala la responsable de inclusión laboral de la confederación.

Esta casuística ha dado pie a algunas contradicciones entre la aplicación de la norma y los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha del 11 de abril, señala que la incapacidad absoluta y la gran invalidez son incompatibles con el empleo. El texto señala que “resulta contrario a la lógica y la sostenibilidad del sistema de prestaciones pública de protección social” que “una misma persona, imposibilitada normativamente para el ejercicio de toda profesión u oficio, compatibilice una pensión pública con rentas derivadas del trabajo que desarrolla”.

El vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, lamenta que la reforma del Estatuto de los Trabajadores, anunciada por Díaz tras la negociación con el Cermi, no se haya llevado a la mesa del diálogo social. “Así hubiéramos podido ver cuáles son las consecuencias de esta aplicación, porque si el Supremo señala que es incompatible cobrar la prestación, que sigan trabajando puede llevar aparejada su retirada y eso no es algo que quiera nadie”, indica. Para ello, reclama un “tratamiento más reposado” y la apertura de un proceso de discusión entre los ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los sindicatos y la patronal. “Creemos que contribuimos a una mayor seguridad jurídica y a una mayor protección de las personas trabajadoras”, defiende.

“Es difícil de imaginar si no te pasa”

“Las prestaciones son indemnizatorias y suplen la falta de carrera profesional, no sustituyen la renta de activo. Para eso cotizas, para estar protegido. Además compensan otros gastos sobrevenidos como la adaptación del coche, de la casa, etc.”, apunta Evaristo Camacho, que coincide en ese “miedo” que tienen muchas personas trabajadoras a perder esa subsidio. Este mosso d'esquadra tuvo un accidente de moto en 2006, cuando se dirigía a la central de Sabadell y un quitamiedos le amputó el brazo izquierdo. “Cuando salí de la recuperación, me encontré con que querían extinguirme la condición de funcionario. A la depresión profunda por haber perdido un brazo y enfrentarme a un futuro incierto, se unía la perdida de un puesto de trabajo que me había costado mucho conseguir. Psicológicamente, te destroza bastante. Es difícil de imaginar si no te pasa”, señala.

Evaristo formaba parte de la unidad de escoltas de los mossos. Tenía 36 años, estaba casado y había empezado a buscar un bebé. “La merma de ingresos y el miedo al futuro fue brutal. Te sientes un juguete roto, porque te quedas en la calle y, aunque me decían que podía trabajar en otra cosa, ¿quién te va a contratar con un brazo?”, recuerda. No se conformó y empezó una lucha contra una decisión que consideraba injusta, a través de la Asociación Sindical para la Integración Laboral de los Mossos d'Esquadra con Discapacidad. “En 2009 aprobaron un decreto de segunda actividad y pude reengancharme haciendo labores administrativas y de soporte técnico, que podría haber hecho desde el minuto 0”, resuelve. En 2012, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya obligó a la administración a abonar las retribuciones y las cotizaciones de esos años que le tuvo en el limbo al considerar que puestos de “policía administrativa, determinados cometidos investigadores de Policía Judicial o científica, etc.” podrían “ser desempeñados por personas como el actor”.

El cambio en el Estatuto de los Trabajadores no afectaría directamente a la situación de los funcionarios, salvo al personal laboral, bajo la ley de Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge actualmente los mismos preceptos. No obstante, fuentes del ministerio de Función Pública señalan que “como ha ocurrido con la reforma de las pensiones, que primero afectó al sector privado y ahora se negociará para el público, lo normal es que las legislaciones laborales acaben confluyendo”. “Sería absurdo que se adapte el Estatuto de los Trabajadores y que a los funcionarios los sigan echando a la calle. O que haya plazas reservadas en las oposiciones para personas con discapacidad, pero luego no puedan adaptarte una plaza si ya estás dentro”, contrapone Evaristo.

Justo un año ha pasado desde que Hortensia Valdés sufrió un ictus. Salió el trabajo y sintió una presión “muy grande” en la cabeza. Cogió el coche y se fue a casa de su hermano. “Ni siquiera sabía que existía un código ictus”, comenta en una entrevista a través del teléfono. No supo explicar a los servicios del 112 qué le estaba pasando y tuvo que pedir ayuda a una conocida para llegar en ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la capital. La operaron esa misma noche del derrame cerebral que estaba sufriendo. “Al haber actuado tan deprisa no tengo ninguna parálisis, he perdido algo de fuerza en el lado izquierdo”, explica.

En todo este año, Hortensia ha realizado muchos trámites. Mucho papeleo. Pero lo que todavía no ha podido formalizar ha sido la solicitud de un grado de discapacidad que le correspondería por las secuelas que ha sufrido tras su episodio cerebrovascular. ¿Por qué? “Porque nadie me lo ha dicho”. “Lo primero es que las empresas deberían saber qué hacer en casos como el mío, cómo activar los códigos ictus, y así salvar muchas vidas”, lamenta.

Tras haber sido operada en la misma noche en que se le detectó el derrame cerebral, recibió el alta unas semanas después. “Pero la verdad, nadie me informó de nada”, recalca. El trabajador social del hospital se puso en contacto con ella, pero para ir a una residencia. En la rehabilitación que recibió, le comunicaron que debía preguntar por el centro especializado en Guadalajara, el único de su tipo en Castilla-La Mancha.

Confusión entre discapacidad e incapacidad

Nadie le habló de cómo pedir el grado en discapacidad. “Hasta que no te dan el alta hospitalaria, no se puede empezar la solicitud al centro”, explica. Además, Hortensia temía que al pedir el grado en discapacidad, realmente se acabase tramitando la incapacidad. Todo parte de un desconocimiento que los profesionales no ayudaron, en su caso, a mejorar.

Cristina Gómez, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, explica que la situación es más habitual de lo deseable. “Es algo tremendo. Estás en el hospital, te envían a la unidad especializada de Guadalajara y mientras tanto, nadie te informa. No solo los trabajadores sociales, sino tampoco en el centro base, que es la atención primera de servicios sociales”, resalta.

Gómez recuerda su propio caso, ya que su hijo tiene autismo. “Cuando me derivaron para el diagnóstico de mi hijo, nadie me dijo que teníamos derecho a pedir una ayuda por discapacidad. Debería ser automático una vez existe un diagnóstico de este tipo. Pero es que ni siquiera te orientan en este sentido”, recalca.

La presidenta del CERMI explica que la confusión entre discapacidad e incapacidad, a la que hace referencia Hortensia, es normal. “Ella quiere seguir trabajando y tiene miedo de que esto se vea afectado. Pero la realidad es que ahora tiene una discapacidad y debería ser reconocida, porque esto beneficia a todos, también a la empresa. Es más, es que tenía miedo de que le perjudicase a la hora de volver a trabajar, y todo lo contrario”, explica Gómez.

Esto tiene un sobrecoste para toda la familia.

Cristina Gómez — Presidenta del CERMI Castilla-La Mancha

Discapacidad sobrevenida

El caso de Hortensia, además, supone una discapacidad sobrevenida. Es decir, que llega de un momento para otro. “Esto tiene un sobrecoste para toda la familia. Es que imagínate que no reconocen el grado, o que tienes que esperar. Necesitas ayudas, adaptaciones de tu casa, por no hablar de qué puede pasar más adelante con las dolencias de la persona. Para eso, es necesario el grado de discapacidad”, resalta Gómez.

Hortensia trabaja en el parque temático Puy de Fou en Toledo desde hace ya años. “Conmigo se han portado fenomenal”, explica. Y por eso quiere volver a trabajar, pero tiene una serie de carencias físicas, sobre todo relacionadas con la visión y el equilibrio, que requieren más tratamiento. “Salí el 16 de octubre [del centro especializado en Guadalajara] con informes que decían que debía seguir con rehabilitación, pero nadie se ha hecho cargo”, describe.

Meses después, ha podido firmar una solicitud para acudir al centro de daños neurológicos de Madrid, porque puede ser un ingreso ambulatorio y volver a su casa después de comer. Pero esta solicitud la firmó en enero de 2024, prácticamente un año después de su accidente.

“Ha tenido que pasar un año para que yo me aclare en el proceso, porque nadie te explica nada. Y existe un tiempo por ley para solicitar el grado de discapacidad. Además de lo que tienes que esperar para recibirlo. He conocido gente que ha esperado un año, otros 18 meses, desde marzo hasta enero, en fin, no se cumplen los plazos”, lamenta.

Ayudas que se necesitan para ya

Hortensia reflexiona que ella, “gracias a Dios”, no tiene problemas de ingresos y ha podido hacer frente a rehabilitación y otros gastos que ha tenido tras su accidente. “Pero tengo que cambiar la bañera por el plato de la ducha, y esas ayudas para este tipo de obras las necesito para ya. No puedo esperar realmente dos años. ¿Qué pasa mientras tanto? Es el problema que tenemos aquí”, lamenta.

“Todo se resume, explica, en ”pagar, pagar, pagar, pagar“, lamenta para advertir que ”hay gente que no puede, ¿y qué pasa entonces con ellos? Estamos en asociaciones, pero nos toca pagar. Aunque sea poco, tenemos que pagar. ¿Qué haces si no puedes?“, reflexiona.

Cristina Gómez, del CERMI, afirma que a estas ayudas solo se puede acceder si la persona tiene reconocido el grado de discapacidad. Y para eso pueden transcurrir años. Solo para que la burocracia avance y las personas reciban la confirmación oficial por parte de la Administración pública. “Pueden pasar años para que vuelvas a tener calidad de vida y si tienes recursos económicos lo vas solventando. Pero, ¿y si no? Esto es algo que puede pasar a cualquier persona, también a los niños pequeños”, resalta.

“Esta es la única puerta de entrada que tienen las personas con discapacidad para ver garantizados sus derechos”, afirma. Desde el Comité resaltan que el problema no es solo inherente a Castilla-La Mancha, sino que todas las comunidades autónomas están “fatal”, con tiempos de espera de más de un año para dar el reconocimiento del grado a quien lo pide.

Tras un 2023 “atípico” y con “constantes cambios”, marcado por los diferentes procesos electorales, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha se prepara para un nuevo año, y una legislatura, llena de desafíos. El primero de ellos: su financiación. La presidenta Cristina Gómez Palmo recordó que los cambios políticos ofrecen “incertidumbres” al Tercer Sector, al depender prácticamente en su totalidad de las subvenciones públicas. “Tenemos un reto bastante importante, que es salvar la sostenibilidad de las entidades para que los servicios públicos que prestamos se ofrezcan en las mejores condiciones y en las mejores situaciones”, resaltó.

Pero muchas veces, las subvenciones no llegan a cubrir todo lo que se necesita. “Somos un enfermo crónico”, ejemplificó Gómez, en relación a un sistema de financiación que no llega a todo lo que debería y que debe suplirse con carreras benéficas o directamente con una hucha en la calle. Por eso, han vuelto a poner encima de la mesa un cambio radical en la manera en la que llegan las subvenciones a las entidades sociales, exigiendo pasar de una vez a un sistema que garantice la viabilidad de este tipo de entidades a largo plazo, como otras veces se ha planteado, pero nunca se ha culminado.

Derechos de las personas con discapacidad en el Estatuto

No es el único desafío al que se enfrenta el CERMI. El comité está pendiente de la reforma del Estatuto de Autonomía en el que se trabaja desde las Cortes castellanomanchegas, para que se tengan en cuenta los derechos de las más de 160.000 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad en la región. Hasta ahora, no hay siquiera mención el colectivo en la Carta Magna regional, además de que todavía no se reforma el artículo 49 de la Constitución Española que incluye la palabra 'disminuidos'. “Más allá de los acuerdos sobre número de diputados, las personas con discapacidad debemos aparecer como tal y con la referencia al blindaje de los derechos y el reconocimiento a las singularidades del Tercer Sector”, zanjó Gómez.

“Es algo básico y así lo exigimos y trasladaremos mediante cauces oportunos, para que el Estatuto sea el que abandere la inclusión de los derechos sociales de la discapacidad en el ámbito nacional”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, resaltó que se están “respetando los tiempos, las formas y el ritmo” de la política, pero que insistirán en un Estatuto “inclusivo”. “Que no adaptemos solo el lenguaje, sino el fondo, las formas. Queremos blindar realmente los derechos sociales”, destacó.

Atrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad

El Comité también ha lamentado que existe una “muy mala media” de tiempos de reconocimiento del grado de discapacidad en Castilla-La Mancha, con “retrasos importantes” que pueden llegar a los 20 meses en provincias como Toledo y Albacete, que son las que más retraso sufren en este sentido. “Es intolerable”, señaló Gómez, puesto que el reconocimiento de la discapacidad es la “puerta de entrada” para que una persona pueda disfrutar de derechos y prestaciones necesarias para su vida. “Pedimos apoyo para dotar de recursos humanos necesarios la dirección general de Discapacidad para que la media de espera no supere el mínimo establecido legalmente”, resaltó la presidenta del comité regional.

Donde más hace falta los fondos es en los centros base, “sin duda”. “Hemos ofrecido colaboración a la administración, para que haya convenios y agilizar los tiempos de espera. Las entidades somos expertos cada uno en nuestro tipo de discapacidad, y ya existen experiencias en otras comunidades autónomas para echar una mano al certificarnos como entidades colaboradoras. Sería un mero registro o validación de la administración si la persona ya viene valorada por una de nuestras entidades”, explicó Cristina Gómez.

En cuanto al sector de la dependencia, el CERMI ha señalado que es necesaria una “actualización urgente” que se adapte a los cambios normativos estatales, que incluyen impulsar la figura del asistente personal. “Creemos que esto nos puede llevar a que las personas con discapacidad tengan una inclusión social real e ir hacia más al proceso de desinstitucionalización. Estaremos ganando económicamente y con una asistencia personal, la persona puede seguir viviendo en su entorno. Pero, sobre todo, necesitamos actualizar el catálogo de prestaciones y dotar de mayor seguridad jurídica”, remató.

Hombres y mujeres que trabajan, colaboran y que están implicadas en el día a día de asociaciones, federaciones y organizaciones de toda la región se van a dar cita este miércoles, 4 de octubre, en la Escuela de Administración Regional de Toledo para celebrar el Primer Congreso del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, ha querido agradecer “la enorme acogida por parte de todas las entidades que forman este Sector”.

Un evento que surge con el objetivo de dar a conocer el papel que las entidades del Tercer Sector realizan en la sociedad, así como promover la consolidación y avances de los derechos sociales y el establecimiento de las bases para una estrategia y promoción del Tercer Sector Social en la región, según ha explicado José Antonio Romero.

“Vamos hablar de los principales retos para la participación en Castilla-La Mancha, en las entidades, cuáles son los objetivos de futuro y aquellas cuestiones en las que podamos seguir mejorando en nuestro día a día”, ha indicado.

El Congreso se desarrolla en dos sesiones, tal y como ha explicado la Mesa del Tercer Sector en nota de prensa. Por la mañana habrá varias mesas de diálogo donde entre otros asistirán representantes de plataformas de diferentes Comunidades Autónomas quienes, como ha explicado Romero “nos contarán el trabajo que realizan, las iniciativas y propuestas que llevan a cabo, o los mecanismos de Diálogo Civil”.

Además habrá representantes de la Plataforma Estatal, que hablarán del “concepto de que es el Tercer Sector, sus fortalezas y debilidad y que queremos que sea en el futuro”.

La jornada matinal cerrará con representantes de varios sectores, entre ellos, económico, político y el de la comunicación de Castilla-La Mancha, quienes con su participación en las Mesas de Diálogo darán una visión del Tercer Sector desde una perspectiva diferente.

“Vamos a conocer y analizar como se nos ve y se percibe nuestro trabajo fuera del Tercer Sector por parte de las administraciones públicas, agentes sociales y por parte de los medios de comunicación. En que podemos mejorar nuestro trabajo”, ha indicado Romero.

Por la tarde “se trabajará en unos talleres en los que poder plantear aquellas líneas para mejorar todas las actuaciones que realizamos y poder facilitar unas bases para la estrategia de participación y de promoción del Tercer Sector en Castilla-La Mancha”, ha indicado Romero, que ha apostado por que ello “permita tener un Tercer Sector vertebrado, organizado, sostenible e inclusivo”, ha concluido.

La Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha es una plataforma que surge de la sociedad civil en 2016 para trabajar en la defensa de los derechos y valores sociales, así como velar por los intereses de las personas y grupos más desfavorecidos, “con el fin de conseguir una sociedad civil solidaria y articulada”.

Está compuesta por organizaciones de la región como, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Castilla-La Mancha), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Castilla-La Mancha), Cruz Roja, Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la región (POI CLM), la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha y la Asociación de Castilla-La Mancha de residencias y servicios de atención a los meldiayores (Acescam).

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha acogido la segunda jornada del Foro Interparlamentario de Discapacidad y Accesibilidad, una cita donde representantes de todas las cámaras autonómicas han aportado los avances realizados en sus instalaciones para eliminar barreras. El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, era el encargado de dar la bienvenida a todos los parlamentarios desde la tribuna de oradores, asegurando que en esta cita se pretende “aprender” de los ejemplos y actuaciones del conjunto de parlamentos autonómicos. 

Recordando que dentro de una semana se cumplirán 40 años de la aprobación en el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía, ha reparado en la “igualdad” como concepto en la génesis de la Comunidad Autónoma. Y, ha dicho, no siempre es fácil conseguir esa igualdad, y en materia de accesibilidad “quedan muchas cosas pendientes”, si bien se ha avanzado desde el punto de vista legislativo. “Pero hay que pasar de las musas al teatro y conseguir que los derechos se conviertan en hechos”, ha señalado. 

La senadora Mayte Fernández, presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de la Cámara Alta y exalcaldesa de Puertollano, ha afirmado que todos ciudadanos tienen derecho a desarrollarse en igualdad de condiciones, momento en el que ha puesto como ejemplo las políticas del Gobierno de Castilla-La Mancha. 

En el Senado, ha indicado, se trabaja desde 2009 para eliminar barreras y favorecer la accesibilidad, y tras trece años de trabajo, la característica más importante es cómo se ha facilitado la participación en la vida política de cualquier persona aunque tenga discapacidad. Subtítulos, atril accesible, intérprete en lengua de signos o accesibilidad total en la oficina de Correos de la Cámara son algunos ejemplos expuestos por Fernández. 

CERMI pide “políticas vigorosas”

Luis Cayo, presidente del Cermi estatal, ha querido en este acto indicar que hay más de un millón de personas con discapacidad que viven solas. “El rostro de la soledad forzosa hostiga y ataca especialmente a personas con discapacidad”, ha lamentado. A veces, ha indicado, las cifras “pueden ir más allá de su frialdad”, y a ello ha sumado otra estadística, y es que el 33 de las personas discapacitadas en edad escolar se ha sentido discriminado en los primeros años de su vida. “Necesitamos políticas vigorosas que nos ayuden a vencer los déficit estructurales que padecemos”, ha reclamado desde la tribuna de oradores. 

En nombre del Cermi de Castilla-La Mancha y en ausencia de la presidenta, la secretaria, Ana Cabellos, ha intervenido en el acto para poner de relieve que la accesibilidad es un tema que “afecta a todos”. En Castilla-La Mancha, según ha dicho, “se están haciendo muchas cosas”, y para Cabellos “es bueno que cada Parlamento pueda ofrecer qué cosas está haciendo bien en su territorio para poder aprender”.

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha mantenido un encuentro con representantes de CERMI Castilla-La Mancha con el objetivo de ir evaluando las medidas de mejora de la accesibilidad universal que se están llevando a cabo en el Parlamento Autonómico y que se encuentran recogidas en el Plan de Accesibilidad elaborado por la institución.

En la reunión, que ha contado asimismo con la participación de la consejera de Bienestar Social del Gobierno regional, Bárbara García Torijano, se han puesto de relieve algunas de las últimas actuaciones en el Convento de San Gil, sede de las Cortes regionales, como la instalación de un sistema de plataformas que facilitan el acceso a la tribuna de oradores del salón de plenos a personas con movilidad reducida, que se completará con un sistema similar para facilitar también el acceso a la sala de la Mesa de las Cortes.

En el Parlamento autonómico se han instalado además bucles magnéticos que transforman el audio para enviarlo a los audífonos de las personas con discapacidad auditiva en las mejores condiciones de inteligibilidad. Estos bucles están ya operativos en el acceso a las Cortes y en las salas de comisiones y está prevista también su instalación en el salón de plenos y en la tribuna de invitados, han informado las Cortes en nota de prensa.

Entre otras mejoras de accesibilidad, se encuentran en proceso la adaptación de la señalética del edificio, los ascensores y los baños, que se adaptarán tanto a personas con discapacidad como a personas ostomizadas.

Lengua de signos

Junto a todas estas medidas, el Parlamento regional interpreta a lengua de signos todos los plenos desde el inicio de la legislatura, cuenta con sistemas accesibles en la web y está adaptando a lectura fácil la legislación autonómica.

Todo ello con el objetivo de “conseguir que las Cortes sean de verdad la casa de todas y todos y que, por tanto, todas las personas puedan acceder al edificio y al trabajo que aquí se realiza en pie de igualdad”, según ha manifestado el presidente del parlamento autonómico. Del mismo modo, Bellido ha puesto de manifiesto la importancia del “papel ejemplarizante” de la administración y ha expresado su deseo de que cada vez sean más las instituciones y entidades públicas y privadas que adopten medidas de accesibilidad.

Actuaciones de mejora que, como ha explicado el presidente parlamento autonómico, Pablo Bellido, a los representantes del CERMI se complementarán más adelante con el encuentro interparlamentario que organizarán en Toledo las Cortes de Castilla-La Mancha para conseguir compromisos de las cámaras legislativas de toda España en materia de accesibilidad.

El próximo miércoles, día 9 de marzo, el Salón de Actos de la Consejería de Bienestar Social acogerá la V Jornada Mujer y Discapacidad en Castilla-La Mancha bajo el lema “No hay políticas de igualdad de género sin las mujeres con discapacidad”. En este acto se abordará la interseccionalidad y la investigación en las políticas de igualdad y su necesaria relación con las discapacidades. La jornada puede seguirse online en este enlace.

Natalia Simón, miembro de la Comisión de Mujer del CERMI de Castilla-La Mancha será la encargada de moderar el evento, que arrancará a las 16.45 horas a cargo de la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, dando paso a una primera parte centrada en esa interseccionalidad entre mujer y discapacidad.

Posteriormente se abordarán situaciones concretas sobre las políticas de igualdad en el ámbito municipal, y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Toledo, Ana María Gómez Diego, presentará el Programa “Agentes dinamizadores de Igualdad”. A las 17.35 horas, Juana María López García-Cano, jefa de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación del Instituto de la Mujer, hablará sobre las unidades de igualdad de género del Gobierno regional, analizando proyectos de futuro e impacto en las mujeres y niñas con discapacidad.

Investigación y Sociología

La segunda parte de la jornada se centrará en la la investigación y arrancará con la responsable de la Cátedra Isabel Muñoz Aravaca de la Universidad de Alcalá, María Concepción Carrasco. Su intervención abordará a esta institución académica como agente cualificado en la investigación para conocer la realidad de la mujer con discapacidad.

Después será el turno de Mónica del Pilar Otaola, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca, con la exposición del estudio “Realidad y necesidades de las mujeres con Síndrome de Down en España”. 

Tras un turno de preguntas y dudas de las personas asistentes, se leerá un manifiesto elaborado por la Fundación CERMI Mujeres con motivo del 8M y posteriormente clausurará la jornada Cristina Gómez Palomo. Todo el acto será accesible con la colaboración del servicio subtitulado online de FIAPAS y con intérpretes de lengua de signos de FESORMANCHA.

La histórica petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que se modifique la Constitución que, en su redacción actual, se refiere en su artículo 49 a esas personas como “disminuidos”, no podrá ser aprobada esta legislatura por el rechazo de Partido Popular y Vox. Este jueves el Congreso de los Diputados ha debatido las enmiendas de devolución al texto de reforma aprobado en mayo por el Gobierno registradas por ambas formaciones que pugnan desde hace meses por el mismo electorado de derechas.

Esas enmiendas han sido rechazadas en el Pleno, por lo que la reforma continuará su tramitación parlamentaria. Pero el anunciado rechazo de los partidos a la citada modificación de la Carta Magna aventura que, una vez se aborde en ponencia, comisión y Pleno y se someta a la votación de la Cámara Baja –un proceso que puede demorarse durante meses–, el texto no logrará el apoyo reforzado que exige el artículo 167 de la Constitución para este tipo de reformas.

Dicho artículo señala que “los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras”, una suma imposible con la aritmética actual y el rechazo de las derechas, y que “si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado”.

“De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado”, añade la Constitución, “el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma”. Esta opción tampoco sería viable ya que PP y Vox –los dos partidos que rechazan la reforma– suman 140 diputados, por lo que ambas fuerzas alcanzan más de un tercio de los votos del Congreso –compuesto por 350 parlamentarios–, que es de 117 escaños.

El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución aprobado por el Consejo de Ministros hace casi cinco meses modifica, por un lado, la terminología que emplea el precepto constitucional –ahora habla de “disminuidos”– para referirse al “colectivo de las personas con discapacidad”. “Cumplimos un deber que tenemos como sociedad”, ha asegurado este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la defensa de la reforma en el Pleno del Congreso. “Lo importante es anteponer la palabra 'persona'. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad que no puede definirlas”, ha apuntado el ministro en el Congreso. “El respeto a la dignidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un consenso básico del siglo XXI. Proponemos un cambio que afianza la Constitución, nuestros valores y nuestro compromiso como sociedad”, ha zanjado.

La iniciativa también plantea reformar la estructura del citado artículo para dividirlo en cuatro apartados en los que se refleja una dimensión diferente de la protección de este colectivo. Asimismo, también se modifica su contenido poniendo el énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad “como ciudadanos libres e iguales”.

PP y Vox rechazan estos cambios. El martes, en rueda de prensa, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, relacionó su rechazo a las alianzas que sostienen al Gobierno progresista. A su juicio, la “apertura en canal” de la Constitución supone “un riesgo que no se ha medido” suficientemente por la “dependencia” parlamentaria del Ejecutivo “de los partidos independentistas”.

Vox, en contra de la “colectivización”

En su enmienda de devolución que, como la de Vox, será previsiblemente rechazada este jueves por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, el PP argumenta además que la acepción “disminuidos” utilizada en el texto constitucional y que rechazan todos los colectivos de personas con discapacidad “no ha supuesto un obstáculo” para que los poderes públicos garanticen los derechos fundamentales de estos ciudadanos, por lo que ve “cuestionable” la reforma constitucional y aprecia necesario alcanzar el “consenso” político.

Los argumentos de Vox son más enrevesados. Según aseguró también el martes su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, con su iniciativa de reforma de la Constitución el Gobierno evidencia que “odia a quien no encaja en los patrones de colectivización”. Además, sostuvo que, “en realidad” los grupos que apoyan la modificación de la Carta Magna no defienden a las personas con discapacidad porque han respaldado una “ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad”. “Que dejen en primer lugar que nazcan”, enfatizó.

Ambas formaciones arguyen también que la propuesta del Ejecutivo fue rechazada por el Consejo de Estado aunque, en realidad, el órgano consultivo tan solo realizó unas recomendaciones sobre la redacción de uno de los puntos, respaldando en todo caso el objetivo principal de la modificación que es cambiar el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”.

Si, una vez rechazadas sus enmiendas de devolución, PP o Vox cambian de parecer y, al finalizar la tramitación parlamentaria finalmente apoyan la modificación constitucional, esta sería la tercera reforma de la Carta Magna desde su aprobación, en 1975. La primera se produjo en 1992 para que los residentes extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales. En 2011 se realizó la última y polémica modificación acordada por PSOE y PP en el marco de la crisis financiera que estalló en 2008 para introducir el principio de “estabilidad presupuestaria” para priorizar el pago de la deuda de las administraciones y dificultar su endeudamiento.

La ciudad de Toledo ha acogido la constitución de la Plataforma Estatal de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, de la mano de Plena Inclusión y durante el Encuentro ‘El Poder de las Personas’. Han mostrado su apoyo tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del director general de Discapacidad, Javier Pérez, como el Ayuntamiento de Toledo, por boca de la alcaldesa, Milagros Tolón. Además, han asistido a este evento el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda; el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López; la vicepresidenta de Plena Inclusión, Maribel Cáceres; y el presidente del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo.

Han participado en el evento más de 500 personas con discapacidad intelectual, provenientes de toda España. La futura Plataforma será un espacio donde se hable de los temas que más afectan a las personas con discapacidad y tendrá como objetivos identificar necesidades y oportunidades; analizar situaciones que impactan en la vida de las personas; hacer visible a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante la sociedad y denunciar y reivindicar las necesidades del colectivo.

La composición de la plataforma está integrada por representantes de las asociaciones estatales, federaciones y la Confederación de Plena Inclusión, que tengan equipos o estructuras de liderazgo y tienen que cumplir una serie de requisitos como su implicación en temas de liderazgo, estar formados o con posibilidad de formarse en temas de derechos y tener disponibilidad para participar en ella.

El director general de Discapacidad, Javier Pérez,  ha destacado que en Castilla-La Mancha la atención a la Discapacidad “ha sido siempre y lo sigue siendo” una prioridad en la acción de Gobierno del presidente Emiliano García-Page, y juntos hemos conseguido importantes avances en el ámbito de los apoyos, en la toma de decisiones o en el ámbito del cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas para que nadie se quede atrás“. Además, ha subrayado que ”hoy damos un nuevo paso hacia delante de la mano de Plena Inclusión, de la mano del sector, un paso hacia la normalidad, hacia la igualdad“.

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha celebrado la elección de esta “ciudad con alma”, para acoger esta jornada “tan importante” y a iniciativa de Plena Inclusión, una organización que “siempre ha estado a la vanguardia en las políticas de inclusión y que ahora sigue avanzando iniciando un nuevo viaje para lograr un mundo más justo, solidario e inclusivo”.

Formación, accesibilidad y apoyo cultural

Además, en sintonía con estos objetivos, la primera edil ha recordado el compromiso que mantiene la Corporación local en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Y es que, al amparo de este compromiso mutuo, Plena Inclusión y el Ayuntamiento de Toledo mantienen una “estrecha colaboración” a partir de diversas acciones en beneficio de la integración de las personas con discapacidad como es el caso de las prácticas formativas; la mejora de la accesibilidad cognitiva en dependencias municipales o el apoyo a iniciativas culturales como los ciclos de cine social.

Si bien la principal apuesta del gobierno que preside Milagros Tolón en este ámbito es el Pacto por la Inclusión de la Ciudad de Toledo, “un proceso comunitario de participación sin precedentes en nuestra capital, que ha contado con todas las entidades que trabajan con los colectivos vulnerables y que recogerá una batería de acciones de carácter transversal vinculadas a las distintas áreas de competencia municipal”, ha dicho la alcaldesa.

Durante el acto ha tenido lugar la firma del Acta de Constitución de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que integran a partir de hoy mismo un total de 23 personas provenientes de ocho comunidades autónomas del país. El evento ha contado con la participación también, a través de saludos en formato audiovisual, de la Reina Doña Letizia; el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española (CE) para eliminar el término “disminuido” y permitir que las personas con discapacidad puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Con esta aprobación, se inicia la tramitación parlamentaria de la primera reforma social de la CE, reclamada unánimemente por las entidades sociales, que han hablado de “día histórico” para los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

El nuevo artículo 49 sustituye el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”. Pero la iniciativa va más allá de un cambio de terminología en el lenguaje constitucional y supone “una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido” de la norma, ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Así, actualiza la Carta Magna con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos.

Las personas con discapacidad pasan a ser las protagonistas del derecho y se prohibirá expresamente cualquier tipo de discriminación.

Establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectiva y reconoce expresamente, y por primera vez en la Constitución, la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.

“Con esta reforma estamos en condiciones de seguir modernizando la Carta Magna para mejorarla y adaptarla a la España real”, ha dicho Montero, quien ha destacado que “era evidente su necesidad” para ofrecer mayores garantías a más de tres millones de personas con discapacidad que hay en España.

Se trata de una de las primeras medidas tras decaer el estado de alarma, ya que la modificación constitucional no podía hacerse en tiempo de guerra, en estados de alarma, excepción o sitio, tal y como recoge la propia Constitución.

La iniciativa ha sido trasladada al Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Su compañera de gabinete, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha ofrecido para trabajar en alianza para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la senda del Gobierno de España”, ha destacado Belarra en su cuenta de Twitter.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha destacado la importancia de suprimir “disminuidos”, un término “hiriente y que no encaja con el modelo social de la discapacidad”, pero sobre todo, que el nuevo artículo “mucho más amplio e integral, cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo”.

Para la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) la reforma “incorpora el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo”.

Menor credibilidad, miedo a perder vínculos que proporcionan cuidados e imposibilidad de acceder a los recursos de forma autónoma son algunos de los “hándicaps” a los que se enfrenta la mujer con discapacidad que sufre violencia de género y que ahora un estudio, el primero que se ha realizado en España, ha sacado a la luz.

El informe, titulado “Situación de la violencia contra las mujeres con discapacidad en Extremadura 2020”, demuestra que “existe menor capacidad para defenderse ante una situación de violencia y mayor dificultad para expresarse”, según ha advertido este lunes el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Extremadura, Jesús Gumiel, durante su presentación, en la que también han participado la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, y la representante del grupo de trabajo de mujer y discapacidad del CERMI, Belén Trianes.

En el estudio han participado 70 mujeres con discapacidad de Extremadura. y se ha centrado en los cinco ámbitos clave de la violencia de género: la psicológica de control, con la mujer permanentemente controlada “en todo lo que dice y lo que hace”; la psicológica emocional, como insultos delante de otras personas; la violencia económica, negándole a manejar dinero para actividades esenciales; la física y la sexual

Y pone ejemplos como el de las mujeres con trastorno mental, que sufren una “menor credibilidad” en el relato cuando sufren violencia, miedo para perder vínculos que proporcionan cuidados e imposibilidad de acceso a recursos de forma autónoma, lo que constituye “hándicaps añadidos” en la situación de maltrato, ha señalado Gumiel. Como consecuencia, en los “pocos” casos en los que se da el paso a denunciar se vive un estrés emocional “muy fuerte” que en ocasiones lleva a dudas y a la retirada de la denuncia o a ni siquiera formularla, ha lamentado.

A ello ha sumado que “en muchos casos” el Ministerio Fiscal entiende que no hay pruebas suficientes para sustentar esa denuncia, por lo que ha considerado necesario concienciar a los empleados públicos, la judicatura y la política porque “cuando todo esto falla se da una situación de impunidad y de invisibilidad”.

Gumiel, que ha subrayado la importancia de que la mujer sea capaz de identificarse como víctima de la violencia de género para poder salir de esa situación, ha destacado la importancia de este estudio porque permite demostrar la “gravedad” de la situación para solicitar una solución.

Mediación

Respecto a ésta, ha pedido a la Junta de Extremadura que habilite un protocolo de intervención que se concrete en la creación de la figura de mediadora entre la mujer con discapacidad y las instituciones públicas.

Ello ayudará a la víctima, ha resaltado, a saber “que va a haber alguien cercano a su lado para apoyarle” y para evitar que esa vulneración de derechos no se lleve a cabo.

La consejera de Igualdad, por su parte, ha valorado la idoneidad de esta investigación porque pese a que España es un país “a la vanguardia” en este ámbito, “hay violencias invisibles todavía y víctimas que lo son doblemente”.

Por ello, ha considerado que sus conclusiones “obligan” a la Administración pública a reescribir algunas de sus políticas para introducir cambios que permitan atender “de manera más específica” a las mujeres con discapacidad que son víctimas de la violencia de género y “sobre las que hasta ahora hemos hablado probablemente poco”.

En esta línea, la representante del grupo de trabajo de mujer y discapacidad de CERMI Extremadura ha recalcado la “trascendencia” de este estudio para la defensa y protección de las mujeres con discapacidad al haber radiografiado “una dramática realidad que hasta hoy estaba siendo invisible”.

Pese a encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, ha apuntado, “la mayoría de los recursos de protección y defensa eran inaccesibles a un gran número de mujeres por el hecho simplemente de tener una discapacidad”.

Belén Trianes ha afirmado además que el estudio evidencia la violencia de género sufrida por este colectivo de la población “no solo dentro, sino también fuera de la pareja”.

Según ha apuntado, la última macroencuesta de violencia de género del Gobierno de España revela que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género en su vida solo por el hecho de ser mujer, con una mayor prevalencia en el caso de las que tienen discapacidad, con un porcentaje del 20,7 frente a un 13,8 %. Y a ello ha sumado que más del 50 % de mujeres con discapacidad nunca cuentan su situación “a nadie”, ni siquiera al entorno más cercano.