Este martes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial dos acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han reconocido haber explotado una plantación de marihuana en Agoncillo y han aceptado una sentencia de conformidad.

Uno de los acusados ha sido condenado a 6 años y 10 meses de prisión y multa de 330.563 euros por el delito de tráfico de drogas. El segundo de los acusados ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión y multa de 111.468 euros, también por tráfico de drogas. 

Por el delito de defraudación de fluido eléctrico han sido condenados cada uno de ellos a 1.800 euros de multa. Además, deberán satisfacer una responsabilidad civil solidaria de 13.775 euros a favor de la compañía eléctrica defraudada. La suspensión de la pena se analizará y resolverá en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Fiscal, los condenados actuaron de común acuerdo para instalar y explotar una plantación de marihuana en el sótano de un chalet ubicado en una finca rústica de Agoncillo. Uno de ellos había suscrito un compromiso de compraventa de la finca y el otro, aprovechando sus conocimientos de electricidad, habría realizado un enganche ilegal a la red para suministrar energía a la instalación, equipada con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinados al cultivo intensivo de cannabis.

La investigación se inició tras una información recibida por la Policía Nacional sobre la existencia de la plantación. Después de varias vigilancias, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la finca. En la entrada y registro practicados el 17 de enero de 2025 fueron intervenidas 888 plantas de marihuana, además de abundante material empleado para el cultivo y procesado de la droga.

Durante el registro también se localizaron distintas sustancias estupefacientes que, según la Fiscalía, estaban destinadas a su distribución, entre ellas cannabis, anfetamina, heroína y MDMA, así como más de dos kilogramos y medio de silicato utilizado presuntamente como sustancia de corte para adulterar drogas. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito asciende a 82.640,68 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.

El Gobierno de Navarra asumirá desde este 1 de julio la facultad para recaudar las multas y sanciones administrativas por incumplimientos de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor. Esta nueva función es el resultado de un “complejo proceso de integración de los agentes y procedimientos implicados en la tramitación de los expedientes sancionadores”, explican desde el Ejecutivo, y lo califican como “un nuevo paso hacia el ejercicio pleno de las competencias de tráfico por parte de la comunidad foral”.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha puesto en valor la responsabilidad que supone para Navarra la asunción del procedimiento sancionador y, por ello, desde Tráfico Navarra, el servicio de tráfico del Gobierno foral, se lleva más de un año trabajando en la puesta en marcha, desde el 1 de julio a las 00:00 horas, de la plataforma informática que sustentará el sistema de gestión y tramitación de las sanciones administrativas, con todas las garantías para la ciudadanía. 

Jurío describe el acuerdo con la Administración General del Estado como la recuperación de “una competencia histórica” que “por fin, se está en disposición de ejercer en su totalidad” tras un procedimiento complejo y que se está llevando a cabo en diferentes fases. Uno de esos hitos, según la consejera de Interior, y una de las primeras fases en el proceso que llevará a Navarra a ejercer las competencias de tráfico, correspondería la asunción “con carácter exclusivo del procedimiento sancionador”. Con ello, más allá de la tramitación administrativa, ha subrayado Jurío, lo que pretende Navarra es acercarse a su ciudadanía “para intensificar la concienciación y la responsabilidad que implica tomar un volante” y, de esta forma, acercarse al cumplimiento del reto europeo de reducir a cero las muertes por accidentes de tráfico.

Proceso de traspaso de competencias de tráfico

“La asunción del procedimiento sancionador por parte de la Comunidad Foral de Navarra ha conllevado un laborioso, complejo y extenso proceso de integración para que todos aquellos agentes y procesos que están implicados en la gestión y tramitación de expedientes sancionadores estén coordinados”, trasladan desde el Ejecutivo navarro. Por lo que se ha reforzado “la sección de Asistencia Jurídica y Sancionadora del Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra” para poder “tramitar los expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la tramitación de los procedimientos de revisión en vía administrativa”. 

Además, también han explicado que las “otras fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha procedido a integrar en la plataforma informática de Gobierno de Navarra a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a todos los cuerpos de Policía Local de la región. De esta forma, por ejemplo, la información de los radares y etilómetros de la Guardia Civil se volcará en la plataforma informática de gestión del procedimiento sancionador, así como las sanciones que dentro de su ámbito territorial corresponden a las policías locales.

Igualmente, se han puesto a disposición de la Guardia Civil dispositivos móviles en los que se integra la aplicación que permitirá que las denuncias interpuestas se registren automáticamente en la plataforma de gestión del procedimiento sancionador de Gobierno de Navarra“. Junto con lo relativo a la Dirección General de Tráfico, ”de tal forma que los sistemas de control de velocidad en la red viaria interurbana“ sean asumidos por Navarra (la instalación y uso de cabinas de radar, así como de dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico contribuye a la disminución del factor exceso de velocidad).

“En el ámbito de la recaudación se ha procedido a la integración del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y de Hacienda Foral de Navarra”. 

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

EH Bildu, la formación con mayor número de alcaldías en Navarra, ha reclamado este viernes al Gobierno de María Chivite un registro “real” del número de viviendas vacías para poder aplicar en los municipios en los que gobierna una ordenanza que grava a las viviendas deshabitadas como parte de su estrategia para incorporar más viviendas al mercado. 33 municipios gobernados por la coalición abertzale, entre los que se encuentra la capital Pamplona, han aporbado ya esta ordenanza, pero no podrán aplicarla hasta tener los datos de viviendas deshabitadas.

En una rueda de prensa, las alcaldesas de Burlada, Berta Arizkun, y de Arakil, Ohiana Olaberria, han denunciado que la herramienta que el Ejecutivo foral creó en el año 2018 para tener un registro de viviendas vacías arroja unos datos que “no reflejan la realidad” y que “distan mucho” de los que tienen los ayuntamientos. “Podemos ver los datos de consumo de agua y sabemos qué viviendas tienen consumo cero o por debajo del que exige la ley. Pero en Arakil, por ejemplo, según el Gobierno no hay ninguna vivienda deshabitada, lo que no es cierto”, ha lamentado su alcaldesa, Ohiana Olaberria.

Por ello han apremiado al Departamento de Vivienda a que ponga en marcha un registro con los datos “reales”. “En los ayuntamientos estamos preparados para que cuando el Gobierno de Navarra declare esas viviendas como deshabitadas, aplicar la ordenanza. Pero hasta que no lo haga, no podemos hacer nada porque es el Gobierno el que tiene la potestad”, ha lamentado Olaberria.

Las alcaldesas de estos dos municipios navarros han explicado que los estudios y datos estadísticos “muestran una foto muy dispar”. En concreto, el Nastat refleja que “el 21,2% de vivienda de Navarra están vacías o tienen un segundo uso. Esto significa que 70.000 viviendas en Navarra están vacías. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, calcula que hay unas 32.856 viviendas vacías en Navarra. Y sin embargo, si nos vamos a la Encuesta de vivienda de Navarra del 2016, estimó en 24.500 las viviendas vacías en Navarra, lo que significa casi un 8% del parque total de vivienda en Navarra”, han apuntado. “El Gobierno de Navarra, a través de la herramienta automatizada que acaba de publicar, dice que las viviendas que no tienen ningún consumo en nuestro territorio son únicamente 216, lo que dista mucho de lo que dice el INE, que dice que hay 32.856 viviendas vacías”, han apostillado.

Por todo ello han reclamado al Gobierno de Navarra que “haga una planificación seria y desarrolle instrumentos eficaces para poder detectar la cantidad real de vivienda vacía” que hay en el territorio“. ”No podemos influir adecuadamente en las políticas de vivienda si desconocemos la realidad“, ha solemnizado la alcaldesa de Arakil.

Según EH Bildu, la vivienda vacía es una cuestión que “preocupa” a muchos pueblos de la comunidad foral. “No podemos permitir que las casas estén vacías mientras la ciudadanía tiene problemas para acceder a una vivienda. Las viviendas deben cumplir una función social y el lujo de estar vacías no es aceptable en esta situación de emergencia”, ha aseverado Berta Arizkun.

La Guardia Civil ha investigado a dos varones, de 51 y 54 años y residentes en Navarra, como presuntos autores de seis delitos de falsedad documental por identificar telemáticamente a un tercero como conductor responsable de seis infracciones graves por exceso de velocidad detectadas por radares de tráfico.

La actuación, desarrollada por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil en La Rioja, ha permitido esclarecer unos hechos cometidos entre los años 2023 y 2026.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un varón de 53 años, quien descubrió de manera casual que figuraba como responsable de varias sanciones de tráfico. El perjudicado, que llevaba once años residiendo en Estados Unidos, accedió a la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT) y comprobó la existencia de dos multas pendientes asociadas a vehículos que desconocía por completo, por lo que sospechó que alguien podría estar utilizando sus datos personales de forma fraudulenta.

A raíz de dicha denuncia, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) iniciaron diversas gestiones, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja, para analizar los expedientes sancionadores tramitados a nombre del perjudicado. Estas actuaciones permitieron localizar un total de seis infracciones por exceso de velocidad en las que este último había sido identificado como el conductor

El análisis de la documentación reveló que todos los vehículos implicados pertenecían a una misma empresa con domicilio social en la localidad navarra de Corella. Asimismo, se comprobó que dicha empresa había comunicado telemáticamente a la Administración la identidad del perjudicado como supuesto conductor responsable de las infracciones.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar que el denunciante había trabajado años atrás para la citada empresa y que los responsables de las comunicaciones utilizaron sus datos personales para atribuirle las seis infracciones detectadas por los sistemas de control de velocidad.

Con esta maniobra se pretendía evitar que los verdaderos conductores asumieran las consecuencias legales derivadas de las infracciones cometidas, tanto en lo referente al pago de las sanciones económicas como a la detracción de puntos del permiso de conducción.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que la identificación falsa de un conductor en un expediente sancionador puede constituir un delito de falsedad documental. El Código Penal contempla para este tipo de conductas penas que, en función de las circunstancias y de la calificación jurídica de los hechos, pueden incluir prisión y multa.

Els problemes no deixen de créixer en el si de l'Autoritat Portuària de València (APV), que dirigeix la presidenta Mar Chao. En aquest cas, tot ve motivat per un expedient obert per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AIPI), un organisme públic estatal de caràcter independent, que podria acabar amb una sanció administrativa de fins a un milió d'euros per irregularitats en les clàusules del contracte adjudicat a l'empresa Assessors Forenses i Financers, SL (GPartners) per a la gestió del canal intern de denúncies.

La denúncia qüestiona la independència i la correcta gestió del sistema d'alertes intern inclòs en la bústia de denúncies de l'entitat portuària, una funció que hauria delegat en una empresa externa a la qual, a més, se li van atribuir funcions d'investigació reservades legalment al responsable intern del sistema, és a dir, a l'APV. La investigació de l'AIPI conclou que existeixen indicis suficients per a obrir un expedient sancionador específic contra l'Autoritat Portuària de València.

Segons la denúncia, l'APV hauria actuat de manera contrària a la Llei 2/2023, fins al punt que la seua conducta podria constituir una infracció administrativa greu o molt greu, especialment pel que fa a la independència, la imparcialitat i la gestió adequada dels expedients de la bústia interna.

El nucli del problema se situa en el contracte que l'APV va formalitzar el maig de 2023 amb l'empresa Assessors Forenses i Financers, SL (GPartners), per un import de 74.959 euros (IVA inclòs) i per un termini de tres anys, per a gestionar el canal intern de denúncies. La llei permet encarregar a un tercer la gestió tècnica del canal (per exemple, la plataforma informàtica o la recepció inicial de les comunicacions), però limita aquesta externalització a funcions instrumentals, reservant la investigació de fons i la valoració dels fets al responsable intern del sistema.

Per a l'AIPI, el contingut del contracte i del seu plec tècnic excedeix les competències que poden atribuir-se a l'empresa, ja que inclou serveis d'anàlisi de les denúncies, determinació de si existeixen evidències raonables, recomanació de l'abast de les investigacions internes i fins i tot l'emissió d'informes motivats i serveis d'investigació. En la pràctica, això hauria convertit el proveïdor extern en un actor central en la instrucció dels expedients, desdibuixant el paper del responsable intern del sistema i comprometent la independència que exigeix la Llei 2/2023.

L'AIPI conclou que s'ha incomplit la Llei 2/2023 pel que fa a la configuració del sistema intern d'informació, el paper del responsable del sistema i els límits a l'externalització de la gestió del canal. Jurídicament, enquadra els fets en el règim d'infraccions previst en l'article 63.1.g de la llei, que considera infracció molt greu l'incompliment substancial de l'obligació de disposar d'un sistema intern d'informació conforme als requisits legals.

De l'informe a la possible sanció

Amb la fase de comprovació ja tancada, l'AIPI ha finalitzat les actuacions de l'expedient i l'ha remés al procediment sancionador, després de considerar que els fets podrien ser constitutius d'infracció administrativa. Això significa que, a partir d'ara, s'obrirà un expedient específicament sancionador en què es valorarà si l'Autoritat Portuària de València és responsable i quin tipus d'infracció (lleu, greu o molt greu) se li imputa finalment.

Per la seua banda, fonts de l'APV han confirmat que “arran d'una denúncia anònima presentada davant l'AIPI, aquesta, en el marc de les seues competències i en fase de comprovació, va sol·licitar informació en relació amb el funcionament del Canal de Denúncies de l'APV. Per resolució de 14 d'abril de 2026 es va declarar conclosa la fase de comprovació i instrucció, sense que conste l'inici de cap procediment sancionador”, una situació que es dona perquè encara no hi ha cap pronunciament d'aquest organisme al respecte.

L'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant és un organisme públic estatal, de caràcter independent, creat arran de la Llei 2/2023 per a protegir les persones que informen sobre infraccions normatives i lluitar contra la corrupció en el sector públic i privat. Entre les seues funcions figuren gestionar el canal extern de comunicacions, adoptar mesures de protecció davant represàlies i tramitar procediments sancionadors per les infraccions previstes en aquesta llei, entre aquestes la de no constituir els canals ètics en les empreses o organismes o, una vegada constituïts, que no funcionen d'acord amb la llei.

Los problemas no dejan de crecer en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que dirige la presidenta Mar Chao. En este caso, viene motivado por un expediente abierto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, que podría finalizar en una sanción administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.

Según ha averiguado elDiario.es, a raíz de una denuncia anónima, la AIPI abrió una investigación preliminar que ha concluido en la apertura de un expediente y su traslado al departamento de procedimiento sancionador por posibles incumplimientos de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Si la conducta se calificara finalmente como una infracción muy grave, tal y como pone de relieve la denuncia, la multa podría situarse entre 600.001 y 1.000.000 euros, al tratarse de una entidad pública equiparada a una persona jurídica.

La denuncia cuestiona la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que habría delegado en una empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.

Según la denuncia, la APV habría actuado de forma contraria a la Ley 2/2023, hasta el punto de que su conducta podría constituir una infracción administrativa grave o muy grave, especialmente en lo relativo a la independencia, imparcialidad y gestión adecuada de los expedientes del buzón interno.

El núcleo del problema se sitúa en el contrato que la APV formalizó en mayo de 2023 con la empresa Asesores Forenses y Financieros, S.L. (GPartners) por importe de 74.959 euros (IVA incluido) y por un plazo de tres años para gestionar el canal interno de denuncias. La ley permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.

Para la AIPI, el contenido del contrato y de su pliego técnico se excede en las competencias atribuidas a la empresa, ya que incluye servicios de análisis de las denuncias, determinación de si existen evidencias razonables, recomendación del alcance de las investigaciones internas e incluso la emisión de informes motivados y servicios de investigación. En la práctica, esto habría convertido al proveedor externo en un actor central en la instrucción de los expedientes, desdibujando el papel del responsable interno del sistema y comprometiendo la independencia que exige la Ley 2/2023.

La AIPI concluye que se ha incumplido la Ley 2/2023 en lo relativo a la configuración del sistema interno de información, el papel del responsable del sistema y los límites a la externalización de la gestión del canal. Jurídicamente, encuadra los hechos en el régimen de infracciones previsto en el artículo 63.1.g de la ley que considera infracción muy grave cuando se incumple de forma sustantiva la obligación de disponer de un sistema interno de información conforme a los requisitos legales.

Del informe a la posible sanción

Con la fase de comprobación ya cerrada, la AIPI ha finalizado las actuaciones del expediente y lo ha remitido al procedimiento sancionador, al apreciar que los hechos podrían ser constitutivos de infracción administrativa. Esto significa que, a partir de ahora, se abrirá un expediente específicamente sancionador en el que se valorará si la Autoridad Portuaria de Valencia es responsable y qué tipo de infracción (leve, grave o muy grave) se le imputa finalmente.

Por su parte, fuente de la APV han confirmado que “a raíz de una denuncia anónima presentada ante la AIPI ésta, en el marco de sus competencias y en fase de comprobación, solicitó información en relación al funcionamiento del Canal de Denuncias de la APV. Por Resolución de 14 de abril de 2026 se declaró concluida la fase de comprobación e instrucción, sin que conste el inicio de procedimiento sancionador alguno”, una situación que se da porque aún no hay pronunciamiento de este departamento al respecto.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante es un organismo público estatal, de carácter independiente, creado a raíz de la Ley 2/2023 para proteger a las personas que informan sobre infracciones normativas y luchar contra la corrupción en el sector público y privado. Entre sus funciones están gestionar el canal externo de comunicaciones, adoptar medidas de protección frente a represalias y tramitar procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en dicha ley, entre ellas la de no constituir los canales éticos en las empresas u organismos o, constituidos, que estos no funcionen conforme a ley.

Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa, se enfrenta a una investigación por la tasa obligatoria que cobra a los padres por sentarse junto a sus hijos. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha señalado que los términos y condiciones de la aerolínea irlandesa exigen que al menos uno de los padres se siente junto a sus hijos, incluidos aquellos con discapacidad, y les cobra unas 8 libras por vuelo por hacerlo.

El organismo regulador investigará si se trata de una cláusula contractual abusiva según la legislación en materia de consumo. Se entiende que Ryanair es la única gran aerolínea que opera desde el Reino Unido que impone este cargo.

Ryanair calificó la investigación de “falsa” y añadió que esperaba “refutar estas afirmaciones falsas de la CMA”. La aerolínea afirmó que no cobra ninguna tarifa por que los niños se sienten junto a sus padres o al adulto que los acompaña. Sin embargo, los padres y tutores deben pagar una tarifa de reserva para sentarse junto a ellos.

Las normas de la aerolínea establecen que al menos uno de los padres debe sentarse con sus hijos de entre 2 y 11 años cuando vuelan, a través de un “asiento familiar obligatorio”. Esta tarifa se aplica tanto en los vuelos de ida como en los de vuelta.

Reservar uno de estos asientos cuesta entre 4,50 y 13,50 euros. La CMA ha constatado que este sistema se aplica en la mayoría de las rutas de Ryanair en el Reino Unido. Para el resto de pasajeros, la reserva de asiento es opcional.

La CMA está investigando si la práctica de Ryanair puede suponer que se cobre a los padres para que la aerolínea cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad infantil y discapacidad, tal y como establecen las normas de aviación, con el fin de determinar si esta práctica se ajusta o no a la legislación en materia de consumo.

En concreto, la investigación se centra en si las condiciones contractuales de Ryanair son “abusivas”, es decir, si colocan a los clientes en una situación de desventaja injusta.

La ley aplica un criterio de equidad que evalúa si la redacción inclina el equilibrio de derechos y responsabilidades en el contrato demasiado a favor de la empresa. Las cláusulas abusivas no son legalmente vinculantes para los clientes, y la CMA puede tomar medidas coercitivas para impedir que las empresas las utilicen.

Otras aerolíneas ofrecen sentar a los niños junto a un padre o tutor sin cobrar a los adultos por la reserva de asiento, o asignan asientos juntos automáticamente durante la reserva de forma gratuita.

Hayley Fletcher, directora sénior de protección del consumidor de la CMA, declaró: “Nuestra investigación analizará el enfoque de Ryanair respecto a las reservas de asientos familiares y cómo se presenta el coste a los consumidores para determinar si cumplen con la legislación en materia de consumo. Durante el último año, hemos instado a las empresas a garantizar que se muestre a sus clientes el precio total por adelantado; aquellas que no lo hagan se enfrentan a la posibilidad muy real de que la CMA emprenda acciones contra ellas”.

Ryanair afirmó que su política de asientos para familias “cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes y permite a las familias ahorrar dinero al viajar con la aerolínea de tarifas más bajas del Reino Unido”.

La aerolínea señaló que “al igual que todos los adultos que eligen un asiento reservado, los adultos que viajan con niños pagan una tarifa por asiento reservado, pero pueden elegir asientos reservados junto a ellos para hasta cuatro niños en la misma reserva SIN COSTE ALGUNO”.

Ryanair añadió: “Esta investigación infundada de la CMA es un intento fallido del Gobierno de Starmer de fingir que se preocupa por los consumidores, cuando no ha logrado abolir el APD [impuesto sobre los pasajeros aéreos], lo que supondría de inmediato tarifas más bajas para todos los consumidores y un crecimiento para la aviación, el turismo y la economía en general del Reino Unido”.

Como parte de la investigación, la CMA también examinará si la tarifa obligatoria por asientos familiares se “aplica gradualmente” durante el proceso de reserva sin total transparencia. El “drip pricing”, que consiste en mostrar a los consumidores un precio inicial para luego sorprenderles con tarifas ocultas inevitables más adelante en el proceso, fue prohibido en 2024.

La CMA acaba de iniciar su investigación y ha subrayado que aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre si Ryanair ha infringido la ley. Ha señalado que la investigación forma parte de su labor más amplia destinada a aliviar la presión del coste de la vida y proteger a los consumidores vulnerables.

Desde que entraron en vigor sus mayores competencias en materia de consumo, que permiten al organismo regulador multar a las empresas por incumplimientos y garantizar reembolsos, la CMA ha iniciado investigaciones sobre 15 empresas de diversos sectores, entre los que se incluyen la venta de entradas, los gimnasios, los artículos para el hogar y las reseñas en línea.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra ha iniciado un expediente sancionador, con una propuesta de multa de 16.499,50 euros, por la utilización indebida de una vivienda de protección oficial en la Comarca de Pamplona como alojamiento turístico, “una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente”, recuerdan desde el Ejecutivo foral.

La actuación se inició tras detectar que la vivienda se anunciaba en una conocida plataforma de alquileres vacacionales como apartamento turístico. “Las comprobaciones realizadas confirmaron que el inmueble no figuraba inscrito en el Registro de Turismo de Navarra pero que se ofertaba como alojamiento turístico desde, al menos, el año 2023”, explica el Despartamento de Vivienda.

El alquiler de una VPO para uso turístico es una infracción grave según la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra, que establece que las viviendas protegidas se tienen que destinar “a domicilio habitual y permanente”. Por ello, el Gobierno navarro ha iniciado el expediente sancionador a la persona titular de la vivienda, con una propuesta de multa de 16.499,50 euros, dentro del rango previsto para este tipo de infracciones, entre 3.001 y 30.000 euros.

“Las viviendas protegidas tienen como finalidad facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles, por lo que están sujetas a unas condiciones específicas que regulan su uso, transmisión y alquiler”, informan desde el Departamento.

La principal obligación es que la vivienda tiene que utilizarse como domicilio habitual y permanente, no puede utilizarse como segunda residencia ni mantenerse vacía de forma prolongada sin causa justificada. Además, no se puede destinar a usos turísticos. Esto incluye tanto alquilar la vivienda completa como ofrecer habitaciones en plataformas de alquiler vacacional.

No obstante, el alquiler completo o por habitaciones de una vivienda protegida sí que es posible, pero hay que respetar los límites de precios fijados para las VPO, asegurarse que siempre se usa como domicilio habitual y que la persona inquilina cumple con los requisitos para acceder a la vivienda protegida, así como solicitar la autorización de la Dirección General de Vivienda.

Las viviendas protegidas también se pueden vender, pero al igual que en el alquiler, es necesario cumplir con todos los requisitos que marca la legislación. Asimismo, se pueden donar, intercambiar e incluso ceder temporalmente para que la ocupe un familiar. Para todos estos casos, es necesario contar con la autorización de la Dirección General de Vivienda.

La temporada de verano en Donostia ha arrancado este 1 de junio. La principal novedad es la nueva ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas, que prohíbe fumar y usar altavoces en La Concha y en las demás. Con esta medida, el Ayuntamiento busca avanzar hacia un modelo de playas “más sostenible, saludable y respetuoso con el entorno y con el descanso de las personas usuarias”. Las multas son altas, de hasta 750 euros, pero de momento se optará por informar. ¿Qué opinan los usuarios? Hay muchos que lo secundan, aunque no hay unanimidad.

La ordenanza viene acompañada con la campaña municipal ‘Itsasos’, presentada bajo el lema ‘Este verano respira y escucha el mar’. El Consistorio defiende que la prohibición del tabaco responde tanto a criterios medioambientales como de salud pública. Un estudio realizado junto a Azti, sociedad pública de estudios marinos, concluyó que las colillas representan el 38% de la macrobasura recogida en La Concha y el 50% en Ondarreta. Una prueba de ello es la actividad de la fundación europea, Surfrider. Esta organizó una limpieza en la playa Zurriola el pasado miércoles y en la que recogieron al menos 2.700 colillas. 

Tras años realizando campañas para mantener la playa libre de colillas, la prohibición llega con multas. El incumplimiento de las nuevas normas podrá acarrear sanciones de entre 100 y 750 euros, aunque el alcalde de Donostia, Jon Insausti, avanzó que inicialmente habrá un periodo de adaptación y pedagogía antes de comenzar a multar. Dependiendo de la gravedad del daño y del tiempo de reacción tras el llamamiento, la multa puede ser mayor o menor.

Entre quienes disfrutan estos días de las playas donostiarras predominan las opiniones favorables a las nuevas restricciones. Dos peregrinos griegos que recorrían el Camino de Santiago creen que la medida ayudará a proteger el entorno natural. “Es una muy buena decisión para proteger la fauna y la vida marina”, ha indicado uno de ellos. Donostia es “un lugar muy agradable para vivir y visitar” y debemos “cuidarla tanto turistas como locales”. Su compañero ha añadido que la prohibición del tabaco “también puede beneficiar a los propios fumadores, porque les da la oportunidad de reducir su hábito”. Ambos han respaldado igualmente la limitación de la música amplificada: “La música alta puede molestar a las personas que están alrededor y no quieren escucharla”.

También entre los residentes hay respaldo a las medidas. Una joven donostiarra de origen cubano considera que fumar en la playa supone “una molestia” para quienes se encuentran cerca. “Me parece bien que se regule. Si quieres fumar, puedes hacerlo fuera de la arena, donde no haya familias compartiendo espacio”, ha explicado. Aunque reconoce que la prohibición puede percibirse como restrictiva, cree que contribuye a reducir el consumo de tabaco, como indicaban los peregrinos, y a mejorar la convivencia.

En una línea similar, un vecino proveniente de México ha afirmado que, aunque fumar no le parece problemático si se recogen las colillas, entiende que la prohibición responde a la dificultad de corregir ciertos comportamientos. Sobre los altavoces, ha sostenido que “la playa en Donostia es un lugar de descanso y tranquilidad, no de fiesta y música”, por ende, ve lógico limitar aquellos usos que alteren ese ambiente.

Incluso entre los fumadores hay quienes respaldan la decisión municipal. Una mujer afincada en Donostia desde hace décadas reconoce que la medida puede ayudar a proteger el litoral. La vecina ha sido clara con ser fumadora y que, aun así, le “parece muy bien”, porque muchas personas son “incívicas y las colillas terminan en la arena”. Sin embargo, ha querido aclarar que considera que deberían seguir existiendo espacios habilitados para quienes consumen tabaco, puesto a que el exceso de restricciones pueden hacer parecer que las personas que fuman dan “asco”.

No obstante, algunas voces consideran que la medida puede resultar excesiva. Una exfumadora donostiarra, que dejó el tabaco hace once años, cree que prohibir fumar en espacios abiertos supone ir demasiado lejos. “Entiendo que pueda molestar si hay niños o personas mayores cerca, pero estando al aire libre… me parece excesivo”, ha afirmado. Otra vecina, favorable a vetar la música a gran volumen por la “invasión de sonidos” que genera, se muestra más dubitativa respecto al tabaco. “Animaría a evitarlo, pero no lo multaría”, ha señalado.

La conversación sobre la nueva ordenanza también ha reabierto el debate sobre la presencia de perros en las playas durante el verano. El Ayuntamiento decidió descartar su acceso durante las noches de verano, una posibilidad que figuró inicialmente en el borrador de la normativa. Un vecino argentino residente en la ciudad respalda la decisión y la sitúa en el mismo plano que las restricciones al tabaco y a los altavoces. Ha opinado que es “una de las mejores decisiones” que ha tomado el consistorio. Aunque reconoce que los dueños de perros pierden una posibilidad de uso durante el verano, recuerda que “durante diez meses al año pueden pasear por la playa sin restricciones” y considera razonable reservar los meses de mayor afluencia para quienes buscan disfrutar del arenal sin animales.

Hola

Deseo que estés bien.

La intervención de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle d’Economia, celebrada esta semana en Barcelona, deja una conclusión incómoda para el líder del PP: sigue sin encontrar el lenguaje político que conecta con la élite económica catalana. Llegaba el político gallego a Barcelona en una posición aparentemente favorable, con Pedro Sánchez debilitado por la crisis política y con una parte de las élites económicas reclamando estabilidad y anticipando un posible cambio de ciclo. Sin embargo, desperdició una oportunidad evidente. 

El auditorio esperaba respuestas sobre cómo piensa construir una mayoría alternativa y qué proyecto económico ofrece para España. Encontró, en cambio, un discurso centrado en la denuncia del Gobierno y escaso en propuestas concretas. Buen diagnóstico socioeconómico de los problemas (crisis inmobiliaria, pérdida de poder adquisitivo, baja productividad) pero lugares comunes en cuanto alternativas (más viviendas, servicios públicos e inversiones y menos impuestos).

Un abismo comparado con la intervención de Pedro Sánchez, que clausuró la jornada un día después reivindicado su plan de acción sobre los pilares de la transición energética, la formación, la digitalización, la demanda interna y la solvencia fiscal. Más allá del brindis al sol del anuncio tramitación de los Presupuestos de 2027 (desde las elecciones generales de 2023 se ha comprometido cada año a presentar unas cuentas que hasta la fecha no han visto la luz). “Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexiona un directivo en esta crónica de Arturo Puente. 

El problema para Feijóo no es únicamente de contenido, sino también de comprensión del momento político catalán. Mientras buena parte del empresariado ha abrazado la normalización institucional impulsada en los últimos años, de la que tanto presume Salvador Illa, y observa con interés debates como la financiación singular o el retorno de sedes empresariales, el líder popular volvió a situarse en una lógica de confrontación. Su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación y su negativa a reconocer los cambios producidos en Catalunya chocan con la realidad. El resultado es que, cuando tenía la ocasión de presentarse como un futuro presidente capaz de integrar sensibilidades distintas, apareció más preocupado por contentar a su propio electorado.

Quizá lo más relevante del paso del presidente del PP por el Cercle no fue lo que dijo, sino lo que reveló la reacción de la sala. Hace apenas unos años, una parte significativa de las élites empresariales catalanas veía en el PP una posible herramienta para cerrar la crisis territorial. Hoy la prioridad parece otra: estabilidad, capacidad de pacto y seguridad institucional, algo que Pedro Sánchez sí se encargó de subrayar ante un auditorio con el que mantiene un idilio especial, pese a no ser santo de devoción de muchos de los asistentes.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà. Es precisamente ahí donde Núñez Feijóo continúa generando más preguntas que respuestas. En el Cercle volvió a quedar la sensación de que Feijóo puede estar más cerca de La Moncloa que nunca, pero sigue igual de lejos de conquistar la confianza de la burguesía catalana.

El dato

30.000

Son los euros de multa que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto a la cadena de supermercados Mercadona por la “incorrecta” denominación y etiquetado de un tipo de pan especial, comercializado bajo su marca propia. Responde a una denuncia que presentó Facua “por información engañosa en sus tortillas de avena 51% y la obliga a responsabilizarse de sus productos de marca blanca”. La sanción es importante, no tanto por la cuantía, sino porque establece que las cadenas de supermercados tienen que hacerse responsables de sus productos de marca blanca. Algunas se desentienden de ellos alegando que no producen esos productos, que solo los distribuyen. Mercadona estudia el recurso.

El gráfico

El consumo de Occidente, y en este caso de la Unión Europea, genera un impacto ecológico que trasciende por completo sus fronteras. Cuando consumimos carne de cerdo, bebemos café o compramos chocolate, también consumimos una porción invisible de tierra situada a miles de kilómetros de distancia. Consumimos una extensión de tierra en el extranjero equivalente a toda la superficie agrícola de España para sostener su demanda de alimentos y biocombustibles. 

Europa exporta tierra de pasto en forma de ovejas, vacas, cabras. Bajo la apariencia de un intercambio entre iguales, este sistema de comercio transfiere de forma sistemática tierra, energía y materiales desde los países pobres hacia los ricos.

Como señalaba esta semana Alberto Garzón, este modelo evidencia una profunda contradicción económica y geopolítica: mientras Bruselas abandera la transición verde dentro del continente, externaliza la degradación ambiental, la deforestación y la sobreexplotación de recursos hídricos hacia países en desarrollo con regulaciones mucho más laxas. Se llama deslocalización ecológica. 

Tipos (y tipas) de interés

Hoy se merece este espacio Maricarmen Abascal. A sus 87 años se enfrenta a su tercer intento de desahucio en seis años, pese a vivir en el piso desde casi toda su vida, en el barrio madrileño de Retiro, desde 1956. Su calvario se inició en 2020 y, por el momento, prosigue el próximo 24 de junio. El desalojo debía producirse este miércoles, pero se ha frenado a última hora, gracias en parte a la movilización de cientos de personas.

El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento hace setenta años, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla. Esta lucha le ha costado la salud, que apenas puede mantenerse en pie. “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social”, clama en esta entrevista de hace unos días con el compañero Germán Aranda. Se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia ante la desalmada crisis de vivienda.

La subida de precio en los nuevos contratos de alquiler asfixia a las familias inquilinas españolas. Los caseros aprovechan el cambio de contrato para subir los precios de media un 37% en 2024 en comparación a los precios de 2015 y hacer que las familias pierdan de media un 11% de poder adquisitivo, según un nuevo informe del gabinete económico de Comisiones Obreras. Esta situación está provocada por el hecho de que, entre 2015 y 2024, los salarios han subido más (un 26%) que los contratos de alquiler existentes (un 21%), pero mucho menos que los nuevos contratos, que se han disparado un 37%. 

No todo nos parece mal

Hoy un 3x1. El gigante chino SAIC Motor (dueño de marcas como MG) y la Xunta de Galicia han confirmado la construcción entre 2027 y 2028 de una fábrica de coches eléctricos que se ubicará en A Coruña, entre Ferrol y As Pontes (200 millones de inversión, 2.300 empleos y una producción de 120.000 coches al año). Dos días después, la planta de Seat & Cupra en Martorell (Barcelona), la mayor de España, ha puesto en marcha la producción de sus primeros vehículos 100% eléctricos con la fabricación del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, los primeros modelos de la familia de eléctricos urbanos del grupo VW. El mismo día, pero cambiando de sector, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaba en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de Grifols en Lliçà de Vall (Barcelona), 160 millones de euros de inversión. Supondrá la creación de 400 empleos directos y permitirá al gigante de la salud aumentar en tres millones de litros anuales la capacidad de fraccionamiento de plasma en Europa, el doble de la capacidad actual. Inversiones son amores. Por cierto, las dos últimas contribuyen a fortalecer la autonomía estratégica de Europa. 

Nos gusta la competencia

De las informaciones de otros medios que me han parecido interesantes, destaco esta semana dos entrevistas: una que he leído en El Periódico a Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional; y otra con Diane Coyle, catedrática de Economía en Cambridge y ex vicepresidenta de la BBC, en la contra de La Vanguardia. A continuación te cuento los porqués.

Termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín.

Mientras puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Un abrazo!

El Partido Popular de Torrelavega ha anunciado este miércoles que ha detectado “irregularidades” por parte del equipo de Gobierno PRC-PSOE en las sanciones remitidas desde el Ayuntamiento a los vecinos por el acceso indebido a las calles peatonales en el mes de enero y ha pedido su nulidad.

Según el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, las sanciones remitidas hasta el momento “reflejan una hora de infracción diferente a la real”, por lo que “se sanciona una infracción en un momento en el que no se ha cometido”, lo que su juicio es “un ejemplo más de la voracidad recaudatoria que mantienen PRC y PSOE en la ciudad”.

Vargas ha puesto de manifiesto que se trata de un error informático entre la empresa que detecta los accesos indebidos y la que tramita las multas, que mantienen una diferencia de una hora, “por lo que se está sancionando una conducta que no se ha producido en el momento que se propone sancionar. Algo nulo de pleno derecho”, a juicio de los populares.

Para el portavoz, la política recaudatoria que mantienen PRC-PSOE es “tan irresponsable” que “empiezan a sancionar en mayo accesos desde enero sin previo aviso y son capaces de pasar por alto errores tan graves con tal de recaudar más”.

Ante esta situación, desde el PP han exigido como solución la nulidad de oficio y devolución de los importes ya abonados, sobre la totalidad de los expedientes, para evitar la carga al ciudadano de tener que recurrir una a una las sanciones y también la carga administrativa de informar y resolver individualmente cada uno de los recursos.

“Cuando uno se equivoca, como ha hecho PRC-PSOE, tiene que rectificar y aunque los errores son habituales en este equipo de Gobierno, las cosas tienen que cambiar en la manera de gestionar la ciudad”, ha concluido Vargas.

Miércoles, 30 de agosto de 2023. Pedro, vecino de Gáldar (norte de Gran Canaria), pinta la fachada del local de sus padres subido a una escalera. El establecimiento está abierto al público. Pueden verse en su interior algunas herramientas, cubos de pintura y sacos de cemento. También hay una barra, neveras y grifos de cerveza. Pero el negocio lleva meses sin actividad.

Aunque se aprecia un cartel con el nombre ‘Cafetería Piscolabis Daniel & Melo’, lo cierto es que nadie lo explota desde hace más de medio año. Pedro solo está realizando una pequeña reforma para volver a alquilarlo. Vive con sus padres en el mismo inmueble donde se encuentra el comercio, pero en la planta superior. Todo parece normal hasta que un subinspector de trabajo que paseaba por la zona se le acerca.

El agente, que no acude al local a raíz de una denuncia, sino que simplemente paseaba por ahí, le pide que se identifique. Está efectuando inspecciones en el marco de una campaña contra la economía irregular y el empleo de extranjeros en el sector de la construcción. Cree que Pedro es un trabajador, por lo que su intención es llevar a cabo un control laboral. Pero Pedro se niega. Y ahí comienzan los problemas.

El hombre le dice al subinspector que no es de su competencia exigirle la identificación y que el establecimiento pertenece a su familia. El agente le responde que debe colaborar y que tiene facultad para entrar libremente, en cualquier momento, en cualquier centro de trabajo. La discusión escala rápido. Pedro adopta una postura “violenta y amenazante”. Ni siquiera ante la presencia de un policía local de Gáldar, que le pide cooperar, se identifica. Continúa mostrando una actitud “nerviosa y dando voces”. Solo facilita sus datos ante el policía cuando el subinspector de trabajo se marcha.

Ocho meses más tarde, una propuesta de sanción llega a su buzón: multa de 12.001 euros por cometer una infracción “muy grave” de obstrucción a la labor inspectora. Daba igual que estuviera trabajando o no. Lo que se castigó fue su negativa frontal a cooperar.

Pedro recurrió por la vía administrativa, pero sus pretensiones fueron desestimadas. También acudió a los tribunales, donde el juez, esta vez, se ha apiadado (solo un poco) de él.

Una sentencia firme del Juzgado de lo Social de Gáldar recoge el relato anterior como los “hechos probados” del encontronazo entre Pedro y el subinspector, tras una “valoración conjunta” de la documentación incluida en el expediente.

El magistrado Ángel Miguel Martín Suárez defiende la “presunción de certeza” de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, establecida en el artículo 23 de la Ley 23/2015, del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, concluye que la conducta de Pedro vulneró varios preceptos de esa misma norma y también del Real Decreto 5/2000, por el que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

“No obstante”, agrega el juez, el hecho de que el establecimiento fuera de sus padres, que Pedro solo estuviera reformándolo para alquilarlo en un futuro y de que sufriera una “alteración nerviosa” ante el agente han llevado al magistrado a modificar el grado de la sanción de “muy grave” a “grave” y rebajarla a 3.750 euros, el mínimo posible.

El fallo admite que la conducta del hombre resulta “reprochable, rechazable e injustificada”. Pero aplica lo que se conoce como principio de proporcionalidad, recogido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite reducir las sanciones al grado inmediatamente inferior después de analizar “la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes”.

El magistrado detalla en la sentencia que Pedro es demandante de empleo, vive con sus padres y cuida de su madre, a quien la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias reconoció en junio de 2023 el Programa Individual de Atención, consistente en una prestación económica de casi 300 euros para cuidados en el entorno familiar.

El fallo se apoya en doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida en una resolución fechada el 5 de junio de 2025, que establece cómo y cuándo la justicia debe aplicar el principio de proporcionalidad para evitar castigos desmesurados.

Ese caso se centró en las obras realizadas por un particular para construir una piscina en una parcela protegida por su inscripción como Bien de Interés Cultural. El ciudadano inició los trabajos sin haber obtenido las autorizaciones exigidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, fue él mismo quien comunicó los hechos a la administración, que procedió entonces a abrirle un expediente sancionador por una infracción “grave”.

La normativa de patrimonio establecía que el castigo económico para este tipo de faltas debía oscilar entre los 100.001 y los 250.000 euros. Y la multa impuesta al vecino fue la mínima prevista para ese grado.

El afectado recurrió. Y el Supremo reconoció el “carácter desproporcionado” de la sanción por varios motivos. Primero, porque no hubo mala fe por su parte, ya que fue él mismo quien avisó a las autoridades. Segundo, porque quedó constatada la “falta de concreta afectación a ningún yacimiento” y la “ausencia de daño” a restos arqueológicos. Y, tercero, porque el ciudadano obtuvo finalmente la licencia para terminar la construcción de la piscina. La justicia rebajó la multa de 100.001 euros a 10.000.

“Toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras”, indica el fallo del Juzgado de lo Social de Gáldar.

Pedro reconoce a Canarias Ahora que lo ha pasado “muy mal”. La multa ha supuesto una “presión añadida” en su vida, centrada durante los últimos años en el cuidado de su madre. Asegura que jamás habría podido pagar la sanción de 12.001 euros porque no dispone de ese dinero. La de 3.750, en cambio, sí. Pero “a duras penas” y recurriendo a “los pocos ahorros” que tiene.

Dejar al perro atado a una farola, a la valla de un comercio o junto a la puerta del supermercado mientras entramos a comprar el pan o a hacer un recado rápido ha sido, durante décadas, una estampa de lo más cotidiana en nuestros barrios. Sin embargo, este gesto tan arraigado ya forma parte del pasado y es motivo de sanción. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha transformado por completo las obligaciones de los titulares de mascotas, priorizando la seguridad y el cuidado de los animales en los espacios públicos y prohibiendo de forma expresa ciertas conductas que antes considerábamos inofensivas.

El marco legal actual es muy claro respecto a las nuevas obligaciones de los propietarios en la vía pública. El Artículo 27.d de la normativa, centrado en las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía prohíbe explícitamente “mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Esta prohibición de mantener a los animales desatendidos en la vía pública se enmarca dentro de las políticas para combatir una de las grandes problemáticas actuales en España: la falta de identificación y el abandono. Según el primer estudio oficial sobre la gestión de la protección animal en España, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más del 80% de los perros y gatos que llegan a los centros de recogida no están identificados con chip.

De forma concreta, el estudio revela lo siguiente:

Infracciones y sanciones de la Ley de Bienestar Animal

El marco regulador de la normativa determina en su Artículo 72 que constituyen infracciones administrativas todas las acciones u omisiones que incumplan las obligaciones o prohibiciones dispuestas en la ley. Para garantizar una aplicación justa de la norma, estas conductas se clasifican en tres niveles diferenciados (leves, graves y muy graves) según la naturaleza de la falta, el riesgo generado o el daño físico ocasionado al animal. Este cuadro sancionador se traduce en un estricto baremo de multas económicas cuyos ingresos, tal y como dictamina la propia ley, se destinarán íntegramente de forma finalista a la financiación de actuaciones y planes públicos enfocados en la protección de los animales.

Asimismo, el Artículo 77 contempla la aplicación de sanciones accesorias que complementan a la multa económica según la naturaleza de los hechos. Así, ante una falta leve, el infractor puede ser obligado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de formación en bienestar animal, mientras que en los casos más graves la autoridad puede intervenir al animal para trasladarlo a un centro de protección o la inhabilitación para la tenencia de mascotas. Para fijar la cuantía exacta y graduar estas sanciones, el Artículo 78 establece que las autoridades tendrán en cuenta criterios clave como el perjuicio causado al animal, la continuidad de la conducta o el grado de culpabilidad, intencionalidad, imprudencia o negligencia del responsable.

La normativa de tráfico en España establece la obligación de los usuarios de comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni generen peligro o perjuicio para otros, así como conducir con la diligencia necesaria para evitar daños propios o ajenos, tal y como recoge el Reglamento General de Circulación en sus normas generales de comportamiento.

El semáforo en rojo

Dentro de esta regulación, la luz roja no intermitente tiene un significado inequívoco: prohíbe el paso. La normativa establece que los vehículos no deben rebasar el semáforo ni la línea de detención más próxima, y tampoco internarse en la intersección cuando la señal se encuentra en rojo, lo que implica la obligación de detener completamente el vehículo hasta que la señal cambie.

El incumplimiento de esta señal constituye una infracción grave dentro del sistema sancionador. Según la información disponible, saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Esta sanción se aplica tanto si el conductor atraviesa completamente el cruce como si rebasa la línea de detención cuando la luz ya está en rojo.

Además, esta infracción puede detectarse por distintos medios. Puede ser notificada directamente por un agente de la autoridad o mediante sistemas automáticos como los dispositivos de control con cámara. Para que la denuncia sea válida, estos sistemas deben registrar una secuencia de imágenes que muestre al vehículo antes y después de la línea de detención con el semáforo en rojo, acreditando así la infracción.

Excepciones de la norma

Existen, no obstante, situaciones excepcionales en las que se permite sobrepasar la señal roja. La normativa contempla dos supuestos concretos: cuando así lo indica un agente de la autoridad, cuyas órdenes prevalecen sobre cualquier señal, y cuando es necesario ceder el paso a vehículos prioritarios en servicio de emergencia. Fuera de estos casos, la obligación de detenerse se mantiene.

El semáforo en ámbar

En el caso del semáforo en ámbar fijo, la normativa introduce una matización relevante. Esta señal obliga también a detenerse, pero admite una excepción cuando el vehículo se encuentra tan próximo al lugar de detención que no puede frenar en condiciones de seguridad, en cuyo caso se permite continuar la marcha con precaución.

Si no se da esta circunstancia y el conductor no se detiene ante la luz ámbar fija, la conducta puede ser sancionada cuando se considera que existía la posibilidad de detenerse sin riesgo. En estos casos, la sanción puede llegar a ser de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir, en función de las circunstancias en las que se produzca la maniobra.

Por su parte, la luz ámbar intermitente tiene un significado distinto, ya que no prohíbe el paso. Esta señal indica la obligación de extremar la precaución y respetar las normas de prioridad, actuando en función de las condiciones de la vía, sin que su incumplimiento conlleve sanción económica ni pérdida de puntos en los mismos términos que un semáforo en rojo.

¿Se pueden recurrir?

Recibir una multa por saltarse un semáforo no implica necesariamente que no pueda ser recurrida. Entre las opciones disponibles se encuentran solicitar pruebas como fotografías o vídeos, comprobar el correcto funcionamiento del semáforo o verificar la señalización y la visibilidad del lugar en el que se produjo la infracción, elementos que pueden ser determinantes en la revisión del expediente.

El procedimiento de recurso sigue una serie de pasos concretos. El conductor debe revisar la notificación para comprobar que los datos son correctos, analizar si existen motivos para recurrir, solicitar las pruebas disponibles y preparar las alegaciones correspondientes. Posteriormente, dispone de un plazo de 20 días naturales desde la recepción de la notificación para presentar el recurso. Si la administración lo desestima, puede interponerse un recurso de reposición o acudir a la vía judicial; si se acepta, la multa queda archivada.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

En las últimas horas, el portavoz del Partido Riojano en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado públicamente la “eliminación de árboles de las calles de Logroño”. Denuncia pública que también ha hecho llegar en forma de queja al área de Medio Ambiente de Logroño para que “investigue este caso”.

Y al parecer la investigación ya tiene consecuencias. Y es que, tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento de Logroño a Rioja2, “el Consistorio iniciará un proceso de expediente sancionador a la empresa constructora responsable de las acciones tras comprobar la forma en la que se han retirado dichos árboles en la calle Torrecilla en Cameros”.

La empresa constructora de varias viviendas en el solar en esta zona de Logroño “tenía permiso para eliminar cinco árboles en las inmediaciones del solar en construcción porque la supervivencia de los mismos corría peligro una vez comenzasen los trabajos”, explican fuentes municipales. “Además, uno de ellos estaba ubicado en el espacio de acceso a la misma”.

Y aunque tenían permiso para eliminar cinco árboles, desde el Ayuntamiento de Logroño “lamentan el modo en el que estas acciones se han llevado a cabo por lo que prevé iniciar un proceso sancionador por esta actuación, según lo establecido en la ordenanza municipal de zonas Verdes y Mobiliario Urbano”. Y esta ordenanza establece una sanción económica de entre 100 y 900 euros por causar daños a árboles, plantas o césped.

La licencia concedida por el Ayuntamiento de Logroño a la empresa constructora, además de permitir la retirada de cinco árboles, también recogía el compromiso de “suministrar 27 árboles para su plantación en espacios verdes”. De hecho, “el parque Municipal de Jardinería ya ha recibido cinco de estos ejemplares: cinco Ttilia platyphyllos de calibre 14-16 centímetro que ya se han plantado”. Árboles que se podrán plantar en cualquier zona de Logroño, “y no necesariamente en esa zona”, en la calle Torrecilla en Cameros de donde han sido retirados.

La unidad inspectora de la Generalitat de Catalunya ha abierto 529 expedientes sancionadores en zonas de mercado de alquiler tensionado, según datos del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. El 79% de ellos tiene que ver con alquileres que superaban el precio estipulado por la normativa. La cifra corresponde a las actuaciones iniciadas desde principios de 2025, cuando se aprobó el régimen sancionador en materia de vivienda.

El 74% de los expedientes se han iniciado de oficio por la propia inspección, mientras que el 26% restante se han activado a partir de denuncias de particulares. Con todo, la gran mayoría, el 89%, están en fase de diligencias previas, desgranan en un comunicado publicado este jueves. Solo en siete casos se ha iniciado ya formalmente el expediente sancionador.

Desde el departamento destacan que el despliegue del cuerpo de inspectores se está realizando de forma “progresiva” y “coordinada” con los ayuntamientos. Cabe recordar que la creación del grupo de inspectores, así como el inicio de las primeras sanciones, era una exigencia de los Comuns para negociar presupuestos.

La fase de diligencias previas es la primera del procedimiento y corresponde a la investigación inicial de los hechos denunciados o detectados. Un 10% de los expedientes (51) han sido archivados, ya sea en esta fase (18) o de forma definitiva (31), mientras que 2 han sido anulados. La principal causa de archivo en denuncias de particulares es que el contrato de alquiler era anterior a la entrada en vigor de la ley y, por tanto, no estaba sujeto a la normativa.

En los casos en los que se supera la renta máxima permitida (79%), algunos investigan únicamente esta infracción, mientras que otros combinan varias vulneraciones, como repercutir indebidamente gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato al inquilino, o no indicar la condición de gran tenedor o el precio.

También se han detectado casos en los que no se especifica la finalidad del contrato, correspondientes a alquileres de temporada o de uso distinto al de vivienda habitual.

En el marco de la colaboración con la administración local, se han realizado inspecciones conjuntas con el Ayuntamienti de Barcelona. El 15 de abril se llevaron a cabo 17 inspecciones en 11 ubicaciones de la ciudad, con el apoyo de la Guardia Urbana. Se detectaron 12 viviendas con posibles incumplimientos, principalmente pisos destinados al alquiler de habitaciones, y las investigaciones siguen abiertas.

Por territorios, la demarcación de Barcelona concentra el 76% de los expedientes (402), seguida de Tarragona con 60 (11,3%), Girona con 48 (9%) y Lleida con 19 (4%). A nivel municipal, la ciudad de Barcelona acumula 210 expedientes (40% del total). Destacan también Girona con 31 expedientes, Badalona con 23 y Sitges con 14.

El Juzgado de Instrucción número 3  de Arrecife (Lanzarote) ha abierto un procedimiento, ante la querella formulada por la Fiscalía contra siete trabajadores municipales, por la anulación de multas de tráfico en la ciudad desde el año 2016.

Esto se produce después de que el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, mandatara el 18 de octubre de 2025 una investigación reservada e interna para esclarecer las anulaciones de tráfico practicadas por trabajadores municipales desde el año 2016, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

La investigación, de carácter reservado, fue mandatada por el alcalde, que además es responsable directo de la Policía Local, con una providencia donde ordenó la “apertura de información reservada, iniciar información reservada para investigar todas y cada una de las multas presuntamente retiradas o anuladas en el sistema CGI por responsables municipales, esclarecer la relación completa de expedientes afectados (nº expediente, matrícula, infracción, fecha y estado) y el usuario/ usuarios que ejecutaron cada acción en CGI, fecha y hora, motivo invocado y soporte documental”.

Para el desarrollo de esta investigación reservada, el alcalde ordenó que se implantaran “medidas cautelares para bloquear temporalmente” la capacidad de anulación/cancelación en CGI por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, “sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes”.

Posteriormente el alcalde solicitó a la Asesoría Jurídica que trasladara a la Fiscalía la investigación interna para depurar las responsabilidades sobre estas anulaciones que se cifraron en casi 2.300 multas por una cuantía próxima a los 600.000 euros, siendo presuntamente retiradas entre los años 2016 y 2025.

El público grita “otra, otra” y el artista canta una más de sorpresa, haciendo que el concierto dure un poco más de lo previsto. El artista tiene un pequeño problema en directo, lo que acaba alargando la actuación unos minutos. Son solo algunos de los eventos posibles que pueden ocurrir en un concierto. Sin embargo, un festival de la talla de Coachella no puede permitirse esos desajustes, por muy mínimos que sean, porque cada minuto extra sale caro.

No es una exageración. El festival que se celebra en la ciudad de Indio (California) desde 1999 tiene un acuerdo con las autoridades para que los conciertos terminen a la una de la mañana los viernes y sábados, y a las doce los domingos. ¿Qué pasa si alguno de los shows se alarga? Coachella recibe una multa de 20.000 dólares por los primeros cinco minutos que exceda el límite del toque de queda.

Aunque en su primer fin de semana de esta edición el festival de música respetó estos límites horarios, no ocurrió lo mismo en el segundo. El pasado viernes 17 de abril, la actuación del DJ y productor Anyma, que comenzaba a medianoche, se prolongó hasta la 1:09 horas. La cosa no quedó ahí, y los problemas continuaron el sábado 18, cuando la icónica actuación de Justin Bieber se extendió dos minutos más de lo permitido.

Como consecuencia, Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, se enfrenta a multas de más de 40.000 dólares (unos 24.000 dólares por Anyma y otros 20.000 por Bieber). Así lo ha revelado recientemente la revista especializada Billboard después de que un representante de la ciudad de Indio confirmara la información.

Otras sanciones en años anteriores

No es la primera vez que el festival recibe sanciones por este motivo. En 2009, la promotora tuvo que abonar una multa de 54.000 dólares después de que Paul McCartney se extendiera 54 minutos más allá del tiempo autorizado. El año pasado, una actuación de Travis Scott se alargó tres minutos por encima del horario previsto durante el primer fin de semana, lo que derivó en una sanción de 20.000 dólares. 

En 2024, otra multa de 17.000 dólares llegó tras el show de Lana Del Rey. La peor edición fue la de 2023, cuando el festival acumuló más de 168.000 dólares en sanciones por culpa de las actuaciones de seis artistas (Bad Bunny, Frank Ocean, The Weeknd, Skrillex, Fred Again y Four Tet) que superaron el horario pactado.

Dónde va el dinero de las multas

Este tipo de sanciones forman parte del contrato vigente firmado entre Goldenvoice y la ciudad de Indio. En ese acuerdo se establece que el dinero de las multas por exceder el toque de queda tiene un fin social, ya que se ingresa en el Fondo General de la ciudad. Con este extra para el presupuesto municipal, se financian gastos de funcionamiento de la localidad, incluyendo servicios públicos esenciales como obras públicas, policía y bomberos.