Miércoles, 30 de agosto de 2023. Pedro, vecino de Gáldar (norte de Gran Canaria), pinta la fachada del local de sus padres subido a una escalera. El establecimiento está abierto al público. Pueden verse en su interior algunas herramientas, cubos de pintura y sacos de cemento. También hay una barra, neveras y grifos de cerveza. Pero el negocio lleva meses sin actividad.

Aunque se aprecia un cartel con el nombre ‘Cafetería Piscolabis Daniel & Melo’, lo cierto es que nadie lo explota desde hace más de medio año. Pedro solo está realizando una pequeña reforma para volver a alquilarlo. Vive con sus padres en el mismo inmueble donde se encuentra el comercio, pero en la planta superior. Todo parece normal hasta que un subinspector de trabajo que paseaba por la zona se le acerca.

El agente, que no acude al local a raíz de una denuncia, sino que simplemente paseaba por ahí, le pide que se identifique. Está efectuando inspecciones en el marco de una campaña contra la economía irregular y el empleo de extranjeros en el sector de la construcción. Cree que Pedro es un trabajador, por lo que su intención es llevar a cabo un control laboral. Pero Pedro se niega. Y ahí comienzan los problemas.

El hombre le dice al subinspector que no es de su competencia exigirle la identificación y que el establecimiento pertenece a su familia. El agente le responde que debe colaborar y que tiene facultad para entrar libremente, en cualquier momento, en cualquier centro de trabajo. La discusión escala rápido. Pedro adopta una postura “violenta y amenazante”. Ni siquiera ante la presencia de un policía local de Gáldar, que le pide cooperar, se identifica. Continúa mostrando una actitud “nerviosa y dando voces”. Solo facilita sus datos ante el policía cuando el subinspector de trabajo se marcha.

Ocho meses más tarde, una propuesta de sanción llega a su buzón: multa de 12.001 euros por cometer una infracción “muy grave” de obstrucción a la labor inspectora. Daba igual que estuviera trabajando o no. Lo que se castigó fue su negativa frontal a cooperar.

Pedro recurrió por la vía administrativa, pero sus pretensiones fueron desestimadas. También acudió a los tribunales, donde el juez, esta vez, se ha apiadado (solo un poco) de él.

Una sentencia firme del Juzgado de lo Social de Gáldar recoge el relato anterior como los “hechos probados” del encontronazo entre Pedro y el subinspector, tras una “valoración conjunta” de la documentación incluida en el expediente.

El magistrado Ángel Miguel Martín Suárez defiende la “presunción de certeza” de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, establecida en el artículo 23 de la Ley 23/2015, del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, concluye que la conducta de Pedro vulneró varios preceptos de esa misma norma y también del Real Decreto 5/2000, por el que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

“No obstante”, agrega el juez, el hecho de que el establecimiento fuera de sus padres, que Pedro solo estuviera reformándolo para alquilarlo en un futuro y de que sufriera una “alteración nerviosa” ante el agente han llevado al magistrado a modificar el grado de la sanción de “muy grave” a “grave” y rebajarla a 3.750 euros, el mínimo posible.

El fallo admite que la conducta del hombre resulta “reprochable, rechazable e injustificada”. Pero aplica lo que se conoce como principio de proporcionalidad, recogido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite reducir las sanciones al grado inmediatamente inferior después de analizar “la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes”.

El magistrado detalla en la sentencia que Pedro es demandante de empleo, vive con sus padres y cuida de su madre, a quien la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias reconoció en junio de 2023 el Programa Individual de Atención, consistente en una prestación económica de casi 300 euros para cuidados en el entorno familiar.

El fallo se apoya en doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida en una resolución fechada el 5 de junio de 2025, que establece cómo y cuándo la justicia debe aplicar el principio de proporcionalidad para evitar castigos desmesurados.

Ese caso se centró en las obras realizadas por un particular para construir una piscina en una parcela protegida por su inscripción como Bien de Interés Cultural. El ciudadano inició los trabajos sin haber obtenido las autorizaciones exigidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, fue él mismo quien comunicó los hechos a la administración, que procedió entonces a abrirle un expediente sancionador por una infracción “grave”.

La normativa de patrimonio establecía que el castigo económico para este tipo de faltas debía oscilar entre los 100.001 y los 250.000 euros. Y la multa impuesta al vecino fue la mínima prevista para ese grado.

El afectado recurrió. Y el Supremo reconoció el “carácter desproporcionado” de la sanción por varios motivos. Primero, porque no hubo mala fe por su parte, ya que fue él mismo quien avisó a las autoridades. Segundo, porque quedó constatada la “falta de concreta afectación a ningún yacimiento” y la “ausencia de daño” a restos arqueológicos. Y, tercero, porque el ciudadano obtuvo finalmente la licencia para terminar la construcción de la piscina. La justicia rebajó la multa de 100.001 euros a 10.000.

“Toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras”, indica el fallo del Juzgado de lo Social de Gáldar.

Pedro reconoce a Canarias Ahora que lo ha pasado “muy mal”. La multa ha supuesto una “presión añadida” en su vida, centrada durante los últimos años en el cuidado de su madre. Asegura que jamás habría podido pagar la sanción de 12.001 euros porque no dispone de ese dinero. La de 3.750, en cambio, sí. Pero “a duras penas” y recurriendo a “los pocos ahorros” que tiene.

Dejar al perro atado a una farola, a la valla de un comercio o junto a la puerta del supermercado mientras entramos a comprar el pan o a hacer un recado rápido ha sido, durante décadas, una estampa de lo más cotidiana en nuestros barrios. Sin embargo, este gesto tan arraigado ya forma parte del pasado y es motivo de sanción. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha transformado por completo las obligaciones de los titulares de mascotas, priorizando la seguridad y el cuidado de los animales en los espacios públicos y prohibiendo de forma expresa ciertas conductas que antes considerábamos inofensivas.

El marco legal actual es muy claro respecto a las nuevas obligaciones de los propietarios en la vía pública. El Artículo 27.d de la normativa, centrado en las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía prohíbe explícitamente “mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Esta prohibición de mantener a los animales desatendidos en la vía pública se enmarca dentro de las políticas para combatir una de las grandes problemáticas actuales en España: la falta de identificación y el abandono. Según el primer estudio oficial sobre la gestión de la protección animal en España, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más del 80% de los perros y gatos que llegan a los centros de recogida no están identificados con chip.

De forma concreta, el estudio revela lo siguiente:

Infracciones y sanciones de la Ley de Bienestar Animal

El marco regulador de la normativa determina en su Artículo 72 que constituyen infracciones administrativas todas las acciones u omisiones que incumplan las obligaciones o prohibiciones dispuestas en la ley. Para garantizar una aplicación justa de la norma, estas conductas se clasifican en tres niveles diferenciados (leves, graves y muy graves) según la naturaleza de la falta, el riesgo generado o el daño físico ocasionado al animal. Este cuadro sancionador se traduce en un estricto baremo de multas económicas cuyos ingresos, tal y como dictamina la propia ley, se destinarán íntegramente de forma finalista a la financiación de actuaciones y planes públicos enfocados en la protección de los animales.

Asimismo, el Artículo 77 contempla la aplicación de sanciones accesorias que complementan a la multa económica según la naturaleza de los hechos. Así, ante una falta leve, el infractor puede ser obligado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de formación en bienestar animal, mientras que en los casos más graves la autoridad puede intervenir al animal para trasladarlo a un centro de protección o la inhabilitación para la tenencia de mascotas. Para fijar la cuantía exacta y graduar estas sanciones, el Artículo 78 establece que las autoridades tendrán en cuenta criterios clave como el perjuicio causado al animal, la continuidad de la conducta o el grado de culpabilidad, intencionalidad, imprudencia o negligencia del responsable.

La normativa de tráfico en España establece la obligación de los usuarios de comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni generen peligro o perjuicio para otros, así como conducir con la diligencia necesaria para evitar daños propios o ajenos, tal y como recoge el Reglamento General de Circulación en sus normas generales de comportamiento.

El semáforo en rojo

Dentro de esta regulación, la luz roja no intermitente tiene un significado inequívoco: prohíbe el paso. La normativa establece que los vehículos no deben rebasar el semáforo ni la línea de detención más próxima, y tampoco internarse en la intersección cuando la señal se encuentra en rojo, lo que implica la obligación de detener completamente el vehículo hasta que la señal cambie.

El incumplimiento de esta señal constituye una infracción grave dentro del sistema sancionador. Según la información disponible, saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Esta sanción se aplica tanto si el conductor atraviesa completamente el cruce como si rebasa la línea de detención cuando la luz ya está en rojo.

Además, esta infracción puede detectarse por distintos medios. Puede ser notificada directamente por un agente de la autoridad o mediante sistemas automáticos como los dispositivos de control con cámara. Para que la denuncia sea válida, estos sistemas deben registrar una secuencia de imágenes que muestre al vehículo antes y después de la línea de detención con el semáforo en rojo, acreditando así la infracción.

Excepciones de la norma

Existen, no obstante, situaciones excepcionales en las que se permite sobrepasar la señal roja. La normativa contempla dos supuestos concretos: cuando así lo indica un agente de la autoridad, cuyas órdenes prevalecen sobre cualquier señal, y cuando es necesario ceder el paso a vehículos prioritarios en servicio de emergencia. Fuera de estos casos, la obligación de detenerse se mantiene.

El semáforo en ámbar

En el caso del semáforo en ámbar fijo, la normativa introduce una matización relevante. Esta señal obliga también a detenerse, pero admite una excepción cuando el vehículo se encuentra tan próximo al lugar de detención que no puede frenar en condiciones de seguridad, en cuyo caso se permite continuar la marcha con precaución.

Si no se da esta circunstancia y el conductor no se detiene ante la luz ámbar fija, la conducta puede ser sancionada cuando se considera que existía la posibilidad de detenerse sin riesgo. En estos casos, la sanción puede llegar a ser de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir, en función de las circunstancias en las que se produzca la maniobra.

Por su parte, la luz ámbar intermitente tiene un significado distinto, ya que no prohíbe el paso. Esta señal indica la obligación de extremar la precaución y respetar las normas de prioridad, actuando en función de las condiciones de la vía, sin que su incumplimiento conlleve sanción económica ni pérdida de puntos en los mismos términos que un semáforo en rojo.

¿Se pueden recurrir?

Recibir una multa por saltarse un semáforo no implica necesariamente que no pueda ser recurrida. Entre las opciones disponibles se encuentran solicitar pruebas como fotografías o vídeos, comprobar el correcto funcionamiento del semáforo o verificar la señalización y la visibilidad del lugar en el que se produjo la infracción, elementos que pueden ser determinantes en la revisión del expediente.

El procedimiento de recurso sigue una serie de pasos concretos. El conductor debe revisar la notificación para comprobar que los datos son correctos, analizar si existen motivos para recurrir, solicitar las pruebas disponibles y preparar las alegaciones correspondientes. Posteriormente, dispone de un plazo de 20 días naturales desde la recepción de la notificación para presentar el recurso. Si la administración lo desestima, puede interponerse un recurso de reposición o acudir a la vía judicial; si se acepta, la multa queda archivada.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

En las últimas horas, el portavoz del Partido Riojano en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado públicamente la “eliminación de árboles de las calles de Logroño”. Denuncia pública que también ha hecho llegar en forma de queja al área de Medio Ambiente de Logroño para que “investigue este caso”.

Y al parecer la investigación ya tiene consecuencias. Y es que, tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento de Logroño a Rioja2, “el Consistorio iniciará un proceso de expediente sancionador a la empresa constructora responsable de las acciones tras comprobar la forma en la que se han retirado dichos árboles en la calle Torrecilla en Cameros”.

La empresa constructora de varias viviendas en el solar en esta zona de Logroño “tenía permiso para eliminar cinco árboles en las inmediaciones del solar en construcción porque la supervivencia de los mismos corría peligro una vez comenzasen los trabajos”, explican fuentes municipales. “Además, uno de ellos estaba ubicado en el espacio de acceso a la misma”.

Y aunque tenían permiso para eliminar cinco árboles, desde el Ayuntamiento de Logroño “lamentan el modo en el que estas acciones se han llevado a cabo por lo que prevé iniciar un proceso sancionador por esta actuación, según lo establecido en la ordenanza municipal de zonas Verdes y Mobiliario Urbano”. Y esta ordenanza establece una sanción económica de entre 100 y 900 euros por causar daños a árboles, plantas o césped.

La licencia concedida por el Ayuntamiento de Logroño a la empresa constructora, además de permitir la retirada de cinco árboles, también recogía el compromiso de “suministrar 27 árboles para su plantación en espacios verdes”. De hecho, “el parque Municipal de Jardinería ya ha recibido cinco de estos ejemplares: cinco Ttilia platyphyllos de calibre 14-16 centímetro que ya se han plantado”. Árboles que se podrán plantar en cualquier zona de Logroño, “y no necesariamente en esa zona”, en la calle Torrecilla en Cameros de donde han sido retirados.

La unidad inspectora de la Generalitat de Catalunya ha abierto 529 expedientes sancionadores en zonas de mercado de alquiler tensionado, según datos del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. El 79% de ellos tiene que ver con alquileres que superaban el precio estipulado por la normativa. La cifra corresponde a las actuaciones iniciadas desde principios de 2025, cuando se aprobó el régimen sancionador en materia de vivienda.

El 74% de los expedientes se han iniciado de oficio por la propia inspección, mientras que el 26% restante se han activado a partir de denuncias de particulares. Con todo, la gran mayoría, el 89%, están en fase de diligencias previas, desgranan en un comunicado publicado este jueves. Solo en siete casos se ha iniciado ya formalmente el expediente sancionador.

Desde el departamento destacan que el despliegue del cuerpo de inspectores se está realizando de forma “progresiva” y “coordinada” con los ayuntamientos. Cabe recordar que la creación del grupo de inspectores, así como el inicio de las primeras sanciones, era una exigencia de los Comuns para negociar presupuestos.

La fase de diligencias previas es la primera del procedimiento y corresponde a la investigación inicial de los hechos denunciados o detectados. Un 10% de los expedientes (51) han sido archivados, ya sea en esta fase (18) o de forma definitiva (31), mientras que 2 han sido anulados. La principal causa de archivo en denuncias de particulares es que el contrato de alquiler era anterior a la entrada en vigor de la ley y, por tanto, no estaba sujeto a la normativa.

En los casos en los que se supera la renta máxima permitida (79%), algunos investigan únicamente esta infracción, mientras que otros combinan varias vulneraciones, como repercutir indebidamente gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato al inquilino, o no indicar la condición de gran tenedor o el precio.

También se han detectado casos en los que no se especifica la finalidad del contrato, correspondientes a alquileres de temporada o de uso distinto al de vivienda habitual.

En el marco de la colaboración con la administración local, se han realizado inspecciones conjuntas con el Ayuntamienti de Barcelona. El 15 de abril se llevaron a cabo 17 inspecciones en 11 ubicaciones de la ciudad, con el apoyo de la Guardia Urbana. Se detectaron 12 viviendas con posibles incumplimientos, principalmente pisos destinados al alquiler de habitaciones, y las investigaciones siguen abiertas.

Por territorios, la demarcación de Barcelona concentra el 76% de los expedientes (402), seguida de Tarragona con 60 (11,3%), Girona con 48 (9%) y Lleida con 19 (4%). A nivel municipal, la ciudad de Barcelona acumula 210 expedientes (40% del total). Destacan también Girona con 31 expedientes, Badalona con 23 y Sitges con 14.

El Juzgado de Instrucción número 3  de Arrecife (Lanzarote) ha abierto un procedimiento, ante la querella formulada por la Fiscalía contra siete trabajadores municipales, por la anulación de multas de tráfico en la ciudad desde el año 2016.

Esto se produce después de que el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, mandatara el 18 de octubre de 2025 una investigación reservada e interna para esclarecer las anulaciones de tráfico practicadas por trabajadores municipales desde el año 2016, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

La investigación, de carácter reservado, fue mandatada por el alcalde, que además es responsable directo de la Policía Local, con una providencia donde ordenó la “apertura de información reservada, iniciar información reservada para investigar todas y cada una de las multas presuntamente retiradas o anuladas en el sistema CGI por responsables municipales, esclarecer la relación completa de expedientes afectados (nº expediente, matrícula, infracción, fecha y estado) y el usuario/ usuarios que ejecutaron cada acción en CGI, fecha y hora, motivo invocado y soporte documental”.

Para el desarrollo de esta investigación reservada, el alcalde ordenó que se implantaran “medidas cautelares para bloquear temporalmente” la capacidad de anulación/cancelación en CGI por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, “sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes”.

Posteriormente el alcalde solicitó a la Asesoría Jurídica que trasladara a la Fiscalía la investigación interna para depurar las responsabilidades sobre estas anulaciones que se cifraron en casi 2.300 multas por una cuantía próxima a los 600.000 euros, siendo presuntamente retiradas entre los años 2016 y 2025.

El público grita “otra, otra” y el artista canta una más de sorpresa, haciendo que el concierto dure un poco más de lo previsto. El artista tiene un pequeño problema en directo, lo que acaba alargando la actuación unos minutos. Son solo algunos de los eventos posibles que pueden ocurrir en un concierto. Sin embargo, un festival de la talla de Coachella no puede permitirse esos desajustes, por muy mínimos que sean, porque cada minuto extra sale caro.

No es una exageración. El festival que se celebra en la ciudad de Indio (California) desde 1999 tiene un acuerdo con las autoridades para que los conciertos terminen a la una de la mañana los viernes y sábados, y a las doce los domingos. ¿Qué pasa si alguno de los shows se alarga? Coachella recibe una multa de 20.000 dólares por los primeros cinco minutos que exceda el límite del toque de queda.

Aunque en su primer fin de semana de esta edición el festival de música respetó estos límites horarios, no ocurrió lo mismo en el segundo. El pasado viernes 17 de abril, la actuación del DJ y productor Anyma, que comenzaba a medianoche, se prolongó hasta la 1:09 horas. La cosa no quedó ahí, y los problemas continuaron el sábado 18, cuando la icónica actuación de Justin Bieber se extendió dos minutos más de lo permitido.

Como consecuencia, Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, se enfrenta a multas de más de 40.000 dólares (unos 24.000 dólares por Anyma y otros 20.000 por Bieber). Así lo ha revelado recientemente la revista especializada Billboard después de que un representante de la ciudad de Indio confirmara la información.

Otras sanciones en años anteriores

No es la primera vez que el festival recibe sanciones por este motivo. En 2009, la promotora tuvo que abonar una multa de 54.000 dólares después de que Paul McCartney se extendiera 54 minutos más allá del tiempo autorizado. El año pasado, una actuación de Travis Scott se alargó tres minutos por encima del horario previsto durante el primer fin de semana, lo que derivó en una sanción de 20.000 dólares. 

En 2024, otra multa de 17.000 dólares llegó tras el show de Lana Del Rey. La peor edición fue la de 2023, cuando el festival acumuló más de 168.000 dólares en sanciones por culpa de las actuaciones de seis artistas (Bad Bunny, Frank Ocean, The Weeknd, Skrillex, Fred Again y Four Tet) que superaron el horario pactado.

Dónde va el dinero de las multas

Este tipo de sanciones forman parte del contrato vigente firmado entre Goldenvoice y la ciudad de Indio. En ese acuerdo se establece que el dinero de las multas por exceder el toque de queda tiene un fin social, ya que se ingresa en el Fondo General de la ciudad. Con este extra para el presupuesto municipal, se financian gastos de funcionamiento de la localidad, incluyendo servicios públicos esenciales como obras públicas, policía y bomberos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revocado dos multas que le fueron impuestas a un conductor en los radares de tramo que se han instalado en la autovía A-7, en su tramo entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz, tras recibir una denuncia del afectado en el que exponía que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En la resolución, que fue adelantada por Europa Sur y a la que ha tenido acceso Europa Press, la DGT deja sin efecto las sanciones impuestas, de 300 euros en un caso y de 100 euros en el segundo, al mismo conductor.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

“Sanciones ilegales”

Los hechos tuvieron lugar después de que un trabajador de la empresa Arreza Seguros recibiera dos multas tras pasar el 22 de septiembre y el 15 de octubre del pasado año por el citado tramo regulado por radares, que detectó que se habían superado en ambos casos los 80 km/h fijados por estos elementos.

Ante esto, el afectado reclamó las multas alegando que “el control radar de tramos está limitado a 80 km/h pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h”, considerando dichas sanciones “ilegales”. Desde Arreza Seguros han advertido que puede haber “muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales” al ser también multadas por este radar de tramo.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384, y la A-2001.

Los radares de tramo son un sistema de cámaras que graban de forma continua e identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción, pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción, como define la DGT estos sistemas.

Para peatones y al volante. El teléfono móvil se ha convertido en el peor aliado en la carretera, porque supone un foco de distracción para todos, tanto para viandantes como para conductores, que apartan su vista para fijarse en alguna de las notificaciones que aparecen en la pantalla, pese al riesgo que conlleva para su seguridad, recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Tráfico lanza frecuentemente campañas de concienciación para erradicar el uso de este dispositivo en la carretera. De hecho, a través de sus redes sociales, ha llamado la atención sobre esta infracción ahora que se están produciendo miles de desplazamientos: “El uso del teléfono móvil es uno de los principales despistes al volante. Esta Semana Santa conduce con cero distracciones”. 

La DGT recuerda que se trata de una infracción “muy común” y que está castigada con una multa económica y con la retirada de puntos del carnet de conducir. Sin embargo, la sanción es distinta dependiendo de si el conductor agarra el teléfono móvil o toca la pantalla del mismo. 

Multas por utilizar el móvil

El uso indebido del teléfono móvil mientras se conduce continúa siendo la distracción sancionable más frecuente al volante, recuerda la dirección dependiente del Ministerio del Interior. Utilizarlo mientras se conduce pone en peligro la vida del conductor y del resto de usuarios, también de los peatones en el caso de las vías urbanas. 

Sin embargo, su uso está castigado de diferente manera. Supone una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir si se utiliza, aun estando fijo en un soporte. La sanción es mayor si se sujeta con una mano, porque supone la retirada de seis puntos del carnet de conducir. La multa económica es la misma (200 euros). 

Entonces, ¿tampoco se puede poner el navegador en el teléfono móvil? Esto último sí está permitido, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, aunque también con excepciones. “Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”, detalla la norma. 

Sin percepción de peligro

Muchos conductores no solo utilizan el móvil al volante, aunque sea de forma puntual, sino que no perciben que esa acción entrañe un riesgo para su seguridad. Así lo apunta el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en su informe monográfico sobre distracciones al volante de 2023, donde se recoge que el 29 % de los conductores admite usarlo sin utilizar funcionalidades manos libres y un 24 % lo utiliza para leer mensajes de texto o comprobar redes sociales.

Las pantallas, los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos no son buenos compañeros de viaje, porque terminan en distracciones al volante y en accidentes que, en muchos casos, cuestan vidas. La Dirección General de Tráfico (DGT) es tajante al respecto: en el coche, solo hay que tener ojos para la carretera y no atender a otros factores externos. 

También apunta en esa dirección Reglamento General de circulación en su artículo 18, donde detalla que el conductor de un vehículo está obligado a mantener una atención permanente. Y eso se considera incompatible con el uso de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD, siempre que el vehículo esté en movimiento. 

Entonces, ¿está permitido el uso del manos libres en nuestro país? ¿en qué situaciones? La respuesta es sí, aunque con excepciones, detalladas en el texto impulsado por el Ministerio del Interior y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”, según se detalla en el artículo 18. 

Es decir, el conductor puede hacer uso del manos libres siempre que pueda controlarlo desde el volante o de viva voz, por ejemplo, para recibir una llamada entrante o pedirle que llame algún contacto de nuestra agenda. El resto de situaciones no están permitidas, aunque las infracciones de este estilo están a la orden del día. 

Utilización del móvil al volante

Según denuncia la DGT, no todos los conductores siguen lo establecido por la normativa y el uso de dispositivos electrónicos sigue repitiéndose con el vehículo ya en marcha. Tráfico denuncia que una buena parte de los conductores sigue utilizando el teléfono móvil cuando está al volante, poniendo en riesgo la seguridad del resto de pasajeros y de usuarios de la vía. 

Además de poner en riesgo la seguridad, Tráfico recuerda que el conductor se expone a una importante sanción por utilizar el teléfono móvil mientras conduce, aunque este dispositivo esté colocado en el salpicadero y no tengamos que cogerlo necesariamente. 

Tocar la pantalla del teléfono móvil con el vehículo en marcha está considerado como una infracción grave y conlleva una multa económica de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. Si lo cogemos y lo manipulamos, el castigo es mayor: misma sanción económica, pero retirada de seis puntos del carnet de conducir.  

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU se salvó de una multa de hasta 601.012,10 euros por una infracción “muy grave” de la normativa sanitaria tras haber embalsamado durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado. Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

¿Cuáles han sido esos atenuantes que han beneficiado a la Universidad Cardenal Herrera-CEU? Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, “el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”. Unos argumentos llamativos si se comparan con la actuación de otros organismos sancionadores, como la Dirección General de Tráfico, la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.

En el mismo informe, los inspectores concluyeron que los hechos estaban plenamente acreditados. “En la inspección practicada, se solicitó información acerca de la persona encargada de la realización de las técnicas de conservación de los cadáveres. La compareciente en la inspección, en calidad de vicerrectora de Investigación y Transferencia, manifestó que era don C.R.M., no habiéndose realizado ninguna técnica de conservación de cadáveres por parte de otro profesional”, explicaron. Esta persona, que además es la denunciante de las irregularidades, era la “encargada de la realización de las prácticas de conservación de los cadáveres y no dispone de la titulación de médico, tal como se indica en el artículo 35 del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, modificado por el Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell. Las técnicas de embalsamamiento y conservación transitoria han de ser realizadas por un médico designado libremente por la familia”.

Además, la calificación de los inspectores también fue muy clara: “El hecho constitutivo de la presunta infracción que se le imputa en este procedimiento contiene circunstancias y elementos suficientes para calificar la infracción como muy grave, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35.c.1) de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y el artículo 102 de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b) del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el reglamento que regula las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana”, certifica el documento de propuesta de sanción.

La propuesta de sanción atenuada se presentó a principios de febrero. El expediente tiene un plazo de hasta nueve meses para su resolución.

Por exceso de velocidad, por utilizar el teléfono móvil, por no llevar puesto el cinturón, por no utilizar correctamente el sistema de retención infantil (SRI), por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada o por conducir bajo los efectos del alcohol. Son algunas de las infracciones más recurrentes en las carreteras españolas, de acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dependiendo la gravedad de la infracción, el castigo puede conllevar la pérdida de puntos del carné de conducir, una sanción económica o ambas. Si se trata de una multa y no se tiene la intención de recurrir, Tráfico recuerda que el conductor tiene veinte días naturales para pagarla con una reducción del 50% y ahorrarse así la mitad del importe.

Sin embargo, si el infractor paga la multa en período voluntario, este renuncia a presentar alegaciones y tampoco la podrá fraccionar o aplazar la misma, recuerda en su página web el departamento dependiente del Ministerio del Interior y liderado por Pere Navarro.

Transcurridos esos veinte días y si no se ha recurrido, deberá abonarse la totalidad del importe a través del procedimiento ordinario y en un plazo de 45 días después de haber recibido la notificación. Si no, a partir de ahí, la Agencia Tributaria se encargará de cobrarla con un 20 % de recargo.

Multas sin reducción del 50% del importe

Sin embargo, el conductor no siempre puede ahorrarse la mitad del importe, aunque esté dentro del plazo de los veinte días naturales y no piense presentar alegaciones. La DGT recuerda que existen una serie de excepciones a las que no se aplicará la reducción del 50%. 

En concreto, enumera cuatro infracciones incompatibles con esta reducción: 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el conductor infractor tendrá que pagar la totalidad de la multa correspondiente y no se podrá beneficiar de la reducción de la mitad de la cuantía. 

Tanto si se aplica la reducción como si no, Tráfico aconseja a los conductores que, antes de pagar o recurrir la multa, comprueben que es de la DGT, además de revisar los datos y comprobar que toda la información que se detalla en la carta o en la notificación electrónica sea correcta. 

“He decidido que no pienso pagar y espero que mucha gente tampoco lo haga”. La que habla es Trini, una vecina de Maracena que, como decenas de conductores, acumula en su haber tantas multas por haber circulado por la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada capital que ha de afrontar un desembolso que supera los mil euros en el mejor de los casos. Dice que no pagará porque asegura sentirse “engañada” por el Ayuntamiento de Granada ya que la información sobre la ZBE es escasa y da lugar a errores que le han costado las sanciones.

Como ella, decenas de conductores están poniendo el grito en el cielo porque el Ayuntamiento de Granada ha empezado a enviar ahora las primeras multas por incumplir con la ZBE que empezaron a imponerse en octubre. Es decir, han conocido cuatro meses después que haber circulado por la capital granadina para acudir a su puesto de trabajo o a estudiar, va a suponerles un coste económico elevado. Por ello, el sindicato CCOO y el PSOE en la oposición consistorial le están pidiendo al gobierno local que recule y aplique una moratoria que impida que tantos ciudadanos deban pagar tantas multas. Afirman que la actitud del Consistorio con la ZBE genera “indefensión”.

Y tienen argumentos para defender ese postulado. Mientras el Ayuntamiento de Granada, gobernado en solitario por el PP, se escuda en que no se ha desprotegido a la población y que se ha informado en tiempo y forma, lo cierto es que son muchos los conductores que se han enterado demasiado tarde de que la nueva ZBE les supondría sanciones. Conductores que incluso ni siquiera vivían en Granada cuando comenzó la implantación de esta zona de bajas emisiones y que, por lo tanto, no podían conocer las multas a las que se exponían.

No en vano, dado que la normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de estas características, el Consistorio empezó a multar de manera escalonada desde octubre: el primer mes solo se imponía una multa, en noviembre una multa por semana y a partir de diciembre una cada día. Lo que pone en jaque a todos los que han utilizado sus vehículos en estas semanas sin saber a lo que se exponían.

Créditos para pagar multas

Ese es el caso de Jorge, un joven de 29 años que empezó a trabajar en la capital granadina a finales de octubre y que ahora estima que se enfrenta a más de 8.000 euros en multas por la ZBE. Es trabajador fijo discontinuo y cada día recorre los 180 kilómetros que le separan de Jaén en cada ida y vuelta para acudir a su puesto. Entraba a Granada por la zona norte sin saber que su vehículo, matriculado en 2004, quedaba fuera de los permitidos.

“Si me llega la primera multa en noviembre, no vuelvo a pasar”, explica. Pero no fue así. La notificación llegó meses después, cuando ya había acumulado decenas de accesos sancionables. Ahora calcula que la deuda podría superar los 8.000 euros, una cifra que le resulta inasumible y que tampoco quiere recurrir porque supondría entrar en un proceso legal que le deja sin la reducción del 50% por pronto pago y le hace afrontar otra deuda en abogados y juicios.

“No puedes avisar a un ciudadano cuatro meses y medio después”, lamenta. Aunque sospecha que no todas serán tramitadas, no tiene confirmación oficial y, en todo caso, denuncia que desde el Consistorio apenas se le han ofrecido soluciones. “Igual tengo que acabar pidiendo un crédito”. Lo que sí ha cambiado desde que recibió la primera sanción es que ahora hace uso del vehículo que le ha prestado un familiar y que sí cumple con los requisitos que exige la ZBE de Granada.

El patrón se repite. Trini, desempleada y sin ingresos, utilizaba su coche –de enero de 2005– para desplazarse desde Maracena a Granada en busca de trabajo. Accedía por la zona de Juan Pablo II convencida de que las cámaras estaban situadas más al interior de la ciudad. “Apenas se ve la señalización y aunque fuera una sola multa, ya es un roto para personas como yo”, resume. En su caso, no se trata de elegir entre pagar o recurrir: asegura que no tiene medios económicos para afrontar la sanción. “Si tuviera dinero, tendría un coche nuevo”, lamenta. Según cuenta, además, ella se informó previamente mediante la web de la ZBE que tiene habilitada el ayuntamiento y con la que creía que “no estaba cometiendo ninguna irregularidad”.

En todo caso, las multas comenzaron a imponerse en octubre de 2025, después de que en abril el Ayuntamiento aprobara la ordenanza que regula la ZBE. Desde entonces, según relatan los afectados, las sanciones han ido llegando de forma acumulada y sin aviso previo efectivo. La consecuencia es que conductores que han accedido a diario a la ciudad para trabajar, estudiar o cuidar de familiares han visto cómo, de golpe, se enfrentan a deudas de miles de euros.

¿Ganar población?

Muchos de estos afectados han acabado recurriendo a CCOO Granada para denunciar su situación. El sindicato considera también que la aplicación de la ZBE en la ciudad ha generado una situación de “indefensión” para numerosos trabajadores que están recibiendo ahora –con hasta cuatro meses de retraso– sanciones acumuladas por acceder diariamente en coche a la capital para trabajar. No cuestionan la necesidad ambiental de la ZBE, pero sí su diseño y aplicación. Denuncia falta de información clara, señalización insuficiente, ausencia de aparcamientos disuasorios eficaces y carencias del transporte metropolitano, especialmente para trabajadores desplazados desde el área metropolitana o provincias cercanas.

Su secretario general, Daniel Mesa, afirma que “la mayoría de los afectados son jóvenes con coches prestados por sus padres o hermanos para poder ir a trabajar”. Y cree que desde el Ayuntamiento no se ha trabajado bien en la señalización que considera “poco clara y poco visible”. Al mismo tiempo, pone en el foco otra variable: que no importan tanto si contaminan los vehículos como el hecho de ganar población. “Para el Ayuntamiento de Granada basta con que tengas el coche empadronado en la ciudad para poder circular sin restricciones, sin importar que sea viejo y contaminante”. Mesa cree que es una estrategia consistorial para ganar población y lograr que la ciudad llegue a los 250.000 habitantes que permiten “obtener más financiación pública”.

No solo desde CCOO se censura al Ayuntamiento de Granada, sino que desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Raquel Ruz, cree que el Ayuntamiento ha de poner en marcha una moratoria inmediata y la anulación de las sanciones ya tramitadas. Ruz sostiene que la acumulación “no tiene precedentes” y que puede provocar el embargo de cuentas de familias que dependen del coche para desplazarse a diario a la capital. La socialista no cuestiona la necesidad de la ZBE, obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes por la normativa estatal impulsada por el Gobierno de España, pero sí la gestión municipal de su implantación.

Un periodo de tiempo “prudencial”

El Ayuntamiento rechaza que exista desprotección. Defiende que entre la aprobación de la ordenanza y el inicio del régimen sancionador transcurrió un periodo “más que prudencial” y que se realizó una campaña informativa en medios y redes sociales. Asegura, además, que antes de comenzar a multar se remitieron más de 70.000 notificaciones a vehículos que accedían a la zona restringida para advertir de que, en unos meses, incumplirían la normativa. También sostiene que en octubre solo se impuso una sanción por vehículo y que posteriormente se aplicó un criterio progresivo, pese a que hubiera infracciones diarias.

En cuanto a la señalización, el Consistorio afirma que cumple estrictamente la normativa y que el tamaño, tipografía y colores de las señales no son arbitrarios, sino los establecidos para este tipo de limitaciones. Niega igualmente cualquier “afán recaudatorio” o interés por “sumar empadronados”; recordando que la medida responde a un imperativo legal y a objetivos de salud pública. De hecho, aporta datos de reducción de emisiones tras los primeros meses de aplicación: un 11,59% menos de CO₂ en la zona Norte y un 20,98% menos en el entorno del Palacio de Congresos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, más allá del cruce de argumentos, la controversia ha abierto un debate de fondo sobre cómo se implementan las políticas de transición ecológica. “Quien utiliza un vehículo antiguo no tiene tampoco capacidad económica para afrontar tantas multas ni para adquirir un coche nuevo”, recuerda Dani Mesa de CCOO. Los vehículos más antiguos –los que no pueden acceder a la ZBE, salvo que estén empadronados en la ciudad– suelen estar en manos de familias con menos recursos, que no pueden asumir el coste de cambiar de coche ni siempre cuentan con alternativas eficaces de transporte público metropolitano o aparcamientos disuasorios.

Ahí es donde los afectados sitúan el problema. No discuten la necesidad de reducir la contaminación, pero sí que la carga económica recaiga de forma abrupta sobre quienes menos margen tienen para adaptarse. Mientras el Ayuntamiento defiende los beneficios ambientales de la medida, conductores como Trini y Jorge afrontan una realidad mucho más inmediata: facturas que superan los mil –o los ocho mil– euros y la sensación de haberse enterado demasiado tarde. “Lo más disuasorio es que te llegue una multa. Si te llega cuatro meses después, ya no disuade: arruina”, sentencia Mesa.

Las multas a los conductores de patinetes eléctricos en lo que concierne al uso correcto del casco –homologado y siempre abrochado–, y al chaleco reflectante –esto último, obligatorio solo en situaciones de escasa visibilidad– no serán de aplicación hasta el día 20 de marzo, pese a la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal este lunes, por un error en el proceso de notificación, vía telemática, a la Junta de Andalucía. Esto ha provocado que no quede registrada en la plataforma correspondiente, a diferencia de lo sucedido con la plataforma estatal, donde no ha habido problema en su recepción, según indican fuentes municipales a Europa Press.

Como consecuencia, los policías locales no podrán sancionar hasta esa fecha a quienes incumplan la ordenanza de patinetes en esos dos puntos en cuestión, el casco y el chaleco reflectante. Sí pueden multar a los conductores de estos vehículos de movilidad personal (VMP) si infringen la norma en otros apartados porque, en esos casos, se ha remitido la normativa local solo al Estado; por tanto, no ha habido error en la recepción de la misma, tal como añaden las mismas fuentes.

En este sentido, quienes hayan sido denunciados desde este lunes por incumplir el texto en lo que respecta a algunos de esos dos supuestos, podrían recurrir la sanción.

Todo ello obedece a que, como contempla el artículo 70.2 de la LBRL, la entrada en vigor de las normas locales, “por regla general”, requiere de la concurrencia de dos elementos: por un lado, la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), “y, por otro, el transcurso del plazo de quince días desde la recepción de la copia de la norma por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente”. Por ello, una vez que se ha procedido este jueves al registro de forma correcta, empiece a contar ese plazo de 15 días desde ahora.

Casos en los que sí se puede multar

Los agentes, por tanto, sí podrán seguir sancionando a los usuarios de patinetes si circulan por vías ciclistas con una potencia nominal de más de 250W o a una velocidad superior a los 15km/h; estacionan estos vehículos en aceras y zonas peatonales, o son anclados a elementos de mobiliario urbano o arbolado, entre otros.

La nueva ordenanza aplica a los mencionados vehículos las restricciones previstas para las bicicletas, incluida la obligación de desmontar en los horarios, fechas o circunstancias de aglomeración que así lo exijan y mantiene en los 15 años la edad mínima para circular, un requerimiento expreso hecho por la Policía Local porque considera que es la misma edad que permite el uso de una motocicleta.

Asimismo, deberán disponer de seguro de responsabilidad civil, el certificado de circulación y deberán estar registrados en el registro de la DGT. La prohibición de conducir un patinete utilizando auriculares, sistemas de audio, teléfonos móviles, cualquier dispositivo de comunicación o bajo tasas de alcohol o drogas, se mantiene de igual forma.

Las multas oscilan entre los 50 a 100 euros de las infracciones leves, los 101 a 200 euros de las infracciones graves y los 201 a 500 euros de las infracciones muy graves. Estas sanciones, tal y como ha enmarcado el Ayuntamiento, mantienen la cuantía ya establecida excepto el límite máximo de las sanciones muy graves que pasa de 400 a 500 euros.

L’embargament de part de la nòmina per una multa de més de 1.000 euros, que li va arribar fora de termini després d’entrar a Formentera amb el seu cotxe sota la limitació de vehicles, ha fet que Javier, resident a Eivissa, hagi remogut cel i terra per no haver d’abonar l’import i que hagi entrat, en els darrers dos anys, en un periple de reclamacions que sembla no tenir fi. L’afectat ha presentat ara un recurs davant l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i assegura que ni aquest organisme ni el Consell havien respost a les seves reclamacions quan es va fer efectiu l’embargament, com ja va avançar El Periódico de Ibiza.

Va ser el 2021 quan va decidir que viatjaria a Formentera amb la moto que estava a nom de la seva parella, però que conduïa ell. Al cap de dos anys, el 2023, va rebre la multa de 1.001 euros –la sanció estipulada pel Consell Insular per l’incompliment de la normativa– quan el termini per notificar-la ja estava a punt de caducar. Tampoc podia optar, per tant, a l’import reduït de la multa.

L’afectat va presentar al·legacions al Consell amb l’argument que la sanció havia prescrit i informant que la notificació inicial no havia estat vàlida, ja que havia arribat a una altra persona, no a qui conduïa el vehicle. També va considerar en l’escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, que les navilieres encarregades de transportar vehicles entre Eivissa i Formentera haurien de tenir l’obligació d’informar sobre la necessitat de tramitar els permisos, cosa que no va ocórrer. “La primera al·legació que vaig fer va ser indicar un domicili correcte per a notificacions, a Sant Antoni, que –des del Consell– van ignorar”, apunta.

L’octubre de 2025 es va iniciar l’embargament de nòmina sense haver obtingut abans resposta: “Malgrat les meves al·legacions, continuaven embargant, sense contestar res. Va ser aleshores quan vaig contactar amb mitjans de comunicació i, només després de la cobertura en premsa, vaig rebre una resposta de l’Agència Tributària, dos dies després”.

La resolució parcial de l’Agència Tributària va reconèixer irregularitats en les notificacions anteriors i va declarar nul·les totes les comunicacions prèvies, indicant que la multa havia de ser notificada de zero. No obstant això, l’afectat explica que la primera notificació oficial que va rebre, ja el 2026, incloïa un recàrrec que impedeix aplicar la reducció prevista inicialment: “En lloc de pagar 600 euros, ara la multa ascendeix a 1.001 amb recàrrec, tot i que és la primera vegada que me la notifiquen correctament”, aclareix.

En Javier va rebre una multa de 1.001 euros per anar amb la moto de la seva parella quan el termini de notificació estava a punt de caducar, cosa que li impedia reduir-ne l’import. Li van embargar la nòmina sense haver rebut cap resposta

Més de 500 multes el 2024

En el degoteig de sancions vinculades al sistema de regulació d’entrada de vehicles a Formentera, diversos residents d’Eivissa relaten el mateix escenari que, asseguren, els ha deixat amb multes de 1.001 euros malgrat haver intentat complir amb el procediment. En total, el 2024, el Consell va imposar 546 sancions i va tramitar 3.312 actes –gestionades per l’Agència Tributària– encara sense resoldre, segons ha informat a elDiario.es.

María –nom fictici a petició pròpia– és una de les residents sancionades. El setembre de 2024 va anar a Formentera durant unes hores per motius laborals i es va sorprendre quan en gener de 2026 va rebre la sanció. “Em vaig posar a plorar”, confessa. Sobretot, explica, perquè abans d’embarcar va preguntar a un treballador de la naviliera si necessitava autorització i li van respondre que no.

La limitació, però, continuava vigent fins al dia 30 d’aquell mateix mes. “És una barbaritat”, valora sobre l’import al qual s’enfronten les persones que incompleixen la normativa, moltes vegades per desconeixement. Tot i que el Consell ha recordat recentment, en al·lusió a la limitació de vehicles, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, tal com estableix l’article 6.1 del Codi Civil.

Canvi d’estat de la sol·licitud

El mateix estiu (i el mateix mes de setembre) David, d’origen argentí i treballador a l’illa, també va anar amb moto a Formentera. Dos dies abans de viatjar havia emplenat el formulari per autoritzar una moto que no estava al seu nom, sinó al d’un amic. El mateix matí del viatge va comprovar a la web que la sol·licitud figurava com a “aprovada” i, tot i així, el 2 d’octubre va rebre un correu en què se li comunicava que la sol·licitud havia estat denegada, tal com relata a elDiario.es. En les seves al·legacions, va explicar que havia viatjat “de bona fe” perquè el sistema mostrava l’autorització concedida, un argument que, afirma, va ser ignorat pel Consell. També li van indicar que, en no estar la moto empadronada a Eivissa, la sol·licitud no era vàlida.

Ara ha remès un escrit al departament legal en què sol·licita l’anul·lació de la sanció –també de 1.001 euros–. Així mateix, ha reclamat una còpia completa de l’historial d’estats de la seva sol·licitud, amb data i hora de cada modificació, i ha advertit que, si no rep resposta en un termini de deu dies, iniciarà accions administratives i judicials.

Mesura pionera

Formentera va ser la primera de les Balears, l’any 2019, a regular l’entrada de vehicles amb el projecte Formentera.eco, convertint-se en el mirall en què ara es miren la resta d’illes per evitar la saturació. La iniciativa va arrencar després del “consens entre tots” els partits polítics de la pitiüsa per alleujar la massificació a les carreteres en plena temporada turística.

Després de set temporades en funcionament, des de la Conselleria de Medi Ambient asseguren que s’ha assolit l’objectiu: el sostre de cotxes permesos s’ha reduït progressivament, passant dels 10.287 inicials als 1.732 vehicles diaris. De fet, Eivissa ja va implantar la seva limitació la temporada passada (amb l’oposició inicial de les navilieres) i Mallorca ja treballa en la seva normativa. El Consell de Formentera ha explicat que, des de 2023, amb l’entrada de Sa Unió al govern, s’ha reforçat l’aplicació de la limitació, permetent tramitar eficaçment els expedients sancionadors acumulats i garantir el compliment de la norma.

Formentera va ser la primera illa d’Espanya a limitar l’entrada de vehicles, convertint-se en un mirall en què es miren les altres per evitar la saturació

“No és just que els eivissencs estiguem subjectes a les mateixes condicions i ens enfrontem a les mateixes multes que els turistes”, valora Naor, que, quan a finals d’aquest estiu va decidir anar a passar el dia a Formentera amb la seva parella, es va topar amb l’impediment que se’ls denegava l’autorització per portar el vehicle. En advertir-los que s’enfrontaven a una multa si viatjaven sense permís, van optar per desplaçar-se fins a es Pujols i moure’s per l’illa en taxi tot i que ja era gairebé temporada baixa. El resident lamenta també que hi hagi passatgers que reservin “per si de cas” la plaça i després no en facin ús. En la mateixa línia, Marina, una altra resident, explica que el seu cotxe, 100% elèctric, pot passar sempre de manera gratuïta, “però mai hi ha places”. Per això només poden viatjar si paga el tràmit com si tingués un vehicle estàndard.

La negociació d’un nou cupo

El Consell de Formentera ha debatut aquesta setmana, en el marc del Consell d’Entitats, dues possibilitats: redistribuir el sostre de vehicles actual o mantenir el cupo de 2025. La discussió es produeix després de mesos de participació ciutadana i anàlisi tècnica de la xarxa viària en què s’han comparat, entre altres documents, els estudis de 2018 –pre Formentera.eco– i 2025, dels quals es desprèn que s’ha produït una reducció del trànsit del 14,4% (superant el compromís inicial, determinen des del Consell).

Si es comparen els estudis del 2018 —abans de la nova normativa— i del 2025, es desprén que s'ha produït una reducció del trànsit del 14,4% a l'illa, segons el Consell Insular

La primera opció, la més votada al gener, proposa una redistribució progressiva del sostre vinculada als distintius ambientals, amb una quota de 800 vehicles per a treballadors no residents i un màxim de 1.000 turismes de visitants, fins a un total de 10.355 vehicles. Mentre que la segona alternativa, sorgida de la Sectorial de Mobilitat, planteja mantenir el sostre de 2025 per consolidar l’escenari actual abans d’aplicar noves reduccions. En aquest cas, el límit de turismes de visitants seria de 1.732 i el sostre total de 10.287 vehicles, sense diferenciació específica per a treballadors no residents.

Les tres principals navilieres que connecten Eivissa amb Formentera –Trasmed, Baleària i GNV– s’han mostrat a favor d’excloure residents i temporers del cupo de vehicles per a les temporades 2026-2027 i han suggerit que s’incloguin criteris ambientals per a vehicles amb les etiquetes ‘0’ i ‘ECO’. Mentrestant, Javier ja ha preparat un recurs complet per sol·licitar la correcta tramitació de la sanció de mil euros, així com la devolució de qualsevol import embargat de manera indeguda. “El meu objectiu és que es reconegui la il·legalitat de les notificacions prèvies i se’m tracti com correspon”, conclou.

El embargo de parte de la nómina por una multa de más de 1.000 euros, que le llegó fuera de plazo tras entrar en Formentera con su coche bajo la limitación de vehículos, ha hecho que Javier, residente en Eivissa, haya removido cielo y tierra para no tener que abonar el importe y que haya entrado, en el último par de años, en un periplo de reclamaciones que parece no llegar a su fin. El afectado ha presentado ahora un recurso ante la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y asegura que ni este organismo ni el Consell habían respondido a sus reclamaciones cuando se hizo efectivo el embargo, como ya adelantó El Periódico de Ibiza.

Fue en 2021 cuando decidió que viajaría a Formentera en la moto que estaba a nombre de su pareja, pero que conducía él. Al cabo de dos años, en 2023, recibió la multa de 1.001 euros —la sanción estipulada por el Consell Insular por el incumplimiento de la normativa— cuando el plazo para notificarlo ya estaba a punto de caducar. Tampoco podía optar, por lo tanto, al importe reducido de la multa.

El afectado presentó alegaciones al Consell con el argumento de que la sanción había prescrito e informando de que la notificación inicial no había sido válida, ya que le había llegado a otra persona, no a la que conducía el vehículo. También consideró en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, que las navieras encargadas de transportar vehículos entre Eivissa y Formentera deberían tener la obligación de informar sobre la necesidad de tramitar los permisos, algo que no ocurrió. “La primera alegación que hice fue indicar un domicilio correcto para notificaciones, en Sant Antoni, que —desde el Consell— ignoraron”, apunta.

En octubre de 2025 se inició el embargo de nómina sin haber obtenido antes respuesta: “A pesar de mis alegaciones, seguían embargando, sin contestar nada. Fue entonces cuando contacté con medios de comunicación y, solo tras la cobertura en prensa, recibí una respuesta de la Agencia Tributaria, dos días después”.

La resolución parcial de la Agencia Tributaria reconoció irregularidades en las notificaciones anteriores y declaró nulas todas las comunicaciones previas, indicando que la multa debía ser notificada de cero. Sin embargo, el afectado explica que la primera notificación oficial que recibió, ya en 2026, incluía un recargo que impide aplicar la reducción prevista inicialmente: “En lugar de pagar 600 euros, ahora la multa asciende a 1.001 con recargo, aunque es la primera vez que me la notifican correctamente”, aclara.

Javier recibió una multa de 1.001 euros por ir con la moto de su pareja cuando el plazo de notificación estaba a punto de caducar, lo que le impedía reducir el importe. Le embargaron la nómina sin recibir respuesta

Más de 500 multas en 2024

En el goteo de sanciones vinculadas al sistema de regulación de entrada de vehículos en Formentera, varios residentes de Eivissa relatan el mismo escenario que, aseguran, les ha dejado con multas de 1.001 euros pese a haber intentado cumplir con el procedimiento. En total, en 2024, el Consell interpuso 546 sanciones y tramitó 3.312 actas —gestionadas por la Agencia Tributaria— aún sin resolver, como ha informado a elDiario.es. 

María —nombre ficticio a petición propia— es una de las residentes sancionadas. En septiembre de 2024 recaló en Formentera durante unas horas por motivos laborales y se sorprendió cuando en enero de 2026 recibió la sanción. “Me puse a llorar”, confiesa. Sobre todo, explica, porque antes de embarcar preguntó a un trabajador de la naviera si necesitaba autorización y le respondieron que no.

La limitación, sin embargo, seguía vigente hasta el día 30 de ese mismo mes. “Es una barbaridad”, valora sobre el importe al que se enfrentan las personas que incumplen la normativa, muchas veces por desconocimiento. Aunque el Consell ha recordado, recientemente y en alusión a la limitación de vehículos, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, como establece el artículo 6.1 del Código Civil.  

Cambio de estado de la solicitud

El mismo verano (y el mismo mes de septiembre) David, de origen argentino y trabajador en la isla, también fue en moto a Formentera. Dos días antes de viajar había rellenado el formulario para autorizar una moto que no estaba a su nombre, sino al de un amigo. La misma mañana del viaje comprobó en la web que la solicitud figuraba como “aprobada” y, aun así, el 2 de octubre recibió un correo en el que se le comunicaba que la solicitud había sido denegada, como relata a elDiario.es. En sus alegaciones, explicó que había viajado “de buena fe” porque el sistema mostraba la autorización concedida, un argumento que, afirma, fue ignorado por el Consell. También le indicaron que, al no estar la moto empadronada en Eivissa, la solicitud no era válida.

Ahora ha remitido un escrito al departamento legal en el que solicita la anulación de la sanción —también de 1.001 euros—. Asimismo, ha reclamado una copia completa del historial de estados de su solicitud, con fecha y hora de cada modificación, y ha advertido de que, si no recibe respuesta en un plazo de diez días, iniciará acciones administrativas y judiciales. 

Medida pionera

Formentera fue la primera de las Balears, en el año 2019, en regular la entrada de vehículos con el proyecto Formentera.eco, convirtiéndose en el espejo en el que ahora se mira el resto de islas para evitar la saturación. La iniciativa arrancó después del “consenso entre todos” los partidos políticos de la pitiusa para aliviar la masificación en las carreteras en plena temporada turística.

Tras siete temporadas en funcionamiento, desde la Conselleria de Medio Ambiente se asegura que se ha alcanzado el objetivo: el techo de coches permitidos se ha reducido progresivamente, pasando de los 10.287 iniciales a 1.732 vehículos diarios. De hecho, Eivissa ya implantó su limitación la temporada pasada (con la oposición, en un principio, de las navieras) y Mallorca ya trabaja en su normativa. El Consell de Formentera ha explicado que, desde 2023, con la entrada de Sa Unió en el gobierno, se ha reforzado la aplicación de la limitación, permitiendo tramitar eficazmente los expedientes sancionadores acumulados y garantizar el cumplimiento de la norma.

Formentera fue la primera isla de España en limitar la entrada de vehículos, convirtiéndose un espejo en el que miran las otras para evitar la saturación

“No es justo que los ibicencos estemos sujetos a las mismas condiciones y nos enfrentemos a las mismas multas que los turistas”, valora Naor, que, cuando a finales de este verano decidió ir a pasar el día a Formentera con su pareja, se topó con el impedimento de que se les denegaba la autorización para llevar el vehículo. Al advertirles de que se enfrentaban a una multa si viajaban sin permiso, optaron por desplazarse hasta es Pujols y moverse por la isla en taxi a pesar de que era ya casi temporada baja. El residente lamenta además que haya pasajeros que reserven “por si acaso” la plaza y luego no hagan uso de ellas. En la misma línea, Marina, otra residente, explica que su coche, 100% eléctrico, puede pasar siempre de manera gratuita, “pero nunca hay plazas”. Por lo que solo pueden viajar si paga el trámite como si tuviera un vehículo estándar.

La negociación de un nuevo cupo

El Consell de Formentera ha debatido esta semana, en el marco del Consell d’Entitats, dos posibilidades: redistribuir el techo de vehículos actual o mantener el cupo de 2025. La discusión se produce tras meses de participación ciudadana y análisis técnico de la red viaria en los que se han comparado, entre otros documentos, los estudios de 2018 —pre Formentera.eco— y de 2025 de los que se desprende que se ha producido una reducción del tráfico del 14,4% (superando el compromiso inicial, determinan desde el Consell).

Si se comparan los estudios de 2018 —antes de la nueva normativa— y de 2025, se desprende que se ha producido una reducción del tráfico del 14,4% en la isla, según el Consell Insular

La primera opción, la más votada en enero, propone una redistribución progresiva del techo vinculada a los distintivos ambientales, con una cuota de 800 vehículos para trabajadores no residentes y un máximo de 1.000 turismos de visitantes, hasta un total de 10.355 vehículos. Mientras que la segunda alternativa, surgida de la Sectorial de Movilidad, plantea mantener el techo de 2025 para consolidar el escenario actual antes de aplicar nuevas reducciones. En este caso, el límite de turismos de visitantes sería de 1.732 y el techo total de 10.287 vehículos, sin diferenciación específica para trabajadores no residentes.

Las tres principales navieras que conectan Eivissa con Formentera —Trasmed, Baleària y GNV— se han mostrado a favor de excluir a residentes y temporeros del cupo de vehículos para las temporadas 2026-2027 y han sugerido que se incluyan criterios ambientales para vehículos con las etiquetas ‘0’ y ‘ECO’. Mientras tanto, Javier ya ha preparado un recurso completo para solicitar la correcta tramitación de la sanción de mil euros, así como la devolución de cualquier importe embargado de forma indebida. “Mi objetivo es que se reconozca la ilegalidad de las notificaciones previas y se me trate como corresponde”, concluye.

El que va començar amb un avís d'aturada per part de la Guàrdia Civil per excés de velocitat ha derivat en l'obertura d'un expedient sancionador contra la batlessa de Felanitx, Catalina Soler (PP), per encarar-se amb quatre agents que li van ordenar aturar el seu vehicle mentre travessava una rotonda. L'expedient, al qual ha tingut accés elDiario.es, recull que durant l'actuació policial es va enfrontar als funcionaris i va qüestionar la seva tasca amb frases com “no mereixeu vestir aquest uniforme”, “no sabeu fer la vostra feina” i “aquesta terra no exigeix molt”. La primera edil, tanmateix, assegura que no els va faltar al respecte i ha interposat recurs d'alçada davant el Ministeri de l'Interior.

Els fets, avançats per la Cadena Ser, van tenir lloc l'agost de 2025, quan els agents es trobaven prestant servei de prevenció de la seguretat ciutadana a la glorieta que convergeix amb la carretera que uneix els municipis de Felanitx i Campos (MA-5120). D'acord amb l'ofici de l'Institut Armat, els efectius van donar l'alto al cotxe que conduïa Soler per circular “a una velocitat ostensiblement superior a la permesa” en un tram limitat a 40 km/h. L'edil, segons el relat policial, va profegir aleshores expressions que haurien desacreditat la intervenció dels agents, els quals asseguren, a més, que Soler va insistir, “en to amenaçant”, en la seva condició de batlessa, “pressionant la força actuant en el desenvolupament de la seva funció”.

Després de tenir coneixement de l'obertura de l'expedient, la primera edil va titllar d'“absolutament fals” haver faltat al respecte als efectius de la Guàrdia Civil, assegurant que en cap moment va profegir expressions ofensives o injurioses i que el seu comportament va ser correcte en tot moment, limitant-se a interessar-se pel motiu de la intervenció: “Em sorprèn profundament que s'hagi pogut interpretar el meu comportament com una falta de respecte”, incideix la històrica dirigent del PP, qui assegura ser “plenament conscient del respecte que mereix l'autoritat”.

La batlessa assenyala que, en canvi, sí que es va sentir “intimidada per un abús de poder per part dels agents”, els quals –sempre segons la versió de Soler– van mostrar “un comportament i un to de veu” amb què, diu, no es va sentir “còmoda en cap moment”. Assegura que la situació es va tensar quan va sol·licitar realitzar una trucada telefònica i no se li va permetre fer-la, un extrem que els funcionaris neguen de pla. Aquests precisen que, després de preguntar-los si podia fer la trucada, li van informar que “degut a que es troba en un control policial, a efectes de que es desenvolupi el mateix en el menor temps possible se li recomana que procedeixi una vegada el mateix hagi finalitzat”.

La primera edil qüestiona fins i tot el motiu inicial de l'ordre d'aturada: assevera que circulava a la velocitat permesa, relliscant tot seguit: “Quin és el mitjà probatori que demostra aquesta 'velocitat ostensiblement superior' a la permesa que indiquen els agents?”. Soler incideix en què el procediment sancionador “es basa exclusivament en la versió dels agents actuants” i que no hi ha gravacions, testimonis independents ni altres elements objectius que corroborin els fets.

En un altre escrit, l'alt càrrec del PP reitera que “en cap moment va existir intenció d'eludir l'autoritat ni de posar en perill la integritat dels agents”, si bé argumenta que, en cas que s'haguessin produït manifestacions verbals crítiques, aquestes estarien emparades pel dret a la llibertat d'expressió, “màxim si aquestes expressions no incorren en insult o menyspreu directes, sinó que reflecteixen una opinió crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Després de rebre les al·legacions de l'edil, la Delegació del Govern va donar trasllat als quatre agents, els quals van ratificar per escrit la seva versió i van deixar constància que “sense cap mena de dubte” havien escoltat els comentaris ofensius de Soler contra ells. La posterior resolució de l'organisme dependent de l'Executiu central considera acreditats els fets sobre la base d'aquesta ratificació i recorda que les denúncies dels agents gaudeixen de presumpció de veracitat, llevat de prova en contra, per la qual cosa va decidir imposar una multa de 100 euros a la batlessa en considerar acreditades les “faltes de respecte i consideració” cap als efectius de la Benemèrita.

El document, signat l'agost de 2025, conclou que els fets encaixen en l'article 37.4 de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que tipifica com a infracció lleu les faltes de respecte a membres de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions. La primera edil va decidir interposar un recurs d'alçada en el qual qüestiona la proporcionalitat de la sanció i denuncia la “comissió de proves sol·licitades”, entre elles la declaració individual dels agents actuants i la incorporació de qualsevol suport gràfic o documental que pogués existir.

Després que la Cadena Ser informés sobre l'expedient, Soler ha sortit al pas a les xarxes socials assegurant que la multa de 100 euros és “de trànsit”, malgrat que la pròpia resolució de la Delegació del Govern, que l'alcaldessa va adjuntar juntament amb el seu recurs d'alçada, la tipifica explícitament com una sanció per faltar al respecte als agents. “Jo, a Delegació del Govern només tinc, que jo sàpiga, una multa de trànsit. Es veu que la Cadena Ser ha rebut informació de Delegació de Govern esbiaixada sobre aquesta multa amb l'ànim de fer-me mal, personal i políticament. Si és així, és un delicte”, conclou en una publicació a X. L'expedient continua ara la seva tramitació en via administrativa a l'espera de la resolució del seu recurs.

Es dóna la circumstància que Soler va ser recentment investigada arran de la denúncia que un policia local de Felanitx va interposar contra ella per suposada resistència i desobediència a agent de l'autoritat. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Manacor, tanmateix, va acordar el sobreseïment provisional i arxiu de la causa en considerar que els fets denunciats no van quedar degudament justificats.

La denúncia s'emmarcava en el creuament d'acusacions que el funcionari i la batlessa van protagonitzar l'estiu passat arran d'un informe redactat pel primer, en el qual acusava Soler d'haver-la amenaçat durant la celebració de la Festa del Vi de Portocolom del passat 12 de juliol. Des del primer moment, la primera edil va negar els fets relatats per l'oficial, inclòs que fos “borratxa”. “Vaig beure una copa de vi en tota la nit”, va assegurar en la compareixença que va oferir davant els mitjans després que l'oposició reclamés la seva dimissió.

Lo que comenzó con un alto de la Guardia Civil por exceso de velocidad ha derivado en la apertura de un expediente sancionador contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), por encararse con cuatro agentes que le ordenaron detener su vehículo mientras atravesaba una rotonda. El expediente, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que durante la actuación policial se enfrentó a los funcionarios y cuestionó su labor con frases como “no merecéis vestir ese uniforme”, “no sabéis hacer vuestro trabajo” y “esta tierra no exige mucho”. La primera edil, sin embargo, asegura que no les faltó al respeto y ha interpuesto recurso de alzada ante el Ministerio del Interior.

Los hechos, avanzados por la Cadena Ser, tuvieron lugar en agosto de 2025, cuando los agentes se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana en la glorieta que converge con la carretera que une los municipios de Felanitx y Campos (MA-5120). De acuerdo al oficio del Instituto Armado, los efectivos dieron el alto al coche que conducía Soler por circular “a una velocidad ostensiblemente superior a la permitida” en un tramo limitado a 40 km/h. La alcaldesa, según el relato policial, profirió entonces expresiones que habrían desacreditado la intervención de los agentes, quienes aseguran, además, que Soler insistió, “en tono amenazante”, en su condición de alcaldesa, “presionando a la fuerza actuante en el desempeño de su función”.

Tras tener conocimiento de la apertura del expediente, la primera edil tildó de “absolutamente falso” haber faltado respeto a los efectivos de la Guardia Civil, asegurando que en ningún momento profirió expresiones ofensivas o injuriosas y que su comportamiento fue correcto en todo momento, limitándose a interesarse por el motivo de la intervención: “Me sorprende profundamente que se haya podido interpretar mi comportamiento como una falta de respeto”, incide la histórica dirigente del PP, quien asegura ser “plenamente consciente del respeto que merece la autoridad”.

La alcaldesa señala que, en cambio, sí que se sintió “intimidada por un abuso de poder por parte de los agentes”, quienes -siempre según la versión de Soler- mostraron “un comportamiento y un tono de voz” con lo que, dice, no se sintió “cómoda en ningún momento”. Asegura que la situación se tensó cuando solicitó realizar una llamada telefónica y no se le permitió hacerla, un extremo que los funcionarios niegan de plano. Éstos precisan que, tras preguntarles si podía efectuar la llamada, le informaron de que “debido a que se encuentra en un control policial, a efectos de que se desarrolle el mismo en el menor tiempo posible se le recomienda que proceda una vez el mismo haya finalizado”.

La primera edil cuestiona incluso el motivo inicial del alto: asevera que circulaba a la velocidad permitida, deslizando a continuación: “¿Cuál es el medio probatorio que demuestra esta 'velocidad ostensiblemente superior' a la permitida que indican los agentes?”. Soler incide en que el procedimiento sancionador “se basa exclusivamente en la versión de los agentes actuantes” y que no hay grabaciones, testigos independientes ni otros elementos objetivos que corroboren los hechos.

En otro escrito, la alto cargo del PP reitera que “en ningún momento existió intención de eludir la autoridad ni de poner en peligro la integridad de los agentes”, si bien argumenta que, en caso de que se hubieran producido manifestaciones verbales críticas, éstas estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión, “máxima si dichas expresiones no incurren en insulto o desprecio directos, sino que reflejan una opinión crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Tras recibir las alegaciones de la edil, la Delegación del Gobierno dio traslado a los cuatro agentes, quienes ratificaron por escrito su versión y dejaron constancia de que “sin lugar a dudas” habían escuchado los comentarios ofensivos de Soler contra ellos. La posterior resolución del organismo dependiente del Ejecutivo central considera acreditados los hechos sobre la base de dicha ratificación y recuerda que las denuncias de los agentes gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, por lo que decidió imponer una multa de 100 euros a la alcaldesa al considerar acreditadas las “faltas de respeto y consideración” hacia los efectivos de la Benemérita.

El documento, firmado en agosto de 2025, concluye que los hechos encajan en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción leve las faltas de respeto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. La primera edil decidió interponer un recurso de alzada en el que cuestiona la proporcionalidad de la sanción y denuncia la “omisión de pruebas solicitadas”, entre ellas la declaración individual de los agentes actuantes y la incorporación de cualquier soporte gráfico o documental que pudiera existir.

Después de la Cadena Ser informase sobre el expediente, Soler ha salido al paso en redes sociales asegurando que la multa de 100 euros es “de tráfico”, a pesar de que la propia resolución de la Delegación del Gobierno, que la alcaldesa adjuntó junto a su recurso de alzada, la tipifica explícitamente como una sanción por faltar al respeto a los agentes. “Yo, en Delegación del Gobierno solo tengo, que sepa, una multa de tráfico. Se ve que la Cadena Ser ha recibido información de Delegación de Gobierno sesgada sobre esta multa con el ánimo de hacerme daño, personal y políticamente. Si es así, es un delito”, concluye en una publicación en X. El expediente continúa ahora su tramitación en vía administrativa a la espera de la resolución de su recurso.

Se da la circunstancia de que Soler fue recientemente investigada a raíz de la denuncia que un policía local de Felanitx interpuso contra ella por supuesta resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. El Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, sin embargo, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que los hechos denunciados no quedaron debidamente justificados.

La denuncia se enmarcaba en el cruce de acusaciones que el funcionario y la alcaldesa protagonizaron el pasado verano a raíz de un informe redactado por el primero, en el que acusaba a Soler de haberla amenazado durante la celebración de la Festa del Vi de Portocolom del pasado 12 de julio. Desde el primer momento, la primera edil negó los hechos relatados por el oficial, incluido que fuera “borracha”. “Bebí una copa de vino en toda la noche”, aseguró en la comparecencia que ofreció ante los medios después de que la oposición reclamara su dimisión.