“En las últimas horas del día los alumnos empiezan a acumular cansancio, a estar deshidratados, y no pueden concentrarse. Interrumpen constantemente para ir al baño a rellenar botellas y refrescarse y ya no hay manera de dar clase con normalidad”. Dolores Almudéver, profesora en un instituto de Móstoles, no ha visto todavía en su día a día la “inspiración” que, según el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, despierta el calor en los jóvenes.

No les culpa. Dar clase a 30 grados o más no es una experiencia que recomendaría. “Hay chicos literalmente tirados sobre el pupitre, diciéndote: 'Profe, lo siento, pero no puedo'. Los que están pegados a las paredes piden cambiarse de sitio”. No es que hiciera falta, pero aclara que son “estudiantes estupendos, de sobresaliente”. “El otro día una chica me dijo: 'No sé cómo vamos a aguantar aquí hasta el día 15'”, cuenta.

El consejero Mariano de Paco ha defendido este jueves desde la Asamblea madrileña que “el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración”. Las experiencias de los docentes consultados por elDiario.es contradice esa afirmación que, por otro lado, tampoco cuenta con el más mínimo respaldo científico y apunta a un desconocimiento flagrante del efecto de las altas temperaturas en niños y adolescentes.

“Son más vulnerables al calor que los adultos y pueden sufrir antes deshidratación, agotamiento o deterioro del rendimiento físico y cognitivo u otras complicaciones”, advierten desde la Asociación Española de Pediatría (AEP). Coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra este viernes, —y antes de las declaraciones del consejero de Ayuso— los pediatras habían enviado un comunicado en el que recomendaban “adaptar los centros escolares con medidas de prevención, ventilación, sombra, hidratación, climatización eficiente con energías renovables y reorganización de espacios y actividades”.

La AEP pone grados a los riesgos para los menores, que apuntan en la dirección contraria de lo expresado por el Gobierno madrileño. El calor no es fuente de inspiración, sino todo lo contrario. “Cuando un aula supera los 26-27 grados, la evidencia nos dice que empieza a deteriorarse el bienestar, la concentración y el aprendizaje; y cuando se alcanzan temperaturas superiores, estamos en un escenario de riesgo sanitario prevenible. La infancia no puede seguir siendo el termómetro pasivo del cambio climático”, advertía el coordinador del Comité de Salud Ambiental de la asociación, Juan Antonio Ortega.

Óscar Centeno, director de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria (CEIPSO) en Algete, adelanta la hora en la que ya se hace muy cuesta arriba dar clase. “A partir de la segunda o la tercera ya sube la temperatura en el aula de manera notable, por mucha ventilación cruzada o ventanas abiertas que haya”, explica. “El estudiantado acusa mucho el calor y ya no se siente capacitado para atender”.

Y se deja de dar clase de manera efectiva. “Cuando llega el calor la incidencia es clara a la hora de avanzar sobre el currículo”, explica Centenero. “Igual que les pasa a los adultos, pero ellos —en su centro hay desde Infantil hasta Secundaria— reaccionan con menos control, claro. El comportamiento deja de ser adecuado. Pero no es que se estén portando mal, simplemente están incómodos”.

En el caso de los más pequeños, añade, hay que estar especialmente atento porque se pueden deshidratar sin ser conscientes. Algo parecido refiere Almúdever, que trata con adolescentes. En ese caso los problemas surgen de la exposición incontrolada al sol en el patio. “Se pasan media hora dándolo todo en el recreo y alguno vuelve medio insolado”, cuenta.

La jornada del jueves, el termómetro alcanzó máximas de 27 grados en la ciudad de Madrid, donde se encuentra la Asamblea, con aire acondicionado. La previsión es que los próximos días se superen los 30 grados, mientras la Consejería de Educación contestó por carta a una queja formal de una familia en la que derivaba el problema a los centros, que “han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas”.

Este mismo jueves, Unicef ha indicado que “miles de niños y niñas en nuestro país pasan sus últimos días del curso escolar en aulas que, en algunos lugares, llegan a alcanzar los 35 grados, dado que muchos centros educativos no están preparados para el calor extremo”. Es este alumnado quien “paga las consecuencias” porque es a los menores a quienes “el calor afecta más, porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto”, señalan. “Esto puede causar fatiga, deshidratación o dificultades para concentrarse”.

Rafael Valentín, profesor de Educación Física, tuvo que intervenir hace unos días porque una chica casi se desmaya en el patio. Cuando la llevó a enfermería –trabaja en un centro grande—, tenía la tensión muy baja por un golpe de calor. “Parece que están esperando a que pase algo”, lamenta este docente, que cuando no puede mover sus clases a primera hora las suele cambiar para hacer actividades tranquilas que no requieran esfuerzo.

Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya incide también en la idea de que “la exposición prolongada al calor tiene un grave impacto en el rendimiento académico y el aprendizaje”. “Afecta a las habilidades cognitivas del alumnado y del profesorado y comporta una menor capacidad para realizar tareas complejas, limita la comprensión lectora, la actividad neuronal y la memoria”, apunta.

El trabajo, elaborado por Mar Satorras, del Institut Metròpoli, Isabel Ruiz Mallén, de la UOC, y Joana Ortiz, del Institut de Recerca en Energia de Catalunya, recoge también investigaciones que confirman peores resultado del alumnado más expuesto al calor en PISA: “Las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7ºC, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura”.

Después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, despachara este martes el asunto de las altas temperaturas en colegios e institutos de toda la región aludiendo a que “cuando hace calor, hace calor”, la Consejería se ha lavado las manos ante nuevas protestas formales.

Proceden de varias familias del CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán de la capital, a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado que es cosa del centro resolverlo. “En el marco de situaciones de altas temperaturas, los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas para la realidad del centro, que han de quedar recogidas en el documento elaborado para tal adaptación”, dice la carta de respuesta, firmada por la directora del área territorial de Madrid ciudad, Marta González Rodríguez.

Las palabras de Zarzalejo durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, levantaron una polvareda que esta contestación acrecenta. Las familias del Ignacio Zuloaga no pueden más. Como cientos de miles por todo el territorio, sus hijos e hijas se asan en el colegio, que apenas tiene elementos para mitigar el calor que abrasa el centro. Y como tantas comunidades educativas, han decidido pasar a la acción. Pídanle cuentas a la dirección del colegio, viene a decir ante ello la Consejería: “Disponiendo el centro de autonomía de gestión y recursos para la adopción de medidas, corresponde la solicitud de la implantación de aquellas que consideren adecuadas a la dirección del centro escolar, a través de los cauces establecidos para la comunidad educativa; esto es, en el seno del Consejo Escolar a través de sus representantes”, se lee en la misiva.

“Pero los centros públicos no tienen presupuesto para adoptar las medidas de climatización necesarias, tiene que elaborar proyectos para que las administraciones los aprueben y la administración las tumba”, expone una madre para ilustrar la “espiral sin fin” a la que se enfrentan. Para la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas (AFA) la situación es especialmente sangrante en su centro porque este colegio es de referencia en el barrio para campamentos y actividades de verano por su ubicación privilegiada, cerca de una piscina municipal y de la Dehesa de la Villa. “Las administraciones se pasan la pelota una a otra, cuando usan el colegio prácticamente todo el año”, lamenta Belén López, miembro del AFA del centro.

Ante la inacción de las administraciones, la AFA del Zuloaga se movió para conseguir una pequeña subvención y, junto al colectivo Basurama, instalar unas carpas de material reciclado que al menos dan un poco de sombra en el patio, aunque “de la forma más casera posible, porque no se puede anclar nada al suelo por normativa”, explica López. Esta madre explica que, aunque quisieran, no pueden ir más allá por una cuestión de leyes y competencias. A diferencia de otros territorios, donde las familias están organizando rifas para sufragar la climatización, desde la FAPA Giner de los Ríos les han advertido de que hay precedentes del Gobierno regional denunciando actuaciones de ese estilo.

Una plataforma para organizar y movilizar la indignación

El Ignacio Zuloaga es precisamente uno de los centros donde la plataforma Aprender Sin Calor está agitando la movilización a través de las redes y también en la calle. Este jueves 4 de junio desde las 17.00, la AFA presentará en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán una propuesta para su climatización del colegio. “La comunidad educativa de Tetuán dice basta ante la inacción de las administraciones frente a las olas de calor prematuras y el aumento global de las temperaturas. Exigimos soluciones reales urgentes: la climatización y el acondicionamiento térmico de las aulas y patios de nuestros hijos e hijas. Bajo el lema El barrio se organiza contra el cambio climático, acudiremos vestidos con indumentaria de pleno verano: chanclas, gafas de sol, flotadores, abanicos y pulverizadores de agua”, recogen en la convocatoria. Están previstas concentraciones similares en los plenos de Arganzuela (9 de junio) y Centro (el día 11).

En la iniciativa a debate en la Junta de Tetuán, de nuevo, las posibilidades legales del Consistorio con este fin son limitadas y la información que tienen en la AFA es que lo máximo a lo que aspiran es a intervenir sobre elementos como la envolvente del edificio, las cubiertas o los patios, plantando árboles o instalando pérgolas. Las perspectivas de que se apruebe, dice López, son buenas. Porque la climatización de las aulas en principio es competencia del Gobierno regional, aunque algunos municipios las han llevado a cabo en sus centros sin, de momento, problemas. Ha sucedido en Torrejón, gobernado por el PP, y en Rivas, donde manda IU.

Dimas, padre de dos niñas de 9 y 5 años en el CEIP Lope de Vega de Carabanchel, es uno de los cientos de padres y madres implicados en la iniciativa Aprender Sin Calor. Vincula su origen a la movilización de 2023, uno de los años más duros con unas altas temperaturas que empezaron ya a finales de abril. “La situación hizo que surgiera un grupo de WhatsApp que nos ha ido dando soporte, aunque es complicado organizar tanta gente. Varias familias se han animado para sacar la web, los perfiles en redes y dar visibilidad, ya que el calor una vez más está apretando cuando las clases siguen a pleno rendimiento. Se han unido AFAs de Madrid y de toda la región porque vemos la dejadez de una Comunidad que no hace nada”.

“Si digo crudamente lo que pienso tenemos que cortar esta conversación”, asevera Dimas. “Opino que es un plan para favorecer lo concertado y lo privado. A nivel administrativo te das contra una pared, porque a la temperatura se unen otros problemas como la falta de gimnasio, instalaciones deportivas o hasta una sala de profesores. Carencias que la Comunidad de Madrid debería resolver, pero no lo hace”.

“No hay ningún plan, ni trienal ni quinquenal, para acometer esto. Van con parche año tras año. La aerotermia ha tardado dos en algunos centros y en otros ni ha llegado. En el Lope de Vega conseguimos la autorización para los toldos con un contrato menor, a instancia del Ayuntamiento (propietario del suelo y mantenimiento). Pero se pasan la pelota con la Comunidad constantemente”, reprocha. No en vano, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha protagonizado importantes controversias en torno a este tema. Dimas asegura que celebran “reuniones anuales con la Junta de Carabanchel, donde todo son buenas palabras que no se cumplan”. En esta ocasión, dice, ni siquiera se ha producido ese encuentro.

Javier, padre de un niño de 3 años en el CEIP República de Venezuela de Usera, también se ha implicado en Aprender Sin Calor. El República de Venezuela, como el Zuloaga, forma parte de la más de una treintena de colegios e institutos se han sumado a una iniciativa para registrar medidas de temperaturas y síntomas. “En la mayoría de aulas de Madrid la temperatura supera los 30 grados, algo que incumple la normativa laboral”, dice. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija el rango de temperaturas en puestos de interior entre los 17 y los 27 grados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aconseja por su parte mantener los espacios nunca por encima de 26 grados.

En este contexto, donde “no es que a veces haga calor, sino que las olas van a ser cada vez más intensas” (como reflejan informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), “no queda otra opción que preparar nuestros colegios ante la nueva normalidad”. La plataforma Aprender Sin Calor “hereda una movilización que ya existía gracias a Madres por el Clima o Revuelta Escolar”. Así, “conforme crece el descontento se suma más gente”. Para Javier, “frente a un calor que con el cambio climático no va a cambiar y solo va a ir a más, lo inadmisible es que las instalaciones no ofrezcan una respuesta adecuada”.

“La idea de la plataforma surge de que en centros hay familias con experiencia de lucha y demanda en las condiciones climáticas de los centros. Esto ha ido confluyendo hacia una intervención en el pleno de abril de Usera donde tratamos de aunar esfuerzos para la mejora de los espacios en nuestro centro”, narra Sonsoles, madre de una niña de 8 años y otro de 6 en el República de Venezuela. “Nos hemos sumado a otras familias con el mismo diagnóstico y demandas. La plataforma, surgida en las últimas semanas, es prometedora. No es cosa de un colegio, de una familia, es la lucha de todos los centros de Madrid para que consigan las condiciones que merecen”. Califica de “desesperante” tener la sensación de que “tus hijos salen cocidos del colegio”.

Sangrados, cefaleas y miedo a que vuelvan a producirse golpes de calor

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales riesgos para la salud son la inflamación, disfunciones renales y potencialmente la muerte”, recuerda Javier. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025. Esta cifra representa un aumento de más del 1.035% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 114 muertes. “El de la infancia es uno de los colectivos a los que más hay que proteger, sudan menos y son más vulnerables”, recalca. Dimas alerta de que en el alumnado del Lope de Vega se han producido “sangrados nasales y cefaleas habituales estas semanas” y avisa de que “no se puede jugar con que haya que llamar al 112”.

“Queremos que ese plan incluya medidas pasivas de adaptación, como la envolvente térmica con la que cubren edificios de bloques. Es lo más sostenible. También renaturalizar los parques, no pueden ser como los de los ochenta cuando el clima es otro. Una vez hecho eso, si no es suficiente, medidas activas como la aerotermia y otros sistemas de climatización”, cuenta Javier.

Cree que todo ello obedece a “criterios objetivos y transparentes, no pedimos nada que no pida cualquier otro actor como los sindicatos, arquitectos o el propio plan del Ayuntamiento de Madrid”. Dimas tampoco entiende que se autoricen campamentos de verano en recintos que no están preparados para el calor, como el propio Lope de Vega, al que seguirán acudiendo en los meses estivales “unos 80 escolares” frente a los 420 que asisten durante el período lectivo.

La Consejería presume de un aumento del presupuesto

“Un colegio como el nuestro requiere 2,5 millones de euros para adaptarse climáticamente. Después de reclamar nos dieron 300.000”, lamenta Javier. La Comunidad de Madrid destina este curso que acaba 17,8 millones de euros “a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región”, según explicó el Ejecutivo regional en una nota a mitad de mayo. “Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas”.

“Si hay si unos 1.900 centros, hablamos de un 5% de intervenciones”, contextualiza Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y eso en el mejor escenario (en el que se cuentan las 106 actuaciones a nivel de centro), porque la nota es ambigua en su redacción y habla tanto de las envolventes térmicas de los edificios o las cubiertas como de la compra de “unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia”.

Estas últimas actuaciones solo tienen impacto a nivel de aula. En aquella nota la Comunidad adelantaba por dónde va su política para mitigar el calor: “Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol”, proponía.

Zarzalejo destacó en su acto del martes que la Comunidad de Madrid ha instalado, con una inversión de 18 millones de euros, unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y unidades adiabáticas de reducción de temperaturas para aquellos centros que carecían del recurso. “Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero no se puede pedir que tapemos el sol con un dedo”, zanjó la consejera.

La salud, la educación y el trabajo, derechos en juego

En paralelo, la vertiente laboral comienza a agitarse también desde sectores sindicales. La Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de constatar que numerosos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid registran “temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje”. Para Comisiones se trata de “un problema estructural, no una anomalía puntual”. Recuerdan que Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación por denuncias presentadas en 2018 y en 2022. Una nueva actuación de inspección, entre 2025 y 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. “Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la prevención de riesgos laborales”, lamentan.

Las mediciones, efectuadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día. La cifra se da en el IES Juan de la Cierva de Arganzuela. La organización ha registrado mediciones que superan los 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital (IES Vista Alegre, CEIP Alhambra o Colegio Raimundo Lulio), Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

Javier rescata el artículo 111 de la Lomloe para poner sobre la mesa que no hay un efecto únicamente sobre el derecho a la salud, sino también contra el derecho a la educación: “Los centros deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático o vulnerarán la legislación. Los profesores son los primeros que lo sufren”, concluye. Para Sonsoles, los cambios llegarán aunque el equipo de Ayuso escurra el bulto: “Tarde o temprano habrá medidas de calado porque se incumplen los derechos laborales. Además, es difícil que esto se apague en centros con fuerte tejido de familias que vamos a estar mínimo nueve años. Es tiempo suficiente para acumular indignación y movilización. Queremos acciones pensadas porque nuestros hijos van a pasar mucho tiempo y después vendrán otras familias. Conservamos esperanza en que las dos administraciones planteen algo realista, pero pensado y planificado. Despacito, pero lo lograremos”.

También IU llevará al pleno de mañana jueves en el Parlamento de La Rioja el calor y su repercusión en las aulas de los colegios riojanos. El diputado, Carlos Ollero, ha informado de la interpelación que que obligará al consejero de Educación, Alberto Galiana, a contestar el relato de Izquierda Unida que asegura que “no se está afrontando esta cuestión con la prioridad y los recursos económicos necesarios”.

Ollero ha apuntado cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y ha considerado que la falta de preparación de los espacios y las infraestructuras en los centros educativos es “uno de los principales problemas en el ámbito educativo” en La Rioja.

Ha denunciado que se está “claramente incumpliendo en los centros educativos de La Rioja la normativa sobre seguridad y salud laboral en los centros de trabajo con relación a las temperaturas”, ya que “está siendo habitual que se superen los treinte grados de temperatura en aulas con 25 y treinta estudiantes”. Un problema, ha dicho, “que está siendo denunciado por las familias, por los padres, por las madres, por la FAPA, los sindicatos, los docentes y los estudiantes” y que se une a otro y es, ha dicho, la falta de espacio en los centros educativos.

“Tenemos que denunciar que hace décadas que no se construye un nuevo centro por ejemplo en Logroño, donde hay muchas necesidades, y que no hay previsión de construir nuevos centros”, ha clamado.

En la interpelación del pleno, ha adelatando, se darán ejemplos de cómo se están desarrollan las clases en barracones; en espacios como la cafetería o la biblioteca; así como que se está utilizando, también, el espacio dedicado a los departamentos.

La situación más grave “que ha salido a la luz”, ha señalado, ha sido la del IES Bartolomé Cossío, de Haro, “que ha supuesto incluso la dimisión del equipo directivo y que se ha medio solventado con la utilización de la Escuela de Idiomas”. Algo que, desde Izquierda Unida, ha dicho, ven como “un parche”. Ha reclamado “más y mejores espacios para la educación pública; un plan de climatización urgente para todos los centros de La Rioja; y un protocolo específico de actuación en los centros ante temperaturas extremas”.

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

La diputada regional Teresa Villuendas ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista va a defender en el pleno de mañana jueves una Proposición No de Ley “para impulsar un Plan de Climatización y Adaptación Climática de los centros educativos públicos de La Rioja”. Villuendas ha señalado que el cambio climático “es una realidad que afecta directamente a la salud, al bienestar y al aprendizaje de miles de estudiantes riojanos”.

Teresa Villuendas ha recordado que muchos de los centros educativos “no están preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático”. Esto supone que alumnado y docentes “sufren, por un lado, el frío en invierno, con sistemas antiguos y poco eficientes de calefacción y, por otro lado, el calor asfixiante cuando se producen episodios de altas temperaturas como los que vivimos estos días”.

La diputada socialista ha dicho que “necesitamos centros educativos públicos resilientes y sostenibles, capaces de resistir los efectos y fenómenos adversos derivados del cambio climático”. Y esto pasa por tomar medidas como “el aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, ventilación natural y climatización sostenible con energías renovables y contar con patios con sombra, arbolado o con toldos o cubiertas”. Queremos, ha añadido Villuendas, “crear refugios climáticos escolares”. Y también “debemos prevenir posibles inundaciones, con sistemas de drenaje sostenible y suelos permeables”.

Así, a través de esta PNL, “instamos al Gobierno regional a realizar en el plazo de un año un estudio de necesidades y propuesta de mejora de climatización, tanto para el invierno como para el verano, de los centros educativos públicos de nuestra Región”. Y que dicho proceso “se lleve a cabo con la participación y el consenso de la FAPA”. También “proponemos que se elabore un Plan de Climatización para modernizar y adaptar paulatinamente los centros, asegurando que en el interior se mantengan temperaturas dentro de los rangos recomendados por las autoridades de salud y seguridad laboral”.

Villuendas ha afirmado que este Plan de Climatización de centros educativos “tiene que contemplar medidas urgentes para desarrollar en aquellos centros que la administración educativa determine como de actuación preferente”.

Y, junto a todo esto, “vamos a plantear que la consejería facilite la apertura de los centros educativos públicos durante los meses de periodo vacacional para el alumnado, y que se conciban como espacios sociales y comunitarios sostenibles que actúen, si es necesario, como refugios climáticos”. Finalmente, pedimos que desde la administración educativa “se potencie la educación en el respeto y cuidado del medio ambiente como elemento esencial para el desarrollo sostenible”. Y que este Plan “venga acompañado de una programación plurianual de inversiones para el periodo 2026/2031 con una dotación de 10 millones de euros”.

La adolescencia es una etapa para buscarse a uno mismo, forjar la personalidad, probar los límites y cometer errores. Cuando en medio de ese proceso aparece el absentismo escolar, suelen saltar las alarmas familiares, a veces, sin recursos sobre cómo actuar o información sobre qué está pasando.

“Si un chaval viene teniendo un desarrollo académico adecuado, es decir, llega a los objetivos de cada curso, con más o menos esfuerzo, está adecuadamente socializado y tiene una estructura adecuada en casa que le permite rendir es muy raro que de la nada empiece a faltar a clase”, introduce Abel Domínguez, psicólogo infantojuvenil y director de Domínguez Psicólogos, que en ese caso recomienda mirar qué sucede en el entorno y en su interior porque puede ser síntoma de algo más profundo.

Uno de los motores principales en esta etapa es la pertenencia al grupo y, como señala el psicólogo, son extremadamente sensibles a la opinión de sus iguales, por lo que si ese grupo refuerza el absentismo, el joven es mucho más vulnerable a seguir esa corriente. “Si yo me siento aceptado entre mi grupo siendo un 'malote', voy a buscar aumentar la probabilidad de vestir de una forma o ir con determinados amigos”, comenta Domínguez. En ese contexto, saltarse una clase puede ser una forma de ganar estatus.

No siempre se trata de una cuestión de rebeldía, detrás de un adolescente que deja de ir a clase también puede haber sufrimiento o desmotivación. “El fracaso escolar suele ser previo al absentismo”, asegura el psicólogo. “Es decir, los chavales que suspenden, sobre todo los que se han esforzado y fracasan una y otra vez, al final no resisten esa frustración y acaban de alguna manera desenganchándose de la dinámica escolar normativa”, explica.

A esto el experto suma la autoestima frágil, porque “aunque parezcan ya adultos por fuera, por dentro no dejan de estar en constante evolución emocional y en formación de su estructura psicológica”. “Son tan sensibles que a veces un simple comentario negativo de un profesor o una simple crítica los pone en emergencia o incluso les destruye su seguridad”, comenta Domínguez, que cree que esa situación puede llegar a empujar al adolescente a evitar el centro educativo para no enfrentarse a ese malestar.

En este mismo sentido, la presión que sientan desde casa o la relación con los compañeros de clase pueden ser también clave en este tipo de comportamientos. “Puede ser que falten a clase por miedo a las consecuencias de lo que pasaría si aparecen en clase o también porque haya una desmotivación y que de repente hayan encontrado alternativas más atractivas, porque consideren que es una pérdida de tiempo y que no que no van a llegar a nada estudiando o, simplemente, porque entre sus iguales se ha puesto de moda faltar clase para ir a cualquier otro sitio”, apunta el psicólogo.

Desde el punto de vista paternal, Domínguez advierte de que centrarse exclusivamente en el castigo puede bloquear al menor. “Cuando aparece un fenómeno de falta de asistencia a clase, ya sea estable u ocasional, tenemos que hablar con ellos, tenemos que interesarnos sobre todo por qué se ha hecho, para qué, qué se quería conseguir y pedir una corrección o intentar solucionar las causas”, destaca. Algunas de las pautas que el especialista recomienda a los padres son:

“Como en muchas cuestiones relacionadas con salud mental, en la infancia y la adolescencia necesitamos padres y madres formados, interesados, con capacidad de aprendizaje y con mente abierta, es decir, con capacidad para entender que lo que saben puede no ser suficiente y puedan considerar que necesitan aprender algunas habilidades para llegar a sus hijos”, concluye Domínguez.

El amianto de la cubierta del pabellón deportivo del CEIP Doctor Azúa ha puesto en pie de guerra a las familias de este centro zaragozano. Un informe técnico encargado por el AMPA concluye que el material presenta un estado de “deterioro extremo” y recomienda retirarlo “en un corto plazo de tiempo”. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sigue sin concretar una actuación, según denuncian las familias.

Preguntado por este asunto, el Departamento de Educación ha trasladado a este diario que está dispuesto a “escuchar y analizar las quejas que transmita la comunidad educativa” del centro, han recordado que el pabellón se construyó por inciativa privada y “desde entonces la explotación del pabellón ha sido gestionada íntegramente por el AMPA, con su criterio, para los usos que ha considerado y el espacio ha quedado siempre fuera de la red que conforman el resto de infraestructuras deportivas de los centros educativos de Zaragoza”. Las familias aseguran que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento de Zaragoza conocen la situación desde hace meses, pero sostienen que todavía no se ha adoptado ninguna medida preventiva ni se ha fijado un calendario de actuación. “No estamos reclamando una mejora estética ni una actuación secundaria; estamos exigiendo garantías mínimas de seguridad y salubridad para nuestros hijos e hijas”, sostienen desde la asociación.

La preocupación de las familias se remonta a 2024, cuando decidieron encargar una revisión del estado del pabellón al detectar signos de deterioro en la estructura. El estudio, elaborado por un despacho de arquitectura, una empresa especializada en análisis estructural y otra dedicada a la evaluación de materiales con amianto, concluyó que la cubierta de fibrocemento presenta un nivel máximo de degradación.

Según el informe elaborado por la empresa especializada en diagnóstico de amianto, la cubierta se encuentra en una situación de “deterioro extremo”. Los técnicos señalan que, aunque a simple vista no existen grandes roturas, sí se observa un “alto nivel de degradación” con afloramiento de fibras y deterioro en distintas zonas de las placas. Entre sus recomendaciones figura la retirada de la cubierta “en un corto plazo de tiempo” mediante un procedimiento específico de desamiantado y, mientras tanto, la adopción de medidas de estabilización.

Fuentes del AMPA explican que el hallazgo fue inesperado: “Encargamos el estudio porque veíamos la estructura deteriorada y queríamos saber en qué estado estaba. Fue entonces cuando descubrimos que había amianto y que estaba en un nivel de degradación muy elevado”. Una representante de las familias asegura que la situación va más allá del uso del pabellón. Según explica, los análisis realizados detectaron una mayor presencia de fibras en zonas próximas al edificio que en el propio interior. “El cierre del pabellón no solucionaría el problema. Nos trasladaron que donde más fibras aparecían era en el entorno, incluso en zonas exteriores al centro por donde pasa gente todos los días”, afirma.

Además de la presencia de amianto, el informe técnico advierte de problemas estructurales en la cubierta. El estudio concluye que varias de las cerchas metálicas no cumplen las exigencias que marca la normativa actual y recomienda sustituir tanto la cubierta como la estructura portante. Los autores consideran que esta opción es “la intervención más fiable y económica” una vez se proceda a retirar el fibrocemento.

Las familias explican que inicialmente intentaron buscar financiación privada para acometer las obras, pero aseguran que esta vía quedó descartada al no ser propietarias del inmueble. A partir de ahí comenzaron los contactos con las administraciones para encontrar una solución institucional.

Uno de los principales puntos de fricción es precisamente la titularidad del pabellón. Las familias aseguran que Educación ha vinculado cualquier actuación a la necesidad de aclarar quién es el propietario del inmueble. Desde el AMPA sostienen que el edificio forma parte del equipamiento del colegio y aseguran que la referencia a la asociación que aparece en el informe técnico responde únicamente a que fueron ellos quienes encargaron y financiaron el estudio. Según defienden, la titularidad del pabellón corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. “No existe ningún documento que diga que el pabellón sea del AMPA. Se construyó con aportaciones de familias hace años, pero eso no significa que sea propiedad de los padres. Forma parte del colegio y lo utiliza diariamente la comunidad educativa”. Explican también que llegaron a un compromiso con el Departamento de Educación cuando estaba bajo la titularidad de Tomasa Hernández, pero que las comunicaciones no se han recuperado.

Las administraciones tienen marcada una hoja de ruta para la eliminación de este material. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a elaborar un censo de instalaciones con amianto y fija la retirada prioritaria de los materiales que presenten mayor riesgo. Asimismo, las recomendaciones europeas sitúan 2028 como horizonte para la eliminación del amianto en los edificios públicos, con el objetivo de erradicar progresivamente este material por sus efectos sobre la salud.

Desde la asociación consideran que la discusión administrativa está retrasando una intervención que consideran prioritaria. “Hay una normativa europea que establece que el amianto debe desaparecer de las edificaciones. Esto no es un capricho, es un problema de salud pública”, añade. Ante la falta de avances, las familias reclaman que las administraciones implicadas se sienten a negociar una solución definitiva y que se establezca un calendario concreto para la retirada del amianto y la rehabilitación del pabellón. También advierten de que seguirán impulsando nuevas acciones para exigir una respuesta a una situación que consideran “insostenible”.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por supuesta agresión sexual a una niña de cuatro años por parte presuntamente de otro menor en un colegio de la localidad malagueña de Marbella.

Desde la Policía Nacional han señalado que hay una investigación que se está llevando a cabo en Marbella por un presunto delito de agresión sexual y han apuntado que “hay menores de corta edad”, por lo que han asegurado que no van a facilitar información, porque “la protección del menor prima”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga han trasladado su colaboración y la del centro educativo “en todo lo que se requiera por parte de los investigadores” ante la investigación iniciada por la Policía Nacional “por un presunto caso de agresión sexual entre menores”.

Los hechos, según la información adelantada por el diario Málaga Hoy, que cita la denuncia presentada por la madre de la niña, habrían sucedido el pasado 12 de mayo. El eje de la denuncia es el relato que la menor hizo a su madre, a quien explicó que cuando se encontraba en un baño situado junto a su clase coincidió con un alumno al que identificó como “Bro” y que, según su versión, cursaría Primaria, el cual supuestamente “le bajó los pantalones y sus bragas y le hizo daño en su zona íntima”.

Desde la delegación territorial indican a Europa Press que el centro educativo ha mantenido contacto con la familia denunciante y ha actuado para conocer las circunstancias que han rodeado los hechos denunciados; al tiempo que han incidido en que es el Cuerpo Nacional de Policía la instancia competente en la investigación del caso.

En pocos días se acaba el curso escolar y empiezan a llegar las calificaciones en las mochilas escolares o en las bandejas de entrada de los correos de los padres. Para muchas familias, este pequeño gesto contiene múltiples emociones: orgullo, ansiedad, decepción, esperanza… y las tan temibles comparaciones (e incluso quizás alguna que otra reacción de sorpresa). 

Esa letra o número impresa en un papel es solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. Indica el rendimiento de nuestro hijo en los exámenes y deberes durante unos meses. Pero revela muchas más cosas. La respuesta y la reacción que podamos tener como padres es importante porque nuestro hijo empieza a comprender su valor, su esfuerzo y su relación con el aprendizaje a largo plazo. 

Cómo responder ante las notas (y lo que el informe no dice)

Cuando las calificaciones no sean las esperadas, es probable que nuestro hijo se sienta vulnerable. El objetivo es brindarle apoyo, no añadir una fuente de presión adicional. Además, y como nos explica Nerea López, psicóloga infantojuvenil, “las notas no deberían vivirse como una medida del valor personal de un niño o adolescente, por tanto, es importante separar el resultado académico de la relación afectiva con ellos, porque perciben rápidamente la decepción aunque no se verbalice”. 

En lugar de ir directamente a la cifra y reaccionar es importante invitar a la conversación y “escuchar qué explicación hace de esa nota y cómo se sienten porque ayuda mucho hablar del proceso: hábitos de estudio, esfuerzo, motivación o posibles dificultades emocionales”, aclara López. 

Las calificaciones finales son una instantánea de una historia más compleja, por lo que frente a una mala nota puede surgir la “oportunidad para entender qué está pasando y qué necesita el menor en ese momento. Aprenden más desde la calma y el acompañamiento que desde el miedo o la presión”, afirma López. 

Si bien todos los padres quieren que sus hijos brillen y saquen buenas notas, las notas escolares no deben convertirse en una especie de evaluación pública que mida nuestro éxito en la crianza. Estas inquietudes de los padres llevan muchas veces a caer en ciertas actitudes que, en realidad, no ayudan para nada.

Evitar las comparaciones con hermanos o compañeros de clase

Comparar con los demás puede parecer inofensivo. Sin embargo, puede minar la confianza y generar vergüenza. Cada niño aprende y crece de forma distinta. Al compararse con los demás, puede desarrollar creencias internas sobre el perfeccionismo y lo que significa ser ‘suficientemente bueno’. Cuando son ellos los que se comparan con los demás, y nos dicen que a sus compañeros les ha ido peor que a ellos, “muchas veces está intentando protegerse emocionalmente o disminuir la sensación de fracaso”, advierte López, que admite además que compararse con los demás sí puede aliviar de forma momentánea, “pero no ayuda a responsabilizarse del propio proceso”. 

Tampoco ayuda que nos dirijamos a ellos con frases del tipo ‘tu hermano sí puede’ o ‘mira las notas de tu hermana’. Estas frases aparentemente inofensivas, muchas veces “generan rivalidad y afectan directamente al autoconcepto. Cada hijo necesita sentir que es valorado por quien es, no por cómo rinde respecto al otro”, matiza López.

Cuando hay hermanos, “lo más recomendable es hablar de las notas de forma individual, respetando las fortalezas y dificultades de cada menor: algunos niños son brillantes académicamente y otros tienen grandes habilidades sociales, deportivas, creativas o emocionales, y todas son importantes”, reconoce López, para la que “la relación entre hermanos puede resentirse cuando sienten que compiten por la aprobación de sus padres”. La clave está en dar valor el crecimiento personal de cada uno, “no en quién destaca más”.

Para la especialista, lo más importante es no entrar en comparaciones “y devolver la conversación a cómo se sienten ellos: ‘Más allá de los demás, ¿cómo te has sentido tú con este resultado?’ El objetivo no es buscar culpables ni medir quién va peor, sino ayudarles a reflexionar sobre qué pueden aprender de la situación”. 

Es importante respetar el ritmo y las capacidades de cada niño porque “educar desde la comparación constante suele generar inseguridad, rivalidad o autoestima basada únicamente en el rendimiento”, afirma la experta. Comparar a nuestro hijo con otros también puede hacer que pasemos por alto las cualidades únicas que posee, por tanto, ayudarle a ver sus fortalezas desde nuestra perspectiva le permite desarrollar la confianza y la resiliencia que necesita para avanzar. 

Por tanto, y aunque a veces es tentador fijarse en la nota más baja, los niños necesitan saber que son más que un simple número. De ahí que centrarnos en su crecimiento individual, sin comparaciones, puede ayudarle a sentirse apoyado y aceptado, independientemente de las expectativas externas. 

Recompensas a las notas, ¿ayudan a enseñarles que un mal resultado puede ser una forma de aprendizaje?

Muchos padres caen en la tentación de recompensar a sus hijos para que saquen buenas notas. A primera vista, parece una situación del todo práctica y beneficiosa para las dos partes: uno se asegura de que su hijo mantenga un buen rendimiento académico y el otro recibe una recompensa por su esfuerzo. 

Pero las recompensas, como las comparaciones, no son lo mejor cuando hablamos de notas. Si bien hacerlo de forma puntual no es algo negativo, sí lo puede ser si “se convierten en la única motivación ya que puede acabar estudiando solo por el premio y no por aprendizaje o responsabilidad personal”, advierte López. 

Al usar recompensas, les transmitimos el mensaje de que ‘obtienen algo’ por hacer una tarea que simplemente deben hacer como parte de la vida. Además, “a largo plazo, es más saludable reforzar el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación y que entiendan que los errores forman parte natural del aprendizaje y ayudan al cerebro a generas nuevas estrategias y conexiones”, afirma López, que concluye que “una mala nota no define a un niño sino que lo importante es qué hacemos después con esa experiencia”. 

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

Imaginen llegar a la oficina en un mes de junio, con 35 grados en la calle, y que no haya aire acondicionado. Ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Que en los despachos, fábricas y tiendas no existiera climatización ni sombra donde refugiarse en una ola de calor. De manera estructural. Lo que en la esfera de oficina y comercial es impensable, es una realidad en el trabajo al aire libre y en las aulas de toda España, que claman estos días de temperaturas extremas por planes serios, sostenidos y urgentes para adaptar las escuelas desde Infantil a Bachillerato, donde convive población considerada vulnerable a las altas temperaturas. En palabras de Ismael Palacín, director de la entidad Equitat.org, impulsora de uno de los pocos estudios que pone cifras al problema, “las escuelas del país fueron diseñadas para un clima que ya no existe”.

La temperatura media de junio de 1990 y la de 2025 tienen dos grados de diferencia. Esto, en la práctica, ha supuesto que los niños de Morón de la Frontera o Córdoba tuvieran que aprender y jugar a 43 grados al final del curso pasado. Las direcciones de los colegios muchas veces improvisan o buscan soluciones caseras de urgencia.

En Madrid, este viernes se alcanzaban 30 grados a las 9.30 de la mañana en algunas escuelas, como el centro de infantil y primaria Ermita del Santo, en el distrito de Latina. En el Instituto de Secundaria La Morería de Mislata (València), se superaban los 30 grados a primera hora de la mañana y los alumnos hacían Educación Física a 40 grados en un patio sin la sombra prometida.

El problema ya no se circunscribe a una zona concreta del país. Tampoco a los meses de verano, porque hay olas de calor también a finales de mayo, en junio o septiembre, en la vuelta al cole. El norte de España está sufriendo especialmente este mes de mayo. Por ejemplo, la Consejería de Educación de Asturias ha tenido que autorizar esta semana a dos centros públicos a cerrar por el calor —no lo pueden mitigar y admiten que no hay un presupuesto de climatización por su elevado coste, que calculan llegaría al 20% de la obra—. El gobierno vasco ha enviado una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones” después de que una niña de cuatro años tuviera que ser atendida por una ambulancia en su colegio por un golpe de calor. En Navarra, el gobierno señala que va a destinar de manera puntual un millón de euros para escuelas con alumnado vulnerable, pero admiten que el problema del calor en junio es nuevo allí y no hay un plan, que aseguran que pondrán en marcha si se repite, algo que las predicciones científicas auguran para los próximos años. En Cantabria han enviado “una ficha de información de riesgos por temperatura extrema que recoge los riesgos de estrés térmico y medidas preventivas y pautas de actuación” a los colegios ante las inusuales temperaturas.

Planes por hacer o por completar

En la mayoría de comunidades autónomas —que son las que tienen transferidas las competencias y gestionan la educación e infraestructuras desde Infantil a Bachillerato, FP y los conservatorios de música y danza— ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. Con algunas excepciones. El Ministerio de Educación, que no tiene competencias en esta gestión, apunta a elDiario.es que tiene dos programas de ayuda a la climatización de centros públicos de todo tipo, de más de mil millones, y que pueden ser solicitados por ayuntamientos y autonomías.

Pero climatizar no es solo instalar aire acondicionado. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía”, explica Carmen Alonso, investigadora del Instituto Torroja del CSIC. “Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —que además es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios”. De esta manera, el aire es más fresco y eso tiene impacto en el edificio. “También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. La experta explica que “cuando tienes esto, tienes menos demanda de energía, necesitas equipos de refrigeración más pequeños y son más eficientes”. La tercera pata de una buena adaptación climática en los colegios es que estos equipos estén alimentados por renovables.

La realidad es que, cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores, que es solo una parte de la solución. Por ejemplo, las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, han decidido directamente organizar una rifa para recaudar fondos y poder instalar aire acondicionado en el colegio ante la falta de respuesta administrativa. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro.

Para intervenir en el patio, poner árboles, toldos (como se ponen en calles comerciales), aislar o instalar fuentes de agua se necesita la implicación y financiación de las consejerías de Educación de cada autonomía o de los ayuntamientos.

Cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores

La mayoría de gobiernos autonómicos anuncian inversiones millonarias puntuales cada año, normalmente en el mes de mayo, que ya estaban previstas en los presupuestos presentados. No son partidas extraordinarias. Pese al clamor de familias, profesores y sindicatos, o no hay un plan estratégico en marcha o, si lo hay, no avanza proporcionalmente a las rápidas subidas de temperatura. Incluso a veces, como en la Comunidad de Madrid, el gobierno frena iniciativas surgidas de la comunidad educativa. Vox y PP impidieron en 2025 que se tramitara una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 72.000 firmas que pedía el aislamiento y climatización de los centros públicos. Ese mismo año, el Gobierno de Ayuso anunció 13 millones para este capítulo y calculó en 300 el número de las actuaciones climáticas hechas (hay 1.600 centros de infantil, primaria e institutos en la región).

A veces son los ayuntamientos, que tienen también parte de responsabilidad sobre la infraestructura, los que toman las riendas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), destina parte de los ingresos de la tasa turística a climatizar 30 colegios de la ciudad cada año. Con otra perspectiva, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), acaba de lanzar una petición a empresas para que ayuden a “renaturalizar” colegios y patios: “Con aportaciones a partir de 10.000 euros, las empresas que así lo deseen pueden colaborar para la renaturalización de Escuelas Infantil, Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, así como otros edificios públicos. La empresa o entidad hace la aportación y en el Ayuntamiento nos encargamos de todo lo demás”, dice el anuncio. El presupuesto del Ayuntamiento, el más grande de España, es de 6.500 millones. Es el mismo alcalde que zanjó la queja por calor que un colegio puso en septiembre instalando aire solo en la conserjería del colegio.

La velocidad en las iniciativas de confort climático son muy variables. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, aunque invierte de manera puntual, se anunció en enero de este año un plan que “se encuentra en una fase de diagnóstico de las instalaciones educativas. Tras la fase de diagnóstico, se planificarán las actuaciones para conseguir unas condiciones térmicas que garanticen el bienestar del alumnado y del personal”. Es decir, falta tiempo para que se vea el resultado en los colegios, que se van arreglando con parches o por iniciativa privada, a la vista de que junio es parte ya de fenómenos de olas de calor. A final de este año prevé que haya un diagnóstico. Una de las reivindicaciones de la huelga indefinida de profesores valencianos, que cumple su tercera semana, es que las aulas de la comunidad estén climatizadas y adaptadas al frío y al calor.

En el mismo punto está Aragón, que ha lanzado una consulta pública para “avanzar en el desarrollo del plan de mejora climática”, aunque lo hace después de recibir numerosas denuncias por las altas temperaturas en las clases. La del sindicato CGT aporta registros de hasta 37 grados en, al menos, 45 espacios educativos y acusa al gobierno autonómico de no adoptar medidas eficaces durante el último año, motivo por el cual han acudido a la Inspección de Trabajo. Algunos de los casos se logran por el derecho de los trabajadores consolidado en la legislación, no por el derecho del alumnado.

El problema cotidiano para millones de niños, adolescentes y profesores, incardinado desde hace años, ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha contestado a las quejas que recibe de ciudadanos. El informe de 2025 de esta institución explica que se habían reabierto “las actuaciones de oficio iniciadas en 2023 ante las comunidades autónomas afectadas por las elevadas temperaturas, con el fin de actualizar la información sobre el grado de ejecución de los planes de acondicionamiento de los centros”. Es decir, si lo prometido se ha cumplido o si la administración autonómica ha puesto solución.

Toldos en la feria, pero no en el colegio

La Junta de Andalucía sí tiene un plan desarrollado. Ha impulsado su propio Plan de Bioclimatización, centrado en la instalación de sistemas de refrigeración adiabática —basados en la evaporación de agua— junto con paneles solares fotovoltaicos para abastecerlos de energía renovable. Este modelo ha generado controversia entre las familias, que cuestionan que se trate de un sistema diseñado para usos industriales, no contemplado en el marco legislativo para centros escolares. Según datos de la Consejería, el plan suma 532 actuaciones ejecutadas y una segunda fase en marcha que alcanza a otros 80 centros educativos. Pero el ritmo no llega todo lo rápido que se necesita a los casi 5.000 centros públicos. El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba acaba de evidenciar la incongruencia que supone que el alcalde haya puesto toldo a todo el recinto de la Feria para bajar “hasta 18 grados” la sensación térmica, pero que haya colegios donde el sol cae a plomo: “Tienen sombras en la Feria pero no en sus colegios”, denuncia Enrique Guerra. La principal reivindicación de las familias andaluzas es el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020. En Baleares también tienen un plan específico y ha licitado una primera fase de actuaciones en doce centros con obras previstas por más de 16 millones.

En Extremadura, el nuevo gobierno PP Vox ha prometido este mes de mayo un plan que mantenga entre 23 y 27 grados la temperatura en todos los colegios. Hasta entonces, y de momento está solo el anuncio, son los equipos directivos quienes deben decidir las medidas para que los niños no padezcan: cambiar las clases de sitio, no salir al patio o reducir jornadas para evitar las horas centrales, con la pérdida de carga lectiva que eso supone.

Además de la salud y el bienestar, el calor tiene un impacto en la concentración y el rendimiento —igual que pasa con los adultos en el mercado laboral—. El informe de Equitat.org también recoge investigaciones que confirman peores resultados en el informe PISA del alumnado más expuesto al calor: las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7 °C, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura. Este informe, que ha analizado las aulas catalanas con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya, señala que casi la mitad de los edificios del sistema educativo público, 1.220 de 2.500, son anteriores al año 2000 y, por tanto, sin criterios de adaptación climática. Calcula en 130 millones la inversión necesaria en Catalunya para que los niños y sus profesores dejen de sufrir por calor, un problema que se agrava cada año y que sigue a la espera de una solución global y estructural. De momento, son los alumnos y docentes —en lugar de los edificios escolares— los que se han adaptado a las temperaturas severas.

Con información de las ediciones de elDiario.es en Cantabria, Asturias, Navarra, Andalucía, Aragón, Baleares, Euskadi y Castilla y León.

Un brote de gastroenteritis por Shigella ha afectado a 39 alumnos del colegio público de San Cucao, en el concejo asturiano de Llanera. Cinco de los menores están ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias /HUCA), en Oviedo/Uviéu.

Salud Pública ha recomendado este viernes el cierre de la cocina del centro como medida preventiva mientras está a la espera de conocer los resultados de los análisis adicionales que se han solicitado.

La mejoría

La buena evolución de los cinco alumnos ingresados hace prever que puedan recibir el alta médica en las próximas horas.

Los alumnos, de quinto y sexto de Primaria y con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, comenzaron a notar estos días fiebre, dolor abdominal y diarrea.

En principio se apuntó a la posibilidad de que la infección por shigella tuviera alguna relación con el agua, mientras continúan las investigaciones para tratar de determinar el origen de este brote.

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas. Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que “hay secreto de sumario y se está investigando”, por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que “se esclarezcan los hechos”. Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que -sin entrar en pormenores del caso- aludía a las “delicadas circunstancias” relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, “desde el primer momento” en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado “con la máxima diligencia y responsabilidad”. Apunta que está “colaborando plenamente” con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. “Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, continúa.

Por ello, apela a que “se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada”, y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga “desde el respeto absoluto” hacia los menores afectados. El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para “acompañar adecuadamente a las familias y alumnos” y concluye con un agradecimiento a la “comprensión, colaboración y responsabilidad” de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene “información directa”

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de “información directa” y ha alegado que se trata de un colegio privado. En todo caso, ha transmitido “todo el apoyo que se pueda dar a las niñas” afectadas y “a sus familias”. Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería “absolutamente despreciable”. “Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas”, ha zanjado.

Los sindicatos ANPE y UGT han exigido a la Consejería de Educación la adopción inmediata de medidas de protección frente a las altas temperaturas que soportan estos días numerosos centros educativos de Cantabria.

Ambas organizaciones sindicales han denunciado que profesores y alumnos tengan que desarrollar su actividad lectiva en aulas “sin climatización adecuada, con ventilación insuficiente y soportando durante horas temperaturas incompatibles con unas condiciones mínimamente razonables para enseñar y aprender”.

Por ello, han reclamado a Educación elaborar un protocolo o plan ante estos episodios, y desde ANPE además han requerido al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que evalúe la situación en los centros que lo han solicitado.

Los sindicatos han trasladado en sendos comunicados que la situación resulta “especialmente preocupante” en estas fechas que coinciden con evaluaciones finales, exámenes y pruebas, así como con actividades en aulas con decenas de ordenadores encendidos simultáneamente, lo que incrementa todavía más la temperatura.

ANPE ha pedido instrucciones claras y homogéneas para todos los centros educativos, medición de temperaturas en aulas y otras dependencias, priorización del uso de espacios más frescos y ventilados, adaptación de horarios y actividades en función de las condiciones térmicas o limitación de actividades físicas y exposiciones al sol en las horas centrales del día.

También reclama un refuerzo de la ventilación y acceso permanente al agua, habilitación de zonas de sombra suficientes, atención específica a alumnado y profesorado especialmente vulnerable y posibilidad de adaptación o suspensión de determinadas actividades cuando no puedan garantizarse condiciones seguras.

Plan Integral de Adaptación Climática

Asimismo, solicita la elaboración urgente de un Plan Integral de Adaptación Climática de los centros que contemple auditorías térmicas, mejora del aislamiento y ventilación, instalación de toldos, naturalización de patios, revisión de cubiertas e infraestructuras o implantación de sistemas de climatización donde sean necesarios, entre otras medidas.

Para el sindicato, es “incomprensible” que se active la alerta roja por calor y “no se articulen medidas específicas, homogéneas y eficaces” para proteger a quienes permanecen durante horas en las aulas.

Además, ha subrayado que “no puede recaer sobre los equipos directivos la responsabilidad exclusiva de gestionar esta situación sin recursos ni apoyo suficiente”.

Finalmente, ha pedido a Educación una respuesta inmediata y la apertura de una mesa específica de trabajo para abordar la adaptación térmica de los centros educativos públicos.

Por su parte, UGT también ha exigido la realización y puesta en marcha de protocolos urgentes ante condiciones meteorológicas extremas, tanto para olas de calor como para temporales de frío extremo.

Este sindicato ha reclamado medidas como la activación inmediata del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evaluar el estrés térmico en los centros educativos; reducir la jornada lectiva o suspender clases presenciales si se superan los umbrales de seguridad; invertir en un plan de choque para la adecuación bioclimática, aislamiento térmico e instalación de sistemas de ventilación; y suministro inmediato de agua y elementos de sombreado provisionales en las zonas más afectadas.

Además, aboga por remitir a los centros instrucciones precisas de la Consejería de Educación sobre la conveniencia o no de la realización de actividades extraescolares, así como de la gestión de las mismas en caso de suspensión por la climatología adversa.

Condiciones que “rozan el colapso térmico”

Tras recibir “numerosas quejas” de equipos directivos y profesorado por temperaturas de aulas que “superan con creces los límites legales permitidos”, UGT ha calificado de “inaceptable” que docentes y alumnado tengan que desarrollar su actividad diaria en condiciones que “rozan el colapso térmico”.

“No se puede enseñar ni aprender a 30 grados dentro de un aula”, ha advertido el sindicato, que ha explicado que esta falta de climatización adecuada “no solo merma el rendimiento académico, sino que pone en riesgo real la salud de toda la comunidad educativa, especialmente de los menores y del personal vulnerable”.

Por último, ha advertido que la “inacción” de la Administración supone un incumplimiento directo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “No podemos esperar a que ocurra una desgracia o un golpe de calor para tomar medidas que debieron implantarse hace años ante la evidencia del cambio climático”, ha insistido UGT, que no descarta iniciar protestas si la Consejería no convoca de inmediato una mesa técnica para abordar estas situaciones que, aunque son excepcionales, advierte que “se están convirtiendo en rutinarias debido al cambio climático”.

El Gobierno de Aragón ha reclamado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que active y financie el Plan de Adaptación Climática para centros educativos públicos comprometido en 2022, mientras continúa pendiente una solución estructural para combatir las altas temperaturas en las aulas. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha remitido este miércoles una carta a la ministra, Milagros Tolón, en la que exige que el Ejecutivo central impulse de forma efectiva un plan anunciado hace cuatro años por la entonces ministra Pilar Alegría y del que, según critica la DGA, “a día de hoy nada se sabe”.

El Ejecutivo de Jorge Azcón sostiene que aquel programa, anunciado con una inversión superior a los 200 millones de euros y planteado como un mecanismo de cooperación territorial, nunca llegó a incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que las comunidades autónomas siguen sin financiación específica para acometer actuaciones de climatización y adaptación térmica en los centros. “A día de hoy, no contamos con la constancia del desarrollo efectivo de dicho plan ni de la articulación de su financiación”, señala Susín en la carta remitida al Ministerio, en la que reclama información sobre el calendario de ejecución y los mecanismos de financiación previstos.

El Gobierno aragonés llevará esta reclamación a la próxima Conferencia Sectorial de Educación, prevista para el 3 de junio, donde la cuestión no figura en el orden del día. La consejera ha avanzado que planteará el asunto durante el turno de ruegos y preguntas. Desde el Departamento de Educación defienden que la adaptación climática de los centros requiere una respuesta coordinada entre administraciones, especialmente ante el aumento de las temperaturas y la antigüedad de buena parte de las infraestructuras educativas.

La reclamación coincide además con las críticas por las condiciones térmicas en las aulas y con la puesta en marcha de nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico. Este curso, según datos del Gobierno de Aragón, se han climatizado cerca de medio centenar de aulas de dos años y esta semana se ha presentado el plan 'Aulas que respiran', con una fase inicial de diagnóstico para evaluar necesidades en colegios e institutos públicos. Pese a ello, el Ejecutivo autonómico insiste en que las actuaciones actuales resultan insuficientes sin financiación estatal. “Resulta imprescindible que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos y aporte financiación para una actuación global en todo el sistema educativo”, sostiene Susín.

Presión sindical y malestar en los centros

La reclamación del Gobierno de Aragón llega además en plena polémica por las altas temperaturas en las aulas y después de que distintos centros educativos hayan denunciado episodios de calor extremo en los últimos días. En Zaragoza, familias de un colegio han recaudado 25.000 euros para climatizar el centro ante la falta de soluciones estructurales.

En este contexto, el sindicato ANPE Aragón ha exigido este martes al Departamento de Educación la adopción “inmediata” de medidas para proteger a docentes y alumnado frente a las temperaturas extremas registradas en distintos centros públicos aragoneses.

La organización sostiene que el calor en las aulas “no puede tratarse como una incidencia puntual” y advierte de que afecta tanto al bienestar y la salud como a las condiciones de aprendizaje y trabajo, especialmente en espacios mal ventilados, sin sombra o sin sistemas adecuados de adaptación térmica.

ANPE recuerda además que ya reclamó hace un año a la Dirección General de Personal medidas urgentes para garantizar condiciones térmicas adecuadas tanto durante el curso como en procesos selectivos, así como un plan “realista, calendarizado y dotado presupuestariamente” para adaptar las infraestructuras educativas al aumento de temperaturas.

El sindicato reclama instrucciones homogéneas para todos los centros, incluyendo medición de temperaturas, limitación de actividades físicas en las horas de más calor, refuerzo de la ventilación, disponibilidad de agua, creación de zonas de sombra y protocolos específicos cuando las condiciones térmicas impidan desarrollar la actividad educativa con seguridad.

“Los diagnósticos son necesarios, pero mientras se diagnostica también hay que proteger”, señala la presidenta de ANPE Aragón, Teresa Hernández, que reclama un plan integral de adaptación térmica con auditorías por centro, mejora del aislamiento, ventilación, sombras y sistemas de climatización donde sean necesarios.

La marea verde continuará en la lucha. Una veintena de organizaciones sindicales, políticas y de familias de la comunidad educativa aragonesa han emitido un comunicado conjunto en el que mantienen la presión contra la concertación del Bachillerato en Aragón, aunque aplazan la convocatoria de nuevas movilizaciones a la espera del fallo judicial sobre la cautelar solicitada para suspender la orden que autoriza esa concertación.

El texto, firmado por los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, los partidos PSOE, CHA, IU, Podemos, ZEC, Movimiento Sumar y PCE, y las asociaciones ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FDE, MUZ, FABZ y FAPAR, valora como “masiva, histórica y contundente” la respuesta ciudadana a las movilizaciones desarrolladas durante este curso escolar, culminadas la semana del 20 de mayo con una huelga y concentraciones y manifestaciones por todo el territorio aragonés.

Las organizaciones, sin embargo, denuncian que el Departamento de Educación no haya contactado con ellas en la semana posterior a esas protestas. Critican que la consejería esté “minimizando la respuesta en la calle”. Según el comunicado, el departamento estaría además “despreciando el color que identifica nuestra defensa de la Escuela Pública y confundiendo nuestra exigencia de un presupuesto suficiente para los centros públicos con una instrumentalización política”.

El comunicado apunta además una preocupación procesal de calado: según las organizaciones firmantes, el Departamento de Educación estaría ya comunicando a los centros privados la concesión de los conciertos para Bachillerato “sin esperar al pronunciamiento de la Sala”, pese a estar pendiente el fallo sobre la medida cautelar solicitada para suspender la orden. Por ello, anuncian que concretarán una próxima movilización en función de lo que resuelva el tribunal.

En paralelo, las organizaciones exigen a la consejera el “diálogo honesto” que ella misma anunció en su comparecencia reciente ante las Cortes de Aragón, y anuncian que registrarán una solicitud de reunión urgente para trasladarle “la voz de los miles de personas que el 20 de mayo salieron a las calles reclamando una escuela pública de calidad”.

El comunicado cierra con un mensaje de apoyo al personal de limpieza de los centros educativos, que ha iniciado una huelga indefinida en demanda de mejoras laborales.

El patio del colegio Las Gaunas de Logroño volverá a oler a feria, nostalgia y diversión. Cuatro décadas después de que las míticas barracas abandonaran definitivamente el terreno que actualmente ocupa el centro educativo, la comunidad educativa se ha propuesto recuperar la memoria popular de Logroño con una iniciativa tan entrañable como solidaria.

La cita será los próximos jueves y viernes de mayo en horario de tarde. Dos días durante los que regresará el espíritu del antiguo ferial que durante décadas se instalaba en esta zona de Logroño. Nostalgia y diversión con un objetivo: financiar el viaje de fin de curso del alumnado de sexto de Primaria.

La cita no es casual. Desde el centro explican que este año se cumple una fecha redonda y simbólica para el barrio: 40 años desde la última vez que los feriantes montaron sus atracciones en este espacio antes de la construcción del CEIP Las Gaunas de Logroño. Y para conmemorar este aniversario, familias, profesorado y AMPA han organizado unas jornadas para revivir el ambiente de las ferias “de toda la vida”.

Así, el patio acogerá las clásicas atracciones a precios populares. “Las personas asistentes podrán participar en la pesca de patitos, tiro a la carabina (sin carabina), tren chispita, tiro al mocho” y otras sorpresas que la organización no ha querido desvelar. El precio será simbólico, un euro. Los puntos conseguidos podrán canjearse por premios en la gran tómbola 'Antojitos' “en la que no faltarán algunos de los clásicos regalos de cualquier feria popular”.

Este barrio de Logroño se ha volcado con la celebración de este centro educativo. “Con las donaciones de los comercios de la zona se realizará una rifa con todos ellos: jamón, chorizo, salchichón y lotes de vino tan populares en la feria”. La banda sonora del evento estará compuesta por los grandes éxitos musicales que durante generaciones tronaron en los altavoces de las ferias, complementada con juegos de agua para refrescar las tardes de primavera.

Una cita a la que desde el colegio Las Gaunas invitan, no solo a la comunidad educativa del centro, sino al resto de niños y niñas de infantil y primaria de otros centros de Logroño.

Los escolares aragoneses se quedan sin el programa de consumo de fruta en los colegios. La consejera de Agricultura, Arancha Simón, de Vox, ha anunciado este lunes en su primera comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón que el Ejecutivo ha desistido de los contratos del programa por considerar inadmisible que una iniciativa pública de apoyo al sector agrario termine beneficiando a productores de terceros países. “No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional”, argumentó la titular del Departamento.

Con esta decisión, el Gobierno de Aragón –sustentado en el pacto PP-Vox– cierra una polémica abierta hace unos meses, cuando se descubrió el origen extranjero de varias de las entregas realizadas en los centros educativos de la comunidad, con el anterior consejero, Javier Rincón, todavía en el cargo.

Simón avanzó que la consejería va a “revisar y valorar esos contratos” para garantizar que, cuando el programa se reactive, lo haga con “fruta de calidad y de proximidad”. Sin embargo, la consejera no concretó plazos pese a ser interpelada por varios grupos de la oposición. Mientras tanto, las actividades de formación y educación alimentaria en los centros escolares continuarán en marcha. “Enseñar a comer bien y a valorar los productos de nuestra tierra también es defender a nuestros agricultores”, subrayó.

La decisión se enmarca en la posición del Gobierno frente al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opone mientras no garantice la igualdad de condiciones para los productores aragoneses. “No podemos exigir a nuestros productores estándares más exigentes mientras permitimos la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas condiciones”, señaló Simón.

Peste porcina africana

Más allá de la fruta, la consejera desgranó las prioridades de la legislatura. En materia de sanidad animal, anunció una reunión inminente con sus homólogos de Cataluña y la Comunidad Valenciana para establecer un protocolo común frente a la peste porcina africana, a la que calificó como “la principal amenaza estructural para el sector”. Los tres territorios forman el corredor de mayor densidad porcina de España, con más de diez millones de plazas solo en Aragón, y Simón advirtió de que “una respuesta descoordinada podría incrementar el daño de manera exponencial”. “Aragón no espera, actúa antes”, zanjó.

Sobre la política del agua, la consejera apostó por completar las obras del Pacto del Agua –incluyendo el recrecimiento de Yesa, la presa de Almudévar y la de Mularroya– y por retomar el proyecto del pantano de Biscarrués, tumbado judicialmente según la oposición “por un defecto de forma”. Preguntada por el trasvase del Ebro, Simón eludió el debate: “Primero habrá que hacer las obras del Pacto del Agua y luego ya veremos”.

La simplificación administrativa fue otra de las banderas de su comparecencia. “Durante demasiados años nuestros agricultores y ganaderos han tenido la sensación de que la Administración les exigía cada vez más y les ayudaba cada vez menos”, dijo. Y sobre la PAC, se comprometió a defender “hasta el último euro que corresponda a Aragón” y a oponerse a cualquier recorte, con una advertencia directa: “El campo no puede tolerar más recortes”.

 Unidas por Extremadura ha exigido este lunes a la Junta que ejecute “ya” la ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños de 2019, una norma que, ha recordado, impulsó este grupo parlamentario y que contó con el apoyo unánime de la Asamblea.

La coportavoz de la coalición, Nerea Fernández, ha vuelto a denunciar que en las aulas extremeñas la climatización es “ineficiente” y ha recordado que hay colegios e institutos que tienen que cerrar antes de tiempo “porque es imposible que los menores estén en estas aulas estudiando”.

En rueda de prensa, ha aseverado que la climatización de los colegios e institutos debería ser una prioridad desde el inicio de curso y ha apuntado que los anuncios de la Consejería de Educación al respecto es “el cuento de nunca acabar”. “Siempre que viene el verano se habla de climatización en las aulas, pero no se implementa desde el principio del curso escolar que es lo que se debería hacer”, ha indicado en este sentido.

Nerea Fernández ha reclamado además a la Junta que declare ya la época de peligro alto de incendios en Extremadura teniendo en cuenta las altas temperaturas y los incendios que ya se han producido este fin de semana, tres en la comarca de Tentudía y otro en Medellín. En concreto, ha exigido que active las plantillas de extinción de incendios, los bomberos y a los agentes del medio natural “al cien por cien” para paliar “lo que lamentablemente creemos que va a ser un verano y está siendo una primavera muy complicada con los incendios en Extremadura”.

La también parlamentaria autonómica ha informado además de que Unidas por Extremadura ha estado este fin de semana en Madrid acompañando las reivindicaciones de la ciudadanía extremeña, entre ellas las de las técnicas de Educación Infantil (TEI) en su demanda de mejoras laborales. En este caso, ha exigido a la consejera de Educación, Sandra Valencia, que se reúna con estas profesionales, tal y como prometió en el último pleno celebrado en el Parlamento regional.

Además, Unidas por Extremadura estuvo presente en la manifestación contra la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz porque “ya ha cumplido su función, su tiempo de vida y es necesario cerrarla” y para reclamar un plan de estructuración y de industrialización para la comarca del Campo Arañuelo.

Respecto al Premio Europeo Carlos V, que Felipe VI ha entregado este lunes al Comité de las Regiones de la Unión Europea y que ha sido recogido por el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la concejala de Budapest Kata Tütto -copresidentes de ese organismo-, ha señalado que es un ejemplo de como el PP utiliza esta galardón “de manera partidista”.

Tras recodar que la Junta Electoral obligó a cambiar la fecha de entrega por coincidir con la campaña electoral andaluza, ha dudado de que el Premio Carlos V se hubiera otorgado al Comité Europeo de las Regiones si Moreno Bonilla no hubiera sido vicepresidente. 

Continua la crisi educativa a la Comunitat Valenciana. Dijous, centenars d’equips directius de col·legis i instituts s’han concentrat a les portes de les Corts Valencianes amb l’objectiu presentar la dimissió en bloc davant la consellera d’Educació, Carmen Ortí. L’acció, anunciada com a ultimàtum dilluns passat, es produeix el nové dia d’una vaga indefinida que manté les negociacions trencades i les postures entre sindicats i Administració més allunyades que mai.

El testimoniatge dels directors presents, davant una situació “insostenible” i la “falta de respecte” del Govern valencià, dibuixa un mapa de l’educació pública marcat per la precarietat material i l’esgotament psicològic. Des de l’entorn rural, Jaume Olmos, director del CRA (Col·legi Rural Agrupat) Benavites-Quart de les Valls, justifica la renúncia per “dignitat i responsabilitat”, i denuncia que el seu alumnat conviu amb instal·lacions del 1955 en condicions “deplorables”. Una realitat compartida per Irene Rial (CEIP Tirant lo Blanc d’Albalat dels Tarongers) i Adam Badenes (CEIP Montolivet de València), que alerten d’obres interminables i edificis antics sense climatització ni manteniment bàsic. “Hi ha alumnes que no s’atreveixen a anar al bany perquè les condicions són deplorables; anem posant pegats per a tapar les mancances de la Conselleria”, relata Olmos.

No obstant això, la preocupació més gran rau en l’atenció a la diversitat. Els directius denuncien que la falta d’especialistes en Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) va buidant de contingut el concepte d’inclusió. “No és possible que les sessions de suport siguen de 30 minuts; això no és inclusió”, lamenta Maite Donet, del col·legi Ausiàs March de Paiporta, un dels més grans de la Comunitat Valenciana situat en la zona zero de la dana. A aquest dèficit se suma la lentitud en la cobertura de baixes, que obliga els centres a fer “sobreesforços i malabarismes” per a no desatendre a l’alumnat més vulnerable.

La càrrega administrativa és un altre dels detonants d’aquesta “plantada”. Javier Catalá, cap d’estudis del CRA El Pinar les Alcubles-Figueroles de Domenyo, resumeix el sentiment general: “La burocràcia ens ix per les orelles”. Per a molts dels concentrats, el conflicte no és només una qüestió de recursos, sinó de gestió, i assenyalen directament la consellera Ortí, al secretari autonòmic Daniel McEvoy i el titular d’Hisenda (exresponsable d’Educació), José Antonio Rovira, com a responsables del bloqueig actual.

El malestar també s’estén a altres col·lectius essencials. Educadors d’Educació Especial han denunciat que els serveis mínims decretats per la Generalitat en el seu cas —fixats en un 60% per al seu sector— han “coartat” el seu dret a la vaga. “Som imprescindibles per a l’autonomia dels xavals, però les nostres ràtios són elevadíssimes”, assenyalen des del CEE Rosa Llàcer.

Pérez Llorca demana “autocrítica”

En una trobada informal a les portes del parlament autonòmic, on dijous hi havia sessió de control al president, Juanfran Pérez Llorca ha intentat rebaixar la tensió dialogant amb alguns dels manifestants. El cap del Consell ha admés que “alguna cosa està fent-se malament” si no s’arriba a un acord, però ha instat els docents a assumir “el cinquanta per cent de la responsabilitat” en el bloqueig.

El president ha vinculat la falta de recursos a l’infrafinançament autonòmic, i ha demanat el suport de la comunitat educativa per a reclamar més fons al Govern central. “Quan demanem diners al Govern d’Espanya, també necessitem ajuda”, ha traslladat als directors. No obstant això, per als equips directius presents, la solució no passa per la política institucional, sinó per una negociació immediata que dote les aules de la dignitat que, asseguren, han perdut.