Desde hacía dos meses, la esperanza había vuelto a gran parte de la sociedad española. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 trajo consigo aires de renovación ante un bienio derechista anterior en el que se legisló contra los avances sociales de los primeros años republicanos. El impulso de una educación laica, mixta y pública pronto volvió a tomar fuerza. Tan solo en Madrid, en abril de aquel año y tres meses antes de la sublevación militar, cuatro nuevos grupos escolares poblaron sus calles en el barrio de las Letras, Usera, Batán y Casa de Campo. Bienvenidos, bienvenidas, a este peculiar paseo por una capital que irradiaba ilusión ante el porvenir.

El guía principal de esta ruta es Carlos Díez Hernando, pedagogo jubilado e investigador y divulgador de la educación durante la Segunda República. Forma parte de la asociación Calles Dignas – Justa Freire, impulsora de la actividad con la que este domingo, 19 de abril, visitarán los cuatro grupos escolares inaugurados el martes 14 de abril de 1936. La teatralización está servida. Díez hará las veces de un periodista, becario del ‘Ahora’, enviado por Chaves Nogales al evento.

El periódico mencionado publicó una pequeña nota sobre la creación de los cuatro nuevos grupos en su edición del día siguiente. El último en hablar aquella jornada fue el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo. “Se congratuló de la obra de asistencia que el pueblo presta a estas mejoras escolares y terminó enalteciendo la obra de la democracia, que es creadora de la única aristocracia que él admite: la del espíritu”, recogieron en la crónica sin firmar.

La nueva pedagogía llega a España

Díez ubica en aquel abril de 1936 un estado eufórico ante la derrota de la derecha de la CEDA. “En el primer bienio republicano se inauguraron 18 grupos escolares en Madrid. Con la derecha en el poder, solo dos, y tras la victoria del Frente Popular, en apenas unos meses antes de la guerra, cuatro”, cifra. Es de esta forma como el Gobierno intentaba paliar la gran cantidad de pequeños sin escolarizar.

Desde el punto de vista del pedagogo, no solo se trata de un fenómeno llamativo a nivel cuantitativo, sino cualitativo, basado en el artículo 48 de la Constitución aprobada en 1931. “Ahí se establece que la educación es responsabilidad exclusiva del Estado. También es una educación que asume las innovaciones de la llamada Escuela Nueva llegada desde Europa”, añade Díez.

Se refiere a la introducción de nuevos métodos con los que enseñar a las pequeñas e incipientes mentes frente a la educación tradicional, como el Freinet y el Montessori. Ello fue posible por la formación de los maestros y maestras más allá de las fronteras españolas gracias a las becas de la Junta de Ampliación de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

La escuela irradia cultura

Victoria Martínez Latorre, docente jubilada, este domingo se convertirá en la maestra Justa Freire. “En 1931, en Madrid había unos 40.000 niños y niñas en las edades obligatorias de escolarización, de los 6 a los 12 años”, apunta. Por otro lado, esta profesora recalca que la arquitectura de los colegios que ocuparon estos grupos escolares también estaba pensada al milímetro. “Algunos de ellos siguen utilizándose como colegios y podemos apreciar su gran iluminación y cantidad de espacios y galerías que creaban un ambiente limpio y bello, saludable, en realidad”, agrega.

Este último factor no es baladí. La escuela podía ser el único lugar en el que niños y niñas recibieran una revisión médica o una comida completa y sana al día. Asimismo, la escuela se convirtió en el epicentro de un potencial infinito: la creación y el disfrute de la cultura. Martínez explica que este tipo de pedagogías incorporaron la enseñanza de las artes, en su sentido más amplio, a través de la pintura, la música, la lectura y los coros. “Así, la cultura también salía hacia fuera, hacia las familias de los niños y niñas”, apunta.

Autoridades republicanas escuchan problemas actuales

Este domingo, la asociación Calles Dignas – Justa Freire se vestirá con sus mejores galas para acercarnos a los cuatro grupos escolares inaugurados en aquel quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República. A lo largo de esta ruta que se prevé de más de tres horas de duración y varios viajes en metro, aparecerán hasta 32 personajes, a través de los que se abordarán temas como la educación infantil, el laicismo en las aulas, la coeducación y la educación rural.

La primera parada está en el actual colegio Fernández de Moratín, un parvulario recién inaugurado hace nueve décadas con el mismo nombre. Ahí aparecerá la comitiva integrada por el ministro de Instrucción Pública, Domingo, el presidente interino del momento, Martínez Barrio, y el concejal y gran artífice de la educación en la capital, Andrés Saborit, quienes estarán acompañados de la directora del centro, Emilia Olaya.

Los intérpretes comentarán la necesaria educación infantil de la que adolecían los críos de menos de 6 años de la mano, también, de Bernardo Giner de los Ríos, ideólogo de la arquitectura del centro y sobrino de Francisco, fundador de la ILE. Entrará en juego la asociación vecinal Manzanares – Casa de Campo con la participación de varios madrileños de la zona, quienes expondrán a las autoridades republicanas los actuales problemas a nivel educativo que atraviesa el barrio.

Apropiación del patrimonio

La comitiva recalará en el actual colegio Divino Maestro, antiguo grupo escolar Pedro Atienza, ubicado cerca de Lucero. Sin director oficial por aquel entonces, será Julia Álvarez Resano, directora del grupo escolar Rosario Acuña y una de las cuatro mujeres diputadas en Cortes en 1936, quien represente a la dirección. Tras un pequeño homenaje en la Casa de Campo para recordar cómo la República abrió el enclave al pueblo, llegarán al lugar que ocupaba el grupo de Pedro Atienza, donde hablarán sobre la educación laica.

Díez cuenta que se llamó así porque un vecino de Carabanchel, propietario del solar, donó los terrenos al Ayuntamiento para levantar la escuela. “A finales de 1940, el Estado transfirió el centro a una congregación religiosa, así que denunciaremos la pérdida de patrimonio. Ahí debería haber ahora mismo un colegio público, y no uno religioso”, sostiene el pedagogo.

Ángel Llorca, el maestro de maestros

La visita continuará en el colegio Jorge Manrique, en el barrio de Usera, donde hace 90 años estaba el grupo escolar Lope de Vega. En este caso, la conversación versará sobre la inspección médica – escolar a través de Enrique Jaso, histórico galeno que años más tarde adquiriría una importancia inusitada a la hora de proteger a los niños más desfavorecidos por la guerra. Junto a él estarán el director del grupo, Nicolás Escamilla, y otros tantos directores, como Sidonio Pintado, Virtudes Luque, Juliana Torrego y Rosalía de Prado.

El recorrido proseguirá hasta la estatua de Claudio Moyano al inicio de la cuesta que lleva su nombre, muy cerca de Atocha. Allí estará esperando Ángel Llorca, director del grupo Cervantes y, de alguna manera, maestro de todos estos directores regeneracionistas. “Era muy veterano, pero también su referente. Se jubiló poco antes del inicio de la guerra”, detalla Díez. Será él quien hable sobre la ILE, la pedagogía que practicaba y su influencia en el nuevo cuerpo docente.

La maestra republicana María Sánchez Arbós, directora del grupo escolar Francisco Giner de los Ríos, también reflejará su experiencia sobre la coeducación. Lo mismo sucederá con Pablo de Andrés Cobos, director del Claudio Moyano, quien añadirá algunos comentarios sobre la educación rural, mundo del que procedía. Al pequeño coloquio se unirá Ricardo Esparza, maestro navarro que ejercía en el grupo escolar Montesino.

Desde el inicio de la Cuesta Moyano por el Paseo del Prado, se desplazarán hasta el actual colegio Palacio Valdés, antigua ubicación del grupo escolar López Rumayor. “Rumayor era un empresario de la hostelería al que le iba bien en los negocios, y aun así estaba plenamente identificado con el proyecto republicano. Aportó el dinero necesario para crear el grupo escolar que después llevó su nombre”, expone Díez.

Más allá de la participación de la asociación vecinal Sol y Letras, en este enclave aparecerá el director del grupo, Enrique Cubillo de la Fuente, también encargado de las colonias escolares de verano. “La República intentó organizarlas para que los niños que no tenían la posibilidad de salir de Madrid durante el verano, pudieran hacerlo”, explica el integrante de Calles Justas. La ruta se cerrará en torno a las 13.00 horas con la actuación del coro de la Solfónica, que representará a sus colegas del coro de las Misiones Pedagógicas, a las que homenajearán de esta manera antes de unirse a la manifestación por la educación pública que discurrirá por el centro de la capital en esos momentos.

El silencio habitual de los Cameros se vio interrumpido este fin de semana por una maravillosa excepción. No fue el ruido del turismo de montaña, sino la precisión técnica de algunos de los mejores músicos del país que, despojados de la formalidad del traje y alejados del foso del Teatro Real, decidieron que su escenario sería el empedrado de las calles de una aldea y el patio rodeado de naturaleza de una escuela rural. El objetivo, que sobre el papel parecía una quijotada cultural, se ha superado con creces, dejando una huella emocional que tardará en borrarse de la memoria colectiva de la comarca.

Al final, los protagonistas no fueron los músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid sino los niños, niñas y mayores de los pueblos de la sierra riojana. Y es que los intérpretes, acostumbrados a los protocolos de los grandes teatros y auditorios, se encontraron con un entorno donde la cercanía es la norma y de repente un niño es director de orquesta y una señora convierte el bajo de su casa en sala de conciertos. La experiencia de un grupo de solistas de la Sinfónica en la sierra de Cameros les ha hecho volver a Madrid “flotando”. “Nuestra cabeza todavía sigue allí”, cuenta Simeón Galduf Correa, solista de trombón y promotor de esta iniciativa, “yo les había contado lo que era la sierra de Cameros, pero no se lo podían imaginar hasta que lo han vivido”.

Esta particular gira arrancó en el patio del CRA Cameros Nuevo. Lejos de la masificación en las aulas urbanas, los músicos de la Sinfónica disfrutaron de los privilegios de la escuela rural. Los niños y niñas no recibieron a los intérpretes como extraños sino como maestros de un lenguaje que ellos ya conocen. Y es que la sorpresa fue mutua: los músicos quedaron sorprendidos ante la curiosidad y atención de los niños y su profundo conocimiento de los instrumentos, las familias y las calidades de los sonidos; los niños y niñas alucinaron al ver a los miembros de una gran orquesta tocando con total perfección de tiempos y velocidades sin necesidad de claqueta ni metrónomo.

Iván Fernández, profesor de música del centro, describe la escena con una mezcla de orgullo y emoción. Desde la perspectiva de la educación pública, lo ocurrido en el CRA Cameros muestra el triunfo de un modelo de escuela que aprovecha su entorno para ofrecer experiencias únicas, con niños y músicos compartiendo charla, afinando violines y entendiendo que el arte es también un oficio. “Es un lujo poder incluir estas propuestas musicales en nuestro CRA porque los niños lo aprecian mucho, aprenden y se divierten, y ese es el auténtico fin de la educación”, expone el maestro, “es increíble que músicos de tan alto nivel vengan al cole y es maravilloso ver como los niños muestran tanto interés y se quedan quietitos escuchando y apreciando su música”. “Es un colegio especial”, añade Galduf, primer trombón de la Sinfónica, “el entorno, las ratios bajísimas de las clases, la propia comunidad... Pero es que además nos sorprendió muchísimo el nivel de conocimiento del alumnado y su capacidad para sentarse con nosotros y simplemente escuchar con la boca abierta”.

Pero el proyecto no acababa en la escuela. El broche final lo ponía un concierto que acabó siendo una auténtica fiesta rural. Simeón lo había preparado todo en Villanueva de Cameros, una aldea con apenas tres habitantes durante el invierno y una veintena de personas censadas. En este lugar de retiro del músico de la Sinfónica ya están acostumbrados a sus citas culturales, por eso esta vez volvieron a volcarse. No sólo se abarrotó la iglesia con gente de toda la comarca para asistir al exclusivo concierto, sino que la fiesta continuó después en locales y casas, entre pinchos, vinos e improvisaciones de unos y otros, profesionales y aficionados, niños y mayores conformando una improvisada orquesta en los más diversos escenarios.

En esta aldea riojana, unas decenas de privilegiados tuvieron acceso a un auténtico espectáculo de la más alta calidad que habitualmente requiere el pago de una entrada y un viaje a la capital. Lejos de todo eso, aquí la excelencia llamó a su puerta; músicos de primer nivel recorriéndolas casas, convirtiendo cada rincón en un conservatorio improvisado.

De esta forma, el entorno rural demuestra de nuevo que no es solo un depósito de tradiciones sino también un espacio receptor de cultura y momentos únicos que conforman un mensaje contra el estigma del aislamiento: en la sierra no viven personas apartadas, sino comunidades que reciben con gusto y responden con hospitalidad a quien quiera acercarse. Los solistas de la Sinfónica vinieron a dar un regalo sin calcular el retorno emocional. La pregunta que surge ahora es si la experiencia podrá repetirse en otros rincones de España.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy, día 14, la modificación de las plantillas de los centros docentes públicos riojanos, como consecuencia de la creación de 118 nuevas plazas de los cuerpos de Maestros y Profesores de Secundaria, FP, Idiomas, Música y Artes plásticas y diseño, con las que se amplía la plantilla estable de los centros a partir del próximo curso académico 2026-2027.

La mesa sectorial de Educación acordó el pasado mes de marzo la creación de 118 nuevas plazas de docentes con las que se amplía la plantilla estable de los centros educativos riojanos, aportando estabilidad y reduciendo la temporalidad de los maestros y profesores de nuestra comunidad. 

Este importante aumento en la estabilización de la plantilla de docentes de La Rioja para el próximo curso es consecuencia de la apuesta de la Consejería de Educación y Empleo por el ámbito rural, a través de la publicación de la nueva Orden que regula la estructura, organización y funcionamiento de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y por la atención a la diversidad. 

En concreto, a partir del próximo curso se crean 61 nuevas plazas en los centros docentes públicos riojanos de las especialidades relacionadas con la atención a la especialidad y la inclusión educativa, como son Pedagogía Terapéutica (24 plazas), Audición y Lenguaje (9 plazas), Servicios a la Comunidad (13) y Orientación Educativa (15 plazas). 

La elaboración de las plantillas de docentes para el próximo curso ha sido fruto de un trabajo consensuado con los equipos directivos de los centros, desde la etapa de Educación Infantil hasta el resto de etapas y enseñanzas, que han transmitido las necesidades reales que tienen respecto a personal. Además, para la creación de las 118 nuevas plazas, se ha trabajado de manera coordinada con la subdirección general de Recursos Humanos y los servicios de Inspección y Atención a la diversidad de la Consejería de Educación y Empleo.

El futuro de la dirección del CEIP Cesáreo Alierta se decide en los próximos días, y la presión de las familias no deja de aumentar. Un total de casi 300 familias del centro —que representan el 60% del total—, junto a 468 apoyos adicionales procedentes de colegios vecinos como el Doctor Azúa, Margarita Salas y César Augusto, han registrado formalmente un escrito ante la Inspección Educativa y la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón en el que solicitan que no se renueve al actual equipo directivo.

La petición se produce mientras la Administración dirime el proceso de selección de la dirección para el próximo curso. Actualmente existen tres proyectos en evaluación: el presentado por la dirección vigente y dos alternativas que, según consta en el escrito registrado, plantean “modelos orientados a la mejora de la colaboración con la comunidad educativa”. La resolución, según han indicado fuentes del Departamento de Educación, será el próximo 15 de mayo.

El texto entregado a la DGA subraya una “falta de confianza significativa” hacia la gestión actual. Según los firmantes, la continuidad del equipo directivo “no contribuiría a resolver el conflicto existente, sino que podría agravarlo”, por lo que defienden la necesidad de iniciar una etapa que permita recuperar el diálogo institucional.

La situación en el centro se ha visto marcada en los últimos meses por un conflicto que ha trascendido el ámbito administrativo. El malestar por decisiones de gestión —como la instalación de una valla que limita el tránsito entre centros vecinos— ha derivado en quejas formales y un procedimiento judicial abierto. En este contexto, ya se han adoptado medidas cautelares favorables a las peticiones de las familias. Desde el colectivo de familias se insta a la Administración a que la valoración de los proyectos “tenga en cuenta la realidad social y el clima de tensión del centro”.

Una valla que puso fin a 60 años de convivencia entre dos centros

La instalación de una valla divisoria entre el CEIP Cesáreo Alierta y el CEIP Doctor Azúa ha generado una fuerte oposición en ambas comunidades educativas, que rechazan la ruptura de un patio compartido durante 60 años. Mientras el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón justificó la medida por motivos de seguridad, organización de accesos y control de alumnos con necesidades especiales, las AMPAs consideran la obra innecesaria y denuncian que se ha ejecutado “sin consulta previa” a las familias.

Las asociaciones de padres han advertido que el cerramiento compromete las vías de evacuación y el acceso de emergencias, además de dificultar la conciliación de las familias con hijos escolarizados en ambos centros. Asimismo, critican que se destinen fondos públicos a una infraestructura que genera división en lugar de subsanar las deficiencias estructurales que presentan las instalaciones de ambos colegios públicos.

Este conflicto se ha convertido en un argumento central para las familias del Cesáreo Alierta en su petición de no renovar al equipo directivo. Los firmantes sostienen que la valla es un reflejo de una gestión que “prioriza la separación sobre el diálogo”.

Se hicieron con las claves bancarias, se transfirieron varias cantidades de dinero y las utilizaron para comprar monedas virtuales. Sucedió en noviembre de 2020: la cuenta bancaria del Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’, considerado el más antiguo de España y de régimen concertado, sufrió un revés inesperado. Varias personas consiguieron hacerse con las claves del centro docente y, sin el conocimiento y ni la autorización del colegio, realizaron tres transferencias para después invertir el dinero en criptomonedas. Es decir, un ‘criptorrobo’ en toda regla.

Los tres presuntos autores de los hechos fueron identificados y detenidos y esta semana son juzgados en la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía pide dos años de prisión para dos de los acusados, y nueve meses para el tercero de ellos.

La suma total de las tres transferencias fraudulentas alcanzó un valor de 31.555 euros que fue restituido un año después al colegio afectado.

Según el escrito de la Fiscalía, consultado por este medio, los tres acusados, una vez recibidas las transferencias en las respectivas cuentas corrientes de su titularidad, obraron “con afán de lucro”: procedieron a seguir las instrucciones que “personas desconocidas” les iban confiriendo en torno al destino que habían de dar al dinero recibido, quedándose los acusados con una “suculenta comisión”.

Transferencias para comprar monedas virtuales

Concretamente, una de las acusadas recibió 13.600 euros en su cuenta a través de una empresa de compraventa de criptomonedas y procedió a la compra de moneda virtual, en dos operaciones, por importes de 5.000 y 1.000 euros respectivamente. Posteriormente, a través de otra empresa del mismo calibre procedió a la compra de criptomonedas por importe de 4.500 euros.

Para dichas operaciones de compra la acusada no dudó en facilitar todas sus claves bancarias, su propia imagen, a través de selfies que le pedían desde las empresas de criptomonedas para corroborar su identidad, y sus datos identificativos.

Similares operaciones fueron efectuadas por el segundo de los acusados, el cual tras recepcionar en su cuenta casi 14.000 euros, facilitó igualmente todos sus datos identificativos, de imagen y bancarios, para comprar moneda virtual, en dos operaciones por importe de 4.800 y 3.100 euros, la compra de 3.000 euros en criptomonedas, apropiándose, en concepto de comisión, de otra parte del dinero recibido.

El último de los acusados recibió una cantidad en su cuenta sensiblemente menor, de 3.985 euros, y realizó cuatro reintegros en cajeros por importe de 1.600, 400, 500 y 300 euros; y otro reintegro por 1.170 euros, hasta disponer de la totalidad del efectivo, “fraudulentamente transferido”.

Los hechos descritos fueron denunciados ante la Policía Nacional por el Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes en diciembre de 2020.

El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales, y por ello procede imponer a una de las personas acusadas la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 40.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, así como el abono de las costas procesales.

Para el segundo de los acusados, por el mismo delito, pide igualmente la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 41.900 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Finalmente, para el tercer implicado, propone la pena de nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11.955 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de prisión, y abono de las costas procesales.

El Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’ es un centro concertado y diocesano. Pertenece a la Archidiócesis de Toledo, pero recibe financiación pública. Es considerado uno de los colegios más antiguo de España, fundado en el siglo VI, consolidándose como institución educativa en 1552 por el Cardenal Silíceo. Actualmente, imparte educación desde Infantil hasta Bachillerato y se le considera uno de los centros más prestigiosos de la ciudad.

UGT insiste en reducir las ratios a 20 alumnos en todos los cursos y niveles tras conocer los datos de escolarización porque esta bajada por aula “mejora la atención a la diversidad, refuerza la inclusión y permite una respuesta más individualizada al alumnado”. Así, y tras conocer los datos de escolarización, la formación sindical reclama esta reducción y demanda la creación de aulas de 0 a 3 años en todos los colegios públicos para garantizar la continuidad del alumnado en el sistema educativo desde la primera infancia.

En la actualidad, las ratios se sitúan en 20 alumnos en Infantil, 25 en Educación Primaria, 28 en ESO y 30 en Bachillerato. La normativa educativa vigente apuesta por la atención a la diversidad y por una educación inclusiva, “pero estos principios no se pueden cumplir con ratios tan elevadas en las diferentes etapas superiores, por lo que es necesario avanzar hacia una homogeneización a la baja y situar todas las etapas en 20 alumnos por aula”.

Esta medida, explican desde UGT, permitiría mejorar la atención a la diversidad, facilitar la inclusión del alumnado con más necesidades de apoyo y ofrecer una atención más individualizada dentro del aula, además de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y la convivencia en los centros. “El contexto demográfico actual con la bajada de la natalidad y el descenso de alumnado en las aulas hace posible y necesario dar este paso para adaptar el sistema educativo a la realidad existente y mejorar su calidad”.

Por otro lado, UGT advierte de los datos de escolarización que reflejan que casi un tercio de las plazas ofertadas en la región han quedado vacantes, frente a una cuarta parte en el caso de Logroño, lo que a juicio de UGT evidencia los desequilibrios existentes entre el medio urbano y el rural.

En este sentido, UGT reclama la supresión de la zona única de escolarización en Logroño, Villamediana de Iregua y Lardero al considerar que este sistema actúa como un elemento centrifugador que concentra la demanda en los centros urbanos y debilita la escuela pública y la escuela rural en el conjunto de La Rioja. “No se trata de mantener ratios en Infantil, sino de extender esa mejora al conjunto del sistema educativo para garantizar igualdad de condiciones en todas las etapas y una verdadera atención a la diversidad en el alumnado”.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha dado a conocer el fallo de la XIX edición del Concurso Fotográfico 'Maestro Zenón Garrido', una iniciativa que busca visibilizar, a través de la imagen, las deficiencias estructurales, ambientales y ergonómicas en los centros educativos de la región.

El jurado, ha estado presidido por Lucía Mateos Gorrón y compuesto por profesionales del ámbito educativo, quienes han valorado aspectos como la originalidad, la calidad técnica, la adecuación al tema y la capacidad de las imágenes para generar sensaciones.

En esta edición, las fotografías premiadas destacan por reflejar situaciones de deterioro y falta de mantenimiento en instalaciones escolares, “poniendo el foco en espacios utilizados diariamente por el alumnado y en cómo estas condiciones afectan directamente a la calidad educativa y a la habitabilidad de los centros”, según ha detallado PIDE.

El primer premio, dotado con 300 euros, ha recaído en la fotografía 'Peligro en la pista', de Claudia González Borrallo y Yolanda Ramírez Díaz, del CEIP Los Ángeles de Caminomorisco (Cáceres).

La imagen muestra el estado de la pista deportiva del centro, con un suelo deteriorado, gravilla y condiciones que dificultan la práctica de actividad física y generan situaciones de riesgo para el alumnado.

El segundo premio, dotado con 150 euros, ha sido para la fotografía 'Baños de alumnos sin puertas', presentada bajo el pseudónimo 'El Farraguas', del IES San José de Badajoz.

La imagen denuncia la falta de condiciones mínimas de privacidad e higiene en uno de los baños del centro, “evidenciando una situación que afecta directamente al bienestar del alumnado”.

Desde PIDE han agradecido la participación en el certamen, y han subrayado el “valor de la denuncia fotográfica como herramienta para impulsar mejoras en los centros educativos de Extremadura”.

El concurso pretende llamar la atención sobre estas carencias y contribuir a que se adopten soluciones que garanticen unas condiciones adecuadas para la comunidad educativa. 

Las máquinas han entrado en el patio del CEIP Amadeo Vives, en Aluche, desoyendo el lema bajo el que la asociación de familias del centro viene desarrollando una intensa campaña vecinal para que el centro no se quede sin una parte de su patio escolar, en el que se va a construir un Centro de Mayores: “El patio no se toca”.

El hecho ha sido denunciado en redes sociales por las secciones de distintos partidos políticos en el distrito de Latina, que han criticado la decisión de acometer las obras durante el periodo vacacional, inesperadamente y sin acuerdo con el tejido vecinal.

Entre las reacciones de los grupos municipales encontramos las quejas del PSOE: “No ha acabado el curso y el CEIP Amadeo Vives se quedara SIN educación física, ni extraescolares, ni espacio para los niños y niñas. Sí a imponer su proyecto sin escuchar a nadie”. La advertencia del grupo municipal Más Madrid: “No vamos a parar hasta impedir este atropello, además no cuenta con el apoyo vecinal. Seguimos en la lucha”.

El recordatorio acerca de las alternativas de Podemos en Latina: impone su proyecto robando espacio de juego a los niños, ignorando la alternativa de la C/ Camarena y el clamor de las familias y pensionistas“. O la llamada de atención del PCE de Latina, que fue el primero de los partidos en dar la voz de alarma de la entrada abrupta de la máquina a través de la valla del colegio el pasado 28 de marzo.

La comunidad escolar se llevó una sorpresa al conocer que en los Presupuestos para el 2026 figura la construcción de un Centro de Mayores y un Centro de Día en la parcela que ocupa la parte alta de su patio. Al parecer, ese espacio está cedido al colegio por el Ayuntamiento desde hace cuarenta años, cosa que desconocían tanto las familias como la actual dirección del centro hasta ese momento. En la parcela, ubicada en el número 10 de la calle Camarena, practican educación física, salen al recreo y hacen parte de las actividades extraescolares los alumnos del centro público. También ha sido utilizada por distintas asociaciones del barrio y se ha empleado para jugar partidos de los Juegos Deportivos Municipales.

Anteriormente, se había barajado como ubicación para el centro de mayores otra parcela, situada en el número 277 de la misma calle (se había aprobado en la junta de distrito de Latina en distinas ocasiones). La AFA del centro y el resto de las entidades vecinales que les han prestado apoyo en su reclamación han hecho público que no pretenden que no se construya la nueva dotación, pero consideran que existen otras alternativas  –como la parcela pensada inicialmente– que no impedirían que el alumnado del colegio pudiera seguir utilizando esa parte del patio, como ha hecho en las últimas décadas.

Durante estos meses, la Asociación de Familias ha recogido más de 3500 firmas y conseguido la adhesión de un centenar de entidades. El pasado mes de febrero, las familias del colegio público Amadeo Vives, junto a la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA) organizaron dos jornadas en defensa del patio coincidiendo con la celebración del carnaval. Durante los días 14 y 15 de febrero, se llevaron a cabo muchas actividades deportivas para visibilizar la importancia de que las pistas deportivas del colegio sigan en su sitio. Proféticamente, el cartel de las jornadas presentaba a un caricaturizado Rodríguez Almeida entrando en el patio del colegio a los mandos de una excavadora.

El claustre de l’IES Baltasar Porcel (Andratx) ha manifestat el seu “rebuig més contundent” i una “profunda indignació” després de l’atac de caràcter homòfob patit recentment per un dels seus docents, un episodi que, segons adverteixen, no és aïllat, sinó reflex d’un problema més ampli en l’àmbit educatiu, en afectar també altres sectors i àmbits socials.

D’acord amb la informació recollida per elDiario.es, els fets es varen originar arran de la creació d’un compte fals a Google Classroom per part d’alumnes del mateix centre, amb la participació d’estudiants del CC Ramon Llull d’Andratx. Des d’aquest perfil es varen difondre continguts ofensius dirigits al professor, incloent-hi imatges de caràcter sexual, de genitals i joguines sexuals, a més de missatges i insults que feien referència directa a la seva identitat, vulnerant greument la seva dignitat.

El cas es va conèixer dimecres passat i, poques hores després, la directora del centre va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil. Per la seva banda, el professor afectat també va decidir emprendre la mateixa acció. Ja dijous, l’institut va reunir d’urgència el claustre i va activar una investigació interna per tal d’identificar els alumnes presumptament implicats. Així mateix, en el moment en què el professorat —vestit amb roba de color negre— es fotografiava per mostrar el seu suport al company, alguns dels estudiants presumptament implicats responien amb actituds de burla.

A través d’un manifest sota el lema “Quan ataquen a un, ens ataquen a tots”, el claustre subratlla que aquest tipus d’episodis no són excepcionals. “No és un fet aïllat. Des de fa temps venim patint insults, amenaces i faltes de respecte que han acabat per convertir-se en quelcom quotidià”, denuncien. En aquest sentit, afirmen que aquesta situació posa de manifest una preocupant normalització de la manca de respecte en l’entorn educatiu.

El comunicat també subratlla la dimensió col·lectiva del problema. Segons el claustre, les manifestacions d’odi —ja siguin homòfobes, racistes, xenòfobes o masclistes— no només afecten la víctima directa, sinó que soscaven els principis bàsics de convivència i respecte en una societat democràtica. En aquesta línia, els docents sostenen que la problemàtica transcendeix més enllà del seu institut i que es reprodueix en altres centres educatius i àmbits socials, fet que apunta a un fenomen estructural. Per això, consideren insuficient una condemna puntual i reclamen una resposta sostinguda en el temps basada en una major conscienciació social.

Finalment, el claustre exigeix a les institucions competents mesures “clares, fermes i eficaces” que garanteixin la protecció de les víctimes i combatin qualsevol forma de discriminació. Així mateix, reiteren el seu suport al professor afectat i reafirmen el seu compromís amb una educació fonamentada en el respecte, la diversitat i la dignitat. “L’atac a un company és un atac a tots. Avui ha estat ell, però demà pot ser qualsevol, fins i tot l’alumnat”, lamenten, insistint que la convivència dins i fora de les aules “no és negociable”.

El Departament d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitats ja té coneixement de la situació i ha activat els protocols corresponents. Aquest mateix dilluns, un inspector ja s'ha desplaçat al centre educatiu per a avaluar la situació, segons Europa Press.

Existeix el telèfon 028 per a atendre les persones víctimes de LGTBIfòbia durant les 24 hores del dia tots els dies de l'any, així com el telèfon Arcoíris per a víctimes de delictes d'odi i discriminació.

El claustro del IES Baltasar Porcel (Andratx) ha manifestado su “rechazo más contundente” y una “profunda indignación” tras el ataque de carácter homófobo sufrido recientemente por uno de sus docentes, un episodio que, según advierten, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

De acuerdo con la información recabada por elDiario.es, los hechos se originaron a raíz de la creación de una cuenta falsa en Google Classroom por parte de alumnos del propio centro, con la participación de estudiantes del CC Ramon Llull de Andratx. Desde ese perfil se difundieron contenidos ofensivos dirigidos al profesor, incluyendo imágenes de índole sexual, de genitales y juguetes sexuales, además de mensajes e insultos que aludían directamente a su identidad, vulnerando gravemente su dignidad.

El caso se conoció el pasado miércoles y, pocas horas después, la directora del centro presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Por su parte, el profesor afectado también decidió emprender la misma acción. Ya el jueves, el instituto reunió de urgencia al claustro y activó una investigación interna para tratar de identificar a los alumnos presuntamente implicados. Asimismo, en el momento en que el profesorado —ataviado con ropa de color negro— se fotografiaba para mostrar su apoyo al compañero, algunos de los estudiantes presuntamente implicados respondían con actitudes de burla.

A través de un manifiesto bajo el lema “Quan ataquen a un, ens ataquen a tots”, el claustro subraya que este tipo de episodios no son excepcionales. “No es un hecho aislado. Desde hace tiempo venimos sufriendo insultos, amenazas y faltas de respeto que han acabado por convertirse en algo cotidiano”, denuncian. En este sentido, afirman que esta situación pone de relieve una preocupante normalización de la falta de respeto en el entorno educativo.

El comunicado también subraya la dimensión colectiva del problema. Según el claustro, las manifestaciones de odio —ya sean homófobas, racistas, xenófobas o machistas— no solo afectan a la víctima directa, sino que socavan los principios básicos de convivencia y respeto en una sociedad democrática.

En esta línea, los docentes sostienen que la problemática trasciende más allá de su instituto y que se reproduce en otros centros educativos y ámbitos sociales, lo que apunta a un fenómeno estructural. Por ello, consideran insuficiente una condena puntual y reclaman una respuesta sostenida en el tiempo basada en una mayor concienciación social.

Finalmente, el claustro exige a las instituciones competentes medidas “claras, firmes y eficaces” que garanticen la protección de las víctimas y combatan cualquier forma de discriminación. Asimismo, reiteran su respaldo al profesor afectado y reafirman su compromiso con una educación fundamentada en el respeto, la diversidad y la dignidad.

“El ataque a un compañero es un ataque a todos. Hoy ha sido él, pero mañana puede ser cualquiera, incluso el alumnado”, lamentan, insistiendo en que la convivencia dentro y fuera de las aulas “no es negociable”.

El Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades ya tiene conocimiento de la situación y ha activado los protocolos correspondientes. Este mismo lunes, un inspector ya se ha desplazado al centro educativo para evaluar la situación, según Europa Press.

Existe el teléfono 028 para atender a las personas víctimas de LGTBIfobia durante las 24 horas del día todos los días del año, así como el teléfono Arcoíris para víctimas de delitos de odio y discriminación.

Los colegios de Logroño disputarán el primer Torneo Interescolar de Juegos Tradicionales del Siglo XVI, una iniciativa promovida por la asociación histórico cultural Guardias de Santiago, referente en la recreación del Cerco y el Auto de fe de 1610 con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño. Todos los centros escoles de Primaria de la ciudad están convocados a incorporar durante el tercer trimestre cinco juegos populares documentados en el Logroño renacentista.

El proyecto se fundamenta en un trabajo de investigación, avalado por especialistas de la Universidad de La Rioja y el IER, que busca transformar el patio escolar en un escenario de divulgación histórica activa. A través de esta competición, los alumnos no solo conocerán el rigor científico de la época, sino que integrarán en su calendario lectivo las mismas dinámicas lúdicas que practicaban los logroñeses hace quinientos años.

La asociación ha seleccionado cinco juegos populares documentados históricamente en La Rioja del siglo XVI: los Bolos, la Uta, el Filocho, el Tablado y la Calva. Su recuperación es el resultado de un proceso de investigación propio basado en fuentes primarias de la época, que avala tanto la autenticidad histórica de los juegos como su vínculo directo con Logroño.

Los logroñeses del siglo XVI jugaban en sus calles y plazas como parte de su rutina. La obra de José M. Lope Toledo «Logroño en el siglo XVI. Diversiones Populares» (1964) acredita, con actas municipales originales, la afición de los vecinos de la época por los bolos, la pelota y la argolla, y recoge las ordenanzas municipales que regulaban dónde y cómo se podía jugar. Son esos mismos juegos, documentados en las fuentes primarias, los que este primer Torneo Interescolar lleva ahora a los patios de los colegios de Logroño.

El torneo se estructura en dos fases. En la primera, de participación abierta, cualquier colegio podrá trabajar los cinco juegos durante el tercer trimestre e incorporarlos a su propuesta didáctica de la manera que considere oportuna, organizando su propio torneo interno. Los centros con mayor puntuación media por participante se clasificarán para una Gran Final que se disputará el 5 de junio, el último día lectivo antes de que comiencen las Fiestas de San Bernabé.

“Queremos que los niños y niñas de Logroño conozcan su historia jugando, de la misma manera que lo hacían los logroñeses que defendieron esta ciudad hace quinientos años. Este torneo es una de nuestras formas de llevar el espíritu de San Bernabé a las aulas”, ha señalado Elena María Fernández Garrote, socia coordinadora del proyecto.

La asociación ha convocado una reunión informativa para los equipos docentes interesados el próximo miércoles 9 de abril a las 18:00 horas en la Casa de las Asociaciones de Logroño (Paseo Francisco Sáez Porres, 1), en la que se presentará el proyecto, se entregará la documentación didáctica completa y se resolverán todas las dudas, sin compromiso de participación, según recalcan

La coordinación de este proyecto recae en Elena María Fernández Garrote, maestra, humanista y socia de la asociación, que aporta su conocimiento del ámbito educativo para adaptar los juegos a cada nivel y centro. El aval científico del proyecto lo aportan dos colaboradores de la asociación. Por una parte, Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, doctor por la Universidad de La Rioja, investigador, formador vinculado al CRIE y autor de «El Baúl de los Juegos Perdidos» (CRIE / Gobierno de La Rioja, 2021), ha validado los nombres riojanos documentados de los juegos seleccionados, sus reglas originales y su contexto histórico: es él quien certifica que en La Rioja del siglo XVI se llamaban Uta, Filocho y Calva, y no como los conocemos hoy. Y por otra, Rosa María Sandín Romano, investigadora del Instituto de Estudios Riojanos (IER) y de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha supervisado el rigor pedagógico y didáctico del proyecto.

Los centros educativos no universitarios de La Rioja dispondrán el próximo curso 2026-2027 de un Plan de formación ante emergencias de protección civil que integrará los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados para afrontar este tipo de situaciones de manera efectiva y segura. 

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 27 de marzo, las instrucciones de la Consejería de Educación y Empleo que establecen el proceso de redacción e implantación de este Plan en los centros docentes con la finalidad de extender la cultura de prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil. 

El Plan de formación ante emergencias de protección civil contará con un análisis de las características específicas y riesgos del centro y su entorno; así como una metodología formativa orientada hacia un aprendizaje colaborativo, procurando la participación activa del alumnado y atendiendo al enfoque prioritario de la protección individual y colectiva, fomentando los valores relacionados con el bien común, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, la inteligencia emocional y las habilidades básicas para la recuperación y la resiliencia.

El centro distribuirá los contenidos del Plan como mejor considere y establecerá las estrategias que entienda más apropiadas para su correcta implementación en todos los cursos y etapas educativas, como puede ser a través del Plan de acción tutorial, proyectos de innovación educativa, proyectos propios del centro, jornadas de sensibilización o actividades que extiendan la cultura de la prevención, entre otros. 

Los centros designarán un coordinador del Plan para su correcta implantación

Por otra parte, los centros designarán, como mínimo, a un miembro del equipo directivo como coordinador del Plan de formación ante emergencias de protección civil que, entre otras funciones, elaborará este plan, recibirá la formación necesaria en el Aula Virtual de Educación del Gobierno de La Rioja y velará por su correcta implantación. 

Desde la Consejería de Educación y Empleo se organizarán acciones formativas periódicas para el profesorado con contenidos en prevención, sistemas de alerta y de emergencias, riesgos y autoprotección. Además, los centros garantizarán que el alumnado también reciba formación en prevención y sistemas de alerta y emergencias; identificación de las situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones; así como los riesgos específicos y actuaciones frente a inundaciones, terremotos, riesgo volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y riesgos tecnológicos, como accidentes industriales, químicos, nucleares y transporte de mercancías peligrosas. 

El calendario de implantación del Plan de formación ante emergencias de protección civil será el siguiente:

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Valencia y Torreblanca (Castellón) por su presunta participación en los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales, así como pertenencia a organización criminal. Los arrestados habrían sustraído casi diez millones de registros confidenciales mediante ataques cibernéticos de extrema gravedad.

La investigación comenzó el pasado año 2023 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción masiva de información de los datos de los alumnos, padres y profesores de Castilla-La Mancha, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Utilizaban los datos para estafar, usurpar identidades o venderlos

Tras las oportunas pesquisas policiales, y tras dar con los autores del hecho delictivo, los agentes determinaron que esta organización criminal habría cometido alrededor de una treintena más de hechos delictivos similares. La información robada era posteriormente utilizada por la rama de monetización del grupo criminal para cometer ciberestafas, usurpaciones de identidad y para su venta ilícita en foros underground.

Para llevar a cabo sus operaciones, la organización criminal utilizaba equipos de alto nivel y una sofisticada infraestructura tecnológica. Esta red estaba diseñada para vulnerar sistemas de seguridad, anonimizar sus rastros y eludir la acción de la justicia, evidenciando una altísima especialización y división de tareas operativas, logísticas y de monetización.

Así, se llevaba a cabo la entrada y registro de los inmuebles de los ahora arrestados. Durante estas intervenciones se ha neutralizado la infraestructura tecnológica de la red y se ha procedido a desarticular su sistema de blanqueo de capitales, el cual operaba mediante el uso de criptomonedas y casas de cambio virtuales y la utilización de infraestructura internacional en varios países de Europa.

La investigación, dirigida por la Plaza 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información contando con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia, Castellón y Madrid.

La caída de los servicios digitales que sufre la Junta de Andalucía desde la noche del miércoles ha afectado de forma especialmente grave a los centros educativos en uno de los momentos clave del curso: en plena evaluación del segundo trimestre y a escasos días de que concluya el proceso de escolarización el próximo 31 de marzo.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIÁN), Anastasio Pineda, confirma que se ha producido una caída del sistema Séneca, “que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos hasta los académicos”. La incidencia ha impedido a la comunidad educativa completar los procedimientos propios de estas fechas, retrasando el trabajo burocrático acumulado durante todo el trimestre.

“No podemos firmar digitalmente las actas de evaluación, por lo que estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Séneca”, explicaba a este medio la directora de un colegio de Infantil y Primaria en la capital andaluza poco antes de mediodía. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, que marcan el final del segundo trimestre, la responsable advierte de las consecuencias inmediatas: “Los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta, lo que retrasará todo el trabajo”.

A ello se suma otro problema: “Tampoco podemos acceder al correo corporativo ni subir los boletines de notas ni los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana viernes”, último día antes de las vacaciones. “Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”, añade la directora.

“En fin, un desastre y una chapuza en el momento más decisivo del curso para los colegios”, resume otra directora, quien lamenta que estas incidencias se repitan “año tras año en los momentos críticos de evaluaciones y mayor burocracia”.

La Junta de Andalucía ha informado a primera hora de la tarde del jueves del restablecimiento de las aplicaciones de Educación, como Séneca e IPasen.

Solicitudes de plaza paralizadas

El apagón también ha afectado directamente a las familias, que durante la primera parte del día no pudieron tramitar de forma telemática la solicitud de plaza para el próximo curso 2026-2027 en pleno periodo de escolarización, cuyo plazo de admisión concluye el próximo martes 31. “Las solicitudes que no se registren hoy tendremos que tramitarlas durante las vacaciones, porque si se presentan fuera de plazo podrían dejar a algún alumno sin plaza en el centro elegido”, advertía esta directora.

Ante esta situación, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha comunicado que los plazos de los procedimientos actualmente abiertos se van a ampliar, con el objetivo de garantizar que ningún trámite se vea perjudicado por la incidencia.

Según diversas fuentes oficiales, los servicios digitales de la Junta de Andalucía se vieron afectados por una incidencia en los servicios de identificación y firma electrónica, que impide el acceso a aplicaciones que dependen de estos sistemas. Entre ellas se encuentran Séneca, la plataforma de gestión educativa —clave tanto para las evaluaciones como para el proceso de escolarización en marcha—, y Diraya, utilizada en el sistema sanitario andaluz, que ha empezado a recuperar algunas funciones durante la mañana del jueves.

UGT lamenta la saturación del sistema en el peor momento

UGT ha lamentado que la incidencia de este año se acumule sobre otras que suelen producirse, según denuncian, en los momentos más delicados para la gestión de un centro escolar. Esta semana los docentes deben dejar listas las evaluaciones del trimestre. “Miles de docentes andaluces se ven obligados a conectarse simultáneamente a la plataforma Séneca para introducir las calificaciones del alumnado y tramitar las actas correspondientes a todas las enseñanzas”, recuerda el sindicato en una nota: “Sin embargo, lo que debería ser un procedimiento habitual dentro de la organización del sistema educativo vuelve a convertirse en un auténtico problema técnico”.

Según UGT, la coincidencia de un gran número de profesionales conectados al mismo tiempo provoca el colapso del sistema. “La plataforma funciona con extrema lentitud o directamente se queda bloqueada, impidiendo realizar trámites obligatorios que deben completarse en un momento concreto del calendario académico”.

A ello se suma que este jueves finalizaba el plazo para presentar alegaciones al concurso de traslados, un procedimiento clave para el profesorado, pero la plataforma web habilitada tampoco funcionaba con normalidad, según algunos docentes. También tenían que entregar la Memoria todos los funcionarios en prácticas que aprobaron las oposiciones.

“Este problema no es puntual ni exclusivo del cierre de trimestre. Situaciones similares se repiten con frecuencia en otros procedimientos administrativos como la solicitud de oposiciones, la colocación de efectivos, la publicación de calificaciones o distintos procesos telemáticos vinculados a la gestión del personal docente”, lamenta UGT, que observa que los problemas suelen resolverse gracias a la implicación del profesorado, obligado a dedicar horas adicionales para completar las tareas informáticas.

“Reclamamos a la Consejería que dote a sus trabajadores de herramientas digitales fiables y dimensionadas para el volumen de usuarios que deben atender y que amplíe los plazos ante estas situaciones. El sistema educativo andaluz no puede depender de plataformas que se colapsan precisamente en los momentos en los que más se necesitan”.

No se rinden. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) del CEIP Apóstolo Santiago reafirma su compromiso de seguir adelante con el cambio de denominación del centro a 'CEIP da Almáciga', nombre del barrio compostelano en el que está ubicado el colegio. Su próximo paso será solicitar una reunión con el grupo de concejales no adscritos —ediles que fueron expulsados del PSOE— quienes, con su abstención en el pleno municipal, permitieron que el voto negativo del PP bloquease la iniciativa.

En un comunicado, el ANPA —que celebró el pasado día 18 su primera asamblea tras la sesión plenaria— recuerda que el nombre propuesto es el resultado de un proceso “extenso y riguroso” desarrollado a lo largo de dos cursos escolares y que recoge una iniciativa lanzada en 2019 por una directiva anterior. Ese proceso, en el que se implicó “a la comunidad educativa y al propio barrio”, culminó con la aprobación por unanimidad del Consello Escolar, el máximo órgano de representación de los centros públicos.

“Nos acompaña, por tanto, la legitimidad de un proceso democrático transparente y participativo construido desde la comunidad interesada”, aseguran antes de afirmar que “lejos de debilitarnos, lo sucedido en las últimas semanas refuerza nuestra unidad y determinación”, por lo que trabajarán “para se respete la voluntad colectiva expresada conclaridad”. Y eso empezará por solicitar una reunión con los cuatro concejales no adscritos “para conocer sus motivaciones y trasladarles la posición unánime de nuestra comunidad y el proceso democrático que lo sustenta”.

La propuesta del ANPA contó con el apoyo del equipo de gobierno local —formado por BNG y Compostela Aberta— y de los dos concejales que permanecen en el PSOE. El líder local del PP, Borja Verea, lideró la cruzada por mantener el nombre histórico. Encontró un filón en la iniciativa de la comunidad educativa para seguir culpando a la alcaldesa nacionalista de atacar los símbolos de la ciudad. Cuando, tras la sesión, las familias ya dejaban entrever que no arrojarían la toalla, les envió un recado: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”

La Comunidad de Madrid quiere blindar aún más la escuela concertada en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a aprobar una ley educativa ad hoc para proteger a los centros privados sostenidos con fondos públicos como reacción a la ley nacional, la Lomloe, está preparando un decreto con el que pretende extender la duración de los conciertos hasta los 14 años.

Será, si se aprueba finalmente el texto (o cuando se haga, más bien), la segunda subida en cinco años: el Ejecutivo de Ayuso subió la vigencia de estos convenios entre los centros y la administración en 2021 como parte de aquella respuesta a la Lomloe, y los fijó en diez años frente a los seis que marca la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. En este caso la justificación es que como se están reduciendo las ratios hay que ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el tiempo que dure el proceso.

La escuela concertada es un pilar central del proyecto educativo del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de que garantiza la “libertad de elección de las familias” que, según esta visión, consagra la Constitución (aunque la carta magna solo habla de la libertad de crear centros privados, no de que la administración los promocione). Ha sido así durante décadas, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, aunque para ello hubiera que saltarse la ley. El impulso a la concertada en la región se plasma en el reparto de alumnado y sus consecuencias: en Madrid hay menos estudiantes en los centros públicos que en los privados, un caso único en España, una política educativa que ha llevado a la comunidad a ser la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta: los ricos van a clase con los ricos, los pobres con los pobres.

Hay ejemplos de todo tipo del apoyo institucional a la escuela concertada por parte de los Ejecutivos populares durante las últimas dos décadas. Uno son las cesiones de suelo público para construir colegios a los que se garantiza el concierto antes de existir, una medida que iba contra la normativa (los conciertos se conceden a centros que ya existen) hasta el punto de que cuando el PP llegó a la Moncloa regularizó la práctica al incluirla expresamente en la normativa. El Gobierno trató de contrarrestarla después prohibiéndola, explicó, en la Lomloe. Pero no lo hizo expresamente y Madrid ha obviado esta disposición y continúa cediendo suelo y garantizando conciertos de forma anticipada.

De hecho la educación es uno de los campos habituales de batalla entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para las familias ricas que acuden a centros privados, financiación de los centros que segregan por sexo, el uso del castellano en la escuela (o, más bien, la confrontación por algo que en Madrid, sin lengua cooficial, no es polémico), el bilingüismo o, recientemente, la vuelta en Madrid de los niños de 12 y 13 años a los colegios, son algunos de los elementos por los que ambos Ejecutivos se han enfrentado.

El PSOE admitió durante la tramitación de la Lomloe que buena parte de las medidas incluidas en la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP. La respuesta de Madrid fue aprobar la mencionada Ley Maestra para blindar a la escuela concertada y continuar con sus prácticas, como la cesión de suelo, ante la pasividad del Ministerio de Educación, que al menos con el anterior equipo, con Pilar Alegría al frente, optó por protestar verbalmente, pero no hacer nada. Uno de los últimos casos fue con esa vuelta de 1º y 2º de la ESO a los centros de Primaria, una medida que los directores de instituto rechazan por retrógrada y que Educación advirtió en su momento de que vigilaría porque iba contra la ley, pero que ha acabado ejecutándose sin problemas.

Cada esfuerzo que hace la Moncloa por controlar la escuela concertada es respondido por la Puerta del Sol reforzando aún más los centros privados sostenidos con fondos públicos. Al calor de este impulso nació y se desarrolló a partir del año 2000, aproximadamente, la llamada nueva concertada madrileña, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas con más tradición, ligadas habitualmente a la Iglesia a través de Escuelas Católicas, se articula en la forma de sociedades mercantiles, ofrece beneficios a sus dueños y dividendos a sus accionistas y altos salarios a las direcciones, profesionalizadas, mientras reciben dinero público. Un modelo que permite que centros subvencionados por todos se vendan por 200 millones de euros.

Ajuste de aulas, extensión de conciertos

El Gobierno regional explica en el borrador del decreto que prepara –técnicamente, lo que hace es modificar el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid– que como está ajustando las ratios de alumnado por aula tiene que alargar los conciertos en consecuencia. Así, dice el texto que “la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula (...) que finalizará en el curso 2030/2031”.

Debido a esta reconfiguración, continúa, “los centros concertados están adaptando su configuración jurídica de unidades y su concierto educativo en función de las necesidades de escolarización y la demanda de puestos escolares (...) condicionados por la disminución de la ratio. Asimismo, para la propia Administración educativa este proceso de ajuste de la ratio está afectando necesariamente en su actuación de programar anualmente la oferta educativa en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y concluye: “Sólo una vez finalizado dicho proceso, los centros concertados habrán definido su configuración definitiva, y sólo entonces la Administración podrá tomar las decisiones necesarias en orden a la actualización de una «programación general de la enseñanza» adecuada y suficiente (...). Por todo ello, con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros, a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados (...) y a la propia Administración educativa, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a catorce años, para que la fecha de renovación de los mismos coincida con la de la implantación completa de la disminución de ratio de alumnos por aula”.

Los comedores escolares son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, donde no solo aprenden hábitos alimentarios, sino también mejoran la socialización e integración con sus compañeros. También facilitan la conciliación de las familias y la capacidad de compaginar una jornada laboral con los horarios escolares de los niños y niñas, siendo un recurso fundamental. Aun así, solo el 44,8% de los alumnos asiste al comedor escolar, dejando a más de la mitad de niños y niñas fuera de la ecuación. El sistema de comedores escolares sigue teniendo muchas carencias en nuestro país: desde becas que no financian el 100% de los gastos a familias vulnerables, hasta el exceso de platos precocinados en los menús. 

La realidad es que España está todavía lejos de cumplir los objetivos de la Garantía Infantil Europea (GIE) aprobada en 2021 por el Consejo de Europa, que busca combatir la pobreza infantil y se compromete a garantizar el acceso a comedor escolar gratuito a todos los niños y niñas en situación de pobreza. En nuestro país, el 27,8% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza, pero solo el 11% accede a las becas comedor, según Educo, ONG que trabaja en más de 18 países y desde hace más de 30 años por el bienestar y los derechos de la infancia. Esto se traduce en aproximadamente un millón de niños y niñas vulnerables que no reciben becas y ayudas y por lo tanto, no van al comedor.  

La Plataforma Comedor Universal Por Derecho está impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer la primera ley de comedor universal para la escuela pública de la Comunidad de Madrid. Insisten en que acceder a una buena alimentación es un derecho fundamental para los niños y niñas, especialmente aquellos en riesgo de vulnerabilidad. La propuesta tiene cinco fases que finalizarán el próximo diciembre con la entrega en la Asamblea de Madrid de las más de 50.000 firmas que quieren conseguir, y pone sobre la mesa la ineficacia del sistema de becas y ayudas actual.

La plataforma está haciendo un llamamiento a la comunidad educativa de Madrid a participar en una lluvia de ideas para ayudar en la elaboración de la ILP y “escribir juntas la futura ley de comedor universal en la escuela pública”. La siguiente etapa será iniciar la campaña Becas Comedor y registrar la iniciativa en la Asamblea de Madrid.

El comedor en determinadas zonas es un vehículo de conciliación, porque la jornada laboral es más extensa que la jornada lectiva. Además, se puede meter en ese espacio que llamamos aulas matinales… Ambos tiempos son básicamente fórmulas de conciliación laboral

María Sánchez — Directora de CEAPA

Esta no es la única iniciativa que busca mejorar la situación de los comedores escolares en la capital. A comienzos de diciembre del año pasado, Más Madrid registró en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para establecer su gratuidad. La medida, dirigida a niños y niñas de 0 a 16 años que acuden a centros públicos, presta especial atención a las dificultades económicas que enfrentan las familias, sobre todo en Madrid. Su implantación sería progresiva durante los próximos cuatro años y el coste estimado de la medida asciende a 837 millones de euros al año.

Todas estas iniciativas comparten la misma denuncia: en España no existe un comedor escolar gratuito y universal. A pesar del sistema de becas dirigidas a familias vulnerables, la gratuidad total no existe, y en la mayoría de los casos solo reciben cierto porcentaje de esa ayuda. En Baleares, Cantabria, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra no se contempla nunca dar el 100% de la beca, ya que cada territorio se rige por sus propios barómetros para determinar si la familia es suficientemente pobre para recibir esta ayuda. Y en Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, la beca del 100% está condicionada a diversos requisitos.

En todas las comunidades autónomas hay una brecha significativa entre el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y el porcentaje de niños y niñas que tienen becas comedor

Pilar Orenes — Directora de Educo

Desde Educo, insisten en que los baremos económicos de las becas deben estar construidos en base a los umbrales de pobreza del INE. “Desgraciadamente, cuando tú no das una beca completa, también es un desincentivo. Muchas veces para pedirla o cuando te la dan no haces uso de ella porque tampoco puedes cubrirla. Es necesario que los sistemas y la burocracia sean ágiles, que todas las personas puedan acceder a ellos”, explica Pilar Orenes, directora de Educo. “En todas las comunidades autónomas hay una brecha significativa entre el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y el porcentaje de niños y niñas que tienen becas comedor”.

Las familias que se encuentran bajo el umbral de pobreza reciben diferentes ayudas dependiendo de la comunidad en la que vivan, e incluso dentro de la misma comunidad, puede variar. Este sistema, irregular e ineficaz, dificulta la conciliación familiar con la educación y bienestar de los niños y niñas. Educo insiste en que todos los niños, niñas y adolescentes de familias que viven bajo el umbral de la pobreza reciban el 100% de la beca y, por lo tanto, quede totalmente cubierta su asistencia al comedor sin tener que hacer ninguna aportación económica.

María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), explica que “el comedor en determinadas zonas es un vehículo de conciliación, porque la jornada laboral es más extensa que la jornada lectiva. Además, se puede meter en ese espacio que llamamos aulas matinales, gracias al que niños y niñas pueden acceder al centro para desayunar a partir de las 7:00, 7:30 de la mañana, hasta la hora de entrar al cole, que son las 9. Ambos tiempos son básicamente fórmulas de conciliación laboral”. Sánchez asegura que el comedor escolar “tiene ese componente de servicio de conciliación, pero también nos preocupa mucho y algo en lo que trabajamos en CEAPA desde hace años, es el componente de alimentación”. 

El año pasado se conoció que un tercio de los centros con comedores escolares ofrece más frituras y menos verduras de las recomendadas, lo que cuestiona si los niños y niñas están recibiendo una alimentación adecuada y de calidad. “Casi todas las comunidades autónomas decidieron ceder los contratos de comedores a macroempresas de catering… La mayoría de ellas lo que hacen es establecer unas cocinas centrales y cocinar en esas cocinas la comida de X centros, y cada día transportar la comida a los centros que atienden”, asegura Sánchez. “Creemos que eso es una merma importante en la calidad, a pesar de que las empresas sostienen que el proceso de congelación en ningún caso afecta a la comida, pero no es lo mismo comer todos los días congelado”.

Los niños se quedan en el comedor y cuando llegan a casa piden comer otra vez, porque se quedan con hambre

María Sánchez — Directora de CEAPA

Desde CEAPA, Sánchez también se preocupa sobre la reducción de las porciones que sirven en los comedores, y cómo “los niños se quedan en el comedor y cuando llegan a casa piden comer otra vez. Porque se quedan con hambre”. Asegura que a pesar de la subida de los precios en los últimos cuatro años, “hemos notado que hay comunidades en las que desde hace 8 o 10 años no aumentan el precio del comedor”. Lo que resulta en comidas, en muchos casos, insuficientes para los niños y niñas. 

Otra guerra prácticamente perdida es la de los comedores en institutos. Más de un 15% de colegios públicos de primaria no tienen comedor escolar, mientras que solo el 16,7% de los centros educativos de ESO cuentan con este recurso, según la Plataforma de Infancia de España. El 87% de los institutos carecen de comedor escolar, por lo que solo el 2,9% del alumnado de ESO en centros públicos accede a este, según CEAPA. “En todas las edades es clave esa garantía de comida y ese entorno seguro que da el comedor escolar”, afirma Orenes.

“En la adolescencia también, porque es cuando muchas veces se producen esos retos en torno al bienestar, en torno a los trastornos alimenticios. No tener ese espacio del mediodía también te resta de un espacio de socialización, hace que incremente la posibilidad de abandono escolar.” Cuando pasan al instituto, muchos alumnos dejan de asistir a los comedores, en la mayoría de casos porque su centro no dispone de uno. Esto dificulta, de nuevo, la conciliación familiar y el desarrollo de los adolescentes.

No tener ese espacio del mediodía también te resta de un espacio de socialización, hace que incremente la posibilidad de abandono escolar

Pilar Orenes — Directora de Educo

El año pasado se publicó el Real Decreto 315/2025, que estableció las normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos españoles. Como principal objetivo, establece una oferta alimentaria de calidad nutricional y sostenible, basándose en la dieta mediterránea. Sin embargo, no hace apenas mención a la gratuidad o universalidad de los comedores escolares, a pesar de afirmar que “el comedor escolar es una pieza clave para reducir la pobreza infantil”.

Desde Educo, Orenes asegura que “a nivel de esfuerzos, hay que tocar muchas teclas para que el comedor universal esté garantizado. El Real Decreto habla de los comedores escolares y de la alimentación que se tiene que asegurar en ellos, la calidad de la alimentación. Pero hay que vincularlo con la situación de pobreza y con los niños y niñas que se quedan fuera de ese comedor, porque si no, esa garantía de alimentación no va a llegar a todos”. 

El comedor universal y gratuito en España es todavía una realidad lejos de alcanzar. Además de alcanzar unos estándares de calidad y cantidad, y asegurar su presencia en institutos. Sin embargo, cada vez más plataformas, asociaciones y organizaciones unen sus esfuerzos para intentar establecerlo en nuestro país, siempre velando por el bienestar de los niños y de sus familias. 

Los centros educativos de Castilla-La Mancha podrán participar a partir del tercer trimestre de este curso en una radio escolar autonómica para favorecer el intercambio de experiencias entre docentes, producir contenidos radiofónicos educativos y compartir buenas prácticas en proyectos de radio escolar.

Se trata de Onda Educativa CLM, un proyecto puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para dar la oportunidad a los centros a difundir a través de la radio los proyectos de radio que realizan en el aula. Según el Ejecutivo autonómico, actualmente hay más de 200 centros que están emitiendo y que tienen un proyecto consolidado de radio.

Cada centro participante elaborará dos podcasts de hasta 15 minutos sobre dos temáticas que podrán ser sobre las experiencias educativas desarrolladas en los centros, reflexiones sobre aprendizajes docentes y practicas educativas, intereses e inquietudes en el ocio del alumnado y participación de la comunidad educativa y relación con el entorno.

Cómo apuntarse

La inscripción para participar en esta iniciativa se abre desde hoy, 12 de marzo y hasta el día 25 de marzo y estará disponible toda la información en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado que este proyecto desarrolla la competencia comunicativa del alumnado, fomenta el trabajo colaborativo entre centros, conecta el aprendizaje con el entorno y la comunidad educativa y comparte experiencias pedagógicas entre docentes, alumnado y resto de comunidad educativa.

Asimismo, ha añadido que el 13 de mayo tendrá lugar una jornada de radio escolar que se celebrará en la ciudad de Toledo y donde se emitirán los programas elaborados.

Sólo hay un lugar en toda Galicia con el topónimo Almáciga: el monte más elevado de la ciudad de Santiago, hoy un barrio popular y a menudo olvidado por los propios compostelanos. Esta atalaya natural donde se vivió uno de los últimos capítulos de la Revolta Irmandiña, aquella rebelión campesina contra los privilegios de los señores en el siglo XV, acoge hoy, siglos después, una nueva batalla cultural: la que ha desatado la derecha contra la decisión –unánime– de la comunidad educativa de rebautizar el colegio con el nombre del sitio donde está emplazado. El problema no es la nueva denominación, sino la anterior, la que desaparecería: Apóstolo Santiago.

El Apóstolo Santiago –inaugurado en 1954 como Santiago Apóstol, rótulo que aún conserva en la fachada– fue el primer grupo escolar de la ciudad. Tras él vendrían muchos otros centros que, como él, pese a su carácter público, serían bautizados con nombres de esa Iglesia que ha marcado la historia de Compostela desde la Edad Media. Cardenal Quiroga Palacios, López Ferreiro, San Clemente o Pío XII son sólo algunos ejemplos. Curiosamente, en el Pío –el mayor colegio de la ciudad, con más de 600 alumnos–, un grupo de familias mira con atención lo que sucede en la Almáciga mientras estudian una alternativa similar.

La propuesta del cambio de nombre surgió del ANPA del Apóstolo, recogiendo un intento de unos años antes que no había llegado a fructificar. Detectaron la voluntad mayoritaria entre las familias de rebautizar el colegio y conseguir aumentar la identificación simbólica con el barrio. En el informe de diez páginas que presentaron a la asamblea de padres y madres se recogía “la necesidad de dotar al centro de una identidad educativa acorde con su realidad territorial, cultural y social”. Su propuesta enumeraba argumentos históricos, geográficos, sociológicos y pedagógicos. El Consello Escolar, el máximo órgano de gobierno de la comunidad educativa, lo respaldó por unanimidad.

Nada de eso sirvió. El PP local, envuelto en una campaña contra la regidora Goretti Sanmartín (BNG) que pasa por acusarla de atacar a todos los símbolos del compostelanismo –entre los que puede encontrarse el Camino de Santiago, pero también un festival de música con menos de diez años de antiguedad–, encontró un nuevo filón que explotar. Para el portavoz municipal, Borja Verea, esa iniciativa ya no partía de un grupo de familias que buscaba una mayor identificación entre colegio y barrio: era un ataque a la identidad de la ciudad. Y, ya de paso, al Apóstol.

Más papistas que el arzobispo

Agitar el fantasma del anticlericalismo contra los gobiernos a la izquierda del PSOE es un clásico en una ciudad que vive a la sombra de la catedral. En 2015, Martiño Noriega –regidor por la marea municipalista Compostela Aberta– sufrió furibundos ataques por su decisión de no participar en la ofrenda al Apóstol aunque, curiosamente, tanto entonces como ahora, quien menos hiperventiló fue el propio Arzobispado. Así fue el inicio de un mandato que vivió hasta su final bajo un fuego constante y que, visto hoy, parecía anticipar algunas de las campañas dirigidas contra Pedro Sánchez.

En las siguientes elecciones, Noriega perdió. El voto de la derecha respaldó el regreso del exalcalde socialista Sánchez Bugallo, quien siempre había convivido con comodidad tanto con la Iglesia como con la Xunta del PP. Una vez espantado el miedo al anticristo, cuatro años después esas papeletas retornaron a casa. Bugallo –al que ocho años de ausencia habían desconectado de una ciudad que conocía como la palma de su mano– quedó segundo por la izquierda tras el BNG de Sanmartin. Dimitió para irse al Senado pero su partido no quiso entrar en un gobierno tripartito con Bloque y Compostela Aberta que habría gozado de una cómoda mayoría absoluta. Era el preludio de la implosión del PSOE local, dividido hoy entre dos concejales que mantienen las siglas y cuatro no adscritos, que serán claves en esta historia.

Sanmartin tampoco asistió a la ofrenda –Noriega fue el primer alcalde en ausentarse, pero los nacionalistas, en la oposición, ya no participaban en el acto– y los argumentos de condena renacieron de cero, como si 2015 nunca hubiese existido. Desde entonces, Verea –candidato más votado, 11 concejales, a dos de la mayoría absoluta– ha seguido excavando esa veta. Cuando se conoció la decisión de la comunidad escolar del Apóstolo, volvió a señalar a la alcaldesa al insertar esa propuesta de las familias en un “peligroso proceso de eliminación de todo lo que significa Santiago de Compostela” por parte de un gobierno que “detesta todo lo que nos hace únicos e universales” y llamó a la ciudadanía a “frenar juntos este ataque constante del BNG y Goretti Sanmartín al compostelanismo”.

El llamamiento de Verea caía en terreno abonado. La prensa de derechas llevaba días poniendo el grito en el cielo. “Qué indigencia”, escribió en sus redes sobre el cambio de nombre un periodista de ABC. Por su parte, los medios locales amplificaban la campaña de recogida de firmas de una –una– exalumna, que atacaba las connotaciones “políticas” del cambio: “Es un problema que no podemos ignorar, especialmente porque algunos hijos/as de políticos/as con ideologías independentistas y padres y/o madres afines a sus ideas asisten a 'nuestra escuela'. Parece que pretenden borrar cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias”. La versión original, que todavía circula por capturas de internet, añadía rojos –sin el posterior lenguaje inclusivo– a ese independentistas. “Un colegio pertenece a toda la ciudad, no a una asociación en un momento concreto”, había dicho Verea. De los 100.000 habitantes de esa ciudad, apenas algo más de 800 habían respaldado el change.org durante sus tres primeras semanas de vida.

El pleno municipal

Tras la aprobación unánime del Consello Escolar, los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de nombre eran la luz verde del ayuntamiento y de la Xunta. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, preocupado hasta casi la obsesión por lo que él llama “neutralidad ideológica” en las aulas, ya había enseñado la patita: “Andar cambiando nombres genera a veces ruidos innecesarios y esconde intereses que se ocultan de otra forma”, aseguró. Contrasta con el respaldo que recibió el colegio privado compostelano San Pelayo cuando se rebautizó como Emma o cuando, en el municipio vecino de Ames, el del obispo ultraconservador Guerra Campos fue sustituido por Val da Maía (el valle donde se ubican tanto Ames como Brión). Esta última decisión, por cierto, se hizo oficial el mismo día en el que, un centenar de kilómetros al norte, el instituto Carmen Polo pasaba a denominarse Terra de Ferrol.

Sin embargo, a Rodríguez le llegó el trabajo hecho después de que el pleno municipal tumbase la iniciativa. Lo que debería haber sido casi un trámite administrativo, dado el acuerdo total en el centro, mutó en una tensa sesión. Y eso, que, al inicio, el director del colegio, Luís Martínez, puso todo su esfuerzo en explicar de forma sensata una solicitud que, insistió, no iba “contra nadie, ni contra la compostelanidad ni contra el apóstol”.

Entre sus argumentos destacó la necesidad de ubicar el centro en el barrio –como los institutos de Sar o Fontiñas– y evitar las confusiones que genera el nombre actual. No fueron pocos los que, gracias a esta polémica, descubrieron no sólo dónde estaba el Apóstolo Santiago sino también que, pese a su nombre, no se trata de un colegio religioso. Martínez defendió por ello una denominación que permita identificarlo “claramente como centro educativo público aconfesional, plural y que no cause ningún tipo de duda o equívoco entre la ciudadanía”.

BNG, Compostela Aberta y los dos ediles socialistas respaldaron la decisión unánime de la comunidad educativa. El PP se opuso, tal y como había anunciado, pero fue la sorpresiva abstención de los cuatro concejales no adscritos la que tumbó la propuesta. Según denunció Verea, al finalizar el pleno, uno de los miembros del ANPA que asistían como público tocó en el hombro al portavoz de los no adscritos, Gonzalo Muíños, para llamarle “puto sinvergüenza”.

No tiran la toalla

Para las familias, con su voto, los 11 concejales del PP y los cuatro no adscritos “desautorizaron al órgano democrático y legítimo del colegio”. “Decidieron oponerse a la voluntad unánime del Consello Escolar de nuestro centro”, aseguraron en un comunicado, ya que “no sólo bloquearon un trámite administrativo”, sino que también “ignoraron dos años de participación, diálogo y consenso” que fructificaron en una decisión del ANPA y del profesorado que “cuenta con el apoyo del barrio”.

A Verea no le gustó el tono del escrito: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”, respondió en su propio comunicado. El ANPA ha convocado una asamblea general para el próximo día 18 donde estudiarán los nuevos pasos a dar, porque no han dicho la última palabra. Será un nuevo capítulo de esta batalla que ha convertido los deseos de la comunidad educativa en un daño colateral dentro de una guerra mayor.

Cada matí, Alberto recorre diversos quilòmetres amb cotxe per portar la seva filla a l’escola. Viu a la zona de la plaça de Toros, a Palma, envoltat de centres educatius públics. No obstant això, la seva filla estudia a Son Sardina, a uns cinc quilòmetres de casa. No va ser una elecció: va ser el resultat de la reducció de zones d’escolarització duta a terme en els darrers anys pel Govern balear.

El canvi es va traduir en una reorganització completa de la vida familiar: “Cada dia anam corrent amb el temps just. Avui la duc jo, demà la recull la seva mare… tot es complica. Una cosa que es podria fer en deu minuts caminant s’ha convertit cada dia en un trajecte de mitja hora”, explica el pare en declaracions a elDiario.es. El seu cas no és una situació aïllada: al centre educatiu coincideixen almenys set famílies que viuen lluny del barri on s’ubica l’escola.

Fins fa tot just tres cursos, la ciutat estava dividida en vuit zones escolars, un sistema que prioritzava la proximitat del domicili al centre educatiu. Amb el canvi de legislatura, la Conselleria d’Educació va reduir aquest mapa primer a tres zones i després a dues. Ara, l’Executiu de Marga Prohens (PP) vol anar més enllà i implantar una zona única escolar per al curs 2026-2027.

Es tracta d’una mesura que ha generat un intens debat educatiu: mentre el Govern defensa que permetrà a les famílies triar lliurement el centre independentment del barri on visquin, simplificarà els tràmits d’escolarització i facilitarà una distribució més flexible de les places, associacions de famílies i sindicats docents temen que aquesta lògica derivi en un model cada vegada més competitiu i desigual que acabi debilitant estructuralment l'escola pública.

“Les famílies amb més recursos són les que tenen més accés a informació, més facilitat per fer tràmits i també més capacitat per portar els seus fills a col·legis fora del seu barri”, assenyala Andreu Grimalt, responsable de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del col·legi Aina Moll i director de la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN Balears), qui aprofundeix en aquest sentit que el principal risc de la zona única escolar és l'augment de la segregació escolar a la ciutat. Un desequilibri que, adverteix, pot acabar condicionant l'accés real a determinats centres educatius.

Les famílies amb més recursos són les que tenen més accés a informació, més facilitat per fer tràmits i també més capacitat per portar els seus fills a col·legis fora del seu barri

Andreu Grimalt — Pare, president de l'AFA del col·legi Aina Moll i director de la Xarxa d'Exclusió Social de Balears

Aquest pare de dos nens tem, així mateix, que la implantació d'aquesta mesura trenqui el vincle entre escola i comunitat que es construeix als barris. Precisament, explica que des de l'AFA de l'Aina Moll treballen estretament amb associacions veïnals i comerciants de la zona per organitzar activitats i enfortir la vida comunitària al voltant del col·legi. “Creiem en aquesta escola de barri on els nens viuen en el mateix entorn, on els comerciants coneixen els nens i l'associació de veïns s'implica en activitats conjuntes”, subratlla. Amb un sistema d'escolarització més obert, adverteix, aquest teixit pot descompondre's. Per a Grimalt, però, aquest concepte no reflecteix com funciona realment el sistema educatiu. “La zona única és la gran mentida socioliberal del nostre temps en l'educació. Es parla de llibertat d'elecció, però en realitat aquesta llibertat no és igual per a tothom”, sentencia.

El precedent de Madrid

Les crítiques a la zona única s'empara, a més, en el que ha succeït a la Comunitat de Madrid, on aquest sistema es porta anys aplicant i en què diversos estudis situen els nivells de segregació escolar -quan l'alumnat es distribueix entre centres en funció del seu origen socioeconòmic- entre els més alts d'Espanya i d'Europa. Un informe de Comissions Obreres revela que el 25% de l'alumnat més pobre tendeix a concentrar-se a les mateixes escoles, amb les conseqüències acadèmiques i socials respecte a la reproducció social que això té, igual que succeeix amb el 25% més ric. Balears, en canvi, ha registrat històricament nivells de segregació més baixos. Per això, part de la comunitat educativa tem que ampliar la llibertat d'elecció sense mecanismes que garanteixin una distribució equilibrada de l'alumnat pugui reproduir dinàmiques com les observades a Madrid: centres cada vegada més homogènis socialment i una major concentració d'alumnat vulnerable en determinades escoles, especialment a la xarxa pública.

Les crítiques a la zona única s'emparen, a més, en el que ha succeït a la Comunitat de Madrid, on aquest sistema es porta anys aplicant i en què diversos estudis situen els nivells de segregació escolar -quan l'alumnat es distribueix entre centres en funció del seu origen socioeconòmic- entre els més alts d'Espanya i d'Europa

“La llibertat d'elecció és una fal·làcia. Jo puc triar el col·legi que vulgui, però una altra cosa és on podré entrar”, subratlla Alberto, posant èmfasi en que aquesta idea no es correspon amb la realitat d'un sistema que, de fet, ja està dissenyat “perquè determinats perfils entrin en certs col·legis”.

La setmana passada, el conseller d'Educació, Antoni Vera, defensava la reforma en termes ideològics. Al seu judici, el debat enfronta dos models educatius distints: “Amb una zona única, les famílies poden triar qualsevol centre de la ciutat: o els 'guetos' de l'esquerra o la llibertat de la dreta”.

La llibertat d'elecció és una fal·làcia. Jo puc triar el col·legi que vulgui, però una altra cosa és on podré entrar

Alberto — Pare

“Els Jocs de la Fam”

Àlex, pare d’un nen que estudia a l’Aina Moll, creu que la implantació de la zona única accentuarà la bretxa entre famílies. “El que estan aconseguint és una segregació enorme entre qui pot i qui no pot”, afirma. Al seu parer, el nou model afavorirà aquells que tenen més recursos o més capacitat per desplaçar-se per la ciutat, mentre que altres famílies acabaran depenent dels centres amb places disponibles. El canvi, explica, trenca també el criteri de proximitat que fins ara donava prioritat a les famílies del barri o a aquelles que treballaven a prop del centre. “Abans Palma estava dividida en set zones i tenies punts extra si el centre estava dins la teva zona de residència o de feina”, recorda. Amb una zona única, en canvi, tothom competeix en igualtat de condicions pels mateixos centres, cosa que pot deixar fora fins i tot famílies que viuen a pocs metres de l’escola.

Segons la seva experiència, el resultat pot ser un sistema amb centres cada vegada més demandats i altres amb places vacants. “Els quatre centres públics que tenguin bona fama seran una massacre, seran Els Jocs de la Fam”, resumeix gràficament. En aquest escenari, adverteix, moltes famílies hauran d’acceptar plaça en centres allunyats del seu entorn o en aquells que quedin amb vacants després del procés d’admissió.

El que estan aconseguint és una segregació enorme entre qui pot i qui no pot. Els quatre col·legis públics que tinguin bona fama seran una massacre com 'Els jocs de la Fam'

Álex — Pare

Precisament, el Consell Escolar de Mallorca, principal òrgan consultiu de l’illa en matèria educativa, sosté que una llibertat d’elecció sense una regulació suficient pot acabar beneficiant de manera desigual les famílies. Aquelles amb més capital cultural, amb un major accés a informació sobre el sistema educatiu, horaris laborals més flexibles o mitjans de transport propis tenen més possibilitats de sol·licitar plaça en centres considerats més prestigiosos o amb millors resultats acadèmics. En canvi, les famílies amb menys recursos o amb una mobilitat més limitada tendeixen a dependre dels centres més pròxims o d’aquells que mantenen places disponibles després del procés d’admissió.

En un informe alternatiu a la proposta de zona única impulsada per la Conselleria d’Educació, el Consell Escolar apunta que eliminar o diluir el pes de la proximitat en el procés d’admissió pot alterar l’equilibri social entre centres educatius i consolidar dinàmiques de concentració de l’alumnat segons el seu origen socioeconòmic. Per aquest motiu, reclama mantenir la zonificació vigent, que no impedeix que les famílies sol·licitin plaça en centres fora de la seva àrea, però sí estableix el criteri de proximitat -recollit a l’article 84 de la Llei orgànica d’educació- com un element prioritari quan la demanda supera l’oferta. Segons el document, que compta amb el suport d’entitats com la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA), sindicats docents i representants municipals, aquest criteri no només facilita la conciliació familiar i redueix els desplaçaments, sinó que també contribueix a mantenir una certa barreja social als centres educatius de l’entorn.

El Consell Escolar de Mallorca, principal òrgan de consulta de l'illa en matèria educativa, apunta que eliminar o diluir el pes de la proximitat en el procés d'admissió pot alterar l'equilibri social entre centres educatius i consolidar dinàmiques de concentració de l'alumnat segons el seu origen socioeconòmic

Risc d'“elitització”

En aquesta línia, el sindicat Unió Obrera Balear (UOB) denuncia que aquesta mesura “no garanteix la igualtat d’oportunitats que pregona la Conselleria”, sinó que “afavorirà precisament allò que ja s’ha produït durant els darrers cursos: segregació escolar, elitisme i concentració d’alumnat vulnerable en determinats centres”. L’entitat advoca per un sistema “transparent i just”, amb criteris “comuns, objectius i equitatius” -cosa que, assenyala, ja queda automàticament descartada amb els punts per antic alumnat- que “doni el suport i els recursos necessaris als centres en funció de les seves necessitats” i que garanteixi “una regulació efectiva i exhaustiva dels centres privats que reben fons dels contribuents”.

L’àrea d’ensenyament de la UOB insisteix que la zona única és una mesura “globalitzadora i elitista” que “atempta directament contra la integració comunitària a les barriades i perjudica aquelles famílies amb menys recursos econòmics i amb més dificultats de mobilitat”. El sindicat lamenta que en els darrers anys algunes famílies ja s’han quedat sense plaça als centres on ja estava escolaritzat un dels seus fills i, tot i disposar dels punts per germans en aquell centre, no han aconseguit entrar-hi.

El valor d'anar caminant al col·legi

Alberto subratlla, a més, que el canvi també afecta la vida social dels infants: quan la seva filla anava a l’escoleta, a pocs minuts de casa, la seva rutina incloïa sortir al parc amb altres nins del barri després de classe. “S’estava creant una xarxa amb altres nins d’aquí”, recorda. Ara, la situació és diferent. Els seus companys d’escola viuen en una altra zona de la ciutat: “Sortim de l’escola i tornam a Palma, i els seus amics es queden allà. Aquesta xarxa pròxima es perd”.

Per als experts en desenvolupament infantil, aquest entorn proper té un paper important. L’informe Caminando al cole, elaborat per l’Associació Espanyola de Pediatria, destaca que el desplaçament actiu a l’escola -anar-hi a peu o en bicicleta- no només millora l’activitat física, sinó que també enforteix el vincle amb l’entorn i la comunitat. Anar caminant a l’escola permet als infants conèixer el seu barri, interactuar amb el seu entorn i desenvolupar habilitats espacials i socials. El trajecte quotidià, assenyalen els especialistes, forma part del procés de socialització infantil.

Alberto ho il·lustra amb una imatge senzilla: quan els infants van caminant “s’aturen a mirar els aparadors, veuen la gent del barri, el del bar o el de la botiga, saluden i comencen a conèixer el que els envolta, un entorn pròxim i segur”. En canvi, apunta, quan el trajecte es fa amb cotxe “surten de casa, pugen al vehicle i baixen directament a la porta de l’escola sense veure res del que hi ha al voltant”. La distància entre casa i escola, insisteix, no és un detall menor: forma part de la vida quotidiana dels infants i també d’un procés d’aprenentatge. “El trajecte de casa a l’escola és una de les coses més importants que fan quan són petits”.

Quan van caminant al col·legi, els nens es paren a mirar els aparadors, veuen la gent del barri, el del bar o el de la botiga, saluden i comencen a conèixer el que els envolta, un entorn proper i segur. El trajecte de casa al col·legi és una de les coses més importants que fan quan són petits

Alberto — Pare

Per a moltes famílies, aquest trajecte en cotxe s’ha convertit en una rutina diària. No perquè l’escola estigui lluny del barri on viuen, sinó perquè no han aconseguit plaça als centres més propers. Una problemàtica que, a més, es fa evident cada matí a les portes de nombrosos centres educatius. “Es creen embussos monumentals. La quantitat de cotxes que es concentren al voltant de les escoles és enorme”, lamenta Alberto.

Per a ell, la paradoxa és evident: mentre les ciutats intenten reduir l’ús del cotxe, el model d’escolarització empeny moltes famílies a dependre del vehicle privat. En aquest sentit, insisteix que permetre que més famílies triïn centres allunyats del seu barri incrementarà els desplaçaments diaris i agreujarà els problemes de trànsit a la ciutat. “Si una família té cotxe i decideix portar el seu fill a una escola amb més prestigi fora de la seva zona, acabes generant més cotxes i més problemes de mobilitat”, afirma. El contrast és evident quan -segons assenyala aquest pare- es comparen les polítiques urbanes d’altres ciutats europees. “En molts llocs estan creant rutes segures perquè els infants puguin anar caminant a l’escola. Aquí estam fent el contrari: obligar-los a creuar la ciutat amb cotxe”.

En molts llocs estan creant rutes segures perquè els nens puguin anar caminant al col·legi. Aquí estem fent el contrari: obligar-los a creuar la ciutat amb cotxe

Alberto — Pare

El Govern defensa la mesura

Des del Govern balear, però, defensen que la zona única busca ampliar la llibertat d’elecció de les famílies i adaptar el sistema educatiu a la realitat actual de mobilitat a les ciutats. La Conselleria d’Educació sosté que el model permetrà que les famílies puguin sol·licitar plaça en qualsevol centre del municipi, sense que el domicili limiti les seves opcions, i que això facilitarà que cada família pugui optar pel projecte educatiu que consideri més adequat per als seus fills. A més, l’Executiu autonòmic assegura que la mesura contribuirà a simplificar els tràmits d’escolarització i a gestionar de manera més flexible la distribució de places als centres educatius.

Com subratllen des del departament dirigit per Antoni Vera, la nova norma estableix un marc “actualitzat i coherent” amb el nou sistema educatiu, alineat amb el Decret 43/2024 -que actualitza l’organització i el funcionament del sistema educatiu balear per adaptar-lo a la legislació estatal vigent- i amb els decrets de currículum aprovats el 2025, que desenvolupen els continguts i les competències que s’han d’impartir a cada etapa educativa. Segons la Conselleria, això permetrà garantir una regulació “estable, homogènia i adaptada a totes les etapes”.

La Conselleria recorda que, fins ara, el procés d’admissió de l’alumnat es regia per diferents ordres autonòmiques -principalment les de 2012 i 2016- que regulaven per separat diversos nivells educatius. Amb la nova normativa, subratlla, per primera vegada les famílies disposaran d’un únic marc d’escolarització que integrarà el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), el segon cicle, primària, ESO, batxillerat i educació especial, “superant definitivament la fragmentació normativa vigent”.

La Conselleria d'Educació sosté que el model permetrà que els pares puguin sol·licitar plaça en qualsevol centre del municipi, sense que el domicili limiti les seves opcions, i contribuirà a simplificar els tràmits d'escolarització i a gestionar de forma més flexible la distribució de places

El conseller defensa que el nou sistema no eliminarà completament el criteri de proximitat, que continuarà existint com un dels factors en el procés d’admissió quan hi hagi més sol·licituds que places. Al seu parer, l’objectiu és equilibrar aquest criteri amb una major llibertat d’elecció per a les famílies, que podran escollir el centre que millor s’adapti a les seves necessitats, i modernitzar així un model d’escolarització basat històricament en la proximitat.

Per a bona part de la comunitat educativa, però, aquesta mateixa lògica pot acabar generant l’efecte contrari: un sistema cada vegada més competitiu entre centres, amb escoles socialment més homogènies i una major concentració d’alumnat vulnerable en determinats centres educatius. Entre la llibertat d’elecció que reivindica l’Executiu i el risc de segregació que denuncien famílies i sindicats, el futur model d’escolarització s’ha convertit ja en un nou front del debat educatiu a les Balears.