Los magistrados Ana Jesús Zulueta, Elena Cabero y Jesús Poncela han solicitado su abstención como miembros del tribunal del juicio de las presuntas filtaciones en los exámenes de la OPE médica de Osakidetza de 2018. Sin que las partes, los dos imputados o las dos centrales sindicales que ejercen la acusación, hayan pedido la recusación en ningún momento, según exponen fuentes judiciales, la Audiencia Provincial de Álava deberá determinar ahora si la terna está 'contaminada' y si, en su caso, es necesario buscar nuevos jueces. La consecuencia es que la vista preliminar que iba a ser esta semana ha quedado ya cancelada y, desde luego, el juicio como tal queda pospuesto 'sine die'.

En el caso de Zulueta, ha expuesto en un informe que fue instructora del caso durante unos años, de 2019 a 2021. Durante la procelosa investigación ha habido hasta cuatro magistradas al frente de la causa y una de ellas fue la actual integrante de la Audiencia Provincial. En el caso de Poncela y Cabero, indican que en 2025 emitieron un auto como órgano de segunda instancia en el que entraron al fondo del asunto hasta el punto de revocar el archivo de la causa y ver indicios de delito como para enviar a juicio a los dos imputados que, en efecto, irán al banquillo. Es “un supuesto claro de afectación de la imparcialidad objetiva”, explican fuentes oficiales conocedoras del escrito de los dos veteranos jueces de Vitoria, presentes en casi todos los asuntos de relevancia de la ciudad en los últimos lustros.

“El juzgado instructor deberá dictar auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, determinando como hechos punibles, con las modulaciones que estime pertinentes, aquellos que en el marco de las diligencias de investigación practicadas y de lo expuesto en la presente resolución y en relación al proceso selectivo para facultativos médicos en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, sirvan de sustente a una calificación conforme a los delitos tipificados en los artículos 417.1 y 418 del Código Penal”, ordenaron el pasado año Cabero y Poncela en una resolución cofirmada con el juez Francisco García Romo.

Esa resolución es la que dio pie al juicio. Se confirmó el cierre de las actuaciones contra los otros 17 investigados y que dos se sentarían el banquillo por los indicios de irregularidades en un examen muy concreto de la OPE de 2018, la de Cirugía Plástica. Son la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

Los informes de abstención “han sido trasladados al presidente de la Audiencia alavesa para que se lleve a cabo el procedimiento que permita, siguiendo un orden establecido por ley, completar la composición de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava con otros magistrados que son los que tendrán ahora que decidir si las razones de abstención de sus compañeros están justificadas o no”, indican desde el Palacio de Justicia. Cuando la pasada semana trascendió la suspensión de la vista preliminar, ya se adelantaba por parte de Poncela que era por un posible cambio en el tribunal, pero no dio más detalles. Nunca ha habido fecha concreta para el inicio del juicio y ahora, de nuevo, el calendario está en el aire.

Finalmente, el 20 de abril no habrá vista previa de cara al juicio de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Según una providencia de la Audiencia Provincial de Álava con fecha de este miércoles, “se deja sin efecto el señalamiento previsto [...] en atención a la posibilidad de un cambio en la composición del tribunal”.

No se explica más en la comunicación trasladada a las partes de los motivos del posible cambio en la terna de jueces que iban a dirigir este proceso, de la sección segunda de lo penal de la Audiencia alavesa. Simplemente se indica que se pospone 'sine die' este trámite previo para un juicio que nunca ha llegado a tener fecha.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

Fuentes próximas a los dos únicos imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados en una fecha indeterminada en el caso de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, una opositora del examen de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal, señalan con rotundidad a este periódico que no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno por el que puedan recibir una pena rebajada a cambio de confesar irregularidades. El próximo lunes, 20 de abril, se celebrará una vista preliminar en la Audiencia de Álava donde, entre otras cuestiones previas, se tocará la posibilidad de una conformidad, una hipótesis lanzada en su momento por la Fiscalía pero que no tiene visos de cristalizar.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología. Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen, de cuyo tribunal era integrante, a la opositora, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas que la Fiscalía. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El doctor y la opositora, de su lado, han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”. Las fuentes consultadas insisten en esa tesis e incluso aventuran que la vista previa apenas durará “cinco minutos” porque no hay nada que acordar antes del juicio, cuya fecha es desconocida. Sí se deberá de concretar si, como desea LAB, el consejero en el momento de los hechos, Jon Darpón, acude o no como testigo a la vista oral.

El doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, que se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Álava como presuntos responsable y beneficiaria de la filtración de preguntas del examen de Cirugía Plástica de las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”.

Ambos se exponen a penas de cárcel -variables en función de las peticiones de la Fiscalía o de las otras acusaciones, los sindicatos LAB y ESK- al estimarse que hay indicios de que Salas, a quien unía con el otro acusado un vínculo familiar, obtuvo información confidencial de quien era autor de 50 de las 100 preguntas de aquella prueba. La examinanda, en esa parte, logró 48 aciertos, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

Martínez Flórez, para quien la Fiscalía y ESK piden dos años de prisión y LAB tres -además de la inhabilitación-, tiene como letrado a Rubén Múgica, que sostiene que “no hay delito cuya autoría pueda atribuirse” al facultativo, sin más consideraciones. Adjunta, eso sí, el contrato suscrito por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), que fue quien le encomendó, por 1.250 euros, poner las 50 preguntas. El punto 15 del acuerdo recogía, expresamente, la necesidad de la “debida confidencialidad”. “No darán a conocer, en ningún caso, el contenido de los cuestionarios a terceros”, se agrega.

El escrito de defensa de Salas, suscrito por el letrado Eduardo Peche, es aún más corto. Incluso escribe mal el segundo apellido del otro imputado. Sí lanza como petición que los justiciables, en el juicio, depongan al final, es decir, después de haberse presentado las pruebas y declarado los testigos. La Fiscalía pide para ella un año de prisión -y penas accesorias de inhabilitación- porque considera que, en su caso, el delito fue un “intento”, si bien ESK lo eleva a dos y LAB a tres. ¿Por qué la rebaja a tentativa? Salas no obtuvo la plaza tras el examen: se vio invitada a renunciar al aparecer sospechas, durante el propio desarrollo de las oposiciones, de lo que podía haber ocurrido.

En esta misma investigación judicial se vio que en otros exámenes de esa misma OPE de 2018 hubo opositores próximos a los autores del examen que sacaron los mejores resultados, en ocasiones próximos a la perfección. Hubo denuncias en Anestesia, en Cardiología y en otra decena de pruebas. Sin embargo, el procedimiento se archivó en las otras especialidades investigadas y solamente se celebrará juicio para el caso de Cirugía Plástica. Particularmente la acusación ejercida por LAB insiste en que el problema estructural de las filtraciones no se va a resolver, aunque de cara a las vistas ha solicitado que declaren como testigos el consejero de entonces, Jon Darpón, que acabó dimitiendo en 2019 por este asunto, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que también acabó saliendo.

La Fiscalía estima como probable que los dos imputados busquen una conformidad, un acuerdo por el cual admitan los hechos a cambio de una rebaja de la pena con respecto a las calificaciones de las acusaciones. Por el momento, no hay fecha fijada para la celebración de las vistas. Llegarán, en todo caso, prácticamente ocho años después de celebrarse aquellas oposiciones.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Alfredo Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen de Cirugía Estética de las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018, de cuyo tribunal era integrante, a una opositora, Thais Salas, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Eso sí, se estima “probable” que se pueda alcanzar una conformidad si ambos admiten los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas.

Estos hechos son los únicos que llegarán a juicio de la docena de exámenes en los que existieron sospechas de filtraciones en la OPE de Osakidetza de hace ya ocho años, tras la que tuvo que dimitir tanto el consejero de Salud de entonces, Jon Darpón, del PNV, como la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, así como el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. En el resto de casos, la investigación -con muchos parones y que ni siquiera revisó todos los exámenes denunciados- no fue concluyente a pesar de los intentos de las dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK.

Según la fiscal del caso, Cristina Vicente Briansó, es claro que Martínez Flórez, como miembro del tribunal del examen de una de las especialidades, “filtró las preguntas” a una opositora concreta, la pareja de su hijo. Se indica que los exámenes fueron en mayo de 2018 y que en marzo de ese año el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) le había encargado la realización de 50 preguntas teóricas, “firmando para ello un contrato de confidencialidad”. Salas “contestó correctamente a 48 de las 50” preguntas de esa parte, por 24 de 50 del resto de la prueba. Su nota final quedó “muy por encima del resto de opositores”.

Expone la Fiscalía que en un “descanso” de ese examen Salas fue “advertida” de las “sospechas” sobre sus resultados. Le “recomendaron” que se retirara, pero no lo hizo. Finalmente, 48 horas después sí comunicó que renunciaba a la plaza y quedó “eliminada” de las listas. A juicio de la acusación pública, el doctor incurrió en un delito de revelación de secretos “con grave daño” para la causa pública o para terceros y Salas en un “intento”. Así, pide dos y un año de prisión, entre otras penas accesorias.

La magistrada de Vitoria Blanca Ester Díaz Pulido ha decretado, a la luz de este escrito, la celebración de juicio oral, para el que aún no hay fecha. El resto de imputados, miembros de tribunales y opositores de otras categorías, quedaron totalmente exonerados en una fase anterior. El tribunal encargado será la Audiencia Provincial de Álava.

LAB quiere al exconsejero Darpón de testigo en el juicio

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados, por ejemplo. La central expone que el consejero Darpón -al que intentó imputar sin éxito- realizó cambios en la confección de los exámenes en busca de “transparencia” y que, por ello, se externalizó una parte de la confección de las preguntas al IVAP. Sin embargo, como el IVAP no tenía especialistas, tiró de facultativos de Osakidetza.

Sobre el caso concreto, recalcan que solamente cinco aprobaron la prueba de Cirugía Plástica y que “siendo la mejor nota 58 sobre 100” la ahora procesada obtuvo 72 “en una examen que se caracterizó especialmente por su dificultad”. Insisten en que Darpón, cuando dio explicaciones públicas por las denuncias de filtraciones, no ofreció la realidad de lo sucedido en Cirugía Plástica. Es más, LAB desea que el exconsejero -ahora alto cargo de la empresa sanitaria privada Keralty- comparezca como testigo en el juicio, al igual que Múgica, Soto y otros excargos. “No se sentarán en el banquillo los responsables de generar un espacio de impunidad tal que propició actuaciones tan burdas como la registrada en Cirugía Plástica. Confesarán y admitirán lo que son, cabezas de turco [sic] de todo un sistema corrupto y clientelar”, ha señalado la central.

De su lado, ESK, con un escrito mucho más escueto en su parte de relato fáctico de los hechos, pide dos años de cárcel para ambos imputados. Sostiene que “como consecuencia de estos hechos” hubo un perjuicio para el resto de opositores, básicamente porque la investigación forzó una paralización cautelar de las asignaciones de plazas que se mantiene hasta ahora, ocho años después. Se da la circunstancia de que LAB sí cita a declarar a los tres afiliados de ESK que denunciaron irregularidades en esta OPE -en concreto, en la categoría de Anestesiología- pero no figuran en la propuesta de su organización.

El lunes, 29 de septiembre, el Parlamento Vasco celebró una larga comisión en la que el consejero de Salud, Alberto Martínez, dio cuenta del relevo de buena parte de su equipo. En ella participó la exviceconsejera Lore Bilbao en su nueva condición de directora general de Osakidetza y detalló que, en niveles inferiores, se han producido también designaciones. Citó como ejemplo las de dos subdirectores de Asistencia Sanitaria e indicó que Margarita Logroño ocupa la subdirección de Coordinación de la Atención Hospitalaria y que David Cantero hace lo propio con la de Calidad. Sin embargo, la convocatoria para la provisión de esos dos puestos se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el 23 de septiembre y se abrió al día siguiente un plazo de “diez días hábiles” para que los interesados pudieran presentarse. Ese margen sigue aún abierto hasta mediada la próxima semana.

La portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha registrado en el Parlamento Vasco una solicitud de información para que el Gobierno de Imanol Pradales dé explicaciones sobre estos cargos. “La realidad es que Osakidetza no puede haber hecho esos dos nombramientos [...]. No se pueden hacer hasta que termine el plazo. El que considere puede presentarse y optar a ello”, expone la formación abertzale en euskera. Por ello, reclama que el consejero Martínez detalle si Bilbao ha cumplido la ley al dar por hechas las designaciones sin esperar a la finalización de la convocatoria.

En uno de los casos, el de Logroño, concurre también la circunstancia de que fue una de las mejores candidatas en las oposiciones médicas de 2018 sobre las que recayeron denuncias de filtraciones. Es especialista en Anestesia, la misma del consejero y del nuevo 'número dos' de Salud, Gontzal Tamayo. Recientemente se ha ratificado el archivo de las actuaciones en el examen concreto de Anestesia aunque sí habrá juicio en otra de las categorías investigadas, Cirugía Plástica, por orden de la Audiencia Provincial de Álava, que ha revisado recursos sobre el asunto. Logroño nunca estuvo imputada en el procedimiento. Ubera, en todo caso, plantea si para recuperar el “buen nombre” del Servicio Vasco de Salud es una designación oportuna.

Fuentes de Osakidetza consultadas por este periódico indican que no hay ninguna irregularidad en lo expuesto por Bilbao en el Parlamento. Explican que son designaciones “en funciones” y que, posteriormente, se realizarán las definitivas a la luz de las posibles candidaturas presentadas. Indican que hay precedentes en los que se ha operado igual, como el caso de Enrique Bárez, el gerente de la OSI Araba, la comarca sanitaria que aglutina a los hospitales y ambulatorios de Vitoria y de buena parte de Álava. Añaden, además, que fueron nombramientos provisionales realizados por la anterior directora general, Susana López Altuna, ya destituida dentro de los cambios generales en el organigrama de Salud. Sin embargo, en el organigrama de Osakidetza, que es público, ambos puestos constan como “vacantes”.

Se da la circunstancia de que las dos convocatorias no son exactamente gemelas en requisitas. Las dos sí fueron aprobadas a comienzos de septiembre y firmadas por Bilbao ya en sus nuevas funciones. Salieron en el BOPV el día 23, también el mismo día.. Pero en una de ellas, la de Calidad, se requiere tener un mínimo del PL3 de euskera. Eso no se menciona en el puesto de Coordinación de la Atención Hospitalaria. Según fuentes médicas, eso encajaría con las circunstancias personales de Logroño. En ambas se menciona que los nombramientos se harán efectivos tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y que incluso hay posibilidad de recurso.

La Audiencia de Álava, en un inesperado pronunciamiento judicial más de siete años después de que se iniciara la causa, ha revocado el archivo de las actuaciones contra dos de los 19 imputados en la investigación de las presuntas filtraciones en las oposiciones médicas de la primavera de 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Esta resolución, notificada este miércoles, abre la puerta a la celebración de un juicio centrado exclusivamente en el examen de Cirugía Plástica. La sala, por el contrario, confirma el cierre total de las actuaciones en el resto de pruebas, como Cardiología, Anestesia y otras, ocho en total.

El cierre de la causa, después de años parada en un juzgado, fue conocido en diciembre de 2024. La instructora Blanca Ester Díaz Pulido, la cuarta desde 2018, optó en un auto por no apreciar ningún indicio para celebrar un juicio. Sin embargo, los sindicatos LAB y ESK presentaron un recurso y ahora, nueve meses después, la Audiencia Provincial lo ha estimado parcialmente. “El juzgado instructor deberá dictar auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, determinando como hechos punibles, con las modulaciones que estime pertinentes, aquellos que en el marco de las diligencias de investigación practicadas y de lo expuesto en la presente resolución y en relación al proceso selectivo para facultativos médicos en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, sirvan de sustente a una calificación conforme a los delitos tipificados en los artículos 417.1 y 418 del Código Penal”, señala el auto firmado por los magistrados Elena Cabero, Jesús Poncela y Francisco García Romo (ponente). Estos delitos hacen referencia revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

Los afectados son el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, a los que les unía un vínculo familiar. Este auto es firme y no caben recursos. En su momento, el caso concreto de Cirugía Plástica se planteó como un “expediente X” por lo extraño de su desarrollo. Era algo diferente a los otros exámenes investigados, en los que el patrón era notas anormalmente altas o directamente perfectos en candidatos próximos a los autores de las preguntas.

La opositora era Thais Salas y obtuvo la mejor nota en la prueba. Sin embargo, sorpresivamente, renunció a ella en el acto y no consta en los listados de resultados. ¿Qué ocurrió? Esto implicó una serie de comunicaciones entre las partes, incluida la dirección de Osakidetza. El autor del examen fue Alfredo Martínez Flórez. Salas ha admitido que en aquella época tenían una relación de parentesco. Según el sindicato LAB, que en su día propuso estas imputaciones en su condición de acusación, la Administración no solamente conocía lo ocurrido sino que lo ocultó “deliberadamente”.

La Audiencia plantea que aunque el doctor “se abstuvo” de participar en el tribunal sí realizó “la mitad” de las preguntas, mientras que Salas, pareja de uno de sus hijos, “rozó la perfección en las contestaciones a las preguntas elaboradas por su suegro, 44 correctas sobre 46”. Por el contrario, sacó 24 de 45 en el resto de la prueba. Según la sala, la instructora erró al entender que la renuncia ya elimina el posible delito. Existen “elementos indiciarios suficientes” para, al menos, discutir el asunto en un juicio.

Sobre las otras especialidades, por el contrario, el recurso resuelto entiende que están bien cerradas. En el caso de Cardiología, con tantos exámenes perfectos como plazas en juego y avisos previos de dos miembros del tribunal de que iba a producirse un fraude, el tribunal defiende que el material recopilado en la investigación es “insuficiente” para pasar de las sospechas a las “certezas”. “No es razonable esperar que en un eventual juicio oral se modifique este estado de cosas con la aparición, muchos años después de los hechos, de pruebas de cargo hasta ahora desconocidas. Los doctores Loma-Osorio y Obieta [los dos vocales denunciantes] no podrían añadir nada que no hayan contado ya y no es razonable esperar una confesión de los eventuales acusados”, expone la sala.

El caso de las OPE de Osakidetza se conoció el 1 de junio de 2018, el mismo día en que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. En los siguientes meses, implicó la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, de la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, del responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, y de otros cargos. La investigación ha estado plagada de parones y ni siquiera se han revisado en el juzgado todos los exámenes afectados. Las acusaciones intentaron elevar las responsabilidades penales a los responsables políticos pero pronto se cerró esa puerta.

La sala, sobre este punto, indica que “no resulta posible [...] acoger la tesis de las acusaciones recurrentes en el sentido de que se han allegado indicios suficientes de la existencia de un fraude generalizado diseñado 'desde arriba', desde posiciones de dirección o Gobierno de Osakidetza y del IVAP, cuando ninguno de los 19 investigados ocupa una posición de ese tipo y cuando no se solicita continuar la investigación de cara a la identificación y toma de declaración como investigados de esos cargos directivos supuestamente responsables del embeleco”. Sin embargo, en la instrucción se han rechazado por sistema estas comparecencias, particularmente solicitadas por LAB. La Audiencia carga contra ambos sindicatos acusadores hasta el punto de que, en un momento, considera “pobrísimo” [sic] el recurso de ESK.

Eso sí, el auto plasma también que la OPE diseñada estaba “abocada al fracaso ab initio”. Se trata de una convocatoria en la que, precisamente para evitar filtraciones, Osakidetza delegó en otro organismo, el IVAP, la confección de parte de los cuestionarios. Pero el IVAP, a su vez, se los encomendó a miembros de los tribunales al no disponer de especialistas médicos. La Audiencia afea al equipo de Darón que “no se expuso con detalle qué criterios debía seguir el IVAP para seleccionar a los redactores de los exámenes” ni “cómo debía llevarse a cabo” esa tarea.

Osakidetza lo considera un “avance”

Osakidetza, en un comunciado, se ha felicitado de la resolución judicial aunque abra la puerta a celebrar un juicio, algo que hasta ahora no se contemplaba. Su tesis es que “ha decidido mantener abiertas únicamente dos imputaciones, sobreseyendo de forma definitiva la causa contra el resto de facultativos”. “Este pronunciamiento judicial permite dejar prácticamente cerrado un asunto que ha estado judicializado durante años y supone un paso decisivo para avanzar en los objetivos estratégicos del Servicio Vasco de Salud”, indican desde la cartera que dirige Alberto Martínez, él mismo vocal del tribunal de la OPE en aquella convocatoria.

Para el Gobierno, este “avance” o “punto de inflexión” le permitirá “adjudicar en breve más de 200 plazas de médicos que hasta ahora se mantenían pendientes”, las de las categorías que no irán a juicio. “Todo ello convierte a 2025 en el mayor ejercicio de consolidación de plantilla de la historia de Osakidetza”, agregan, sumando estas plazas pendientes desde hace años con las de otros procesos más recientes para “reducir la eventualidad del 37% actual al entorno del 11% a finales de 2025 y situarla en torno al 9% en 2026”.

Los sindicatos lo ven insuficiente

Desde los sindicatos que han ejercido de acusaciones, LAB acoge “con satisfacción” que puede haber juicio y más en una categoría especialmente señalada por la central desde hace años por las irregularidades que se produjeron aunque lamentan que no se depuren responsabilidades en los demás exámenes y que no se eleve el foco a los responsables de la época de Osakidetza. “A la vista de los hechos parece legítimo concluir que al menos María Jesús Múgica conocía esta cuestión y la omitió en dicha declaración [en la instrucción judicial, en la que declaró como testigo y con obligación de decir la verdad]. La valoración que hacemos del fallo es positiva pero insuficiente. Se han rechazado infinidad de diligencias que formuló este sindicato como, por ejemplo, el estudio de los exámenes de las categorías bajo sospecha; no se ha intervenido ni una sola comunicación entre opositores investigados y miembros de tribunal; no se ha permitido la declaración como investigados de la cúpula de Osakidetza de aquel momento para dar luz a lo sucedido, lo cual sin lugar a dudas es un escándalo para el sistema público vasco”, han manifestado en un comunicado.

Y ESK sale con una “sensación agridulce”. “En el fondo, hemos puesto elementos probatorios en todas las categorías y al final solo se ha contemplado en una”, señala por teléfono Patxi Nicolau, que cree que el juicio podía haberse hecho “con muchas más” pruebas que Cirugía Plástica. Sin embargo, se felicita de que la “acción” de ESK desde 2018, más allá del resultado del proceso penal, implicara “la dimisión de un consejero”, por Darpón, y el cambio en toda la “cúpula” de Osakidetza. “Con ello, el PNV reconoce implícitamente que lo que hemos defendido, ese sistema estructural de adjudicación de plazas, era real. Que futuras OPE hayan mitigado la posibilidad de esas filtraciones pone en valor nuestro trabajo”, explica Nicolau, que agradece expresamente la denuncia inicial de tres anestesistas que luego desató la bola de nieve, Marta Macho, Roberto Sánchez y Manoel Martínez.

Son menos de las nueve de la mañana del martes previo a las vacaciones de Semana Santa y en la sala Lehendakari Jesús María de Leizaola de la Presidencia vasca, circular y presidida por una solitaria ikurriña, espera ya el consejero de Salud, el doctor Alberto Martínez (Trapagaran, 1964). Afiliado al PNV, pero sin experiencia en gestión política, fue fichado el pasado verano por el lehendakari Imanol Pradales para liderar la cartera con más presupuesto de su Gobierno –un tercio de los 15.000 millones totales– y la que más preocupación genera en la ciudadanía junto con Vivienda. Martínez es anestesista de Osakidetza, donde era jefe de servicio en el mayor hospital de la red, el de Cruces en Barakaldo. En 2018 llegó a ser miembro del tribunal de la oposición que acabó investigada por denuncias de filtraciones, aunque el caso ya está cerrado en los tribunales.

Se define como “defensor” de lo público y garantiza que no fichará por la privada cuando deje el cargo como su predecesora, Gotzone Sagardui, y otros que han ocupado puestos de relevancia en Salud. No dice en ningún momento que haya querido enmendar la gestión de la anterior consejera del PNV pero sí desliza que hay cambios, como la publicación de las listas de espera, la reducción de las derivaciones, cambios en Vitoria o “escuchar” a los profesionales. “Es verdad, se habían roto los consensos. Incluso entre profesionales”, señala.

Antes de pasar con sus compañeros consejeros a la reunión del Consejo de Gobierno, disecciona en 45 minutos el estado de salud de la Sanidad vasca. ¿El gran problema? Faltan médicos. Martínez mira a la ministra Mónica García y le pide herramientas. Siente que el Gobierno central está abocando a las comunidades autónomas a “competir” entre ellas para captar profesionales. Eso sí, Euskadi va a hacerlo con todo lo que tenga a su alcance, asegura el consejero. Concluye también que el servicio de ambulancias externalizado ha mejorado después de que se rescindiera el contrato con la catalana Grup La Pau en Bizkaia y en Álava.

¿Qué le hace a un anestesista de Osakidetza meterse en política?

¡Qué pregunta más complicada para mí! Realmente, me llamó el lehendakari. Tuve una entrevista con él. Vi una persona con un nivel de conocimiento sobre Osakidetza que era muy grande. Me preguntó cuál era mi opinión, cómo lo veía. Yo había estado en ámbitos de gestión, en servicios grandes, y tenía una visión. Siempre he trabajado en la Sanidad pública y soy un defensor de la Sanidad pública. En una segunda conversación fue cuando me ofreció la posibilidad y me dio muchísima confianza el hecho de que fuera un lehendakari que tuviera un conocimiento tan de detalle y que estuviera casi obsesionado con la salud. Eso me dio seguridad para dar el paso. Insisto, soy un defensor de la Sanidad pública y me parecía que era un momento en el que podía aportar.

¿Sintió vértigo?

Sentí una enorme responsabilidad, porque la Sanidad pública es un referente para toda la sociedad. Pero es casi lo que me movió a aceptar. No me sentí con fuerza para decir que no.

¿Qué le ha parecido la política por dentro? Participó, por ejemplo, en la asamblea general del PNV.

No participé más que como espectador... Me llamó la atención todo el procedimiento, que era muy largo, pero no he participado activamente.

Este domingo ha sido el Aberri Eguna. ¿El consejero de Salud lo celebra? ¿Es independentista?

Lo he celebrado porque estamos invitados todos [los consejeros al acto del PNV]. Yo soy partidario de las cuestiones que unen a la población. No soy partidario de las cuestiones que dividan. Y yo no he venido a crear más problemas, sino a intentar resolverlos.

¿Eso es que no es independentista?

Eso significa que lo que no une a la sociedad no lo quiero para la sociedad.

Hay una frase que ha solido repetir: “Cambiaría mi tesis doctoral por saber euskera”. ¿Qué quiere decir?

Para mí, la tesis doctoral fue un enorme esfuerzo, tampoco quiero trivializarlo. Pero pertenezco a una generación que no estudiaba ninguna hora de euskera en el colegio. Me he apuntado varias veces al euskaltegi y tengo unos conocimientos muy rudimentarios. En mi ámbito profesional, lo que se valoraba si yo quería tener un desarrollo era hacer una tesis doctoral. Con ella he dirigido tesis a compañeros de otras especialidades y me ha permitido ser profesor de Universidad. Pero cuando uso esa frase lo que quiero decir es que en mi relación con los pacientes euskaldunes la tesis doctoral me aporta menos que si hubiera sabido euskera.

¿Un vascoparlante tiene garantizado ahora mismo que le van a atender en su idioma en todo momento en Osakidetza?

Intentamos que lo tenga lo más garantizado posible. Ahora mismo, lo tenemos garantizado en algunos sitios y en otros tenemos dificultades. Tenemos la opción de que cada uno tenga su médico en euskera, que lo pueda elegir, pero puede ocurrir que puntualmente ese médico no esté. Puede ocurrir, aunque intentamos que sean los menos casos posibles. Lo que sí pasa es que las historias clínicas no están en euskera y la comunicación entre los profesionales no es en euskera.

Supongo que es consciente de ello porque se lo repiten en el Parlamento: hay personas, colectivos e incluso presidentes de bancos que están diciendo que introducir el euskera es un factor “limitante” para captar profesionales.

No es un factor limitante. Es un factor que en un sistema en el que hay competencia es evaluable. Lógicamente, es un valor que se tiene en cuenta. Hay zonas sanitarias en que se establece un mayor nivel de exigencia que en otras.

¿Independentista? Yo soy partidario de las cuestiones que unen a la población. No soy partidario de las cuestiones que dividan. Y yo no he venido a crear más problemas, sino a intentar resolverlos

¿Cuántos médicos le faltan a Osakidetza en este momento?

Hemos sacado una OPE de plazas de difícil cobertura con alrededor de 140 en Atención Primaria. Pero hay otras especialidades en que también nos faltan. Y es que, además de las plazas estructurales, nos hemos dado cuenta de que ahora necesitamos muchos más profesionales que antes para cubrir las mismas necesidades porque cada vez hay más derechos ciudadanos que necesitamos atender. La sociedad está cambiando y necesitamos más plantilla.

En estos meses, usted ha planteado retrasar la edad de jubilación a los 72 años o reducir el período de formación de residentes. ¿Tan desesperada es la situación?

Tengo un informe de la Comisión Interterritorial de Salud en el que se hace la evaluación de varios años. Con la crisis de las ‘subprime’ –la crisis económica en España, que prácticamente fue casi rescatada– se produjo un déficit económico muy fuerte y eso hizo que el número de residentes que se formaban fuera muy bajo. Durante muchos años, prácticamente desde el año 2010 hasta el 2018, hubo un descenso del número de MIR de familia. Incluso se jubilaban más profesionales que los que se formaban. Inmediatamente después, llegó la pandemia. Todos entramos en una vorágine para atender la avalancha de pacientes. Hemos salido y vemos que hay otra avalancha, la de pacientes que han estado en sus domicilios con patologías. Justo ahí se produce otro gran volumen de jubilaciones en Atención Primaria. En definitiva, nos encontramos con que hay un déficit de profesionales y más pacientes. No ocurre solamente de Primaria, pero sí se da especialmente en Primaria.

¿Y qué me dice de las medidas?

Formar a un médico supone muchísimos años. Es un proceso complejo. La responsabilidad es del Ministerio y hemos hecho diferentes propuestas. Primero, tenemos que intentar formar más médicos que sean del entorno. Por eso, de las plazas ofertadas, 40 son en euskera. Yo doy clases en castellano y prácticamente el 40% de los estudiantes que estudian aquí son de fuera de Euskadi. Segundo, pedimos incrementar el número de plazas de MIR. Un elemento muy importante son las acreditaciones. Para que haya plazas de MIR hace falta que las unidades se acrediten, es decir, que tengan unas características avaladas por un informe. Y ese informe lo tiene que hacer el Ministerio. Nosotros solamente podemos solicitar la acreditación en un mes, que es el mes de octubre, pero para resolver se tarda dos años. Es un tiempo extremado, rígido. Pedimos esa competencia. Tercero, en un mes acabarán 6.500 médicos en España. Pero son 6.500 médicos que, en un país en el que no hay profesionales, desaparecen del sistema. Se van a Oviedo a estudiar el MIR y no están en el sistema. No se les puede contratar. Desaparecen hasta el mes de febrero. Nosotros le hemos dicho al Ministerio que ese examen sea antes, en septiembre. ¿Por qué tienen que estar un año entero desaparecidos? Esto no pasa en ningún país del mundo. Cuarto, en tres años se jubilan 500 personas y en cuatro años 780. Hemos pedido retrasar la edad de jubilación porque queremos que se nos atenúe un poco esa avalancha de jubilaciones. Y, quinto, hemos pedido que los R4, después de estar formándose seis años de carrera, un año entero para estudiar el MIR y varios años de R1, R2 y R3, pudieran trabajar sin tutelas en sus últimos meses, es decir, que no tuvieran la obligación de que haya una persona al lado. Esto es todo lo que hemos pedido al Ministerio.

La ministra, Mónica García, no esté siendo muy receptiva, por lo que parece.

Entiendo que tendrá muchas otras cuestiones, pero lo que nos reconoce en el Consejo Interterritorial es que la vía MIR, aunque incremente las plazas, no lo va a resolver. La única opción que nos deja a las comunidades es la de no colaborar, la de competir entre nosotros. Tenemos que ser lo más atractivos posible para que esos pocos médicos que haya vengan aquí. Y nosotros vamos a ir a buscar los médicos donde estén y con diferentes propuestas. Hemos hecho la OPE de plazas de difícil cobertura, un plan de rejuvenecimiento y fidelización, … Somos propositivos. El sistema es el más rígido de cualquier otro sitio de Europa. En Francia esto es mucho más ágil y en Alemania no hay que preparar un año entero el MIR. Tenemos un sistema establecido y pensado para cuando había muchísimos miles de médicos. Y ahora hay déficit. Insisto, 6.500 personas van a acabar dentro de un mes y no hay ningún graduado que vaya a trabajar. Aquí los médicos ni se plantean poder trabajar.

¿Estaba afiliado al Sindicato Médico de Euskadi (SME)? 

No.

Lo preguntaba porque el SME también ha criticado su propuesta de rebajar el tiempo de formación en Primaria porque consigue el efecto contrario, degradar la especialidad.

Acepto las críticas. Entiendo que eran medidas arriesgadas. Cuando lo dije, supe que iba a ser sometido a crítica. Pero eran tres años también antes… Mire, ahora mismo no hay psiquiatras infantiles. Y el año pasado Psiquiatría pasó de cuatro a cinco años. ¿No hay psiquiatras e incrementamos el período de formación? No digo que no sea necesario y que los presidentes de las comisiones nacionales y los especialistas quieran cada vez mayor de formación. Además, yo tampoco abogo por bajar los años de residencia. Pido que a los tres años se les habilite para trabajar y que luego el sistema les dé un año más pagado, con sueldo íntegro, para que se acaben de formar en lo que ellos quieran. Entiendo que eso no se acepte, pero me gustaría saber si las personas que no lo hacen tienen alguna alternativa. Lógicamente, el que propone se expone; pero el que no propone no resuelve nada. Y el tema no se va a resolver solo.

Mencionaba la OPE de plazas de difícil cobertura. En principio, parece que está teniendo éxito viendo las inscripciones.

La semana pasada anunciamos ya que eran 400 los apuntados. Sí, está teniendo éxito.

Decía también que Osakidetza tiene que ser “atractiva”. En el Parlamento se mencionaron sueldos de 56.000 euros, computar desplazamientos como tiempo de trabajo y más días libres.

No sólo es eso. Es también tener en cuenta las características de los profesionales y sus intereses. Hay gente que prefiere contratos mixtos que les vinculen a una plaza en un hospital. Hay gente que prefiere tener facilidad para la investigación. Hay profesionales que prefieren unos turnos que sean más conciliadores. Hay personas que prefieren tener más tiempo libre y que el tiempo de desplazamiento no se compute en dinero sino en horas. Estamos abiertos a todo lo que nos proponga la mesa sectorial. Pensamos que somos atractivos, pero queremos ser más atractivos todavía. No sólo con dinero, pero también con dinero.

Se han celebrado elecciones sindicales después de casi una década, el convenio acumula retraso de años, … Los precedentes de esa negociación a la que aspira en la mesa sectorial con los sindicatos no son muy halagüeños precisamente.

Es verdad, se habían roto los consensos. Incluso entre profesionales. Teníamos pugnas entre diferentes territorios, entre profesionales. Nuestra idea es intentar tejer un nivel de confianza para poder llegar a acuerdos. No digo que sean fáciles, pero es nuestra obligación intentarlo. Ahora, en la mesa sectorial, se ha llegado a algunos acuerdos con diferentes sindicatos. Estamos abiertos a la escucha y a ser, por lo menos, cercanos.

Hablando de hacer “atractiva” Osakidetza, parece que hay quien no la ve tanto como la privada. Su predecesora, Gotzone Sagardui, ha encontrado más “atractiva” la medicina privada. ¿Qué opinión le merece?

¿Que qué opinión me merece? Eso es una cuestión de preferencias. Respeto la decisión de una profesional que decide optar por la privada. Pero yo procedo de la pública y, cuando el lehendakari considere que mi tiempo se ha acabado en la Consejería, volveré a la pública.

¿El consejero Alberto Martínez tiene seguro médico privado? Los datos muestran un crecimiento de este tipo de pólizas y también hay cada vez más publicidad de este tipo de servicios.

No tengo seguro privado. Cuando yo era un chaval sí tenía un seguro privado porque mis padres no tenían acceso a la Seguridad Social. Mi padre era autónomo y los autónomos no tenían esa posibilidad. Teníamos el igualatorio [actual IMQ] y recuerdo pasar por delante de Cruces. No entendía por qué mis amigos podían ir al hospital y yo no. Nuestra clínica era realmente la consulta de un señor, con un ascensor de estos antiguos de Bilbao. Y recuerdo también cuando entramos en la Seguridad Social. Fue un día de celebración en mi casa. Para mi madre, uno de los días más felices. Soy un defensor de la Sanidad pública, sólo apoyo la Sanidad pública y no tengo seguro privado.

Hay quien está interpretando que ustedes están enmendando la gestión anterior de Sagardui.

Cada momento tiene su afán. A Sagardui y los anteriores les tocó gestionar la pandemia y la pospandemia. Eran momentos distintos. Osakidetza ha intentado dar el mejor servicio posible en función de la situación de cada momento. Ahora vivimos una realidad y tomamos decisiones en función de lo que vamos viendo y siempre escuchando a los profesionales.

¿Sagardui? Respeto la decisión de una profesional que decide optar por la privada. Pero yo procedo de la pública y, cuando el lehendakari considere que mi tiempo se ha acabado en la Consejería, volveré a la pública

No sé si hay alguna explicación a que durante cuatro años no se publicaran las listas de espera.

Pues no lo sé. No tengo una explicación salvo que viniera de la pandemia y que tuviera que ver con la pandemia… Nosotros las publicamos. Tenemos el compromiso de publicarlo cada seis meses, pero incluso podríamos hacerlo por trimestres. Es un derecho que tiene el ciudadano.

¿No será que no se publicaban porque iban a peor?

Bueno, eso es un juicio de valor. No lo sé. No lo creo.

¿Y cómo están ahora las tres listas de espera, cirugía, pruebas y consultas?

En la quirúrgica, nuestro compromiso era de 60 días y –le hablo de memoria– pero estamos por debajo. Puede que en 57 días. No es una foto fija. La lista de consultas externas también está por debajo y procedimientos algo menos. Son medias y es posible que, en algún sitio y para un procedimiento concreto, haya algo más de lista. Pero sí es importante que hemos logrado un control de listas de espera disminuyendo la derivación a la privada prácticamente en un 57%. Eso también es fortalecer el sistema público.

¿Y la lista de espera de Osatek? El último dato no era precisamente positivo.

En el último ya está disminuyendo con respecto al anterior.

40.000 personas esperando.

Después de eso tenemos otro dato. Ya va disminuyendo en Álava y en Bizkaia. En Gipuzkoa ha habido un problema con una inundación que había anulado una resonancia y teníamos una menos. No es un arreglo fácil. Un millón y pico.

Y, si llamamos ahora al ambulatorio a pedir cita, ¿cuándo nos van a atender?

El dato medio es de 1,7 días. Va a depender del ambulatorio y va a depender de varias cuestiones que ahora comentaré. Con los procesos agudos nos recibirán en menos de 24 horas. Pero si yo llamo diciendo que es para un tratamiento crónico, yo pacto una cita. Tengo una demora, sí, pero es una demora pactada. Y para los procedimientos administrativos lo mismo. El concepto que tenemos es que en Atención Primaria no hay demoras. No debe haberlas, porque el proceso agudo lo tiene que ver ya el profesional. Puede ocurrir que en un centro de salud haya una incidencia porque hayan faltado dos médicos por bajas y que haya que distribuir los pacientes y que se genere mayor tensión en ese sitio, claro. Pero lo habitual es que, si uno llama por teléfono y explica una sintomatología aguda, se le recibe. Eso sí, puede ocurrir que a través de la página web se vea un retraso. Eso es porque su médico en concreto no está. Por eso, si no está conforme, que llame por teléfono, porque al llamar le pueden advertir y puede ir con otro médico.

Hemos logrado un control de listas de espera disminuyendo la derivación a la privada prácticamente en un 57%. Eso también es fortalecer el sistema público

Ya están empezando a surgir también críticas a la gestión de esta Administración. Un ejemplo son las Urgencias pediátricas en el Bidasoa.

En las Urgencias del Bidasoa vamos a ir de la mano de lo que digan los pediatras. No hemos tomado ninguna decisión que no venga solicitada y avalada por los profesionales. La estructura tiene que ser homogénea en toda la red, de tal manera que en aquellos hospitales donde hay partos haya Urgencias pediátricas. Los pediatras que hacían guardias en el Bidasoa eran los de Atención Primaria. Era una circunstancia distinta al resto de la red.

Pero está habiendo quejas.

Está habiendo quejas porque probablemente no esté del todo bien explicado. La idea es que los pediatras van a estar prolongando hasta las 17.00 horas de la tarde en el ambulatorio y las Urgencias de esos niños van a hacerse en el PAC. Los pediatras explicarán por qué consideran que esa es la mejor organización. Nosotros, como hemos dicho desde el principio, tenemos al paciente en el centro y son los profesionales los que tienen que guiar cuál va a ser la mejor asistencia que van a recibir los niños.

¿Cuándo va a tener la comarca de Tolosa un hospital público?

Hay un compromiso para hacer un hospital público en Tolosa y estamos pendientes de una ubicación que nos iba a plantear el Ayuntamiento. Mientras tanto, queremos hacer una reordenación que implica que determinadas especialidades se pueden ir viendo en el hospital Donostia. Después de Semana Santa, imagino que nos reuniremos con los alcaldes y les explicaremos cuál es nuestro plan para Tolosa.

En el caso de Vitoria, ha habido varios cambios. La reapertura de las Urgencias de Santiago…

El refuerzo de las Urgencias de Santiago.

Hay quien dice que no hay refuerzo porque no hay más personal.

Ya había Urgencias de oftalmología, de psiquiatría o de pluripatología. Ahora se ha reforzado con más médicos que lo que hacen es…

Un médico más.

Hay una reorganización de las Urgencias de tal manera que un hospital que está en el centro de la ciudad puede atender Urgencias generales. La mayor parte son leves. Eso es ir a un modelo de cercanía, de calidad y también resolutivo, porque la mayor parte de esos pacientes se han ido a casa. Prácticamente casi todos sin ingreso. Y se ha descongestionado la afluencia de pacientes a Txagorritxu e incluso han bajado los tiempos de triaje.

¿Y la reapertura del PAC de San Martín?

Fue un compromiso del propio lehendakari. El Observatorio de Salud nos marcaba que la población de San Martín es una población un poco más envejecida que otras y que, además, frecuenta más el sistema. Consideramos que era un núcleo de población que se iba a beneficiar de una asistencia especialmente de continuidad en fin de semana. Se hizo una evaluación el primer fin de semana. Se vieron 400 pacientes con una evaluación muy positiva. Prácticamente el 98% dio una nota positiva.

No habrá nuevo centro de salud en el sur de Vitoria.

Evaluamos que esa zona, en estos momentos, tiene una población empadronada de 14.900 pacientes y 11 médicos. Cuando hacemos el ratio, sale a 1.300 y pico pacientes por médico. El estándar lo tenemos en 1.500. Es una zona en expansión de la ciudad. Incluso el Ayuntamiento tiene contemplado una zona para equipamientos. Si la zona sigue creciendo, obviamente tomaremos decisiones. Pero ahora hay otras zonas de Gasteiz que tienen más carga de TIS por profesional.

¿Y en otros lugares?

Vamos tomando decisiones. No es algo exclusivo de Gasteiz, no. Donostia va a crecer en Loiola. Y Oiartzun, que está prácticamente en comunicación con Rentería. O en Bilbao, en la zona de Zorrozaurre. O en Barakaldo, donde toda la zona de Lutxana está creciendo. Tendremos que ver si esa población es nueva o si se desplaza de algún sitio. Igual hay movimientos desde una zona que se descongestiona.

Hace unas semanas hubo un homenaje al primer consejero de Sanidad en la Guerra Civil, el republicano Alfredo Espinosa. ¿Va a suponer esto que, por fin, el hospital que ya se llama así en Urduliz tenga el tratamiento que merece?

Me comprometí con el hijo a que el nombre que parece que está en algún sitio tenga una visibilidad mayor. Cómo se denomina el hospital depende de usos y costumbres. Toda mi vida he trabajado en Cruces y nunca supe que fue el hospital Enrique Sotomayor, que no sé ni quién era.

Hace casi un año este periódico empezó a publicar graves irregularidades en la contrata de ambulancias de Bizkaia y Álava con la empresa catalana Grup La Pau. Al principio, el Gobierno las rechazaba, negaba que eso se estuviera produciendo. Sin embargo, después se ha rescindido el contrato con la empresa.

Cuando llegamos el Gobierno, pedimos informes jurídicos y nos obligaban a volver a adjudicar a los mismos. No había fórmula legal de no adjudicar. Tuve ocasión de juntarme con los sindicatos para tener una información más de primera mano y tomar un poco más en consideración todo lo que estaba ocurriendo. Hicimos un grupo de trabajo para delimitar todas las responsabilidades, todo lo que no estaban cumpliendo. Y ahí fuimos detectando irregularidades. Y esas irregularidades llevaron a tomar una decisión. En primer lugar, no se estaba cumpliendo con los trabajadores. Y, en segundo lugar, no se estaba cumpliendo con la ciudadanía. De una forma pactada, decidimos que no era la mejor solución para Euskadi.

¿Han pagado ya las multas? ¿Y el dinero que deben? Había una bolsa de dinero retenida. ¿Se han ejecutado ya los avales?

No le sabría decir a ciencia cierta. Efectivamente, el dinero en su momento estaba retenido y seguirá retenido para cubrir las deudas.

¿Funciona bien el servicio ahora con las nuevas adjudicatarias de Bizkaia y de Álava?

Generamos a partir de aquel momento un sistema de comunicación de incidencias. En un servicio que da servicio a tanta gente, alguna incidencia puede surgir. En Gipuzkoa, siempre ha funcionado más o menos bien. En Álava, está funcionando bien. Y, en Bizkaia, tenemos alguna notificación que es puntual. La sensación que tenemos es que siendo un servicio de mucho volumen se está comportando razonablemente bien.

Es decir, ¿ya no tenemos ambulancias públicas hacia servicios privados o pacientes pasando más noches en el hospital porque llegaba su ambulancia?

Desde luego, yo no tengo conocimiento. Lo que hay son cuestiones puntuales.

Las irregularidades de Grup La Pau llevaron a tomar una decisión. No se estaba cumpliendo con los trabajadores y no se estaba cumpliendo con la ciudadanía. De una forma pactada, decidimos que no era la mejor solución para Euskadi

¿Está sobre la mesa la posible publificación de este servicio?

Está sobre la mesa la publificación de las ambulancias de Elgoibar y Tolosa porque son de servicio con médico. El resto, en estos momentos, no lo tenemos encima de la mesa. Pero son planteamientos que nunca están cerrados del todo. Estamos abiertos a ver cómo se organizan otras comunidades. Pero en estos momentos consideramos que es un servicio que está licitado e imagino que a final de año se tendrá que sacar el concurso por vía normal.

En Navarra, por ejemplo, lo han hecho. Y el consejero es de la coalición de su partido, Geroa Bai.

Sí. Vamos a ver cómo va en Navarra. O en La Rioja o en Mallorca. Tienen diferentes experiencias. Si el servicio funciona y es un ejemplo, pues lógicamente miraremos cómo lo hacen y veremos qué oportunidades hay. Siempre nos copiamos lo que funciona bien.

Uno de los primeros compromisos de este Gobierno fue el pacto para mejorar Osakidetza. En septiembre se dijo que en seis meses estaría listo. Han pasado siete, estamos ya en abril. De momento, hay que esperar hasta junio como poco. ¿Qué ha ocurrido?

El pacto está funcionando. Hemos ido acordando la fase de diagnóstico, la fase de principios y valores, … Solamente el hecho de juntarnos diferentes personas con visiones tan antagónicas para hablar sobre lo que más nos preocupa a todos ya es un éxito. Estoy muy satisfecho porque ahora mismo lo que hemos abierto son 24 mesas que están trabajando con más de 400 profesionales que nos van a reportar líneas de acción. Hay que reconocer que hay períodos, tanto la Navidad como este mes de abril, que son complicadísimos. En mayo tenemos dos reuniones y en junio también. Podrá haber líneas que incluso en mayo puedan estar cerradas.

¿Es mejor llegar más tarde pero más seguro y con más consenso?

Es importante primero escucharnos. Es importante el consenso, pero también es importante saber dónde están nuestros disensos. La información que tengo es que los grupos están trabajando ya.

No sé si le preocupa al consejero de Salud el creciente negacionismo y el cuestionamiento científico. Miguel Bosé, por ejemplo, ofrece un concierto en Barakaldo este mes de julio.

Sí, me preocupa. Lo repito siempre que tengo ocasión: estamos en más riesgo que nunca de que cualquier germen que aparezca en cualquier sitio del mundo nos aparezca en 24 horas aquí. Y estamos en una situación en la que Estados Unidos se ha salido de la OMS. Estados Unidos tiene una persona antivacunas al frente de la Sanidad. Parece una anécdota, pero es una persona que crea opinión. Miguel Bosé es una persona que no es un referente. Son tan extremas sus opiniones, casi de caricatura, que no es ningún referente. Pero sí lo es la opinión de un país como Estados Unidos. Voy a dar un ejemplo: el sarampión. Hemos tenido diferentes brotes importados de países que están en nuestro entorno, que tienen epidemia y que nos van a seguir llegando. En Euskadi, prácticamente no nos ha afectado porque tenemos tasas de vacunación por encima del 95% de primera y segunda dosis. Si esto pasa en Francia, sería otra situación; tienen menos cultura de vacunación. Lo importante no es solamente propiciar la vacunación sino que lo que le llega a la ciudadanía sean informaciones de valor.

Miguel Bosé es una persona que no es un referente. Son tan extremas sus opiniones, casi de caricatura, que no es ningún referente. Pero sí lo es la opinión de un país como Estados Unidos

En 2018 fue miembro del tribunal de las oposiciones de Anestesia. Allí se generó una primera denuncia de irregularidades por parte de tres opositores. Según se reflejó en el acta de aquel tribunal, ya después del examen había sospechas de que había ocurrido algo raro. ¿Cómo lo recuerda?

Lo recuerdo con desazón. Había un nivel de eventualidad muy alto, del entorno del 40%. Posiblemente 200 ó 300 para 30 plazas. Gente que llevaba muchísimo tiempo trabajando. Y eso generaba mucha tensión y mucho desasosiego. Siempre existía la sensación de que era injusto el resultado, porque había muchísima más gente que se presentaba y que llevaba muchísimos años trabajando que plazas. Las plazas eran muy pocas.

El presidente del tribunal, según consta en acta, dijo después del examen que había una “debacle”. Otros miembros del tribunal estaban “desencajados” y decían que había sido una “catástrofe”.

Lo recuerdo con una cierta distancia, pero lo que hubo es un primer examen que se había puesto por parte del IVAP y un segundo examen que había puesto el tribunal. El examen del IVAP fue el de los resultados que llamaron la atención.

Sí, las mejoras notas fueron de compañeras de hospital del autor de las preguntas.

No sabíamos quién era el autor del examen. Nosotros no lo sabíamos.

Él sí lo sabía, lógicamente.

Ninguno de los miembros del tribunal había puesto ese examen.

Fue el doctor César Augusto Valero.

No estaba en el tribunal. Nosotros no lo sabíamos. Sabíamos que lo había puesto alguien de fuera. No sabíamos si era alguien de Madrid, de Barcelona o de Galicia. No era nuestro el examen y había un resultado… Se generó una situación que fue tensa en ese momento. Había una situación de tal nivel de competencia que era irrespirable prácticamente para un tribunal.

Muchos comentarios de opositores –pero también de miembros de tribunales– iban en la dirección de que era ‘vox populi’ en Osakidetza que existían filtraciones.

Cuando existe ese nivel de competencia, se hace de eso una leyenda. Si yo saco plaza, yo soy muy bueno. Si yo no saco plaza, es porque yo no he tenido... Era una situación que respondía, insisto, a un momento en el que había muchísimos opositores con muchísimos años trabajados y probablemente todos ellos con el derecho a poder optar a una plaza. Y eso generaba una competencia que se llevaba a todos los terrenos, al terreno personal, al terreno emocional, al terreno de ‘saca más plazas el de aquí que el de allá’, … Todo el mundo se conocía y todo el mundo se miraba. Y eso se reproducía OPE tras OPE porque en todas las OPE el volumen de plazas que había era muy pequeño.

¿Y cómo se explica que en una docena de exámenes las mejores notas fuesen siempre de los colegas de hospital de los autores del examen?

Eso no lo sé. El examen primero era de una persona y luego los casos clínicos estaban puestos por gente que era de diferentes hospitales.

Con todas las OPE que están en marcha, ¿hay garantías de que no se vuelva a producir una denuncia de este tipo?

Una denuncia es un derecho de una persona que cree que sus derechos no han sido respetados y está en su libre decisión. Que haya una denuncia dependerá de que una persona sienta que sus derechos no han sido respetados. Lo que nosotros intentamos es garantizar que todos los procedimientos sean transparentes, que respeten la capacidad y la igualdad de oportunidades. Nosotros hemos defendido OPE incluso sin examen, para que sean más ágiles. Si es que todas esas personas son necesarias para el sistema… Si esas personas que no sacaron plaza desaparecen, el sistema se cae. Si es que el problema era que el número de estructuras no era suficiente para resolver lo que el día a día demandaba. Y ahora podemos garantizar que todos los procesos se hacen con la máxima transparencia, sin perjuicio de que obviamente cualquier persona, usted o yo, podamos presentar una denuncia ante cualquier situación que consideremos que no es justa.

Cuando existe ese nivel de competencia, se hace de las filtraciones de las OPE una leyenda. Si yo saco plaza, yo soy muy bueno. Si yo no saco plaza, es porque yo no he tenido...

El sindicato ESK ha recurrido el archivo de la investigación penal de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas celebradas en 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). La causa se cerró en diciembre sin que se hallaran siquiera indicios para la celebración de un juicio y después de años con el sumario totalmente parado en el juzgado de instrucción, por donde pasaron hasta cuatro magistradas. El dato lo ha dado en una rueda de prensa el consejero de Salud, Alberto Martínez, aunque Osakidetza nunca se pudo personar en el procedimiento. LAB, el otro sindicato denunciante de irregularidades, también ha dado el paso, según publicó ya este periódico, mientras que no consta que la acusación pública, la Fiscalía, haya dado ese paso.

Martínez ha ofrecido una rueda de prensa sobre las próximas convocatorias de empleo en Osakidetza. En ella, ha hecho un comentario sobre la celebrada en 2018 (conocida oficialmente como OPE 16-17, por los años de las plazas vacantes que se sacaron). En la docena de especialidades en las que hubo sospechas de irregularidades, la Justicia paró de modo cautelar la asignación de plazas. Ahora, Martínez ha indicado a los afectados que se llegará en esa adjudicación “hasta donde permita” la Justicia, ya que técnicamente podría haber una resolución de la Audiencia Provincial que volviera a reabrir esta causa. Se buscaría, al menos, ofrecer un “destino provisional” a quienes sacaron las mejores notas hace ya seis años.

A preguntas de los periodistas, no ha concretado cómo ha tenido conocimiento del recurso y de que lo había interpuesto ESK, ya que solamente las partes personadas acceden a las actuaciones judiciales. “Sinceramente lo desconozco. Me imagino que el que me lo ha dicho lo sabrá”, ha bromeado. Fuentes de ESK, de su lado, confirman su recurso, como también LAB recuerda lo que ya explicó en su día, cuando se conoció el cierre de la causa.

El titular que quería ofrecer Martínez este martes es que “el Gobierno vasco estabiliza más de 11.000 plazas en Osakidetza”. En marzo de 2025 ya estarán adjudicadas todas las plazas de ese gran paquete, “la mayor oferta de empleo público de la historia” del Servicio Vasco de Salud. Esto deja una eventualidad del 10,72%. El responsable de Salud ha asegurado que la eventualidad bajará ya del 8,5%, como marca la normativa europea y estatal, con las nuevas convocatorias, aunque admite que podría aún quedarse en el 9,2%.

En abril “como fecha tope”, por ejemplo, llegará la convocatoria ya conocida de “plazas de difícil cobertura” para atención primaria en busca de paliar la escasez de facultativos de familia y de pediatría, particularmente en zonas menos pobladas, aunque también se buscan psiquiatras (de adultos e infantiles). Se ha hablado de “ubicaciones muy distantes” de los grandes núcleos de población y se ha citado Ataun, Igorre, Trucíos o la Llanada Alavesa, pero también Arrasate-Mondragón o Bergara, así como Oyón, que está pegada a Logroño. Igualmente, habrá nuevas ofertas para turnos de tarde y “en todos los PAC”, “independientemente de su ubicación”.

Serán un “mínimo” de 200 puestos, aunque podrían ser más si hubiere más vacantes. Esta OPE está ya prevista en los presupuestos de 2025. El sistema de asignación de plazas se hará “por concurso y sin examen”. La expectativa es que los destinos se asignen en junio, de cara a cubrir la difícil época estival, que habitualmente implica recortes horarios por acumulación de vacaciones y vacantes.

El “reto” del consejero

Después hay una “previsión” de convocar 4.245 plazas con un sistema “más ágil” a más tardar en “diciembre de 2025”. Antes, en cambio toca definir el “decreto de puestos funcionales”, con puestos sanitarios y no sanitarios -con empleos nuevos como “analista de datos”-, en palabras del titular de Salud. “Euskadi berria, Osakidetza berria”, ha remachado Martínez haciendo un juego de palabras con el lema del lehendakari, Imanol Pradales.

Martínez se ha empeñado en insistir en su compromiso por “fortalecer” lo público. Ha dicho “respetar” el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a protesta pero, ante las primeras convocatorias desde que accedió al cargo, ha dado a entender que no hay razones para hacerlo. De hecho, ha sugerido que quizás haya “motivaciones” no “propiamente sanitarias” detrás de esas manifestaciones. Muy vehemente, ha retado a los periodistas: “Miren en Europa qué servicio público tiene unas listas de espera como las nuestras. ¡Compruébenlo! [...] Pido a la gente que sea consciente de lo que tenemos. [Somos] El Gobierno de Europa que menos dedica a la asistencia privada. Les reto como periodistas a que lo comprueben”. Como dato, ha indicado que la espera quirúrgica está ya en 52 días y con tendencia a la baja con menos derivaciones, a punto de llegar a los 48 de referencia en 2019, justo antes de la llegada de la COVID-19 que condicionó todo el modelo asistencial.

En el 2018 comenzó un largo periplo tras la denuncia por filtraciones en los exámenes de las oposiciones de especialidades médicas de Osakidetza. Denunciamos que son un acto acostumbrado y derivado del poder excesivo que acumulan las jefaturas de servicio. Cualquier persona que trabaje o haya trabajado en Osakidetza da fe de ello en cualquier conversación, pero la mayoría no quieren trascender a la esfera pública, bien por miedo, bien por haber participado o bien porque es el espíritu de la época que nos toca vivir.

El contexto nos empujará a otros escenarios, esperemos. El 12/12/24 saltó la noticia de que la causa por el presunto fraude de la OPE ha sido finalmente archivada. Cuando empezamos a ver la película Titanic sabemos que el barco se hunde: por mucha esperanza que le pongamos, se hunde. Sentimos mucho haber hecho 'spoiler' a quien no haya visto la película y no tenga noticia del hecho histórico.

Pues, bien, esta noticia es como ver el Titanic de la película hundirse en el mar: un hecho esperado, sabido y conocido. A los denunciantes no nos genera ningún tipo de oprobio. La espera, hemos de decir, se nos ha hecho larga. La causa archivada dice que no puede asegurar que se hayan producido filtraciones, no que no hayan sucedido. El tema se puede cerrar en falso y hacer un queloide, una cicatriz de esas feas que te hacen recordar que hubo algo enfermo y que pueden dejar un dolor crónico. Podemos ver a diario que el proceder institucional ante cualquier tipo de irregularidad es el de buscar una cabeza de turco para depurar responsabilidades y seguir con el quehacer habitual.

La cabeza de turco en este caso fue el señor Jon Darpón, exconsejero de Salud del Gobierno vasco, que pasó a ocupar otro puesto muy bien remunerado en Keralty, grupo de empresas privadas aseguradoras y proveedoras de servicios de salud (para quien los pague y hasta donde los pague). El cambio de puesto y la defenestración fue muy sutil, puesto que no fue una destitución sino un cese voluntario y unilateral que asumió, entendemos, con todo su honor íntegro.

Mientras tanto, uno de los vocales de uno de los tribunales fue coronado consejero de Salud sin haberse cerrado la causa. Durante todo el proceso defendimos la profesionalidad médica de nuestros compañeros, con plaza o sin ella, expresando que la plaza no hace al profesional, es simplemente un cambio en las condiciones laborales de su contrato, entre otras cosas. Sin embargo, se nos acusa de denunciar las filtraciones por nuestra escasa predisposición al estudio, después de haber estudiado seis años de carrera, haber preparado el examen MIR, haber hecho una residencia y seguir estudiando en las áreas que nos corresponden, como el resto de nuestras compañeras.

La diferencia está, quizás, en que no buscamos tener una plaza y mucho menos a cualquier coste. Buscamos sembrar otra forma de pensar el funcionamiento del sistema sanitario. Más allá de lo mediático, nos queda el apoyo de las compañeras en nuestros ámbitos de trabajo. Veremos si la venganza ejemplarizante se llevará para que sirva de aviso para mostrar las consecuencias de atentar contra el poder y sus prácticas. Lanzamos un llamamiento a todas aquellas facultativas que hayan vivido estas dinámicas naturalizadas en las OPE para que lo hagan público, en un afán de honradez y veracidad y en un deseo de no abandonar a las compañeras que buscan un cambio para todas exponiéndose a sí mismas.

Pero dejemos de ampliar pequeños detalles y, sin perderlos de vista, echemos una mirada más global. Como clase estamos viviendo una desposesión continuada. Lo vemos en la vivienda, lo vemos en la educación y, por supuesto, lo vemos en la sanidad. La precarización de las condiciones laborales se acompaña de una atención más débil a la población y estamos desprovistas de la agencia para organizar los medios para disponer de una atención sanitaria digna, universal, gratuita y de calidad.

Mientras nos perdemos en defender honores, en preparar una OPE, en enfrentamientos por competencia entre sanitarios, en elecciones sindicales para sentarse en mesas de negociación de estrechos márgenes o en ataques estériles entre partidos institucionales cada vez más próximos, se nos escapan las posibilidades de organizarnos, de pensar qué tipo de Sanidad queremos, cómo podemos conseguirla y con qué tenemos que romper para ello. Seguiremos trabajando

La Audiencia Provincial de Álava revisará el cierre sin celebración de juicio de la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018. Lo hará, al menos, a instancias del sindicato LAB, que ha anunciado ya que presentará un recurso y que seguirá peleando por que exista un reconocimiento de las irregularidades. El otro sindicato personado, ESK, analiza también el auto de la juez de Vitoria que ha firmado el archivo, Blanca Ester Díaz Pulido, la cuarta instructora de una misma causa pero la única que se ha pronunciado sobre el fondo. La causa se abrió por una investigación de la Fiscalía liderada por la fiscal superior en primera persona, Carmen Adán. El ministerio fiscal, a preguntas de este periódico, asegura que también “estudia” un posible recurso.

Eso sí, varias fuentes judiciales insisten en que el recorrido penal de este caso es “nulo”. Ha causado muchísimo malestar en algunos ámbitos que la magistrada instructora dejara durante años paralizado el expediente o que ni siquiera se hayan revisado exámenes o comunicaciones para comprobar si se produjeron o no filtraciones. “Ha sido un desastre”, resume una persona que ha participado en el sumario. Las dilaciones han echado al traste también otras causas o rebajado las penas, incluidos los casos de corrupción más relevantes de los últimos años como De Miguel, Balenciaga, Margüello o Bravo.

Igualmente, la lectura del auto ha herido a personas que denunciaron las filtraciones en su momento. “¿Quién va a dar el paso en vista de lo que pasa?”, lamentan en privado algunas de estas personas. Uno de los denunciantes, Roberto Sánchez, ha concedido una entrevista a TVE con nombre y apellidos. “Poco más o menos nos llama vagos o envidiosos. Y me da un poco de rabia. [El auto] Podía haberlo escrito un Gobierno del PNV”, se ha quejado sobre algunas alusiones personales a quienes declararon como testigos. De él, por ejemplo, señala en cuatro ocasiones que estudiaba árabe y no para los exámenes. “¿A quién escuchó Roberto Sánchez decir que, previo al examen se pasaban las preguntas, te llamaba el miembro del tribunal al que se rendía pleitesía y te daba las preguntas? Una vez más una afirmación carente de fundamento y rigor. Confirma que se presentó a la OPE pero que en lugar de prepararse para ello estudiaba árabe”, redactó la magistrada.

Sobre la doctora Izaskun Obieta, miembro del tribunal de Cardiología y que igualmente alertaba de estas prácticas, rebaja a “puras conjeturas y elucubraciones”. “Y para rematar, dicha testigo finalizó su declaración afirmando que ella se había presentado a dos OPE, que sacó plaza en la segunda, y que por supuesto, a ella no le habían filtrado los exámenes”, se puede leer.

El cierre de la investigación ha dejado una cascada de reacciones. Sin embargo, por el momento solamente LAB ha manifestado que quiere seguir batallando en los tribunales. Califica de “injusta” la resolución y entiende que “no es admisible la impunidad”. Demanda, asimismo, cierto reconocimiento para los denunciantes por las “presiones” a las que se han visto sometidos. Según LAB, las conclusiones “no cuestionan” ni desmontan la solidez de las denuncias e insiste en que las oposiciones manipuladas eran 'vox populi' en Osakidetza, por lo que recalcan que el problema está en la Justicia, que no tiene “voluntad de querer llegar al fondo”. “La Justicia hoy está aportando a estas prácticas un peligrosísimo halo de impunidad”, agrega LAB. Lamenta también que la Fiscalía haya pasado de abanderar la denuncia a hacer un “viraje” hacia otras posiciones. “Es una vergüenza. La impunidad opera así. Sin tapujos”, agrega ESK.

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) también ha cambiado su discurso. En su momento, en 2018, publicó un informe en el que alertaba de filtraciones no ya en las categorías que fueron judicializadas sino incluso en más. Hablaba de “corrupción” y de que era una historia que se repetía, porque en 2011 habría ocurrido algo similar. Ahora, se ha pronunciado con un comunicado: “Lamentablemente, a estas alturas, no hay forma de restituir el daño causado a miembros de tribunales, opositores e incluso a cargos de la propia Osakidetza, que en su momento fueron destituidos u obligados a dimitir”. El informe que elaboraron en su momento ya no está accesible en su página web.

Estos hechos han llevado al PNV a felicitarse por la resolución judicial y a denunciar una “cacería política, sindical y mediática” en torno a este caso. La investigación se llevó por delante al consejero de Salud, Jon Darpón. Es el único que ha dimitido en la larga etapa de Iñigo Urkullu, que ya ha dejado el cargo pero que tardó pocas horas en hacer declaraciones ante esta noticia. También cesaron la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que llegó a recibir ayuda de agentes de la Ertzaintza para evitar a los periodistas cuando pasó por el juzgado como simple testigo, y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.

El portavoz nacionalista en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, asegura dentro del argumentario de que toca “restituir” el buen nombre de estas personas que deberían dimitir quienes años atrás alentaron este caso, en velada referencia a otros partidos políticos. Este periódico ha cursado una invitación a algunos eximputados y excargos para que expongan su punto de vista y la han declinado. La finalización de la investigación implica también el levantamiento de la suspensión de la asignación de las plazas, aunque en algunos casos la realidad ha quedado superada por traslados o por las nuevas oposiciones que se han solapado en estos años. Se da la circunstancia de que se introdujeron modificaciones en el modelo de las oposiciones a raíz de este caso.

El actual consejero de Salud, Alberto Martínez, que era jefe de servicio en el principal hospital vasco, el de Cruces en Barakaldo, y que ha participado en tribunales de numerosas oposiciones en Euskadi pero también en Galicia, Cantabria, Navarra o Madrid, ha asegurado que “nunca” ha visito problemas con filtraciones o irregularidades en los exámenes. Así las cosas, se ha felicitado por la decisión de una magistrada de Vitoria de cerrar sin la celebración de juicio la investigación por las denuncias de las oposiciones médicas de 2018, que políticamente implicaron la salida del entonces consejero, Jon Darpón, de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y de otros cargos.

Martínez, en aquel momento, era vocal del tribunal de Anestesia, la especialidad en la que se originó la causa por la denuncia de tres opositores. Una de ellas llegó a aportar una grabación de una charla con el entonces responsable de Cruces. La instructora asegura que aquello fue una “encerrona” y que el doctor en ningún caso fue partícipe de posibles irregularidades.

“Yo he participado desde hace 25 años en todas las convocatorias, prácticamente, de tribunales de Osakidetza, en las de Anestesia. Después incluso del de la OPE impugnada. He seguido participando en tribunales por sorteo de Osakidetza y participado en tribunales en Galicia, en Cantabria, en Navarra y en Madrid. Nunca he tenido ningún problema ni ninguna información”, ha manifestado a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco. Igualmente, ha señalado que él personalmente no ha sido “informado de nada” sobre su papel en esta causa. “No he tenido más información que la que he podido leer en su periódico”, ha señalado sobre las informaciones adelantadas por elDiario.es/Euskadi.

Preguntado si estaba de acuerdo con que era “vox populi” en Osakidetza que en las oposiciones se han dado siempre filtraciones, ha respondido que en este caso ha habido “cuatro juezas distintas” y que ninguna ha visto indicios de delito. “Esto es como si uno va a cuatro médicos distintos y le dan un diagnóstico y se empecina en que no es así”, ha explicado. En todo caso, solamente la cuarta, Blanca Ester Díaz Pulido, es la que ha emitido el auto de conclusiones, que además no es firme ya que podrían recurrirlo la Fiscalía o los dos sindicatos personados, ESK y LAB.

Las anteriores instructoras fueron entrando y saliendo del juzgado. Además, en estos años se han acumulado largos períodos sin un solo movimiento y no se han practicado diligencias como la revisión de los exámenes o de comunicaciones entre opositores y autores de los exámenes.

Para Martínez, lo relevante es que ahora se podrán asignar ya las plazas pendientes de aquella convocatoria. Son una docena las especialidades que estaban paralizadas cautelarmente, que corresponden con vacantes de 2016 y 2017. De hecho, han pasado tantos años que ha habido nuevas OPE 'a posteriori' que se han ido solapando. El consejero también tiene “satisfacción” por que la resolución judicial “reafirma la integridad y honorabilidad se las personas investigadas”.

El actual consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, es un protagonista indirecto del auto de conclusiones con el que la juez de Vitoria Blanca Ester Díaz Pulido ha dado por concluida sin ninguna consecuencia el caso de las denuncias de filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas de Osakidetza en 2018. Martínez, jefe de servicio de Anestesia en Cruces hasta su salto a la primera línea política, era vocal del examen en esa especialidad, la que precisamente originó la causa por la denuncia de tres aspirantes del hospital del Alto Deba. No estaba imputado, ni mucho menos, pero existía una grabación en que una opositora hablaba con él del reparto de las preguntas sin que, según la denunciante, él se sorprendiera o dijera que eso no era una realidad.

La magistrada, en el apartado de conclusiones de un auto de 165 páginas, sostiene que los tres anestesistas plantearon “una encerrona” al ahora consejero. Lo hicieron “con argumentos vacíos, carentes de cualquier soporte o dato objetivo y verosímil” sobre una supuesta manipulación de las oposiciones de la que fuera partícipe. “No se infiere de las grabaciones que Alberto Martínez se comprometiera a darle ninguna de las preguntas o cualquier otro dato que le pudiera beneficiar de cara a los exámenes”, se puede leer textualmente en el informe de la magistrada. La testigo, por el contrario, declaró que “el jefe daba más o menos preguntas según el puesto que quería que sacases y era algo que todos lo sabían y hablaban”. Es una versión coincidente con la de otros participantes en otras especialidades de la OPE, como en Cardiología o Traumatología, por ejemplo. Esta denunciante “entendió” de su charla con “Alberto” que si llegaba al tribunal podría “ayudarla” facilitándole el cuestionario con antelación.

Sin embargo, en general, la magistrada viene a decir que aunque estadísticamente los resultados de los exámenes no fueran normales -en muchos casos coincidía que tenían notas muy altas en pruebas difíciles los colegas de los miembros del tribunal- o aunque no existan diferencias de preparación que justifiquen notas tan dispares no está acreditada una filtración como tal. Como mucho, “puede colegirse un beneficio indirecto” en algunos supuestos por haber manejado un temario más específico. Pero nada delictivo.

Martínez declaró no en la investigación judicial pero sí en la previa interna que hizo Osakidetza. Se trata de un material que luego no fue enviado en su totalidad a la Fiscalía cuando se inició esta causa hace más de seis años. ¿Qué alegó el ahora consejero? Durante 64 minutos, negó irregularidades. “Le comenté [a la opositora] que en eso no podía hacer nada. Le expliqué también que en Anestesia no había paro, que estuviera tranquila”, consta en acta.

Urkullu denuncia una cacería

Tras conocerse el final del recorrido judicial del caso, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado unas declaraciones en Barcelona para poner en valor la gestión de su Gobierno en aquello momentos. “Defendí siempre la actitud y gestión en relación a aquella OPE”, ha indicado. Ha dicho también que creía en la “inocencia” de Jon Darpón, su consejero de Salud, hasta el mismo minuto en que terminó por ceder y aceptar su dimisión. Ha sido la única en su mandato más allá de las salidas obligadas o los cambios de legislatura.

Urkullu no se ha mordido la lengua y ha afirmado que “cabe denunciar aquella persecución social, política e incluso mediática” y ha confiado en que el archivo “una restitución política y mediática” para los afectados. “Me siento tranquilo por lo que respecta a las personas más directamente afectadas, pero con un pesar por una manera de hacer política, en otros casos también, la de llevar al ámbito de la justicia cuestiones que no deberían tener cabida”, ha argumentado.

De su lado, el Departamento de Salud ha expresado su “satisfacción” ante el auto “favorable” dictado hoy por el juzgado de Instrucción de Vitoria y que “finaliza” el procedimiento penal. “Reafirma la honorabilidad de las personas investigadas y la integridad de los profesionales de Osakidetza. El auto judicial confirma la validez de las actuaciones, destacando que no se cometieron actos fraudulentos. Esta decisión refuerza la confianza en los procedimientos administrativos de Osakidetza y resalta el compromiso del Departamento de Salud con la transparencia y la justicia”, ha expresado el actual equipo de Salud. Urkullu ha manifestado también que ha hablado tanto con Darpón como con Nekane Murga, su sustituta y que aparecía también en las grabaciones del caso porque otra testigo dijo que ella era conocedora igualmente de las irregularidades en su etapa anterior como cardióloga.

La magistrada de Vitoria Blanca Ester Díaz Pulido ha emitido, seis años y medio después, un auto que cierra definitivamente la investigación en torno a las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018. No habrá juicio. La resolución, que venía demorándose más de dos años, no es firme y puede ser recurrida, pero muchas partes coinciden en que la ausencia de una instrucción exhaustiva y las dilaciones que ha acumulado el proceso harían muy difícil una condena. Es más, muchos de los implicados -denunciantes y denunciados- ni siquiera trabajan ya en el Servicio Vasco de Salud por haberse jubilado o marchado a otras comunidades autónomas. Según fuentes judiciales, todos los inculpados han quedado exonerados. Sin embargo, hay dos en los que el cierre de la causa es “provisional” y no definitivo. Si aparecieren nuevas pruebas, podría retomarse el procesamiento penal.

“En definitiva, con base en cuanto se ha expuesto en párrafos precedentes, respecto de todas las especializades que han resultado investigadas en este procedimiento, a excepción de la de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, no ha quedado ni lo más mínimo e indiciariamente justificado que quienes resultaron investigados en las referidas especialidades llevaran a cabo una filtración de las preguntas o una infidelidad en la custodia de los exámenes. Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 637.1º y 779.1.1ª de la LECrim, al no existir indicios racionales de la comisión del ilícito que se atribuía a los citados investigados, procede respecto de los mismos acordar el sobreseimiento libre”, escribe la instructora.

¿Quiénes eran las personas investigadas? Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Ni siquiera ha habido un criterio homogéneo a la hora de hacer las citaciones de los diferentes exámenes. Un ejemplo: las opositoras de Anestesia no están en la lista a diferencia de los de Angiología aunque son precisamente sus exámenes y notas los que sí se han revisado con más detenimiento en la investigación. Ellas comparecieron como testigos. Son Salas y Martínez Flórez los que ven cerrada la imputación de modo provisional, siempre según fuentes judiciales.

Y hay cuatro especialidades sin ningún investigado aunque pesaran sobre ellas las mismas alertas de la Fiscalía: Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. En general, el patrón común de las trece es que había una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos, llegando a darse el caso de que los mejores opositores presentaban resultados casi perfectos en pruebas de alta dificultad. Además, luego se comprobó que en muchos casos esos candidatos eran colegas de hospital de los autores de los cuestionarios. “Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado”, llegó a explicar el miembro de un tribunal que dijo no haber cometido ninguna irregularidad y que ha declarado en la causa como testigo.

Este caso estalló el 1 de junio de 2018, el mismo día en que, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura de la historia democrática de España. Primeramente fueron dos denuncias en las especialidades de Anestesia y Angiología, pero luego la bola fue creciendo y creciendo hasta poner bajo la lupa trece pruebas y llevarse por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos.

La vía judicial arrancó en la Fiscalía, que al poco de conocerse esas primeras informaciones abrió una preinvestigación. Aunque Osakidetza no facilitó a la fiscal Carmen Adán toda la documentación que había recopilado internamente (se omitieron, particularmente, decenas de horas de grabaciones a opositores, miembros de tribunales y otros conocedores del proceso en las que se oían referencias a un “tongo”), el ministerio público formalizó una denuncia y derivó el caso a un juzgado de Vitoria. El expediente recayó en Instrucción 2. En estos años hasta cuatro magistradas han tenido la responsabilidad de la investigación. Inició el sumario Yolanda Varona, que era sustituta de Ana Jesús Zulueta, la titular de la sala. Luego Zulueta pasó a la Audiencia Provincial y cedió su lugar a Cristina Rodríguez Ruiz. Finalmente, la última titular del caso ha sido Blanca Ester Díaz Pulido.

Al margen de los cambios, el proceso investigador ha sido muy singular. Se llegó a plasmar en una resolución judicial que revisar los exámenes en una causa que precisamente trata de irregularidades en unas oposiciones no aportaba “nada”. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesaridad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz. Y eso que cuando sí se analizaron unos pocos de ellos hubo indicios claros de anomalías. Un ejemplo: en la categoría de Anestesia las opositoras con mejores notas repetían orden de resolución del cuestionario, contenido de las respuestas -palabra por palabra- y hasta los mismos errores. El vocal de un examen llegó a contar que, cuando corregía, tenía la sensación de que los mejores candidatos -los presuntos beneficiarios de las filtraciones- habían presentado “fotocopias”, hojas de respuestas idénticas entre sí y con relación a la plantilla de corrección.

Además de la Fiscalía, han ejercido la acusación dos sindicatos. El más activo ha sido LAB. ESK, de su lado, era la central de tres opositores de Anestesia que fueron los primeros en levantar la voz en su categoría, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez. LAB ha intentado sin éxito en variadas ocasiones que se investigue no solamente la irregularidad como tal en el examen sino a la cúpula política de la Sanidad vasca. Las mismas veces que lo ha reclamado le ha sido denegado. El PNV, de hecho, ha celebrado la exoneración de Darpón y se ha valido de ello para denunciar una cacería política contra su figura.

El plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público este auto de conclusiones.

Soy uno de los denunciantes del fraude en las oposiciones de Osakidetza de 2018, celebérrimo palindromista (seré yo si mi soy eres) y anestesista llorón a tiempo completo. Antes de soltar esta (otra) diatriba, me gustaría hacer dos aclaraciones: por supuesto que para todo hay excepciones (Gn 18:26); y por descontado que en las situaciones en las que casi todo el mundo se porta mal suele haber una gran mayoría que se deja arrastrar por la pereza moral.

Dicho esto, vuelvo al grano, como la burra.

No es la primera vez que afirmo que una de las causas del declive de Osakidetza es su modelo de liderazgo y que es necesario cambiar la promoción del arribismo por el reconocimiento del carisma y la vocación de servicio público. Tampoco es la primera vez que escribo que pese a que la autoría material del (presunto) delito de haber amañado OPE durante décadas recae sobre las jefaturas de servicios médicos hospitalarios, no me consta la más mínima reprobación a un solo jefe o jefa.

“Venga ya, cansino, digo yo que se habrán ganado el puesto porque lo merecen, ¿no?”. Pues no. En la mayor parte de los casos, las jefaturas de servicio médico se adjudican mediante pantomimas pseudorreglamentarias en las que se acaba concediendo el puesto a una candidatura preseleccionada. Aun así, de vez en cuando hay riñas banderizas en los hospitales porque dos o más aspirantes a la jefatura pugnan por el mismo asiento y sus privilegios. Estos juegos de tronos suelen saltar a la prensa con grandes golpes de pecho en defensa de la Sanidad pública, pero solo son peleas en las que dos o más patricios de una especialidad (con sus plebes correspondientes) se disputan el mando del castillo.

Estos jefes son reyes de taifas que a veces compiten entre sí por influir a la dirección del hospital, del ente o del Departamento de Salud. En el caso vasco, se suma a todo lo anterior que la atención sanitaria se administra desde organizaciones sanitarias integradas (OSI) que aúnan la primaria y la hospitalaria en un único mando, sito en la mayoría de los casos en el hospital (la pata más corrupta de las dos).

La carencia de especialistas, los valores de las nuevas hornadas de médicos y —en menor medida— la denuncia que se hizo del tocomocho en las oposiciones hacen que este régimen vea su muerte natural cercana, pero sigue vivo y coleando. De hecho, es muy posible que veamos en los próximos meses/años dimisiones o ceses teatrales de jefas y jefes de servicio hospitalarios superados y colapsados porque ya no pueden gobernar usando el castigo y el privilegio como antaño.

¿Por qué se ha permitido que este monstruo campe a sus anchas en los hospitales durante décadas? Muy sencillo: este modelo de jefatura (miedo y prebendas, no derechos) corta de raíz toda conflictividad laboral entre la gerencia y el personal facultativo. Un problema menos.

“¿A qué viene esta filípica ahora, Róber? Suéltame el brazo, que me voy a la playa, pesao”.

Pues resulta, maja, que alguien ha decidido que el nuevo consejero de Salud del Gobierno vasco sea el que hasta ahora era el jefe cuasivitalicio del mayor servicio del hospital más grande de Osakidetza. Ondo pasa uda eta ez ahaztu Palestina!

La Fiscalía consideró en 2019 indiciariamente “incriminatoria” una grabación de 2018 en la que se escucha al recién nombrado consejero de Salud del Gobierno vasco, el doctor Alberto Martínez Ruiz, hablando con una opositora sobre los exámenes de Anestesia que se iban a celebrar en la primavera de ese año. Su interlocutora, que luego denunció la existencia de filtraciones y que estaba recabando pruebas, le demanda “apadrinamiento” y el doctor Martínez, entonces jefe de servicio de Anestesia del mayor hospital vasco, el de Cruces en Barakaldo, le explica que aún no sabe si formará parte del tribunal y que contacte de nuevo un mes después para tocar el tema, sin sorprenderse en ningún momento del planteamiento que se le estaba realizando. Fuentes del entorno del consejero insisten en que “nunca” han existido consecuencias judiciales por esta cuestión:

Ésta es la transcripción de parte de la conversación, que dura 3 minutos y 25 segundos:

Alberto Martínez Ruiz: ¡No te esperaba!

Opositora: Vine el otro día a hablar contigo. ¿Qué tal?

A.M.R.: Bien, bien.

O.: Pues nada, Alberto, venía a hablar contigo. Imagino que ya sabrás.

A.M.R.: No, no me habían dicho que habías venido ni nada.

O.: Pues venía a pedirte apadrinamiento de cara a la OPE. Porque estando donde estoy, en Mondragón, las posibilidades de acercarme a algo en la OPE son infinitesimales. No tengo intención de alterarte las listas que tengas hechas...

A.M.R.: No tengo ninguna lista hecha. No sé este año ni cómo es la OPE ni quiénes están. Todavía no hay ni tribunal ni nada. Yo no sé quiénes van a estar en el tribunal. No sé cómo va a ser. No sé ni cuántas plazas salen en ningún lado. Aquí ya sabes que hay mucha gente. Sé que salió ayer la convocatoria. Pero, vamos, no tengo información. Nadie me ha comentado. Ni siquiera sé si voy a estar en el tribunal.

O.: Vale, vale. Pues nada, si surge algo, acuérdate de tus 'hijos'.

A.M.R.: Sí, no te preocupes. [...] Es un poco pronto, ¿eh? Si quieres dentro de un mes o así... La OPE han dicho que iba a ser en mayo o junio.

O.: Creo que sí. Pero es todo así, de oídas.

A.M.R.: Bueno, tú... Cuando salga el tribunal y eso, si estoy, que no sé si estaré, si quieres me pegas un toque.

O.: Muy bien, gracias, Alberto. ¡Agur!

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) organizó oposiciones en 2018 con vacantes de 2016 y 2017 en decenas de especialidades médicas. En junio de ese año empezaron a florecer denuncias de que habían existido filtraciones para beneficiar a candidatos muy concretos y el epicentro fue precisamente el examen de Anestesia. El doctor Martínez, finalmente, accedió al tribunal como quinto vocal. El patrón común de todos los exámenes con denuncias era que los candidatos próximos a los miembros de los tribunales, habitualmente colegas de hospital, tenían las notas más altas. Así es también el caso de Anestesia, donde las preguntas de la primera parte teórica las hizo el doctor de Txagorritxu César Augusto Valero y candidatas de ese centro vitoriano fueron las mejores tras una prueba de alto nivel. En la segunda parte de la oposición, la práctica, los casos clínicos los eligió el tribunal, uno por cada vocal. Una revisión de los exámenes mostraba que esas mismas candidatas habían respondido a las preguntas en el mismo orden, con textos muy similares y hasta reproduciendo los mismos errores. Asimismo, la parlamentaria de Podemos Cristina Macazaga y el sindicato ESK tenían registrada una 'quiniela' ante notario y acertaron quiénes iban a lograr la plaza.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, inició una investigación en la que, entre otras evidencias, se incorporó esta grabación. Adán, aunque no recibió de Osakidetza toda la información que había recabado sobre las oposiciones, estimó que había indicios de un posible delito de revelación de secretos en varias categorías. En el caso concreto de Anestesia, denunció al doctor Valero, pidió que la opositora declarara como testigo para explicar la grabación y demandó al juzgado que asumiera la causa que citara a varias personas, incluido el ahora consejero, una vez practicadas estas diligencias porque los hechos conocidos eran indiciariamente “incriminatorios”, según se plasmó por escrito en una resolución de febrero de 2019.

Tras la denuncia de la Fiscalía, el caso pasó a un juzgado de Vitoria. Por él han pasado en estos años cuatro magistradas. La investigación como tal está finalizada y lleva dos años parada pero formalmente continúa abierta a la espera de que la actual instructora, Blanca Ester Díaz Pulido, dicte un auto de conclusiones en el que determinar si tendrá que celebrarse un juicio más de un lustro después o si archiva la causa. En Anestesia sigue imputado Valero desde el principio pero ni se tomó declaración nunca a las personas que pedía la Fiscalía -el doctor Martínez no ha pasado por el juzgado- ni estimó que el contenido de los exámenes fuese motivo de alerta. Su entorno recalca precisamente que “nunca” ha sido citado y también en el que en el momento de la conversación aún no era miembro del tribunal como tal.

Pero la investigación iba mucho más allá de Anestesia. Osakidetza mantiene bloqueadas cautelarmente desde octubre de 2019 más especialidades: Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. Y desde enero de 2020 también Neurofisiología y Neurocirugía. En la investigación se ha ido escuchando que las filtraciones eran “vox populi”, que hubo “pucherazo” o “tongo” y que al corregir era apreciable que había ciertas respuestas que eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección. Este caso acabó con la dimisión del entonces consejero, Jon Darpón, así como con la de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y con el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.

64 minutos de declaración interna

En paralelo a la investigación de la Fiscalía, Osakidetza ordenó una investigación interna de la ocurrido en las oposiciones que se cerró concluyendo que no había “elementos objetivos” de que se hubieran producido irregularidades. Ese material incluye decenas de horas de grabaciones con todos los participantes y también 64 minutos de comparecencia del doctor Martínez. La declaración arranca con una referencia a la conversación con la opositora y el vocal del tribunal admite que ella le pidió las preguntas pero enmarca la situación en que ella le mencionó que lo estaba pasando mal por un divorcio y necesitaba apoyo, un extremo no reflejado en la grabación. Sobre su respuesta, explicó lo siguiente, según consta en el sumario: “Le comenté que en eso no podía hacer nada. Le expliqué también que en Anestesia no había paro, que estuviera tranquila”. Sobre ese posible nuevo contacto cuando se conformara el tribunal, el aludido lo interpreta con que “si en un futuro tenía necesidad de contratos” se lo “comunicara” para ver si había “posibilidades” de entrar en Cruces, pero no con una plaza en una OPE.

Se da la circunstancia de que en esa larga comparecencia, que tuvo lugar el 14 de junio, el ahora consejero asume que los resultados de la primera prueba eran muy raros. Solamente aprobó un 11% un examen que lo hacen no estudiantes sino profesionales en ejercicio que buscan consolidar su puesto. Apunta que llegaron a pensar que el autor era un “atolondrado” por lo difícil que era y confirma que detectaron que las mejores notas coincidían en un mismo hospital, el de Txagorritxu. El tribunal llegó a flexibilizar varias veces los criterios para mater más aprobados. Eso sí, insiste en que entre los aspirantes de Cruces no había notas anómalas y descarta que tuviera base otra denuncia contra él de una oposición anterior. Igualmente, critica los “panfletos” con denuncias de los sindicatos y a los medios de comunicación que entonces publicaban noticias sobre el proceso. “Yo he actuado de una forma honrada. Yo soy un hombre de Osakidetza. Yo no soy un francotirador”, declaró también, según recoge el sumario.

El asunto de la grabación llegó a discutirse en el Parlamento Vasco en la comisión especial que se celebró en julio de 2018 y en la que tuvo que dar explicaciones el todavía consejero Darpón. Muy enfadado, el titular de Salud manifestó que habían sido los denunciantes los que habían cometido una “tentativa” de delito al haber acudido a solicitar las preguntas. También es público que en 2019 la Fiscalía mencionaba al doctor Martínez en su resolución de conclusiones.

La biografía del nuevo consejero

El nuevo lehendakari, Imanol Pradales, juró su cargo el sábado en Gernika y unos minutos después se conoció su nuevo Gobierno. Son quince consejeros y Martínez (Trapagaran, 1964), que continuaba aún en su puesto en Cruces, ha sido elegido para dirigir Salud en sustitución de Gotzone Sagardui. Afiliado al PNV, liderará la cartera con más presupuesto. Como el resto de integrantes del gabinete de coalición de PNV y PSE-EE tomará posesión el martes en el palacio de Ajuria Enea.

Según los datos oficiales facilitados, es “licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)”, donde “se especializó en Anestesiología y Reanimación”. “Es doctor en Medicina por la UPV-EHU (2013) y cuenta con un Máster en Dirección y Gestión de Centros y Servicios Sanitarios por la misma universidad (1999-2001). En su carrera profesional, ha sido jefe del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor del hospital universitario de Cruces desde 2002 hasta la actualidad y profesor agregado de Cirugía en la facultad de Medicina de la UPV/EHU. También hasta la fecha ha presidido la Sociedad Vasco-Navarra y Riojana de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SVNRARTD) y de la Sección de Anestesia y Reanimación de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB). También es vocal en la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos de Bizkaia y en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación (SEDAR)”, explicó el Ejecutivo. Otros datos apuntan a que tiene 15 libros o publicaciones, 30 ponencias para congresos y un centenar de comunicaciones.

Viernes, 1 de junio de 2018. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura de la historia democrática de España. En Vitoria, en cambio, brotan las primeras denuncias de posibles filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que se venían celebrando aquella primavera. Lo que empezó en las especialidades de Anestesia y Angiología fue creciendo y creciendo hasta poner bajo la lupa trece pruebas y llevarse por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. Seis años después el asunto sigue empantanado en un juzgado de Vitoria que, de hecho, no ha realizado ningún solo movimiento desde al menos octubre de 2022, cuando se limitó a despachar los últimos recursos. La realidad es que nada se ha movido desde enero de 2022. Quizás ni haya juicio pero, si lo hubiere, las defensas de los acusados sienten que tienen asegurada ya una reducción de la posible condena por lo que técnicamente se conoce como “dilaciones indebidas”.

La vía judicial arrancó en la Fiscalía, que al poco de conocerse esas primeras informaciones abrió una preinvestigación. Aunque Osakidetza no facilitó a la fiscal Carmen Adán toda la documentación que había recopilado internamente (se omitieron, particularmente, decenas de horas de grabaciones a opositores, miembros de tribunales y otros conocedores del proceso en las que se oían referencias a un “tongo”), el ministerio público formalizó una denuncia y derivó el caso a un juzgado de Vitoria. El expediente recayó en Instrucción 2. En estos años hasta cuatro magistradas han tenido la responsabilidad de la investigación. Inició el sumario Yolanda Varona, que era sustituta de Ana Jesús Zulueta, la titular de la sala. Luego Zulueta pasó a la Audiencia Provincial y cedió su lugar a Cristina Rodríguez Ruiz. Finalmente, la última titular del caso ha sido Blanca Ester Díaz Pulido.

Al margen de los cambios, el proceso investigador ha sido muy singular. Se llegó a plasmar en una resolución judicial que revisar los exámenes en una causa que precisamente trata de irregularidades en unas oposiciones no aportaba “nada”. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesaridad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz. Y eso que cuando sí se analizaron unos pocos de ellos hubo indicios claros de anomalías. Un ejemplo: en la categoría de Anestesia las opositoras con mejores notas repetían orden de resolución del cuestionario, contenido de las respuestas -palabra por palabra- y hasta los mismos errores. El vocal de un examen llegó a contar que, cuando corregía, tenía la sensación de que los mejores candidatos -los presuntos beneficiarios de las filtraciones- habían presentado “fotocopias”, hojas de respuestas idénticas entre sí y con relación a la plantilla de corrección.

Además de la Fiscalía, han ejercido la acusación dos sindicatos. El más activo ha sido LAB. ESK, de su lado, era la central de tres opositores de Anestesia que fueron los primeros en levantar la voz en su categoría, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez. LAB ha intentado sin éxito en variadas ocasiones que se investigue no solamente la irregularidad como tal en el examen sino a la cúpula política de la Sanidad vasca. Las mismas veces que lo ha reclamado le ha sido denegado. El PNV, de hecho, ha celebrado la exoneración de Darpón y se ha valido de ello para denunciar una cacería política contra su figura.

El plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021 pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Ahora está pendiente que la magistrada Díaz Pulido haga público un auto de conclusiones en el que determine si hay base para llevar a juicio a los imputados o si se archiva la causa. Habría también un posible escenario intermedio de sobreseimiento para algunos de ellos y procesamiento para el resto.

¿Quiénes son las personas investigadas? Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Ni siquiera ha habido un criterio homogéneo a la hora de hacer las citaciones de los diferentes exámenes. Un ejemplo: las opositoras de Anestesia no están en la lista a diferencia de los de Angiología aunque son precisamente sus exámenes y notas los que sí se han revisado con más detenimiento en la investigación. Ellas comparecieron como testigos.

Y hay cuatro especialidades sin ningún investigado aunque pesaran sobre ellas las mismas alertas de la Fiscalía: Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. En general, el patrón común de las treces es que había una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos, llegando a darse el caso de que los mejores opositores presentaban resultados casi perfectos en pruebas de alta dificultad. Además, luego se comprobó que en muchos casos esos candidatos eran colegas de hospital de los autores de los cuestionarios. “Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado”, llegó a explicar el miembro de un tribunal que dijo no haber cometido ninguna irregularidad y que ha declarado en la causa como testigo.

No es el único caso de “dilaciones indebidas”

Fuentes judiciales indican es “previsible” que un plazo “corto” de tiempo se pueda emitir el auto de conclusiones. “Desde Semana Santa parece que está encarrilado”, añaden. Pero nadie sabe precisar una razón concreta para los retrasos ni una fecha concreta para desbloquear el asunto. Entre los acusados se mezclan dos sentimientos. Por un lado, el de la sensación de continuar con una investigación abierta durante años sin noticias ni novedades. Por otro, el más pragmático de que pase lo que pase a partir de ahora podrán ver muy reducida una posible pena. “El atenuante de dilaciones indebidas lo tenemos ganado ya. De hecho, no son dilaciones indebidas, son unas dilaciones de campeonato”, se felicitan en las defensas.

No es algo inusual en los juzgados vascos y, en particular, en los de Vitoria. En los últimos siete días, sin ir más lejos, la pena a la mano derecha de Dmitry Piterman en el Deportivo Alavés, Pepe Nereo, vio rebajada la condena por el saqueo del club de fútbol por “dilaciones indebidas” mientras que siete acusados ni siquiera fueron juzgados por irregularidades en un matadero ya que se les citó a declarar cuando ya se había pasado el plazo legal máximo de la fase de instrucción. Esa atenuante redujo notablemente también las penas en la mayor trama de corrupción vasca, el 'caso De Miguel', aunque aquí no por atascos en la investigación -que fue mucho más ágil que la de Osakidetza a pesar de su notable mayor complejidad- sino en la fase intermedia previa al juicio. Los casos de Margüello, Balenciaga o Bravo también han estado condicionados por los retrasos en la Justicia.

“La dilación del proceso por diferentes circunstancias, como la COVID-19, no puede ser excusa para depurar las responsabilidades penales de lo que supone a todas luces un fraude en la contratación y otros delitos con los que colisiona la práctica de filtración de exámenes de OPE. Existen elementos muy potentes para realizar imputaciones”, sostiene el sindicato LAB preguntado por el futuro que le ven a una causa de la que han hecho bandera. Y añade: “Hemos echado muy de menos en este proceso al resto de acusaciones y creemos que no haber conseguido traer los exámenes y a la cúpula de Osakidetza dejará este proceso con una laguna importante”. Con todo, realizan una “valoración positiva” porque se han puesto “las bases para tratar este tema con la seriedad que merece”. “Somos un servicio público y el acceso al empleo debe ser en igualdad para toda la ciudadanía. Creemos que hemos roto y hemos forzado a sentar las bases para acabar con décadas de inercias establecidas”, abundan desde el sindicato.

En medio, aflora otro problema. Los exámenes investigados datan de la primavera de 2018 y con plazas ofertadas en 2016 y 2017. Osakidetza decretó paralizar la asignación de plazas en las categorías denunciadas y seis años después así continúan. Pero el tiempo ha pasado. Entre los imputados los hay ya que se han jubilado y para los que no tendría ninguna relevancia lo que pudiera derivar del juzgado. Y, sobre todo, se han ido celebrando ya nuevas oposiciones. ¿Cómo se asignarían ahora esas plazas si queda archivado el caso? ¿O cómo se repite una oposición de hace seis años si se constata la irregularidad? Según la web de Osakidetza, están bloqueadas cautelarmente desde octubre de 2019 Anestesia, Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular y desde enero de 2020 también Neurofisiología y Neurocirugía. Son trece categorías en total. “Será un marrón para el siguiente que venga”, ironizan desde el actual equipo de Salud, dirigido por la sustituta de la sustituta de Darpón, Gotzone Sagardui, y que previsiblemente dejará el Gobierno en pocos días.

José lleva años trabajando con mayores en Vitoria. Conoce bien las costuras de la Sanidad pública y de los servicios sociales. “Veo cada vez más desesperanza”, explica preguntado por el estado de salud de Osakidetza, una de las principales preocupaciones ciudadanas y uno de los temas centrales de la campaña electoral. La joya de la corona de Euskadi -aunque el título se lo ha disputado también la Ertzaintza, sumida en su propia crisis- ya no brilla tanto. ¿En el ambulatorio? “Antes, de un día para otro tenías consulta. Ahora, eso es irreal”. ¿En Urgencias? “A cualquiera que preguntes te dirá que ha estado doce horas. O dieciséis”. ¿En los hospitales? “Las consultas son cada vez más prolongadas en el tiempo y las personas mayores tienen que pelearse para que les dejen ingresadas”. “De lo que fue Osakidetza a lo que es... A un amigo, de 55 años, su hermano le ha recomendado que se haga ya un seguro privado”, apostilla José.

El PNV tiene en claro riesgo su hegemonía política en Euskadi y el desgaste por la gestión sanitaria es un factor muy relevante en este posible cambio político de calado. Tan es así que el sucesor de Iñigo Urkullu, Imanol Pradales, está prometiendo en campaña enmendar algunas decisiones de la actual consejera de Salud de su mismo partido, Gotzone Sagardui, a la que no le queda más remedio que aplaudir sentada en la primera fila de los mítines.

La legislatura que ahora acaba ha dejado los siguientes titulares. En algunos turnos han salido ambulancias medicalizadas sin médicos. En el hospital del Bidasoa ha habido servicio de Urología sin urólogos. La comarca de Tolosa no tiene hospital público de referencia. Las matronas del hospital más grande de la red de Osakidetza, Cruces en Barakaldo, han pedido disculpas por la deficitaria atención a causa de la falta de personal. En períodos vacacionales o Navidad cada vez se reduce el horario de más ambulatorios y hay consultorios exclusivamente atendidos por personal de enfermería. En Llodio, este enero, falleció un paciente de un infarto en el PAC (Punto de Atención Continuada) sin médico. Los tribunales paralizaron el cierre del servicio de cirugía cardíaca de Basurto, en Bilbao. En Vitoria se han cerrado las Urgencias generales del hospital del centro de la ciudad, el de Santiago, y el nuevo servicio de Txagorritxu empeora los tiempos de respuesta del antiguo: un paciente que acude a Urgencias en la Sanidad pública vasca a las 20.00 horas terminará de ser atendido, por término medio, a las 00.13 horas. Y eso en las ciudades o grandes municipios.

Y, aunque parezca un recuerdo lejano, hasta bien entrada la legislatura estuvo vigente la emergencia sanitaria por la COVID-19. En Euskadi pilotó la crisis una mesa de crisis conocida como Labi. Son recordados los enfrentamientos del Gobierno de Urkullu con la Justicia y, en particular, con el magistrado Luis Garrido, autor de numerosas resoluciones que frenaron los planes y las restricciones propuestas. Hubo vaivenes en las medidas planteadas -con el pasaporte COVID como ejemplo más claro- y también retrasos en la campaña de vacunación con respecto a otras comunidades al tiempo que dos exconcejales del PNV y gerentes sanitarios se colaron a las primeras de cambio, José Luis Sabas y Eduardo Maíz. Uno de ellos incluso lo grabó en vídeo. Otro alto cargo de Salud, Ibon Etxebarria, fue destituido por saltarse las restricciones para ir a jugar al golf. Ahora se ha conocido que ha pasado a ser el nuevo gerente de la principal adjudicataria del servicio de ambulancias, que ha vivido unos años convulsos de movilizaciones laborales.

Antes, en 2018, estalló el caso de las denuncias de filtraciones en los exámenes de una docena de oposiciones médicas. El asunto, como tal, está en vía muerta en los tribunales pero se llevó por delante al entonces consejero, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica -que llegó a contar con la colaboración de agentes afines de la Ertzaintza para evitar a los periodistas cuando declaró en el juzgado-, o el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. Osakidetza no entregó de primeras a la Fiscalía unas grabaciones en la que numerosas personas hablaban de “tongo” o “pucherazo” y que era un problema que se repetía convocatoria tras convocatoria.

Dos especialistas del hospital de Santiago, en Vitoria, que se sintieron perjudicados por lo ocurrido en las pruebas de Angiología y Cirugía Vascular, fueron víctimas de represalias por levantar la voz. Osakidetza tendrá que abonarles ahora 61.181 euros como indemnización (a cada uno) pero el asunto ha destapado que estos dos especialistas, de los únicos que hacían algunas intervenciones complejas y muy específicas, ahora ya no trabajan en la Sanidad pública y que sus responsables prefirieron incluso tener a pacientes esperando durante un año -o derivarlos a otros hospitales- antes de que los atendieran estos facultativos. Darpón y dos de sus colaboradoras en el Gobierno, Fátima Ansotegi y Mayte Bacigalupe, acabaron en la compañía sanitaria Keralty. Detrás de esta empresa, la antigua Sanitas Internacional, está la familia Grajales -vinculada al PNV- y también el exconsejero y exvicelehendakari Jon Azua.

¿Y las listas de espera? Osakidetza lleva cuatro años sin publicar los datos en su portal de transparencia. Es fácilmente comprobable y es algo que no sucede en ninguna comunidad autónoma del entorno. Si han ido conociendo datos en esta legislatura ha sido por la oposición, que lo ha preguntado en el Parlamento Vasco. Particularmente activa ha sido la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, con cientos de preguntas registradas y un control periódico de la evolución de las tres listas de espera, la quirúrgica, la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. El tapón que generó la COVID-19 -que ha dejado casi 9.000 fallecidos en Euskadi y la mayor presión asistencial de la historia de la Sanidad vasca- ya se ha ido relajando en los últimos meses, pero los datos siguen sin ser los de 2019, al menos los que se conocen. En ese mismo portal de transparencia, los datos más recientes de satisfacción o quejas son de 2017. Las segundas fueron del orden de 30.000 hace siete años cuando ahora superan ya las 50.000, también según datos enviados al Parlamento a instancias de la oposición.

Una preocupación ciudadana creciente

El Sociómetro es el principal estudio sobre la realidad social vasca. Lo elabora el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS), un organismo público dependiente de la Presidencia vasca. En noviembre 2012, en puertas de la llegada a Ajuria Enea de Urkullu, el 7% consideraba la Sanidad pública una preocupación. Ahora ese mismo indicador ha subido al 35%, según el último Sociómetro, de febrero. Solamente el mercado laboral genera más quebraderos de cabeza a la sociedad. El Deustobarómetro de la Universidad de Deusto eleva al 41% esa inquietud.

Más datos. En 2024, Sagardui maneja 4.896 millones de euros. Es la cartera de más peso económico de todo el Gobierno, como es costumbre. Supone casi un tercio del techo de gasto, 15.025 millones. El PNV suele repetir que la cuantía ha crecido de manera muy relevante en los últimos. Es cierto. Eran 3.964 millones los previstos para 2020 antes de la llegada de la COVID-19. Pero entonces era el 33,5% del gasto total de la Administración y ahora es el 32,6%. Euskadi destina a Salud del orden del 6% de su PIB, lo que es menos que el 6,3% de media autonómica, según el Ministerio de Sanidad.

A nivel político, en los últimos meses de legislatura el Gobierno de Urkullu insistió en planes de alivio de las listas de espera y anunció hasta el último minuto en que fue posible antes de la campaña electoral nuevas inversiones en infraestructuras, ambulatorios y edificios. Una lluvia de millones y de cifras. A Urkullu le gusta la frase de “dato mata a relato” y ha querido hacer ver que las cosas en Osakidetza no están tan mal como las dibujan en la oposición.

Un relevante dirigente político vasco explicó a este periódico en una conversación sobre el estado de la cuestión que Osakidetza ha hecho que el PNV se convierta en un partido “mortal”. Ahora sí, la ciudadanía puede castigarle por su gestión, algo que no había ocurrido en el pasado. El propio PNV, en privado, admite que es su gran punto negro en la campaña y no tiene inconveniente en hacer ver que rectifica algunas medidas adoptadas, aunque discursivamente insista en que todo ha ido bien estos años. Dos ejemplos concretos: Pradales ha comprometido un médico permanentemente en el PAC de Llodio, donde falleció un paciente y reabrir algunos servicios cerrados en estos años. Sagardui no va en las listas del PNV y tampoco está participando como oradora en los actos de campaña.

El “cambio cultural” y la opinión de los exconsejeros

El punto de inflexión en el debate político sobre Osakidetza llegó hace dos años, en el verano de 2022. Sagardui pronunció dos conferencias sobre el futuro de la Sanidad vasca. La más comentada fue un evento de Bilbao llamado Executive Forum España y que estaba patrocinado por dos farmacéuticas privadas, Pfizer y GSK. Sagardui leyó lo siguiente: “No podemos obviar que tanto la especialización de recursos derivada de la innovación en técnicas y tecnologías como la escasez de médicos de familia apuntan a un horizonte de mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención. Euskadi es una comunidad pequeña, con buenas redes y servicios de comunicación. La movilidad no debería ser un problema, pero lo es. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanecerán cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, a herramientas de triaje telemático. Esto va a ser así”.

El “cambio cultural” se interpretó como una apelación a desplazarse más lejos para ir al ambulatorio o que se extenderían las consultas sin médico o telemáticas. El Gobierno de Urkullu se apresuró a negar que tuviera en cartera un plan de “recortes” aunque la consejera de Salud admitió que la plantilla había recibido sus palabras con “frustración”, con “tristeza” y hasta con “enfado”. “No era mi intención, para nada”, dijo entonces. A finales de 2023, Osakidetza conmemoró su cuadragésimo aniversario. Se habló de un “sueño” para la sociedad vasca. “Fue, es y será uno de los puntales de nuestro modelo de bienestar”, dijo entonces Sagardui, que estuvo acompañada por todos los exconsejeros de Salud o Sanidad vivos y por una amplísima representación de la sociedad.

Nekane Murga fue la predecesora de Sagardui al frente de Salud. Llegó al cargo en 2019 tras la dimisión de Darpón por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de 2018 y a ella le tocó gestionar la llegada de la COVID-19 hasta que salió del Gobierno tras las elecciones de julio de 2020. En una conversación con este periódico, admite que existe un malestar con la Sanidad pública vasca. “Parte de lo que demanda la sociedad no lo estamos haciendo en el tiempo que ellos demandan. La población tiene una percepción y no podemos mirar hacia otro lado. Estamos dando un servicio de calidad con buenos profesionales, pero hay cosas en las que no estamos sabiendo llegar a la población”, manifiesta hablando en primera persona de Osakidetza.

La exconsejera matiza, eso sí, que Euskadi se enfrenta a un problema de falta de profesionales que es común “en el Estado y en Europa” en un momento de “aumento de las necesidades”. El Gobierno vasco se ha encontrado más cómodo en esta batalla, ya que puede presentar este problema como un factor externo y no como un problema propio. Por un lado, ha demandado al Ministerio de Sanidad que incremente las plazas de sanitarios. Por otro, se ha lanzado a captar extracomunitarios mediante una reforma legal y la transferencia de la competencia para homologar sus titulaciones.

En la etapa del socialista Patxi López, el responsable de Sanidad fue Rafael Bengoa, que luego fue asesor incluso de Barack Obama y que ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Osakidetza no ha logrado aún recuperar el tono prepandémico. Y esto ha creado una sensación en la ciudadanía de perdida de acceso a Osakidetza”, sostiene. Bengoa es de los que lleva años avisando de que la ciudadanía, al menos “aquellos que pueden”, está “buscando cobertura privada”. Este domingo, en el partido del principal equipo vasco de baloncesto, el Baskonia, hasta tres compañías de aseguramiento médico ofertaron sus servicios. “En 2021, un total de 504.762 personas residentes de la comunidad autónoma de Euskadi contaron con un seguro de salud, lo que supuso un incremento del 6,4% en relación con el ejercicio 2019”, reveló el Eustat a comienzos de 2022.

“Se puede y se debe romper esa tendencia, pero eso no se logra atacando el aseguramiento y provisión privada sino reforzando y estabilizando el sector público tras las elecciones vascas. Ese reforzamiento no es sólo un esfuerzo inversor sino crear un modelo asistencial que sea mucho más proactivo, monitorizando los enfermos crónicos de forma digital en sus domicilios y, en atención primaria, anticipando e identificando quienes se estén descompensando de esas enfermedades y evitar así que aparezcan en Urgencias y se hospitalicen”, diagnostica. Bengoa plantea también “recuperar la confianza de los profesionales”.

El problema del personal

En Osakidetza no se celebran elecciones sindicales desde hace una década. El último convenio se firmó en 2007, con Juan José Ibarretxe de lehendakari, y caducó en 2009. “No cerramos los ojos frente a los problemas. Los reconocemos. Pero no vamos a hacer lecturas catastrofistas porque Osakidetza tiene hoy más personal que nunca y el compromiso del PNV es poner en marcha medidas para poner solución a los problemas que pueda tener”, suele repetir en sus actos electorales la formación nacionalista. EH Bildu, por el contrario, habla de “declive” y de “volver a poner en pie” el Servicio Vasco de Salud, así como de publificar servicios y contratos externalizados, como las ambulancias o la atención hospitalaria de Tolosa. “Tenemos la Sanidad más cara de España pero hace aguas por todos los lados”, sostiene el PP de Javier de Andrés. Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde también incluyen en cada mitin referencias a Osakidetza. Incluso el PSE-EE, socio de Gobierno del PNV, critica duramente la gestión sanitaria del PNV.

“Tenemos déficit de matronas, pediatras, enfermeras de salud mental, médicos de familia y, en vacaciones, también de enfermeras. Se están haciendo parches pero la decisión ha sido de recortar servicios, empezando por los horarios de los centros en Navidad, Semana Santa o verano. Se quiere trasladar una imagen de normalidad 24/7 cuando no es así”, denuncia Amaia Mayor, del sindicato Satse de enfermería. Patxi Nicolau, de ESK, abunda: “La atención primaria es un inmenso PAC que solamente atiende lo indemorable y lo peor es que la gente se está acostumbrando a esperar. La atención primaria ha acabado en la UCI y necesita los cuidados intensivos que el PNV se niega a darle”. “La pandemia supuso que las listas de espera se dispararan. Ha habido que ir achicando agua poco a poco, pero ahora el ambiente que se respira es más tranquilo”, matiza un profesional del hospital Donostia, que añade que el problema de falta de manos es “generalizado” y que España decidió reducir plazas de formación mientras se potenciaban centros universitarios privados.

Desde el sindicato LAB, Jesús Oñate argumenta que “la dirección de Osakidetza, con el beneplácito del PNV y PSE-EE, lleva esquivando la adopción de medidas para fortalecer el sistema sanitario publico desde hace décadas”. “Su estrategia es debilitarlo para propiciar las privatizaciones. Califican de 'complementarios' los trabajos del 30% de la plantilla actual (administrativos, mantenimiento, cocinas, limpieza, etc…) y, por ello, susceptibles de ser privatizados bajo lo que denominan colaboración publico-privada-social. Si añadimos a esto las décadas de privatizaciones ya materializadas y las derivaciones de trabajos puramente sanitarios, entenderemos la magnitud del desmantelamiento y los intereses económicos que lo financian”, abunda Oñate.

En estos años han brotado movilizaciones. Prácticamente en cada OSI -que es como se conocen las comarcas sanitarias en que se divide Osakidetza- han surgido protestas, sentadas o manifestaciones. Incluso en un caso, en Donostia, fueron los propios jefes de servicio los que comandaron una rebelión a modo de 'lobby'. “A la población se nos transmite la sensación de que nos hemos topado de repente con un servicio sanitario en descomposición, agotado e insostenible y apuntamos a los gestores, ahora el PNV, como culpables definitivos de esto que nos parece un desastre muy particular. De este modo, nos agotamos señalando daños y exigiendo a la clase política que nos devuelva algo que nunca fue nuestro”, señala Marta, del colectivo OLAS (Osakidetzako Langileen Sarea).

Esta doctora, en todo caso, entiende que la solución para la Sanidad pública vasca no pasará exclusivamente por la sustitución del modelo del PNV por el de EH Bildu, en caso de que lograse gobernar. “Hemos visto lo que ocurre en el resto del territorio nacional con el Gobierno más progresista y vemos claro que es incapaz de ofrecer un servicio sanitario público digno porque la clase política es parte del problema. La solución en Osakidetza, en el sistema sanitario público universal, no va a venir de ningún partido político institucional. Vendrá del control por parte de la clase trabajadora de la asistencia sanitaria y su organización, de la producción de material y productos farmacéuticos. Además del control de la investigación y formación de todas sus trabajadoras y de la intervención sobre los condicionantes de la salud”, argumenta.

elDiario.es cumple diez años en Euskadi en 2023. Nació en abril de 2013 y, en 2018, surgió uno de los temas que más relevancia ha tenido en nuestra trayectoria: las denuncias de fraude en las oposiciones médicas de Osakidetza. La crisis de Cristina Cifuentes y su máster en Madrid estaba muy viva, en Euskadi se celebraba el juicio del ‘caso De Miguel’, la mayor trama de corrupción conocida, y Pedro Sánchez presentó y ganó una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Alrededor de los micrófonos de Pedro M. Sánchez, que estrena una nueva temporada de contenidos en elDiario.es/Euskadi, hemos reunido a los tres anestesistas que alertaron de las irregularidades en su especialidad, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez, a la exparlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, y al periodista de la casa Iker Rioja Andueza. 

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