Se llaman José Luis del Valle, Enrique Arnaldo, Elisa de la Nuez, José Ramón García Notario o Joaquín José Abajo Quintana. Muchos de sus nombres son conocidos, otros no tanto, pero a todos les une una cosa: son abogados del Estado, letrados en Cortes o altos funcionarios, todos en el mayor rango de la administración, y tienen o han tenido a la vez un pie en la actividad pública y otro, en la privada. Conocen las leyes, saben cómo interpretarlas y adaptan sus lecturas en función de los intereses del momento o de sus clientes, lo que los hace profundamente atractivos para las grandes empresas que los contratan. Y para ello se aprovechan de un suave régimen de incompatibilidades que les permite combinar ambas facetas, la pública y la privada, con pocos límites.

Sobre ellos trata el último libro del periodista y colaborador de elDiario.es Rafael Méndez (Murcia, 1975) Los dueños del Estado (Península, 2026). “Tienen lo mejor de los dos mundos. Conocen a los políticos porque han trabajado con ellos, han sido el engranaje entre la política y la administración, y luego tienen el conocimiento teórico y la capacidad de trabajo y probablemente, en muchos casos, los antecedentes y los conocimientos familiares, en el caso de las buenas familias de Madrid, que les permite acceder a la privada. Es una red fantástica”, explica el autor en conversación con este medio.

“Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio”, señala en el libro. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, añade Méndez.

Durante el libro pone numerosos ejemplos. Uno de los más llamativos es el de Enrique Arnaldo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de acceder a ese puesto, en 2021, hubo años en los que Arnaldo compaginó su plaza como letrado en las Cortes con la de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, mientras su despacho asesoraba también al gobierno balear. Cuando hace cinco años el magistrado tuvo que comparecer en el Congreso para que la Cámara Baja estudiara su idoneidad, Arnaldo se defendió: “He mantenido el régimen de compatibilidades, efectivamente, previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que se refiere a los contratos de servicios y estos eran contratos con administraciones públicas de consultoría y no contratos de servicios”, llegó a asegurar.

Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio

Otro caso llamativo es el de José Luis del Valle, abogado del Estado y secretario del consejo de ACS, el gigante de la construcción que dirige el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como explica Méndez en el libro, Del Valle, “mano derecha” de Florentino, consiguió colarse en la sala de los juzgados de Pozuelo (Madrid) mientras el futbolista Cristiano Ronaldo declaraba sobre sus problemas por el fisco. El temor de la dirección del Real Madrid era que en su declaración el futbolista pudiera implicar al club. “¿Cómo había logrado Del Valle entrar y pegar la oreja para saber qué declaraba Cristiano ante el juez? Pues simplemente se presentó allí y pregunto a su compañero de la Abogacía del Estado y a la Fiscalía si les importaba que pasara. Ninguno tuvo inconveniente. A su señoría también le pareció bien”, relata el libro.

Un ejemplo más es el de José Manuel Serrano Alberca, que era letrado en Cortes y abogado y que se hizo “especialista en expropiaciones”, lo que le llevó a embolsarse cantidades millonarias al conseguir indemnizaciones para personalidades de la Iglesia o del funcionariado a quienes tuvieron que expropiar fincas o terrenos para la construcción de autopistas o carreteras.

No les gustan “las aventuras”

Méndez destaca que la mayoría de los altos funcionarios son “apolíticos”, y luego apostilla: “de derechas” o “conservadores”. “La gente que se prepara a una oposición nunca es un aventurero. Eso decía Mariano Rajoy: alguien que se ha preparado a una oposición no le gustan las aventuras. Hay un punto seguro familiar, histórico, de preparación y de familias, y de entrar ahí, y de esto. Claramente, son cuerpos con un sesgo conservador. Nuestras élites son conservadoras, y aunque nos gustaría pensar que son ejemplares, y viviríamos más cómodos, dormiríamos más cómodos pensando eso, la verdad es que muchos no lo son”, apunta Méndez en conversación telefónica con elDiario.es.

Él defiende una mayor transparencia y control del régimen de incompatibilidades. “Si el político está ahí solo para inaugurar y cortar cintas y nos van a gobernar los altos funcionarios tenemos que saber quiénes son, en qué empresas trabajan, si tienen compatibilidad o no. Está el caso del letrado del Consejo de Estado, que era consejero de un banco andorrano y a la vez estaba la Sección Quinta, que es la que ve las normas del Ministerio de Economía. Nadie puso en cuestión su incompatibilidad”, relata.

En el libro ya explica que “los letrados del Consejo de Estado trabajan desde donde quieren y muchos solo pisan el Consejo cuando es estrictamente necesario” e ironiza con la edad de los consejeros vitalicios: “El motor del Consejo de Estado se ha llegado a gripar por tener demasiados ancianos al mando”. “Con esas edades se explica que, para mucha gente, los que gobiernan la institución sean los letrados”, apunta. “Estos funcionarios son los que realmente mandan sobre esos ancianos que se mueven en coche oficial. Como me comentó un ex alto cargo que conoce bien las tripas del poder: 'Bismarck decía que Prusia no tenía un Ejército, sino que un Ejército tenía Prusia. En el Consejo de Estado es igual: el Consejo de Estado no tiene un cuerpo de letrados, son los letrados los que tienen un Consejo de Estado”, remarca Méndez.

¿Por qué no se ponen en marcha reformas para limitar las compatibilidades de los altos funcionarios? Méndez señala que por desconocimiento ciudadano y porque no interesa a ninguna de las partes involucradas, la administración pública y la privada. El exministro Jordi Sevilla, que durante su etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí intentó una reforma que pusiera coto a estas prácticas, le responde así al autor cuando le plantea posibles cambios: “Ten en cuenta que esto nos interesa a ti y a mí, y no sé si a alguien más”.

La Oferta Pública de Empleo de La Rioja triplica el número de plazas. La Mesa General de Negociación Colectiva ha aprobado este lunes por unanimidad la OPE (Oferta Pública de Empleo) de La Rioja para este año, que incluye 1.580 plazas, 998 más que la del año pasado, lo que supone un incremento del 171,5 por ciento, casi el triple más que la de 2025.

La OPE de Servicios Generales convocará 241 plazas, que se suman a las 1.232 previstas en el SERIS y a las 107 en Educación. El acuerdo, que tiene como objetivo lograr una mayor estabilidad en las plantillas de la Administración Autonómica, será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.  

En concreto, de las 241 plazas que se van convocar en Servicios Generales, 213 son de funcionario y 28 de personal laboral. Del global, 114 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 20 se reservan a personas con discapacidad. Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración. Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo.

Por su parte, la OPE de Salud alcanza las 1.232 plazas, lo que supone un incremento del 349,6 por ciento sobre las 274 plazas convocadas el año pasado. Este importante aumento obedece, principalmente, a la posibilidad de incluir 956 plazas adicionales por encima de la tasa de reposición, que en este caso se sitúa en 226. Esta ampliación está permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (prorrogados) con el objetivo de cumplir los compromisos establecidos en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El SERIS puede acogerse a esta medida al haber completado la totalidad de los procesos de estabilización del empleo temporal. Además, se contemplan 49 plazas para reclasificar mediante promoción interna.

La oferta se distribuye en 602 plazas de turno libre, 548 de promoción interna y 84 reservadas para personas con discapacidad, de las cuales 25 se destinan a personas con discapacidad intelectual. 

Entre las categorías profesionales con mayor número de plazas destacan Enfermería, con 365 plazas, así como 45 plazas de Facultativo Especialista de Área (FEA) en Medicina Familiar y Comunitaria, 15 plazas de Médico de Urgencia Hospitalaria y 7 plazas de Pediatra de Área. Además, se convocarán 50 plazas adicionales de promoción interna mediante convocatoria separada, destinadas a la reconversión de Auxiliares de la Función Administrativa en Administrativos de la Función Administrativa.

En el caso de Educación, la OPE de 2026 oferta 107 plazas pertenecientes a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, especialistas en sectores singulares de FP y de Escuelas Oficiales de Idiomas. A través de esta oferta, el Gobierno de La Rioja continúa trabajando para reducir la tasa de interinidad y lograr una mayor estabilidad en la plantilla de docentes de La Rioja. 

Esta Oferta de Empleo, que se convocará en el año 2027, incluye 107 plazas resultantes de la tasa de reposición, que alcanza el 120%, de las que 8 (7 por ciento) se reservan para el turno de personas con discapacidad. A estas 107 plazas se suman las 50 que quedaron desiertas en la anterior convocatoria, alcanzando el total de 157. Las especialidades que más plazas ofertan son Lengua Castellana y Literatura, e Inglés (20 plazas en ambos casos), Matemáticas (17) y Física y Química, y Biología y Geología (11 plazas en ambos casos).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acudido a Inspección de Trabajo ante la negativa del Ayuntamiento de Burujón, en la provincia de Toledo, a aplicar la subida salarial del 4% que todavía adeuda a sus trabajadores y la instauración de la jornada laboral de 35 horas para cumplir de una vez por todas con los diferentes acuerdos de mejora del empleo público a los que está obligado.

CSIF censura que este ayuntamiento sea “una de las pocas administraciones locales en la región” que todavía no haya hecho efectivo el Acuerdo Marco firmado por la Central Sindical con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública el pasado mes de noviembre y que contempla una subida del 2,5% en 2025 con carácter retroactivo y un 1,5% en este 2026, a lo que se sumaría un 0,5% adicional si el IPC es igual o superior al 0,5%.

El incremento salarial completo será del 11,4% hasta 2028 (4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base).

“Un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores”

“Se está produciendo un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores de este ayuntamiento, una plantilla que ve cómo compañeros de otras administraciones y corporaciones locales sí disfrutan de esta subida salarial mientras ellos siguen a la espera”, apunta el sindicato.

Es más, abunda, porque “también se han incumplido acuerdos salariales anteriores y se está llegando a adeudar más de 1.400 euros anuales a cada empleado o incluso hay trabajadores que están por debajo del salario mínimo interprofesional. A ello se añade que tampoco se está cumpliendo algo tan básico como la jornada de 35 horas”, explica el presidente de CSIF Toledo, Raúl Turín.

Siguen con una jornada laboral de 40 horas semanales

Los trabajadores municipales de Burujón continúan con una jornada laboral de 40 horas a pesar de que la obligación legal es de 37,5 horas, además de que el II Acuerdo Nacional de Mejora del Empleo Público de 2018 ya una permitía una jornada de 35 horas en sectores transferidos y administraciones locales.

CSIF espera que el Ayuntamiento siga el ejemplo del acuerdo firmado el pasado viernes con el Ministerio de Función Pública que fija la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado. “No hay excusas, las 35 horas serán una realidad en todas las administraciones y los empleados de Burujón no pueden quedarse atrás, no pueden sufrir esta discriminación”, concluye Turín.

Un acuerdo “histórico” en el que los empleados y empleadas públicas del Estado conquistan por primera vez una reducción de su horario laboral a las 35 horas semanales. El Gobierno ha firmado este viernes con la mayoría sindical la medida, comprometida en 2022, y que por fin se llevará a la práctica a partir del mes de abril, como ha anunciado el ministro de Función Pública, Óscar López, en una entrevista en el VI Foro económico de elDiario.es.

Tras terminar de atar los últimos flecos durante varias reuniones esta semana, el acuerdo sobre la jornada de 35 horas semanales se ha suscrito este viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, entre el Ministerio de Función Pública y la mayoría de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Por su parte, ELA y CIG no lo han firmado, por considerar que el texto no tiene “las garantías suficientes”, indica el sindicato gallego.

A continuación, recogemos algunas de las cuestiones clave del acuerdo, que los sindicatos mayoritarios han celebrado como un avance para mejorar la conciliación y la productividad de la plantilla de empleados públicos del Estado.

¿A quién afecta?

La jornada de las 35 horas semanales alcanza a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), celebran los sindicatos firmantes, que cifran alrededor de las 246.000 personas. Aunque se suele mencionar la afectación de los funcionarios, la medida también alcanza al personal estatutario y laboral de la Administración General del Estado.

El alcance de la medida ha sido precisamente uno de los escollos durante la negociación, porque en un principio se planteó que la medida excluyera a algunos colectivos con más dificultades para implantarla, como a Instituciones Penitenciarias, que trabaja a turnos, y al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, explican en CCOO.

Finalmente, el acuerdo incluye a “toda la Administración” General del Estado, celebran CCOO, UGT y CSIF, para los que este punto era clave para suscribir el pacto con el Gobierno.

¿Cuál es la jornada anual?

Aunque en los debates públicos sobre la jornada laboral se suelen abordar en términos semanales, la realidad es que la jornada tiene un enfoque anual.

Así, el acuerdo recoge el compromiso de implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”.

¿Qué pasa con las jornadas con “especial dedicación”?

El pacto para implantar las 35 horas semanales en promedio anual conllevará la adaptación de la jornada del personal con “régimen de especial dedicación”. Esta pasará de las 40 horas actuales a las 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, “sin perjuicio de las prolongaciones de jornada que, con carácter excepcional, puedan resultar necesarias por razones del servicio, de conformidad con la normativa aplicable”, recoge el acuerdo.

“Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo serán objeto de adaptación, previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada general de 35 horas semanales y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”, recoge el texto.

¿Cuándo se aprobará la medida?

El compromiso del Gobierno con los sindicatos es aprobar formalmente una resolución con la reducción horaria en 15 días. El ministro Óscar López lo ha confirmado en el Foro económico de elDiario.es con un marco temporal concreto: “La primera quincena de abril”.

“La nueva regulación establecerá la duración de la jornada general, su distribución y las adaptaciones organizativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, recoge el pacto.

¿Y cuándo se aplicará?

A partir de su aprobación formal, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado (AGE) deberá negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales de su servicio público específico.

En algunos casos, la medida podrá ser inmediata prácticamente, sostienen en los sindicatos mayoritarios, mientras que en otras plantillas requerirá de más negociación porque es más compleja su implantación. Es el caso de los trabajos a turnos, como en Instituciones Penitenciarias, entre otras.

El acuerdo recoge una condición para la implantación de la medida, que “se llevará a cabo garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”. Así, fuentes sindicales reconocen que en algunos casos, la reducción horaria puede requerir de refuerzos de personal o de reorganización de equipos, procesos que pueden llevar algo de tiempo, pero que son necesarios para garantizar también los servicios prestados.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que la jornada de 35 horas semanales a los funcionarios del Estado se empezará a aplicar a partir de mediados de abril, tras Semana Santa, en una entrevista durante la tercera y última jornada del IV Foro Económico de elDiario.es. “En acuerdo con los sindicatos y hay que desarrollarlo con todos los ministerios, pero la Administración General del Estado aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril”, ha explicado y ha recordado que “hay comunidades autónomas que ya lo aplican y otras que no”.

La jornada laboral de 35 horas semanales, pactada en el penúltimo Acuerdo Marco con los sindicatos, firmado en 2022, estaba pendiente de aprobación, que se había anunciado para este mes de marzo. El Ministerio de Función Pública celebra este viernes una reunión con los sindicatos de empleados públicos en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado con la intención de cerrar oficialmente el pacto. 

El miércoles, el Ministerio de Óscar López ya trasladó una última propuesta a los sindicatos sobre esta reducción horaria para los empleados públicos del Estado, que UGT apuntó que podía recibir su respaldo y los órganos internos de CCOO también decidieron apoyarlo este jueves. CSIF ha afirmado este viernes que también respalda la propuesta del Ministerio y, por el momento, se desconoce la postura de ELA y CIG, también con representación en la Administración General del Estado.

Durante la entrevista con elDiario.es, el ministro también se ha centrado en la otra parte de su cartera: la Transformación Digital. López ha defendido que España es el país que más crece porque “el Gobierno tenía claro que había que transformar el país en una clave digital y en una energética y ecológica”.

Aunque ha reconocido que Europa tiene que “reforzar su soberanía tecnológica y digital” y “desarrollar un modelo propio de inteligencia artificial”, el ministro ha explicado que España cuenta ya con “una hoja de ruta clara” que empieza, por ejemplo, en las materias primas. “La tecnología es poder y, en el contexto geopolítico actual, la red de satélites o la fabricación de chips son fundamentales para Europa y para España”, ha destacado.

“No podemos permitir que las redes eliminen la moderación de contenido o la verificación de edad”

“El problema de la competitividad europea se llama inversión privada, hablemos claro. En EEUU, se basa en las inversiones en riesgo. En Europa son los poderes públicos los que están invirtiendo y arriesgando para que estas tecnologías se desarrollen”, ha explicado el ministro. Aunque, más allá de la propia capacidad tecnológica europea, López ha reconocido que una de las partes más importantes es la apuesta de Bruselas por un marco legislativo fuerte. 

“Tenemos que regular las redes sociales. No podemos permitir que eliminen la moderación de contenido o la verificación de edad”, ha defendido el ministro, que ha recordado que las redes sociales nacieron en 2009 y “lo hicieron sin normas”. “Ahora han pasado casi veinte años y estamos viendo cómo están creciendo los problemas de salud mental, los delitos de acoso o se han repetido elecciones, como en Rumanía. La amenaza es muy grave”, ha sostenido durante su intervención en el IV Foro Económico de elDiario.es. 

López también ha aprovechado para sacar pecho de las aportaciones que ha hecho España en este campo: “El Gobierno promovió la norma europea de inteligencia artificial durante su presidencia y ahora ha conseguido que Chipre (que ostenta la presidencia este semestre) introduzca la prohibición de los deepfakes sexuales dentro de este reglamento”. “Cualquiera de las tecnológicas tiene que saber que en Europa, un mercado con 500 millones de usuarios, tienen que cumplir unas normas”, ha apostillado.

Sobre la prohibición de menores de 16 en redes: “Espero que ningún grupo se atreva a votar en contra”

Unas normas que previsiblemente también lleguen pronto a la regulación de los jóvenes en redes sociales. En el caso de España, el Gobierno plantea la prohibición del acceso a los menores de 16 años. “Yo no voy a quitar la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores porque alguien se la ha saltado. La ley y los controles hay que tenerlos”, ha defendido López que también ha apuntado que España está trabajando con otros países europeos para buscar un estándar europeo. 

Con respecto a la herramienta que efectuará esta verificación de edad, el ministro ha destacado que España cuenta con “la mejor”, ya que es un mecanismo “real de verificación de edad”. “Vamos a hacer la ley y espero que ningún grupo se atreva a votar en contra, espero que nadie sea tan insensato”, ha adelantado el ministro. 

Sobre la existencia de una red social pública, López ha defendido que “si tenemos una radio y televisión pública es porque hay leyes que establecen que es un derecho ese servicio público” pero ahora hay que definir si “una red social es un derecho de los ciudadanos”. “Es un debate que me parece emocionante, pero para el que no tengo una respuesta hoy”, ha matizado el ministro. 

Ya en su faceta como secretario del PSOE madrileño, López ha defendido durante este entrevista con elDiario.es que si llega al Gobierno de la Comunidad de Madrid va a buscar “verdad, justicia y reparación” en el caso de las muertes en residencias de la región durante la pandemia de covid-19. “Espero que la justicia actúe y que se depuren responsabilidades”, ha dicho, preguntado sobre los protocolos de la vergüenza. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este jueves, en su sesión plenaria, el debate sobre la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida popularmente como la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales, correspondiente a 2026, que ha sido aprobada con los 17 votos del PSOE, haciendo valer su mayoría, frente a los cuatro votos en contra de Vox a la totalidad del texto, y el voto contrario o la abstención de los 12 diputados del PP, que solicitaron el voto individualizado de cada uno de los artículos.

La normativa ha sido aprobada con el mismo contenido emanado de la Comisión de Economía y Presupuestos, incorporando cuatro enmiendas del PSOE, y rechazando las 49 enmiendas presentadas por el Partido Popular, entre ellas la encaminada a la recuperación inmediata de la carrera sanitaria, así como las 16 enmiendas presentadas por Vox.

El PSOE defiende el “interés general” de su propuesta

Durante la defensa del proyecto, la diputada socialista Silvia Fernández García, designada ponente en la Comisión, ha defendido que “se trata de una ley que combina eficacia administrativa, justicia fiscal y racionalización organizativa con una orientación clara hacia el interés general”.

Fernández ha expuesto la composición de la ley, con 20 artículos en 3 capítulos, destinados, ha argumentado, a “reforzar la capacidad de acción de la Administración, favoreciendo la dinamización del tejido económico regional, optimizando la calidad y eficiencia, además de la consolidación de los servicios públicos y avanzando hacia un modelo más justo en la distribución de las cargas tributarias”.

Así, ha subrayado que los 16 artículos del primer capítulo están dedicados a la “simplificación de procedimientos y en la gestión más eficiente de los recursos humanos”. Sobre los tres artículos del segundo capítulo, ha afirmado que constituyen “medidas para facilitar el acceso a la economía y avanzar en una fiscalidad más justa”, destacando el destinado a facilitar el 20% de la financiación para la adquisición de vivienda joven que no cubren las entidades financieras en su oferta hipotecaria.

También ha subrayado las medidas de carácter tributario, señalando que incluyen “reducir en un 40% el impuesto de transmisiones en la adquisición de la primera vivienda, reducir a la mitad los actos jurídicos documentados e incrementar el valor de la vivienda en un 33%, pasando de los 180.000 euros a los 240.000 euros a efecto de estas deducciones”.

Finalmente, ha señalado que los tres artículos del tercer capítulo, sobre simplificación administrativa, ha centrado su atención en la supresión de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y la absorción de sus competencias por la Consejería de Desarrollo Sostenible, defendiendo que supone “una deducción significativa de la burocracia”.

“Se trata de una ley que combina eficacia administrativa, justicia fiscal y racionalización organizativa con una orientación clara hacia el interés general”, ha asegurado Fernández.

El PP la rechaza tras la oferta de apoyo si se incluía la carrera profesional sanitaria

Por parte del Partido Popular, su presidente, Paco Núñez, ha trasladado su rechazo al conjunto de la Ley, calificándola como una “ley ómnibus”, es decir, “un cajón desastre, donde mete muchas pequeñas leyes para tratar de confundir”.

En este sentido, ha argumentado que la defensa del Grupo Parlamentario Socialista ha consistido en buscar “cómo puede encajar en las costuras de un voto a favor, un voto en contra, para tratar de culpar a la oposición de los males de la gestión del Gobierno. Y eso no es serio”.

Durante su intervención, ha planteado un acuerdo al PSOE, que posteriormente ha plasmado en una propuesta formal, asegurando que si estos “aceptaban la enmienda por la que el Partido Popular recupera la carrera profesional sanitaria”, el PP votaría a favor de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Algo

Una enmienda destinada a la recuperación de la carrera profesional sanitaria que también ha centrado el grueso de la defensa, a cargo del diputado Santiago Serrano, de las enmiendas presentadas por el PP, reiterando que el voto en contra por parte del PSOE a la enmienda supondría la 63 ocasión en la que PSOE rechazase su recuperación.

Además, ha destacado que sus enmiendas en materia de vivienda suponen “una reforma mucho más ambiciosa a nivel fiscal para el acceso a una vivienda o para la reforma del acceso al suelo dotacional en el caso de los municipios”.

Vox ha advertido sobre la modificación de “leyes sectoriales” y “estructuras”

El diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha defendido las 16 enmiendas de su grupo, entre ellas la encaminada a garantizar la velocidad de respuesta de las administraciones, la destinada a “permitir a los ayuntamientos”, la propuesta de garantizar la asistencia personal en los procedimientos digitalizados, o la reforma del Consejo Regional de Estadística y Datos, “ya que el objetivo es claro, evitar la politización del dato”.

Además, también ha defendido una transaccional a la enmienda presentada por el PP para la recuperación de la carrera profesional, para introducir una “modificación de la Ley 1/2012 de las medidas complementarias para la ampliación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, no solamente de los presupuestos generales”, normativa que suprimió inicialmente la carrera profesional en el sector sanitario regional.

Ha criticado que la propuesta de avanzar en la digitalización excluya, por la brecha digital, al ámbito rural o a las personas mayores. “La administración no puede convertirse en una barrera”, ha dicho. También ha sido muy crítico con las iniciativas que pasan por “sustituir los controles administrativos por declaraciones responsables”, algo que según ha comentado “introduce inseguridad jurídica”.

Ha rechazado la parte de la ley que incluye “reformas institucionales sin debate político real”, asegurando que es una forma de legislar “poco transparente”. De forma expresa ha citado la “reforma completa del sector público en materia de agua”, incluyendo el personal y las competencias. “Esto no se puede presentar como una mera enmienda en la ley ómnibus. Requiere un proyecto específico o memoria económica. No se puede desmantelar un organismo público por la puerta de atrás”, afeaba.

“Nosotros defendemos simplificación y evitar duplicidades, pero no a cualquier precio” ha espetado al Gobierno. En opinión del diputado ultra, “se requiere debate político abierto” y ha terminado reclamando que se devuelvan al Estado las competencias en materia de agua.

El PSOE rechaza las enmiendas de PP y Vox

El PSOE ha defendido la aprobación del texto emanado de la Comisión sin la incorporación de las modificaciones de los otros grupos y la ponente, Silvia Fernández ha argumentado el rechazo a las enmiendas presentadas por la oposición argumentando que “en su conjunto no mejoran el texto, lo debilitan, lo duplican o directamente lo desvirtúan”.

De su lado, durante el traslado de la posición de voto, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, ha acusado al Partido Popular de falta de seriedad, rechazando el contenido de sus enmiendas.

Sobre el planteamiento realizado por Núñez sobre la enmienda relacionada con la carrera profesional, Abengózar ha asegurado que está motivada porque “están muy nerviosos” ya que “la carrera profesional sanitaria la va a recuperar el presidente Emiliano García-Page de la mano de los profesionales”.

Además, ha insistido nuevamente en que fue el Partido Popular el que la suprimió, instando a Núñez a “pedir perdón a los sanitarios”.

El consejero pone el foco en las medidas de vivienda

Tras los grupos parlamentarios, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina que ha declinado intervenir en el inicio de la sesión plenaria, ha tomado la palabra para defender el conjunto del proyecto, incidiendo en las medidas fiscales y de simplificación administrativa, en la misma línea en la que ha sido expuesto el proyecto por Silvia Fernández.

Durante su intervención, el consejero ha lamentado el rechazo por parte del PP a una transaccional presentada por el PSOE para facilitar “la concesión de avales” junto a la “concesión de préstamos” en los artículos referidos a la facilitación de acceso a la vivienda joven.

“No tiene más trascendencia”, ha asegurado el Ruiz Molina, apuntando que será aprobada en un futuro, aunque ha subrayado que incluso cuando se muestran “dispuestos a aprobarles determinadas enmiendas”, desde el PP, “tampoco las aceptan”. “Lo que ponen de manifiesto es que a la ciudadanía les importa un pimiento”, ha afirmado el consejero.

Los cuatro sindicatos con representación en la función pública han alzado hoy la voz contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que consideran su última “cacicada”: suprimir la excedencia voluntaria en funcionariado interino y temporal.

CCOO, STAS, UGT y CSIF se han manifestado a las puertas de la Delegación de Función Pública en Toledo para protestar por esta medida, incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista a la conocida como ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos regionales de 2026, que se aprueba hoy en el pleno de las Cortes regionales y que todos los años incorpora decenas de novedades en bloque.  

Concretamente, los sindicatos se refieren a la supresión de un párrafo en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el artículo 121 de esta normativa se establecía hasta ahora que puede declararse en “situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios” en el sector público el personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública.

Y esta misma posibilidad se contemplaba para el personal funcionario interino, personal estatutario temporal o personal laboral“. Es este último párrafo el que elimina la enmienda socialista. Los sindicatos conocieron esta decisión en la Mesa sectorial de la Función Pública celebrada a comienzos de semana. Y abandonaron la misma por este motivo, anunciado la protesta de hoy, en paralelo a su votación en el pleno.

Durante la movilización, los sindicatos han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de Emiliano García-Pge de “volver a recortar derechos” al personal empleado público. “Y esta vez, sin negociación”, añaden. “Estamos ante una decisión unilateral que desprecia la negociación colectiva y a quienes representamos legítimamente al personal”.

Para los manifestantes, la modificación planteada supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” del personal funcionario de la Administración regional. Consideran que implica menos oportunidades reales de avanzar en la carrera administrativa, “más bloqueo profesional” y “peores expectativas de estabilidad para miles de empleadas y empleados públicos”.

“Una vez más, se sustituye la negociación colectiva, ya de por sí efímera y repetidamente disfrazada de información, por la imposición. El ninguneo a la parte social alcanza un nuevo nivel: se legisla de espaldas a quienes sostienen los servicios públicos, ignorando deliberadamente cualquier posibilidad de acuerdo”, añaden en su manifiesto.

También claman por la carrera profesional

Además, también se han hecho eco de otro de los puntos que debate el pleno de las Cortes regionales: la carrera profesional, que “sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política”.

“Para avanzar en derechos nunca hay tiempo; para recortarlos, toda la prisa y todo el rodillo. Lo que está en juego no es solo la excedencia por prestación de servicios en el sector público, sino el futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Para los sindicatos, no se trata de una concentración más: “Es una respuesta colectiva ante el desprecio. Si no respondemos ahora, vendrán más recortes. Si respondemos en unidad de acción, seremos más fuertes”, concluyen.

El Gobierno está ultimando con los sindicatos de empleados públicos la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), que puede cerrarse el próximo viernes, según fuentes sindicales. Además, las organizaciones de trabajadores esperaban que el Ministerio de Función Pública presentara esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público del Estado correspondiente a 2026, pero finalmente lo hará más adelante, indican desde CCOO y UGT.

La jornada laboral de 35 horas semanales, pactada en el penúltimo Acuerdo Marco con los sindicatos, firmado en 2022, está pendiente de su aprobación, que se había anunciado para este mes de marzo.

El Ministerio de Función Pública, que lidera Óscar López, ha informado esta mañana que, “ante los avances producidos durante las reuniones técnicas celebradas con las organizaciones sindicales” el lunes y este miércoles, ha convocado “la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado para el viernes día 27, con la jornada de 35 horas como punto principal en el orden del día”.

El Gobierno ha presentado este miércoles un nuevo documento sobre la aprobación de las 35 horas semanales para los empleados públicos del Estado, que UGT considera que “contempla mejoras suficientes para que el sindicato lo avale” y que en CCOO van a someter a consulta interna mañana jueves.

Por su parte, CSIF ya había afirmado tras la reunión del lunes que “previsiblemente” firmaría el acuerdo este viernes para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas en la AGE.

A falta de los últimos detalles sobre las 35 horas

Lo que está pendiente es la aprobación de ese compromiso de la jornada de 35 horas pactada con los sindicatos en el acuerdo marco de 2022, para que por fin pueda hacerse efectivo en los horarios de los empleados públicos del Estado y con el detalle de a qué personal alcanzará finalmente la medida.

Uno de los debates principales con los sindicatos en estos días está siendo precisamente cómo incluir a ciertos trabajadores del Estado con mayor dificultad para cuadrar este nuevo horario, como el personal de Instituciones Penitenciarias, con turnos, así como los de jornadas de especial dedicación. Según UGT, estos últimos pasarán de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas a la semana.

Entre las mejoras alcanzadas este miércoles, UGT señala también que Función Pública se ha comprometido a “publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días”, donde se establecerá la entrada en vigor de la medida.

Se trata así de la aprobación formal de las 35 horas semanales, que permitirá por fin que los organismos públicos adapten sus horarios. La previsión es que en algunos organismos de la AGE esta reducción horaria sea muy rápida, casi inmediata, mientras que otros requieran de una negociación específica para poder adaptar sus cuadrantes y especificidades a este nuevo horario, indican los sindicatos.

“La implantación de esta jornada semanal de trabajo efectivo en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, era uno de los compromisos adquirido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y ha sido impulsada ahora para modernizar la organización del trabajo, reforzar las condiciones de trabajo del personal empleado público y contribuir a la mejora de la organización del trabajo en las administraciones públicas”, ha destacado tras la reunión el Ministerio de Función Pública.

Las plazas de 2026, más adelante

Por otro lado, los sindicatos estaban pendientes de que el Gobierno les presentara también esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado (AGE) de 2026, cuya negociación se inició el lunes.

CSIF anunció tras este encuentro que Función Pública había afirmado que la oferta sería “similar a la de 2025”, cuando ascendió a 26.889 plazas, aunque no aportó todavía los datos de plazas ofertadas.

Finalmente, Función Pública no ha detallado estos números en la reunión de este miércoles y tampoco abordará el tema el viernes, explican a elDiario.es en CCOO y UGT. La OEP (Oferta Pública de Empleo ) de 2026 en la AGE queda así pendiente de futuras reuniones, indican con los sindicatos. Por su parte, el Ministerio de Óscar López no se ha pronunciado en estos días sobre este segundo asunto.

UGT Servicios Públicos ha expresado “la necesidad de una negociación más amplia” en relación a la Oferta de Empleo Público, “que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas”. El sindicato ha insistido en que “solo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la nueva jornada y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía”, ha destacado en un comunicado.

En CSIF han reclamado “superar la OEP de 2025”, con el refuerzo especial de algunos organismos, como el SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, Extranjería e Interior, ante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO de La Rioja para aprobar la nueva orden reguladora de la selección, formación, nombramiento y cese del personal funcionario interino al servicio de la Administración de Justicia en La Rioja. El acuerdo fue suscrito ayer, martes 17 de marzo, en el marco de la Mesa Sectorial de Justicia.

La nueva orden establece el procedimiento que regirá la composición y convocatoria de la bolsa de funcionarios interinos de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia dependientes orgánicamente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, un instrumento esencial para garantizar el funcionamiento ordinario de juzgados y servicios judiciales cuando resulta necesario cubrir puestos con carácter temporal.

El texto introduce novedades relevantes para reforzar la objetividad, la cualificación y la eficacia de este sistema. Así, la nueva regulación otorgará mayor peso a los buenos resultados obtenidos en los últimos procesos selectivos, con hasta 55 puntos; valorará también la experiencia previa, con hasta 30 puntos; la titulación académica, con hasta 10 puntos; y los conocimientos ofimáticos, con hasta 5 puntos.

Además, la orden incorpora un periodo de prácticas de dos meses para aquellas personas interinas que carezcan de experiencia previa o que deban desempeñar funciones en un destino o en un orden jurisdiccional distinto. Durante ese período contarán con tutorización y formación específica en las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño de su puesto, con el objetivo de facilitar una incorporación más segura y eficaz al servicio.

Con este acuerdo, el Ejecutivo riojano da un paso más para dotar a la Administración de Justicia de bolsas de personal mejor preparadas, conectadas con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y adaptadas a las necesidades reales del servicio público. La nueva orden busca, al mismo tiempo, favorecer una cobertura más ágil de vacantes y sustituciones, mejorar el control de la temporalidad y reforzar la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía.

Este acuerdo aporta estabilidad, seguridad y consenso a un ámbito especialmente sensible para el buen funcionamiento del servicio público de Justicia. De este modo, el Gobierno de La Rioja sigue avanzando en la mejora de los medios personales de la Administración de Justicia desde el diálogo con los representantes de los trabajadores y con el objetivo de ofrecer un servicio cada vez más moderno, eficaz y cercano a la ciudadanía. 

Este avance se enmarca, además, en el proceso de modernización de la Administración de Justicia que está desarrollando el Gobierno de La Rioja. Durante 2025 se implantaron los Tribunales de Instancia en Haro y Calahorra y, a finales de ese mismo año, culminó la puesta en marcha de la nueva estructura judicial en Logroño, dentro del despliegue de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En ese contexto de transformación organizativa, la mejora de la regulación de las bolsas de interinos refuerza la capacidad de respuesta del sistema y contribuye a consolidar una Justicia más eficiente, especializada y próxima.

Tras la firma del acuerdo, el Gobierno de La Rioja continuará ahora con la tramitación de la nueva orden y recabará los informes preceptivos para su aprobación definitiva.

El PP i Vox han acordat rebaixar el requisit del català en diferents àmbits de la funció pública balear mitjançant diverses esmenes a la llei de projectes estratègics, una norma centrada en agilitzar inversions que no guarda relació alguna amb la política lingüística. El pacte permetrà ajornar l'acreditació de l'idioma per a docents en places de difícil cobertura i eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració.

La portaveu de la formació d'extrema dreta al Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciat aquest dilluns l'acord assolit amb els populars després de “llargues reunions i negociacions”. “No podem permetre que una aula es quedi sense professor perquè el candidat més qualificat no tingui un titolet excloent com és el català”, ha assenyalat en relació a la certificació que acredita el coneixement de la llengua pròpia de Balears.

Segons ha assenyalat, ambdues formacions introduiran tres esmenes que rebaixen o posposen l'exigència d'acreditar coneixements de català en diferents àmbits de l'administració. La primera de les mesures es refereix a les places docents catalogades com de molt difícil cobertura. En aquests casos, l'acord preveu que els aspirants puguin incorporar-se al lloc de feina encara que no acreditin el nivell de català requerit en el moment d'accedir a la plaça, amb l'obligació d'obtenir-lo posteriorment en un termini que podria situar-se entorn als dos anys.

La segona esmena planteja rebaixar o suprimir el requisit lingüístic en determinades categories laborals bàsiques de la funció pública, com zeladors, auxiliars, personal de neteja o manteniment, sempre que es tracti de llocs sense atenció directa al públic. A més, l'acord obre la porta a establir excepcions quan la falta d'aspirants “posi en risc el funcionament dels hospitals o altres serveis públics essencials”, segons ha assenyalat Vox en una nota de premsa.

La tercera modificació afectarà l'àmbit educatiu: conservadors i extrema dreta proposen rebaixar d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir automàticament el certificat B2 o C1 de català en finalitzar l'ESO o el batxillerat. També preveuen garantir que l'alumnat que cursi un any a l'estranger pugui obtenir igualment l'acreditació si assoleix la qualificació exigida.

Cañadas ha emmarcat el pacte dins del que ha definit com “un bon acord” tenint en compte la representació parlamentària de Vox. “Som molt ambiciosos i ens encantaria anar més enllà, però tenim la força que tenim, de moment”, ha assenyalat.

Per la seva banda, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha defensat que el requisit no desapareix, sinó que s'ajorna per facilitar la cobertura de vacants. Duràn ha insistit que les esmenes seran registrades per Vox i que el PP les recolzarà si s'ajusten al que s'ha acordat.

L'acord se suma a una sèrie de decisions adoptades pel Govern de Marga Prohens des de l'inici de la legislatura que han anat rebaixant el pes del català en diferents àmbits institucionals i educatius, moltes d'elles fruit de la negociació amb Vox.

El principal àmbit en veure's afectat per les polítiques de la dreta en aquest sentit ha estat el sanitari: poc temps després d'arribar al poder, l'Executiu autonòmic del PP va aprovar un decret de mesures urgents perquè el català fos un mèrit i no un requisit a l'hora de treballar a la sanitat pública balear. Va ser, de fet, una de les grans promeses electorals de Prohens i del seu pacte de govern amb l'extrema dreta.

Segons els populars, l'objectiu era combatre l'històric dèficit de sanitaris que pateix l'arxipèlag -com també ho pateixen altres regions d'Espanya-, però va confessar que no disposa de les dades que avalarien, al seu judici, l'eliminació del català com a requisit laboral. La consellera de Salut, Manuela García, va admetre desconèixer quants professionals entren o surten del sistema sanitari per haver d'acreditar cert nivell de català, atès que quan un metge marxa el requeriment del català no es fa constar entre les causes d'abandonament, per la qual cosa va confessar que serà complicat avaluar l'impacte de la supressió com a mesura de captació de sanitaris.

Després d'això, PSOE i Sumar van portar al Tribunal Constitucional la decisió del Govern en considerar que vulnera “el principi d'igualtat i el de no discriminació per raó de llengua, reconegut en l'Estatut d'Autonomia” i “atempta contra el règim de cooficialitat lingüística vigent”.

A mitjans de 2025, els de Santiago Abascal van aconseguir introduir la supressió del català com a requisit laboral per accedir a la sanitat pública -tot i que aquesta mesura ja estava sent aplicada a través de l'anterior decret llei- via esmenes a una normativa que no té res a veure amb aquestes matèries: la aprovada per regular les explotacions ramaderes intensives d'aus de corral.

PP y Vox han acordado rebajar el requisito del catalán en distintos ámbitos de la función pública balear mediante varias enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, una norma centrada en agilizar inversiones que no guarda relación alguna con la política lingüística. El pacto permitirá aplazar la acreditación del idioma para docentes en plazas de difícil cobertura y eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración.

La portavoz de la formación de extrema derecha en el Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con los populares tras “largas reuniones y negociaciones”. “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, ha señalado en relación a la certificación que acredita el conocimiento de la lengua propia de Balears.

Según ha señalado, ambas formaciones introducirán tres enmiendas que rebajan o posponen la exigencia de acreditar conocimientos de catalán en distintos ámbitos de la administración. La primera de las medidas se refiere a las plazas docentes catalogadas como de muy difícil cobertura. En estos casos, el acuerdo prevé que los aspirantes puedan incorporarse al puesto aunque no acrediten el nivel de catalán requerido en el momento de acceder a la plaza, con la obligación de obtenerlo posteriormente en un plazo que podría situarse en torno a los dos años.

La segunda enmienda plantea rebajar o suprimir el requisito lingüístico en determinadas categorías laborales básicas de la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, siempre que se trate de puestos sin atención directa al público. Además, el acuerdo abre la puerta a establecer excepciones cuando la falta de aspirantes “ponga en riesgo el funcionamiento de los hospitales u otros servicios públicos esenciales”, según ha señalado Vox en una nota de prensa.

La tercera modificación afectará al ámbito educativo: conservadores y extrema derecha proponen rebajar de un 8 a un 7 la nota necesaria para obtener automáticamente el certificado B2 o C1 de catalán al finalizar la ESO o el bachillerato. También prevén garantizar que el alumnado que curse un año en el extranjero pueda obtener igualmente la acreditación si alcanza la calificación exigida.

Cañadas ha enmarcado el pacto dentro de lo que ha definido como “un buen acuerdo” teniendo en cuenta la representación parlamentaria de Vox. “Somos muy ambiciosos y nos encantaría ir más allá, pero tenemos la fuerza que tenemos, de momento”, ha señalado.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha defendido que el requisito no desaparece, sino que se aplaza para facilitar la cobertura de vacantes. Durán ha insistido en que las enmiendas serán registradas por Vox y que el PP las respaldará si se ajustan a lo acordado.

El acuerdo se suma a una serie de decisiones adoptadas por el Govern de Marga Prohens desde el inicio de la legislatura que han ido rebajando el peso del catalán en distintos ámbitos institucionales y educativos, muchas de ellas fruto de la negociación con Vox.

El principal ámbito en verse afectado por las políticas de la derecha en este sentido ha sido el sanitario: poco tiempo después de llegar al poder, el Ejecutivo autonómico del PP aprobó un decreto de medidas urgentes para que el catalán fuera un mérito y no un requisito a la hora de trabajar en al sanidad pública balear. Fue, de hecho, una de las grandes promesas electorales de Prohens y de su pacto de gobierno con la extrema derecha.

Según los populares, el objetivo era combatir el histórico déficit de sanitarios que sufre el archipiélago -como también lo padecen otras regiones de España-, pero confesó que no dispone de los datos que avalarían, a su juicio, la eliminación del catalán como requisito laboral. La consellera de Salud, Manuela García, admitió desconocer cuántos profesionales entran o salen del sistema sanitario por tener que acreditar cierto nivel de catalán, dado que cuando un médico se marcha el requerimiento del catalán no se hace constar entre las causas de abandono, por lo que confesó que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios.

Tras ello, PSOE y Sumar llevaron al Tribunal Constitucional la decisión del Govern al considerar que vulnera “el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d'Autonomia” y “atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente”.

A mediados de 2025, los de Santiago Abascal lograron 'colar' la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -a pesar de que esta medida ya estaba siendo aplicada a través del anterior decreto ley- vía enmiendas a una normativa que nada tiene que ver con estas materias: la aprobada para regular las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral.

La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano, Inés Llerena Gil, recuperará el salario que no percibido tras permanecer suspendida de empleo y sueldo durante seis meses a causa de un expediente disciplinario.

Según ha trasladado la funcionaria a través de un comunicado, Llerena, que fue suspendida de empleo y sueldo el 11 de marzo de 2025 tras abrirle la Junta de Gobierno Local, del PP, un expediente disciplinario en su contra por “hechos muy graves” en relación con sus actuaciones como funcionaria de carrera del Ayuntamiento, recuperará su sueldo tras la resolución de su expediente.

Según asegura la funcionaria, el expediente fue “consecuencia directa de una denuncia” realizada por ella el 7 de marzo de 2025 por acoso laboral contra el “alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras”. El pasado 11 de marzo, transcurrido un año, una nueva Junta de Gobierno Local Extraordinaria resolvió el expediente discuiplinario con un apercibimiento, devolviendo el salario no percibido durante los seis meses de suspensión.

Otras acciones legales

La funcionaria ha señalado que durante el tiempo transcurrido, ha emprendido diversas acciones legales contra el Ayuntamiento. Concretamente, una denuncia en el contencioso-administrativo, así como una denuncia por acoso laboral.

La jefa del Servicio de Urbanismo ha lamentado haber permanecida “totalmente desprotegida” tras su denuncia de acoso laboral por parte de Recursos Humanos y de las organizaciones sindicales. Asimismo, ha señalado que recurrirá ante la vía judicial el expediente disciplinario, y ha asegurado que su denuncia penal por acoso laboral ha sido admitida a trámite.

El Tribunal Supremo ha establecido que, para los funcionarios del régimen de Clases Pasivas, el complemento de maternidad en las pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy (vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021) también puede ser disfrutado de forma simultánea por ambos progenitores, como ya falló la justicia para el régimen de la Seguridad Social.

Así lo ha concluido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en una sentencia fechada este 4 marzo, tras la deliberación conjunta de tres sentencias de padres que reclamaban el cobro de este plus en la pensión por sus hijos.

Este complemento, que fue sustituido en 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones, se concedía a las madres a partir del segundo hijo, con un alza porcentual de la cuantía de su pensión (dos hijos, el 5%; tres hijos, el 10%; y tres o más hijos, el 15%).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Además, es un régimen en vías de extinción, por lo que el Régimen de Clases pasivas comprende a funcionarios que ingresaron al sistema de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaban adscritos al Régimen General.

En la úlitma nómina de pensiones, el número de prestaciones en vigor en el Régimen de Clases Pasivas fue de 736.793, con un 2% de aumento respecto al año anterior. “Este tipo de pensión lo reciben 707.230 pensionistas”, indica la Seguridad Social.

El TJUE consideró el plus discriminatorio para los hombres

El Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, determinó que la norma nacional que otorgaba el complemento de pensión únicamente a mujeres con al menos dos hijos, y excluía a los hombres en situación comparable, constituía una discriminación directa por razón de sexo.

Entre los litigios derivados de esta situación de discriminación del complemento de maternidad, muchos hombres reclamaron este plus de manera compatible con el que recibían ya sus parejas. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determinó en una sentencia de mayo de 2023 que los dos progenitores tenían derecho a cobrar de forma simultánea el complemento por los mismos hijos, ya que se había concebido como un derecho individual y ambos tenían los mismos derechos.

“En estas condiciones, habiéndose configurado legalmente el complemento de maternidad como un complemento individual, la inclusión del colectivo discriminado por razón de sexo determina que los hombres adquieran el derecho al complemento en las mismas condiciones, puesto que la configuración legal inicial de las personas beneficiarias debe ajustarse al respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del principio de igualdad y no discriminación, lo que implica la inclusión de los hombres en el ámbito subjetivo de aplicación”, indica la resolución del Supremo.

Además, el Supremo señala que admitir el criterio de la incompatibilidad del disfrute dual del complemento, conduciría, o bien a la percepción del complemento solo por la madre, o, en su caso, por quien primero lo obtuviera; o bien a la aplicación de criterios de prelación o distribución, no establecidos legalmente, “lo cual incluso podría determinar que la madre que ya tenía reconocido el complemento de maternidad pudiera verse afectada por percibirlo, en todo o en parte, el otro progenitor”.

Por ello, los magistrados concluyen, también para el Régimen de Clases Pasivas, que el complemento de maternidad “puede ser disfrutado por ambos progenitores de manera simultánea, cuando se cumplan los requisitos establecidos en aquella disposición adicional”.

Las discusiones sobre el complemento contra la brecha de género

La sentencia del TJUE contra el complemento de maternidad provocó que se sustituyese a partir del 4 de febrero de 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones. No obstante, este segundo también ha sido considerado más tarde discriminatorio para los hombres por parte de la justicia europea.

Esto ha llevado a que los sindicatos reclamen una reforma del plus por temor a que lo pierdan las madres, ya que en el caso del complemento contra la brecha de género el Gobierno estableció como criterio que solo se puede ser percibido por uno de los dos progenitores.

Aunque los sindicatos han reclamado insistentemente una reforma a la Seguridad Social, por el momento no se ha llevado a cabo. Desde entonces, se ha disparado el número de nuevos pluses que se reconocen a hombres, incluso por encima de los que se conceden a mujeres.

En total, en febrero, había algo más de 1,3 millones de pensiones que reciben el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en “un 77,6% de sus titulares son mujeres”, indica el Ministerio de Elma Saiz.

La plataforma STAS-Intersindical ha denunciat irregularitats en la gestió de personal de la Diputació de València per part de l’equip de govern provincial (format pel Partit Popular i Ens Uneix), amb una estratègia basada, asseguren, en la col·locació de personal extern —afins o “amics”— procedent d’altres administracions. D’aquesta manera, es mostren molt crítics amb la negociació de la nova relació de llocs de treball (RLT) i critiquen que l’executiu provincial considere que “cap dels més de mil funcionaris propis d’aquesta corporació estem a l’altura per a ocupar cap de les cent direccions que ja han obert des que van desembarcar en la Diputació”.

Segons ressenyen, s’ha produït una ruptura del diàleg social, sense una negociació real, sinó mitjançant imposicions comunicades a última hora, a vegades fins i tot a través de la premsa. A més, sostenen que s’amortitzen llocs ocupats en àrees com ara Cultura o Transparència i que el personal dels departaments afectats no ha sigut consultat.

Així doncs, censuren la modificació de l’RLT mitjançant la creació o l’alteració de places “a mida”, utilitzant codis de titulació genèrics per a aconseguir l’encaix del candidat triat. D’aquesta manera, s’utilitzaria el mecanisme subjectiu de la comissió de serveis per a traslladar unes persones determinades a la Diputació; després de dos anys en el lloc, es convoca la plaça de manera definitiva amb una prova que, segons el sindicat, només pot superar amb èxit qui ja ocupa el lloc.

En aquest sentit, l’organització sosté que fins a 29 funcionaris d’altres administracions (dotze habilitats nacionals, un enginyer forestal, tres tècnics d’administració general, un agent d’ocupació o més d’una desena d’administratius, entre altres), principalment ajuntaments, han obtingut plaça en la institució provincial. Lamenten que la Diputació, en compte d’assistir els consistoris, els “robe” funcionaris —sobretot habilitats nacionals com ara secretaris i interventors amb vincles previs amb diputats provincials—, que passarien a cobrar més amb menys responsabilitats.

Els representants dels treballadors critiquen tant la diputada de Recursos Humans, Reme Mazzolari, com el president de la corporació, Vicente Mompó. Asseguren que es bloqueja la promoció interna, “menystenint” al més d’un miler de funcionaris de la casa en obrir les direccions a personal extern, mentre s’apliquen retallades a la plantilla i es “balafia” en la reforma de despatxos.

Reestructuració de l’Àrea de Cultura

STAS-Intersindical es mostra especialment dura amb la reforma en Cultura, on asseguren que el procés manca de transparència. En aquest sentit, afirmen que la documentació va arribar tard i sense estudis que justifiquen la “sobredimensió” de l’Àrea.

Així mateix, assenyalen que hi ha incoherències organitzatives, amb direccions sense subordinats, funcions idèntiques per a diferents nivells salarials i canvis de tasques a personal especialitzat. Esmenten, com a exemple, el cas d’un expert en música a qui es destina a muntar exposicions.

Consultats per elDiario.es, des de la Diputació de València apunten que no faran valoracions fins que no s’aprove la relació de llocs de treball.

La plataforma STAS-Intersindical ha denunciado irregularidades en la gestión de personal de la Diputación de Valencia por parte del equipo de gobierno provincial (formado por el Partido Popular y Ens Uneix), con una estrategia basada, aseguran, en la colocación de personal externo —afines o “amigos”— procedente de otras administraciones. De este modo, se muestran muy críticos con la negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y critican que el ejecutivo provincial considere que “ninguno de los más de mil funcionarios propios de esta Corporación damos la talla para ocupar ninguna de las cien jefaturas que llevan ya abiertas desde que desembarcaron en la Diputación”.

Según reseñan, se ha producido una ruptura del diálogo social, sin una negociación real sino mediante imposiciones comunicadas a última hora, en ocasiones incluso a través de la prensa. Además, sostienen que se están amortizando puestos ocupados en áreas como Cultura o Transparencia y que el personal de los departamentos afectados no ha sido consultado.

Así, censuran la modificación de la RPT mediante la creación o alteración de plazas “a medida”, utilizando códigos de titulación genéricos para lograr el encaje del candidato elegido. De este modo, se utilizaría el mecanismo subjetivo de la comisión de servicios para trasladar a determinadas personas a la Diputación; tras dos años en el puesto, se convoca la plaza de forma definitiva con una prueba que, según el sindicato, solo puede superar con éxito quien ya ocupa el puesto.

En este sentido, la organización sostiene que hasta 29 funcionarios de otras administraciones (doce habilitados nacionales, un ingeniero de montes, tres técnicos de administración general, un agente de empleo o más de una decena de administrativos, entre otros), principalmente ayuntamientos, han obtenido plaza en la institución provincial. Lamentan que la Diputación, en lugar de asistir a los consistorios, les “robe” funcionarios —sobre todo habilitados nacionales como secretarios e interventores con vínculos previos con diputados provinciales—, quienes pasarían a cobrar más con menores responsabilidades.

Los representantes de los trabajadores critican tanto a la diputada de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, como al presidente de la corporación, Vicent Mompó. Aseguran que se bloquea la promoción interna, “ninguneando” al más de un millar de funcionarios de la casa al abrir las jefaturas a personal externo, mientras se aplican recortes a la plantilla y se “despilfarra” en la reforma de despachos.

Reestructuración del área de Cultura

STAS-Intersindical se muestra especialmente dura con la reforma en Cultura, donde aseguran que el proceso adolece de falta de transparencia. En este sentido, afirman que la documentación llegó tarde y sin estudios que justifiquen la “sobredimensión” del área.

Asimismo, señalan que existen incoherencias organizativas, con jefaturas sin subordinados, funciones idénticas para diferentes niveles salariales y cambios de tareas a personal especializado. Citan, como ejemplo, el caso de un experto en música a quien se destina a montar exposiciones.

Consultados por elDiario.es, desde la Diputación de Valencia apuntan que no harán valoraciones hasta que no se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo.

Los funcionarios de la Administración General del Estado verán cubierta en el próximo mes una de las reivindicaciones que los sindicatos del sector han puesto sobre la mesa una y otra vez en los últimos años. La jornada laboral de 35 horas, pactada en el penúltimo acuerdo marco, firmado en 2022, entrará en vigor previsiblemente en marzo, después de que el Gobierno iniciase los trámites a finales de enero. En la práctica, será una reducción de jornada para cerca de medio millón de empleados públicos.

En los últimos meses, los funcionarios han ido viendo resueltas algunas de las tensiones con el Ejecutivo, que elevaron la conflictividad en 2025. Ese año comenzó con la crisis de Muface abierta, una negociación salarial pendiente que afectaba a más de tres millones de empleados públicos y el objetivo de rejuvenecer las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) ante el reto de una cascada de jubilaciones, que culminarán con el retiro de la mitad del personal en la próxima década.

Ahora la lista de tareas pendientes tiene que ver, sobre todo, con lo relativo al cumplimiento del acuerdo marco rubricado con los sindicatos a finales de noviembre, pero con los grandes temas que mantuvieron en vilo a miles de funcionarios resueltos, al menos de momento: la mutualidad garantizada y una subida de sueldo del 11% hasta 2028.

Uno de los grandes retos que afronta el Estado es la edad de las plantillas que trabajan para él. El Ejecutivo ha logrado revertir la tendencia de envejecimiento de su personal. La edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Gobierno Central ha descendido en los últimos seis años y se sitúa ya en los 49,9 años, frente a los 51,6 que registró en 2019 y 2020, según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre.

Este descenso en la edad media de las plantillas de los empleados públicos del Estado viene acompañada de varias ofertas públicas de empleo cuantiosas en cuanto a incorporación de efectivos, después de los años de austeridad y recortes tras la crisis financiera. En total, desde 2023 se han convocado más de 100.000 plazas de nuevo ingreso, con un llamamiento récord en 2024, con 40.000 posiciones.

Estas ofertas de empleo no se traducen en incorporaciones inmediatas, que tienen cierto decalaje, en función de las administraciones y la organización y desarrollo de las oposiciones. De hecho, uno de los compromisos que el Ministerio adquirió con los sindicatos durante las negociaciones para el acuerdo fue la “agilización y mejora de los procesos selectivos”, que las organizaciones sindicales quieren limitar a un año de duración.

Con todo, como muestra el siguiente gráfico, el número de trabajadores públicos en España en el conjunto de las administraciones —Estado central, comunidades autónomas y entidades locales— ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, hay 3,1 millones de empleados públicos, 136.632 más que en 2023, el año más antiguo con el que se pueden comparar. Entonces, el Ministerio realizó modificaciones metodológicas, con la inclusión de todos los contratos temporales, y no solo los que tengan una duración superior a seis meses; personal en formación o prácticas; se simplifican fuentes administrativas en lo relativo al personal de las universidades públicas; y se deja de publicar información desagregada del personal del Poder Judicial.

Pese a ese salto en el gráfico, por el cambio metodológico, la curva permite apreciar un cambio de tendencia claro, tras la caída en el número de trabajadores públicos desde la primera década de los 2000 y la estabilización entre 2013 y 2020, cuando se eliminó la tasa de reposición. El Gobierno se comprometió hace un par de años a eliminar para 2025 este mecanismo, que limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público en función del número de bajas que se van a producir y que se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, pero que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha dejado en pausa.

La eliminación de la tasa de reposición es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y una de las anotaciones en la lista de 'pendientes' del Ministerio de Función Pública, que hace unas semanas se comprometió a crear un mecanismo alternativo que sustituya de manera progresiva a esta herramienta.

Un análisis exhaustivo del Boletín Estadístico permite desgranar dónde trabajan los funcionarios. Al margen del detalle de los centros, instituciones, ministerios, provincias o administraciones, la mayor parte del personal que se dedica al sector público trabaja para las comunidades autónomas. No es casualidad que estas tengan transferidas las competencias en sanidad y en educación, dos partidas que agrupan a casi uno de cada dos trabajadores, con más de 1,4 millones de efectivos, según los últimos datos estadísticos del ministerio, de julio de 2025. De hecho, hace unos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacaba la contratación de 19.400 personas más para reforzar la sanidad en diciembre.

Los ayuntamientos contratan al 18% de los empleados públicos del Estado, más de medio millón, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil al 9%, unos 280.000 efectivos, a los que habría que sumar los 28.700 miembros de las policías autonómicas.

Al margen del personal funcionario de las corporaciones y entidades locales y las comunidades autónomas, la Administración General del Estado —a grandes rasgos, los trabajadores públicos que dependen de los ministerios— ha conseguido frenar la sangría de personal, que venía produciéndose desde hacía años, en una tendencia que se revirtió a partir de 2021, cuando el número de altas superó al de bajas. Si aquel año esta diferencia fue de apenas unos cientos, en 2024, los últimos datos disponibles, se incorporaron más de 18.000 nuevos empleados, frente a los 9.800 que se jubilaron o causaron baja.

Entre 2021 y 2024 hubo un total 36.423 salidas y 48.304 entradas, con un saldo positivo de 11.881 trabajadores en la Administración General del Estado. Unos datos que no incluyen al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas.

Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, en la próxima década se jubilarán la mitad de los funcionarios de carrera, un 49,53%. Son 67.488 efectivos, a los que habría que sumar otros 22.242 de personal laboral fijo. En total, 89.730. “Los colectivos que se verán más influenciados, con una estimación de que más del 50% de su plantilla actual estará jubilada en 10 años, son los subgrupos E, C2, B y C1. El más significativo por porcentaje y número de bajas el subgrupo C2, con un 74,92% y 15.979 bajas. Para los subgrupos superiores se estiman porcentajes de baja inferiores al 50%: el A2, con 12.439 bajas y un 36,51%; y el A1, con 9.574 que corresponden a un 33,57%”, indica el trabajo.

El proyecto de ley de Función Pública, que se cursa en el Congreso, contempla dos medidas relativas a la jubilación. Por un lado, recuperar la parcial anticipada que Rajoy eliminó en 2012 y, por otro, alargar la forzosa, que permite a los funcionarios que lo deseen seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, hasta los 72 años. La primera, tras un pacto con los sindicatos y la segunda sin el apoyo de estos, pero ambas atascadas en el trámite parlamentario.

A julio de 2025, el porcentaje de trabajadores de la AGE que llegarán a la edad de jubilación en cinco años o menos había descendido. Fueron tan solo cuatro décimas, hasta el 18,6%, pero rompe una racha ascendente. Crecen, no obstante, quienes deciden alargar su vida laboral, hasta el 4,2%. Al otro lado de la tabla, aumentan los trabajadores jóvenes. Actualmente, el 21,7% tienen menos de 40 años, frente al 11,6% de hace cinco años.

Pese a la reducción de la edad media y la entrada de personal joven, en una comparativa con otros sectores o grupos de trabajadores, el personal de la AGE continúa siendo el más envejecido, con el 57% de las plantillas por encima de los 50 años. La mayor diferencia se da con los asalariados del sector privado, donde solo el 30,8% superan esa edad, seguido del 35,1% de la población activa en España o el 45% de los asalariados del sector público.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha anunciado este miércoles que el sindicato convocará una ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de alcanzar un “pacto social” en torno a los servicios públicos. El objetivo, ha explicado, es superar el contexto de “polarización” y el “nivel de discusión y crispación de todos con todos y por absolutamente todo”. De esas conversaciones, la organización sindical excluirá a “quienes defienden la motosierra”, ha matizado, en relación a Vox.

El objetivo de fondo es blindar el proceso de reforma y modernización en marcha de los servicios públicos y garantizar que los acuerdos que los sindicatos alcanzan con el Ejecutivo cristalicen en derechos y avances reales. “Nos dejamos el pellejo en las mesas de negociación”, ha defendido Araque, para alcanzar a acuerdos que, en muchos casos, terminan estancados en el trámite parlamentario. “Acabamos de firmar un acuerdo, pero tenemos la sensación de que esto no ha hecho más que empezar”, ha indicado, en relación al acuerdo marco rubricado en noviembre.

Ese acuerdo contemplaba una subida de sueldo acumulada del 11% hasta 2028, así como los ejes de trabajo en otras cuestiones, como la modernización de las administraciones públicas, la agilización de los procesos selectivos o la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales acordada en el pacto anterior. “Afortunadamente, la mayor parte de las medidas no necesitan un desarrollo legal, aunque si normativo”, señalan desde UGT.

Sí tuvo que pasar por el Congreso la subida salarial de los funcionarios para los años 2025 y 2026, que salió adelante pese al voto en contra de Vox y la abstención de Junts. Pero hay otras medidas que siguen atascadas, como la Ley de Función Pública, que incorpora un permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos y propone alargar la jubilación forzosa hasta los 72 años, para que quienes lo deseen puedan trabajar hasta esa edad, así como la jubilación parcial anticipada pactada con los sindicatos.

Araque lamenta que UGT está “esperando por esa ley desde 2007”. “Está acordado, nos dejamos el pellejo en la mesa de negociación, ¿por qué no se aprueba? Esto tiene que pasar por el Congreso, pero no puede meterse todo en el mismo saco”, reclama.

En este sentido, desde UGT consideran que, “evidentemente, quien más responsabilidad tiene son los partidos que conforman el Gobierno”, con quien, sin embargo, reconocen haber firmado “grandes acuerdos”. “¿Por qué sale la subida salarial? Porque se consigue que vaya [al Congreso] sin absolutamente nada más. Aquí no hubo problema, pero ¿por qué los partidos políticos que tienen responsabilidades de Estado en este país no tienen la capacidad de elevarse y hacer un pacto social? No estoy hablando de bipartidismo, sino de todos los partidos políticos que defiendan el estado social y democrático de derecho, el progreso y los servicios públicos”, ha exigido.

La jornada de 35 horas semanales, en marzo

Desde UGT han celebrado, no obstante, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales a lo largo del próximo mes de marzo. Se trata de una medida pendiente del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, y para la que el Gobierno inició los trámites a finales del mes de enero. Esto supondrá, estiman desde el sindicato, que la orden esté dada durante el próximo mes y que las plantillas podrán adaptarse a los nuevos horarios, a la espera de implantar estas mejoras también para el personal de instituciones penitenciarias.

Esta reducción es, ha dicho Araque, la “punta de lanza” para rebajar las jornadas laborales y subir los salarios, tanto en las administraciones autonómicas y locales pendientes de esta mejora como en el sector privado. “Las 35 horas están prácticamente en toda la administración local, pero va a ser fundamental para la Comunidad de Madrid, porque su presidenta dijo que hasta que la Administración General del Estado no las asumiera, no las asumiría. Pues bienvenidas a las 35 horas”, ha señalado la representante sindical.

Veto a Seguridad Social

El sindicato ha insistido también en la idea de que vetará cualquier acuerdo o negociación con el Ministerio de Seguridad Social hasta que el departamento que dirige Elma Saiz no resuelva el bloqueo de la jubilación parcial anticipada de los empleados públicos. Este colectivo ya gozaba de ese derecho, pero quedó en el limbo con la reforma de las pensiones, que obligaba a contratar a un relevista de forma indefinida y a tiempo completo, algo que en la administración solo es posible a través de un proceso de oposición, que puede alargarse durante meses o incluso años.

“No se va a tocar absolutamente nada con Seguridad Social si esto no se arregla”, ha defendido Araque, que espera que esté “para salir” aunque “todavía no hay nada concreto”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia por la grave situación que se está viviendo en distintos centros de la Administración debido a la falta de cobertura de las bajas laborales por parte de Función Pública.

La situación es de especial gravedad en el colegio público de educación especial Marqués de Vallejo, donde actualmente faltan 3 operarios de los 8 que componen la plantilla, “una situación que se prolonga desde hace meses sin que se haya adoptado ninguna medida efectiva para su sustitución, a pesar de ser solicitada su cobertura a Función Pública en innumerables ocasiones”, asegura el sindicato.

Esta misma problemática se está produciendo también en el cuerpo de ATE de este mismo centro, donde las bajas llevan mucho tiempo sin cubrirse. Según recalcan, “esta falta de personal está generando una sobrecarga de trabajo inasumible para los trabajadores que permanece en el centro, deteriorando las condiciones laborales y afectando directamente a la calidad del servicio que se presta”.

“Los trabajadores están asumiendo funciones y responsabilidades adicionales sin refuerzo alguno, lo que evidencia una preocupante falta de planificación y gestión por parte de la Administración y en concreto de la Dirección General de Función Pública”, subrayan.

CSIF ha denuncido esta situación en muchas ocasiones ya que “no es puntual, sino que responde a una dinámica reiterada en distintos ámbitos de la Administración, donde las bajas por enfermedad, jubilaciones o permisos prolongados no se están cubriendo en tiempo y forma”. Ante ello, exige a Función Pública que proceda a la cobertura inmediata de las vacantes y bajas existentes, garantizando así tanto los derechos laborales de los trabajadores como la adecuada prestación del servicio público.

“No se puede seguir sosteniendo el funcionamiento de los centros públicos a costa del esfuerzo y la sobrecarga permanente de sus plantillas”, recuerda CSIF.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d'Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido el voto favorable de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, Comuns y CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada. Estos grupos consideran la medida un “retroceso” y han alertado de que “no aportará ninguna solución” a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en prisión de Mas d'Enric, a manos de un interno.

Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es “dar seguridad y protección jurídica” a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia.

En representación del PSC, la diputada Judit Alcalá ha defendido que se trata de una iniciativa “muy necesaria, rigurosa y profundamente responsable, que no nace de la improvisación ni del ruido, sino de la realidad de nuestro sistema penitenciario, la experiencia acumulada en los centros y el diálogo constante con los trabajadores”.

Por parte de Junts, el diputado Francesc de Dalmases ha sostenido que “las cárceles deben ser el espacio donde (los internos) adquieran hábitos y habilidades sociales para insertarse”. Por eso, ha añadido que “deben ser espacios seguros, de convivencia, de rehabilitación e inserción”, y que “los funcionarios son una figura clave en este mapa”.

El diputado del PPC justificó el voto favorable, pero lamentó que la reforma es insuficiente. “Ahora mismo, la cocinera Núria López, asesinada en Mas d'Enric, no tendría la condición de agente de la autoridad”, ha puesto de ejemplo. También ha citado a otros casos como un monitor de un taller de manualidades que puede recibir una agresión, o un monitor deportivo.

El diputado de Vox Sergio Macián también la consideró poco ambiciosa, y afirmó que se debe dotar a los trabajadores con armas de coerción. Y se ha dirigido al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a quien ha advertido de que, “mientras no ponga remedio al límite que se vive en las cárceles catalanas, con medidas concretas y tangibles, usted y su equipo serán responsables de las agresiones que sufran”.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el banco izquierdo. “Lo que pretendemos no es dar más bienestar a violadores y ladrones, señora Balsera, sino mejorar las condiciones laborales y la seguridad de quien custodia y retiene a todos estos malhechores”, respondió a la diputada de ERC Ana Balsera.

ERC, Comuns y CUP, en contra

Justamente Ana Balsera ha alertado de que la reforma aprobada este jueves “no es la solución” y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. En este sentido, la diputada republicana lamentó que esta “ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver”.

En la misma línea, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha señalado que “considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros”. Y remachó: “Hay muchos más riesgos que posibles beneficios”.

Por último, el diputado de la CUP Xavier Pellicer se ha amparado en entidades de derechos humanos para indicar que la medida “sólo generará más impunidad y vulneraciones de derechos”. Denunció que “responde únicamente a presiones corporativistas y no aportará ninguna solución a las cárceles catalanas”.

El Ministerio de Función Pública ha trasladado este miércoles a los sindicatos CCOO y UGT que activará el procedimiento para implantar la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Tras tantear a las organizaciones sindicales la semana pasada sobre la posibilidad de vincular esta medida a la aprobación de los Presupuestos de 2026 y obtener el rechazo de estas, el departamento que dirige Óscar López mantiene el compromiso previo. Los sindicatos estiman que esta reducción de jornada podría ser efectiva para marzo.

Antes de que se implanten las 35 horas semanales, el Ministerio debe activar un procedimiento, que pasa, primero, por la propuesta de nuevas instrucciones sobre jornada y horario del personas al servicio de la AGE y sus organismos públicos. Después, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero, “para informar de dicha modificación a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos”, aclaran fuentes ministeriales.

Tras estos pasos, se elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. La jornada de 35 horas semanales era un compromiso del penúltimo acuerdo marco, para la Administración del Siglo XXI, que el Gobierno firmó con CCOO y UGT en 2022 con una vigencia hasta 2024. La medida, por tanto, quedó pendiente incluso tras la firma del nuevo acuerdo el pasado mes de noviembre, esta vez con CSIF, donde se volvió a comprometer su puesta en marcha, con carácter prioritario.

La reducción de la jornada, que afecta a más de 246.000 trabajadores públicos, según los datos del último Boletín Estadístico de Personal de las Administraciones Públicas, se producirá, según ha trasladado el Ministerio a los sindicatos, “en los plazos acordados”. “Ambas organizacones se congratulan de volver a lo pactado inicialmente”, señalan en un comunicado. Esto situaría esa implantación entre finales de febrero y marzo, según fuentes sindicales, aunque desde el Ministerio evitan por el momento dar una fecha concreta. No obstante, los sindicatos han insistido en que esta debe afectar también al personal de Instituciones Penitenciarias.

CCOO y UGT avanzan también que el Ejecutivo ha accedido a buscar el “instrumento normativo adecuado” que garantice la recuperación de la jubilación anticipada parcial del personal laboral, que quedó en el limbo tras la reforma de las pensiones, que obliga a que los contratos relevos sean indefinidos, lo que, en el sector público, requiere de un proceso de oposiciones.