La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (UEx), en su campus de Cáceres, ha sido el escenario esta mañana de un encuentro poético académico protagonizado por Antonio Díaz Mola. El poeta malagueño, considerado como una de las voces emergentes más sólidas de la lírica contemporánea, ha trasladado a las aulas universitarias una completa reflexión sobre el poema extenso y la vigencia de la tradición, en un acto que se ha convertido en una reivindicación de diálogo entre la creación actual y la investigación académica.

Durante la sesión, Díaz Mola se alejó de la lectura convencional para profundizar en las relaciones entre poesía, pensamiento y experiencia, un ámbito que marca también su trayectoria como investigador. El autor defendió que en el poema de largo aliento subyace una tensión central que recorre la historia de la literatura y la filosofía: la dialéctica entre lo que somos y el mundo que nos circunda.

Entre el materialismo y la percepción

En su intervención, el poeta explicó que numerosos textos fundamentales muestran un trasfondo materialista, donde el entorno y las circunstancias moldean inevitablemente nuestra vivencia. Sin embargo, matizó que la literatura demuestra que el sujeto no es un receptor pasivo de la realidad, sino un agente activo en su propia configuración. “El ser humano se constituye tanto por el mundo que habita como por las interpretaciones que construye sobre él”, aseveró.

En este sentido, Díaz Mola abordó el concepto de idealismo, pidiendo alejarse de la simplificación que lo opone erróneamente a lo empírico o científico o el hecho aséptico. Para el autor, el idealismo remite a la capacidad de la percepción y las categorías mentales para organizar nuestra comprensión del mundo, lo que explica la dificultad de imponer definiciones rígidas en un terreno tan lleno de matices como es la creación literaria.

La luz como herencia: de Platón a Sánchez Robayna

La conferencia también analizó con especial emoción la figura del poeta recientemente fallecido Andrés Sánchez Robayna. Díaz Mola destacó cómo su obra sitúa la luz en el centro de la experiencia estética. En esta tradición, la claridad no es solo un fenómeno físico, sino una metáfora de la relación entre quien mira y lo mirado.

Esta presencia de imágenes como el sol o la mirada configura una isotopía —un campo semántico reiterado— que articula el sentido del poema. Como ejemplo, citó un fragmento de El libro, tras la duna donde naturaleza y reflexión se funden: “El rumor de los árboles y su texto infinito / se escribirían con negros caracteres en el ojo del sol”. Es un imaginario que, según el ponente, conecta con el pensamiento de Platón y atraviesa los siglos hasta llegar al Siglo de Oro, con referentes como el Madrigal de los ojos claros de Gutierre de Cetina.

Trayectoria de una voz emergente

Antonio Díaz Mola cuenta con un currículo literario de excepción pese a su juventud. En 2020 obtuvo el XII Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España y Fundación Montemadrid por Apostasía (Editorial Pre-Textos), un libro que disecciona la fe y el hecho religioso en tres bloques: la experiencia creyente, un decálogo tratado con ironía e irreverencia, y una parte final inspirada en el imaginario amoroso de El Cantar de los Cantares.

Más recientemente, publicó El aire dividido, obra con la que logró un accésit del prestigioso Premio Adonáis. En este trabajo desarrolla un cancionero amoroso donde el deseo y la memoria se entrelazan con la reflexión sobre los vínculos afectivos. Graduado en Filología Hispánica e investigador predoctoral en la Universidad de Málaga, el autor ha colaborado en revistas como Estación, Parnaso, Cardenal o Zenda, y colabora como articulista en eldiario.com de Venezuela.

Respaldo académico

El encuentro, enmarcado en las actividades de la Facultad de Letras para fomentar el diálogo entre las nuevas generaciones de escritores y el alumnado, contó con el respaldo y la presencia de docentes del centro, como Miguel Ángel Lama y José Luis Bernal, así como del profesor Julio César Quesada, vinculado a la Facultad de Formación del Profesorado. Con iniciativas de este tipo, la UEx refuerza el papel de Cáceres como nodo de reflexión sobre la cultura y la palabra en el marco de la tradición española traducida al idioma de la contemporaneidad. Se podría decir que Díaz Mola hablaba en boca de algunos de sus coetáneos como el cordobés, Juan Antonio Bernier, su paisano malagueño Álvaro García, Chantal Maillard, Juan Carlos Mestre o la cacereña Ada Salas.

La Universidad de Granada (UGR), la de Málaga (UMA) y la Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla han rechazado el acto anunciado por el comunicador de extrema derecha Vito Quiles en sus campus esta semana. Así lo han manifestado las instituciones públicas en sendos comunicados, donde aseguran que no han recibido ninguna solicitud “oficial o extraoficial” para utilizar sus espacios universitarios.

Más allá de la falta de autorización, las tres universidades andaluzas coinciden en rechazar el evento del agitador entendiendo que “atenta” contra los principios de “la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, como se pudo observar en la Universidad Autónoma de Barcelona”. Allí arrancó la semana pasada la gira por universidades de todo el país bautizada como 'España combativa', en un acto –también carente de autorización– que provocó un altercado entre estudiantes y obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra.

La advertencia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no frenó a Quiles, que siguió adelante con el evento que tenía previsto, y ya ha anunciado su intención de acudir igualmente a la capital hispalense este jueves, pese al rechazo que ha mostrado la UPO. Por tanto, es previsible que se presente también este miércoles en la Facultad de Derecho de Granada y que piense hacer lo mismo el viernes en Málaga.

Las universidades, en contra

La Pablo de Olavide fue la primera de las tres universidades públicas andaluzas que figuran en la gira 'España combativa' en expresar su rechazo. Además de informar de no haber recibido ninguna petición de carácter “oficial o extraoficial” para la realización del acto, recordó su compromiso con “asegurar un marco jurídico que se identifica con los valores y principios constitucionales que ordenan nuestra convivencia, y que actúan como un límite infranqueable frente a posicionamientos que atentan gravemente contra nuestro Estado de Derecho”.

Este lunes ha sido la Universidad de Granada la que se ha sumado a su negativa de autorizar un evento que se anuncia como de “periodismo crítico y comunicación política”, en un cartel donde aparecen tachadas una estelada y una bandera de Palestina. La UGR “tiene el deber de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, principios que estarían comprometidos por el desarrollo de esta actividad tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona”, insiste la institución en su comunicado.

En el caso de la Universidad de Málaga, fuentes de la institución explican a este periódico que han recibido una solicitud a través de una organización, pero que se ha desestimado. Si bien la UMA aún no ha emitido un comunicado público como las otras dos instituciones universitarias, a preguntas de elDiario.es/Andalucía confirman que la universidad malagueña coincide con la UGR y la UPO en posicionarse contra el acto de Vito Quiles.

El antecedente más cercano en Andalucía se remonta al mes de marzo, cuando Macarena Olona visitó la Facultad de Derecho de Granada. Ese acto derivó en la detención de dos personas por agredir a los agentes que se encargaban de controlar los accesos. Una escena similar se produjo en 2022, en el mismo lugar, durante otra serie de charlas organizadas por la entonces diputada de Vox, que también se propuso recorrer varias universidades españolas.

Los consejeros de Hacienda y Universidades de la Junta de Andalucía y el rector Teodomiro López, con rostro compungido, presentaron el pasado 2 de diciembre un plan para rescatar a la Universidad de Málaga (UMA): un crédito de 48,5 millones de euros que iría destinado a pagar deudas con constructoras, y que deberá devolver en 21 años. Salvo que habría que apretarse el cinturón, apenas se dieron detalles y mucho menos se concretó cómo afectaría el ajuste a los trabajadores de la institución. Era el elefante en la habitación. Medio año después, entre los distintos niveles del profesorado crece la idea de que van a ser ellos quienes paguen el pato del derroche inversor y de la insuficiente financiación estructural mediante recortes salariales, aumento de la carga docente o reducción de la plantilla. Los últimos Presupuestos de la universidad reflejan una deuda de 44,7 millones de euros, sobre un presupuesto anual de 321 millones.

El pasado 25 de abril, unos 150 docentes protestaron ante el flamante Rectorado en la ampliación del campus de Teatinos. El nuevo edificio en mármol de Macael, que esconde en su interior un paraninfo de hasta 1.000 plazas, simboliza uno de los problemas: durante el mandato como rector de Ángel Narváez (2015-2023) se impulsaron ambiciosos proyectos de obra: la Facultad de Psicología (33 millones de euros), la de Turismo (27), la de Filosofía (17), el bulevar (al menos 11) y el rectorado (23) dejaron la caja con telarañas.

Los impagos a Sando o Acciona, ya reclamados en el juzgado, fueron el aldabonazo para la intervención autonómica de las cuentas. Eso sí, previa atribución de culpas y filtración del rescate. Circunscribir el origen de las estrecheces a la pulsión derrochadora del anterior equipo exculparía a la Junta y el actual rector, Teodomiro López, a pesar de que este ya fuera vicerrector con Narváez.

Sin embargo, muchos advierten de que los dispendios de la última década son un trampantojo que oculta las fallas de un sistema de financiación insuficiente que cada año suma más déficit, y que podría agrandarse ahora por la competencia por el lado privado. Así lo demostraría la delicada situación económica que atraviesan todas las universidades andaluzas, sólo solventada hace apenas dos meses con un acuerdo de urgencia y transitorio hasta 2027. De ahí, que los docentes que protestaban en Málaga apuntaran a San Telmo (“¡Bonilla, escucha, la uni está en la lucha!”), y al rectorado como cómplice.

Este martes se anunció la creación de una nueva plataforma de profesores, “UMA por la Pública”, que se presentará en público con una concentración el próximo jueves, a las 18:00, frente al viejo Rectorado. Integra a docentes de todas las categorías, los sindicatos CCOO y SiAM y el Frent de Estudiantes, y exige “financiación adecuada y justa”. En el comunicado se acusa al equipo rectoral de “sumisión” a la infrafinanciación de la Junta de Andalucía y de incumplir “sistemáticamente” su programa electoral, “centrado en las personas”, según decía.

La UMA ha intentado apagar el fuego con una nota en términos muy vagos que demuestra el alcance de la intervención a la que está sometida. El rector se reunió con el consejero José Carlos Villamandos, y llegaron a un “acuerdo que permite” “continuar con la contratación de ayudantes doctores”, “facilitar” la oferta de empleo público para convocar plazas para catedráticos, permitir la convocatoria de plazas de promoción a Profesor Permanente Laboral (PPL) o permitir la convocatoria de plazas de PTGAS estructurales y vacantes ocupadas por interinos.

Los colectivos CPAD (ayudantes doctores) y ACUMA (acreditados a cátedra) rechazaron de inmediato el “acuerdo” por no resolver los “problemas estructurales” y proponer medidas “claramente insuficientes, engañosas y contrarias a las necesidades reales”. “El núcleo de las protestas es el bloqueo de las promociones y nada de esto se resuelve con lo anunciado”, señala Florencio Cabello, del Sindicato de Apoyo Muto (SiAM).

Mientras, las universidades privadas aprovechan para reclutar profesorado entre los docentes precarios de la pública, según fuentes sindicales. “Creemos que es una estrategia en la que la Junta de Andalucía opera como una especie de ETT para las privadas, anunciando que en tres años no van a sacar plazas, precarizando y truncando la carrera en la pública”, denuncia Cabello.

Malestar en todos los colectivos

El malestar se extiende por todas las categorías académicas, de catedráticos a ayudantes doctores. Estos últimos, unos 180, se quejan de que la UMA ha querido cercenar la posibilidad de pasar a profesor titular a través de la acreditación por ANECA. “Lo hizo con una resolución el viernes de Dolores, día no lectivo, de forma unilateral y sin representación de ninguna persona de nuestro colectivo”, protesta Javier Bustos: “Ahora debemos cumplir de forma inequívoca tres años de ayudante doctor y no se garantiza que podamos estabilizar”. El plan de ajuste reduce las tasas de reposición en este colectivo al 15% en 2025 y 2026 y amortiza el 50% de la convocatoria de 2023.

En el último año, la institución ha paralizado sendas convocatorias de ayudante doctor con 113 y 179 plazas y otra de profesor asociado de 41. Todas habían sido publicadas en BOJA. “Han contratado a unos 30, la Junta ha dicho que no pueden contratar a más, y han paralizado con las plazas ya adjudicadas. Hay áreas que ya han contratado, otras resolvieron pero no han firmado, y otras no han resuelto”, abunda María José Serván. Hay unos 2000 aspirantes afectados. Tras la publicación de la primera versión de esta pieza, la UMA ha indicado a este medio que pretende reanudar la contratación de estos ayudantes doctores “en una semana o dos”. Para otros colectivos, “requerirá la preceptiva autorización de la Junta de Andalucía”, dice una fuente oficial, que aclara que espera que eso ocurra “en algunas semanas, según lo hablado en la reunión”.

Por su parte, los aspirantes a catedráticos denuncian el bloqueo de la promoción interna. No se convocan plazas desde 2023: “No tenemos plan de promoción en la UMA ni forma de terminar nuestra progresión en la carrera universitaria. Nos han dejado en un limbo”, señala Ismael Navas. Son unos 80. La UMA asegura que ha propuesto a la Junta de Andalucía convocar unas 75, pero eso aún no está aprobado.

Peor aún está el profesorado sustituto. “Cobramos un 60% menos del sueldo de un profesor titular y el 30% menos de un profesor o profesora ayudante doctora, que son las plazas que solemos cubrir”, detalla María José Ordóñez. Tras un concurso de méritos, suelen optar a un contrato a tiempo parcial. “Hay gente que cobra 300 o 400 euros, sin ningún complemento, con más docencia que nadie porque no tenemos derecho a descarga por investigación”. Ahora, se suma un plan de ordenación docente que limita las sustituciones por baja.

Y finalmente, los investigadores: “Nuestro salario apenas llega al mínimo interprofesional y no tenemos un convenio colectivo”, lamenta Miguel Varona, quien denuncia que la infrafinanciación ha agravado la situación: “Hay subidas salariales mandatadas por ley que se retrasan durante meses y complementos salariales que se han ganado en resoluciones judiciales que no se nos paga, mientras que en otras universidades sí”.

A todo ello se añade que el nuevo Plan de Ordenación Docente de la UMA, con inusual vigencia para dos años, ha retirado la compensación obligatoria con horas docentes por la participación en proyectos o la dirección de tesis. Es decir, se necesitan menos plazas.

El resultado es una plantilla que no se renueva, cada vez más escasa y precarizada, con efecto directo en la pujanza y calidad de la universidad. “La paralización de contrataciones y el bloqueo de promociones está afectando directamente a la calidad de la docencia, a la calidad y continuidad de la investigación, así como de la transferencia y la divulgación, sin olvidar todos los recortes que se han producido en ayudas sociales directas y cómo eso está impactando en las aulas”, alerta Isabel Ruiz, de SiAM.

Un déficit estructural creciente y la sombra de las privadas

Nada de esto tendría su origen en los sueños de grandeza de las obras faraónicas, según los sindicatos. CCOO, mayoritario, hace tiempo que alerta de que la deuda con las constructoras enmascara los déficits presupuestarios que se acumulan desde hace una década. La Junta de Andalucía asume salarios y gasto corriente, y los Presupuestos muestran que desde el año 2015 la UMA ha recibido 206 millones de euros menos de lo gastado por estos conceptos. El gasto fue aumentando (de 182 en 2015 a 259 millones en 2023) a menor ritmo que la financiación autonómica, pasando de un déficit de ocho millones en 2015 a 28 en 2023, con dos picos de desajuste de 50 millones en 2020 y 35 en 2022. A esto se suma que en 2020 la universidad aportó 36 millones a los fondos Covid de la Junta, y aún no los ha recuperado.  

Estas cuentas explicarían cómo es posible que la institución se haya comido los 192 millones de remanente que tenía en tesorería hace justo una década.

El modelo de financiación vigente fue aprobado en 2019, con la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha exigido a las universidades que embriden su gasto de personal. Ahora, la Consejería y los rectores han pactado un parche hasta 2027, cuando tocará renegociar. “Y vamos a tener un problema muy gordo, que es la bajada de los alumnos”, advierte Antonio Sánchez, delegado de CCOO en la UMA, que entrevé la sombra de los intereses privados: “Atacan a la UMA porque quieren darle caldo de cultivo a las tres universidades que van a llegar. Es una hoja de ruta política”.

A pesar de que sus edificios siguen en obras, la Universidad Europea de Andalucía y la Universidad Alfonso X El Sabio Mare Nostrum tienen previsto abrir sus puertas el próximo curso y crecer hasta captar en torno a 10.000 alumnos entre ambas en 2030. La Europea, con diez grados y diez posgrados; la Alfonso X, con seis grados. A ellas se añade UTAMED, la primera universidad privada andaluza online, aprobada en contra del criterio del Ministerio.

Por el contrario, la expectativa de la pública es decrecer. Frente a los 34.000 alumnos actuales, Sánchez dice disponer de un estudio que apunta a menos de 30.000 en 2027. “Málaga replica lo que está pasando en Madrid. Están desmontando a la universidad pública, como han hecho en la escuela pública, poco a poco, o con la formación profesional, para el negocio de determinadas empresas. Ahora le toca a la Universidad de Málaga, porque aquí no viene una universidad privada a perder dinero, viene a ganar dinero. Es una estrategia política”. 

“Ayer cumplí sesenta años/ Hace ya tanto tiempo que me ronda la muerte,/ como una vieja enamorada y sola”. Con estos versos, escritos hace una década, culminaba uno de sus poemas Antonio Jiménez Millán, poeta e infatigable estudioso de la Literatura, que acaba de fallecer a consecuencia del cáncer que venía padeciendo desde hacía varios años.

Apenas un mes atrás brindaba su última comparecencia pública en Málaga, en el marco de unas jornadas de homenaje a su colega gaditano Rafael Soto Vergés. En ella, volvió a demostrar su fina sensibilidad y agudeza como lector, la misma que lo convirtió en uno de los mejores divulgadores españoles de la Literatura, además de ser un reconocido poeta. 

Nacido en Granada en 1954, Jiménez Millán cursó la Licenciatura de Filología Románica en la Universidad de Granada en su ciudad natal, para marcharse en 1976 a la Universidad de Málaga, donde llegó a ser catedrático de dicha materia en 2009. El tema de su tesis doctoral fue el concepto de compromiso en la poesía española. 

“Antonio llevaba un tiempo con una salud frágil y delicada, pero se fue manteniendo muy bien, e incluso tuvo participación activa en diversos actos recientemente, por lo que la noticia de su muerte ha sido una triste sorpresa para todos”, explica a elDiario.es otro poeta, el malagueño Francisco Ruiz Noguera. “Antonio era muy querido en Málaga desde que llegó a la Universidad en la segunda mitad de los 70. Hemos sido colegas en la facultad y amigos durante más de 40 años. Era una persona nada conflictiva en el trato personal, un poeta del compromiso desde el principio, con una línea muy mantenida a lo largo del tiempo”, añade Ruiz Noguera.

Ejemplo de dignidad

“Su compromiso, además, evitaba caer en el lenguaje plano de lo que antaño fue la poesía social, con una expresión más elaborada”, prosigue Ruiz Noguera. “Es una poesía de ámbito urbano, apegada al poema en prosa siguiendo la tradición de la poesía de vanguardia, que estudió a fondo. Su línea de investigación iba paralela a su creación poética. Era una persona muy querida entre sus alumnos, ha dejado huella entre varias generaciones de estudiantes. Es una gran pérdida. Se nos ha ido, pero no estaba en silencio, hasta el último momento seguía escribiendo y participando de la vida cultural malagueña”, abunda el poeta malagueño recordando a Jiménez Millán. 

En palabras de otro amigo suyo, el escritor roteño Felipe Benítez Reyes, “aparte de su excelencia como poeta, como profesor universitario, como investigador y como ensayista, de Antonio recordaremos siempre su bondad, su generosidad y su sentido profundo de la amistad”, afirma. “Era el hombre tranquilo que disfrutaba de la vida con sabiduría y que disfrutaba de la literatura con entusiasmo. En sus poemas se oye su voz templada, se percibe su tono reflexivo y cercano, como lo era él. Un ejemplo de dignidad humana y de dignidad literaria”, sentencia.

“Antonio Jiménez Millán se nos ha ido, sin hacer ruido, amable y con la vieja pitillera de tabaco prohibido en el bolsillo. Y en otro un libro de poemas dedicado”, dice por su parte Guillermo Busutil, otro granadino trasplantado a Málaga. “Esta vez no he compartido taxi nocturno, como tantas veces, ni ese abrazo de tantos años en mitad del camino de la despedida, y los propósitos. Sus amigos de juventud en Granada, de cuando le gustaba ser un dandi de plazas, de calles, de librerías y de bares donde nunca había fin de la noche, y las palabras se quedaban hasta la última copa de un verso, nos quedamos en blanco y negro. Lo mismo que los de Granada, de Barcelona, de Rennes, de cualquier clandestinidad de la vida que nos hizo cómplices. Siempre le gustó leer las ciudades, su música secreta, los fantasmas de los escaparates, la soledad de la estación cuando se iban los trenes, y el silencio le mostraba sus fotografías de amantes en los andenes”, recuerda su amigo.

La alegría de sus versos

Entre sus libros, destacan Los poemas de Picasso (1983), La poesía de Rafael Alberti (1984), Vanguardia e ideología (1984), Poesía catalana contemporánea (1993), Entre dos siglos. Estudios de literatura comparada (1995), Poesía gallega contemporánea (1996, en colaboración con Luciano Rodríguez), Madrid fin de siglo. Modernismo, bohemia y paisaje urbano (1998), Promesa y desolación. El compromiso en los escritores de la generación del 27 (2001) y Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit (2005), junto a otros.

Asimismo, realizó ediciones críticas de la obra literaria de Pablo Picasso (Poemas y declaraciones, 1990), de la novela de Louis Aragon, Aniceto o el panorama (1989) y del libro de Luis Cernuda Donde habite el olvido (2003). Una selección de sus primeros libros de poemas se encuentra en La mirada infiel Antología 1975-1985 (1987).

Entre sus galardones, cabe citar el premio internacional de poesía Rey Juan Carlos por Ventanas sobre el bosque (1987), el premio internacional de poesía Ciudad de Melilla por Inventario del desorden (2003) y el Hermanos Machado del Ayuntamiento de Sevilla por Noche en París (2022). En 2009 fue comisario de la exposición y autor del catálogo de homenaje a Antonio Machado que organizó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras.

Jacobo Cortines, también poeta y su último editor como responsable de la colección Vandalia, se muestra igualmente triste ante el deceso. “Me ha cogido de improviso, pero me parece uno de los poetas más serios de nuestra generación, de los más profundos e intensos de la poesía que podríamos llamar de la claridad. Se ha perdido un poeta muy auténtico, que poseía en alto grado lo fundamental de la poesía, la emoción y la belleza, hasta el punto de convertirse en un auténtico maestro de la lírica española contemporánea. Nos queda la alegría de sus versos”, concluye.

La Junta de Andalucía ha formalizado este lunes su plan de rescate a la Universidad de Málaga (UMA), que atraviesa una crisis económica sin precedentes en el sistema universitario andaluz. El Gobierno autonómico ha concedido a la institución académica un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, al 1% de interés y a devolver en 21 años (con tres de carencia) para que pueda salir a flote de las deudas que arrastra en los últimos años, y que la han ahogado por los impagos a las constructoras de las obras en las que se embarcó.

Según han informado este lunes la Junta de Andalucía y la propia universidad, el crédito supone un 'balón de oxígeno' para salvar a la UMA de una situación de asfixia económica marcada por un déficit que supera los 45 millones. De la trascendencia del momento daba cuenta el hecho de que estuvieran presentes en el acto de presentación dos consejeros: el de Universidad, José Carlos Villamandos, y la de Hacienda (encargada de dar el visto bueno al desembolso económico), Carolina España. Pero también el batallón de decanos de los que se ha hecho acompañar el rector Teodomiro López: nada menos que 14 de 17.

A España y Villamandos se los veía relajados, en contraste con el rictus tenso y un punto mohíno del rector, que en su primer año al frente de la universidad se ha encontrado con una caja llena de telarañas. “Estoy convencido de que va a permitir a la universidad entrar en un nuevo modelo de gestión más eficiente”, ha celebrado Villamandos, deslizando que mucho ha de cambiar la gestión de la UMA a partir de ahora. Fuentes de la institución malagueña reconocen que el plan de ajuste irá en esa línea: se trata no solo de aumentar los ingresos, como han incidido todos, sino de contener el gasto de personal, cuya partida apuntaba hasta ahora a un crecimiento en próximos ejercicios. 

El plan de rescate se ha anunciado en un contexto en el que los rectores de las universidades públicas están denunciando los “incumplimientos reiterados” de la Junta en materia de financiación. De acuerdo con esta denuncia, el Gobierno autonómico “adeuda” 25 millones de euros a las instituciones públicas y en caso de no abonarlos antes de final de año cerrarán 2024 “en déficit”. Petición que han hecho ya varias veces y que ha sido “sistemáticamente desatendida” por el Gobierno andaluz, según reprochan las universidades públicas. Los sindicatos CCOO y UGT también tienen en marcha un calendario de protestas para exigir el cumplimiento del acuerdo sobre complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI).

Cómo se ha llegado hasta aquí

Los consejeros y el rector de la UMA han pintado una situación catastrófica. Tan escuálida estaría la universidad que Carolina España ha celebrado que pueda abrir la persiana cada día. “[El préstamo] supone que pueda seguir prestando día a día los servicios”, ha apuntado, antes de añadir que la Universidad de Málaga “se merece dar sus enseñanzas con normalidad”.

En pleno debate abierto sobre la financiación de las universidades públicas andaluzas, la clave política radica en el cómo se ha llegado hasta aquí. La Junta de Andalucía lo atribuye a la irresponsabilidad de la UMA al meterse a las bravas en obras que la superaron financieramente, más aún cuando la pandemia lo trastocó todo. En ese sentido, fuentes de la Consejería de Universidad aluden a “una mala gestión del anterior equipo de gobierno” relacionada con “un aumento exacerbado de gastos, especialmente en materia financiera”.

A la administración autonómica le beneficia este relato porque difumina el contexto de insuficiencia financiera general que vienen denunciando los rectores de las universidades públicas. También al actual equipo de gobierno de la UMA le resulta conveniente porque descarga en el anterior equipo de gobierno (liderado por Ángel Narváez, pero en el que también estaba el actual rector) la responsabilidad de una situación que los actuales gestores heredaron al asumir el cargo hace apenas medio año. No obstante, diversas fuentes insisten también en señalar un lastre estructural: el desajuste entre los gastos corrientes y de personal, y las transferencias de la Junta que se reciben por este concepto, y que ha acabado consumiendo el remanente con el que se contaba hace una década, hasta dejar a la tesorería tiritando. 

Esa es la razón por la que fuentes de CCOO consultadas por este periódico achacan la responsabilidad a la propia administración autonómica, que en 2020 reclamó a la UMA que aportara 36 millones euros de sus remanentes a los Fondos COVID, una reserva que la universidad tenía previsto destinar a las obras que ya tenía licitadas. A ojos del portavoz del PSOE en la Comisión de Universidades, Antonio Ruiz, en la raíz de la crisis de la UMA subyace un problema de infrafinanciación en el plan de infraestructuras universitarias del que adolece todo el sistema universitario público andaluz. “Si están en esta situación es porque, en el fondo, existe un déficit en el programa para renovar edificios que, en muchos casos, son inmuebles muy deteriorados con más de 40 años de antigüedad”, subraya.

El consejero de Universidad, por su parte, ha dicho no entender el “juego” de las universidades públicas andaluzas, que han reclamado recientemente por carta a la Junta más financiación, pues, con “los números que nos dan las propias universidades”, resulta que “están en superávit”. En el caso de la UMA, el departamento de Villamandos asegura que lleva desde septiembre de 2022 advirtiendo a la Universidad de Málaga de la necesidad de sanear sus cuentas, pero la universidad “hizo caso omiso”. Como resultado, explican desde la Consejería del ramo, la institución académica ya no es capaz de afrontar sus deudas “con la financiación que tienen, que es la mejor de su historia”.

De 192 millones de remanentes a 45 millones de deuda

La crítica salud financiera de la UMA en la actualidad contrasta con la época de bonanza de hace apenas una década. En 2015, la UMA contaba con un remanente de tesorería de 192 millones de euros. La administración autonómica pone el foco en los gastos extraordinarios asumidos por la universidad, singularmente, tres obras millonarias que decidió afrontar por su cuenta y riesgo, y a las que atravesó la crisis generada por la pandemia: el nuevo Pabellón de Gobierno, la nueva Facultad de Psicología en la ampliación del campus y, en particular, la prolongación y renovación del bulevar Louis Pasteur con ambicioso proyecto capaz de combinar tecnología y espacios de socialización con criterios medioambientales.

Esas obras y sus correspondientes certificaciones han dado lugar a varios procedimientos judiciales de reclamación de cantidad por un total de 26 millones de euros más intereses de demora, que aumentarán a medida que se emitan nuevas certificaciones, según fuentes del Consejo Social de la UMA. La obra del bulevar, tres nuevos kilómetros para conectar todo el campus con un presupuesto inicial de 20 millones de euros, quedó paralizada a finales del año pasado, sumando nuevos plazos a los dos años de retraso y varios añadidos presupuestarios que acumulaba por las desavenencias con la contratista, la constructora Vías.

Pero estas obras no explicarían el alcance del agujero, capaz de comerse cerca de 200 millones de euros de remanente. Tras la evaporación de ese dinero estaría, antes que nada, la infrafinanciación de la universidad, según Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga. Cubillo, que conoce al detalle las cifras como miembro del Consejo Social de la UMA, asegura que desde 2015 la Junta ha dejado de abonar 206 millones de euros en concepto de gasto de personal y gastos corrientes.

Abrir la universidad, pagar salarios y los gastos corrientes son conceptos asumidos por la administración andaluza. Según las cifras que se aportaron al Consejo Social, el gasto por estos capítulos fue aumentando (de 182 en 2015 a 259 millones en 2023) a mayor ritmo que la financiación autonómica. La brecha pasó de ocho millones anuales en 2015 a 28 en 2023, dando un salto gigantesco en 2019, con la llegada del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Ese año la UMA gastó 25 millones en personal y gastos corrientes, 25 millones más de lo que le ingresó la Junta. Al año siguiente, 50 más. En 2022, 24 más, y en 2022, 35 millones más.

A ello se añade el ajuste obligado de la pandemia, y la entrega de un excedente de 36 millones de euros a los Fondos COVID para paliar sus efectos. “Se ha pedido que se devuelvan”, asegura Cubillo, que explica también el esfuerzo de ajuste que ahora sí estaría realizando la institución. Por ejemplo, se ha salido de la compra centralizada de energía eléctrica y se ha reforzado el autoconsumo para reducir el gasto de tres millones anuales, que llegaron a ser nueve en plena subida de precios por la guerra de Ucrania. 

La crisis económica de la Universidad de Málaga se intensificó especialmente desde el curso pasado. El balance económico de 2023, el último bajo la dirección del exrector José Ángel Narváez, reflejó un déficit de 27 millones de euros y una deuda adicional de 18 millones (un total de 45 millones). De hecho, al asumir el cargo, el actual rector, reconoció que la situación económica era “peor” de lo que se esperaba.

Condiciones del plan de rescate

El plan de rescate anunciado este lunes condicionará los presupuestos de la UMA, que deben aprobarse antes de final de año. El consejero de Universidad ha hablado incluso de ajustes “trimestrales”, un dato que refuerza la idea del control que ejercerá la Junta. “Espero que no suponga un lastre excesivo, no es eso lo que se pretende”, ha apuntalado la titular de Hacienda.

La Universidad de Málaga dispondrá de 21 años para devolver el préstamo, con un periodo de carencia inicial de tres y un tipo de interés fijo del 1%, unas condiciones muy favorables que no ocultan que el aceite de ricino se esconde en los recortes de gastos del obligado plan de ajuste. Sobre este punto, el rector Teodomiro López apenas ha dado unas pinceladas, escudándose en que antes tiene que informar a su Consejo de Gobierno, que se reunirá este martes.

Entre los aspectos que están sobre la mesa, el pretendido aumento de los ingresos (a cuenta de la futura residencia o el subarriendo del mastodóntico pabellón de Gobierno) y un recorte de gastos que necesariamente debe pasar por el capítulo de personal. La cuestión es que ni siquiera ahora se renuncia del todo a concluir las obras que ha conducido a la universidad quiebra, con la esperanza de completarlas a medio plazo gracias a los planes de infraestructuras que aportarían músculo financiero. “Lo que nos garantiza este préstamo es que tendremos la capacidad de afrontar esas obras que son importantísimas en la Universidad de Málaga en los próximos años”, ha concluido el rector de la UMA.

“No podemos permitir, y me dirijo también ahora a las autoridades y representantes políticos presentes, que ninguna persona que quiera venir a estudiar, a investigar o a impartir docencia, no pueda hacerlo por el problema del alojamiento”.

Con esta llamada de atención, pronunciada durante el solemne acto de apertura del inicio del curso académico, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, expuso lo que, desde hace meses, inquieta a un número importante de alumnos y alumnas de la institución: los precios del alquiler en la ciudad han subido tanto que pagar una habitación supone un gasto inasumible para un porcentaje cada vez mayor. Y las alternativas no son las mejores: desplazamientos a diario desde municipios lejanos (con el consiguiente coste de tiempo y dinero) o, en última instancia, valorar otras universidades o abandonar los estudios.

“Este es mi cuarto año en la Universidad y el problema se ha ido agravando. Hay cada vez menos pisos, cada vez más gente que busca y cada vez más caros. Ahora una habitación cuesta 400 ó 500 euros, y con suerte”, asegura Omar Lukach, presidente del Consejo de Estudiantes, el órgano de representación estudiantil de la UMA. “Nos llega de todo: gente preguntando por residencias, requisitos, alternativas, buscando piso o compañeros…”.

A pesar de que el curso comenzó ya hace semanas, la página de Facebook Alquiler en Málaga para estudiantes sigue en ebullición. La oferta en Idealista de una habitación en piso de estudiantes en Málaga arrojaba el pasado miércoles 311 resultados, con una horquilla de los 300 a los 600 euros mensuales, y una mayoría en el entorno de los 450 euros.

Es un rango que confirman los estudiantes consultados para este reportaje. “Yo vivo en Avenida Plutarco [muy cerca de la Universidad] y pago 350 euros al mes”, asegura Ana Ruiz, estudiante de Trabajo Social, que el año pasado pagaba 310 en una zona más alejada. “Somos cuatro personas, y pagamos 400 euros cada uno. Es carillo”, valora Pablo Barragán, también de Ronda y estudiante de Primero de Criminología.

La alternativa de las residencias de estudiantes es escasa y cara, aunque suele incluir manutención. Las hay a partir de 450 euros por habitación, pero algunas ya cobran 900 euros, exigiendo incluso el pago de todo el curso por adelantado. La Jiménez Fraud, única pública, apenas dispone de 257 plazas a las que estudiantes pueden concursar en mayo, atendiendo a un baremo inverso de renta. Su coste mensual es de 180 euros.

El rector celebró en su discurso los planes para levantar un complejo residencial de 800 plazas. El proyecto de la UMA, una “colaboración público-privada”, pasa por ofrecer 23.000 metros cuadrados en la ampliación del campus a una promotora privada que construya y explote las plazas. El plan se aprobó en el Consejo de Gobierno de julio, y la propuesta que arrancó el trámite y que sirve de base al concurso ahora abierto, de la promotora Gestilar, plantea varios modelos de alojamiento que no abaratarían lo que ya hay: los precios van de los 500 euros (habitación doble compartida) a los 1.100 euros por un apartamento.

Un 55% más en cuatro años

El aumento de los precios del alquiler es común a muchas ciudades españolas, pero es especialmente intenso en Málaga, donde el alquiler y la compra ya rebasan los precios de la burbuja inmobiliaria, y siguen al alza. Sentado en las mesas de estudio del hall de la Facultad de Derecho, Barragán explica que su primera opción era la Universidad de Granada. Allí, una habitación “al lado” de la universidad le costaba 250 euros. En su opinión, la afluencia de turistas y trabajadores extranjeros explica la diferencia con Málaga. En páginas orientadas a estudiantes o visitantes extranjeros, a quien se supone mayor poder adquisitivo, el coste se dispara. En Housinganywhere abundan estudios que superan los 1.000 euros al mes.

El joven ha tenido que irse al Perchel (a cuatro kilómetros, pero con línea directa de Metro y autobús) para localizar un piso en condiciones apto para su bolsillo. “Lo que vi en Teatinos [la zona universitaria] era más caro y estaba hecho polvo”, explica. La implantación del Metro, en julio de 2014, ha tenido durante años el efecto de ampliar el campo de búsqueda para los estudiantes, diluyendo el encarecimiento de los pisos de Teatinos durante algún tiempo.

Ahora es frecuente vivir en Carretera de Cádiz, Huelin o El Perchel y acudir cada mañana a Teatinos. Cada día, entre las 8 y las 10 de la mañana y a mediodía, el Metro discurre atestado de jóvenes con destino a la parada en mitad del campus o su ampliación. Hace veinte años, sin Metro, esta opción era muy minoritaria.

El barrio universitario, zona de expansión

Teatinos, el barrio universitario prácticamente inexistente hace 25 años, ha sido en las últimas décadas la principal zona de expansión natural de Málaga, y se ha poblado de familias jóvenes que han comprado allí su primera vivienda. Ese sigue siendo su gran atractivo: según Idealista, la oferta de venta en Teatinos es un 9,5% más cara que en el global de la ciudad (3.391 euros/m2 frente a 3.095).

Sin embargo, en el precio del alquiler ocurre lo contrario: la zona, históricamente cara, ha convergido con el resto de la ciudad, que ha sufrido unas alzas inauditas en los últimos tiempos, con un incremento del 13,2% interanual (desde septiembre de 2023) y un aumento del 46% en apenas tres años. Ahora, la media del alquiler que se oferta en Teatinos es más baja (13,2 euros/m2) que la de la ciudad (14,5 euros).

Toda Málaga vive ya inmersa en una espiral de precios a la que no se ve fin. Jesús Torres, estudiante de cuarto de Criminología, lo ha experimentado en primera persona. Cuenta que ya el primer año, el casero quiso subirles 100 euros “del tirón” a cada uno de los cuatro compañeros que compartían el piso. Cuando empezó, pagaba 200 euros al mes, y ahora ya va por 310 euros, un 55% más, en Cruz de Humilladero, desde donde tarda unos diez minutos en llegar. En Teatinos, dice, lo más habitual rondaba los 400, y ahora ya es frecuente que supere los 500 euros. “Son pisos malos, pero caros por la ubicación”.

120 kilómetros cada día

El problema afecta a estudiantes de fuera de la provincia o de zonas rurales. La de Málaga es una universidad que ha acogido históricamente a un porcentaje elevado de alumnos de la ciudad o su área metropolitana, aunque la UMA no dispone de la cifra exacta. En la capital, o a menos de cincuenta kilómetros y conectados por autovía (Costa del Sol, valle del Guadalhorce y Axarquía), vive más del 85% de los 1,7 millones de habitantes de Málaga, de modo que muchos optan por seguir en la casa familiar y acudir cada día a la Universidad.

Pero eso es imposible para quienes viven más lejos o en municipios con mala accesibilidad. También para quienes vienen de otros puntos de España. De los 35.353 alumnos matriculados en grado, máster o doctorado en el pasado curso, 3.840 llegaron desde fuera de Andalucía. De ellos, 2.374 desde el extranjero, según los datos aportados a este medio.

“Ir y venir desde Ronda es inviable: es muy caro y muy lento”, lamenta Pablo Barragán. Se tarda una hora y media en recorrer en coche los cien kilómetros desde la Serranía, mientras que las conexiones de tren (con enlace) llevan entre dos y tres horas y le obligarían a un desembolso diario de unos cincuenta euros.

Lo mismo le ocurre a Jesús Torres, que es de Alameda (a una hora en coche): “Con el precio de la gasolina serían 50 euros a la semana, salir de casa a las ocho y volver por la noche… No sale rentable”, señala. El aumento ininterrumpido de precios está retrasando la emancipación y aumentando la distancia para la que sale a cuenta echarse a la carretera cada día para acudir a la universidad. “Conozco gente que viene desde Antequera porque no se pueden permitir un piso”, dice Lakouch. Son casi 120 kilómetros diarios.

Luego está, claro, la suerte. Algo así se le apareció a Mari Carmen Castro, de Setenil de las Bodegas (Cádiz) cuando buscaba piso en pleno julio para su primer año en la Universidad. “Solo veía pisos por 400, y me encontré con este anuncio en una farola: 250 euros”. Pero pocos tienen la suerte de encontrar el unicornio que todos buscan.

Teodomiro López será el nuevo rector de la Universidad de Málaga, tras imponerse este martes a Ernesto Pimentel con el 53,90% del voto ponderado de la comunidad universitaria. Hasta ahora, era hasta ahora vicerrector de Investigación y Transferencia con José Ángel Narváez, de quien tomará el testigo este viernes, cuando está prevista su proclamación definitiva.

López, catedrático de Química Física, ha ganado entre el profesorado (por escaso margen) y entre los alumnos (con 24 puntos de diferencia) y ha perdido por la mínima entre el personal de administración y servicios. El sufragio se pondera por sectores: a los profesores doctores con vinculación permanente se les atribuye el 54% del peso electoral; al personal docente e investigador no doctor o sin vinculación permanente, el 8%; a los estudiantes, el 25%; y al personal de administración y servicios, el 13%. En la votación, telemática, han participado 11.428 de los 41.179 llamados al voto, poco más de una cuarta parte, con una participación aún más reducida entre los estudiantes.

Del vencedor se destaca la proyección internacional de su carrera. Desde 1991, López dirige un grupo de investigación especializado en la caracterización de materiales orgánicos para aplicaciones en electrónica molecular. Durante casi 10 años, presidió la Sección Territorial de Málaga de la Real Sociedad Española de Química. También dirigió los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la UMA, y desde 2016 hasta hace escasos meses fue vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Málaga.

Este miércoles será la proclamación provisional de Teo López como rector electo, y el jueves podrán presentarse impugnaciones antes de la proclamación definitiva, prevista para el viernes. El proceso se completará con la comunicación al Gobierno andaluz.

La UMA cuenta con casi 34.000 estudiantes de Grado y Máster, 77 titulaciones de Grado y 77 de Máster, 349 catedráticos y casi 2.300 profesores doctores. Tiene 335 grupos de investigación y participa en 45 proyectos europeos. Su presupuesto para este curso académico asciende a 326 millones de euros, muy por debajo del de Sevilla (583 millones de euros) o Granada (565). En el ranking de Shanghai de 2023 es la tercera universidad andaluza (también tras Granada y Sevilla).

Sorteos y memes para movilizar el voto universitario

La victoria de López se produce tras una segunda vuelta trufada de acusaciones cruzadas de juego sucio, que han acabado por opacar las propuestas de fondo de los candidatos. El navajeo ha sido tal que ha acabado enervando al órgano representativo de los estudiantes. Abraham Cortés, presidente en funciones del Consejo de Estudiantes, aseguró a Málaga Hoy que ha habido profesores “haciendo campaña en clase”, “difundiendo bulos” o amenazando “que si no votan a tal candidato os voy a suspender”.

También los candidatos han acabado admitiendo que su campaña ha puesto en juego la imagen de la institución: se han celebrado rifas para captar votantes, han proliferado cuentas anónimas en redes y memes para hacer chanza de candidatos, y se han vertido graves acusaciones de acoso. Hay profesores que han insinuado en redes que compañeros suyos indicaban a los alumnos a quién votar. Y tanto Olga Guerrero (que no superó la primera vuelta) como Ernesto Pimentel han promovido sendos sorteos para promover su candidatura.

La primera ofreció dos entradas al Festival Weekendbeach de Torre del Mar a quien siguiera su cuenta y etiquetara a dos amigos, anunciando el ganador el día de la votación de la primera vuelta. Pimentel, que criticó este sorteo, hizo lo mismo días después, ofreciendo un bono cultural de 200 euros “para gastar en tus actividades favoritas”. Para participar había que inscribirse en una web llamada “Sorteopimentel.online”.

Entre tanto, volaban los memes y las acusaciones en redes sociales, con discusiones públicas de personal académico vinculado a una u otra candidatura.

Denuncias de acoso por un vídeo publicado en redes

López y Pimentel fueron los más votados en la primera vuelta, con un 43% y un 32,5% de los sufragios, dejando en el camino a Guerrero (catedrática de Ingeniería Química) y Juan José Hinojosa (catedrático de Derecho Financiero y Tributario), el único no vinculado al equipo del rector saliente.

Aunque previamente había advertido que de caer en la primera vuelta se apartaría del proceso, Guerrero dio su apoyo explícito a Pimentel en una segunda vuelta para la que la Junta Electoral había prohibido expresamente que se hiciera campaña.

La semana pasada, ya descartada su candidatura, Guerrero denunció que estaba sufriendo acoso con el teórico fin de beneficiar a López. “Con el objetivo de desacreditar mi candidatura, primero, y de condicionar mi decisión de cara a la segunda vuelta, después, he recibido ataques y falsas acusaciones tanto personales como profesionales y se ha acosado y criticado a mi familia -lo cual resulta intolerable en el caso de mi hija, estudiante”, señaló en un comunicado, en el que calificaba esos comportamientos de “totalitarios”. Se refería a la publicación en redes de un vídeo en el que se observa a un grupo de estudiantes reprochar a otros “del entorno” de Guerrero que estén repartiendo folletos en favor de Pimentel.

La candidata también lamentaba que se “haya tratado de silenciar cualquier tipo de debate” durante la segunda vuelta, en alusión a las denuncias interpuestas ante la Junta Electoral por el incumplimiento de la prohibición de hacer campaña. Este ha sido el caballo de batalla tanto de Teodomiro López como de Pimentel, que se han cruzado denuncias por el incumplimiento de una prohibición que disgustaba especialmente al equipo del candidato perdedor.

Comunicados y reclamaciones a la Junta Electoral

Durante el pasado fin de semana ambos emitieron sendos comunicados en los que decían sentirse apenados por el desprestigio que está sufriendo la UMA y señalaban con el dedo al oponente. “Durante esta campaña se ha sometido a la comunidad universitaria a tensiones que no son compatibles con el espíritu universitario que debe presidir nuestra vida académica”, decía López, informando de que había interpuesto “casi una veintena de reclamaciones” ante la Junta Electoral por vulneración de las normas electorales y otras cinco por la “distribución de propaganda indebida de manera continuada”.

Pimentel replicó un día después, asegurando que la Junta Electoral ya tuvo que intervenir en precampaña paralizando el envío masivo de mensajes (en favor de Teodomiro López) a través de una lista de distribución irregular. También desvelaba que había informado de “situaciones” que “no responden a un uso honesto de los recursos públicos”, algo que no había hecho público antes para “preservar la imagen” de la Universidad.

Vinculaciones políticas

La otra clave que ha condicionado el proceso es política. Guerrero es esposa del alcalde de Benahavís, José Antonio Mena (PP), con excelentes relaciones con el núcleo duro del PP malagueño. Esto es, con Patricia Navarro (delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y presidenta del PP provincial) y Elías Bendodo. Esta vinculación reforzaba la idea de que Guerrero era la candidata del aparato popular para controlar el rectorado de la Universidad de Málaga, en una etapa en la que está prevista la apertura de al menos dos universidades privadas en la ciudad con el beneplácito de la Junta de Andalucía y la oposición firme, hasta ahora, de los rectores de las universidades públicas.

Descartada en la primera vuelta, su apoyo a Pimentel se interpretaba en algunos círculos como un segundo intento de los populares por controlar la institución. Lo cierto es que este candidato aglutinaba apoyos públicos de un amplio abanico ideológico que hacían imposible el encasillamiento. Entre otros, el de varias figuras universitarias que se posicionan abiertamente en la izquierda o el centro-izquierda, como Pedro Moreno Brenes, catedrático de Derecho, exconcejal de IU y hoy letrado del Tribunal Supremo, o José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía.

Lo mismo ocurría con el vencedor, Teodomiro López, que presentaba un equipo con algún perfil ya relevante bajo el mandato de José Ángel Narváez, como Diego Vera (responsable de la Fundación General de la UMA), o el exconcejal socialista Francisco Javier Paniagua. 

La Universidad de Murcia (UMU) acoge desde ayer y hasta el próximo 27 de mayo de 2022 en el Espacio ES/UM del Campus de La Merced la exposición ‘El arte del grabado en el siglo XVI’, de la colección particular de la familia Almagro Herrador.

Esta colección de más de un centenar de grabados y estampas del siglo XVI está configurada alrededor de grabados de los grandes maestros de las escuelas europeas de la época, entre los que destacan obras de Alberto Durero, AgostinoVeneziano, CornelisCort, Lucas van Leyden, JanSaenredam, HendrickGoltzius, Johan Sadeler o Jan Jacques Boissard, entre otros.

Los grabados ilustran diferentes temas de la arquitectura, la mitología, la historia, el paisaje, la religión o la vida cotidiana. Las obras se expondrán a lo largo de 2022 en cuatro localizaciones después de Murcia, de modo que posteriormente viajarán a Madrid, Salamanca y Úbeda. Se puede acceder al catálogo on line en el siguiente enlace.

Este amplio catálogo muestra varias de las mejores obras de las escuelas alemana, italiana, francesa y holandesa. Históricamente, se trata un período muy conflictivo, en el que a pesar de las guerras y controversias religiosas surgen nuevas ideas y se producen numerosos descubrimientos e inventos científicos. En este contexto, en la zona de los Países Bajos se crea un estilo de grabado diferente al de las grandes escuelas del siglo XVI, la alemana, la italiana y la francesa, que desembocará en el arte del grabado más importante del siglo XVII.

Esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de CaixaBank y la Fundación Cajamurcia con la coordinación del Servicio de Cultura de la UMU y el Aula de Artes Plásticas y Visuales. Al acto de inauguración acudieron, entre otros, el rector de la UMU, José Luján; el propietario de la colección, Juan José Almagro; el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la UMU, Longinos Marín; y el coordinador de Cultura de la UMU, Paco Caballero.

Se trata de una colección cedida por el escritor, conferenciante y experto en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Juan José Almagro, quien también es Presidente de Honor de la Cátedra de RSC de la UMU. Hijo Predilecto de Úbeda (Jaén), ciudad Patrimonio de la Humanidad, es Doctor en Ciencias del Trabajo, y en su trayectoria profesional ha sido consejero y director general de Mapfre y de su Instituto de Acción Social, así como vicepresidente de Unicef España.

En su faceta de columnista colabora con ‘El País’, ‘Cinco Días’, ‘Diario Responsable’ y ‘Ethic’, y como conferenciante ha pronunciado más de un millar de ponencias en universidades, escuelas de negocio y diferentes foros e instituciones, tanto en España como en Latinoamérica.

La Universidad de Málaga ha sido condenada, otra vez, por vulnerar el principio de igualdad en un concurso-oposición. Una sentencia obliga a rehacer el baremo de un proceso con el que la universidad pretende cubrir 37 plazas de personal administrativo del grupo C. En la convocatoria original, que tendrá que rehacer, otorgaba a sus propios interinos el doble de puntos por tiempo trabajado que a los interinos de otras universidades con funciones similares, y el cuádruple que a otros interinos de la administración pública.

Se trata, según el juez, una desproporción “manifiesta” e “injustificada”. La universidad no argumentó “qué hace de peculiar – de tan peculiar – a unos servicios prestados en la universidad con la categoría C1 respecto de los prestados en otras administraciones para hacerlos acreedores de tan grande diferencia en la valoración”, señala la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía. El juez concluye que la universidad vulneró el artículo 23.2 de la Constitución, que consagra el derecho a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

El juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de Málaga, que dictó la sentencia el pasado 25 de mayo, admite que muchas administraciones convocan procesos de concurso oposición donde únicamente se valoran los servicios prestados, con “clara prevalencia” de los prestados en la administración convocante. De esta forma, se garantizan retener a personal con años de experiencia en sus centros, y estos consolidan sus puestos.

En los últimos tiempos los juzgados vienen señalando hay una diferencia entre valorar especialmente los conocimientos o méritos adquiridos en un puesto concreto, y hacer imposible o muy difícil el acceso que otros candidatos logren una plaza en un concurso-oposición, al que se aplican los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Sin embargo, la cuestión no es pacífica, y el TSJ de Madrid revocó en su día una sentencia que había anulado una convocatoria de 98 plazas para auxiliar administrativo de la Universidad Complutense, tal y como informó eldiario.es.

Segunda condena similar

La sentencia declara que debe rehacer el baremo para valorar en los mismos términos los servicios prestados en la propia UMA y en otras universidades, así como “ponderar” los servicios prestados en otras administraciones.

La universidad publicó las bases de la convocatoria en el BOE del 7 de noviembre. El primer examen estaba previsto para el 20 de marzo, pero se suspendió por la declaración de estado de alarma. Una fuente oficial explica que la intención es seguir adelante con el proceso selectivo. De esta forma, la universidad podría realizar los exámenes mientras rediseña la fase de concurso de méritos. También valora la posibilidad de recurrir la sentencia.

No es la primera vez que esta institución es condenada por diseñar un concurso-oposición en el que favorece desproporcionadamente a su personal administrativo. En julio de 2018 este medio ya informó de una condena similar, porque el único mérito evaluable para el concurso era la prestación de servicios como interino o interina en la UMA, y le asignaba el 40% de la puntuación total. En aquella ocasión, el juez también obligó a reformular las bases de la convocatoria.

En ambos casos, la impugnación la realizó el mismo abogado, Wenceslao Alonso, un funcionario del ayuntamiento de Málaga que denuncia sistemáticamente procesos selectivos en la administración en los que entiende que se produce “enchufismo”. La doctrina reiterada del Tribunal Constitucional establece que puede valorarse especialmente el tiempo de servicio en una administración (pues puede reflejar el mérito y la capacidad), pero “no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya” a terceros ni rebasar “el límite de lo tolerable”.

Hasta el cuádruple de puntos

En esta ocasión la ventaja se concedía porque el tiempo de servicio prestado por los interinos de la Universidad se valoraba con 0,44 puntos por mes, mientras que el trabajo similar desempeñado en otras universidades se valoraba a 0,22, y en otras administraciones a 0,11.

La universidad alegaba que, pese a esta diferencia de trato, todos los candidatos podían llegar a la puntuación máxima. Un argumento “pueril”, según el juez, puesto que “lo verdaderamente importante es que para alcanzar 40 puntos en esta fase un funcionario interino de la Universidad de Málaga necesita 7,57 años; si los servicios previos se han prestado en otra universidad se necesitan 15,15 años; y si los servicios se prestan en otra administración son necesarios 30,3 años”, sin que la universidad explique por qué.

“La desproporción es manifiesta – e injustificada -, observándose con mayor claridad a medida que avanzamos en los años”, concluye el juez, que admite que estar acostumbrado a los procesos y métodos de trabajo específicos de cada administración puede ser un valor añadido, pero recuerda que se trata de procedimientos administrativos, sustancialmente regidos por una ley básica (la 39/2015). “Cuadriplicar el valor por cada mes de servicio carece de justificación”, más aún en funcionarios de base, cuyas tareas son más generales.

El juez afea a la universidad que en el expediente que le remitió no se contuviera ni una mínima justificación de por qué la convocatoria se diseñó así. Eso hace más difícil argumentar que el criterio elegido es razonable y proporcional.

La universidad deberá ahora redactar nuevamente las bases del concurso-oposición. La sentencia contiene una advertencia: “Habrá de observar” que la valoración de los servicios prestados en otras administraciones no rebase el “límite de lo tolerable” y, en concreto, valorar de la misma forma los servicios prestados en otras universidades.

El conflicto por la huelga de limpieza en la Universidad de Málaga subió este miércoles de intensidad, con un enfrentamiento físico que fue denunciado ante la Policía. Un vigilante de la Facultad de Derecho tiró al suelo y redujo con una llave a un trabajador en huelga que pretendía acceder al interior del centro. Asegura que quería entrar para llevar bocadillos y agua a las trabajadoras, que están encerradas en la facultad desde el lunes. El hombre sufre dolor en el cuello y “lumbalgia postraumática”, y ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

Del incidente circula un vídeo que muestra a Gustavo Moreno, que tiene 44 años y trabaja limpiando la universidad desde hace 25, en el exterior de la Facultad de Derecho junto a decenas de personas. Cuatro vigilantes de seguridad impiden el paso al interior, pero una mujer intenta introducir algo. Los vigilantes se lo impiden y, en la confusión, Moreno logra entrar. Inmediatamente lo tiran y lo inmovilizan con una llave, hasta que las limpiadoras del interior lo liberan. “Parece una exageración, pero me estaba ahogando”, explica Moreno.

“Sólo queríamos que tuvieran agua y un bocadillo que comerse. Nos lo han impedido por orden de los de arriba”, explica el hombre. Después del incidente fue al hospital, de donde salió con un parte médico (donde se diagnostica “cervicalgia y lumbalgia postraumática”), e interpuso una denuncia ante la Policía Nacional.

La UMA calificó este episodio de “forcejeo” y acusó a quienes protestaban de intentar acceder “de manera no identificada y violenta al centro”. “La Universidad de Málaga lamenta haberse convertido en escenario de estos hechos rechazables, insertos en un conflicto laboral donde la Universidad se ve perjudicada”, señaló la institución.

Además, anunció que se había acordado que el Decano de Derecho “pueda suspender temporalmente las actividades docentes” y disminuir los servicios de la Facultad, “ante la imposibilidad de poder realizar la actividad académica en condiciones normales”.

Las trabajadoras denuncian que les impiden ir a los baños

La entrada a los centros de la UMA está restringida desde la semana pasada. Se han cerrado accesos secundarios y los vigilantes piden el carné universitario para entrar al centro. Pese a ello, desde el lunes hay un encierro de limpiadoras en Derecho, de donde no pueden salir. Moreno y las decenas de trabajadoras del exterior pretendían llevar víveres a las compañeras encerradas. Según Moreno y otras dos limpiadoras presentes en ese momento, los vigilantes desparramaron los víveres y las botellas.

“Es un boicot en toda regla”, protesta María José Romero, integrante del comité de huelga. Ella está encerrada desde el lunes. Hasta ahora, son los alumnos los que las han ayudado, porque no pueden acceder a la cafetería. Según denuncia, por la tarde han cerrado los baños y sólo han dejado uno abierto en el piso superior.

“Lo único que quieren es que abandonemos la Facultad de Derecho. Se supone que aquí se tiene que defender el derecho a la huelga, y se nos está pisoteando y dando un trato denigrante. La gente en la cárcel tiene agua, comida y un baño”, protesta Romero.

A última hora de la tarde del miércoles, otras trabajadoras esperaban fuera y tenían, según dijeron, intención de acampar para solidarizarse con las encerradas.

“Somos limpiadoras pidiendo un derecho”

Las trabajadoras de limpieza de la Universidad de Málaga, empleadas de las tres empresas adjudicatarias del servicio están en huelga desde hace diez días. Son unos 450, la mayoría mujeres. Muchas llevan décadas limpiando la universidad, subrogándose con las diferentes contratistas. Las últimas, OHL, Fissa y Clece, a cambio de un montante total de 17 millones de euros.

La principal demanda de las trabajadoras es unificar el convenio: es decir, que a todas se les apliquen las mismas condiciones, con independencia de en qué empresa trabajen. También quieren equiparar sus condiciones a las del Grupo IV de Auxiliares Administrativos.

“Somos limpiadoras que estamos pidiendo un derecho, que se sienten y dialoguen, que tengamos un convenio justo para todas”. Hasta ahora, la UMA rechaza reunirse con ellas. Alega que se trata de “trabajadores externos”. Además, desde hace días la UMA está denunciando la “actitud violenta” de los piquetes.

Ellas niegan haber cometido actos vandálicos. “Lo que hay es suciedad, que se arregla limpiando. No hay nada roto. Es verdad que hay tapaderas rotas, pero que llevan años así”, señala Romero. Desde el jueves se prestan servicios mínimos, y no tiene sentido romper o atorar los retretes para que otra compañera lo solucione, razona.

Según anunció el rector, la universidad ya ha puesto una denuncia “por daños, coacciones y actos vandálicos en propiedad ajena, así como creación de alarma higiénico sanitaria”, por coincidir con el inicio de la crisis del coronavirus.

La Universidad de Málaga (UMA) ha decidido aislar sus centros para intentar evitar el efecto de las protestas de las trabajadoras de los servicios de limpieza, en huelga indefinida desde el lunes. El personal de vigilancia pide el carné de la universidad a quienes pretenden acceder a las facultades y en algún centro se han cerrado accesos secundarios.

Mientras, los recortes y papel higiénico que han arrojado las propias trabajadoras se acumulan en pasillos y patios. La UMA repite que la huelga no va con la institución porque las trabajadoras no forman parte de su plantilla, sino de las tres subcontratas con las que externalizó el servicio. Es un “conflicto laboral externo”, dice la institución.

Sin embargo, el paro está repercutiendo negativamente en su imagen, mientras crece la tensión entre las limpiadoras, algunos alumnos y personal de seguridad. Las limpiadoras, unas 450, exigen regirse por un único convenio y mejorar su categoría. Según los sindicatos, el seguimiento de la huelga es prácticamente del 100%.

Recorridos de evacuación con salidas cerradas

El viernes a mediodía, alrededor de un centenar de trabajadoras y trabajadores de las tres empresas adjudicatarias de la limpieza de la UMA (Fissa, OHL y Clece) se concentraban a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, donde les impedían el paso. “Es un edificio público y deberían dejarnos entrar”, protestaba Encarnación Escobedo, trabajadora.

De los tres puntos de acceso al centro (delantero, trasero y lateral), sólo permanecía abierta una de las puertas de la entrada principal. Según explicó un vigilante de seguridad, no hay riesgo porque si hubiera una emergencia él abriría rápidamente la puerta trasera, en el otro extremo del centro. El personal del bar tiene la llave del tercer acceso, a través de la cafetería, y también abriría en caso de ser necesario.

Fuentes oficiales explican que se trata de una “medida excepcional de seguridad” de la Gerencia y los centros ante la actitud de algunos piquetes, y aseguran que se han tenido en cuenta los planes de autoprotección del edificio. Sin embargo, este medio ha podido comprobar que, al menos en el caso de Ciencias de la Educación, dos de los tres recorridos de evacuación que figuran en los planos desembocaban en salidas cerradas por la propia Universidad.

Además, en Ciencias de la Educación se está pidiendo identificación universitaria en el acceso. Como se trata de un centro público, a quienes no son alumnos (por ejemplo, opositores) se les deja pasar, pero se les apunta en una lista “por si ocurre algo”. La universidad asegura que el convenio colectivo de empresas de seguridad permite que los vigilantes realicen estos controles.

Según la institución, durante los últimos días los piquetes han tratado de impedir los servicios mínimos (fijados el jueves), esparcían “desperdicios y basuras” y dificultaban el acceso a profesores y alumnos.

Críticas de la Universidad por hacer la huelga en plena crisis del coronavirus

Las trabajadoras reivindican su derecho a hacer huelga “tirando papelitos”. Niegan ser responsables de actos vandálicos que, según ha informado el rector, han sido denunciados ante un juzgado.

El pasado miércoles, algunos de los alumnos de la facultad limpiaron las zonas principales del centro, lo que provocó el aplauso de la vicedecana (“Os agradezco de todo corazón que hayáis limpiado la facultad”, escribió), pero también críticas entre las trabajadoras en huelga. Ellas entienden que para que sea efectiva, la protesta se tiene que notar. “Cada uno se manifiesta dentro de sus posibilidades, y las nuestras son estas: acelerar el proceso con papelitos. Pero en ningún caso rompemos nada”, explica Rocío Bueno, integrante del Comité de Empresa por UGT.

Desde que comenzó la huelga el pasado lunes, las trabajadoras han recibido críticas. Una de ellas, proveniente del propio rector, consistente en afearles que hagan la huelga en un momento de “inquietud social” por el coronavirus, “justo cuando las organizaciones sanitarias internacionales y de nuestro país recomiendan un refuerzo en la limpieza y en las medidas higiénicas para limitar su crecimiento y generalización”.

También las han acusado de provocar destrozos. En la cafetería, tres chicas muestran su disgusto porque en el baño había compresas y pañales con pintura roja, y aseguran que los retretes estaban atascados. El rector, José Ángel Narváez, informó este jueves de que había presentado una denuncia penal “por daños, coacciones y actos vandálicos en propiedad ajena, así como creación de alarma higiénico sanitaria” (sic). Fuentes oficiales explican que “completarán” la denuncia con los “actos vandálicos e ilegales que han podido documentarse”.

“Se nos está echando mierda encima”, protesta Rocío Bueno, que muestra un vídeo donde se ve a varios chavales a la carrera, supuestamente tras un acto vandálico atribuido a las limpiadoras. Asegura que están permanentemente vigiladas por policías de paisano. “También han dicho que hemos roto baños adaptados, cuando eso está bajo llave y no nos van a dar la llave precisamente ahora”. Tan solo admite como acción coordinada que han tirado papeles: “El papel no hace daño. Es una forma de reivindicar nuestros derechos”.

Tres contratos por un total de 17 millones de euros

La huelga se desarrolla desde el lunes después de que las tres empresas adjudicatarias y las representantes de los trabajadores no llegaran a un acuerdo ante el SERCLA, el viernes. La Universidad, que también estaba convocada, no se presentó. “Hubiera sido interferir de manera indebida en un conflicto del que es perjudicada pero no parte”, explica a este medio.

El servicio de limpieza se adjudicó en 2017 en tres lotes distintos por un montante total de algo más de 17 millones de euros. Es el servicio más caro de la Universidad de Málaga. Entonces se dijo que con la división en lotes se trataba de favorecer la competencia y la participación de empresas locales, aunque finalmente las adjudicatarias fueron dos multinacionales multiservicios (Clece y OHL) y una empresa con implantación en toda Andalucía y Extremadura (Fissa). Hasta entonces lo prestaba una sola, Valoriza, pero la universidad no renovó su contrato después de varios episodios de quejas y huelgas de los trabajadores.

Las trabajadoras piden que las tres subcontratas se rijan por el mismo convenio y que se equiparen sus condiciones al Grupo IV de auxiliares administrativos. Según Rocío Bueno, llevan meses pidiendo una reunión.

“No nos valoran. Nos dicen que somos vagas porque a las 12 nos fumamos un cigarro, sin darse cuenta de que cuando llegan a las ocho de la mañana todo está limpio”, lamenta Bueno. “En las fiestas de la primavera hemos llegado a sacar del váter litronas de cerveza, y no hemos dicho que los alumnos son todos unos puercos”, comenta otra.

Muchas se sienten estigmatizadas por ejercer su derecho a huelga. Reivindican que tirar “papelitos” es una medida de protesta que no hace daño y que, además, acabarán limpiando ellas.

A Diego Martín terminar su tesis doctoral en la Universidad de Málaga le ha salido caro. Hasta que la presentó, a finales de septiembre, cobraba 1.799 euros brutos al mes. Pero fue presentarla, cambiar su situación contractual y pasar a cobrar 1.200 euros brutos, ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional. Seiscientos euros menos, a pesar de que la lógica indica que quien ha completado su formación con el mayor grado académico posible está más formado, y puede aspirar a que se le reconozca con un salario mejor.

El caso de Diego Martín no es único, sino que responde a un desajuste en la escala de salarios. La Universidad de Málaga (UMA) está pagando menos a investigadores post-doctorales contratados bajo su plan propio que lo que la norma fija para los contratados pre-doctorales de cuarto año. Es decir, paga menos a quien es doctor que a quien está preparando la tesis.

Paradójicamente, esta anomalía es el resultado de aplicar las mejoras del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), introducidas por un Decreto del Gobierno, que ha supuesto que algunos investigadores predoctorales cobren hasta el 53% más. De una nómina de 921 euros netos en doce pagas, menos del salario mínimo interprofesional, a cobrar unos 1.350 euros.

Sin embargo, la aplicación del EPIF ha dejado al descubierto la precariedad de los ya doctorados. Estos investigadores que ya han presentado su tesis cobran 1.500 euros brutos durante dos años (1+1) cuando son contratados bajo el plan propio de la UMA. Es menos que el mínimo fijado por el EPIF para los predoctorales de cuarto año.

Además, la UMA ni siquiera firma contratos predoctorales de cuatro años, como recoge el EPIF, sino que ofrece contratos predoctorales de hasta tres años (1+2), y después concede una “ayuda puente” de seis meses de 1.200 euros brutos.

Esto se traduce en una escala de salarios en la que el mérito académico y la experiencia, en lugar de sumar, restan. Bajo el plan propio de la Universidad de Málaga, la ayuda predoctoral (por obligación del EPIF) es de 1.343 al mes los dos primeros años, de 1.439 euros el tercer año, y después se reduce a 1.200 euros durante seis meses, en lugar de lo previsto en el EPIF para un predoctoral de cuarto año (1.799 euros al mes). Después, el contratado post-doctoral cobra 1.500 euros.

Seguir trabajando sin cobrar

Para J.A. Conde, que participa en un proyecto de investigación vinculado a la Facultad de Medicina con una ayuda post doctoral, la “discriminación salarial” de los postdoctorados “genera insatisfacción personal”.

Diego Martín, que cobraba 1.800 euros al mes porque disfrutaba de la ayuda FPU del Ministerio de Educación, ha pasado a cobrar 1.200 de la ayuda puente después de convertirse en doctor. Ahora cobra menos que quienes están en su primer año de investigación predoctoral. Martín es pedagogo y participa en tres proyectos de investigación, además de impartir dos asignaturas. Como todos, es un contrato a tiempo completo.

Su ayuda puente terminará en marzo, y difícilmente le dará a tiempo a concluir sus proyectos. Su única opción será optar a alguna plaza de profesor sustituto o a alguna de las seis ayudas postdoctorales que convoque la UMA. Es el mínimo que contempla el plan propio, y las que sistemáticamente se han ofrecido en las últimas convocatorias. “Si no me llaman de la bolsa de sustitutos ni consigo la beca postdoc seguramente seguiré trabajando abril y mayo sin cobrar, porque no voy a dejar los proyectos a medias”, comenta.

Sin plan de estabilización

Esta situación de incertidumbre se repite cuando expiran los contratos post-doctorales. María López hizo su tesis en el Departamento de Ecología y Geología, continuó su investigación en universidades extranjeras y regresó a Málaga en una convocatoria de ayuda post-doctoral extraordinaria planteada, teóricamente, para reincorporar el talento emigrado.

Dos años después de volver, dice que no sabe qué hará cuando expire su actual contrato. No existen planes para dar estabilidad al empleo de estos doctores retornados: “Hace siete años que terminé la tesis y me han concedido la ayuda de excelencia. Y después de eso, te encuentras esta situación. Hablamos de personas que tenemos 35-40 años, con familia, hijos…”.

El problema también es de eficiencia. Cuando venza el contrato, el proyecto de investigación de María López quedará varado. “O eso, o sigues haciéndolo gratis, por amor propio. Es un clásico: que la gente consuma su paro haciendo la tesis doctoral”. Durante años, la Universidad invierte en un proyecto que se trunca abruptamente y, en muchos casos, sin resultado tangible. “Es una pena porque no se devuelve lo que se ha invertido en nuestra formación”, lamenta López.

Las próximas elecciones a rector

Coincidiendo con las próximas elecciones a rector, los investigadores de la UMA han conformado una asamblea y están pidiendo a José Ángel Narváez, candidato a la reelección, que se comprometa a sustituir la ayuda puente por un cuarto año de contrato predoctoral con las condiciones del EPIF. Es la misma petición de Doctorandes en Lluita, un grupo de investigadores precarios de Cataluña que ha denunciado a la Generalitat por convocar ayudas predoctorales de tres años, en lugar de cuatro como contempla el EPIF.

Los investigadores de la UMA también piden que la ayuda postdoctoral ascienda como mínimo a 1935 euros brutos al mes, que es la cantidad que la propia universidad ofreció en 2015, en una convocatoria extraordinaria de contratos post-doctorales. La universidad alega que esta cuantía no partió de ella, sino que fue fijada por la Junta de Andalucía, que financiaba la convocatoria.

Este jueves los investigadores mantuvieron un encuentro con el rector. Según asistentes a la reunión, Narváez les aseguró que garantizará el cuarto año de ayuda predoctoral a partir de enero y que reevaluaría el plan propio, incluyendo la escala salarial. Sin embargo, enfrió las pretensiones de un aumento salarial hasta los 1.935 euros. Los representantes de los investigadores salieron de la reunión “desconcertados”.

Aunque prometió una respuesta el jueves, la UMA contestó a las preguntas de este medio el viernes por la mañana, después de la publicación de este artículo. Así, la UMA explica que el desajuste se debe a que los actuales contratos posdoctorales se presupuestaron antes de la entrada en vigor del EPIF, y señala que está estudiando si es posible actualizar los salarios, en función de la “disponibilidad económica”.

La intención es “equiparar todos los contratos con los mismos emolumentos”, pero esto “dependerá del presupuesto disponible (aún en negociación) y de la actualización del Plan Propio”, dice la institución. La universidad niega que penalice a sus doctorados, porque “en el Plan Propio la cuantía económica de los contratos posdoctorales es superior a la de los predoctorales”. Sin embargo, esto obvia que las cuantías de las ayudas predoctorales del Plan Propio ya han sido actualizadas tras la aplicación del EPIF.

“Si queremos una universidad pública digna tiene que tener unas condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras ”, explica Gonzalo Maldonado, portavoz de la asamblea, que resume así sus reivindicaciones: “Se está pidiendo que un cambio legislativo [el EPIF] tenga resonancia en el resto de colectivos. ¿En qué cabeza cabe que presentes tu tesis y eso haga que tu sueldo disminuya?”.

La Universidad de Málaga paga a algunos de sus investigadores pre-doctorales un salario inferior al salario mínimo interprofesional, que el Gobierno subió por Decreto con efecto a partir del pasado 1 de enero. Estos investigadores, contratados bajo el plan propio de investigación de la universidad, cobran 1.000 euros brutos al mes en doce pagas, en las que se prorratean las dos extraordinarias.

El salario mínimo interprofesional es, desde el 1 de enero, de 900 euros al mes brutos en catorce pagas, pero si se prorratean las dos extraordinarias, como hace la universidad, el salario mínimo sería de 1.050 euros al mes en doce pagas. La universidad asegura que actualizará los salarios de los investigadores predoctorales a partir de la nómina de julio.

El Gobierno aprobó por Decreto la subida del salario mínimo interprofesional, con efecto a partir del 1 de enero. El salario mínimo está establecido desde entonces en 30 euros al día, si se establece por días, o 900 euros al mes, si se fija por mes. Ahora bien, el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligatoriedad de abonar dos pagas extraordinarias, que pueden prorratearse. De esta forma, deberían recibir como mínimo 14 pagas de 900 euros, o 12 de 1.050 para cumplir con el salario mínimo interprofesional. Y eso no ha ocurrido hasta ahora.

Eldiario.es/Andalucía ha podido comprobar que la nómina correspondiente al mes de junio de una persona con contrato de investigación predoctoral recoge 1.000 euros en concepto de sueldo bruto, al que se descuentan 89,31 euros por la cuota de contingencias comunes, desempleo y formación profesional. De esta forma, el neto que percibió esta persona fue de 910,69 euros. Este es su salario neto mensual, sin que su contrato fije ninguna paga extraordinaria en julio o diciembre. Es decir, un total 12.000 euros brutos al año, aunque que el salario mínimo es de 900 euros al mes, más dos pagas extra: 12.600 euros.

Revisión del plan propio en febrero

El Consejo de Gobierno de la Universidad revisó su plan propio de investigación el 25 de febrero, cuando ya estaba en vigor el nuevo salario mínimo. Sin embargo, no actualizó los salarios que abona a los investigadores contratados por el plan, y el apartado 3.A sigue estableciendo que los beneficiarios del programa percibirán una “ayuda” de 1.000 euros brutos, “incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias”. A cambio, los contratados están obligados a “prestar la colaboración a razón de 40 horas semanales” durante el contrato, que tiene una duración de un año prorrogable otros dos, como máximo.

La Universidad de Málaga suscribe bajo su plan propio de investigación un máximo de diez contratos predoctorales al año, con el fin de “promover la formación de doctores y aumentar el número de investigadores en la UMA”. Se trata de un plan con el que pretende complementar los programas de formación de personal docente e investigador de los planes nacionales y autonómico de investigación.

La Universidad de Granada paga a sus contratados predoctorales 1.300 euros en doce mensualidades, en las que prorratea las extras. Otras universidades, como la de Sevilla, optan por igualar el salario de sus contratados predoctorales al de los contratados predoctorales bajo el plan del Ministerio.

Sin noticias del EPIF

Además, estos investigadores vienen reclamando que se les abone algo más que el salario mínimo interprofesional. Desde el 16 de marzo, deberían percibir el mínimo fijado en el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), una demanda histórica del colectivo. Para alguno de ellos, la aplicación de la norma mejoraría su salario en hasta el 50%.

Sin embargo, la aplicación del estatuto por parte de las universidades está llegando con cuentagotas. Primero, porque su redacción era ambigua respecto a quienes debe aplicarse. Un informe encargado por la Conferencia de Rectores a dos catedráticos resolvió la duda: es aplicable a todos los salarios devengados desde el 16 de marzo. Pero resuelta la duda, muchas universidades alegaron carencia de fondos.

La Universidad de Málaga sigue sin aplicar el salario fijado en el EPIF, pero a finales de junio remitió un correo a sus contratados predoctorales, en el que les anunciaba que cumpliría el EPIF a partir de la nómina de junio y que pagaría retroactivamente lo devengado desde el 16 de junio.

Para los predoctorales del plan propio, supondrá hasta un 43% más, pues pasarán a cobrar 1.343,97 euros el primer y segundo año y 1.439,96 euros. En respuesta a eldiario.es/Andalucía, la Universidad asegura recibirán también “la parte proporcional de la subida del salario mínimo interprofesional fijada desde el 1 de enero”, aunque esto no se menciona en el correo enviado a un investigador predoctoral que ha podido consultar este medio.

El Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM) ha denunciado la situación en una circular, en la que exige a la Universidad de Málaga que se comprometa oficialmente “a acabar con estos abusos y ejecutar la subida salarial a la que está obligada”. El sindicato pide que en la subida al personal investigador se incluya una “nómina retroactiva” que, en el caso de predoctorales del Plan Propio, contemple los atrasos desde 1 de enero de 2019, fecha en la que entró en vigor el nuevo salario mínimo interprofesional.

Los estudiantes de la Universidad de Málaga han participado esta semana en un referéndum. Se les ha preguntado si prefieren una Monarquía o una República en España, y el resultado ha sido abrumador: de los 2.036 votos emitidos, 1.752 (el 86,05%) han optado por la República. En la Universidad de Málaga, la República ha ganado el referéndum.

La consulta se celebró el pasado miércoles diez de abril, a las puertas de las facultades de Comunicación, Psicología y Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, Derecho y Escuela de Ingenierías Industriales (en el campus de Teatinos), y en Económicas (en el campus de El Ejido). Se podía responder a dos preguntas. La primera, “¿Querría usted poder elegir la forma del Estado español?”. Votaron 2.053 estudiantes, de los cuales 2.019 votaron sí (el 98,43%), 10 no (0,48%), 2 votaron en blanco (0,09%) y 22 votaron nulo (1,07%).

La segunda pregunta planteaba “En caso afirmativo, ¿qué modelo de Estado preferiría?”. 1.752 eligieron la papeleta de la República (86,05%), 237 la de la Monarquía (11,64%), 33 votaron en blanco (1,62%) y hubo 14 votos nulos (0,68%). Por facultades, la simpatía por la República va del 94,04% de los votantes en Ciencias de la Comunicación (donde el día de la votación se celebró un acto con Pablo Iglesias y Alberto Garzón) al 76,08% en la facultad de Derecho.

La consulta estaba abierta a profesores y personal no docente, así como a personas ajenas a la universidad, aunque según los datos de los organizadores, 1.791 votantes pertenecen a la comunidad universitaria (el 87,32%) y el resto (260 votos, el 12,67%) es externo.

Objetivo: plantear el debate

Alberto Perea, estudiante de Economía y uno de los organizadores de la consulta, cree que ha sido un éxito porque consiguió su objetivo simbólico: plantear el debate y conseguir que la comunidad universitaria se plantee si tiene derecho a elegir la forma del Estado. “La universidad es un sitio para el intercambio de ideas y motor del cambio. Creemos que la pregunta más importante es la primera, y un 96% quiere decidir sobre la jefatura del Estado, independientemente de si es republicano o monárquico”, destaca Perea.

Perea y otros estudiantes llevan preparando desde diciembre. En este tiempo, plantearon al Rectorado la votación electrónica, ante la imposibilidad legal de obtener el censo universitario. Finalmente, y ante la cercanía de los exámenes de mayo, la votación se celebró esta semana de forma únicamente presencial. Para evitar que se votara por duplicado, pidieron a los votantes que estamparan un dedo en una almohadilla de tinta roja, muy difícil de quitar.

Más participantes que en las elecciones al claustro

En marzo de 2018 la Universidad de Málaga tenía 35.285 estudiantes (entre grados, másteres y doctorandos), unos 2.500 profesores y alrededor de 1.400 trabajadores de administración y servicios. Esto arrojaría un porcentaje de participación aproximado del 5%.

“Si se compara con el resultado de las elecciones al claustro, en cada una de las facultades la participación fue muchísimo menor a la consulta”, resalta Perea. En las elecciones al claustro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en abril de 2018, votaron 118 estudiantes, por los 614 votos emitidos en el referéndum. Igual ha ocurrido en Psicología y Ciencias de la Educación (115 votos al claustro, 384 en el referéndum), en Derecho (167 al claustro, 233 en el referéndum) y en Filosofía y Letras (172 al claustro, 393 en el referéndum). En cambio, la participación ha sido menor en la Escuela de Ingeniería y en Económicas.

Los decanatos no pusieron problemas para la instalación de las mesas, siempre que se desvinculase la iniciativa de la propia Universidad. Únicamente la Escuela de Ingenierías Industriales denegó la autorización para instalar una mesa “ni dentro ni fuera de la Escuela” porque tenía dudas sobre su legalidad, según ha podido confirmar este medio. Esto obligó a alejar la mesa de la entrada al edificio y habría rebajado la participación, según Perea.

Esta iniciativa es similar a la que se ha desarrollado en otras universidades españolas, donde sistemáticamente se está produciendo un resultado favorable a la República, con un porcentaje total calcado al resultado en Málaga.

El tertuliano ha preguntado al diputado de Podemos por la polémica de su trabajo para la universidad y éste le ha pedido que se prepare mejor las preguntas

"No espero mucho de alguien que tiene la desfachatez de culpar a la víctima de 'la manada' de lo que sufrió", ha zanjado Iñigo Errejón

Semanas de másters irregulares y supuestas tesis plagiadas acaparando los titulares han resucitado viejas historias. En este caso, la polémica por la beca de investigación de 2014 del ahora secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, que generó un tenso ida y vuelta en Onda Cero entre el candidato a la Comunidad de Madrid y el tertuliano Arcadi Espada.

Arcadi pidió a Errejón “un análisis de dos incidentes universitarios desde el punto de vista moral”: la tesis del presidente y su “propia actitud” con el contrato de trabajo con la Universidad de Málaga.

“Me parece que el presidente no está muy orgulloso de su tesis”, ha comentado el diputado de Podemos, pero “no me parece que haya nada ilegal”. Pero Errejón ha querido matizar la historia cuatro años después: “Yo no fui inhabilitado por la Universidad de Málaga, las denuncias fueron todas archivadas”. Y ha añadido: “Creo que va a mantener el mismo criterio, pero hay que prepararse mejor las preguntas”.

Espada le ha argumentado que tiene un comunicado en el que explica que “la interposición en un juzgado de un requerimiento paralizó el expediente y que si usted tratara de volver a la universidad, la propuesta de inactivación se reactivaría”, para asegurar, acto seguido, que “no es una interpretación” y advertirle que tuviera “cuidado cuando acuse a los demás de no prepararse convenientemente sus preguntas y atienda más a sus respuestas”.

Errejón ha avisado que había respuesta a eso también. “No tiene ningún comunicado”, y ha razonado que “en el derecho administrativo no existe tal figura”. Pero lo que dejó desarmado al periodista fue: “No espero mucho de alguien que tiene la desfachatez de culpar a la víctima de 'la manada' de lo que sufrió”.

El periodista le ha felicitado: “Esa es la conclusión perfecta”.

Un juzgado ha condenado a la Universidad de Málaga (UMA) por infringir el principio de igualdad en el acceso a la condición de funcionario. La universidad había diseñado un concurso-oposición para cubrir plazas de administrativo y auxiliar en el que concedía una ventaja “sustancial y prácticamente insuperable” a interinos de la institución.

La sentencia vuelve a poner en cuestión el sistema de selección de personal de la UMA, así como la forma en la que instituciones y organismos públicos priorizan a algunos candidatos a funcionarios, en este caso para consolidar puestos interinos, en contradicción con el principio de igualdad. Además, establece un límite de procedimiento a la consolidación del personal temporal. La universidad ha anunciado que no recurrirá la sentencia y modificará la convocatoria, tal y como ordena la propia resolución.

La convocatoria establecía que el único mérito evaluable para el concurso era la prestación de servicios como interino o interina en la UMA, y le asignaba el 40% de la puntuación total. “En la fase de concurso se considerarán como méritos, exclusivamente, los servicios prestados como funcionario interino de las Escalas Auxiliar Administrativa y Administrativa de la Universidad de Málaga”, decía la convocatoria, publicada en el BOE el 6 de abril. Según la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Málaga, esto ponía una barrera prácticamente insalvable al resto de candidatos.

Para el juez, no había en este proceso ninguna “nota de excepcionalidad” que pueda justificar este trato desigual. La experiencia como mérito es “perfectamente válida desde el punto de vista constitucional” pero no es admisible que “pueda llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable”, dice la resolución.

Wenceslao Alonso, el funcionario del ayuntamiento de Málaga que acumula sentencias favorables contra el “enchufismo” en el consistorio, es el abogado que ha logrado esta sentencia contra la universidad. La suya es una batalla personal, que contamos aquí, contra las oposiciones que orillan los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública.

En este caso contó con el apoyo del fiscal, que en su informe estableció que la convocatoria vulneraba el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad al valorar con un 40% la fase de concurso, y fijar como único mérito la interinidad en la universidad convocante. El artículo 23.2 de la Constitución consagra el derecho a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

El letrado de la UMA defendía que la convocatoria no excluía otros candidatos y que la fase de concurso no era excluyente. Además, admitía que el verdadero motivo de diseñar una convocatoria así es reducir la tasa temporalidad en los servicios administrativos de la universidad dando plaza fija a los interinos.

La UMA está pendiente de que sus servicios jurídicos emitan un dictamen para volver a publicar la convocatoria, y explica a través de un portavoz que no tiene “constancia” de que haya otros procedimientos abiertos que cuestionen los procesos de selección de personal.

José María Aznar quería decir algo. “No voy a hacer como ha hecho mi sucesor en la Presidencia del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que ha manifestado su clara preferencia por uno de estos candidatos, en este caso la candidata”. Hasta tres veces repitió esa idea, dos en un monólogo ante periodistas que duró dos minutos y cincuenta segundos, y otra más, sin que nadie le preguntara, en mitad del encuentro que tuvo con los alumnos del curso de verano Radicalización violenta y terrorismo, organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga.

Para no querer pronunciarse el expresidente encontró una buena fórmula. Se sabe que Aznar no tiene en especial estima a su sucesor en la presidencia del Gobierno, y esta mañana ha añadido que no va a hacer como Zapatero. Así que no hubo pronunciamiento explícito sobre si apoya a Soraya Saénz de Santamaría (“la candidata”) o Pablo Casado en el proceso de primarias del Partido Popular, pero casi. Desea que los compromisarios “acierten” pero él, pronunciarse sobre los candidatos, jamás lo hará. “El PP tiene una oportunidad. Una oportunidad: si se refunda”, dijo con tono solemne y enfatizando las pausas. “Si no se refunda no tiene ninguna oportunidad, y el centro derecha se reorganizará por otro lado”.

El mensaje de Aznar es similar al lanzado en los últimos días por Pablo Casado. De hecho, el expresidente aseguró en 2015 que le gustaría ver a Casado al frente del PP. “Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que sea Pablo Casado”, decía entonces. Además, su fundación FAES se ha posicionado esta semana a favor del vicesecretario de Comunicación y en contra de su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero este miércoles, el exmandatario ha asegurado ser neutral en el proceso de sucesión de los populares.

Aznar no participará en el Congreso, porque no es compromisario ni le han invitado. Fiel a su estilo, dijo sonriendo que eso no le preocupa mucho ni, por supuesto, guarda rencor a nadie por ello: “No he tenido el honor de ser invitado. Solo he sido presidente del PP catorce años, y del Gobierno ocho años, pero eso no da derecho a ninguna invitación”. Le preguntaron por una eventual vuelta a la política activa, pero Aznar cree que está muy bien donde está. Sobre si ha hablado con Rajoy de expresidente a expresidente, también fue claro: no.

El expresidente Aznar insistió en las ideas que viene expresando últimamente. Que hay que “refundar” el centro-derecha, que hay que refundar el centro-izquierda, y que se ha producido un “golpe de Estado” que no ha sido desarticulado. “Tradicionalmente quienes producen un golpe de Estado pueden ganar o perder, pero que se queden donde están es una cosa bastante insólita”, declaró. “¿Cómo es posible que no se desarticule un golpe, sino que los golpistas siguen y el gobierno está apoyado por los golpistas? ¿Cómo puede eso acabar razonablemente bien?”.

Los riesgos del presente y del futuro

Más allá de sus consideraciones sobre el momento político actual, Aznar es hoy una persona que ve riesgos. Es cierto que de eso iba el curso, pero hubo repaso a amenazas para todos los gustos. Sobre los populismos, los nacionalismos y el “fraccionamiento de las sociedades que dificulta la acción política”: “Si la política de los países de lo peor de cada casa el resultado no va a ser bueno”. Sobre la inmigración ilegal, que habría producido un “colapso” en Europa: “Como las redes de inmigrantes ilegales han visto más facilidades en España que en Italia, nuestro país se ha convertido en el primer receptor”, tema del que también se pronunció a propósito de la idea de crear “campos de concentración”, un “neocolonialismo absolutamente inaceptable”.

Aznar también ve riesgos en la inteligencia artificial, porque cree que la revolución tecnológica es la primera que “puede no ser dominada por la razón humana”: “Puede encontrarse con elementos de inteligencia artificial que sean más inteligentes que usted y sean capaz de dominarle”. También en las redes sociales, porque aunque como la revolución tecnológica tengan sus cosas buenas, están basadas esencialmente en la “irresponsabilidad”. Y, por supuesto, el expresidente ve riesgos graves en la ruptura del equilibrio geoestratégico que imperó durante la Guerra Fría, en la debilidad de Europa (“Creo que el Brexit es una muy mala decisión y que sólo es posible un Brexit duro, y si no es duro no tiene ningún sentido”), en el aislacionismo de Estados Unidos, en la pujanza de China, y en el terrorismo yihadista.

En resumen: “Soy de los que cree que vivimos en un mundo terrible, lleno de problemas y dificultades, si no fuera porque es el mejor que ha existido nunca”. Para Aznar, el éxito futuro de España pasa por definir “qué posición queremos tener en este mundo, si es que queremos que la nación española sea algo en el mundo futuro”. El expresidente está decepcionado con los políticos actuales, porque cree que “el nivel de la gente que está dispuesta a dedicar unos años al servicio público ha decaído de una manera llamativa, podría decirse incluso que dramática”.

Aznar ya no gasta ese bigote que tan fácil puso las cosas a caricaturistas e imitadores, pero seguimos viéndolo con bigote, quizá porque marcó una época. “Llevo 14 años retirado de la vida política, aunque alguno no se lo crea”, dijo al comenzar su conferencia. Al expresidente le esperaban concejales y algún abuelo con su nieto. También ese señor que lleva sombrero y que protesta un par de veces por semana, desde hace años, a las puertas del ayuntamiento. “Alcalde, basta. Ni plusvalía, ni tantas multas, ni otros impuestos tan elevados. ¡¡Clemencia!!” “Alcalde, basta. Debe proteger mi vida con verdad y con bondad. Gracias”, decían sus pancartas. El hombre se había movido en busca de los focos y de Aznar, que pasó por delante y entró en el Rectorado a pronunciar su conferencia sobre los riesgos que afronta el mundo.

Un juzgado ha condenado a la Universidad de Málaga a indemnizar a una profesora interina por la extinción de su contrato temporal. La resolución está entre las primeras que aplican al ámbito universitario un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a España a indemnizar a los interinos que finalizan su contrato por causas objetivas. Según una fuente sindical, esta es la primera que condena a una universidad andaluza, donde trabajan miles de profesores interinos y asociados.

La sentencia dictada por el juzgado de lo social 2 de Málaga el 14 de mayo, y a la que eldiario.es/Andalucía ha tenido acceso, condena a la Universidad de Málaga a pagar 2.723,50 € (a razón de 20 días por año de servicio) a una profesora a tiempo parcial con la que había suscrito dos contratos consecutivos de interinidad. La profesora trabajaba en la UMA desde octubre de 2012, cuando firmó un contrato de profesora hasta que se proveyera una plaza en su facultad. En diciembre de 2013 lo amplió y pasó a percibir 842,44 euros al mes, que eran su única remuneración. En enero de 2016 la universidad le comunicó que, como iba a convocar la plaza vinculada, extinguiría su contrato, lo que ocurrió en septiembre de 2017.

Para la universidad, se trataba de una extinción de contrato que no daba lugar a indemnización alguna. La profesora, asesorada por el Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM) decidió entonces pedir la readmisión por despido improcedente. El juzgado rechaza esa pretensión, pero obliga a la universidad a indemnizarla pese a que su contrato había vencido.

Según Florencio Cabello, portavoz del Sindicato de Apoyo Mutuo, se trata de la primera sentencia conocida que aplica al ámbito universitario andaluz la pionera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto De Diego Porras. En este caso, el TJUE estableció que denegar “cualquier indemnización” al interino que finaliza su contrato, como ocurre en España, es contrario al Derecho europeo y, más concretamente, a la Directiva 1999/70, sobre el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

Lo que venía a decir el tribunal de Luxemburgo es que no basta con que el trabajador sea interino para que le empresa deniegue cualquier posible indemnización. “El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización”, decía el TJUE en su sentencia.

Desde que se dictó esta sentencia, algunos tribunales españoles la han aplicado, pero se han mantenido las dudas sobre su alcance, hasta el punto de que el Tribunal Supremo volvió a formular una cuestión prejudicial pidiendo una aclaración al TJUE ante la “ingente litigiosidad” y el “elevadísimo” número de afectados. El asunto está pendiente de resolverse en Luxemburgo.

El juzgado de lo social número dos de Málaga es consciente de que la cuestión está abierta. Sin embargo, ha preferido seguir el criterio de su inmediato superior, la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Andalucía que, en un caso no referido a la Universidad, ya falló a favor de indemnizar a un interino por “no concurrir causa objetiva que justifique el trato desigual” entre la extinción de contrato de una trabajadora eventual y el de un trabajador fijo comparable.

Interinos y asociados, casi el 70% de los docentes e investigadores de la Universidad de Málaga

Interinos y asociados, casi el 70% de los docentes e investigadores de la Universidad de MálagaFlorencio Cabello comenta que hay un debate abierto que puede permitir que muchos profesores sustitutos interinos mejoren sus condiciones en caso de extinción de contrato: “Hasta ahora todo era muy conveniente a las instituciones, porque les salía gratis. La universidad tenía cientos de profesores a los que despedía gratis y los volvía a llamar…”. Cree que la sentencia podría aplicarse a los despedidos este año y el año pasado.

Sin embargo, el cuestionamiento de las condiciones laborales del profesorado universitario alcanza a todas las figuras de contratación temporal, como demuestra el caso de los tres profesores con 35 años de antigüedad, del que ya informó este medio, y que ahora está siendo revisado por el TSJ de Andalucía, que ha emitido un primer fallo contrario al trabajador. “Lo que se está dirimiendo en general es si se le da la misma indemnización a los temporales que a los indefinidos”, explica el portavoz del sindicato, cuyo servicio jurídico está asumiendo la representación de varios profesores afectados en estos casos.

En la Universidad de Málaga trabajan 271 interinos, según los datos del sindicato. Son el 21% del personal docente e investigador de la universidad. Hay también 619 profesores asociados, el 47,98%. Los interinos y asociados suman, por tanto, casi el 69% del total del profesorado y los investigadores.

La entidad, medio propio de la universidad, ofrece 88 euros semanales por dos horas de trabajo diarias que pueden incluir el desplazamiento a otros municipios

Unas 70 personas han solicitado este puesto

La Fundación de la Universidad de Málaga está seleccionando para un puesto de trabajo a una persona que trabaje dos horas al día “con flexibilidad”. Entre las tareas a realizar se incluye el “desplazamiento a municipios”, con lo que parte de las dos horas diarias se consumiría en los trayectos. La Fundación de la Universidad de Málaga (FGUMA) ha recibido, según una portavoz oficial, unas 70 solicitudes para este puesto.

FGUMA ofrece un contrato de seis meses de duración con una jornada de “2h diarias con flexibilidad”, con la particularidad de que la descripción de las tareas (administrativas, el desplazamiento a municipios y el contacto con “alumnos y egresados”) permite concluir que esas dos horas se consumirían, en ocasiones, con el mero desplazamiento a lugares fuera de la ciudad de Málaga. Una portavoz explica que el candidato seleccionado “podría participar en los cursos de verano, pero también tenemos previstas actividades en nuevas sedes, municipios cercanos a la capital, que englobaremos en el Proyecto 'La UMA en la provincia'”. Las sedes de los cursos de verano son Ronda, Archidona, Vélez-Málaga y Marbella. El trayecto a estas sedes en coche consume entre 40 minutos (Vélez-Málaga y Benalmádena) y una hora y media (Ronda).

Además, la Fundación explica que la flexibilidad implica que, en ocasiones, ese trabajo de dos horas deberá desarrollarse por la tarde. Es decir, unas veces se trabajaría dos horas por la mañana, otras por la tarde, a veces en Málaga, y en otras ocasiones en otros municipios, aunque desde la FGUMA matizan que se trataría de “desplazamientos cercanos como personal de apoyo en caso de ser necesario”. “Te impide tener otro trabajo. ¿Qué persona puede aceptar un trabajo así?”, se pregunta una fuente universitaria.

Los candidatos deben tener título de Bachiller o FP Grado Superior, y se valorará la formación académica adicional, el conocimiento de idiomas y la experiencia previa en tareas similares o en el ámbito de la educación superior. Sin embargo, la oferta no especifica el salario, sino que se remite al convenio, una práctica habitual pero que con frecuencia provoca que los interesados no conozcan con antelación cuál sería su retribución.

El convenio colectivo de la FGUMA establece un salario base anual para el auxiliar administrativo 13.960,45 euros anuales por una jornada anual de 1.575 horas, lo que arrojaría un sueldo de 8,86 euros la hora. Aplicando el convenio, por tanto, el salario por el trabajo que ofrece la FGUMA, es de 88 euros semanales. La recepción de solicitudes para este puesto de auxiliar de administración se cerró este martes a las 14.00, con unas 70 solicitudes.

Un ente privado “al servicio del sector público”

Después de varios escándalos por la contratación de familiares de miembros del anterior equipo de gobierno, la Fundación de la Universidad de Málaga dejó de ser privada a finales del año pasado para convertirse en “medio propio personificado” de la Universidad. Es, por tanto, un ente administrativo de la institución académica, “de naturaleza privada pero al servicio del sector público”, según explicó en su día la Universidad en una nota de prensa: “Esto da lugar a que una administración pública o una entidad de derecho público pueda encargarle directamente prestaciones de cualquier naturaleza, susceptibles de contratación pública, a través de encargos”.

La Fundación tiene una relación de dependencia jerárquica con la universidad y al menos el 80% de sus ingresos deben ser públicos. Esto le obliga también a realizar sus contratos de personal o suministros siguiendo las normas de contratación pública.

El Banco Santander ha negado la apertura de cuentas para cuatro estudiantes de Palestina que se encuentra disfrutando de una beca Erasmus en la Universidad de Málaga (UMA) desde hace unas semanas, pese a ser la entidad bancaria con la que esta institución académica trabaja para este programa. Se trata de una gestión que, como todos los becados, han intentado estos universitarios para poder cobrar, pero se han topado con la negativa del banco.

Javier Barquín, quien desde la UMA coordina un programa de movilidad conocido como Erasmus KA107 y ha gestionado la llegada de estos estudiantes, asegura que presentaron en la sucursal “toda la documentación que les requería el banco”, y para su “sorpresa” luego les han dado el no como respuesta por su condición de palestinos y con la excusa de que “es política de la dirección”.

En este sentido, este profesor, que también coordina un proyecto de Innovación en Derechos Humanos, ha expresado su indignación, especialmente porque el Banco Santander es la entidad bancaria con la que trabaja la UMA, como a mayoría de las universidades públicas de Andalucía “nunca antes otros estudiantes Erasmus se han encontrado con este problema”. De hecho, sostiene que recibieron el no por respuesta sin que les requieran más documentación.

Desde el Banco Santander explican que “no es porque sean de Palestina”, sino porque “ha habido muchos cambios en la regulación, que se ha vuelto muy exigente con los extranjeros, tanto que muchos no tienen la posibilidad de presentar toda la documentación que se les requiere”. Fuentes de la entidad bancaria insisten en que no conocen el caso concreto de estos Erasmus de la UMA pero que “posiblemente sea por esta razón” y niegan que haya una discriminación “por nacionalidades”.

Se trata de estudiantes de la Universidad de Birzeit y de la Al Quds Open University, a los que esta situación llevó a plantearse a la UMA la opción de pagarles con cheques, cosa que los estudiantes no querían para no tener que guardar el dinero en sus casas. Finalmente, han podido abrir sus cuentas en el Banco Sabadell con la mediación de Al-Quds, una asociación de solidaridad con los pueblos árabes que está fuertemente implantada en Málaga y trabaja por los derechos humanos en Palestina.

En cualquier caso, Javier Barquín ha mostrado también su malestar después de que la UMA se haya negado, como proponía, a firmar un acuerdo oficial de colaboración con las dos universidades de los estudiantes. Desde la UMA argumentan que ya tienen un acuerdo, pero en realidad se trata de uno puntual y que expira con este proyecto de los Erasmus, cuando él aboga por un marco más estable de colaboración, un Memorándum de Entendimiento (MOU), como ocurre con otras instituciones académicas. Entre otras cosas, resalta el prestigio de la Universidad de Birzeit, que precisamente acaba de posicionarse en la cabecera del QS World University Rankings 2018.