España tendrá más universidades privadas que públicas en 2026 por el impulso de las comunidades autónomas

En 2025 las universidades privadas lograron un hecho histórico: sumaron más estudiantes de máster que las públicas. De hito en hito, en 2026 se dará un sorpasso aún mayor y que pocos habrían aventurado hace 20 años. Por primera vez, en España habrá más campus privados que públicos. ¿Qué gran vuelco espera en la universidad?

El sector universitario se agita mientras muta hacia la privatización impulsada por las comunidades autónomas en los últimos años. Por el momento los 50 campus públicos superan a los 48 privados, pero con varios nuevos proyectos en trámite en muchas comunidades, ese balance va a caer más temprano que tarde. El Ministerio de Educación o las diferentes comunidades autónomas tienen sobre la mesa al menos diez nuevas propuestas, algunas de ellas bastante avanzadas en su tramitación aprovechando la normativa anterior, más laxa, y los gobiernos regionales, responsables últimos y únicos de la decisión (hasta octubre), van aprobando nuevos centros aunque existan serias dudas sobre la solvencia de algunos proyectos.

Un ejemplo entre tantos: la Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura (Uninde), primera privada en la región, es uno de los últimos y más ilustrativos casos paradigmáticos de las prácticas que se han venido realizando y que forzaron a intervenir al ministerio: fue validada por el Ejecutivo de María Guardiola (PP) con el trámite sin completar, con un capital inicial de 3.000 euros y con un demoledor informe negativo del Ministerio de Universidades.

Nada de eso le importó a la Junta para darle el visto bueno. Quitado el tapón, Extremadura estudia otras tres peticiones de campus privados. También lo hacen Asturias, Baleares o Aragón y lo han hecho recientemente Canarias, Galicia o Andalucía, además de Madrid, epítome de la privatización. En la última década, raro es el año que no abre un nuevo centro. En 2015 eran 33, hoy son 48, mientras no se abre ninguna pública desde 1998 (la Politécnica de Cartagena). Castilla-La Mancha es ya la única comunidad que ni tiene universidad privada ni tramita ningún proyecto.

Atacar lo público, fomentar lo privado

Aprobar una universidad con informes desfavorables, como Uninde, no es un caso aislado. A la Junta de Andalucía, los tres informes negativos que tenía el proyecto de Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) tampoco le parecieron suficientes para denegar la licencia. Ni que el centro estuviera impulsado en origen por el mismo consejero, el hoy fallecido Javier Imbroda, que aprobó el trámite parlamentario. Los ejemplos se repiten mientras esos mismos gobiernos regionales que aprueban universidades que solo ellos ven aceptables batallan contra sus campus públicos.

En Andalucía precisamente los rectorados de las 10 universidades públicas llevan al menos un par de años enfrentados abiertamente enfrentados con el Gobierno regional por la infrafinanciación que dicen recibir. Los máximos responsables de los centros acusan al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de no cumplir los compromisos, de “debilitar el sistema”, y amenazan con acudir a los tribunales.

Lo mismo, o peor, sucede en Madrid. “Peor” si se considera que es la comunidad es la más rica de España y la que menos dinero destina a sus universidades públicas mientras tiene los precios más altos. Todo decisiones políticas. Isabel Díaz Ayuso (PP), con la ayuda de sus predecesores, tiene a una prácticamente en quiebra (la Complutense ha tenido que pedir un crédito al propio Gobierno regional que debería financiarla de manera orgánica para compensar la falta de financiación real), a otra en camino (la Rey Juan Carlos) y está a punto de tramitar una ley que cronificará esa situación generando más pérdidas en la miseria. Mientras, se aprueban nuevos centros privados (el IE el último, hace un mes) y se preparan otros por la puerta de atrás para el organismo que se puso del lado de la pareja de la presidenta en el juicio contra el fiscal general por relevación de secretos.

Tiene incentivos el sector privado para apostar por la universidad. En los últimos años los gobiernos regionales de todo signo han generado una tormenta perfecta para el crecimiento de la universidad privada en España. El estancamiento de la oferta pública (los 50 centros estatales ofrecen hoy en conjunto tres mil plazas menos que hace diez años) como consecuencia de la insuficiente financiación autonómica (los estudios universitarios están subvencionados y, por tanto, abrir plazas o grados cuesta dinero), sumada a la necesidad o el deseo de formarse de la población, influido por un mercado laboral cada vez más competitivo, alimenta a las universidades privadas por ahora en un ascenso sin fin. Hace diez años tenían 178.000 estudiantes y crecían a razón de unos 10.000 al año. Hoy superan los 300.000 y suman 25.000 nuevos por ejercicio, una cifra que solo se espera que suba.

El negocio es goloso: este periódico estudió hace unos años las cuentas públicas de 23 centros (los que publicaban su información actualizada), que dejaban una rentabilidad media del 9,4%, difícil de encontrar en otro sector. Causa-consecuencia: los créditos para estudiar, mayoritariamente para pagarse las matrículas privadas, han subido un 60% en los últimos cinco años. Cada vez más gente se endeuda para costearse un grado o un máster.

El contraataque

Preocupada por esta deriva y por la ineficacia de su propio Real Decreto, aprobado hace apenas cuatro años, La Moncloa decidió endurecer la norma y poner más requisitos para que abrir universidades no quede al albur de los intereses concretos de un Ejecutivo regional. El intento del anterior ministro, Manuel Castells, de poner orden fue infructuoso: en el casi lustro que la ley ha estado vigente se han aprobado al menos 11 universidades privadas nuevas, y al menos cuatro de ellas pasaron el filtro contra el criterio de los técnicos del ministerio y de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas y que debe valorar la calidad de cada proyecto y si se ajusta o no a la normativa.

Pero esos informes no son vinculantes y por ahí se están colando proyectos de universidad que no son lo que el Gobierno –y la mayoría de la comunidad educativa– entiende debe ser una universidad: no meras academias expendedoras de títulos venidas a más, Pedro Sánchez dixit, sino lugares de generación de conocimiento que se vuelca a la sociedad bien mediante la docencia, bien mediante la transferencia de la investigación. Y esta es la pata que le cojea a lo privado (con excepciones, como la Universidad de Navarra).

El endurecimiento aprobado por el ministerio –de obligado cumplimiento para todos los centros, existan ya o no– tuvo una buena acogida en el sector, también entre las universidades privadas. Al menos eso parecía inicialmente. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), compuesta por centros públicos y privados por igual– participó de la reforma y consensuó los cambios con el ministerio sin oposición conocida. El pleno del Consejo de Universidades, órgano donde también tienen representación los campus privados, se reunió con la ministra y tampoco nadie hizo objeción alguna. Casi todo el mundo en el sector, menos el PP, veía el cambio con buenos ojos.

El falso respaldo

Solo era apariencia. Poco después de que el Gobierno aprobara la reforma del Real Decreto quienes se oponían dieron un paso al frente: la Comunidad de Madrid, la región que más apuesta por la privatización, la Universidad San Pablo CEU, que está en expansión abriendo nuevos centros, y la Hespérides, una online canaria que encaja en lo que el presidente Pedro Sánchez llamó “chiringuitos” y que deberá duplicar su alumnado para no cerrar, recurrieron la norma ante los tribunales. Para las universidades privadas que no cumplen, el nuevo Real Decreto significa dinero. Significa cambiar un modelo que a muchas les funciona: especializarse en determinadas formaciones, con mucha demanda, facturar e investigar entre poco y nada, una actividad que no genera grandes dividendos.

El Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, la comunidad que peor trata a su universidad pública, le parece que el real decreto es “arbitrario”, genera inseguridad jurídica e invade competencias autonómicas. Esto es, que le quita a la Comunidad de Madrid la potestad de autorizar universidades online para dárselo al Congreso, estén radicadas donde estén, bajo la idea de que al ser online imparten docencia en toda España.

A la Universidad San Pablo CEU también parece que le preocupa el reparto competencial, según explicó. Cree además la Asociación Católica de Propagandistas, dueña de la universidad y editora de la web El Debate, que el Gobierno genera “crispación” y que la nueva norma es “lesiva para un sector que en España funciona bien”.

Y tan bien. La facturación del sector ha pasado de 2.255 millones de euros en 2017 a 3.700 millones de euros en 2023, según el observatorio sectorial DBK Informa, una subida del 68%. Un negocio al alza: el fondo CVC acaba de ganar unos mil millones de euros (el 100% de lo invertido) en solo seis años con la compraventa de la universidad Alfonso X el Sabio, y Permira ha triplicado los 700 millones que destinó a la compra de la Universidad Europea al vendérsela a EQT por unos 2.000 millones, según la prensa especializada. Ambas operaciones se han producido en los últimos 18 meses y los expertos adelantan que habrá más: la educación superior es un negocio de alta rentabilidad que ha atraído las miradas de los fondos, muy presentes ya en el sector, y que por su propia naturaleza tienen la obligación de generar beneficio y vender rápido para devolver el dinero a sus inversores.

De la CRUE a lo privado

Pero la privatización no viene solo de la mano de gobiernos regionales y fondos de inversión. Antiguos responsables de universidades públicas están encontrando acomodo en el sector privado en los últimos años, según informó El País. Segundo Píriz cambió el rectorado de la Universidad de Extremadura por el de la Universidad Internacional de la Empresa de Madrid, Carlos Romo pasó de la Carlos III a la Alfonso X el Sabio y Roberto Fernández dejó el campus de Lleida por el de la Europea (estas dos últimas recientemente vendidas con pingües beneficios para los fondos que las poseían).

Los tres están entre los últimos cinco presidentes de la CRUE, el organismo que representa a la mayoría de las universidades de España e interlocutor del Gobierno cuando hay que plantear reformas. El cuarto (obviando a la actual, Eva Alcón) es José Carlos Gómez Villamandos, que no se ha pasado a ningún centro privado pero sí cambió la Universidad de Córdoba por la Consejería de Universidades de la Junta, desde donde ha aprobado cuatro centros privados en Andalucía en menos de un año. El último caso sonado de cambio de bando conocido es el de Ricardo Alonso, que gestionó desde el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense la adscripción de un centro privado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para, una vez aprobado, pasar a ser el responsable del mismo.