¿Quién gana con el centro del ICAM en la Complutense?: “Es crear una universidad privada sin el trámite”

¿Qué se busca con la autorización de un nuevo centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense? ¿Qué gana la UCM? El mundo universitario madrileño se agita en las últimas semanas con el próximo desembarco del ICAM en la universidad más grande –y más arruinada– del país. La decisión del Gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, de autorizar un centro adscrito a la UCM a uno de los organismos que ejerció de acusación popular en el juicio al Fiscal General del Estado (FGE) por revelar secretos del novio de Ayuso, ha puesto sobre la mesa el rol que juegan en la universidad estas entidades y los intereses en torno a su aprobación, además de ahondar en la la privatización encubierta de la educación superior en Madrid.

“De facto, la creación de este centro adscrito supone la creación de una universidad privada sin pasar por el expediente de tener que crearla. Será un centro que, a los efectos más problemáticos, es privado y que según parece será un centro de impartición de clases, no de investigación”, critica Jacobo Dopico, catedrático de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. “Pero no se puede considerar que simples centros de impartición de clases sean universidades. Una universidad es un centro de investigación y avance del conocimiento. Pretender desgajar la docencia y la expedición de títulos de la labor de investigación y avance del conocimiento de las universidades conduce a la destrucción del tejido universitario”, sostiene.

Algunas fuentes achacan a las necesidades financieras de la Complutense (reciben dinero por alojar centros adscritos), al deseo de poder e influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la imparable privatización del sistema universitario en la región la maniobra económico-formativa realizada a tres entre la UCM, el ICAM y el Ejecutivo regional.

Pero otras voces recuerdan que la universidad pública no llena el grado de Derecho (tiene una tasa de cobertura de las plazas del 90%, según sus propios datos), por lo que introducir un nuevo agente que lo imparta dentro de su campus es hacerse la competencia a sí misma. “Esto no se explica en términos económicos”, aseguran fuentes informadas.

¿Qué busca entonces la Complutense entonces con este centro? “¿Buenos juristas para impartir docencia?”, se pregunta un experto en Derecho. “Porque el ICAM no tiene, pero la Complutense tiene un montón”, se contesta sí mismo. “¿Por qué esto –un colegio profesional que imparta docencia reglada– no existe en ningún sitio? ¿Se va a investigar mucho en esta universidad? ¿Quién va a dar clases? ¿Por qué la Complutense genera una célula de competencia a sí misma?”, los interrogantes se acumulan. “Más allá del extraordinario conflicto de intereses, con lo que nos encontramos es con un proceso curioso: el ICAM sale a la defensa de la pareja de la presidenta y esta le regala una facultad”, deslizan.

La universidad asegura que su objetivo es mejorar su oferta. “La UCM, pese a ser la universidad que mayor número de plazas oferta en el grado en Derecho, no consigue cubrir la elevada demanda existente para estos estudios. Esta situación se ha acentuado tras la reciente desadscripción de varios centros que impartían dicha titulación. La adscripción de este nuevo centro responde a un contexto distinto y a necesidades actuales de la Universidad. Su incorporación permitirá ampliar la capacidad de oferta en el ámbito jurídico y atender de manera más adecuada la demanda de estudiantes. Asimismo, el proyecto aporta un valor añadido al incorporar nuevos másteres de especialización de especial interés estratégico para la UCM. Estas titulaciones contribuyen a fortalecer la posición académica de la Universidad y a enriquecer su oferta formativa”, explica una portavoz.

El ICAM tiene previsto ofrecer en un primer momento el grado en Derecho y tres másteres: en Acceso a la Abogacía y la Procura, un título obligatorio para ejercer, en Derecho de la Construcción y en Reestructuraciones e Insolvencias.

Poca transparencia

La maniobra se ha realizado con un oscurantismo poco habitual en el Gobierno que dirige Ayuso, que publicita todo lo que hace y puede llegar a enviar varias decenas de notas de prensa un solo día, pero no encontró el momento de anunciar la concesión de esta licencia, aprobada definitivamente en mitad del juicio al fiscal, tal y como informó la Cadena Ser, aunque se llevara tramitando un par de años.

El Colegio de Abogados y la Comunidad han tratado de salir al paso de la polémica y desvincular la apropiación del centro adscrito del juicio al fiscal general. El ICAM publicó una nota explicando que el proceso empezó en 2022, antes de que este periódico desvelara el caso Amador y que ha seguido todos los cauces legales –informes previos positivos y convenios firmados–, y “rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de 'pago de servicios' en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”.

La Comunidad de Madrid también ha defendido que todos los informes sobre el centro –elaborados por sus propios organismos, al ser un centro adscrito no hace falta que el Ministerio de Universidades informe sobre el proyecto– son “favorables”, aunque no los ha hecho públicos. Entre las obligaciones de estos centros está incluir un programa de investigación, una de las patas que más suele flojear en estos centros.

Los centros adscritos pertenecen habitualmente, como es el caso, a instituciones privadas que se asocian a un campus, normalmente público en un movimiento simbiótico: la universidad recibe un buen dinero a cambio de, simplemente, avalar con su nombre los títulos que ofrecen estas instituciones; los centros pueden ofrecer formaciones (grados y, sobre todo, rentables másteres) respaldadas por una universidad pública de prestigio que pueden cobrar a su alumnado al precio que consideren (suele multiplicar varias veces el coste de la universidad que lo acoge) y además se ven en el escalón previo a ser una universidad propia (un salto que se ha dado antes, y las licencias de universidad ,la capacidad de otorgar títulos, vale mucho dinero); el alumnado que se lo puede permitir obtiene un título con el sello de la Complutense, (todavía) más prestigioso que el de las universidades privadas. (Casi) todos ganan, excepto por la creación de un campus de dos velocidades enseñando lo mismo, advierten las fuentes.

El problema con este tipo de centros, cuentan varias fuentes universitarias, suele ser que aunque las universidades públicas que los acogen sean responsables formales de que cumplan con la calidad mínima, de facto nadie los controla. “Son un agujero negro del sistema que conoce todo el mundo, pero que beneficia a todos, particularmente a las universidades públicas”, sostiene un exgestor universitario.

De centro adscrito a universidad

En los últimos años, en plena ola privatizadora de la educación superior en la Comunidad de Madrid, la Complutense ha perdido dos centros adscritos, Cunef y Villanueva, que se han convertido en universidades privadas por sí mismas. Es casi una tradición en la UCM crear centros adscritos que luego acaban convirtiéndose en universidades propias. A estos dos les precedieron el CEU e incluso la Rey Juan Carlos, que es una evolución del antiguo centro Ramón Carande (de donde, por otra parte, salieron todos los implicados en el Caso Cifuentes).

Con los dos centros que ahora han salido se marchan también de la UCM los millones de euros que ambos pagaban a la universidad a cambio de su sello de calidad en los títulos: los convenios marco de estas relaciones estipulan que cada estudiante de un centro adscrito paga a la universidad pública que lo respalda el precio de una matrícula pública. Si el ICAM y la UCM han firmado un modelo estándar de convenio (este periódico ha pedido el acuerdo, por el momento sin éxito) una cuenta aproximada cifra en unos cuatro millones de euros anuales la cantidad que recibía la Complutense de estos dos centros. Unos millones que las cuentas de la UCM, que ha perdido 140 millones en los dos últimos ejercicios y ha necesitado un crédito de 33 millones de euros para evitar el colapso económico, pueden echar en falta.

La Complutense no está en condiciones de ampliar su por sus propios medios, si es que ese fuera su interés. Es el resultado de la estrategia de dejar morir poco a poco la universidad pública que todos los gobiernos populares han ido aplicando en Madrid desde que la comunidad adquirió las competencias educativas en 1999: la oferta de plazas es insuficiente para la gran demanda que existe, lo que, unido a una obligación de formarse, empuja a la gente a las universidades privadas, que crece como setas en la región. Porque sin dinero –y mucho tiene que cambiar la situación en una universidad que ha recortado el gasto un 35% a sus facultades por la infrafinanciación– no se pueden abrir grados ni másteres, que para los centros públicos siempre son deficitarios en términos estrictamente contables porque los estudios están subvencionados.

No parece que la situación vaya a cambiar en el medio plazo. A la situación actual de la Complutense, que va a necesitar recortar aún más el gasto si pretende devolver el préstamo que acaba de recibir de la Comunidad de Madrid se suma el futuro presupuesto regional, que contempla una subida en la partida universitaria de poco más del 6%, una cantidad que no alcanza lo que piden los rectores. La oposición a Ayuso en la Asamblea sostiene que “no parece que exista una necesidad real de otra facultad de Derecho, lo que sí hace falta son más plazas públicas”, según Mar Espinar, portavoz socialista.

Intereses y estatus

También hay quien enmarca el interés del Colegio de Abogados por tener un centro universitario en una maniobra de poder del ICAM bajo la idea de que quien controla la formación y las prácticas estudiantiles controla el sector, dejando a las universidades públicas “como meras certificadoras”, según explica una fuente que prefiere el anonimato. Tampoco se escapa, ni dentro de la UCM ni fuera, que ser un centro propio es el paso previo a convertirse en universidad en toda regla, un estatus que en este momento, mientras el sector privado se acaba de asentar, vale un potosí.

Algunos ven la adscripción de un centro privado a un campus público como un anacronismo. “En un determinado momento histórico los centros adscritos podían tener sentido con una universidad en expansión para ayudar a cubrir la demanda, como pasó con la escuela concertada. Igual no se podía hacer otra cosa. Pero que hoy se sigan creando centros adscritos, cuando además en la UCM últimamente han sido el germen de universidades privadas (en alusión a Cunef y Villanueva), no tiene sentido alguno”, lamenta Jesús Escribano, responsable de Universidad de CCOO y profesor de la propia Complutense.

De fondo planea también cómo se ha gestado este nuevo centro. El responsable del centro universitario ICAM es Ricardo Alonso, que era el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense durante todo el tiempo que duró el trámite entre la universidad y el ICAM y trabajó desde esa posición para que saliera adelante al menos desde hace año y medio, según explica él mismo en esta entrevista, publicada el pasado octubre, para luego pasarse al otro lado. Este periódico ha tratado de contactar con Alonso, pero no ha obtenido respuesta.