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Laia Serra

Abogada penalista, experta en igualdad de género, Derechos Humanos y discriminación.

www.advocadespenalistes.com

Estrasburgo ampara la crítica mordaz a la policía

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 28 de agosto, ha sentenciado el caso Savva Terentyev v. Rusia avalando la crítica ciudadana a la institución policial y a sus actuaciones. Esta sentencia supone un punto de inflexión en la tendencia general a la restricción de la fiscalización de las instituciones del Estado por parte de la sociedad civil. 

En febrero de 2007, en un contexto de elecciones regionales, la policía realizó una entrada y registro en la sede de un periódico local, que apoyaba un candidato de la oposición. El hecho motivó un comunicado de denuncia de una ONG local de Derechos Humanos, que desencadenó la publicación de comentarios críticos en algunos blogs. Entre ellos, el de un veinteañero que publicó un comentario en un blog ajeno, para desmarcarse del posicionamiento de su autor, diciendo: [1] “ Discrepo de la idea de que 'los oficiales de la policía todavía tienen la mentalidad represiva de jarabe de palo  de los que tienen el poder'. En primer lugar, no son policías sino maderos; en segundo lugar, su mentalidad es incurable. Un cerdo siempre continuará siendo un cerdo. ¿Quién se hace policía? Sólo los garrulos y los matones, los niveles más bajos y menos educados del mundo animal. Sería genial si en el centro de cada ciudad rusa, en la plaza central, hubiera hornos, como en Auschwitz, en los que ceremonialmente, cada día, de hecho, mejor dos veces al día (al atardecer y a medianoche) se quemaran los maderos infieles. Maderos. Ese sería el primer paso para limpiar la sociedad de la basura de maderos matones”.  

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La llei LGTBI, complexa però completa

El 4 de maig d'enguany registràvem la proposta de Llei LGTBI estatal. Es tractava d'una fita anunciada, però igualment històrica, que vam intentar assaborir al màxim. Diversos col·lectius LGTBI catalans, en concebre-la com una oportunitat d'acció col·lectiva que incidirà en els drets i en les vides de la comunitat LGTBI de la resta de l'Estat, van decidir participar-hi. S'ha pogut compartir l'aprenentatge de la tramitació de la nostra Llei catalana i hi hem incorporat aportacions rellevants, tant de reivindicacions com d'aspectes tècnics. La transformació de les demandes dels col·lectius LGTBI en redactats legals i el seu encaix amb les lleis preexistents, ha estat complexa. Una part del col·lectiu LGTBI català també ha viscut la iniciativa amb desinterès, en part per la desil·lusió general que està provocant la manca de desplegament de la Llei LGTBI catalana, que ha quedat en un segon pla de l'agenda política.

D'entrada cal delimitar les expectatives: les lleis són “regles del joc” i, com a tal, vénen dissenyades per perpetuar uns interessos i uns rols socials determinats. Una llei transversal i ambiciosa com la proposada, inevitablement xoca amb institucions tradicionals com el matrimoni, la figura del pare i de la mare o el binarisme entre d'altres. L'aprovació de la Llei comportarà grans canvis però no la reforma del sistema cisheteropatriarcal. Analitzem ara les millores que incorpora la Llei. 

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La ley LGTBI, compleja pero completa

El 4 de mayo de este año registrábamos la propuesta de Ley LGTBI estatal. Se trataba de un hito anunciado, pero igualmente histórico, que intentamos saborear al máximo. Varios colectivos LGTBI catalanes, al concebirla como una oportunidad de acción colectiva que incidirá en los derechos y en las vidas de la comunidad LGTBI del resto del Estado, decidieron participar. Se ha podido compartir el aprendizaje de la tramitación de nuestra Ley catalana y hemos incorporado aportaciones relevantes, tanto de reivindicaciones como de aspectos técnicos. La transformación de las demandas de los colectivos LGTBI en redactados legales y su encaje con las leyes preexistentes ha sido compleja. Una parte del colectivo LGTBI catalán también ha vivido la iniciativa con desinterés, en parte por la desilusión general que está provocando la falta de desarrollo de la Ley LGTBI catalana, que ha quedado en un segundo plano de la agenda política.

De entrada, hay que delimitar las expectativas: las leyes son "reglas del juego" y, como tal, vienen diseñadas para perpetuar unos intereses y unos roles sociales determinados. Una ley transversal y ambiciosa como la propuesta, inevitablemente choca con instituciones tradicionales como el matrimonio, la figura del padre y de la madre o el binarismo entre otros. La aprobación de la Ley conllevará grandes cambios pero no la reforma del sistema cisheteropatriarcal. Analicemos ahora las mejoras que incorpora la Ley. 

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El efecto boomerang de llevar a juicio el discurso del odio

El hate speech o discurso del odio es un término que los organismos internacionales todavía no han logrado consensuar y que se proyecta sobre  diversos ámbitos legales. La sociedad civil y los tribunales suelen desconocer de dónde proviene, qué busca impedir y con qué herramientas. Ante su vertiginoso avance y el peligro que representa, la Administración está pasando de la impunidad total al extremo opuesto: la judicialización en clave penal.

Todos los convenios internacionales prevén la existencia de la libertad de expresión como un derecho limitado que puede ser sometido a restricciones cuando atente contra la dignidad de los demás. Su limitación debe ser excepcional y debe obedecer a una "necesidad social democrática", justificación que va más allá de la lesión a derechos individuales. El discurso del odio es una catalogación pensada para los mensajes que o bien incitan a la violencia o bien atentan muy gravemente contra la dignidad de una persona que ha sido seleccionada por su pertenencia a un colectivo tradicionalmente discriminado. El discurso del odio es un mecanismo de poder social que busca perpetuar la subordinación de determinadas personas por razón de su origen, color de piel, identidad de género, etc. El fenómeno es grave ya que causa un triple daño: a la persona, al colectivo al que pertenece y a los valores que fundamentan la organización social: dignidad, igualdad y libertad.  

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La “manada”, misogínia organitzada?

Durant les festes dels Sanfermines es van comptabilitzar un total de 28 casos d'agressions i abusos sexuals. L'atenció pública es va fixar en el cas de la violació múltiple, fent emergir un debat silenciat fins ara: el del corporativisme masculí per cometre agressions sexuals. Gràcies a les organitzacions feministes de tot el territori s'ha posat al centre del debat el "no és no", la "cultura de la violació", la necessitat de renunciar als privilegis masculins, la indeguda responsabilització de la víctima en les agressions patides, la validació social dels agressors com element perpetuador, la violència sexual com a acte discriminatori i de l'afiançament de la dominació masculina, el cos de la dona com a terreny de conquesta...

La investigació del cas va revelar que els investigats compartien un grup de WhatsApp anomenat la “manada” en el qual compartien les seves gestes. El cas és paradigmàtic: un grup conformat només per homes, units per una afinitat tribal i que actuen en “manada”. Comparteixen en les seves xarxes socials, amb naturalitat i confiança, les diferents conductes delictives perpetrades per uns o altres. Cap d'ells mostra desconcert o expressa desacord davant del fil de missatges en els quals es narra la preparació i comissió delictiva. El grup recolza. Està allí per validar i naturalitzar aquelles mostres d'autoafirmació de masculinitat dominadora. El conjunt de missatges fa aflorar un modus operandi; tòxics, cordes, armes, agressió grupal, enregistrament dels fets i remissió de les imatges. El trofeu és demostrar la seva masculinitat hegemònica, la violència amb la què perpetren les seves agressions, la seva superioritat. La mateixa manera de procedir que en la anterior agressió a una altra dona en la localitat de Pozoblanco, que es troba sent investigada judicialment.

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La manada, ¿misoginia organizada?

Durante las últimas fiestas de Sanfermines se contabilizaron un total de 28 casos de agresiones y abusos sexuales. La atención pública se fijó en especial sobre el caso de la violación múltiple, haciendo emerger un debate silenciado hasta ahora: el del corporativismo masculino para cometer agresiones sexuales. Gracias a las organizaciones feministas de todo el territorio se ha puesto en el centro del debate el “no es no”, la “cultura de la violación”, la necesidad de renuncia de los privilegios masculinos, la indebida responsabilización de la víctima en las agresiones sufridas, la validación social de los agresores como elemento perpetuador, la violencia sexual como acto discriminatorio y de afianzamiento de la dominación masculina, el cuerpo de la mujer como terreno de conquista…

La investigación de este caso, desveló que los investigados compartían un grupo de whatsapp titulado “manada” en el que compartían sus hazañas. El caso es paradigmático: un grupo conformado sólo por hombres, unidos por una afinidad tribal y que actúan en manada. Comparten en sus redes, con naturalidad y confianza, las distintas conductas delictivas perpetradas por unos u otros. Ninguno de ellos muestra desconcierto o expresa desacuerdo ante el hilo de mensajes en los que se narra la preparación y la comisión delictiva. El grupo apoya. Esta allí para validar y naturalizar esas muestras de autoafirmación de hombría dominadora.

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Agresiones sexuales y violencia institucional

De nuevo ante la amarga y frustrante situación de tener que explicarle a una mujer agredida sexualmente que su caso judicial cuelga de un hilo. La reacción, la esperada. Incredulidad, rabia, impotencia y dolor. Ella dio el paso, denunció. Y se precipitaron una serie de acontecimientos incontrolables.

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Agressions sexuals i violència institucional

Altre cop aquest tràngol amarg i frustrant d'haver d'explicar a una dona agredida sexualment que el seu cas judicial penja d'un fil. La reacció, l'esperada i en aquest ordre: incredulitat, ràbia, impotència i dolor.

Ella va donar el pas, va denunciar. I es van precipitar una sèrie d'esdeveniments incontrolables. Ha d'encarar el flagell de responsabilitzar-se de l'agressió: si hagués actuat diferent, potser ho hauria evitat? Dubta: magrejar els genitals també es considera agressió sexual? Si l'han penetrada, no té dubtes. No es reconeix en la categoria de “dona agredida sexualment” o pitjor encara, de “violada”, una paraula innomenable. La rebutja. A partir d'ara, sap que s'expectarà d'ella el sacrifici d'un patiment resignat, exemplar. L'empatia social no abraça les víctimes reivindicatives. La primera condemna, l'estigma. L'horroritza pensar en què passaria si es desvelés “allò” al seu entorn immediat o pitjor encara, a les xarxes socials. Estant tan vulnerable no resistiria el judici moral de l'arena pública. Sap que se la qüestionaria i se li recriminaria el demanar ajuda al sistema, quan va ser ella qui ho va provocar. Per fresca, per tornar sola de matinada, per dur un vestit massa ajustat o per haver begut més del compte, etc. A les “dones de bé” aquestes coses no els passen. Enmig d'aquest col·lapse d'emocions, el xoc amb la realitat dels Jutjats. Desorientació davant del laberint, perplexitat pel tracte rebut no sempre curós, inseguretat de reclamar una atenció més respectuosa, incomoditat d'exposar la seva intimitat, estrès per la presa de decisions legals, angoixa per la incertesa, vertigen per les conseqüències de tot plegat... El procés s'allarga mesos i anys, condicionant el seu dia a dia. No aconseguirà tancar la seva recuperació emocional fins que acabi tot plegat. A cada tràmit o novetat, un daltabaix. L'angoixa aflora en forma de desagradables símptomes físics. La segona condemna, el pas pel procés judicial. Però cal resistir, si llença la tovallola, tot quedarà impune, ell seguirà fent mal a d'altres dones i ella haurà de carregar amb el remordiment de no haver-se defensat.

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Europa impone nuevas garantías para los detenidos y encausados

La Unión Europea adoptó el 30 de noviembre de 2009 una resolución sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procedimentales de los encausados en procesos penales. Este plan gradual supone ir dictando una serie de Directivas en el marco del proceso judicial penal, sobre el derecho a la interpretación y la traducción; el derecho a la información sobre derechos y cargos (acusación); el derecho al asesoramiento jurídico y la justicia gratuita; el derecho del detenido a comunicarse con sus familiares, con su empleador y con las autoridades consulares y el derecho a la salvaguardia de las personas encausadas vulnerables. En 2010 se dictó una primera Directiva que debía incorporarse a nuestro derecho estatal a más tardar el 27/10/2013, lo que no ha hecho. Esta Directiva preveía notables avances en materia de traducción, desde el momento en que regula que no puede existir un procedimiento justo o equitativo en términos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de la Jurisprudencia (precedentes) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sin asegurar una traducción e interpretación eficientes.

Así pues, aquella Directiva 2010/64/UE prevé que el encausado pueda disfrutar de un intérprete en su lengua materna u otra que domine, que se preste asistencia en la comunicación con el abogado incluso durante el juicio, el poder exigir que se traduzcan los documentos que están en el expediente judicial -las pruebas, los escritos de las partes y las resoluciones judiciales-, poder recurrir la resolución por la que se deniega el acceso a la traducción, y poder exigir, si la interpretación no es de suficiente calidad, un cambio de intérprete. Estas medidas chocarán con nuestra realidad, en la que actúan intérpretes sin cualificación demasiado a menudo y en condiciones laborales precarias y en que las personas extranjeras ven muy radicalmente dificultado su derecho a la defensa porque no se pueden explicar, se consignan declaraciones erróneas y ni tan sólo entienden del todo de qué deben defenderse y cómo pueden hacerlo.

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Europa imposa noves garanties per als detinguts i encausats

La Unió Europea va adoptar el 30 de novembre de 2009 una resolució sobre un pla de treball per reforçar els drets procedimentals dels encausats en processos penals. Aquest pla gradual suposa anar dictant una sèrie de Directives en el marc del procés judicial penal, sobre el dret a la interpretació i la traducció; el dret a la informació sobre drets i càrrecs (acusació); el dret a l’assessorament jurídic i la justícia gratuïta; el dret del detingut a comunicar-se amb els seus familiars, amb el seu empleador i amb les autoritats consulars i el dret a la salvaguarda de les persones encausades vulnerables. L’any 2010 es va dictar una primera Directiva que havia d’incorporar-se al nostre dret estatal a molt tardar el 27/10/2013, cosa que no s’ha fet. Aquesta Directiva preveia notables avenços en matèria de traducció, des del moment en què regula que no pot existir un procediment just o equitatiu en termes del Conveni Europeu dels Drets Humans i de la Jurisprudència (precedents) del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sense assegurar una traducció i interpretació eficients.

Així doncs, aquella Directiva 2010/64/UE preveu que l’encausat pugui gaudir d’un intèrpret en la seva llengua materna o una altra que domini, que es presti assistència en la comunicació amb l’advocat inclús durant el judici, el poder exigir que es tradueixin els documents que estan a l’expedient judicial -les proves, els escrits de les parts i les resolucions judicials-, poder recórrer la resolució per la qual es denega l’accés a la traducció, i poder exigir, si la interpretació no és de suficient qualitat, un canvi d’intèrpret. Aquestes mesures xocaran amb la nostra realitat, en què actuen intèrprets sense qualificació massa sovint i en condicions laborals precàries i en què les persones estrangeres veuen molt radicalment dificultat el seu dret a la defensa perquè no es poden explicar, es consignen declaracions errònies i ni tan sols entenen del tot de què s’han de defensar i com poden fer-ho.

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