El Partido Socialista de Logroño llevará al próximo pleno municipal varias medias relacionadas con el problema de las viviendas de uso turístico en Logroño. Y es que califican de “decepcionante” el plan del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la modificación del Plan General Municipal que propone el Gobierno municpal para atajar “el problema de las viviendas de uso turístico” (VUT) en Logroño, ya que “no aborda el problema de fondo y deja casi todo igual”. Alonso ha ahondado en la cuestión criticando “los diez largos meses que van a transcurrir desde el inicio de la tramitación de las zonas saturadas hasta su aplicación”, un periodo de tiempo en el que “todo seguirá igual”.

Y es que el portavoz del Grupo Socialista ha lamentado que, durante ese tiempo, “van a poder entrar nuevas solicitudes de vivienda de uso turístico en toda la ciudad, incluido en el Casco Antiguo en edificios o bloques enteros”. Alonso ha recordado que el PSOE ha defendido “la necesidad de la regulación de este tipo de viviendas desde hace más de dos años” y ha precisado que la última regulación la hizo el Partido Socialista en el año 2021.

En este sentido, el concejal ha indicado que desde la propuesta que lanzó el Grupo Socialista en 2024, se han creado 250 viviendas de uso turístico en la ciudad. Para solucionar el problema, el edil Álvaro Foncea ha informado de las cinco enmiendas que el PSOE planteará este jueves en el Pleno ordinario del mes de abril.

Las medidas del PSOE para frenar las viviendas turísticas en Logroño

La primera se centra en “mantener la suspensión de licencias en el Casco Antiguo hasta que se declare como zona saturada”, ya que actualmente “se duplica la zona de riesgo de rotura del equilibrio” según los índices de la Consejería de Turismo, ha detallado Foncea.

La segunda enmienda que ha registrado el PSOE reclama “la prohibición de viviendas de uso turístico en planta baja de ejes comerciales y turísticos”, con el objetivo de “preservar los escaparates de la vida urbana de la ciudad”, ha informado.

La tercera enmienda presentada solicita “la declaración del Casco Antiguo como zona saturada por superar el diez por ciento sobre el total de viviendas” y la cuarta es “la fijación del mismo porcentaje de viviendas de uso turístico para declarar zonas saturadas”.

Por último, Álvaro Foncea ha detallado que la quinta enmienda que el PSOE ha planteado pide al Gobierno de Escobar “un estudio anual sobre la cantidad de viviendas de uso turístico existentes por distritos y secciones censales” con el fin de “poder tomar decisiones en consecuencia”.

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la demarcación de Toledo, asegura que no han podido llevar a cabo las visitas que ofrecieron “voluntariamente” para ayudar a los vecinos y vecinas de Talavera de la Reina a evaluar los riesgos estructurales tras las inundaciones de febrero a consecuencia de la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Después de un tenso y acalorado debate en el Pleno municipal celebrado el 16 de marzo, el PSOE arremetía contra el equipo del alcalde José Julián Gregorio por “falta de transparencia” en la gestión de las inundaciones. El portavoz socialista señalaba que hasta el momento, Gregorio “no ha dado información ni documentación con informes técnicos, si es que realmente existen”, haciendo hincapié en que era necesario para que “los vecinos se puedan defender ante los seguros”.

Por su parte, el equipo de gobierno de PP y Vox alegaba la situación “extraordinaria” del episodio de lluvias, un argumento que no convencía a los socialistas. De su parte, Vox pedía “no politizar las desgracias”.

José Julián Gregorio cargaba contra la Junta de Castilla-La Mancha, señalando que “está desaparecida” después de las inundaciones. No obstante, apuntaba que dotaría una inversión de 1,2 millones de euros no solo para “evitar inundaciones”, sino con intervenciones en el aliviadero que da al río Tajo, la sustitución “integral” del colector de la Calle Carretas, e incluso la idea de un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para la inspección de las viviendas de los vecinos afectados.

“Las visitas no pudieron iniciarse”

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos (COACM) expone que el día 5 de febrero ofrecieron su ayuda de forma “completamente gratuita y voluntaria”, para realizar un servicio de inspección de viviendas donde podrían evaluar los riesgos estructurales derivados de las inundaciones. Cuatro días más tarde, recalcan que los “técnicos y responsables municipales acordaron trabajar conjuntamente”, y que el 12 de febrero desde el COACM ya contaban con “un grupo de 10 arquitectos voluntarios listos para actuar”.

Aseguran que durante los días siguientes el COACM “mantuvo contacto con el Ayuntamiento, Bomberos y Aqualia”, pero que para actuar necesitaban dos elementos “básicos”: el listado de los inmuebles afectados y el contacto de los propietarios, gestiones que “correspondían al Ayuntamiento”. Por otro lado, exponen que desde el Consistorio les trasladaron el 2 de marzo que organizasen “las visitas de manera autónoma”. Apuntan que ellos aceptaron solicitando que cada pareja de arquitectos fuese acompañado por un agente de la autoridad municipal que “facilitara el acceso a los inmuebles y el contacto con los propietarios”, pero que esa petición “no llegó a concretarse, por lo que las visitas nunca pudieron iniciarse”.

Desde el COAM explican que ante la falta de las condiciones mínimas necesarias y la falta de avances, y dado el tiempo transcurrido desde el siniestro, la comisión de emergencias del Colegio consideró el 18 de marzo que las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención“.

El PSOE de Talavera recrimina a Gregorio que “miente”

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina recrimina al equipo de gobierno del ayuntamiento (PP-Vox) de “mentir” con respecto a la gestión de las inundaciones ocurridas durante el pasado mes de febrero en la localidad toledana, ya que según destacan “no hay convenio con el Colegio de Arquitectos por la falta de predisposición del Gobierno local”.

El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha señalado que durante el Pleno extraordinario el propio alcalde “afirmó que iba a firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para revisar el estado de las viviendas de los afectados”; sin embargo, el Colegio, después del tiempo transcurrido desde su disposición, apuntaba que “las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención”.

Por otro lado, los socialistas apuntan que “el alcalde sabía perfectamente bien que no había facilitado los medios que el Colegio de Arquitectos había pedido para poder realizar las inspecciones técnicas oportunas y, sin embargo, afirmó en Pleno que se iba a firmar un convenio con ellos, mintiendo una vez más a la ciudadanía y, lo que es más grave, a todos los afectados que se encontraban en ese momento en el salón de Plenos”.

Desde el Grupo Socialista han querido agradecer tanto al Colegio de Arquitectos como a la Asociación de Arquitectos por Talavera (AxTa) su “predisposición y agilidad” para ayudar a los vecinos y vecinas afectadas y han lamentado que “ni la agilidad ni la predisposición llegase por parte de un Gobierno local que a día de hoy sigue sin dar explicaciones sobre las inundaciones”.

Los socialistas han apuntado que 49 días después de las inundaciones, el alcalde “no solo no ha dado una sola explicación ni al Grupo Socialista ni a los vecinos afectados, sino que tampoco ha puesto en marcha la Oficina de Atención que fue aprobada por unanimidad en el Pleno”. “Una vez más vemos como los vecinos y vecinas de Talavera se encuentran desamparados ante el abandono del alcalde” han lamentado.

Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y detallan que “en principio no” van a hacer declaraciones sobre este tema.

Los socialistas exigen al presidente riojano, Gonzalo Capellán, que “abandone su letargo y desarrolle” la Ley de Familia Monoparentales de La Rioja“. Y para ello, el secretario general, Javier García, ha avanzado que su grupo defenderá una inciativa en el próximo pleno. ”Han pasado ya 3 años desde que el 7 de marzo de 2023, bajo un Ejecutivo socialista, se aprobara por unanimidad esta ley, que supuso todo un hito al convertirse en la primera normativa en España que reconocía las necesidades de estas familias“. Hablamos de familias ”mayoritariamente lideradas por mujeres valientes que sostienen el 81 por ciento de estos hogares“. Esta ley ”prometía protección social, económica y jurídica“.

El líder de los socialistas ha denunciado que desde entonces el Gobierno del PP “solo se ha habilitado un registro oficial que, además, carece de utilidad práctica y que no concede derecho alguno a este colectivo”. Es un registro “que únicamente aprueba y tramita solicitudes de acreditación de esta condición, un trámite vacío que no cambia vidas y no responde a preguntas tan básicas como cuántas familias monoparentales hay en La Rioja”.

Por eso, Javier García ha exigido al Ejecutivo regional “que abandone su letargo y que despliegue todo el potencial de este texto legal”. No puede ser, ha dicho el Secretario General del PSOE, que en pleno 2026 un Gobierno “mire para otro lado mientras mujeres y niños, que además son los más vulnerables, quedan desprotegidos”. Además, “no es la primera vez que llevamos esta iniciativa al parlamento; el Gobierno y el PP ya votaron en contra de desarrollar esta normativa”. Estas familias “merecen ser visibles, reconocidas y que su Gobierno empatice con sus problemas”.

Javier García ha afirmado que a través de esta Proposición no de Ley “perseguimos un consenso para responder a los anhelos de más de 13.000 familias monoparentales en La Rioja”. Lo que queremos es “desarrollar de forma inminente la ley, que se elabore un calendario de implementación efectiva de las medidas consignadas y que los presupuestos regionales incluyan anualmente los recursos económicos necesarios para su financiación”.

El secretario General del PSOE ha señalado que Baleares, Valencia, Navarra o Euskadi “ya tienen desarrolladas sus leyes y aprobadas medidas muy eficaces”. Son comunidades “que han legislado más tarde que nosotros, pero que han elaborado decretos de desarrollo, lo que demuestra que es falso que sea necesaria una ley de familias en el ámbito estatal”. 

García ha exigido a Capellán “que explique las verdaderas causas que le llevan a no desarrollar la ley regional y, por lo tanto, a no atender las justas demandas de estas familias”. Es una muestra más de que estamos ante un presidente del Gobierno “sumido en el letargo, con una actitud pasiva y gris, que no desarrolla leyes aprobadas por la Cámara y con una falta de sensibilidad hacia colectivos vulnerables que resulta ya alarmante”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado, con los votos del PSOE, la enmienda a la totalidad planteada por el Partido Popular a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, más conocida como la ‘Ley de Acompañamiento’ de los presupuestos de la Junta para 2026, y que ha sido apoyada por Vox.

El texto normativo todavía no es definitivo porque, una vez rechazada la enmienda a la totalidad tendrá que pasar por la Comisión de Presupuestos para abrir paso a las enmiendas parciales que quieran plantear los grupos parlamentarios.

En todo caso, la norma supone notables cambios legislativos de forma agrupada, de una tacada. Es una 'ley omnibus' capaz de aglutinar numerosas reformas, incluso de calado, como en esta ocasión, y no es la primera vez que ocurre en la legislatura.

Medidas relacionadas con la vivienda o el urbanismo

Por ejemplo, y de salir adelante, la norma introducirá importantes beneficios tributarios, especialmente deducciones en el IRPF para el alquiler y la compra de vivienda habitual. En concreto, se incrementa de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.

Además se introduce un nuevo incentivo para jóvenes con una deducción del 15% por aportaciones a cuentas para la adquisición de la primera vivienda (similar a la antigua 'cuenta vivienda'), con un límite de 3.000 euros.

Se eleva de 180.000 a 240.000 euros el valor máximo de la vivienda para poder aplicarse tipos reducidos, compensando el encarecimiento del mercado y los menores de 36 años verán reducido su tipo en el impuesto de transmisiones patrimoniales del 5% al 3%, y en actos jurídicos documentados del 0,50% al 0,25%.

Nuevo sistema de fianzas de vivienda que se usará para inversiones públicas

Se regula un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda, introduciendo una disposición adicional a la Ley 2/2002 de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha, y que según se dice es “similar” al de otras comunidades. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal (establecida en la Ley de Arrendamientos Urbanos) ante la Administración regional. Algo que tiene consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

¿Qué podrá hacer la Junta mientras ese depósito está en su poder? Deberá mantener siempre disponible al menos el 20% del importe total de los depósitos para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos. Además, la Consejería competente en vivienda puede disponer de hasta el 80% restante para financiar políticas públicas. En particular para promover o rehabilitar viviendas protegidas, para renovación urbana o para políticas que fomenten el alquiler. También para ayudar a los ayuntamientos para impulsar la rehabilitación y regeneración de sus entornos urbanos o para incentivar la adquisición y promoción de viviendas nuevas.

Este sistema permite que el dinero de las fianzas, que de otro modo estaría inmovilizado, sirva como un activo financiero para dinamizar el sector de la vivienda en la región.

En cuanto al urbanismo, se agiliza el cambio de uso en parcelas dotacionales de equipamientos públicos, evitando que sea considerado una innovación de planeamiento urbano que requiera procesos largos. Eso permitirá a los ayuntamientos destinar los suelos a otros usos de forma más rápida. Por ejemplo para construir viviendas.

Deducciones para las personas que usan perros de asistencia

Hay también otras deducciones, por ejemplo para las personas que utilizan perros de asistencia: un 30%, con un máximo de 100 euros para gastos de veterinaria a vacunación.

Exención de tasas de ITV para autotaxis y cambios en el canon del agua

Habrá una exención de la tasa de ITV para los titulares de licencias de autotaxi, se suprime la tasa por acreditación de competencias profesionales para facilitar la inserción laboral de personas con baja cualificación y además del canon del agua (DMA) que ha aprobado recientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha queda excluida el agua que se usa en protección conra incendios.

En materia de agua también se dicta una exención transitoria hasta 2028 para las pérdidas de agua en redes de abastecimiento.

Además habrá bonificaciones del 100% para familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad (≥33%) y personas en riesgo de exclusión social.

Fondo Reto D para combatir la despoblación y medidas de contención sanitaria

En el marco de la lucha contra la despoblación, para la que Castilla-La Mancha cuenta con su propia ley autonómica, se ha creado a través de esta 'ley de acompañamiento' el llamado Fondo Reto D (Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación) financiado con ingresos de del canon eólico y del Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha.

Se introduce también una disposición adicional en la ley que habla de la regulación, por primera vez, de las medidas de contención en el ámbito sanitario, ya sean físicas o farmacológicas, y que según la norma “tendrán carácter excepcional” y se utilizarán “como último recursos por el tiempo mínimo necesario”. Se trata de medidas preventivas frente a “un riesgo inminente y grave para la integridad física del paciente o de terceros, una vez agotadas otras alternativas terapéuticas menos restrictivas”.

Polémica prestación de servicios sociales públicos por entidades privadas

Otro de los cambios más significativos que introduce la ley tiene que ver con la protestada prestación de los servicios sociales públicos por parte de entidades privadas y que sindicatos como CCOO han criticado duramente por entender que se trata de una privatización encubierta y han pedido más presencia sindical en este tipo de procesos. Una medida, que se matiza, no entrará en vigor hasta la aprobación y publicación de un desarrollo reglamentario.

Sobre los servicios sociales, esta norma aprovecha también para establecer el carácter estimativo del silencio administrativo (silencio positivo) para las solicitudes de teleasistencia.

Se introducen cambios también para el personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha al imponer la “obligatoriedad” de realizar todos los trámites de procesos selectivos por medios electrónicos, se reducen los plazos para presentar documentación y se flexibiliza la provisión de jefaturas asistenciales.

A esta novedad se suma otra relacionada con el sector de la Artesanía: no hará falta un informe precetivo para conseguir el título de 'empresa artesana'.

Modificación de la Ley de Estadística

La norma habla también de la gestión de datos: la Ley de Estadística se modifica para crear el Consejo Regional de Estadística y Datos, con el objetivo de impulsar la economía del dato y la digitalización.

Por otro lado, en el ámbito de simplifación de trámites, se sustituyen las autorizaciones administrativas previas por declaraciones responsables en diversos sectores para agilizar la actividad económica, como en el caso de obras en las carreteras.

Se trata de agilizar la aprobación de múltiples cambios normativos, evitando la tramitación parlamentaria individualizada de cada uno de ellos

Juan Alfonso Ruiz Molina — Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transición Digital

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, como parte del Consejo de Gobierno, ha sido el encargado de explicar en detalle en qué consiste esta ley de acompañamiento de los presupuestos regionales. Cree que se trata de una norma legislativa “ambiciosa en sus fines y rigurosa en su elaboración”, aprobada en Consejo de Gobierno el 3 de febrero pasado y que está constituida por 18 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.  

Una iniciativa legislativa, que según ha explicado Ruiz Molina, agrupa en un solo texto medidas sobre materias diversas y cuyo objetivo es “agilizar la aprobación de múltiples cambios normativos, evitando la tramitación parlamentaria individualizada de cada uno de ellos”.

Un procedimiento ordinario que es “común”, dice, en todos los parlamentos regionales y que cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, según se establece en la legislación administrativa, y cumpliendo así el Gobierno regional “de manera escrupulosa” la legislación vigente para elaborar este proyecto de ley.

El PP habla de “chapuza” y Ruiz Molina responde: “Lo suyo es de ChatGPT”

Los argumentos del consejero no convencen al PP que ha planteado una enmienda total al texto legislativo. No solo critican que se haya esperado “más de tres meses para tramitar tras la aprobación de los presupuestos” y que ahora se impulse “por la vía de urgencia”. El diputado 'popular', Santiago Serrano, ha señalado también que la ley es “una chapuza” y cree que se trata de una “una iniciativa legislativa expansiva, heterogénea y estructuralmente impropia que demuestra el nulo respeto del PSOE por las Cortes y por los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.

De igual manera, ha tachado esta ley de acompañamiento como “un atajo legislativo con el que el PSOE intenta acelerar modificaciones normativas para evitar el debate parlamentario” provocando que se reduzca “a las Cortes a un papel meramente reactivo”.

Si quieren abordar el tema de la vivienda háganlo con leyes específicas, debate sectorial serio y respaldo presupuestario auténtico

Francisco Cobo — Diputado de Vox

Por otro lado, Serrano ha expuesto que “el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha advertido en su dictamen que algunas de las disposiciones del proyecto exceden los márgenes constitucionalmente admisibles”.

El Grupo Parlamentario Vox, ha apoyado la enmienda del PP al coincidir en el planteamiento de los 'populares'. El diputado Francisco Cobo cree que hay una falta de participación tanto de los grupos de la oposición como de la ciudadanía, y califica el proyecto de “ley cajón”: “Si quieren abordar el tema de la vivienda háganlo con leyes específicas, debate sectorial serio y respaldo presupuestario auténtico”, espetaba.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha considerado “curioso” que la oposición no cuestione el proyecto, sino la herramienta legislativa utilizada para “agilizar el procedimiento legislativo que es común en todos los parlamentos”, según ha defendido.

En este punto lanzaba un 'dardo' al PP, al cuestionar la redacción de un informe jurídico presentado por aquel partido. “No sé de dónde lo ha sacado, porque señor Serrano eso no es suyo, lo ha sacado de ChatGPT Premium. Eso no lo ha hecho su señoría, con todos mis respetos, que capaz sería, pero el tiempo que dedican no es para rellenar tantos folios en esa enmienda a la totalidad, que me la he leído y me ha resultado bastante aburrida”.

El PSOE acusa al PP de “obstruccionista”

Por el Grupo Parlamentario Socialista intervenía la portavoz de Economía y Presupuestos, Silvia Fernández, quien cree que la enmienda presentada por el Partido Popular es “obstruccionista y oportunista”. Fernández ha reivindicado que esta “batería de medidas” “agiliza trámites, intensifica la lucha contra la despoblación, refuerza el sistema sanitario público, facilita mayor disponibilidad de suelo para vivienda y lo hace priorizando eficacia y eficiencia”, y ha señalado que “eso es lo que molesta a PP y Vox, que se saquen medidas para mejorar”.

Por otro lado, con respecto a las críticas del Partido Popular de no tener en cuenta lo aportado por el Consejo Consultivo, Fernández ha señalado que la Constitución Española “no impide que las leyes tengan un contenido heterogéneo”.

Además, ha manifestado que “si el PP conociese las necesidades reales de los castellanomanchegos y de las castellanomanchegas, en vez de hacer demagogia con esta enmienda, sabrían perfectamente los efectos reales tan positivos que tiene en la región”.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido hoy la toma en consideración de una proposición de ley de Vox, para su remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados, de “protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público”. En ella pide que se prohíba el burka en virtud de un texto que, según el PSOE, es “el mismo” que ya se debatió y rechazó en la Cámara Baja.

Durante el debate, el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su apoyo a esta iniciativa del partido de extrema derecha, como ya hiciera también en el Congreso. Eso pese a que la propuesta la rechaza la mayoría absoluta de los socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

La unión de ambos partidos en esta iniciativa ha llevado al secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, a arremeter contra ambos. “Mientras que otros grupos parlamentarios nacionales han registrado o están trabajando otros proyectos, proponer para enviar al Congreso, sin modificaciones, el mismo texto ya debatido y rechazado es un ejercicio de pereza intelectual, de populismo político y de menosprecio a las instituciones”.

Según ha agregado tanto el PP regional de Paco Núñez como David Moreno, de Vox, como líderes, están “muy por debajo de sus propios votantes”.

Fue a mediados de febrero cuando el PP se quedó solo secundado a Vox en el Congreso en su ofensiva antimigratoria. El de Alberto Núñez Feijóo fue el único grupo de la Cámara Baja que respaldó la iniciativa de la ultraderecha de prohibir el uso del burka en espacios públicos. Todo ello tras un debate parlamentario que, en realidad, las derechas aprovecharon para propagar su habitual discurso de rechazo a las personas migrantes.

Esta intentona de Vox, que está maniobrando en todos los ayuntamientos donde tiene representación, sí ha tenido éxito, por ejemplo, en los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina, donde gobierna con el PP, y cuyos plenos municipales han aprobado mociones de la ultraderecha para prohibir el acceso a los edificios y dependencias municipales de personas que lleven el rostro integralmente oculto, incluyendo prendas como el burka o el niqab.

Todas contaron con el rechazo del PSOE e Izquierda Unida, que señaló que se trata de una “moción cobarde que no menciona los derechos humanos”.

En plena polémica sobre sobre la adjudicación de las viviendas de protección oficial en Logroño por parte de los promotores, el Parlamento de La Rioja ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley del Partido Popular por la que pide al Gobierno central, a través del Ejecutivo riojano, que la Sareb ponga a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) las viviendas y solares que tiene en La Rioja.

PP: “No hay colaboración del Estado”

El 'popular' Diego Bengoa ha defendido la proposición considerando que es “sensato” y “una oportunidad” que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), también llamado 'banco malo', ponga a disposición de los ciudadanos viviendas. El Gobierno riojano, ha dicho, está “actuando con política útil, política real, política que llega a la gente”. Pero, ha lamentado, “no hay colaboración del Estado”.

Así, ha relatado, “la Sareb, la sociedad creada para gestionar activos inmobiliarios tras la crisis financiera, dispone de viviendas y suelos que son en gran medida de titularidad pública, recursos que han sido sostenidos con dinero de todos los ciudadanos, y que por tanto deberían estar hoy al servicio del interés general”. Ha destacado que “no tiene sentido que haya viviendas sin uso mientras hay ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda”. “Política útil es esto, detectar un recurso infrautilizado y ponerlo al servicio de la gente”, ha señalado.

IU: “Que no se haga de la política de vivienda el cortijo de los promotores”

La portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, aunque ha visto una iniciativa “de perogrullo” y después de reprochar a Bengoa “consejos vendo pero para mi no tengo”, ha saludado la iniciativa porque le ha parecido lo más lógico. No obstante, lo ha hecho “con el compromiso de que vamos a abordar el problema de la vivienda”. Y es que, ha visto, es necesario que haya viviendas que los ciudadanos puedan pagar. Por otro lado, ha pedido que no se haga “de la política de vivienda el cortijo de los promotores". “La prioridad a proteger debe ser garantizar el derecho a la vivienda”, ha incidido.

Vox: “Es una medida puntual, es un parche”

Desde Vox, Hector Alacid se ha mostrado sorprendido de que traigan “como solución la Sareb”. “Ustedes, junto con el PSOE, son los causantes de la situación que vivimos ahora, triste y dolorosa”, ah dicho. Se ha referido a una realidad de pisos compartidos, “compartiendo una balda del frigorífico”. La Sareb, ha dicho, a día de hoy, “se supone que tiene unas cien viviendas”, pero “la patronal dice que se necesitan 9.000 para equilibrar la oferta y la demanda”. Un déficit “estructural” al que ha pedido “poner coto”. La medida traída al parlamento, ha dicho, es “puntual”. “Vamos a votar a favor porque con una vivienda solucionamos la vida a una familia, pero esto es un parche”, ha dicho.

PSOE: “Hacen falta acuerdos”

El socialista Sergio Martínez Astola, por su parte, ha considerado que, en materia de vivienda, “hacen falta acuerdos”. “Las viviendas que tiene la Sareb tienen que ponerse a disposición de un alquiler asequible”, ha considerado. “Cuando se trata de mejorar la vida de los riojanos, desde luego lo vamos a apoyar”, ha insistido. Además, ha visto que tiene sentido que las viviendas tiene la Sareb a causa de la crisis vuelvan a la ciudadanía.

“Durante años la Sareb fue vista como símbolo de crisis y, desde el Gobierno de España, se está tratando de eliminar ese modelo”, ha resaltado viendo “tremendamente positivo” apoyar la iniciativa.

A través de esta Proposición de Ley, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a instar al Gobierno de España a impulsar las acciones necesarias para que la Sareb ponga a disposición del Gobierno de La Rioja, a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), las viviendas y solares de su titularidad ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, viviendas que deberán destinarse a alquiler social y/o asequible, y solares que deberán destinarse a viviendas de protección pública. También, poner a disposición de los ciudadanos las viviendas cedidas que estén en condiciones de habitabilidad antes de seis meses y, en el mismo plazo, iniciar los trámites oportunos para rehabilitar el resto.

El diputado Jesús María García ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de La Rioja a “realizar las gestiones necesarias con el ayuntamiento de Logroño y aquellas otras administraciones locales con transporte público en sus municipios para implantar en nuestra comunidad el billete único en el ámbito del transporte de viajeros”. García ha señalado que a través de esta iniciativa “también pretendemos que el Ejecutivo busque junto con el ayuntamiento de la capital una mejora de las conexiones entre el transporte rural, interurbano y metropolitano con el transporte urbano de Logroño”.

Jesús María García ha recordado que el transporte de viajeros en La Rioja “viene experimentando en los últimos años un aumento en la demanda”. Esto se debe a “la adecuación y aumento en el número de frecuencias y servicios, así como a una política tarifaria que incentiva su uso”. El diputado socialista ha dicho que también existe “una conciencia ciudadana cada vez mayor respecto a la importancia del transporte público como medio de movilidad sostenible y eficiente”.

García ha destacado que las características y necesidades de la población de La Rioja en lo referente a la movilidad “han variado sustancialmente”. Por eso, “es imprescindible una nueva planificación, así como la implementación de medidas tendentes a facilitar a la ciudadanía el uso del transporte público”. El diputado socialista ha recordado que las concesiones a empresas privadas para prestar el servicio de desplazamiento en autobús “se tienen que revisar en 2028, fecha en la que finalizan”. Por ello “estamos en el momento más apropiado para desarrollar una nueva planificación de los diferentes servicios en autobús que se prestan a la ciudadanía”.

Así, en esta PNL, el PSOE solicita, además, “que se aborden los estudios necesarios para establecer un nuevo mapa concesional en nuestra comunidad, y que se haga con dialogo con las entidades locales y agentes sociales”. Se trata de “avanzar hacia un nuevo marco que asegure una adecuada interconexión de los actuales sistemas entre sí, al mismo tiempo que se busca una ordenación y mejora de las frecuencias actuales entre los ayuntamientos riojanos” ha añadido García.

Los cierres de establecimientos del Grupo Inditex en la calle San Antón de Logroño y la situación de esta céntrica calle de la capital riojana ha sido uno de los asuntos abordados en el pleno municipal que se ha celebrado este jueves. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar ha asegurado que la reforma de esta calle “se va a ajustar a lo que vecinos, comerciantes y la lógica de ciudad exigen”.

Así, y refiriéndose en concreto a las Cien Tiendas y la calle San Antón, Escobar ha defendido en primer lugar que toda obra “debe ir de la mano del comercio, cualquier intervención que se haga tiene que obedecer al modelo de ciudad, a la coherencia y al sentido común”. Así, ha incidido en que “eso nos lleva a que en Cien Tiendas no podíamos permanecer en el error de obras de la anterior Legislatura, había que corregir el rumbo y planificar, ahora se está ejecutando esta planificación, empezando por la calle Beti Jai, y luego, siguiendo en Doctores Castroviejo”.

Respecto a San Antón, ha dicho que “no es una calle cualquiera ni es calle aislada, una intervención mal hecha en esta calle nos podría conducir a que pasara lo mismo que en Cien Tiendas”, por lo que ha defendido “tener una visión de conjunto”. Un trabajo que comenzará “en los próximos meses” por la rotonda “que va a beneficiar al comercio, mejora la conexión en toda la ciudad, mejora la conexión con las estaciones que es fundamental, da más facilidad para encontrar aparcamiento y va a hacer que se perciba san anton como más amable en lo peatonal.

Posteriormente, vendrá “la reurbanización de la calle en sí, asegurando en ese proyecto que se ajusta a lo que vecinos, comerciantes y la logica de ciudad exige, porque se va a hacer un proyecto de acuerdo a lo que exigen los protagonistas de la calle”. “Es una lógica de ciudad que es la que va a presidir todas las intervenciones que se van a ir sucediendo a partir de ahora”, ha dicho. Escobar ha relatado la visita realizada a la panadería de Marisa, donde ha comprado rosquillas de San Blas, que ha enseñado en el pleno, apuntando que la propia comerciante le ha pedido que traslade que “compremos en nuestras tiendas, porque cada vez que lo hacemos, mantenemos el comercio y mantenemos sus empleos”. “Merece la pena seguir peleando por este proyecto de ciudad, que cada vez es, según los datos, mas comercial”, ha finalizado Conrado Escobar.

Ejemplos y negocios concretos

Escobar ha hecho esta declaración tras haber sido interpelado para que hablara por parte del portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Luis Alonso, después de que en la sesión plenaria se hayan debatido dos mociones, una socialista y otra del Partido Riojano, sobre el comercio en la ciudad y, específicamente, sobre la reforma de la calle San Antón.

“Es un asunto claramente de ciudad, en el que estamos comprometidos todos los que estamos aquí, y en el que hay que insuflar ánimos a todo el tejido comercial, ésa es la principal apuesta que hay que hacer”, ha comenzado el primer edil logroñés, que ha agradecido expresamente las intervenciones en estos temas del portavoz riojanista Rubén Antoñanzas, y de la edil de VOX Patricia González Lacarra.

Para ilustrar su argumentación, Escobar se ha referido a personas y negocios concretos, a “Samuel, que ha abierto una barbería; a Jorge, fisioterapeuta; a Inés que ha impulsado una farmacia; a Zapatería Gaymo y a una agencia de viajes, que han abierto en Gran Vía; a 'Pan Blanco', que se ha trasladado y ha ampliado; a Tous, que ha ido a San Antón para vender más”.

Ha citado igualmente “al Carrefour que regenta una familia logroñesa en El Campillo; una floristería en Duques de Nájera; una pastelería que acaba de recibir un premio en el Mercado del Corregidor; dos iniciativas que han abierto en la Plaza del Mercado llenándola de vida; Valeria, que está en obras para abrir una tienda de moda en Luis Barrón; o la chocolatería San Ginés que acaba de abrir en Avenida de Navarra”.

“Son datos, pero también son ejemplos”, ha subrayado Conrado Escobar, que, “con mensajes adecuados y claros, como me han pedido”, ha relatado “qué estamos haciendo, en la parte más operativa”. “Y lo primero que hemos tenido que hacer es arreglar los desaguisados que nos dejaron, que han sido numerosos”, ha apuntado. Así, ha reseñado como “lo más dramático, que ha sido Cien Tiendas”, donde, como ha afirmado, “ya se respira otro ánimo”; el de Duquesa de la Victoria o Sagasta, tareas que “nos emplearon la mayor parte de la energía en la primera parte de la Leigslatura”.

A ello ha sumado que “teníamos que escuchar, lo que gusta oir y lo que no, hacer este ejercicio democrático que estamos tratando de llevar a cabo cada día, y que es lo que nos ha está permitiendo desarrollar los proyectos”. También ha hablado de la necesidad de “dinamizar, porque todas las voces autorizadas nos están diciendo que consumo y hábitos están cambiando, por la generalización de plataformas digitales”.

Pero, por contra, ha subrayado que ese cambio de hábitos también está ligado al turismo y ha puesto otro ejemplo: “ayer mismo, en una juguetería de San Antón, me decían que los empleados están aprendiendo inglés porque cada vez viene más gente a comprar a la que tienen que atender en esa lengua”. “Nos tenemos que adaptar a nuevos formatos”, ha detallado el regidor municipal, que ha valorado la labor del edil Miguel Sáinz con iniciativas como CuCo; “la ilusión que está suponiendo para el sector la candidatura para ser Capital Europea del Comercio”; o la innovación con una plataforma de fidelización del comercio, de la mano de la Cámara y de la FER.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy, de forma definitiva, la modificación puntual del Plan General Municipal que afecta al PERI 44 ‘Portillejo I’, cuyo objeto es la segregación y ordenación pormenorizada del ámbito delimitado de la U.E. ‘San Lázaro I’, integrándolo en la trama urbana de su entorno, lo que supone un nuevo impulso para la futura implantación de usos residenciales y vivienda protegida, así como la ampliación de zonas verdes y nuevos viales.

Una vez realizados todos los trámites administrativos previos (aprobación inicial, exposición pública y aprobación provisional), el Pleno ha aprobado hoy, definitivamente, el documento de modificación puntual del Plan General Municipal de Logroño, en el que se determina la segregación del PERI 44 ‘Portillejo I’, así como la delimitación y ordenación de la Unidad de Ejecución N08.8 ‘San Lázaro 1’, integrándola en la trama urbana de su entorno.

La ordenación de este espacio implica avanzar en el desarrollo de este Plan Especial de Reforma Interior (PERI), ubicado entre la Avenida de Burgos y las calles Rodejón y Portillejo, que fue ya delimitado y aprobado hace más de 25 años, en su tránsito hacia un uso residencial, tan necesario hoy, desde su actual carácter industrial, en el entorno de Avenida de Burgos.

Esta modificación puntual segrega y ordena pormenorizadamente los 10.453 metros cuadrados de superficie delimitados en la U.E. N08.8 ‘San Lázaro 1’, y situados en la parte oeste del PERI 44, entre las calles Avenida de Burgos, Entrena, Rodejón y la prolongación Estrella Sacristán.

En la parte segregada, es decir en la Unidad de Ejecución N08.8 ‘San Lázaro 1’, se plantea una ordenación con edificios de uso residencial más usos libres privados donde podrán desarrollarse 9.805 metros cuadrados de edificabilidad para unas 90 viviendas libres, así como 4.707 metros cuadrados de edificabilidad para albergar unas 40 viviendas protegidas al incorporar a la ordenación una parcela municipal anexa.

De los 10.453 metros cuadrados de superficie total de esta U.E., 6.781 metros cuadrados, es decir, el 64,9%, son destinados a espacios libres de uso y de dominio público, como son el viario y las zonas verdes de recreo y expansión.

El resto del PERI 44 ‘Portillejo I’ quedará con 18.862 metros cuadrados de superficie entre las calles Avenida de Burgos, Portillejo, Rodejón y la prolongación de Estrella Sacristán, que serán ordenados en próximas tramitaciones administrativas.

La Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de La Rioja ha salido adelante este lunes en el pleno del Parlamento riojano, con los votos del Partido Popular y tras haber tumbado, con la mayoría absoluta de este partido, las más de mil enmiendas de la oposición. Tras la sesión celebrada en la Cámara riojana, el presupuesto elaborado por el Gobierno de La Rioja entrará en vigor el 1 de enero con la aportación de las enmiendas presentadas por el Partido Popular.

En total, el proyecto de Presupuestos para 2026 alcanza 2.118,60 millones de euros (1,66 por ciento más que el del 2025). Su aprobación, para la portavoz 'popular', Cristina Maiso, es “una buena noticia” dentro del “triste panorama” nacional. El Grupo Parlamentario Popular registró 108 enmiendas que fueron incorporadas al Dictamen del Proyecto de Ley tras su aprobación en la Comisión de Presupuestos del pasado 12 de diciembre. Maiso ha citado, entre las incorporaciones al presupuesto que suponen las enmiendas del PP, el aumento de 200.000 euros para el futuro nuevo Centro Marqués de Vallejo, “mejorando esta partida para acometer la construcción con las máximas garantías”.

También, una enmienda por importe de 100.000 euros para la destilación obligatoria de la OCM y 140.000 euros destinados a FECOAR para un trabajo sobre el modelo cooperativo en esta materia. En materia de infraestructuras hidráulicas, dos enmiendas se enfocan a la redacción de planes para balsas de regadíos, una de ellas para las comunidades de regantes, por importe total de 150.000 euros.

IU: “No responden a las necesidades de riojanos y riojanas”

En la sesión de este lunes, el debate ha comenzado con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha empezado por afear al Partido Popular y, por ende, al Gobierno de La Rioja, su “filibusterismo” dado que, desde que entraron los presupuestos en el Parlamento, no hay sesiones ordinarias. Por tanto, ha lamentado, los grupos parlamentarios no puede ejercer “el control e impulso gobierno”. “Esto les dará tranquilidad en fechas navideñas pero impedirá hablar de los problemas cotidianos”, les ha dicho.

Moreno ha insistido en que los presupuestos “no responden a las necesidades de los riojanos y las riojanas”. A su juicio, los 'populares' está “alejados del día a día” y se dedican a hacer “anuncios como aviones a londres”. “Dice la portavoz 'popular' que nuestras enmiendas son ideológicas, evidentemente, porque es ideológico eliminar las listas de espera”, ha indicado.

Para Moreno, es necesario garantizar la vivienda “para aquellos jóvenes que deciden emanciparse, no para quien puede permitirse el lujo de comprarse una casa”. Frente a esto, ha completado el diputado de IU Carlos Ollero, estos presupuestos presentan “programas aislados” pero no resuelven el problema y no intervienen en el precio de mercado.

VOX: “Los peores de los últimos tres años”

Los presupuestos son, para el portavoz de Vox, Ángel Alda, “los peores de los últimos tres años”. Ha denunciado la “estafa que representa el PP” y ha abogado por una “reducción radical del gasto improductivo” suprimiendo entidades como el IRVI. Para Alda, es necesario derogar la Ley de Memoria Democrática y defender las tradiciones con aportaciones a entidades como El Club Taurino o el Grupo Paso Viviente. Por contra, ha visto necesario eliminar las subvenciones a los sindicatos.

En este sentido, más adelante el también diputado de Vox Hector Alacid se ha preguntado “que aporta La Rioja 360 a un ganadero a pérdidas”. Para Alda hay que dedicar “el dinero publico a lo que importa” y, por eso, ha visto, se hace necesario un aumento de los avales a las empresas. “La Rioja no avanza como debiera”, ha visto. “Vox quiere algo distinto, hemos demostrado que estamos dispuestos a dialogar con el PP pero éste se siente mas cómodo gobernando a favor de la izquierda”, ha señalado.

PSOE:

El socialista Miguel González de Legarra ha puesto el acento en que “los presupuestos no son números sobre un papel, sino la manera en que una comunidad decide cuidar a su gente”. En este sentido, ha indicado, las 141 enmiendas del PSOE pretendían “hacerlos mas justos, proteger derechos, reforzar la transparencia y evitar que el gobierno pueda actuar sin rendir cuentas”.

Ha abogado por un modelo “radicalmente diferente” para la sanidad, apostando por la pública. De este modo, ha dicho, las enmiendas socialistas planteaban 21 millones de euros más para la sanidad pública “frente a unos presupuestos basados en recortes y ficción contable”. Ha visto “irresponsable y desmotivador” que no se prevea un aumento de los salarios y aumento de personal en la sanidad pública. “Así no se puede retener talento”, ha dicho.

En cuanto a Educación, la socialista Teresa Villuendas ha señalado cómo los presupuestos contienen “76 millones de euros para conciertos educativos sin exigencia de equidad”. “El equilibrio se rompe cuando lo privado crece a costa de lo público”, ha lamentado.

También dentro del Grupo Socialista, la diputada María Somalo ha echado en falta inversión un centro terapéutico de menores, ha visto necesario incrementar el número de plazas para menores en protección, dado que “el Chalet de Sabas es insuficiente” y ha lamentado que “La Rioja es la comunidad que menos invierte en justicia gratuita”.

PP: “Los presupuestos más sociales”

La 'popular' Cristina Maiso ha cerrado el debate destacando que La Rioja tendrá “los presupuestos más sociales” con “siete de cada diez euros dedicados a políticas sociales” sumado a un ahorra fiscal. “Somos la segunda comunidad con el tipo más bajo del IRPF”, ha dicho. En cuanto a las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, ha considerado que “no aportan nada novedoso o de avance al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026”. “De aceptarlas, nos llevarían a un pasado reciente de esta Comunidad Autónoma, al que los riojanos dijeron en las elecciones de mayo del 2023 que no querían volver”, ha aseverado.

En la sesión de este lunes también se ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que también se han rechazado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, las enmiendas de los grupos de la oposición.

Desde el Grupo Podemos-IU se pedía eliminar “la propuesta neoloberal de deflactación automática”, así como las “rebajas injustas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, en palabras de Carlos Ollero, además de poner en marcha un impuesto para las grandes superficies y a las viviendas turísticas.

Desde Vox, Hector Alacid ha apelado a la Constitución para señalar cómo ésua indica que “los españoles son iguales ante la ley” y, por tanto, en su cumplimiento hay que aplicar una “prioridad nacional”.

La socialista Sara Orradre ha lamentado que, desde el Partido Popular, no se haya concedido “ni una mísera pedrea” aceptando alguna enmienda.

Además, ha denunciado un “nuevo intento de cercenar la participación ciudadana” por parte del Gobierno riojano con la modificación de la Ley de Igualdad para “vaciar de funciones el consejo”.

El 'popular' Carlos Cuevas ha valorado cómo, con esta ley, se acaba con la “sobreprotección del lobo” al eliminar las tasas por su caza y ha destacado cómo se alcanzarán los 220 millones de euros de ahorro fiscal “para todos los riojanos”.

Dentro de la Ley de Medidas Fiscales se ha incorporado una enmienda del Partido Popular, que ya anunció el propio presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, que implica una deducción por enfermedad celiaca diagnosticada de 250 euros por cada persona. También, bonificaciones para la caza y “como medida extraordinaria vigente mientras España no sea reconocida como país libre de peste porcina africana, reducciones de hasta el cincuenta por ciento en sus tarifas” para la caza del jabalí.

El pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado -con los votos a favor de PP, PSOE y VOX- la modificación puntual del PGM del sector Ramblasque. Un punto en el que ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, destacando que hoy se da “un paso muy importante” para la ciudad y para la vivienda. “Y lo hacemos siguiendo la estela del buen urbanismo logroñés”, ha destacado.

Como ha asegurado en su discurso, con este paso dado hoy en pleno se sigue avanzando “hacia una ciudad compacta, sostenible y saludable que ahora mismo tiene el foco puesto en la emergencia social que es la vivienda”. Por eso, la aprobación de este paso administrativo permitirá impulsar “la mayor transformación urbanística y residencial de los últimos 30 años de Logroño”.

Es tal “la magnitud” de la operación que hoy se aprueba, según ha indicado Escobar, que esto se traduce “en más de 2000 viviendas en este sector y 900 de ellas protegidas”. Como ha recordado, este paso viene precedido de un convenio urbanístico “que es el que exige a los promotores asegurar al menos el 40 por ciento de vivienda protegida”.

Además, en este sector, el de mayor superficie, se conseguirá que el 60 por ciento de la superficie intervenida “tenga un uso público, dotaciones, viales y de superficie verde”. Con lo que “beneficiará directamente a todos los logroñeses y conseguiremos conectar nuestra ciudad con Lardero, entre el norte y el sur y el este y el oeste porque Avenida de la Sierra comenzará a avanzar en noviembre de 2026 y será gracias a este convenio”. Pero además “todo ello se enmarca en un urbanismo de máxima calidad”.

Previamente, el concejal del PP, Javier Martínez Mancho, ha informado de este nuevo paso “fundamental” para continuar impulsando esta zona de Logroño. En concreto, se modifica el uso dominante del sector de residencial unifamiliar -que genera la exclusividad a ese tipo de construcciones- a uno de residencial genérico.

El documento se aprobó en julio pasado y tras someterlo a exposición pública, presentar alegaciones -que se han desestimado- y mostrar los informes oportunos, este jueves se ha aprobado la propuesta de acuerdo planteada por los servicios jurídicos del Área de Urbanismo fundamental para “no demorar y seguir dando pasos necesarios para desarrollar el sector”.

Según ha destacado, hará de dicho barrio “un área con más actividad económica, con más inversiones y con más empleos”, tal y como ha indicado. Se pasarán de unas más de 270 viviendas -que era lo que contemplaba el plan anterior- a la construcción de más de 2000 viviendas, de las cuales -ha reiterado- el 40 por ciento deberán ser de Protección Oficial, previsiblemente unas 900.

Una modificación que da respuesta, a juicio del PP, “a la necesidad de vivienda” y que cumple con los objetivos de ciudad compacta, entre ellas, la sostenibilidad, el aprovechamiento del suelo y la mezcla de usos. “Plantea un desarrollo de densidad media, adecuado al modelo de ciudad del siglo XXI”.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en su sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, una suspensión por el plazo de un año para la concesión de licencias de viviendas turísticas en todo el término municipal de la ciudad, de manera que, en ese periodo, se pueda confeccionar “la mejor regulación” de estas fórmulas habitacionales.

Un acuerdo que se ha alcanzado con la única abstención de la concejala no adscrita Eva Loza, mientras que el resto de los Grupos han votado a favor. Como ha afirmado en la defensa de la propuesta la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, “es una cuestión de gran trascendencia para Logroño, el alcanzar ese equilibrio entre el derecho a la vivienda y al descanso, y la actividad económica”.

Ha reconocido “la dificultad actual” en el acceso a la vivienda, ante lo que ha puesto en valor el Plan de Vivienda puesto en marcha por este Ejecutivo local, al tiempo que ha reseñado “la cada vez mayor demanda en los pisos turisticos”, algo que afecta “al equilibrio y convivencia entre las dos cuestiones en la ciudad”.

Una moratoria de un año para “encontrar la regulación más adecuada”

Para ello, se ha propuesto la suspensión temporal de nuevas licencias de apartamentos turísticos en todo Logroño para, en el plazo de un año, “encontrar la regulación más adecuada para ordenar este tipo de elementos”, lo que, según ha centrado, “o en modificar el PGM o en crear una ordenanza para regular estos elementos que han causado que en determinadas zonas de la ciudad haya saturación”.

Además, la propuesta plantea realizar “un estudio de la situación que se puede producir de manera transitoria, porque hay que atender a las licencias que ya han sido solicitadas, pero que queda suspendidas y que habrá que ver si se tramitan o no”. Sanz ha mostrado su confianza en que “esperamos solucionar esta regulación en los próximos meses, incluso antes del plazo de un año”.

La respuesta de la oposición

Por parte de los Grupos Municipales, la portavoz de IU-Podemos, Amaia Castro, ha señalado que “por fin” se aprueba en el pleno una moratoria de los pisos turísticos, algo que ha agradecido al alcalde. No obstante, también ha considerado: “sS queda corta, si hubiera venido antes nos hubiéramos ahorrado unos 400 pisos y se hubieran podido tomar medidas más adecuadas”. Con todo, ha mostrado su esperanza en que “esta moratoria sirva para tomar medidas entre todos de cara a solucionar una situación que está causando muchos problemas en la ciudad”.

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas se ha sorprendido de que la medida “llegue tan tarde, ante un tema que se ha salido de control”. Aunque ha mostrado su preocupación porque “parece que no tienen hoja de ruta” y ha dicho que le “genera dudas su procedimiento”, ha considerado que “es un tema que es necesario y confía en que lo tiene bien atado judicialmente, ganamos un año pero hay que ponerse a trabajar en ello”.

La portavoz de Vox María Jiménez también ha creído “la situación actual exige actuar con urgencia” y ha advertido de un “crecimiento descontrolado que está teniendo consecuencias evidentes en la vivienda y en la convivencia”, pero ha reseñado que “esta suspensión no es solución definitiva, sino algo temporal para poner en marcha regulación seria y duradera, en la que es necesario fijar límites y controles, porque si no, dentro de un año estaremos igual”. “No hay que gobernar con parches, es necesaria normativa estable”, ha concluido.

A juicio del portavoz del PSOE, Luis Alonso, la propuesta, con la que se ha mostrado de acuerdo, “llega tarde, el número de viviendas turísticas está descontrolado, hay un gran descontrol en la escalada de pisos turisticos, pero tenemos la sensación de que se han pasado dos años sin que -en referencia al Gobierno local- hayan movido ficha”. En todo caso, ha apelado “a trabajar con tiempo y a hacer las cosas bien”.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha intervenido en el turno de portavoces por el PP para señalar que la suspensión “es reultado de un trabajo técnico, político y jurídico que dará lugar a tiempo de escucha con todos los afectados”. Ha afeado a quienes mandaron en la Legislatura anterior, porque “no se hizo nada” y aunque ha dicho que “no prometemos soluciones mágicas, es el inicio de proceso dialogado, riguroso y técnico, porque Logroño merece turismo de calidad y sostenible y una ciudad más habitable”.

Conrado Escobar: “El equilibrio es compatibilizar un turismo saludable con la salud residencial”

Para cerrar tanto este punto, ha intervenido el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar. “Era necesario abordar una cuestión emergente que caracteriza a muchas ciudades, las fórmulas habitacionales turísticas”, ha subrayado. Todo, ha asegurado, “con la determinación de hacer todo por interés general y por el bien común, eso implica dialogar y tratar de llegar a un consenso”.

En sus palabras, “lo más cómodo hubiera sido mirar a otro lado” en estos asuntos, y si bien ha reconocido que “la decisión no deja satisfecho a todo el mundo, hay que saber que hay un bien cómun que es lo que nos mueve y lo que legitima nuestras decisiones”.

“Hemos entendido que Logroño es una ciudad de convivencia, viva y dinámica, que es cada vez más atractiva para los visitantes. Y esa convivencia es lo que delimita el tablero de juego, y establece las limitaciones en cualquier acción, lo que nos lleva al equilibrio, a compatibilizar un turismo saludable con la salud residencial, reclamando mejores condiciones de habitabilidad”, ha dicho el regidor municipal.

Por eso, ha unido “la política de vivienda que estamos llevando a cabo”, a “plantearnos regulación, no prohibición” de las licencias, para la regulación “que se hará de la mano de las unidades técnicas”. A partir de ese año, “el resultado tiene que tener en cuenta y respetar los valores que como ciudad nos hacen fuertes y nos identifican: la vida en las calles, ese es el intangible a proteger; la habitabilidad en el Casco Antiguo, donde está la esencia de la ciudad; y la actividad económica”.

“Está en juego el equilibrio y la habitabilidad de Logroño”, ha finalizado asegurando Conrado Escobar, quien, por último, ha subrayado que todo se hará “tendiendo siempre la mano al diálogo y teniendo en cuenta que siempre prevalecerá el bien común”.

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha centrado su intervención en el Debate sobre el Estado en el problema de la vivienda de lo que ha dicho que es, en realidad, “un problema de especulación y de codicia” y la situación de habitabilidad en el Casco Antiguo, convertido en una “feria de borrachera”, ha criticado. Ante ello, Conrado Escobar ha dicho estar estudiando “concienzudamente” una suspensión de la concesión de nuevas licencias de apartamentos turísticos.

Amaia Castro le ha dicho también a Escobar que Logroño “no avanza, pierde dinero y aumenta en las desigualdades” y que “no tenga plan, ni rumbo” para la ciudad.

Sobre la vivienda, ha reclamado que “mientras haya familias que no puedan pagar el alquiler, ni un piso turístico más”, así como ha exigido “la penalización fiscal a quien acumule viviendas vacías porque quien convierte las casas en cajeros automáticos destruye barrios y, por ello, destruye la ciudad”.

Castro, en este punto, se ha referido a la situación del Casco Antiguo, que “un día fue el corazón de la ciudad, y hoy parece una feria de borrachera”, llegándole a acusar de haber convertido a Logroño “en la Magaluf del Norte”. Todo ello, provoca que “los vecinos se marchen porque no aguantan más”. Así, ha destacado como positivo la puesta en marcha de sonómetros, aunque ha puntualizado: “Una cosa es medir el ruido, pero debe tener la valentía de frenarlo”.

Por ello, ha exigido una Ordenanza de Terrazas “valiente, y no de postureo”, para ponerle de ejemplo al Ayuntamiento de Alicante que “ha reducido a la mitad las terrazas en su ciudad en las zonas acústicas saturadas; eso es gobernar y hacerlo con valentía”. “Necesitamos aprobar la ordenanza de ruidos, y necesitamos, por supuesto, limpiar el casco antiguo, porque una ciudad puede tener fiesta, pero una ciudad sin descanso, sin vecinos, sin alma, acaba muriendo”, ha añadido, puntualizando que el Casco Antiguo “no solo se esta volviendo una zona invivible sino que también está perdiendo su alma”.

Fondos Europeos y Plan General

Por otra parte, Castro se ha referido a la gestión del Equipo de Gobierno, lamentando que “han perdido 7 millones de euros de fondos europeos; dinero que se ha perdido primero por su incompetencia y luego por su ánimo de venganza con la legislatura anterior”. A ello, ha unido que “arrancamos el año con un agujero de 8 millones de euros, algo que es la primera vez en la historia que ha ocurrido”.

Para solucionar este asunto, ha criticado que la solución “es la de siempre, recortar y vender; porque están vendiendo el patrimonio municipal, que es de todos, para pagar ese agujero y ese problema que ustedes mismos han creado”. No ha obviado Castro en su intervención referirse a la remodelación de la calle San Antón, que era “su proyecto estrella de legislatura” que “ahora va para la siguiente legislatura”, algo que hace tener “poca credibilidad”.

Sobre el Plan General, la portavoz de Podemos-IU le ha acusado a Escobar de “mentir” porque “los técnicos ya advirtieron en el 2023, y se lo dijeron, que el contrato era inviable, pero le dio igual, y siguieron adelante, resucitando el contrato”. “Ignoraron los informes, ignoraron a la oposición y, además, acabaron cesando a la directora general, algo que ha propiciado más de dos años perdidos y cero consensos”, ha añadido, para indicar que “mientras tanto, Logroño sin plan y sin rumbo”.

Para Castro, además, el Equipo de Gobierno, en materia de movilidad, “han excluido de la participación a todos los colectivos y asociaciones involucradas en la movilidad sostenible y además estos colectivos denuncian una opacidad y unas trabas de acceso a la información pública a niveles nunca vistos”. Con ello, ha asegurado que “han destrozado lo que había en movilidad ciclista avanzada con estándares europeos y nos han vuelto a llevar a modelos de los años 80”.

Ha criticado la política en materia de comercio del Ayuntamiento, porque “solo abren locales donde se puede comprar alcohol a las cuatro de la mañana, las franquicias de ramen o los comercios que solo son para turismo”, por lo que le ha acusado de “no apoyar al comercio local”. También Castro ha lamentado la “suciedad” de la ciudad, y ha censurado que en las fiestas de San Mateo “se gastaron un millón y medio de euros sin rumbo y sin sentido; más dinero pero menos participación que nunca, así como sin autocrítica”.

Para concluir, le ha pedido que deje el Logroño de 2050 y aterrice en el de 2025, porque la ciudad, ha creído, “se merece un presente y un futuro donde el eje no sea el marketing, sino la vida, además de necesitar viviendas asequibles, barrios limpios y servicios que funcionen”.

La respuesta del alcalde: Se plantea suspender las licencias de pisos turísticos

En la réplica, Escobar le ha señalado que se alegraba de que “se haya reconciliado con la ciudad”, porque “todos esos problemas que ahora mismo le asaltan, antes estaban olvidados”. Sobre el Casco Antiguo, le ha recordado la moratoria de un año en la concesión de nuevas licencias, de discotecas, de pubs, de similares, y también para la instalación de nuevas terrazas y que el próximo pleno se abordará la Ordenanza de Terrazas que “reducirá al menos un 20 por ciento de media la ocupación de la hostelería, si bien eso no quiere decir que haya que perseguir a la hostelería, sino que la buena hostelería es un activo económico y turístico de primer orden y, por tanto, hay que buscar siempre ese punto de equilibrio”.

Ha recordado las actuaciones policiales en el Casco, recordando que “los mayores botellones en la ciudad se produjeron cuando gobernaba el Partido Socialista, Unidas Podemos y el Partido Riojano, mientras que nosotros hemos tomado medidas”. En este punto, ha señalado las medidas del “sonómetro” y la instalación de 50 cámaras de seguridad en Logroño, además de poner en valor la aprobación de las zonas de protección acústica especial.

En materia de limpieza, el alcalde ha asegurado que “se ha hecho un esfuerzo extraordinario, fundamentalmente con el nuevo servicio de recogida de vidrio, el puerto a puerta en hostelería, que seguramente es mejorable”.

En su intervención, Escobar ha anunciado que “estamos estudiando muy concienzudamente la moratoria de suspensión para la concesión de licencias de apertura de apartamentos de uso turístico”. “Estamos estudiándolo porque más allá de la voluntad política de la determinación está la parte técnica que es importante, y está la parte jurídica que tiene que brindarnos cobertura”, ha añadido.

Sobre la vivienda, le ha acusado a Castro de “haber cerrado la oficina municipal de vivienda”, y luego “destinar los palacetes protegidos de Comandancia para vivienda protegida, algo que tendrán que explicármelo”. Frente a ello, ha indicado que han optado por otra “fórmula”, como es la cesión del derecho de superficie, con la que, según ha resaltado Escobar, obtendrán “un canon por un arrendamiento a cambio de que se construyan ahí viviendas de alquiler protegido”.

Ha defendido la gestión sobre San Antón: “Les hemos ahorrado disgustos a los logroñeses y dinero a los logroñeses, ya que el plan del anterior Equipo de Gobierno era imposible”, además de poner en valor sus actuaciones en materia comercial, y las de carriles ciclables.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, a través de los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha defendido la tramitación administrativa que se está llevando a cabo para la contratación de la Terraza de San Mateo, entre las acusaciones de la oposición de, entre otras cosas, “falta de transparencia” y la petición de explicaciones al alcalde Conrado Escobar.

El pleno del Consistorio ha vivido este jueves, en su sesión ordinaria correspondiente a septiembre, una tensa comparecencia a petición del Grupo Mixto PR+ para que Sainz explicara esta cuestión. En palabras de su portavoz, Rubén Antoñanzas, “es un tema que está creando mucha alarma social”, reclamando “aclarar el papel del Gobierno del señor Escobar con la empresa que seguramente recibirá la adjudicación”.

En este sentido, ha apuntado que “hay indicios de que el Gobierno del señor Escobar -a quien ha reclamado explicaciones- ha mantenido contactos con esa empresa y de que tenía indicios de lo que contenía el pliego”, apuntando que “24 horas antes de reunirse la Mesa de Contratación, Miguel Sainz ya habló de la empresa, sin citarla pero diciendo que su proyecto que era mucho mejor que el de otros años”.

A ello ha sumado el concejal regionalista que “después de que, al día siguiente, pedimos explicaciones”, poco más tarde, el propio Sainz, en palabras de Antoñanzas, “envió un email a colectivos citándoles con la empresa, que no tiene aún adjudicación, pidiéndoles ideas e iniciativas para hacerlo”.

Por eso, ha criticado que el edil de Promoción de la Ciudad “hace de secretario de una empresa privada”, algo que “no se puede entender”. Y, en referencia al antiguo Espacio Peñas, ha acusado a Sáinz de que “ha hurtado un proyecto que era de la sociedad civil para privatizarlo y dárselo a una empresa”, frente a lo que ha exigido “explicaciones y certezas”.

En su intervención, Miguel Sainz no ha aclarado cuándo conoció la propuesta de la única empresa presentada a la licitación y ha acusado a Antoñanzas de buscar “enredar y tergivesar, haciendo un ejercicio de exageración, solo causa daño a los logroñeses que quieren disfrutar del Espacio Peñas”, mientras que ha argumentado que “lejos de hurtar nada a nadie, lo que hemos tratado es de proporcionar seguridad y estabilidad a un espacio que por dos años consecutivos no se ha consolidado”.

Así, ha argumentado: “El año pasado, el Espacio Peñas no pudo celebrarse, y cuando se vio que se iba a repetir las dificultades, tomamos decisión valiente y responsable, con un pliego que consolidaría un espacio musical, de recreo y de encuentro para todos, dándole permanencia por cuatro años, con las máximas garantías, en pública y libre concurrencia a cambio de un canon”.

Y pese a reconocer que “se podria haber dado directamente, se optó por la libre concurrencia para que cualquiera se pudiera presentar”, creando para ello un pliego “de nuevo cuño, con intervención de muchas unidades y funcionarios municipales”, a los que ha aprovechado para felicitar “porque no ha sido fácil”.

Miguel Sainz ha justificado que, preguntado por un periodista, le dijo que “confiaba en que empresa que se presentaba a la libre concurrencia iba a cumplir”, al tiempo que ha dado legitimidad a la posibilidad de “sentarme en una mesa con el posible adjudicatario y las peñas, y si finalmente la adjudicación se produce, se hará esa reunión”.

Ante esta situación, ha considerado que los grupos de oposición “van a seguir dándole vueltas para emponzoñar, van camino de polarizar, enfrentar y dividir”, por lo que les ha emplazado a “ver la realidad: salgan y pregunten a la gente, que quiere un Espacio Peñas con continuidad”. “Este Gobierno solo está intentando resolver un problema que hemos sufrido todos el año pasado, en libre concurrencia y sin privatización ninguna”, ha concluido.

Los grupos de la oposición critican la “falta de transparencia”

La concejal no adscrita Eva Loza, en su intervención tras las explicaciones de Sainz ha dicho que “le resta credibilidad que en vez de centrar el tiro se ha dedicado a atacar”, a lo que ha sumado que “ha cometido una torpeza política, ha pecado de soberbio y se considera con demasiada impunidad, ha sido un bocazas y ha hablado antes de tiempo, dando lugar a que se levanten las sospechas de que conocía contenido de la propuesta”.

Por parte de Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro ha criticado a Sainz que “siempre está en el centro de cualquier cosa que pasa, es una cosa extraña”, considerando “una pena que ha ocupado la mitad de su tiempo a insultar o faltar al respeto” y que, además, en el proceso, “no ha contado ni con vecinos ni con las peñas”. “No es cierto que se hayan dado las explicaciones”, ha rebatido finalmente la edil.

A juicio de la portavoz de Vox, María Jiménez, “estamos ante un proceso marcado por la opacidad y la falta de garantías, ha sido un despropósito desde el principio”, en el que ha coincidido en señalar que “aún no he escuchado respuesta clara del concejal a todas las preguntas que se han hecho”, por lo que ha afirmado que “la transparencia está brillando por su ausencia, no nos podemos permitir que haya ninguna contratación sin transparencia”.

Desde el PSOE, ha intervenido primero Iván Reinares, que ha afeado a Miguel Sáinz que “no esperaba mucha respuesta, pero no esperaba que se hiciera la víctima”, recordando que el anterior Espacio Peñas “era un espacio de diversidad y participación que funcionó hasta que usted metió mano”. Ha señalado como “el problema” al modelo de concesión demanial “y no un contrato de gestión”.

Acto seguido, el portavoz socialista Luis Alonso ha lamentado que “a falta de 15 días de las fiestas, ha saltado por los aires el modelo del Espacio Peñas, la participación de colectivos, el respeto mínimo al proceso administrativo, las palabras del pliego de libre concurrencia cuando luego solo ha habido una empresa, el plan de gestión municipal y hasta la confianza, porque no hay ninguna asunción de responsabilidad, no es que no haya dimisiones, es que no hay explicación”.

Por último, ha tomado la palabra Francisco Iglesias, quien ha afeado a la oposicion que “no se puede poner en duda un proceso administrativo”, por lo que ha desmentido “categóricamente cualquier proceso de opacidad, falta de transparencia y falta de rigor en este procedimiento”, defendiendo que “se eligió la opción con informes técnicos que la avalan”, tras lo que hubo una Mesa de contratación en la que se abrió el Sobre B, en un proceso “explicado”.

“Hay una norma no escrita dice que grupos políticos mantienen la neutralidad administrativa, y que ahora ha saltado por los aires, con otras intenciones, que son hacer fallido y poner sombra sobre el procedimiento administrativo. No sé cómo acabará porque aún estamos en él, pero sí puedo asegurar que es primera vez que un grupo municipal escribe a la Mesa y se permite decirle lo que tiene que hacer. Solo quieren embarrar para poner en tela de juicio la licitación. Pido respeto a los actos administrativos”, ha concluido Iglesias.

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado con votos a favor de PP y Vox y en contra de AIKE y PSOE una modificación de la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones que dispone una moratoria en la aplicación de las restricciones hasta el 30 de abril de 2026, período durante el cual no se impondrán sanciones por infracciones a esta ordenanza.

Un pleno en el que se han aprobado por unanimidad tres expedientes urbanísticos sobre un Programa de Actuación Urbanizadora en Iriépal y dos trámites en la adjudicación del sector SUE-40ª.

La moción del Grupo Municipal Aike sobre el Centro Social Los Valles ha sido rechazada con 13 votos en contra (PP y VOX), mientras recibía el apoyo del PSOE.

También fueron rechazadas con similar votación las dos mociones del Grupo Municipal del PSOE, una sobre la planificación de la limpieza y desbroce en la ciudad y otra exigiendo la ruptura del pacto de gobierno con Vox.

El PSOE critica los “recortes” a los clubes deportivos

En otro orden de cosas, el PSOE, a través del concejal Juan Flores, ha criticado que el Gobierno local “saque pecho de gestión deportiva cuando está recortando a los clubes de la ciudad, que están recibiendo un 25% menos por niño que durante el gobierno de Alberto Rojo”.

Para el concejal socialista, “es inaudito que el gobierno de Guarinos se erija en adalid del deporte en la ciudad cuando no parece importarles que clubes de Guadalajara tengan que entrenar en Marchamalo, Valdeluz o Los Santos de la Humosa”.

Una sesión plenaria donde también se ha rechazado la propuesta socialista por la cual instaban al PP a “romper” con la “extrema derecha” por “sus declaraciones xenófobas y racistas”.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimecres la primera Llei de gestió i modernització de les àrees de promoció industrial de Balears, amb el suport de PP, Vox i els diputats no adscrits, i l'abstenció dels partits d'esquerra. La norma, impulsada pel Govern, té com a objectiu enfortir el teixit empresarial dels polígons industrials, millorar la seva competitivitat i regular noves formes de col·laboració públic-privada.

Segons va explicar el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de Sant Pere, la llei pretén fomentar l'associacionisme en els 53 polígons industrials de l'arxipèlag, ja que “molt pocs” compten actualment amb estructures organitzades que vetllin per la coordinació empresarial. El conseller va destacar que es tracta d'una normativa “flexible, que dona eines, no genera obstacles i no imposa”, la qual cosa permetrà que cada polígon triï el model de gestió més adequat a les seves característiques.

Una llei criticada per l'esquerra per les seves “incongruències”

Malgrat el suport majoritari, la llei ha estat durament criticada pels grups d'esquerra, que la consideren una norma “mal treballada” i amb “incongruències i incoherències”. Més per Mallorca, Més per Menorca i PSIB han coincidit que el text va entrar al Parlament “mal redactat” i han denunciat la falta d'ambició del Govern.

El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, va assegurar que “hi ha algú que no ha fet el treball que tocava fer de seguiment de la llei”. Per part seva, Ferran Rosa (MÉS) i Marc Guerrer (PSIB) van assenyalar contradiccions internes en l'articulat, com l'esment a formes de col·laboració que van ser eliminades a posteriori mitjançant esmenes de Vox. També van lamentar la supressió, per iniciativa d'aquesta formació, d'una Comissió per a la Competitivitat de les Àrees de Promoció Industrial. “Creen conceptes nous sense definir què són”, va advertir Rosa.

Esmenes clau

La llei incorpora una disposició addicional introduïda per Més per Mallorca, aprovada per unanimitat, que restringeix l'àmbit d'aplicació de la llei de projectes industrials estratègics a les instal·lacions d'energies renovables destinades a proveir directament un projecte d'industrialització o modernització industrial. Els ecosoberanistas van celebrar l'esmena, assegurant que amb ella s'evita que la normativa sigui “un colador” per a parcs solars en sòl rústic.

En contrast, va ser rebutjada l'única esmena viva de Vox, defensada per la diputada Manuela Cañadas, que pretenia eliminar tota referència normativa a polítiques climàtiques. Segons Canyades, la legislació està “ideologitzada” i la veritable barrera és “el dogma climàtic i burocràtic”, motiu pel qual va demanar al PP “eliminar el rastre de l'esquerra”. Per part seva, el diputat popular Jordi López va defensar el text final, destacant el procés de negociació parlamentària: “Aquest Parlament demostra que quan hi ha voluntat política, el diàleg i la col·laboració dels grups és possible i hi ha resultats”.

En la tramitació també s'havien inclòs diverses esmenes del PSIB per a establir mecanismes de control pressupostari en cas de pròrrogues dels pressupostos autonòmics. Aquestes esmenes, secundades inicialment per Vox quan no existia encara un acord pressupostari, van ser finalment rebutjades després del pacte entre PP i Vox. L'eliminació d'aquestes disposicions –les finals terceres bis, ter, quater, quinquies i sexies–, així com de l'article 29 (que promovia l'ús d'energies renovables en les àrees industrials), va suposar un nou revés per als socialistes.

Amb aquesta aprovació, Balears fa el primer pas cap a la regulació específica de les seves zones industrials, encara que amb un camí parlamentari marcat per tensions polítiques i crítiques al contingut tècnic i polític de la norma.

El Parlament balear ha aprobado este miércoles la primera Ley de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de Balears, con el apoyo de PP, Vox y los diputados no adscritos, y la abstención de los partidos de izquierda. La norma, impulsada por el Govern, tiene como objetivo fortalecer el tejido empresarial de los polígonos industriales, mejorar su competitividad y regular nuevas formas de colaboración público-privada.

Según explicó el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, la ley pretende fomentar el asociacionismo en los 53 polígonos industriales del archipiélago, ya que “muy pocos” cuentan actualmente con estructuras organizadas que velen por la coordinación empresarial. El conseller destacó que se trata de una normativa “flexible, que da herramientas, no genera obstáculos y no impone”, lo que permitirá que cada polígono elija el modelo de gestión más adecuado a sus características.

Una ley criticada por la izquierda por sus “incongruencias”

A pesar del respaldo mayoritario, la ley ha sido duramente criticada por los grupos de izquierda, que la consideran una norma “mal trabajada” y con “incongruencias e incoherencias”. Més per Mallorca, Més per Menorca y PSIB han coincidido en que el texto entró al Parlament “mal redactado” y han denunciado la falta de ambición del Govern.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, aseguró que “hay alguien que no ha hecho el trabajo que tocaba hacer de seguimiento de la ley”. Por su parte, Ferran Rosa (MÉS) y Marco Guerrero (PSIB) señalaron contradicciones internas en el articulado, como la mención a formas de colaboración que fueron eliminadas a posteriori mediante enmiendas de Vox. También lamentaron la supresión, por iniciativa de esta formación, de una Comisión para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial. “Crean conceptos nuevos sin definir qué son”, advirtió Rosa.

Enmiendas clave

La ley incorpora una disposición adicional introducida por Més per Mallorca, aprobada por unanimidad, que restringe el ámbito de aplicación de la ley de proyectos industriales estratégicos a las instalaciones de energías renovables destinadas a abastecer directamente un proyecto de industrialización o modernización industrial. Los ecosoberanistas celebraron la enmienda, asegurando que con ella se evita que la normativa sea “un colador” para parques solares en suelo rústico.

En contraste, fue rechazada la única enmienda viva de Vox, defendida por la diputada Manuela Cañadas, que pretendía eliminar toda referencia normativa a políticas climáticas. Según Cañadas, la legislación está “ideologizada” y la verdadera barrera es “el dogma climático y burocrático”, motivo por el cual pidió al PP “eliminar el rastro de la izquierda”. Por su parte, el diputado popular Jordi López defendió el texto final, destacando el proceso de negociación parlamentaria: “Este Parlament demuestra que cuando hay voluntad política, el diálogo y la colaboración de los grupos es posible y hay resultados”.

En la tramitación también se habían incluido varias enmiendas del PSIB para establecer mecanismos de control presupuestario en caso de prórrogas de los presupuestos autonómicos. Estas enmiendas, apoyadas inicialmente por Vox cuando no existía aún un acuerdo presupuestario, fueron finalmente rechazadas tras el pacto entre PP y Vox. La eliminación de estas disposiciones –las finales terceras bis, ter, quater, quinquies y sexies–, así como del artículo 29 (que promovía el uso de energías renovables en las áreas industriales), supuso un nuevo revés para los socialistas.

Con esta aprobación, Balears da el primer paso hacia la regulación específica de sus zonas industriales, aunque con un camino parlamentario marcado por tensiones políticas y críticas al contenido técnico y político de la norma.

El Tribunal Constitucional estima el amparo a los diputados del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja -presentada en la anterior legislatura, cuando gobernaba la socialista Concha Andreu- y deja por anuladas varias resoluciones realizadas por el presidente de la Cámara, Jesús María García, sobre la fijación del orden del día de los plenos “al limitar la intervención de la junta de portavoces”.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso de amparo interpuesto por los diputados del GPP en la anterior legislatura contra las resoluciones del entonces presidente del Parlamento de la Cámara de 16 y 23 de diciembre de 2022. En ellas se fijaba el orden del día de sendos plenos de la Cámara, así como frente a diversos acuerdos de la Mesa del Parlamento de 28 y 29 de diciembre de 2022, de 10, 16 y 17 de enero y de 9 de febrero de 2023.

La sentencia aprecia que las resoluciones impugnadas del presidente del Parlamento de La Rioja “vulneraron el derecho fundamental de participación política de los recurrentes (art 23.2 CE), por desconocer la facultad atribuida por el Reglamento de la Cámara a la Junta de Portavoces para decidir sobre el orden del día del Pleno del Parlamento”.

Según lo dispuesto en el Reglamento (en la redacción vigente a la sazón) se desprendía “que la fijación del orden del día era una competencia decisoria compartida por el presidente del Parlamento, la Mesa y la Junta de Portavoces, mientras que en esas resoluciones el presidente de la Cámara limitaba la intervención de la Junta de Portavoces a la mera audiencia”.

El Tribunal constata que esa infracción de lo previsto en el Reglamento parlamentario supuso “una lesión del derecho fundamental” al ejercicio del cargo parlamentario (ex art 23.2 CE), puesto que privó al portavoz del Grupo Popular, que integraba la Junta de Portavoces y, por tanto, “al grupo parlamentario al que representa, de una facultad esencial del cargo público representativo”.

Toda vez, además, que la participación en la fijación del orden del día del Pleno de la Cámara resulta determinante en relación con el ejercicio de las facultades esenciales que integran la potestades legislativa y de control de la acción del Gobierno. “Solo y exclusivamente a partir de la fijación del orden del día los diputados conocen y pueden contribuir a formar la voluntad del órgano del que forman parte”.

Ello comporta que la sentencia declare la nulidad de las referidas resoluciones, sin que proceda adoptar ninguna otra medida de restablecimiento en el disfrute del derecho vulnerado, dado que esas resoluciones fueron adoptadas en una legislatura ya concluida.

En lo restante, la sentencia desestima la impugnación de los recurrentes contra determinados acuerdos de la Mesa del Parlamento de La Rioja sobre celebración de sesiones extraordinarias, sobre la admisión a trámite de la proposición de ley sobre reforma del Reglamento de la Cámara (precisamente para limitar la intervención de la Junta de Portavoces a un mero trámite de audiencia) y sobre la composición de las Comisiones permanentes y especiales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón ha fallado a favor del recurso que Vox presentó el pasado mes de octubre contra el Plan de Normalización Lingüística municipal, ha informado este jueves la portavoz y concejala de este grupo, Sara Álvarez Rouco.

En rueda de prensa, la edil ha resaltado que el tribunal determina en su sentencia que el plan “incurre en causa de nulidad”, por lo que “no es de aplicación”, ya que “es manifiestamente antijurídico”, ha dicho.

Los motivos de la anulación

En este sentido, Álvarez Rouco ha indicado que el juzgado ha detectado “hasta seis motivos jurídicos” que motivan este fallo.

Se trata de la falta de informe económico, la omisión del procedimiento legalmente establecido por falta de consulta pública previa, la falta de publicación del texto en el portal web y la ausencia de publicación de las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos.

También ha detectado la falta de intervención de la Junta de Gobierno local y el paso directo del proyecto informado por el consejo asesor a la aprobación y “su no inclusión en el plan normativo anual”.

La portavoz y concejala de Vox en Gijón ha considerado que el Ayuntamiento “ha intentado imponer un reglamento saltándose todos los controles”.

Los objetivos

El pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó, en agosto de 2024, el Plan de Normalización Llingüística municipal para el periodo 2024/2027, con el único voto en contra de la edil y portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco.

El documento establece un plan de acción en el que vienen recogidos y formulados unos objetivos y procedimientos generales, así como 91 acciones y medidas concretas para seguir avanzando en las bases de una normalización social de la lengua asturiana.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no es firme y contra la misma cabe interponer recurso.

La ordenanza de terrazas de Logroño continúa generando cotroversia en la ciudad. De hecho, en las útlimas horas la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo ha anunciado una querella criminal por prevaricación ambiental contra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y su equipo de gobierno, por “la inacción en la toma de medidas para devolver las mediciones de ruido en el centro histórico a la legalidad y por pretender modificar su propuesta original de nueva ordenanza de terrazas para ampliar horarios y superficie con la complicidad del PSOE y de VOX”.

Y este martes, el portavoz del Partido Riojano en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha presentado su propuesta que llevará al pleno municipal del próximo jueves que aboga por reducir el horario de terrazas en invierno y ampliarlo en verano salvo en Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).

Así, en rueda de prensa ha dado cuenta de 17 alegaciones que ha presentado el Partido Riojano al borrador de la nueva norma que se debatirá en el próximo pleno ordinario para su aprobación inicial. “Son propuestas con un marcado perfil social, que buscan equilibrar el descanso de los vecinos con la actividad económica, proteger a los menores de publicidad inapropiada y poner a disposición de la ciudadanía la mayor parte del espacio público”, ha indicado.

Así, el edil riojanista ha detallado que se planteaba en la ordenanza adelantar el cierre de las terrazas en invierno, en el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 31 de mayo, a las 22:30 horas de domingo a jueves y a las 00:30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos; mientras que en verano se cesara la actividad a medianoche, de domingo a jueves, y a las 00:30 horas, el resto. Ha precisado que para el caso de las instalaciones situadas en las Zonas de Protección Acústica Especial se proponía adelantar media hora el cierre los viernes, sábados y vísperas de festivos tanto en invierno como en temporada estival.

“En invierno parece más razonable que el horario se adapte al ritmo de la ciudad, favoreciendo así el descanso de los vecinos, el ahorro energético y la disminución del uso de los elementos de calefacción”, ha detallado. Ha lamentado que esta propuesta haya sido rechaza por el Gobierno y haya optado por ampliar el horario en media hora (hasta las 1:30 horas) los viernes, sábados y festivos “yendo en contra de los vecinos, da un pequeño tortazo a la legislación contra el ruido y a la propia ZPAE”. 

Más espacio para el peatón

Asimismo, Antoñanzas ha criticado que se vaya a permitir instalar terrazas frente a viviendas en planta baja y a los portales de edificios. “No podemos entender que una habitación de un domicilio tenga delante de su ventana una terraza ni que se garantice un espacio libre frente a los portales”, ha puntualizado. 

También ha lamentado que el Gobierno haya rechazado limitar a la hostelería el 40 por ciento del espacio público de las plazas, parques y bulevares de la ciudad, ya que el texto distribuye al 50 por ciento la superficie. “Desde el Partido Riojano queremos garantizar que las zonas de esparcimiento sean para el uso y disfrute de la ciudadanía y que el espacio de las terrazas sea limitado en estas zonas”, ha indicado el edil riojanista.

De otro lado, Antoñanzas ha censurado que se haya rechazado la propuesta del PR+ de limitar del 25 al 10 por ciento el porcentaje de mayor ocupación de superficie autorizada para que sea considerada una infracción muy grave y la terraza pueda revocarse. “Supone –ha explicado- que una terraza con una superficie máxima de 100 metros cuadrados, con el actual régimen sancionador, tendría un margen de 25 metros en los que se podrían colocar hasta siete mesas más sin que sea considerada una infracción muy grave, lo que nos parece un error”.  “Defendemos que hay que tener tolerancia cero con quien infringe las normas. Si un establecimiento hace un uso superior del espacio que se le ha concedido tiene que ser sancionado”, ha subrayado.  

Por último, ha valorado positivamente que se haya aceptado parcialmente la iniciativa para limitar la publicidad de las terrazas y evitar que esté relacionada con la promoción de bebidas alcohólicas y azucaradas.