CCOO reclama más presencia sindical en los contratos que adjudican servicios públicos a la empresa privada

CCOO Castilla-La Mancha quiere ser parte de las mesas de contratación en las que la Administración pública licita contratos de los servicios públicos y a las empresas privadas. También reclama estar en el proceso de seguimiento de estos contratos, tras detectar “incumplimientos” en las condiciones laborales de sus trabajadores.

El Área Pública de CCOO -que integran las federaciones de Enseñanza, de Servicios a la Ciudadanía y la de Sanidad y Sectores Sociosanitarios- cree “imprescindible” reforzar la intervención sindical para garantizar no solo que se cumplen los convenios colectivos sectoriales o de la empresa en cuestión, sino evitar fenómenos de competencia desleal o precarización laboral.

Así lo han expuesto en rueda de prensa este lunes en Toledo la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, Carmen Juste, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado. ambas han denunciado que el hecho de que en la adjudicación de los servicios externalizados de las administraciones públicas se priorice la oferta económica más baja porque eso, advierten, “repercute en la precarización de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y degrada el servicio público que se presta”.

De hecho, subrayan, “hay conciertos que se quedan desiertos, porque ninguna empresa presenta oferta, y se mantiene la adjudicación con empresas que incumplen”.

Para las sindicalistas, pese a las obligaciones que establece el marco normativo en materia de contratación pública, en la práctica se observa “con frecuencia” que los pliegos de licitación no incluyen cláusulas sociales suficientes ni mecanismos eficaces de control del cumplimiento del convenio aplicable.

Denuncian que “existen empresas licitadoras que presentan ofertas temerarias, sustentadas en costes laborales inferiores a los establecidos en el convenio colectivo” o que “los órganos de contratación no supervisan adecuadamente la ejecución de los contratos”.

Eso deriva en impagos, incumplimientos salariales o sustitución de convenios sectoriales por convenios de empresa menos favorables. “Estas prácticas no solo vulneran los derechos laborales, sino que también distorsionan la competencia entre empresas y deterioran la calidad de los servicios públicos”, lamentan.

En su opinión, las administraciones públicas tienen “la obligación” de garantizar que las empresas adjudicatarias cumplan con los convenios colectivos y con la normativa laboral, rechazando aquellas ofertas temerarias. Y sin embargo afean que “algo está fallando en las administraciones, hay una dejadez de funciones, cuando se aceptan ofertas a la baja con cálculos irreales de los costes y no hay con un control exhaustivo una vez adjudicado el servicio”.

¿Qué propone CCOO?

El sindicato propone una intervención sindical activa en todo el ciclo de la contratación pública con cuatro ejes de actuación que van desde su participación previa tanto en la revisión de los pliegos de condiciones y exigencia de inclusión de cláusulas sociales que aseguren el cumplimiento del convenio colectivo sectorial y las condiciones laborales dignas, como en la promoción de acuerdos con las administraciones para incorporar cláusulas tipo con referencia expresa al convenio aplicable.

Después apuestan por el seguimiento y control, a través de la creación de comisiones paritarias o mesas de seguimiento sindicales de la ejecución de los contratos, en coordinación con los órganos de contratación. En este aspecto reclaman “mecanismos de control y sanción frente a los incumplimientos”.

Otra de las propuestas pasa por la transparencia mediante la solicitud sistemática de acceso a la información pública sobre adjudicaciones y condiciones laborales de los contratos, además de la interposición de denuncias ante la Inspección de Trabajo y los tribunales de recursos contractuales cuando se detecten irregularidades.

Finalmente, CCOO detalla que está formando a delegados y delegadas sindicales para intervenir en estos procesos y detectar posibles vulneraciones.

La “precariedad absoluta” en centros de educación especial

El Área Pública de CCOO CLM ha citado algunos ejemplos en contratas de la Administración regional como el transporte sanitario que tiene “un convenio colectivo sin actualizar desde el año 2012, mientras que se sigue licitando el servicio”.

Después citan el caso de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, de acompañamiento a los niños y niñas que estudian en centros de educación especial, y que sufren la “precariedad más absoluta”. A estas trabajadoras las recogen por la mañana en una localidad y las llevan hasta Toledo donde está el centro, quedándose en la ciudad hasta las 17.00 horas, que vuelven a recogerlas para llevarlas a su localidad. Están fuera de su casa 9 horas, pero únicamente están contratadas por tres horas los días lectivos, con salarios que no superan los 400 euros al mes. Hoy se esta celebrando el acto de mediación por esta situación que afecta a unas 500 personas trabajadoras en la región. También se han referido al caso de la licitación de los centros de menores “con incumplimientos que la propia Consejería de Bienestar Social ha reconocido”.

Para evitar este tipo de situaciones, CCOO insiste en que “la intervención sindical en la contratación pública no es una opción, sino una obligación derivada del mandato de defensa de los derechos laborales y de las propias normas europeas y nacionales”.