Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más pobre de España. Es un dato demoledor que ahora estrechamente ligado a la vivienda. Así lo desveló el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN): el coste de la vivienda es un “factor clave que agrava la pobreza”. Pero hay muchos más. La excesiva burocracia en la tramitación de las ayudas, las dificultades para acceder a un empleo, el racismo, la discriminación y la soledad no deseada son solo algunos.

De todos ellos han hablado hoy quienes sufren estas situaciones en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado las Cortes de Castilla-La Mancha, organizado junto a la Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).

Han tomado la palabra seis personas de los grupos de participación de esta entidad social. Son espacios formados por personas con experiencia propia en situaciones de pobreza o exclusión social, permitiéndoles ser protagonistas y participar de forma activa en el diseño, evaluación e incidencia de las políticas públicas.

Hoy, han alzado la voz para desgranar las propuestas que desde esta red se han elaborado y que han entregado previamente a los tres partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Vox) para que las incluyan en sus programas electorales.

María del Carmen Poveda Anguita ha sido la primera en subir a la tribuna parlamentaria y se ha dirigido directamente a los diputados y diputadas para pedirles que hablen de sus necesidades. “Las personas que vivimos la pobreza y la vulnerabilidad sabemos que hay tres principios fundamentales: igualdad, justicia y dignidad. Porque todas las personas tenemos derecho a las mismas oportunidades y a una vida digna, y porque detrás de los datos, hay personas con nombres y apellidos, tenemos sueños, ilusiones y ganas de salir adelante”.

Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social

María del Carmen Poveda

Ha pedido así a los grupos políticos que refuercen su compromiso en la lucha contra la pobreza, con medidas para que “nadie se quede atrás”, pero también que “se nos escuche, que haya espacios de diálogo cercanos, fluidos y permanentes”. “Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social”, ha resaltado.

Después ha tomado la palabra Oksana Kalashnikova, quien ha detallado algunas de las propuestas. Concretamente, ha pedido que se garanticen ayudas suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, con ayudas “ágiles” y sin “trabas burocráticas”, sobre todo en las dirigidas a garantizar suministros básicos como el agua y la luz, la alimentación y la vivienda.

También ha pedido que las ayudas se actualicen en función del coste de la vivienda para evitar que “las personas queden sin protección”, así como facilitar el acceso a los servicios sociales, simplificando trámites y mejorando la coordinación, especialmente para los jóvenes y las familias.

Junto a ello, ha defendido mejorar los procesos de acompañamiento a extranjeros, y los de homologación de estudios y formaciones profesionales, con un acompañamiento a extranjeros “efectivo” para el acceso al empleo y a los servicios públicos.

Durante su intervención, ha querido hacer también especial mención a la necesidad de mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, “evitando que la edad se convierta en una barrera para acceder a un trabajo”. Y en paralelo, ha pedido más becas para material y transporte escolar, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Los presupuestos deben priorizar especialmente la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales y la vivienda pública”, ha concluido.

“La información de las ayudas públicas debe ser clara”

Precisamente, sobre políticas de vivienda ha hablado María Isabel Sánchez Velasco, también integrante de los grupos de participación de EAPN. Entre sus propuestas, garantizar el acceso a una vivienda “digna y asequible”, aumentar parque público y social, y facilitar el alquiler asequible a personas vulnerables.

“Es importante que el coste del alquiler y de los suministros no sea una carga imposible de asumir, especialmente en las familias con menores, y también facilitar el acceso a vivienda de familias monoparentales, con medidas específicas en situación de violencia y vulnerabilidad”, ha subrayado.

Nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado

María Isabel Sánchez Velasco

Del mismo modo, ha reclamado que la información sobre las ayudas públicas para vivienda sea “clara y fácil de entender”, porque “nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado”.

A ello ha añadido que la falta de empadronamiento no sea “una barrera” para el acceso a las ayudas, con el objetivo de “garantizar la igualdad de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa”. De hecho, ha llamado a combatir el racismo y la discriminación, así como “proteger a las personas más vulnerables de los abusos, estafas y explotación” en el mercado del alquiler.  

Juan Vicente Bosca López ha sido el siguiente en tomar la palabra. Se ha centrado en las medidas destinadas al medio rural, con especial incidencia en las nuevas tecnologías: garantizar una buena conexión a internet, mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones para reducir brecha digital y el acceso gratuito a recursos digitales a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha reclamado mejoras en el transporte público en zonas rurales, aprovechar las rutas escolares para mejorar la movilidad rural, un sistema público para desplazamientos “compartidos” para quienes tienen dificultades en su movilidad de un lugar a otro, y unidades móviles con servicios especiales de acompañamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a medios administrativos

Seguidamente, Juan Casamayor ha centrado las peticiones en materia sanitaria. “No por sabido debemos dejar de recordar que la Sanidad en un derecho universal”, ha comenzado, para demandar después el refuerzo del sistema público para una “atención de calidad que contribuya a reducir la desigualdad”.

Concretamente, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el acceso a los servicios de salud mental, con una atención “accesible y cercana”, y también incorporar la atención psicológica en los servicios sociales, sobre todo para personas y familias en riesgo de exclusión en zonas rurales. Asimismo, ha propuesto crear apoyos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad con enfermedades limitantes y para familias monoparentales que necesitan ayuda para atender a sus hijos e hijas.

“Hay que formar al personal médico para una atención más humana y respetuosa, reducir listas de espera y agilizar los diagnósticos. También agilizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de incapacidad, sobre todo cuando hay enfermedades que limitan la capacidad de desarrollar una autónoma”, ha añadido, promulgando al final el lema “la sanidad pública no se vende, se defiende”.  

La ronda de los integrantes del grupo de EAPN lo ha cerrado Raúl López Onsurbe, quien ha concluido haciendo un llamamiento para que todos los partidos políticos se unan a “esta causa de medidas justas para erradicación de la pobreza, un desafío que hay que superar y que es una cuestión de justicia, de derechos y de dignidad”.

La pobreza, “no es solo cuestión de dinero”

Tras ellos han tomado la palabra Fiama, Gisela, Carlos y Sebas, cuatro jóvenes de YMCA-Toledo que han leído un manifiesto en el que, primero, han querido dejar claro que hablar de pobreza “no es solo hablar de dinero”, ya que también significa “no poder estudiar, no tener a quién pedir ayudas cuanto estás mal, sentirte solo, no tener un espacio donde estar.

Que ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo

“La pobreza también es crecer pensando que estudiar no es para ti, que un futuro diferente al de tu familia no es para ti, que tus problemas no importan”, han remarcado, pidiendo que Castilla-La Mancha hago todo posible que “ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo”.

Ante todo, han recalcado que la juventud que se ha quedado fuera del sistema educativo necesita una segunda oportunidad, pero esto no significa decirles a los jóvenes “vuelve a estudiar”, sino que debe haber un acompañamiento.

Para ello, han reclamado más escuelas de segunda oportunidad, un refuerzo de la orientación educativa “para ayudar a encontrar un camino” y que se reduzcan las barreras económicas para estudiar, como los precios del transporte, del material escolar y los dispositivos digitales. “Tener ganas de cambiar tu vida y no encontrar una oportunidad es una forma de exclusión”.

Finalmente, han pedido mejores políticas de conciliación para que los adolescentes no se queden solos porque sus padres y madres están trabajando, una “soledad no deseada” en la que han hecho especial hincapié, junto con la petición de un mejor acceso a la salud mental. “La pobreza no puede ser nuestra herencia, nuestro futuro tiene que ser una oportunidad”, han concluido.

“Mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos”

Durante el acto, también han intervenido el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; el director general de Acción Social, Santi Vera; y la presidenta de EAPN-CLM, Mar González quien ha pedido “una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente”, al recordar que “tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza”, o que afecta más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación “nos demuestran cada día que de la pobreza ”no estamos libres ninguno“.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo -y escuchando a las presonas vulnerables- para combatir la exclusión social y ha animado a “odiar la pobreza, pero no a los pobres”, evitando los discursos del odio que “criminalizan a las personas vulnerables”.

“En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla”, ha afirmado.

El pleno institucional lo cerraba el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera. “Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás”, comentaba desde la tribuna de Parlamento regional. “Tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto”, zanjaba.

En pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, el PP de Castilla-La Mancha no ha dudado en clarificar cuál es su postura sobre esta situación: bajar impuestos a empresas inmobiliarias y fondos buitre, y acelerar desahucios administrativos, es decir, los que se producen en el parque residencial con algún tipo de protección pública.

Así lo refleja en tres de las 58 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su inclusión en la futura norma de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere que las Cortes regionales aprueben para noviembre y cuyo contenido ya ha desgranado este periódico en las últimas semanas.

Estas propuestas del PP, que se abstuvo en la toma en consideración de la norma, se han debatido hoy mismo en la Comisión de Fomento del Parlamento autonómico, encargada de elaborar el dictamen sobre la futura regulación. Previamente, el diputado socialista Álvaro Toconar ya había alertado de estas propuestas del PP.

“Si hoy en esta comisión aprobamos sus enmiendas tendríamos tres noticias: que los fondos buitre tendrían una importante bajada de impuestos, que se agilizarían los desahucios en el parque público residencial, y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tendrían más trabas para construir viviendas en Castilla-La Mancha”, ha dicho.

Las tres polémicas enmiendas

Con ello se refería, en concreto, a tres enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas pide añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP ha apostado también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, del 5 al 3%, para la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas supondrían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas de bajadas de impuestos, dispone que serán aplicables a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas que hubieran presentado autoliquidación e ingresado una cantidad superior a la que resulte de su aplicación “podrán solicitar su rectificación y la devolución de la diferencia, con los intereses que correspondan conforme a la normativa tributaria”.

Ampliar las causas para un desahucio administrativo

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, piden ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quiere así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada en la resolución de adjudicación, fuera causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó, algo que no incluye el texto original de la futura ley. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas.

Esta cuestión ha marcado buena parte del debate en comisión de la futura ley castellanomanchega, que se tramita por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista.

El diputado socialista, durante su intervención y tras defender las bondades de la ley ante la crisis nacional de la vivienda, no ha dudado después en afear al PP que con sus propuestas (una enmienda la totalidad por la puerta de atrás) pretenda “agilizar desahucios, bajar impuestos fondos buitre y más burocracia”. “Plantean que los fondos buitre paguen menos impuestos que la gente”.

Fuera de las Cortes también se ha referido a esta cuestión, la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla: “En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la población, el PP plantea medidas que benefician a los grandes inversores. Va por un camino distinto al de la ciudadanía. Su propuesta consiste en aliviar la presión fiscal de quienes hacen negocio con una necesidad básica”.

Pero el PP ha pasado de puntillas por sus tres controvertidas enmiendas. En su intervención inicial, el diputado Ignacio Redondo apenas las ha mencionado. Se ha limitado a afirmar que la futura ley puede “no tener encaje” en la legislación estatal y, por lo tanto, introduce “inseguridad jurídica”.

Ha defendido así que sus propuestas no buscan “bloquear” la futura normativa y al llegar al bloque de enmiendas donde propone bajadas de impuestos, simplemente ha hablado de “beneficio fiscal” pero no las ha detallado, ni ha concretado a qué tipo de empresas se bajaría impuestos.  

La Comisión de Fomento también ha servido para reflejar otra polémica cuestión: las enmiendas de Vox. Como ya adelantó este periódico, una parte del medio centenar que este partido ha presentado, propone aplicar la prioridad nacional. Lo ha hecho en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”.

La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Vox y el “arraigo” de diez años

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años.

Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Pero Francisco José Cobo, diputado del partido de extrema derecha, apenas si ha hablado de estas propuestas. Ha dicho que la futura ley supone la “protección oficial y el amparo de la ocupación y la inquiocupación”, al tiempo que ha hecho una defensa de las familias y ha criticado las “enormes cargas para promotores y constructores” que, su opinión, incluye la proposición de ley.  

Dicho esto, ha criticado que la ley no haga “ni una sola referencia a la palabra inmigración”. Y ha aprovechado para tirar de argumentario nacional, y vincular la “entrada masiva” de migrantes con la “hacinación en pisos”. “Traer a media América o a media África han cancelado el futuro de nuestros jóvenes y de las familias españolas, a las que hay que poner en el centro”.

Las tres controvertidas enmiendas del PP han sido rechazadas con el voto mayoritario del Grupo socialista, pero Vox se ha abstenido en las tres. En cuanto a las de Vox, llama la atención que en las cinco enmiendas que piden incorporar el principio de prioridad nacional, el Grupo Popular se ha abstenido. Han sido rechazadas también por la mayoría absoluta de los socialistas.

Ayer mismo en la vecina Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP con apoyo de Vox, validaron aplicar ‘prioridad nacional’ en vivienda por arraigo de 10 años y lo hicieron a pesar de que la Unión Europea solo permite cinco. La propia Comisión Europea ha advertido recientemente que la 'prioridad nacional' en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.

Ahora la ley regresará al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su ratificación, aunque con esas enmiendas vivas, tras manifestar PP y Vox su deseo que de que vuelvan a ser debatidas y votadas. Tras su previsible aprobación, al ser tramitada con carácter de urgencia como proposición de ley, la ley quedará promulgada para su entrada en vigor.

En Castilla-La Mancha, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, Vox tiene cuatro diputados autonómicos en la oposición. La aspiración del partido de extrema derecha es conseguir entrar en el Gobierno regional de la mano del PP de Paco Núñez, que ya ha dado por hecho en varias ocasiones que pactaría con los de Santiago Abascal con ese objetivo, al igual que en otras comunidades autónomas.

Para ello, Vox no deja de intentar colar en múltiples iniciativas algunas medidas que ya aplica donde gobierna, ya sea en los ayuntamientos y diputaciones de la región donde sí tiene representación, o a través de iniciativas parlamentarias.

Mientras a nivel estatal se ha convocado una huelga general y se multiplica el clamor social contra los desahucios, ahora quiere incorporar la polémica prioridad nacional en una de las leyes más importantes de la legislatura, la de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere aprobar por la vía de urgencia, precisamente cuando esta cuestión, entre otras, ha provocado el adelanto de las elecciones generales.

La normativa ya se tomó en consideración con los únicos votos a favor de los diputados socialistas y la abstención de los del PP y Vox. Desde entonces, el Ejecutivo castellanomanchego ha dicho que mantiene conversaciones con la oposición para intentar que la normativa se apruebe por unanimidad, algo que la otra bancada ha negado.

Mientras tanto, la Mesa de las Cortes regionales ya ha admitido a trámite las enmiendas de los tres grupos parlamentarios a la futura ley, una densa propuesta que aglutina numerosas medidas para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda pública y protegida y la simplificación urbanística.

Las enmiendas donde Vox incorpora su polémico criterio

Es el trámite que Vox ha aprovechado para introducir, en su lote de medio centenar de enmiendas, el controvertido principio de prioridad nacional. Y lo hace en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”. La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años. Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

También hay enmiendas de Vox que se centran en otro de los debates que ha intentado colocar varias veces en el centro de las preocupaciones sociales, pese a que los datos lo desmontan: la ocupación ilegal de viviendas. Por ejemplo, pide que el Gobierno regional brinde asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios afectados.

Al margen de estas propuestas, llaman también la atención las enmiendas de Vox centradas en la protección de los propietarios y, al mismo tiempo, la exclusión de las entidades sociales y migrantes. Así, elimina la medida que permite emplear el depósito de fianzas de arrendamiento urbano como recurso económico para financiar el patrimonio público residencial, y pide prohibir expresamente la cesión de locales a entidades sociales para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados o migrantes en situación irregular.

El PP no entra en la cuestión ni define un modelo propio

Por su parte, el PP no entra en esta cuestión, pero ha registrado una treintena de enmiendas al articulado. Se da la circunstancia de que algunas partes de la futura norma son prácticamente iguales a la normativa de vivienda protegida de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

A principios de año, el presidente de este partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció que pondría en marcha un “gran plan” de vivienda si llegara a gobernar en la región. Según afirmó, se centraría en cuatro ejes: simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

Ahora, su lote de enmiendas la futura ley de Page se centra en la vivienda protegida y el parque público residencial. En primer lugar, un exige informe municipal previo, “preceptivo, motivado y vinculante” para la implantación de inmuebles dotacionales en parcelas de equipamientos. Si el informe es desfavorable, no se podrá realizar la actuación.

También propone que los deberes de cuidado del adjudicatario de vivienda pública abarquen el “mantenimiento ordinario”, sin eximir a la Administración de realizar las obras necesarias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad; y establece que las adjudicaciones temporales se realicen por convocatoria pública ordinaria mediante criterios objetivos (ingresos, unidad familiar y necesidad), “restringiendo las adjudicaciones excepcionales a urgencias sociales acreditadas”.

De igual forma, otra de sus enmiendas modifica la norma para fijar que el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos ante la Administración regional sea de “carácter voluntario” para los arrendadores.

El Grupo Parlamentario Popular también pide condicionar los incrementos de edificabilidad en vivienda protegida, una de las medidas estrella de la futura ley, a un estudio económico que contemple una “retribución empresarial razonable”. Pero después, en otra enmienda, permite elevar el incremento de edificabilidad al 25% y de densidad al 35% en parcelas de vivienda pública o protegida.

Además, entre sus propuestas, el PP incluye la prohibición de ocupar terrenos dotacionales sin haber puesto en servicio previamente una “dotación sustitutoria equivalente”; exige demostrar específicamente el “interés regional” en Proyectos de Singular Interés (PSI) para infraestructuras energéticas o de transportes; y supedita las reclasificaciones a un análisis de la demanda y a mantener la continuidad con el casco urbano para evitar la dispersión.

Los socialistas limitan las rentas máximas de alquiler en VPO

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista, impulsor de la proposición legislativa que conformará la nueva ley, también quiere introducir algunos cambios. Ha presentado 13 enmiendas, entre las que fija las condiciones financieras y de tenencia para viviendas protegidas cofinanciadas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en suelo público.

Establece así, un régimen de protección permanente con un alquiler mínimo de 50 años desde la calificación definitiva; mientras que limita la renta máxima a ocho euros por metro cuadrado útil para promociones públicas directas y a nueve euros para proyectos de colaboración público-privada.

Los socialistas también aprovechan para reordenar la definición de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) que contempla la futura ley. Especifican así que tendrán por objeto la transformación de ámbitos de suelo urbano donde el uso mayoritario sea residencial y exista una proporción relevante de infravivienda o degradación por usos industriales incompatibles. De hecho, ajustan las fórmulas de gestión de estos planes, permitiendo su ejecución mediante libre concurrencia o Programas de Actuación Urbanizadora (PAU).

Otra de sus enmiendas amplía el régimen especial de vivienda a inmuebles y parcelas de otras administraciones públicas. Declara estas actuaciones como de interés autonómico y permite aplicarlas a parcelas de otras administraciones distintas de la Junta (previa conformidad del titular) por un periodo de cinco años prorrogables por periodos sucesivos de igual duración.

Finalmente, hay otras tres novedades significativas que introduce el PSOE. Incluye la definición de “intensidad residencial en parcela” como el número máximo de viviendas, calculándose como el resultado de dividir la superficie edificable residencial atribuida entre 100 metros cuadrados construidos por vivienda. Y en segundo lugar, permite la aplicación de esa “intensidad” sin que los municipios tengan que tramitar previamente una modificación de su planeamiento urbanístico.

Por último, establece determinaciones subsidiarias sobre alturas de las edificaciones: fija que, en defecto de regulación expresa en el planeamiento, las construcciones no podrán tener más de dos plantas ni superar los 8,5 metros de altura.

Todas estas enmiendas todavía tiene que votarse en las Cortes regionales antes de que la futura ley vuelva al pleno de las Cortes para su aprobación y promulgación definitiva, un proceso que coincidirá con la cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, y precisamente cuando el debate político y social sobre la vivienda es determinante.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a las Cortes regionales aplazar la celebración del Debate del Estado de la Región, previsto para los próximos días 14 y 15 de octubre, por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes parlamentarias y del Ejecutivo autonómico han confirmado posteriormente a este medio que efectivamente esa petición ya es formal y que el debate se aplazará.

Concretamente, la petición que el Gobierno regional ha realizado al Parlamento se debatirá en la Mesa que se reúne este jueves, día 8 de octubre, donde el PSOE tiene mayoría, por lo que, aunque los grupos de la oposición (PP y Vox) no estén de acuerdo, se aprobará.

El aplazamiento lo ha avanzado la consejera portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, quien ha concretado que la solicitud se realizó este martes, y que la fecha propuesta para su aplazamiento son los días 10 y 11 de diciembre, una vez trasncurrido el proceso electoral.

El Debate es lo suficientemente importante como para que se centre en Castilla-La Mancha

“Consideramos que el Debate sobre el Estado de la Región es lo suficientemente importante como para que se centre en Castilla-La Mancha, en los próximos proyectos que se afrontarán en nuestra región y que se haga, además, con el tiempo y la atención que requiere, al igual que la rendición de cuentas que hace el Gobierno, y de manera muy particular, el presidente de Castilla-La Mancha ante las Cortes regionales”, ha alegado la portavoz.

Fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que anunció la pasada semana que el Debate del Estado de la Región se celebraría los próximo días 14 y 15 de octubre, avanzando que sería el que tendría más iniciativas y propuestas “de los últimos 40 años”.

Precisamente, el presidente castellanomanchego ha avanzado hoy que sanidad y educación pública, agua y más cota de igualdad y cohesión son los retos de Castilla-La Mancha para la próxima legislatura “esté quien esté”. “Yo quiero aprovechar estos tiempos de pre y campaña electoral fundamentalmente para dedicarme a dejarle claro a todos los que concursen en el circuito electoral cuáles son los grandes retos de esta tierra, es decir, qué es lo que el presidente de esta tierra espera para la siguiente etapa. Esté quien esté”, ha señalado.

De este modo, García-Page ha citado el agua, la sanidad y la educación pública, los valores ambientales y “sobre todo” más cotas de igualdad y de cohesión en un país “como el que tenemos”, como ejemplo de los retos de Castilla-La Mancha para la próxima legislatura.

“Primero Castilla-La Mancha, con prioridad para los pueblos, los agricultores, la industria y el futuro de la región. Porque el agua no se defiende con titulares. Se defiende con derechos, inversiones, infraestructuras y resultados”. Así se ha expresado este jueves en el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el diputado por Ciudad Real, Santiago Lucas-Torres, según recoge Europa Press.

La adaptación del slogan de Trump, America First, se ha dejado caer hoy en el Parlamento cuando se debatía sobre las medidas del Gobierno regional para garantizar las necesidades hídricas de la región, a iniciativa tanto de PP como de PSOE.

El diputado ha reclamado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page que explique “por qué, tras casi doce años de Gobierno, Castilla-La Mancha sigue esperando las infraestructuras hidráulicas pendientes” y otras soluciones “para agricultores, ganaderos y municipios”.

“Porque durante décadas el PSOE ha hecho del agua una bandera, una reivindicación y una fuente permanente de confrontación. Pero ¿qué ha hecho Page con el agua de Castilla-La Mancha? No qué ha dicho, qué ha prometido o a quién ha culpado. ¿Qué ha hecho? Porque gobernar no es protestar. Gobernar es resolver”, aseveraba desde la tribuna de oradores.

El diputado del PP-CLM ha señalado que, después de este periodo, la región continúa hablando de “pozos pendientes, derechos sin resolver, restricciones, depuradoras, reutilización insuficiente y grandes infraestructuras que continúan esperando”, por lo que ha resumido la situación afirmando que han sido “mucho discurso, mucho anuncio y demasiadas soluciones pendientes”.

Las “prioridades” del PP

Lucas-Torres ha defendido como prioridades el abastecimiento de los pueblos, los agricultores y ganaderos, la industria y el desarrollo, el medio ambiente y “las necesidades presentes y futuras de la cuenca cedente”, antes de la solidaridad con otros territorios. En este sentido, ha afirmado que Castilla-La Mancha “ha sido solidaria durante décadas”, pero ha reclamado que el agua también pueda generar riqueza en la propia región.

Asimismo, ha recordado el Pacto Regional por el Agua firmado en 2020 y ha enumerado distintas actuaciones que continúan pendientes, entre ellas el proyecto de la presa de Montizón, la conexión de los embalses Alcorlo-Beleña, el aprovechamiento pleno de la 'Tubería Manchega' (aunque está todavía en fase de construcción), soluciones para el Alto Guadiana, el Segura y el Júcar, así como nuevas actuaciones de depuración, reutilización y renovación de redes.

Ante los nuevos planes hidrológicos y las medidas que puedan afectar a los agricultores, el diputado regional ha defendido que las administraciones deben ofrecer alternativas y garantizar seguridad jurídica. “Antes de cerrar pozos, invertir. Antes de recortar agua, ofrecer alternativas. Antes de quitar derechos, dar seguridad jurídica. Antes de mandar regadíos al secano, construir las infraestructuras pendientes”.

Lucas-Torres ha relacionado la disponibilidad de agua con la actividad económica y social de los territorios, al señalar que detrás de cada pozo hay agricultores, trabajadores, cooperativas, bodegas, talleres, transportistas y pueblos. “Page ya no es quien tiene que preguntar qué falta, sino quien debe explicar por qué sigue faltando”.

El PP pide una Auditoría hídrica regional

Desde el PP, han defendido una Auditoría hídrica regional, un Plan de Infraestructuras Hidráulicas, la reactivación y cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, la resolución de derechos y pozos pendientes, más depuración y reutilización y la renovación de las redes municipales.

El diputado regional ha añadido la defensa de un Plan Nacional del Agua basado en “planificación, infraestructuras y solidaridad”, con la condición de que “ningún recurso salga de Castilla-La Mancha comprometiendo las necesidades presentes y futuras de la región”, sin expresar su rechazo a la cesión de agua a través del trasvase Tajo-Segura, en dirección Alicante, Murcia o Almería, o hacia Madrid, desde el río Sorbe, en Guadalajara.

El PSOE pide al Comité Regional del PP una resolución “en defensa del agua”

Mientras, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al PP que, coincidiendo con el Comité Regional del partido conservador que se celebra este jueves, aproveche para anunciar “una resolución en defensa de los derechos hídricos de Castilla-La Mancha”.

Los 'populares' se reúnen hoy en su sede regional de Toledo para celebrar cónclave regional, a las siete de la tarde.

A través de las redes sociales, los socialistas sugieren que “estaría bien que aclaren si el agua del Tajo se debe quedar en Castilla-La Mancha o prefieren que se vaya a Murcia”. En este sentido preguntan si “va a guardar silencio Núñez por ese pacto oculto con Génova para seguir de candidato?”.

Ya durante el Comité Regional, el presidente del PP Paco Núñez ha insistido en la idea de que “con el agua de Castilla-La Mancha rieguen los castellanomanchegos”. Se ha comprometido al cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y al “trabajo para impulsar un Plan Nacional de Aguas·, defendiendo que el agua de Castilla-La Mancha debe servir en primer lugar para las necesidades de los agricultores y ganaderos de la región, según informa Europa Press.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves, antes del inicio de su sesión plenaria, el acto oficial de toma de posesión del presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha por parte de Francisco Javier de Irízar Ortega, en el que supondrá su segundo periodo al frente del órgano, cuya presidencia asumió en 2021.

Tras prometer el cargo por segunda vez, De Irízar ha recordado en su intervención a “muchos amigos que han fallecido” y ha reivindicado la pluralidad del Consejo Consultivo, apuntando que el sistema constitucional supone “reconocer la pluralidad y diversidad de España”.

El presidente del Consejo ha apuntado que el órgano consultivo superior de Castilla-La Mancha “no gobierna, no legisla, no juzga, no sustituye a quienes tienen la responsabilidad democrática de decidir, pero desempeña una función esencial: ayudar a quienes tienen que decidir”.

Además, ha destacado que se trata de un órgano independiente, lo que no significa “neutralidad”, subrayando el deber de “defender los intereses de Castilla-La Mancha”, haciendo referencia directa a la Ley de Financiación Autonómica.

Por su parte, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha defendido que De Irízar es “un experimentado jurista que cumple con los requisitos objetivos y subjetivos para ser vocal del mismo y, por supuesto, para ser presidente”.

Bellido, que ha recordado que el presidente del Consejo ejerció de presidente de la Cámara durante la primera legislatura autonómica, ha afirmado que “tiene muy acreditado su compromiso con la región, con lo público y también con la necesaria independencia que requiere este órgano de asesoramiento”.

Biografía y carrera política

Francisco Javier de Irizar Ortega nació en Guadalajara el 13 de marzo de 1949. El 24 de abril de 1979 se convertía en el primer alcalde democrático de su ciudad natal, un cargo que ostentaría hasta el 15 de junio de 1991. Además, fue senador entre el 1 de marzo de 1979 y el 31 de agosto de 1982.

En julio de 1981 fue elegido miembro de la Mesa Presidencial de la Asamblea de Parlamentarios constituida para redactar el borrador de Estatuto de Autonomía y, tras las elecciones de octubre de 1982, miembro de la Asamblea Provisional que se conformó para mantener el proceso hasta la convocatoria de unas elecciones autonómicas en mayo siguiente.

Reunidas en su primera sesión plenaria de la historia, precisamente tras las primeras elecciones de la recién creada comunidad autónoma, el día 31 de mayo de 1983 las Cortes de Castilla-La Mancha eligieron al político guadalajareño como su primer presidente. A lo largo de toda esta I Legislatura autonómica ejercería ese cargo y la presidencia del resto de instituciones que van aparejadas.

La carrera de De Irízar se centraría en adelante en la Alcaldía de Guadalajara, resultando reelegido en 1987 y, tras abandonar el bastón de mando como consecuencia de los comicios de 1991, permanecería un año más como edil de la capital alcarreña, abandonando después la primera línea política durante 16 años en los que se volcaría en la actividad privada como abogado y empresario.

En marzo de 2008, de Irízar volvía a la política activa concurriendo a las elecciones generales como candidato socialista al Senado por Guadalajara.

El Debate del Estado de la Región en Castilla-La Mancha se celebrará los próximo días 14 y 15 de octubre y, según el presidente regional, Emiliano García-Page, va a ser el que tenga más iniciativas y propuestas “de los últimos 40 años”.

Así lo ha avanzado el presidente castellanomanchego durante su intervención en la inauguración del II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, en el que ha sido merecedor de un galardón por parte de esta organización.

En este sentido, García-Page ha recomendado a los miembros de la Mesa del Tercer Sector que estén atentos a este Debate del Estado de la Región porque muchas de esas medidas les van a afectar “positivamente”.

Medidas del año pasado y críticas de la oposición

En el debate del año pasado, el presidente anunció medidas como préstamos a tipo cero para jóvenes menores de 36 años o familias con hijos que compran su primera vivienda, la ampliación del Banco de Libros a Primero y Segundo de Primaria o una oferta de empleo público con 6.500 nuevas plazas para 2025 y 2026.

García-Page dibujó una comunidad autónoma con “más autoestima que nunca” y desde la oposición, tanto PP como Vox coincidieron en tachar al responsable autonómico como un “fraude”.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que su grupo parlamentario defenderá 58 enmiendas a la ley urgente de medidas sobre urbanismo y vivienda que se tramita en las Cortes regionales, centradas en la normativa de suelo y en materias fiscales.

Núñez ha destacado que la proposición de ley presentada por el PSOE cuenta con seis artículos y se enfrenta a 58 enmiendas del PP en dos direcciones. “Por un lado, están mal planteadas las modificaciones que tienen que ir en torno a la Ley del Suelo, porque es necesario que haya un crecimiento sostenido, coherente y ordenado para que la construcción de nuevas viviendas y la creación de nuevos servicios vayan a la par”, ha explicado el presidente del PP de Castilla-La Mancha. Para el Partido Popular, el proyecto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista “no se adecua al crecimiento poblacional y urbano que tiene que darse necesariamente en Castilla-La Mancha al crecimiento de los servicios”.

Por otra parte, Núñez ha explicado que el segundo bloque de enmiendas que defenderán “va en la dirección de bajar impuestos”.

Al margen de las enmiendas, Paco Núñez ha subrayado que la proposición “no trae memoria económica”, cuestionando que realmente sea operativa para la construcción de nuevas viviendas y nuevos espacios urbanísticos si no cuenta con “financiación para desarrollar la Ley”.

Esa ausencia de memoria económica “demuestra de qué forma está haciendo esto el Gobierno de Page”, criticando que “el resumen de la política de vivienda de Emiliano García-Page es en que en 11 años han construido cero viviendas”.

“No ha habido ninguna negociación”

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado que, a pesar del mensaje publicado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en redes sociales, “no ha habido ninguna negociación en la Ley de Vivienda”.

“Tan solo hubo una reunión informativa del consejero a la que convocó a los grupos para informarnos de que iba a traer una ley y leernos la ley”, ha afirmado.

Paco Núñez ha afirmado que el mensaje del consejero de Fomento es “una más” de la estrategia de comunicación del Ejecutivo regional, afirmando que “en los medios se vende un gobierno idílico y luego cuando uno rasca se da cuenta que no hay nada”.

La ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda que se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad, una vez ha terminado el plazo establecido para que los grupos parlamentarios (PP, PSOE y Vox) pudieran hacerlo, tal y como ha avanzado a través de su cuenta de X el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

“Las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos: no se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y Vivienda”, ha celebrado el consejero.

En todo caso, asegura el titular de Fomento que desde su equipo se seguirá buscando “el consenso en el debate” que vendrá en torno a las enmiendas parciales que los grupos podrán presentar al texto legislativo. “Por el bien de la gente de nuestra tierra”, remata Hernando su mensaje.

La andadura de esta ley provocó polémica durante el pasado fin de semana, cuando el PP y el Ejecutivo autonómico mantuvieron un encontronazo a cuenta de si se estaban o no produciendo negociaciones para sacar adelante el texto.

El PP de Castilla-La Mancha aseguraba que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” alrededor de la tramitación de la ley, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les había convocado a una reunión que, además, “con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno”.

No hay un pacto cerrado

Mientras, por parte del Gobierno castellanomanchego se aclaraba que no existía un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto, poniendo en valor que están “buscando acuerdos con todos los grupos” para responder a “uno de los problemas que más preocupan a la sociedad”.

Esta normativa se tramita como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y recoge un conglomerado de medidas destinadas a agilizar trámites para promover, principalmente, la vivienda pública y protegida en la comunidad autónoma. Durante su debate de toma en consideración, el PP y Vox, los partidos de la oposición, se abstuvieron, por lo que pasó el primer filtro únicamente con el respaldo de los socialistas.

El debate de enmiendas del proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha ha servido para que el Grupo Parlamentario de Vox defienda garantizar que los menores puedan entrar en las corridas de toros. Así lo ha manifestado al considerar que la norma debatida tan solo se remite a la legislación estatal y eso permite que “por la puerta de atrás” se pueda prohibir a los menores de edad la entrada a estos eventos.

En realidad, el partido de extrema derecha ya promueve la entrada de menores en corridas de toros y otros festejos similares en aquellas diputaciones o ayuntamientos en las que tiene representación o gobierna. Concretamente, impulsa la promoción de la tauromaquia entre los menores mediante la oferta de entradas gratuitas y el apoyo a escuelas taurinas.

En el debate de hoy, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha dicho no compartir que deba establecerse una prohibición de carácter general. “Por eso defendemos que los menores puedan acceder como espectadores a las corridas de toros, en los términos establecidos por la normativa aplicable y, cuando corresponda, acompañados por sus padres, tutores o responsables”.

Por otra parte, ha indicado que todas las enmiendas que ha presentado su partido a esta ley responden a varias ideas que el partido considera “realmente fundamentales”, tales como seguridad jurídica, proporcionalidad, simplificación administrativa, protección de los menores, protección a pequeños municipios y protección del mundo taurino.

Prohibiciones “definidas con precisión”

Vox también ha presentado enmiendas relativas a la seguridad, el derecho de admisión y las obligaciones del público. Así, Cobo ha dicho que el derecho de admisión no puede convertirse en arbitrario ni puede justificar discriminaciones contrarias al ordenamiento, “pero tampoco podemos exigir al titular de un establecimiento que garantice la seguridad y después privarle de instrumentos para hacerlo”, razón por la cual ha indicado que las prohibiciones deben estar “perfectamente definidas con precisión”.

De su lado, el diputado del PP Santiago Serrano ha señalado que el propósito principal de las enmiendas de su grupo parlamentario tiene una finalidad “claramente constructiva” para la mejora de la calidad técnica de la norma, reforzar la seguridad jurídica, facilitar su aplicación también por lo largo plazo por parte de las administraciones públicas, sobre todo, por los ayuntamientos, garantizar un adecuado equilibrio entre la protección del interés general y la eliminación de cargas administrativas innecesarias.

En sus enmiendas el PP modifica también la definición de fiestas ilegales, introduce una modificación para detectar aquellas fiestas que sean de escasa entidad con el fin de aportar mayor seguridad jurídica y facilitar también la gestión administrativa y pretende que la suspensión de un espectáculo público o actividad recreativa se adopte mediante resolución motivada.

“Queremos evitar también duplicidades y que se facilite el ejercicio efectivo de las competencias”, ha indicado, para agregar que los 'populares' también quieren introducir una nueva competencia para que la Junta, con el fin de impulsar la elaboración y la actualización de modelos orientativos para ordenanzas, protocolos o documentos técnicos, faciliten la aplicación homogénea de la ley.

Finalmente, la diputada socialista Silvia Fernández ha manifestado que las tres enmiendas de su partido tienen el objetivo de reforzar y mejorar el texto legislativo impulsado por el Gobierno regional. “Van orientadas a avanzar en la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos, favorecer mayor coordinación en la adopción de decisiones y garantizar un adecuado equilibrio entre el derecho al ocio y el derecho al descanso”, ha subrayado.

Simplificar trámites

Así, ha afirmado que estas enmiendas vienen amparadas por la jurisprudencia nacional y europea en materia de protección de derechos fundamentales, a la intimidad e integridad personal, “sobre todo a las exenciones ruidosas y no tolerables, derivadas del ejercicio del derecho del ocio”, ha añadido la diputada socialista.

Ha concretado que la primera de las enmiendas de los socialistas tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos y adoptar una decisión coordinada ante la necesidad de que se emita un informe previo favorable por el ayuntamiento donde se celebre el espectáculo público o la actividad; algo que va en consonancia con su segunda enmienda respecto a la cual ha indicado que quiere proponer una transaccional con una enmienda del PP.

La última enmienda del PSOE supone la modificación del artículo 43.3 para añadir la necesidad de una emisión de informe previo favorable del órgano autonómico en aquellos supuestos en los que órgano municipal competente acuerde ampliar el horario general de fiestas patronales y otras fiestas declaradas oficiales del ámbito local, principalmente a fin de garantizar el deber de la administración.

Tanto Vox como el PP han mantenido sus enmiendas para el pleno en el que se vote la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha, para la que ha sido designada como ponente la diputada del PSOE Silvia Fernández.

Este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica las declaraciones anuales de rentas, bienes y actividades de los diputados y diputadas en el Parlamento de la comunidad autónoma.

Según estos datos, el que más cobra es el presidente de las Cortes regionales Pablo Bellido, quien recibe algo más de 101.700 euros, por su cargo en el Parlamento regional y su condición de diputado, y declara además intereses bancarios de algo más de seis euros. También una hipoteca de casi 60.000 euros, un saldo medio en las cuentas bancarias que supera los 69.000 euros o un seguro de vida por valor de 60.000.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez declara cobrar de las Cortes de Castilla-La Mancha casi 81.000 euros y dice tener un saldo medio en sus cuentas bancarias de algo más de 21.000 euros, además de un préstamo bancario de más de 158.000 euros.

Ana Isabel Abengózar, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, declara algo más de 83.000 euros en ingresos entre su sueldo como diputada, la indemnización que recibe por su condición de diputada y las dietas. También declara un préstamo de más de 37.000 euros. Entre sus posesiones un inmueble de tipo industrial en Alcázar de San Juan, del que es propietaria al 50% o un saldo medio en sus cuentas bancarias de 45.000 euros.

Carolina Agudo, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, declara cerca de 81.000 euros por su condición de diputada y la indemnización que recibe por este cargo o un pequeño dividendo de poco más de seis euros en Eurocaja Rural. Con esta entidad declara un préstamo hipotecario de casi 440.000 euros y un saldo medio en sus cuentas de casi 30.000 euros. También refleja que es concejala en Valmojado (Toledo), un puesto por el que declara no cobrar.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox David Moreno declara recibir como diputado casi 82.000 euros, en una cifra que incluye gastos de locomoción, además de otros 2.608 euros por el arrendamiento de una nave. También declara participación en la empresa Mittos Contract dedicada a la venta de sillones o camas en Talavera de la Reina, de la que cesó como administrador en 2023. En aquella ciudad es primer teniente de alcalde, aunque no detalla sueldo alguno por este puesto. Además, declara un saldo medio en las cuentas bancarias de 3.760 euros.

Vox ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa para “la defensa, seguridad y refuerzo de Ceuta y Melilla”.

A través de este texto, el partido ultra eleva a la Junta de Comunidades su denuncia asegurando que la seguridad de la frontera sur “requiere una arquitectura defensiva con capacidad para intensificarse de inmediato ante situaciones de riesgo extremo o entradas masivas”, según recoge Europa Press.

“Exigimos un despliegue permanente, integral y con pleno respaldo para las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad. Quienes defienden nuestras fronteras deben contar con los medios, la autoridad y la protección jurídica necesaria para repeler cualquier ataque”, ha declarado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno.

El político, que es también teniente de alcalde en Talavera de la Reina, en un gobierno conjunto con el PP, había citado a la prensa frente a la Academia de Infantería de Toledo - construida por cierto por presos del franquismo condenados a trabajos forzados- y a la que ha calificado como “una de las mejores escuelas militares del mundo, donde cada año nuestros cadetes juran defender a España, sus fronteras, su soberanía nacional y su integridad territorial”.

Mensaje de corte bélico para “defender” a España

En su intervención ante la prensa, el diputado de Vox ha dicho que “Ceuta y Melilla son españolas, y España se defiende por tierra, mar y aire con el mejor ejército del mundo, que es el español, y con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son también los mejores Cuerpos de Seguridad que un Estado puede tener”.

Ceuta y Melilla son españolas, y España se defiende por tierra, mar y aire con el mejor ejército del mundo, que es el español

Se ha descolgado además asegurando que “Castilla-La Mancha sufre la presencia de cédulas yihadistas que han sido desmanteladas gracias a su trabajo” y a reglón seguido ha reclamado que se les reconoza como “profesión de riesgo”, además de “otorgar el carácter de agente de la autoridad al personal militar desplegado en misiones fronterizas y mayor presencia de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional para que España vuelva a controlar sus fronteras”.

Vox presenta esta iniciativa en el Parlamento regional a sabiendas de que no se debatirá. El Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha no permite, desde el año 2023, la toma en consideración de cuestiones que no afecten a las competencias directas de la comunidad autónoma.

El pasado 3 de septiembre, el presidente de las Cortes regionales Pablo Bellido ya expulsó a la diputada del PP, Itziar Asenjo, del salón de plenos por no ceñirse al orden del día e insistir a lo largo de toda su intervención en hablar sobre la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio en un punto del orden del día que originalmente estaba concebido para debatir sobre recursos hídricos.

Ya ha pasado su primer trámite parlamentario la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda y la simplificación urbanística, cuyo contenido ya ha avanzado este periódico. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado su toma en consideración con los votos a favor de los socialistas y la abstención de PP y Vox.

Ahora pasará el trámite de enmiendas en comisión y después volverá de nuevo al pleno, donde, si se aprueba, quedará ya promulgada, al estar tramitada por la vía de urgencia.

Este primer filtro parlamentario ha servido para que los grupos políticos de las Cortes fijen sus posiciones. Tanto el Gobierno regional como el PSOE han recibido duros reproches del PP y Vox, los dos partidos de la oposición, centrados principalmente en el carácter “urgente” de la norma tras tres legislaturas socialistas; y en la figura de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU). Este último es uno de los instrumentos que contempla la ley para la movilización de suelo destinado a viviendas públicas o con algún tipo de protección.

El primero en intervenir ha sido el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha comenzado defendiendo que “se ha venido trabajando mucho tiempo” en esta nueva norma de la mano de los sectores sociales y de la construcción. “No es una estrategia aislada, sino parte de una hoja de ruta”, ha afirmado, tras haberse “superado”, ha dicho, las expectativas del denominado ‘Plan 10.000’ (la construcción de viviendas a precio asequible que el Gobierno ha promovido en colaboración con empresas constructoras).  

Según ha destacado, ahora esta ley busca poner más viviendas asequibles en el mercado, porque la solución a este problema no viene “solo de las ayudas”, sino que debe haber “más oferta”. Esto se debe, ha dicho, a dos fallos en el mercado: la ausencia de suelo y los costes construcción.

Por eso ha destacado los cuatro pilares de la proposición de ley: poner a disposición del mercado, de la ciudadanía y de las instituciones suelo para vivienda asequible con algún tipo de protección pública; conceder facilidades a las empresas del sector mediante medidas urbanísticas para que “vean rentabilidad” en construir vivienda pública; “vanguardismo urbanístico” mediante nuevas figuras (como los mencionados PRU) que permitan dar “saltos de calidad para grandes soluciones”; y “metabolismo propio, poniendo en la diana a las zonas rurales”.

Para todo ello ha apelado principalmente al voto del PP como “partido moderado”. Básicamente, se ha centrado en medidas como la recalificación de suelo dotacional privado o de uso terciario, que permitirá, por ejemplo, que oficinas o comercios puedan solicitar licencias para edificar vivienda protegida sin solicitar cambios de planeamiento urbanístico, o que se puedan destinar inmuebles de la Administración pública a la vivienda asequible.

El diputado socialista ha referido que los trámites urbanísticos son los que retrasan este tipo de iniciativas, motivo por el que ha defendido los PRU para zonas con infravivienda o con degradación por usos industriales, entre otras condiciones.

“Esta ley no le encasqueta el problema a otras administraciones. El Gobierno regional quiere liderar la ley, da a los ayuntamientos la oportunidad de participar en esos planes”, ha recalcado, junto con otras medidas como el aumento de la edificabilidad hasta 30 por ciento sin necesidad de cambiar el planeamiento municipal o la posibilidad de que las corporaciones locales puedan enajenar suelo público incluso al 50% de su precio de mercado siempre y cuando se destinen a vivienda protegida.

La oposición, contra los Planes de Rehabilitación Urbana

No obstante, estos argumentos han chocado de lleno con la oposición. Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo se ha mostrado en todo momento contrario a la simplificación administrativa al considerar que eso significa “saltarse el planeamiento urbanístico” y “debilitar la autonomía de los ayuntamientos”.

Ha dicho compartir los objetivos de la nueva ley, pero ha afeado al Gobierno que se “haya acordado” de este problema al final de la legislatura y ahora quiera solucionarlo mediante una norma “con muchas taras”. Ha reconocido que “hace falta suelo” y procedimientos administrativos “más ágiles” pero las medidas propuestas introducen “excepciones y reglas” que hacen el sistema “más complejo y menos previsible”.  

Respecto a las modificaciones de la LOTAU que incorpora la propuesta, el diputado de extrema derecha se ha preguntado si es “realmente necesario” un nuevo planeamiento urbanístico (en referencia a los PRU) cuando ya hay instrumentos existentes a nivel local como los planes especiales y de mejora (los PERIM).

En su opinión, crear nuevas figuras supone “escollos” para los ayuntamientos. “Se invierte el proceso. Primero se aprueba una herramienta municipal y después se obliga al ayuntamiento a adaptarse y eso puede generar situaciones muy difíciles para constructores y arquitectos, además de incompatibilidades con los Planes de Ordenación Municipal (POM). Se traslada a los servicios municipales la responsabilidad de interpretar las contradicciones de legislador”.

Ha dicho no negar la competencia autonómica en materia de vivienda y de ordenación territorial, pero “siempre respetando” la autonomía local del municipio, porque son los ayuntamientos quienes “conocen realmente sus necesidades”. “Esto no es simplificación, esto genera incertidumbre, a costa de vaciar de contenido el planeamiento urbanístico municipal y de reducir la autonomía local”, ha concluido.

Similares argumentos ha utilizado el diputado del PP Ignacio Redondo. Ha reprochado igualmente a la Junta de Castilla-La Mancha que lleve 12 años sin resolver el problema de acceso a la vivienda y ahora tramite de forma “urgente” la nueva ley. Y aunque ha reconocido como medidas positivas la recalificación de suelos y el aumento de porcentajes en la edificabilidad, ha preguntado varias veces por qué el Gobierno regional “no lo hizo antes”.

Dicho esto, ha afirmado que la LOTAU no puede ser “un cuaderno de tachones del PSOE” y que simplificar los trámites “no significa seguir acumulando excepciones”, porque “resta seguridad jurídica, sobre todo a los ayuntamientos”.  

En este punto, ha apoyado que haya más suelo para vivienda, pero ha mezclado esta cuestión con el régimen fiscal, pidiendo rebajas para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o para el de Actos Jurídicos Documentados. En general, ha pedido una política fiscal en vivienda “mucho más amplia”.

El diputado del PP ha concluido pidiendo que los ayuntamientos “tengan una voz real” para decidir sobre los instrumentos que contempla la nueva ley, refiriéndose también al hecho de que muchos de ellos no disponen de técnicos y arquitectos municipales o los tienen “compartidos”. Por eso ha pedido a la Junta que se comprometa a ayudar a las administraciones.

Ha concluido el debate el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien primero ha querido poner sobre la mesa que Castilla-La Mancha “siempre ha estado a la vanguardia” en materia de vivienda, con “propuestas innovadoras” y “buscando dinero debajo de las piedras”.

En este sentido, ha destacado que es la única comunidad autónoma que destina políticas de vivienda uno de cada cuatro euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Y precisamente, ha avanzado que hay 68 millones de euros de esas partidas “preparados”: 18 millones para el edificio administrativo de Ciudad Real que se destinará a uso residencial y 50 millones para ser la “primera comunidad” que pone en marcha el Sistema de Interés Económico General (SIEG) de la Unión Europea para viviendas en alquiler asequible.

El consejero ha querido igualmente defender la figura del PRU, al que ha denominado “primo hermano residencial” de la fórmula de los PSI (Planes de Singular Interés) que ya se utilizan para proyectos industriales.

Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante

Y junto con ello, ha defendido todos los cambios de la LOTAU: “Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante. De no ser así, no habrían sido posibles proyectos como el Puy do Fou. Lo ordinario es para lo ordinario y lo extraordinario para lo extraordinario”, ha recalcado.  

De hecho, ha dicho que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía “están viendo cómo copiar” el planteamiento de los PRU para sus barrios y ciudades. Y al mismo tiempo, ha garantizado que el desarrollo de esta herramienta se va a hacer “de la mano” de los ayuntamientos. “Serán singulares de cada ciudad y nosotros vamos a ser parte de la solución”.

Finalmente, Nacho Hernando ha defendido que será una ley “útil, beneficiosa y dará ejemplo a toda España”, al tiempo que ha mostrado su disponibilidad y voluntad para estudiar las aportaciones que quieran hacer los dos partidos de la oposición durante el trámite de enmiendas que seguirá a la toma en consideración de hoy.

“Queremos implicar a toda la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha dicho hoy el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha presentado hoy el programa ‘50 años juntos’, con el que la región va a conmemorar el medio siglo de la transición democrática en Castilla-La Mancha.

Habrá más de 500 actividades, con 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones en 200 espacios, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y la cita dejará obras de arte urbano en cada una de las provincias para recordar que Castilla-La Mancha también se sumó a una democracia ya consolidada.

Es un programa muy volcado en la población más joven. “El fin es didáctico porque más de la mitad de la población no había nacido cuando se produjo la transición hacia la democracia. Se trata de recordar el esfuerzo para entenderse y alcanzar un acuerdo por el interés general”, que se produjo hace ya medio siglo, ha comentado el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

“España ha conservado su posición como democracia plena, pero estamos en un momento crucial donde se están pediendo las formas. Hay una tensión desmedida y desde los parlamentos en lugar de emitir señales positivas que construyan tolerancia y acuerdos, casi se está incentivando lo contrario”, ha lamentado.

En la presentación, José Manuel Caballero ha recordado las palabras de un destacado político castellanomanchego que protagonizó esta etapa: “La Transición, como decía nuestro paisano Manuel Marín, supuso, fundamentalmente, renuncia, supuso no imponer los sueños que cada uno de nosotros teníamos, sino compartir los sueños colectivos y eso es lo que queremos celebrar desde Castilla-La Mancha con el compromiso del presidente Emiliano García-Page”.

La idea es “situar en el centro de este programa el diálogo, la convivencia y la participación colectiva”, ha señalado el vicepresidente, que, además, ha añadido que “vamos a combinarlo con el reconocimiento a quienes hicieron posible el cambio democrático, desde la política y desde la sociedad, con propuestas dirigidas a las nuevas generaciones y acciones que recuperan la memoria cotidiana de pueblos, ciudades y familias”.

Se conmemora un periodo temporal entre 1976 y 1983. “La transición no se inicia en 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco”, ha dicho, sino que el Gobierno regional considera que el hito principal fue el 15 de diciembre de 1976, fecha en la que se celebró el referéndum para la reforma política.

El fin del periodo que se va a recordar concluye con las elecciones del 8 de mayo de 1983, entonces se convocaron las primeras Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué actividades se programan?

Caballero ha desgranado este programa inicial, “abierto a crecer”, y que tendrá el pistoletazo de salida ya este mismo mes de septiembre.

El programa nace del trabajo realizado para la puesta en marcha de la exposición ‘La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976–1983)’. Esta es el eje central del programa y recorre el paso de la dictadura a la democracia y el nacimiento del autogobierno regional con documentos, imágenes, objetos originales y recursos audiovisuales que explicarán cómo los grandes acontecimientos nacionales se vivieron y construyeron desde Castilla-La Mancha.

Asimismo, esta exposición contará con visitas teatralizadas y con una exposición paralela de jóvenes ilustradores. Además, tendrá una adaptación para exponerse al aire libre y que recorrerá decenas de localidades de la región. También habrá exposiciones sobre portadas de prensa local y provincial y con grandes portadas de revistas nacionales que ilustran los hitos históricos de la época, sobre coleccionismo y archivos, sobre el papel de las mujeres en la Transición, sobre la migración de castellanomanchegos y sobre artistas como José Ortega.

Se ha programado un acto central para reconocer a los primeros diputados y senadores de Castilla-La Mancha elegidos el 15 de junio de 1977. Se entregarán 41 reconocimientos y una escultura conmemorativa de Quique de Lucas, ‘Tortajada’, para poner en valor el consenso y la labor de quienes contribuyeron a cimentar la democracia y la Comunidad Autónoma. Además, habrá cinco actos provinciales que reconocerán el papel de los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y por la igualdad de las mujeres; y dos foros de debate, uno sobre discapacidad y otro sobre derechos LGTBI.

A nivel cultural, se va a desarrollar ‘Manuel Piña Lab: Jóvenes Creadores’, un espacio de innovación y talento que conecta el legado del gran diseñador manchego con el futuro del diseño a través de una colaboración estratégica con las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha; se han programado actividades con los clubes de lectura a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y se proyectarán siete películas emblemáticas de la Transición en salas de cine de la región que incluirán coloquios con sus protagonistas.

En la programación, tal y como ha explicado Caballero, hay un espacio especial para llegar a los jóvenes. Se ha convocado un concurso para crear una miniserie de tres vídeos verticales basada en entrevistas familiares, recuerdos y música de la época y se va a desarrollar un proyecto de arte urbano comisariado por Okuda San Miguel con estudiantes de escuelas de arte y cinco artistas nacionales que crearán cinco murales. Además, se pondrá en marcha el proyecto de cómic-fotonovela ‘Construyendo nuestra memoria’, planteado por Ángel Luis Arjona, y se celebrarán las III Olimpiadas de Historia con una edición especial sobre la Transición.

La música tendrá un papel protagonista con una decena de jornadas festivas con grandes actuaciones de orquestas de reconocido prestigio nacional, “que recuperarán el espíritu de convivencia de la verbena y el guateque de la época”. También habrá festivales de música con talentos emergentes de la región, un circuito de 82 actuaciones de bandas locales que adaptarán al lenguaje sinfónico las canciones del cambio democrático y una pieza audiovisual, elaborada por creadores de la región, que enlazará imágenes y grabaciones de archivo para explicar cómo las canciones acompañaron las demandas de libertad, la modernización cultural y la construcción de nuevos valores de convivencia.

Caballero ha puesto el acento en la importancia de construir de la mano de la sociedad esta conmemoración. Por eso, se ha programado un certamen oral y escrito para mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha para recoger los recuerdos en primera persona sobre la evolución social y cultural de la región. Además, se ha lanzado una convocatoria ciudadana para recuperar fotografías personales y familiares con el objetivo de construir un archivo colectivo digital de acceso público.

Por último, el vicepresidente segundo ha explicado que se celebrará el ciclo ‘50 años juntos: espectáculo de luz y sonido’, una ambiciosa e innovadora propuesta cultural diseñada para conmemorar este medio siglo de historia común en la región a través de la tecnología y el arte multimedia.

Finalmente, ha añadido que los medios de comunicación regionales y nacionales van a participar a través de la generación de contenido documental e informativo sobre esta etapa y con eventos de debate y divulgación.

Que Castilla-La Mancha tuviera una Ley de Vivienda propia fue una de las promesas que Emiliano García-Page realizó en su primer debate de investidura, en 2015. En esa legislatura gobernó con Podemos y llegó a redactarse una normativa que finalmente no salió adelante. Lleva desde entonces en un cajón. En la última década, todas las medidas sobre vivienda del Gobierno regional se han realizado vía decretos, ayudas y planes.

El pasado mes de mayo, el propio Page presentó, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, una 'Agenda de Acción por la Vivienda' con horizonte 2030. Se trata de un conglomerado de medidas, algunas ya puestas en marcha y otras todavía pendientes, entre las que se incluían varias modificaciones regulatorias de la comunidad autónoma.

Y ahora, en el tramo final de la legislatura, que culmina en la primavera de 2027, el Gobierno ha decidido unificar parte de todos esos cambios en una única norma. La iniciativa parte del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha elevado al pleno de este jueves, día 17 de septiembre, una proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha. Se tramitará por la vía de urgencia, es decir, acortando plazos. Su aprobación está prevista para noviembre.

Esta misma semana, Page ya ha dejado caer algunas iniciativas concretas que se derivarán de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, ha anunciado que parte del antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se destinará a viviendas, aunque no aportó más detalles al respecto.

Una situación idéntica es la que tiene el edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo, hoy en desuso, y sobre el que no hay una decisión definida en cuanto a su utilidad en el futuro. Ayer, Movimiento Sumar Toledo planteó que se estudie la viabilidad de dedicar parte del antiguo centro hospitalario a “vivienda pública y asequible”, avanzaba su portavoz José Luis Resuela, aprovechando precisamente el anuncio realizado por el presidente regional sobre el viejo edificio del hospital conquense.

Hoy, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez, que ha reconocido en varias declaraciones públicas que hace falta vivienda en la ciudad, también ha verbalizado esta posibilidad, pero advierte: antes la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deben clarificar la propiedad de este edificio. El Gobierno de España ya respondió a varios senadores del PP por Toledo el pasado mes de junio: el trámite está en marcha.

Reconversión de edificios públicos en viviendas

Es una cuestión que está en el espíritu de la nueva norma: una de sus principales novedades es que permitirá al Ejecutivo autonómico la reconversión de los edificios públicos para que se puedan ser “preferentemente” en viviendas. El presidente también avanzó que con la nueva norma se generarán alrededor de un millar de viviendas más con protección pública.

Pero, ¿cuáles son las líneas generales de la nueva normativa? Según el texto consultado por este periódico, en líneas generales, articula un marco integral estructurado en dos grandes bloques normativos, más un conjunto de reformas reglamentarias. Por un lado, las medidas en materia de vivienda, y por otro, las referidas a suelo y urbanismo, aunque en muchos casos, ambos bloques son transversales.

Respecto al primer eje, el Gobierno de Page va a modificar la Ley autonómica que regula las modalidades de viviendas de protección pública, y que data de hace 25 años. La principal novedad es que va a facultar a la Administración autonómica y a los ayuntamientos para constituir parques públicos de vivienda destinados al acceso de jóvenes y colectivos vulnerables.

Este punto se realizará mediante dos modalidades: vivienda dotacional pública (la desarrollada sobre terrenos o equipamientos públicos) y vivienda social para colectivos en riesgo de exclusión. Esta última estará vinculada a itinerarios de inserción diseñados por los servicios sociales.

Dentro de este primer bloque, la nueva ley ordenará el patrimonio público y residencial del Gobierno regional para que sea “separado, finalista y circular”. El objetivo es que se integre en el patrimonio público de suelo.

Esto quiere decir que sus fondos se destinarán exclusivamente a la adquisición de suelo residencial, promoción de Vivienda Pública Ofical (VPO), rehabilitación del parque público y actuaciones de renovación en el medio rural o zonas despobladas. Se financiará mediante consignaciones presupuestarias, ingresos patrimoniales, multas, donaciones y el 80% de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Al permitir que edificios de uso público se destinen a viviendas, la nueva ley no olvida regular los “desahucios administrativos”: rescisión de contratos de alquiler de esos inmuebles por falta de pago, no destino a vivienda habitual, subarriendo, obras no autorizadas o actividades molestas. Esta medida incluirá el procedimiento de desahucio y recuperación de oficio, aunque requiere autorización judicial para la entrada al domicilio.

Parque social y protección permanente mínima para 50 años

En cuanto a la gestión del parque social de la Junta de Castilla-La Mancha, la nueva norma establece que se formalizará mediante contratos administrativos (arrendamiento, cesión de uso o precario por razones sociales). Se habilita asimismo a la Consejería de Fomento a conceder moratorias individualizadas en el pago del alquiler por “motivos sociales debidamente justificados”.

La nueva norma también incluye el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Es una plataforma que en realidad ya existe en la región. Ahora el Gobierno reestructurarlo como registro administrativo regional para asegurar la gestión, control, publicidad y concurrencia transparente en las adjudicaciones.

Otra novedad que las viviendas protegidas, ya sea venta o en alquiler, y que están financiadas con fondos europeos o por el Plan Estatal de Vivienda, pasarán a tener un régimen de protección de carácter permanente, con una duración mínima del régimen de alquiler de 50 años desde su calificación definitiva,

El segundo bloque de nueva norma, el referido a las medidas en materia de suelo y urbanismo supone la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

Su principal medida se centra en los Planes de Rehabilitación Urbana. Será una nueva figura de planeamiento para intervenir en ámbitos urbanos residenciales con infravivienda o degradación industrial o ambiental. El texto permitirá, en planes especiales, reclasificar suelo rústico a urbanizable en municipios con necesidades acreditadas de vivienda en zonas escasamente pobladas, siempre que la trama urbana consolidada no pueda absorber la demanda. En estos supuestos, los plazos de tramitación y de aprobación de los Planes de Actuación Urbanística (PAU) se reducirán a la mitad y se eliminará la necesidad de consulta previa.

Además, en parcelas urbanas o urbanizables con uso terciario o dotacional privado, se autorizará la implantación de vivienda protegida con eficacia inmediata y sin necesidad de modificar el planeamiento. Se otorgará un plazo de cinco años para solicitar licencia y tres años para finalizar obras, corriendo los costes de infraestructuras exteriores a cargo del promotor.

Otra cuestión muy relevante en este bloque es que en parcelas destinadas a vivienda protegida en suelo urbano, se permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad máxima y hasta un 30% la densidad residencial, pudiendo autorizarse un aumento de altura de hasta dos plantas sobre lo permitido por el planeamiento.

También se habilitará un procedimiento excepcional para transformar parcelas e inmuebles del sector público regional en vivienda protegida o dotacional, prevaleciendo sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento municipal.

Infraestructuras de “interés” para ejecuciones residenciales

Más novedades: las infraestructuras de energía necesarias para posibilitar ejecuciones residenciales protegidas podrán ser declaradas de “interés público autonómico” por el Consejo de Gobierno, lo que conllevará la tramitación de urgencia a “efectos expropiatorios”. De igual forma, la Consejería de Fomento articulará ayudas “en especie” (redacción técnica de planes generales o revisiones) dirigidas a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Finalmente, otras precisiones de la futura ley en la parte referente a suelo y urbanismo refieren que las parcelas para vivienda protegida se adjudicarán por concurso valorando las políticas públicas de vivienda, fijando un límite mínimo de venta no inferior al 50% de su valor tasación.

En este punto, hay una cuestión también relevante: se concede un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la nueva norma para que los municipios puedan acordar motivadamente no aplicar, condicionar o limitar territorialmente los cambios de uso y los aumentos de edificabilidad en sus términos municipales.

El pleno regional de este jueves, día 17 de septiembre, será el pistoletazo de salida para esta nueva ley. Se debatirá su toma en consideración para posteriormente tramitarla en comisión, con las enmiendas que incorporen los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) y en pleno. Una vez aprobada por el pleno, quedará promulgado y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha criticado la falta de respeto al adversario político, un hábito que considera que “está fallando” y “normalizándose” en la vida política española, poniendo “en riesgo” la democracia, ha alertado.

En un mensaje institucional publicado con motivo del Día Internacional de la Democracia que se celebra este martes, el presidente de la Cámara Autonómica ha recordado que “quienes opinan de otra manera no son enemigos a los que haya que eliminar, sino adversarios a los que reconocemos y respetamos, porque la democracia cuida de las mayorías tanto como de las minorías”.

Esta situación le ha llevado a hablar de “grave crisis” de plenitud democrática en nuestro país.

El presidente de las Cortes regionales ha asegurado que los españoles “somos afortunados” en esta materia, pero advierte de que “cada vez hay más riesgos”. Y justifica esta afirmación apoyándose en el informe de The Economist Intelligence Unit, que arroja datos “preocupantes”: solo 26 países del mundo, donde vive menos del 7% de la población, vive en una democracia plena, y España ocupa el puesto 21.

Bellido pone el foco del problema en que la democracia “no consiste solamente en votar periódicamente”, sino que “exige el cumplimiento de otros presupuestos básicos” como “transparencia, rendición de cuentas por parte de los poderes públicos y, lo que es igualmente importante, un catálogo de derechos, libertades y servicios públicos a la altura de la ciudadanía”.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha culmina su mensaje con esperanza: “ojalá que todos podamos avanzar en el futuro para mejorar la democracia española y que el resto de países, que se encuentran en proceso, alcancen una democracia plena como la que tenemos aquí hoy”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido por primera vez un pleno social con motivo del Día de las Personas Cooperantes, organizado junto a la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de la comunidad autónoma. En este acto, diferentes representantes de organizaciones sociales han alzado la voz contra el egoísmo y la exclusión. Por su parte, el presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, ha animado a combatir las tendencias “egoístas” en el reparto de ayudas, al asegurar que “quienes defienden la tesis de los españoles primero, lo que en realidad quieren es eliminar todas las ayudas”.

Bellido ha situado a las personas cooperantes como ejemplo de “trabajo anónimo, valioso y precioso” en unos tiempos en los que priman “el egoísmo y la exclusión” incluso a la hora de priorizar la prestación de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. De este modo, ha explicado que la celebración por vez primera de este acto tiene como objetivo destacar esta labor “para que sea menos anónima y tenga más penetración social”.

De ahí que el presidente de las Cortes regionales haya expresado su deseo de que este nuevo pleno social tenga continuidad en los próximos años: “Ojalá que no sea la última vez que se hace y que la Cámara que representa la voluntad popular en Castilla-La Mancha tenga un espacio para los hombres y mujeres que se dedican a construir un mundo más justo”.

A este respecto, ha reconocido que “hoy no está de moda la cooperación” y que “la tendencia mayoritaria alimenta el egoísmo, el individualismo y la exclusión”, punto en el que ha llamado a combatir la llamada ‘prioridad nacional’ en la prestación de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad.

“Hay quien puede pensar que existe un conflicto de necesidades según el cual tenemos que atender antes a unas personas que a otras”. Ante esta tesis, también llamada de ‘prioridad nacional’, Bellido ha expuesto que su experiencia personal enseña que “quienes quieren orillar, reducir o poner a competir unas ayudas frente a otras normalmente lo que quieren es eliminarlas todas”.

Por último, con una visión más amplia, ha animado a la sociedad a “no permitir que gran parte del mundo viva en precariedad y sin recursos y comprender que si no queremos perder el Norte, tenemos que mirar más al Sur”.

Este acto institucional en el Salón de Plenos del Convento de San Gil de Toledo ha contado también con la participación desde la tribuna de oradores de la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social, Guadalupe Martín; y Fernando Gutiérrez García-Calvo, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, que ha venido acompañado de otros cargos de la organización, recibidos antes de la sesión en el despacho de Presidencia.

Gutiérrez García-Calvo ha recordado la labor que hacen estas organizaciones de la región sobre el terreno, pero también de sensibilización y concienciación en Castilla-La Mancha. Ha subrayado así que “vivimos momentos muy difíciles” en la labor de cooperación y emergencias en zonas conflictivas y ha denunciado que “se está intentando desacreditar a las organizaciones que defienden los derechos humanos”.

La cooperación es una responsabilidad y una inversión de futuro para construir un mundo más justo, sostenible e interdependiente con problemas compartidos

Además, ha afirmado que la cooperación “no es un lujo”, sino “una responsabilidad y una inversión de futuro para construir un mundo más justo, sostenible e interdependiente con problemas compartidos” como la pobreza, por lo que ha pedido “compromiso” a todas las fuerzas políticas y avances en legislación.

Por la tribuna de personas oradoras han pasado también Olga Alonso de la Sierra, secretaria técnica de la Coordinadora, con muchos años de experiencia como cooperante y que ha trabajado en países como República Dominicana, Colombia o Cabo Verde; Gerarado Magariños Laguía, de YMCA, que ha desarrollado su labor en Centroamérica con la Asamblea de Cooperación por la Paz; Sol Lahera Grilles, cooperante del Movimiento por la Paz en Marruecos; y Ricardo Angora Cañego, experto en emergencias de Médicos del Mundo en varios países, recientemente en Venezuela por los terremotos de junio.

Además, se han proyectado dos vídeos en los que entidades de la región han explicado proyectos que llevan a cabo gracias a ayudas para cooperación: uno con la intervención de Merari Blandón, directora del Instituto de Promoción Humana de Somoto en Nicaragua, y otro sobre la actividad de la Fundación Kirikango en Kenia.

El acto ha contado con representación de los grupos Socialista y Popular y de los ayuntamientos de Toledo y de Ciudad Real; el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero y, entre otras personalidades, una amplia representación de organizaciones sociales de la región.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido este jueves que, gracias al operativo y medios desplegados por el Gobierno regional para luchar contra las llamas en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, no se quemó ninguna vivienda pese a la magnitud del “mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha”, y que a ningún profesional “le ha faltado de nada”.

Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso del pleno de las Cortes regionales para responder a las críticas de PP y Vox, que han exigido explicaciones sobre medios, prevención y el plan de recuperación.

En el debate, PP y Vox, han cuestionado la gestión del Gobierno regional en materia de prevención, mientras que el Ejecutivo autonómico, a través del Grupo Parlamentario Socialista y de la consejera de Desarrollo Sostenible, han defendido el Plan Infocam y la respuesta dada al incendio, así como el plan de recuperación y el fondo de contingencia puestos en marcha para la zona afectada.

Vox recrimina “un monte sucio”

El portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha abierto el turno de intervenciones con un reconocimiento a los bomberos forestales, agentes medioambientales, la Guardia Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los agricultores y vecinos que colaboraron durante el incendio.

Según ha denunciado, el fuego de La Mierla, iniciado el 16 de julio, calcinó alrededor de 32.000 hectáreas, obligó a evacuar más de 30 pueblos, confinó a otros 14 y forzó el desalojo de más de 1.200 personas, sin que el propio Ejecutivo regional lo diera por controlado hasta el 3 de agosto. El diputado ha recordado que, según ha podido comprobar, a 1 de septiembre, seguía sin figurar como extinguido en el sistema oficial.

El dirigente de Vox ha acusado a la Junta de mantener “el monte sucio y descuidado, con acumulación de maleza y falta de tratamientos selvícolas”, y ha asegurado que él mismo había alertado públicamente un año antes del riesgo que representaba la zona de La Mierla.

Asimismo, ha reprochado al PSOE y al Gobierno de Emiliano García-Page haber intentado, en su opinión, “encubrir el fracaso de su gestión desviando la atención hacia un presunto responsable”, en referencia a las informaciones que en los primeros días vincularon al alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, con el origen del fuego.

Sánchez ha defendido que dicho regidor “no se encontraba manejando la maquinaria agrícola” en el lugar donde se originó el incendio y ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia, subrayando que, mes y medio después, la investigación judicial seguía abierta sin que se hubieran concretado responsabilidades.

El PP denuncia falta de medios y planificación

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Ignacio Redondo ha centrado su intervención en la falta de medios y de planificación que, a su juicio, ha lastrado la respuesta al incendio. Redondo ha recordado que el mismo 16 de julio los bomberos forestales se manifestaban denunciando “falta de personal, unidades incompletas y campañas de contratación demasiado cortas”.

El diputado popular ha comparado los datos del dispositivo de la provincia de Guadalajara en 2025 y 2026 -en torno a 500 profesionales, seis medios aéreos y 26 torres de vigilancia en ambos ejercicios- para sostener que el refuerzo anunciado por la Junta tras el incendio del Pico del Lobo, en 2025, no se tradujo en un aumento real de la capacidad operativa.

Asimismo, ha alertado de que, según documentación de la empresa pública Geacam, en marzo de este año seguían figurando vacantes en unidades de bomberos, conductores y jefes de unidad en Guadalajara, meses antes del inicio de la campaña de incendios.

Redondo ha reclamado una evaluación técnica independiente, la cronología completa de la movilización de medios y el detalle de la plantilla real disponible el 16 de julio, y ha exigido explicaciones sobre denuncias de jornadas de hasta 15 o 16 horas entre trabajo y desplazamientos.

El PSOE acusa al PP y Vox de “enredar”

Por su parte, el diputado socialista Francisco José Barato ha respondido a ambos grupos defendiendo la actuación del Gobierno regional, al que ha atribuido como prioridad “proteger vidas y preservar los pueblos” durante el incendio, que obligó a desalojar una treintena de localidades y a confinar otras sin que se registraran víctimas mortales.

Barato ha destacado la coordinación con la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones, y ha lamentado que representantes del PP y de Vox hayan mantenido, en su opinión, una actitud de crítica “poco constructiva” durante y después del incendio.

El diputado del PSOE ha puesto en valor que el Plan Infocam cuenta en 2026 con una dotación de 126 millones de euros, diez millones más que el año anterior, cerca de 3.000 profesionales, 250 medios operativos -28 de ellos aéreos- y 114 puntos de vigilancia, además de 48 millones de euros previstos para actuaciones de prevención como tratamientos selvícolas, podas, rozas, cortafuegos y quemas prescritas.

Barato ha reprochado a la Diputación de Ciudad Real, gobernada por el PP, no haber enviado efectivos de apoyo al incendio de La Mierla, y ha recordado que el plan de recuperación para Guadalajara se anunció el 19 de julio, antes de que el PP registrara su propia propuesta, el 27 de agosto.

La consejera de Desarrollo Sostenible defiende el Plan Infocam

La consejera de Desarrollo Sostenible ha intervenido en representación del Consejo de Gobierno para defender la gestión del dispositivo INFOCAM, del que ha destacado su despliegue permanente los 365 días del año, “una de las pocas comunidades autónomas, junto a Cataluña y Andalucía, que mantiene esta cobertura continua”.

La consejera ha explicado que el incendio de La Mierla se desarrolló bajo condiciones climatológicas extremas, con temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad relativa por debajo del 30%, y ha recordado que en España se han quemado este año 264.656 hectáreas, de las que 39.083 corresponden a Castilla-La Mancha hasta finales de agosto.

En el operativo desplegado en La Mierla participaron 2.733 personas, según ha detallado la consejera, que ha asegurado que “no faltaron medios, equipos de protección individual, avituallamiento ni descansos”, y que no consta ninguna denuncia del personal de Infocam al respecto.

Ha subrayado que, de los 34 municipios evacuados y los 10 confinados, no se quemó ninguna vivienda, lo que atribuye a la decisión de priorizar la protección de personas y núcleos urbanos, incluso asumiendo el “sacrificio de hectáreas de un parque natural”.

La consejera ha explicado también que el fuego, pese a llevar 50 días desde su inicio, no se ha declarado oficialmente extinguido por prudencia, ante la persistencia de puntos con temperaturas superiores a los 1.000 grados y tocones ardiendo.

Sobre la dotación de medios e inversión, la consejera ha señalado que en lo que va de año se han registrado 1.100 incendios en la región, de los que el 84% quedaron en fase de conato gracias a la actuación del Infocam, y ha defendido que en los últimos cinco años se han ejecutado actuaciones preventivas en 10.566 hectáreas solo en el perímetro de La Mierla, si bien el fuego estuvo varios días fuera de capacidad de extinción por la virulencia de las llamas.

La consejera ha rechazado además que los medios aéreos actuaran con retraso, atribuyendo los primeros vuelos de la mañana a las inversiones térmicas nocturnas, que generaban densas columnas de humo.

Tras el debate, los grupos han reflejado su postura en tres propuestas parlamentarias, de las cuales solo ha quedado aprobada la de los socialistas, gracias a su mayoría absoluta.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha expulsado este jueves a la diputada regional del PP, Itziar Asenjo, del salón de plenos por no ceñirse al orden del día e insistir a lo largo de toda su intervención en hablar sobre la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio en un punto que originalmente estaba concebido para debatir sobre recursos hídricos.

La propia Asenjo ha dejado claro en todo momento su intención de alejarse del debate establecido y aseguraba “asumir las consecuencias” que dicha decisión pudiera acarrearle.

“Hoy considero que mi obligación, tanto política como moral, es hablar de Ceuta, y desde luego hemos intentado previamente hacerlo dentro de los cauces parlamentarios, pero ustedes lo impidieron. Impidieron que se debatiera sobre Ceuta y vetaron este debate”, ha afeado la parlamentaria 'popular', en alusión a la decisión tomada por la Mesa de las Cortes, con mayoría socialista, de rechazar la petición del PP para debatir sobre Ceuta en este pleno.

Asenjo ha asegurado que su partido no va a “permitir” ni “aceptar” que los socialistas “utilicen” esa mayoría para “impedir” que Ceuta entrara en este orden del día y que “como no está en el orden del día, tampoco se debata sobre ello”.

“Considero que no podemos seguir aquí debatiendo el orden del día como si nada estuviera ocurriendo en este país”, ha insistido la parlamentaria del PP, quien se ha negado a actuar “como si nada pasara”.

Hasta seis advertencias de Bellido

Todas esas declaraciones se producían mientras que el presidente de las Cortes llamaba a la cuestión a la diputada y le advertía hasta en tres ocasiones para que se ciñera al tema de debate. Sin embargo, la parlamentaria del PP ha continuado hablando sobre Ceuta, por lo que, al tercer aviso, Bellido le ha retirado la palabra y le ha rogado que abandonara la tribuna de oradores, mientras aseguraba que él no va a permitir que se haga lo que pasa en el Congreso de los Diputados y en otros parlamentos “donde no se respeta al Parlamento”.

“Usted ha sido llamada por tercera vez a la cuestión, no ha cumplido lo que se le ha pedido, no ha cumplido las reglas que nos hemos dado y usted tiene que abandonar inmediatamente la tribuna de oradores”, ha ordenado el presidente de las Cortes.

A pesar de la indicación del presidente de las Cortes, la diputada 'popular' ha permanecido en la tribuna de oradores continuando su intervención pese a no tener el uso de la palabra, por lo que ha recibido otros tres avisos de Bellido, tras los cuales ha sido expulsada del pleno.

“Su obligación como diputada es ceñirse a la cuestión. Ha habido un debate anterior donde se le ha permitido a su portavoz intervenir durante 15 minutos sobre una cuestión ajena y no vamos a hablar durante todo el pleno de lo que ustedes quieran porque hay otros grupos parlamentarios que traen asuntos al pleno y que, por tanto, merecen respeto”, ha aseverado Bellido.

El PSOE asegura que era lo que el PP “buscaba”

Tras ser expulsada la diputada del PP, ha tomado la palabra el diputado socialista Ángel Tomás Godoy, quien ha calificado de “espectáculo absolutamente bochornoso” lo sucedido, algo que, a su juicio, “lleva buscando el Partido Popular esta mañana”.

De este modo, ha acusado a los 'populares' de “utilizar” una vez más las instituciones. “Donde se tenía que hablar de menores han decidido hablar de otra cosa y en un debate donde se habla de agua, pues han decidido también hablar de otra cosa. Esto es el Partido Popular de Castilla-La Mancha, seguramente el PP más extremista de toda España”, ha censurado.

Indignación de Núñez

En rueda de prensa en la sala institucional de las Cortes regionales, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su “indignación” por lo sucedido en el Parlamento y ha sentenciado que su compañera de bancada ha sido expulsada del salón de plenos “por solidarizarse con el pueblo ceutí”.

“Hoy Pablo Bellido, secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, se ha quitado la careta. Hoy Pablo Bellido ha demostrado su verdadera cara, que es la verdadera cara del Partido Socialista de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page. Una cara que tiene tintes profundamente antidemocráticos porque en ningún otro parlamento de nuestro país, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado, ni en ningún otro parlamento autonómico de nuestro país, se ha expulsado a un diputado autonómico por solidarizarse con el pueblo de Ceuta”.

A su juicio “no se puede admitir en democracia que se expulse una diputada porque se ha solidarizado con el pueblo de Ceuta. No se puede permitir”.

“Que sepa el Partido Socialista de Castilla-La Mancha que no nos va a callar”, ha remarcado el líder del PP, quien ha dicho que el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a seguir estando con los castellanomanchegos defendiendo a España y defendiendo a Ceuta.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha mostrado pesimista con que el nuevo Estatuto de Autonomía de la región, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, se pueda aprobar en este curso político que acaba de arrancar.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a CMM, en la que Bellido ha lamentado que, habiendo un acuerdo entre PSOE y PP sobre el Estatuto, “cuando este texto ha llegado a Madrid y el PP nacional ha dicho que esto no se va a aprobar, el PP de Castilla-La Mancha se ha vuelto a arrodillar”.

La reforma del Estatuto salió adelante en mayo de 2025 con los votos favorables de los grupos Socialista y Popular en las Cortes Regionales y su tramitación como Ley Orgánica fue tomada en consideración en noviembre en Madrid con una amplia mayoría de la Cámara Baja. Ha sido después, durante la fase de alegaciones, cuando el proceso ha quedado estancado, sin ningún avance en lo que va de año, después de que el Grupo Parlamentario Popular presentase una enmienda al texto de reforma relacionada con el futuro número de diputados que debe tener el Parlamento de la comunidad autónoma.

“Yo le pido que hay una oportunidad para aprobarlo, que rectifique y cumpla con la palabra dada. Si no se hace, evidentemente el Estatuto no se podrá aprobar en este momento y no quedará más remedio que retirarlo”, ha solicitado Bellido al PP regional.

El presidente de las Cortes regionales ha calificado esta situación como “desesperante” y asegura sentirse “traicionado”, ya que este Estatuto, en su opinión, “no surge de la nada”, sino del “trabajo conjunto entre PP y PSOE, en el que participó toda la sociedad de Castilla-La Mancha, llegó al Congreso de los Diputados y en la tramitación se aprobó por más del 80% de los diputados, lo cual es algo inédito en este Parlamento nacional”. “Y cuando se trata de la aprobación definitiva, se bajan del carro con pretextos y excusas que no se las cree nadie. Me siento traicionado y me gustaría que el PP y Paco Núñez rectificasen y atendiesen a lo que han aprobado en Castilla-La Mancha”, ha concluido Bellido.

El Debate de la Región, en la primera quincena de octubre

Pablo Bellido también ha explicado que el último Debate sobre el Estado de la Región de esta legislatura se celebrará “probablemente” en la primera quincena de octubre, aunque ha afirmado que todavía no hay fecha concreta escogida.

Además, ha añadido que espera que esta cita, que ha calificado como “el debate más importante de cada curso político”, “sea muy provechosa”.