El Gobierno de Emiliano García-Page ha comenzado a allanar el camino para el futuro decreto que regulará las polémicas plantas de biometano y su “efecto llamada” para las macrogranjas, con una moratoria para los expedientes en curso. Uno de los objetivos principales de esa regulación es dar a los ayuntamientos el poder de decidir si quieren o no que estos proyectos se implanten su territorio.

Pero para ello, primero debe modificar la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma. Y ese es el paso que hoy ha dado a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se modifica esa norma, cuya toma en consideración ha aprobado el pleno parlamentario con la mayoría absoluta socialista. Los grupos del PP y Vox han votado en contra.

Ha explicado los detalles el diputado socialista Francisco José Barato, quien desde el primer momento ha vinculado este cambio normativo con el futuro decreto que regulará las plantas de biometano.

Según ha subrayado, el principal cambio de la Ley regional de Evaluación Ambiental es otorgar “autonomía” a los ayuntamientos sobre los proyectos empresariales que quieran implantarse en sus municipios, tanto en aquellos en los que la Corporación local actúa como órgano sustantivo como en los que no.

Con ello, los ayuntamientos pasan de ejercer una “participación informativa” a adoptar una “participación efectiva” de decisión principal en los informes de impacto ambiental.

En total, la reforma incorpora ocho cambios sustanciales. En primer lugar, se mantiene el informe técnico municipal requerido a los ayuntamientos en los expedientes de evaluación, sobre compatibilidad urbanística y afección socioeconómica de los proyectos. Pero se añade que el pleno municipal “deberá conocer el proyecto y pronunciarse expresamente”, validando o no su conformidad con el proyecto. Si el plenario local no lo autoriza, el proyecto no continuará su tramitación.

“El Ayuntamiento ya no se limita a ser informado, fija una posición efectiva, que tendrá un carácter vinculante”, ha subrayado el parlamentario del PSOE. “En todos los escenarios, los ayuntamientos tendrán una intervención clara, formal y efectiva en los proyectos de evaluación ambiental. Decidirán sobre su continuación”.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación de la ciudadanía: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse al respecto.

En la Ley actual se prevé el desarrollo de medidas compensatorias para corregir los efectos ambientales de proyectos empresariales. Con esta modificación, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración autonómica en materia de seguimiento, vigilancia y control. Todo ello, “sin desplazar las competencias de vigilancia” de la inspección ambiental autonómica.

Finalmente, la reforma establece que esta potestad de los ayuntamientos podrá ejercerse sobre los expedientes en curso, en tramitación. Esos proyectos quedarán suspendidos desde el momento en que estos cambios se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo máximo de un año, en el que las corporaciones locales deben pronunciarse sobre ellos.

La excepción cuando el proyecto es “estratégico”

Pero existe una excepción en estos cambios. Aunque un ayuntamiento decida en su pleno municipal que no quiere que un proyecto empresarial se ubique en su municipio, el Gobierno castellanomanchego se reserva la opción de seguir adelante con el expediente si se considera “estratégico”.

Y precisamente, actualmente el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa regional de actuaciones “prioritarias”, y donde el biometano ocupa un lugar especial.

No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos

“No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos, haciendo compatible el desarrollo económico con la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha concluido, no obstante, Francisco José Barato.

El rechazo de la oposición ha sido frontal. Desde Vox, el portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, Francisco José Cobo, ha acusado al PSOE de “poner en peligro la seguridad y el control del impacto ambiental”. Esta reforma, ha dicho, va “contra la naturaleza jurídica de prevenir, corregir y valorar los efectos ambientales”.

Ha arremetido así contra lo que considera “dar poder de veto a un órgano político” (en referencia a los ayuntamientos) frente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su opinión, que un informe municipal sea vinculante “no tiene sentido”.

Además, el parlamentario del partido de ultraderecha ha afirmado que el régimen transitorio de un año es “un auténtico despropósito” y que esta reforma provocará “muchos litigios y conflictos en los tribunales por la nulidad de expedientes”, sobre todo en los proyectos considerados “prioritarios” o estratégicos“.

En la misma línea se ha pronunciado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, quien se ha referido a esta forma como un “enorme ejercicio de contradicción política”. “La Junta se quiere quitar responsabilidades de encima, porque la evaluación ambiental es una competencia autonómica, no de los ayuntamientos”.

Trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones

“Con esto, trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones. Los alcaldes pasan a asumir el desgaste, la presión social. Con esto nos dicen que un proyecto no se desarrolle si no le gusta a quien esté gobernando. Es utilizar a alcaldes y concejales como escudo político”, ha argumentado.

Ha dejado claro que su partido está a favor de la participación de los ayuntamientos en los trámites de evaluación ambiental, pero no de que se “sustituya el criterio técnico” por una “decisión política”.

Además, considera que la mayor incoherencia es que si al Gobierno regional le parece “estratégico”, el proyecto salga delante de cualquier forma. “¿La voluntad municipal es sagrada o no, o solamente cuando coincide con los criterios de Page? Esto es una doble vara de medir tremendamente injusta”.

Santiago Lucas-Torres también se ha preguntado con qué recursos van a contar los ayuntamientos de pueblos muy pequeños para decidir sobre un proyecto, y también ha considerado que la reforma puede ser inconstitucional por “romper el equilibrio competencial, por sustituir informes técnicos por votaciones”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha mostrado “atónita” por el rechazo de la oposición. Ha afirmado que la reforma cumple con el principio de autonomía local que recoge la Constitución y también con la Ley de Bases del Régimen local.

Por ello, ha preguntado directamente a la bancada del PP si le van a decir a ayuntamientos como Campos del Paraíso, en Cuenca (donde gobierna este partido y donde se proyectan varias plantas de biometano en un término municipal muy pequeño), que “no van a poder decidir” sobre ello.

“No vamos a frenar el desarrollo. El periodo transitorio va a permitir que no se agoten los 12 meses. Porque nada más entrar en vigor esta reforma, un pleno municipal puede automáticamente validar un expediente y que este siga su curso”, ha remarcado la consejera.

Si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle

Además, ha defendido que la reforma también permite mayor transparencia, de manera que los promotores puedan informar a los ayuntamientos de que su proyecto “es el mejor del mundo mundial”. “Pero si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle, pero además hay un órgano técnico fundamental, que son las diputaciones provinciales. Los municipios no están abandonados”.

Mercedes Gómez ha concluido insistiendo que este es el primer paso para el futuro decreto de regulación de las plantas de biometano, cuyo borrador estará en exposición pública “próximamente”. Ha incidido en que los 919 ayuntamientos de la región están esperando “como agua de mayo” esta iniciativa y “van a tener siempre el asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

La vivienda es una competencia autonómica según el artículo 148 de la Constitución, pero Castilla-La Mancha y Madrid son las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Asturias, Cantabria y Aragón que también carecían de leyes tienen proyectos en trámite parlamentario ya muy avanzados.

En Castilla-La Mancha únicamente contamos con la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública.

En 2011, a pocos meses de las elecciones, el PSOE aprobó en las Cortes la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Era una ley muy avanzada sobre el papel, dado que se garantizaba una vivienda pública a quienes reuniesen condiciones para inscribirse en un registro regional de demandantes. Con el cambio de gobierno no llegó a aplicarse y en 2012 el PP la derogó.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el anteproyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, se sometió a un periodo de información pública (enero de 2018), pero finalmente no se tramitó en las Cortes regionales.

Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma y para favorecer el acceso a la vivienda. Planteaba el fomento del alquiler privado con incentivos, la penalización de viviendas vacías, los registros de demandantes, la movilización de las viviendas ociosas en manos de grandes propietarios, etc. Además devolvía a los ayuntamientos de la región la competencia en esta materia, que eliminó la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Esa falta de competencia de los ayuntamientos, limitada por ahora a la promoción de vivienda con protección pública con “criterios de sostenibilidad financera” en la redacción actual de la Ley de Bases, condiciona poner en marcha planes locales de vivienda coordinados con los planes urbanísticos para atender la demanda.

El propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances

En la legislatura siguiente pareció recuperarse la iniciativa con la creación de un grupo de trabajo en 2019 pero no hubo avances y se optó por dar prioridad al problema de la ocupación, proponiendo medidas al Gobierno central. Si bien la ocupación era en esos momentos un problema con impacto mediático y que creaba inseguridad y rédito político, lo cierto es que numéricamente era y es un fenómeno anécdotico y mayoritariamente circunscrito a promociones abandonadas, propiedad de empresas quebradas, bancos o fondos de inversión, muy localizadas en pocos municipios. Es cierto que podía haber mafias detrás y falta de agilidad en la respuesta, pero el gobierno autonómico tiene limitaciones competenciales para afrontar este problema.

En la legislatura actual el propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha se está quedando atrás mientras en otras comunidades se legisla para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, penalizan la especulación de los grandes tenedores, se buscan nuevas fórmulas para promover vivienda asequible o para limitar la subida del precio del alquiler.

Una ley de vivienda regional además de incluir esos aspectos debería prever mecanismos para la declaración de áreas residenciales tensionadas, con datos que proporcione un observatorio público y medidas para corregir el alza de precios del alquiler, limitar los cambios de uso residencial a turístico, crear un registro de demandantes de vivienda protegida eficaz para conocer la demanda y facilitar las adjudicaciones, garantizar la permanencia de la protección pública de las viviendas o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en sus transmisiones, entre otras cuestiones.

Asistimos a una inercia letal. La marcha atrás que vemos en la política castellanomanchega hoy no es un fenómeno aislado, sino el reflejo regional de una dinámica global y nacional ultraderechista, a la que se suma el desgaste de una gestión autonómica que, a fuerza de inercia, ha generado desencanto y abstencionismo en el electorado progresista de nuestra región.

Es un grave error seguir utilizando las mismas recetas de siempre: lo que ayer se vendía como estabilidad y moderación, hoy corre el riesgo de volverse prehistórico ante las urgencias del presente. El descontento y el malestar social que recorren nuestros pueblos y ciudades deben obligarnos, imperativamente, a activar una nueva imaginación política en Castilla-La Mancha.

El problema de la izquierda en nuestra comunidad es su progresivo divorcio con las mayorías sociales y la realidad rural y urbana de la región. La política con mayúsculas no puede reducirse al marketing institucional ni a una campaña electoral permanente desde los despachos de Toledo. Para que una alternativa transformadora funcione, se mantenga y sea capaz de disputar la hegemonía y romper el bipartidismo tradicional en las Cortes regionales, debe asentarse sobre un diagnóstico común y una unidad intelectual auténtica que entienda nuestra dispersión comunitaria.

Mientras la izquierda se desgasta en debates internos, las fuerzas conservadoras avanzan a base de inocular el miedo, azuzar el agravio territorial y fomentar el enfrentamiento bajo discursos excluyentes. Frente a la estrategia de fragmentar a la ciudadanía y condenar a nuestros municipios a competir por las migajas, la única respuesta real es la universalización radical de los derechos y el blindaje de los servicios públicos —la sanidad rural, la educación, la atención a la dependencia y el acceso al agua— a través de una Junta de Comunidades que actúe como un escudo protector real para todas y todos los castellanomanchegos.

Se peca de ingenuidad en la región. Limitarse a la 'buena gestión' o a un pragmatismo conformista es no darse cuenta de que, en la actual coyuntura, eso ya no basta. Hay que salir a la ofensiva cultural y social, siendo capaces de tejer un verdadero tejido comunitario y popular que movilice a la sociedad civil y sostenga mayorías legislativas estables y valientes en el Parlamento regional. Esta sería la única manera de frenar la judicialización de la iniciativa política y ayudar a la ciudadanía a diferenciar con claridad lo que son ataques partidistas espurios de las dinámicas de fiscalización democrática necesarias.

La conversación pública en nuestra autonomía se ha convertido a menudo en un 'totum revolutum' alimentado por dinámicas de confrontación nacional que saturan nuestros informativos y debates locales. Este ruido diario y la réplica mimética de las disputas de Madrid eclipsan las realidades y problemáticas específicas de nuestra tierra, diluyendo las discusiones sobre la precariedad laboral, el reto demográfico o la gestión de nuestros recursos naturales. Ni en el plano autonómico ni en el local vale ponerse de perfil; son imprescindibles las explicaciones claras, la transparencia absoluta y una fiscalización implacable ante cualquier sombra de clientelismo o mala praxis en nuestras instituciones.

Que a la desconexión o al acomodo de la gobernanza regional se le responda desde la oposición con una estrategia puramente destructiva y de enmienda a la totalidad, solo puede degenerar en un debilitamiento de la confianza de los castellanomanchegos en sus propias instituciones autonómicas, que es el verdadero epicentro del retroceso democrático.

Tanto fango mediático y polarización importada nos impide centrar la atención en los debates estratégicos, energéticos, medioambientales y económicos decisivos que están reconfigurando el mapa de nuestra región en el siglo XXI. Porque, nos guste o no, Castilla-La Mancha no es una isla inmune a los cambios globales, sino un territorio profundamente interconectado.

La desigualdad estructural y una gobernanza de la información fuertemente centralizada pretenden decidir qué nos debe conmover y qué realidades debemos esconder bajo la alfombra; rebelarse contra ello con imaginación y soberanía social es el gran reto de nuestro tiempo.

Más del 84 por ciento del articulado de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha está ya en marcha o en un desarrollo avanzado tras sus primeros tres años de vida, por lo que 37 de los 44 artículos evaluados en el informe trienal de esta norma presentan avances. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el informe de esta ley, que comprende desde mayo de 2022, momento en el que se puso en marcha, a diciembre del año 2025.

Ha apuntado que el informe de esta Ley evalúa la parte de la misma que insta al Gobierno a actuar de manera transversal, por lo que el grueso del análisis se centra en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley. “Hemos hecho lo más difícil, pasar de la ley escrita a la política pública real, a crear recursos, servicios, a poner presupuesto y a garantizar derechos en todo el territorio”, ha añadido la consejera.

Simón ha destacado así que “un hito imprescindible” de estos tres años ha sido la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI, que se ha ampliado durante este tiempo con atenciones presenciales en todas las capitales de provincia para “llegar de manera más cercana a todas las personas”.

Ha dado datos concretos de este servicio para indicar que desde 2023 a 2025 ha realizado 11.079 atenciones totales de las que 7.050 han sido actuaciones o atenciones especializadas, 4.066 psicológicas, 2.149 sociales y 835 jurídicas. “Más de 11.000 atenciones no son una cifra fría, son más de 11.000 ocasiones en las que una persona, una familia o un entorno encontró una respuesta pública, gratuita, especializada y segura”, ha afirmado.

Según Simón, este servicio no solo se ha creado sino que se ha consolidado, lo que se demuestra con el hecho de que las atenciones especializadas fueron 1.652 en el año 2023, pasando por 2.517 en el año 2024 hasta llegar a 2.881 en el año 2025. “Esto supone un crecimiento aproximado del 74% entre el primer y el último año del periodo evaluado”.

Cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude

Si se suman las consultas e información junto a las atenciones especializadas, el volumen total ha pasado de 2.731 intervenciones en el año 2023 a 4.497 en el año 2025, lo que supone un incremento cercano al 65% que para Simón significa que el recurso “se conoce más”, que “la ciudadanía confía más en él y que cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude”.

Finalmente, ha resaltado “otro dato especialmente relevante” como es el de que el SAI LGTBI ha acumulado en este periodo de tiempo 286 altas nuevas con expediente abierto, destacando que se trata de “procesos de acompañamiento, de itinerarios personales, de atención sostenida y de protección real”.

Junto a la ampliación del SAI, la consejera ha indicado que con esta ley también se han desarrollado otras acciones como la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Regional LGTBI, la celebración del Orgullo con una programación impulsada desde el Gobierno regional, la elaboración de protocolos o el avance en la creación de unidades especializadas como, por ejemplo, la unidad de atención sanitaria a personas trans e intersex.

En base a esta ley se han ido impulsando y mejorando las convocatorias de ayudas y de subvenciones, que llegan también a las entidades locales para la creación de los centros de promoción de la diversidad. “Hemos destinado medio millón de euros a financiar 88 programas y proyectos de las entidades sociales que componen el colectivo de la región, habiendo tenido un impacto sobre 107 municipios”.

Acciones formativas

Respecto a las acciones formativas, la consejera ha apuntado que a través de distintas acciones y en diferentes ámbitos, el Gobierno regional ha impulsado en base a esta ley programas formativos y de sensibilización que han llegado a más de 3.000 personas.

Se trata, ha indicado, de empleados y empleadas públicos con funciones administrativas, profesionales de la medicina, docentes, alumnado y, también, familias, “porque es imprescindible formar y concienciar para poder seguir avanzando para que la gente entienda que las posturas LGTBI-fóbicas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos”.

Con todo, la consejera de Igualdad ha afirmado que la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI es “muy joven todavía” aunque ha indicado que ya ha empezado a andar y ha dado “pasos contundentes” pese a que aún tiene “un importante camino que recorrer”.

“La aprobación de esta ley supuso la consolidación de un marco autonómico de actuación pública orientado a proteger los derechos de las personas LGTBI y a incorporar la diversidad en el conjunto de las políticas públicas del Gobierno regional”, ha remarcado Simón, que ha destacado que mientras en otras regiones se derogan leyes LGTBI y se retrocede en derechos, “aquí estamos hoy evaluando el desarrollo y el impacto de nuestras leyes en favor de la diversidad sexual”.

Según ha indicado, las personas LGTBI de otros lugares de España “están en riesgo de perder derechos hoy en día, sin embargo, aquí, en esta tierra, en Castilla-La Mancha, no”. “Aquí garantizamos los derechos y estamos ampliando servicios, aunque desde luego hay que tener claro que nada está blindado y hoy tenemos el compromiso del Gobierno, pero quizá en un futuro no sea así”, ha advertido.

Valoraciones de PP y Vox

El diputado de Vox David Blázquez ha lamentado que este informe no acredite el impacto social que la propia ley exige evaluar sino que acredite “una intensa actividad administrativa”. “Y precisamente esa diferencia explica que nuestro Grupo Parlamentario mantenga una posición profundamente crítica, tanto con este informe como con el modelo político que lo inspira”.

Ha lamentado que el informe parta de la premisa de que “toda diferencia de trato obedece necesariamente a una discriminación estructural”. “Nosotros creemos que esa conclusión no puede darse por supuesta y que las políticas públicas deben construirse sobre datos objetivos y no sobre presupuestos ideológicos y por eso echamos en falta un análisis mucho más riguroso de las causas concretas de cada problema, de la eficacia de cada medida y de la proporcionalidad del gasto”.

La diputada del PP Ana Cantarero ve como una virtud del informe que “desmonta parte del triunfalismo” del que “alardea” el Gobierno regional porque reconoce que la implantación de la Ley “está siendo desigual” entre territorios, que todavía existen “numerosos artículos” que ni siquiera han sido iniciadas o puestos en marcha y que faltan “instrumentos esenciales” que la norma prevé.

“Sí que sabemos cuántas actuaciones se han hecho pero no sabemos suficientemente si están cambiando realmente la vida de las personas y esa es una diferencia muy importante y un dato que tenemos que tener en cuenta, porque gobernar no solamente consiste en hacer, sino que consiste en obtener resultados y este informe recoge actividades pero no recoge resultados”, ha lamentado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.

La historia se repite. Hace más de cinco años que el Gobierno de Castilla-La Mancha se vio obligado ha aprobar una moratoria que paralizó la construcción de macrogranjas en esta comunidad autónoma, entonces disparada y con amplio rechazo social. Las nuevas licencias se suspendieron durante dos años y posteriormente el Ejecutivo regional aprobó un nuevo decreto para regularlas. El propio presidente autonómico Emiliano García-Page lo anunció. Ahora, ha vuelto a suceder, pero con las polémicas plantas de biometano, muy ligadas precisamente a la ganadería intensiva, puesto que principalmente realizan la valorización y tratamiento de residuos agroganaderos.

En esta ocasión no ha sido Page quien lo ha anunciado. Y tampoco su gobierno habla de moratoria como tal, pero una resolución del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha así lo establece.

Concretamente, esta propuesta, que los socialistas han aprobado en solitario tras abstenerse el PP y Vox, insta al Gobierno a aprobar un “marco regulador claro, restrictivo y garantista” que permita ordenar el desarrollo de las plantas de biometano desde el “respeto al territorio, la protección ambiental y la seguridad de los vecinos y vecinas”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha confirmado que de esta resolución del Parlamento regional emanará un nuevo decreto, pero no avanza los plazos para su tramitación y aprobación. Lo más curioso es que el Gobierno regional mantiene un Plan de Biometanización que todavía no ha visto la luz pese a que, en su origen, se planteó para el periodo 2024-2030, y al que se ha sometido ya a dos procesos públicos de consultas.

También es significativo que, según adelantó este periódico, el Ejecutivo esté preparando una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas en las que ha incluido el biometano. Está en fase de consultas, pero la incorporación de esta energía renovable en el borrador exacerbó los ánimos de las plataformas contra el biogás, cuyas movilizaciones han arreciado en los últimos meses y que han criticado duramente que el Gobierno autonómico no solo no adoptara medidas para controlar su expansión, sino que además quisiera dar mayor agilidad a algunos proyectos mediante esa etiqueta de “estratégicos”.

La cuestión es que el Ejecutivo de Page ha decidido echar el freno. Y lo va a hacer entrando de lleno en muchas de las cuestiones más polémicas, aquellas en las que han puesto el foco las plataformas: la falta de control, de transparencia, y los problemas con el transporte, los olores, los vertidos y la proliferación de expedientes.

En la resolución aprobada, se establece que el nuevo decreto debe respetar el “poder de decisión” de los ayuntamientos. La nueva normativa obligará a que únicamente con el visto bueno de los plenos municipales se pueda elevar la tramitación de plantas de biometano al órgano ambiental autonómico, “garantizando así cercanía y transparencia en las tomas de decisiones respecto a los vecinos de un municipio”.

Esta circunstancia puede afectar a muchos de los proyectos actualmente en trámite. Algunos han recibido el visto bueno de los ayuntamientos, pero en otros casos, han sido precisamente sus alcaldes y alcaldesas las que han frenado la implantación de proyectos. El más significativo ha sido el caso de la ciudad de Albacete, donde hace dos años el pleno aprobó una ordenanza municipal para impedir su implantación en la ciudad.

El Gobierno castellanomanchego también va a establecer restricciones a las aportaciones de materia prima de fuera del municipio y su entorno. Concretamente, el tamaño de una instalación deberá estar vinculada directamente a la capacidad de generar materias primas para las plantas de biogás en el propio municipio y en su comarca.

Distancias, balsas, olores y transporte

La futura norma obligará a que, al menos el 80% de la materia prima que se use en una planta se obtenga en el municipio en el que se instale y, como mucho, en un radio de 35 kilómetros de distancia. Con ello busca evitar instalaciones “alimentadas de residuos de lugares lejanos” a la ubicación, “vinculando la autorización de los proyectos al cálculo de la huella de carbono”.

Otra cuestión polémica. El futuro decreto prohibirá las balsas abiertas para garantizar que no haya olores ni contaminación del aire ni de los acuíferos. Todos los proyectos deberán tener “balsas herméticas y cerradas” que impidan las filtraciones de la materia prima.

Precisamente, sobre los olores, la nueva normativa obligará a las empresas a instalar medidores de calidad de aire y de control que puedan ser consultados, a través de internet, por el público en general. También tendrán que “modelizar” las “emisiones fugitivas” no solo en chimeneas o antorchas sino también en “fugas de válvulas, sellos de digestores y superficies de las balsas con programas de detección de fugas”.

En cuanto al transporte de los residuos agroganaderos con los que principalmente se alimentan estas instalaciones, tendrá que ser “hermético y en cubas cerradas”. Se prohibirá asimismo que vehículos con esa carga atraviesen los núcleos urbanos: los proyectos deberán diseñar “rutas alternativas y directas” desde las carreteras principales a las plantas de biogás o biometano.

La polémica cuestión del digestato (el principal residuo que genera la producción de biometano, generalmente comercializado como fertilizante) también ha hecho reaccionar al Gobierno de Page. El nuevo decreto obligará a contar obligatoriamente con un programa de tratamiento de digestatos y otro de tratamiento y aprovechamiento de agua para su reutilización para regadío en línea con los principios de la Agenda 2030 y de la economía circular.

Pero lo más relevante es que este producto solo se considerará un fertilizante “agronómicamente válido” cuando su tratamiento garantice su “estabilidad, seguridad sanitaria y eficacia nutritiva”, previa analítica en consonancia con las directivas de la UE.

Con carácter más general, el objetivo es aumentar los sistemas de control, bien a través del cuerpo de inspectores, bien de “entidades colaboradoras” de la Administración. El objetivo, según indica la resolución, es asegurar el principio de “quien contamina paga” como “elemento disuasorio” ante posibles incumplimientos de normativa.

Otra de las polémicas generadas por la proliferación de plantas de biometano ha sido su cercanía a los núcleos urbanos. La misma controversia que hay con las macrogranjas. El nuevo decreto ampliará las distancias en las que una planta de biogás o biometano se puede construir: a un mínimo de dos kilómetros desde el fin del núcleo urbano de un municipio.

Se derogarán las excepciones anteriores en materia de distancias

Con ello quedará derogadas las excepciones que permitían reducir las mismas a un kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, “garantizando previamente con un estudio de dispersión de olores para determinar la extensión del impacto por olor que pudiera generar la planta y garantizar que los 2.000 metros es distancia suficiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas”.

Y tras estas medidas, es cuando el texto aprobado establece de manera implícita una moratoria. Porque incorpora “la obligación de adaptación de todos los proyectos a la normativa y, mientras tanto, suspensión de la tramitación”.

“La nueva normativa debe obligar a todos los proyectos que estén al inicio de su tramitación a la adaptación íntegra de los mismos a las restricciones, garantías y exigencias de la nueva normativa en un tiempo máximo de entre 12 y 24 meses”, precisa.

Durante este tiempo y hasta que no se adapten, “no se debe continuar con la tramitación administrativa”. En definitiva, el decreto establece que la no adaptación del proyecto a las exigencias derivará en el “archivo del expediente y a la exclusión del proyecto de continuar con la tramitación”.

Finalmente, la normativa tendrá como objetivo último “garantizar el principio de economía circular”, reducción de la huella de carbono, así como contribuir “con alternativas agronómicamente válidas a la reducción del uso de nitratos y fertilizantes químicos en el suelo y subsuelo”.

Durante la tramitación en las Cortes regionales de la resolución que dará lugar a este nuevo decreto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que el Gobierno de Page será el “más estricto y garantista” de España, y que se “limitarán” las instalaciones o los proyectos empresariales que “hoy están encima de la mesa”.

“Tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho”, afirmó. Añadió que con ello además se va a dar a los agricultores y ganaderos una oportunidad de someter sus residuos y sus subproductos a una “valorización energética”, al tiempo que también se ofrecen “soluciones” al sector industrial.

Evitar que la región sea “un estercolero”

En paralelo, las plataformas regionales y locales contra estas plantas y Stop Ganadería Industrial mantienen la lupa puesta sobre los proyectos ya aprobados y los que actualmente están en trámite:

Básicamente, estos colectivos optan por un modelo energético “descentralizado”, usando el biogás para el autoconsumo y autoabastecimiento de núcleos pequeños de población. Al mismo tiempo, piden establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás: distancia a núcleos de población, distancia del origen de los materiales usados, limitar el tamaño para evitar los daños ambientales y molestias a la población.

Debido a su correlación o a un posible “efecto llamada” para macrogranjas, han pedido un plan para la reducción paulatina del número de cabezas de ganadería industrial hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. El objetivo: evitar que Castilla-La Mancha sea “una región estercolero”.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha rechazado este domingo lo que califica de “exceso identitario” en España, refiriéndose a aquellas posiciones políticas que “buscan privilegios en unos casos o que buscan excluir, en otros”.

Lo decía durante su intervención en el acto institucional por el Día de la Región que se celebra en Cuenca. “Vivimos en una época donde se reivindican excesivamente las identidades. La nuestra [por Castilla-La Mancha] es positiva, es complementaria y abierta”.

Frente al “exceso identitario”, decía, surgen figuras como la del papa León XIV que visitará España en unos días y que ha elegido como lema 'Alcen las miradas, bajen las barreras. Bellido se sumaba a ese mensaje asegurando que “todos somos somos sujeros de derechos humanos y todos somos iguales”, rechazando el odio y tirando de cita la Byron que consideraba al odio como “la demencia del corazón”.

El presidente de las Cortes regional advertía en su intervención que son esas marcadas identidades excluyentes las que “llevaron en el pasado siglo a las mayores matanzas, guerras y genocidios, y que aún hoy, en este momento, provocan guerras como la de Ucrania, genocidios... o el de Palestina, en definitiva, masacres como las que se están produciendo en diferentes lugares del mundo”, ha lamentado.

“Castilla-La Mancha juega un papel decisivo para reivindicar y subrayar identidades positivas y los derechos”, insistía, para reivindicar el papel de la región en el conjunto del Estado. “Ha contribuido a la unidad de España”, seguraba y también “a la idea de complementar la autonomía con el nivel de la Administración central”.

Elogio de la política “presidida por la honradez y las buenas formas”

Las Cortes de Castilla-La Mancha, recordaba, celebran el Día de la Región con su propio lema: “Nuestra palabra, tus derechos”, aludiendo a la importancia de lo que se debate en el Parlamento regional. Ha reclamado “el elogio y dignificación de la política” que, sostiene, “debe estar presidida por la honradez y las buenas formas y el respeto”, pese a la discrepancia.

En su opinión, la política “debería servir para organizar la convivencia de la ciudadanía” pero, señalando al panorama nacional, ha mostrado su preocupación de que “se la pueda envilecer”.

Bellido ha apelado a los partidos políticos con representación nacional a que se centren en los problemas importantes que tiene la sociedad, a que busquen soluciones y “no debates vacíos, inocuos, estériles, donde parece que lo único que destaca es ver quién más se insulta”.

“La ley en la dictadura es el garrote, en democracia son servicios”

Ha anunciado que las Cortes regionales preparan una gran celebración del hecho de la Transición en España “para traer al momento actual la capacidad de ceder o de entendimiento”.

En este punto se refería al hecho de que hoy las encuestas nacionales reflejen que “muchos jóvenes prefieran una dictadura a una democracia y lo tenemos que lamentar” porque “no hay nada más sagrado que la libertad” y eso fue, decía, lo que trajo la democracia, además de derechos. “No es solo votar, la ley en la dictadura es el garrote, pero la ley en la democracia supone servicios”.

Ha hablado del problema de la vivienda, de “la presión sanitaria” o de la salud mental para reclamar que la implicación de todos los niveles de la Administración pública y en particular “una implicación seria del Gobierno de la nación”.

No ha eludido citar a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, asegurando a que estas alturas “debía estar aprobado”.

En su opinión, “Castilla-La Mancha vive un momento especialmente dulce liderando solidaridad, progreso e igualdad” y cree que “somos región de moda en todos los rankings de progreso, con cosas que no estaban en guion”, presumía, como el interés empresarial por instalarse en la comunidad autónoma.

Celebramos este domingo 31 de Mayo el Día de Castilla-La Mancha, que coincide con la fecha en que en 1983 se constituyeron por vez primera las Cortes de Castilla-La Mancha, tras unas elecciones democráticas. Tal vez haya quien hubiese preferido, como en otras comunidades, haberlo ligado a una figura religiosa o una batalla medieval, pero que en una región con tanta historia hayamos escogido como referencia un episodio íntimamente ligado a la democracia resulta un hecho muy hermoso.

Permitidme por tanto que empiece este artículo reivindicando los vínculos entre la autonomía y el parlamento y entre la palabra y la ley. Ahí hemos situado precisamente el lema de la campaña con la que nos sumamos desde las Cortes regionales a este 43 aniversario de la trayectoria autonómica: 'Nuestra palabra, tus derechos'.

Una forma de subrayar que en el Parlamento debatimos con el objetivo prioritario de garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía, y que no perdemos de vista este propósito en nuestra labor legislativa, pero tampoco en nuestra labor institucional, que pretende ser ejemplarizante.

Echamos la vista atrás para celebrar aquel primer día de reunión de las Cortes y comprobamos que la Castilla-La Mancha de hoy no solo es una comunidad autónoma consolidada y con identidad propia, sino un territorio en el que se ha ganado mucho en prosperidad, calidad de vida, derechos y libertades. Por tanto, celebramos con el ánimo de seguir avanzando.

'Nuestra palabra, tus derechos' significa también que la labor que desempeñamos en la Cámara no es un mero teatro de ilusiones, donde a la palabra se la lleva el viento, sino que lo que se dice en un parlamento tiene una consideración, una trascendencia y una categoría mayores que lo que se dice en otros foros. Por supuesto que no quiero restar importancia a las consecuencias de lo que decimos en medios de comunicación o redes sociales, pero quiero destacar que lo que se dice (y se vota) en la Cámara exige un plus de responsabilidad y demanda unas formas exquisitas, con respeto a quien piensa diferente, pero sobre todo a la altura de la ciudadanía a la que representamos.

La palabra dicha en el Parlamento tiene un peso específico, una resonancia extraordinaria fuera de nuestras paredes y queda grabada como algo más que un mero testimonio en el Diario de Sesiones. De ahí que debamos ser conscientes de la importancia que tiene lo que decimos.

En un momento como este en el que prosperan la falta de entendimiento y la violencia verbal, este medio siglo nos debe animar a recuperar las buenas prácticas de la Transición: el diálogo como herramienta fundamental, la cortesía en el trato, la generosidad para ceder o el respeto a los pactos alcanzados

Celebramos este Día de la Región a punto de arrancar en Castilla-La Mancha un programa de reivindicación de medio siglo de democracia en nuestro país, el periodo más largo de prosperidad, convivencia pacífica e igualdad que hemos disfrutado en nuestra historia. Y lo hacemos con absoluta reverencia a quienes protagonizaron la Transición, superando sus enormes diferencias de partida para encontrarse en un punto en el que primaron ante todo el interés nacional y la construcción de un proyecto democrático, con la Constitución como pilar máximo. Todo esto no fue fácil, pero su ejemplo nos enseña que es posible otra manera de hacer política. En un momento como este en el que prosperan la falta de entendimiento y la violencia verbal, este medio siglo nos debe animar a recuperar las buenas prácticas de la Transición: el diálogo como herramienta fundamental, la cortesía en el trato, la generosidad para ceder o el respeto a los pactos alcanzados.

De aquel tiempo es fruto también nuestro Estatuto de Autonomía, del que nace nuestra propia comunidad autónoma. Junto con la Constitución y con la adhesión a la Unión Europea, de la que también acabamos de celebrar 40 años, han sido los tres motores que han situado a la España que venía de una dictadura en la vanguardia mundial en todos los planos: económico, social, cultural e incluso deportivo. Somos un país moderno, pero que ha crecido sobre todo en base a los valores democráticos y a unos esfuerzos de solidaridad entre personas y cooperación entre territorios que no debemos abandonar.

El Estatuto de Autonomía ha sido la herramienta más útil de la que hemos dispuesto en nuestra región durante todo este tiempo para avanzar en derechos, libertades y prosperidad. El salto es indiscutible y ya lo hemos destacado en numerosas ocasiones. Pero el paso del tiempo hace indispensable la actualización de esta magnífica herramienta. Y en esto mismo había coincidido la inmensa mayoría de la sociedad castellanomanchega y de su representación en la Cámara que presido y que aprobó hace un año, con amplia mayoría, una profunda reforma del Estatuto de Autonomía. Un texto que fue trasladado en otoño al Congreso para su tramitación, con una toma en consideración que a su vez recibió un apoyo tan amplio como prácticamente inédito en los tiempos que corren.

Por eso solo puedo lamentar como un terrible paso atrás que ahora la tramitación de este nuevo Estatuto haya quedado encallada en Madrid, cuando llegó fruto de un esforzado pacto de meses entre PSOE y PP y con el tejido social de la región. Esta parálisis resulta en sí misma una traición a la autonomía que justo ahora celebramos, en cuanto han sido las imposiciones desde Madrid de una de las partes las que han echado al traste un acuerdo adoptado desde y para nuestro territorio.

Se hace por eso imprescindible que desde Castilla-La Mancha defendamos este acuerdo aprobado con amplia mayoría en nuestra Cámara y que lo defendamos así, como está, como decidimos que fuera junto a la sociedad porque, de lo contrario, podríamos dar pie a que sea modificado en el Congreso por una imposición ajena y contra los intereses de nuestra región.

La importancia de aprobar el Estatuto tal y como salió de las Cortes regionales es imprescindible: en primer lugar, porque resulta trascendental esta reforma. Y también lo es porque nosotros y nosotras, más que nadie, tenemos la obligación de hacer valer la palabra dada. Aquí, más que nunca, nuestra palabra es la ley.

Cada 31 de mayo, las cinco provincias de la región se detienen para conmemorar un hito democrático que llegó tal día en 1983, fecha de la constitución de sus primeras Cortes. Lo que comenzó como un proceso para dotar de voz propia a un territorio históricamente fragmentado se ha ido transformando, con el tiempo y el esfuerzo de muchos, en una realidad social cada vez más compartida.

Desde la Sierra de Alcaraz hasta la Campiña de Guadalajara, la región celebra su capacidad para autogobernarse. No se trata solo de un festivo en el calendario, sino del recuerdo de aquel momento en la iglesia de San Pedro Mártir de Toledo, donde Castilla-La Mancha empezó a escribir su propia historia. Porque, detrás de cada paso, hay personas: agricultores, ganaderos, funcionarios, docentes, sanitarios y emprendedores que, con su trabajo diario, han ido dando forma a esta Comunidad.

Cuenca, corazón de la celebración

Este año, el corazón de la festividad late en la ciudad de las Casas Colgadas. Cuenca ha sido elegida para acoger el acto institucional, convirtiéndose en escaparate de la región.

El acto institucional se celebrará en el 'Teatro Auditorio José Luis Perales', reuniendo a representantes de la sociedad civil para la entrega de las Medallas de Oro de la Región. Estas distinciones reconocen el talento, el esfuerzo y la solidaridad de quienes llevan el nombre de Castilla-La Mancha más allá de sus fronteras. Muchas felicidades a todas las personas galardonadas.

Pero la celebración no se queda en los espacios oficiales. La ciudad se llena de música, artesanía y actividades culturales. Todo ello coincide con la modernización de los accesos al casco histórico, en un intento de conjugar patrimonio y accesibilidad sin perder su esencia.

Una región de contrastes: del surco al satélite

Si algo define a la Castilla-La Mancha de hoy es su dualidad. La región ha dejado de ser vista únicamente como “tierra de paso” para consolidarse como un territorio con voz propia, aunque no exento de desequilibrios y desafíos.

En el ámbito energético, se ha convertido en referente en energías renovables, hasta ser considerada el “huerto solar” de Europa.

Frente al desafío demográfico, se han impulsado medidas contra la despoblación. Aun así, muchos pueblos siguen luchando por mantener su vitalidad, mientras otros empiezan a atraer a nuevos habitantes que buscan calidad de vida sin renunciar a la conexión con el mundo.

El sector agroalimentario continúa siendo la columna vertebral de la economía regional. El queso manchego, el aceite de oliva y el vino —con la mayor superficie de viñedo del mundo— conviven con una nueva generación de profesionales que están renovando la gastronomía desde el entorno rural.

Los retos pendientes: agua y futuro

A pesar de los avances, el 31 de mayo también debe ser una jornada de reflexión serena. El acceso al agua y la gestión del trasvase Tajo-Segura continúan ocupando un lugar central en el debate regional, reclamando soluciones estables y equitativas para el desarrollo agrícola e industrial de Castilla-La Mancha.

Asimismo, la región mira al futuro con el reto de consolidar su papel como nodo logístico y de seguir diversificando un turismo que ya no busca solo la huella del Quijote, sino también el cielo estrellado de sus reservas Starlight o la tranquilidad de sus parques nacionales.

Conclusión: un proyecto en construcción

Castilla-La Mancha llega a este 31 de mayo de 2026 no como una suma de provincias aisladas, sino como un proyecto común que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, aunque no exento de tensiones, desequilibrios y debates sobre el modelo de desarrollo y convivencia territorial.

El balance de estas cuatro décadas muestra una región que ha crecido en cohesión y autoestima, pero que sigue necesitando del compromiso de todos para afrontar sus retos.

En un tiempo marcado por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones, Castilla-La Mancha afronta el reto de seguir reforzando la cohesión social y territorial sin renunciar a la pluralidad de voces que la conforman.

Aquella tierra que Cervantes inmortalizó como escenario de aventuras hoy continúa escribiendo su propia historia, con orgullo, con memoria y con la mirada puesta en el futuro.

Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

Las Cortes de Castilla-La Mancha van a celebrar el Día de la Región, este 31 de Mayo, con un programa de actividades que incluye la iluminación especial de la fachada con la bandera de la comunidad autónoma y una jornada de Puertas Abiertas con algunas escenas teatralizadas en su sede en el Convento de San Gil de Toledo, así como con una campaña mediática que lleva por lema ‘Nuestra palabra, tus derechos’.

Un año más, la institución que preside Pablo Bellido se adhiere a las celebraciones por el Día de Castilla-La Mancha, que coincide con el aniversario de la constitución por vez primera del parlamento el 31 de mayo de 1983. Lo hace además con una campaña en medios de comunicación y redes sociales, con el lema ‘Nuestra palabra, tus derechos’, con la que pretende reafirmar el compromiso con los avances legislativos y el bienestar de la población en estos 43 años de trayectoria autonómica y que, al poner el acento en la palabra y los derechos, aúna las dos funciones principales del parlamento: el debate político y la producción legislativa.

Teatro en los 'Gilitos' en la Jornada de Puertas Abiertas

Una de las principales novedades del programa de actividades con motivo del Día de Castilla-La Mancha en las Cortes Regionales pasa por una jornada de puertas abiertas que por vez primera en este aniversario -y como ya ocurrió en diciembre con motivo del Día de la Constitución- permitirá a la ciudadanía conocer la sede del parlamento en Toledo con una jornada de puertas abiertas que incluye algunas partes teatralizadas.

Además de las habituales explicaciones de la guía sobre el edificio y la actividad parlamentaria, una compañía de teatro ofrecerá escenas complementarias vinculadas a la historia y los usos pasados del Convento de San Gil, también conocido como ‘Gilitos’, sede del parlamento desde 1986.

Las personas interesadas en participar de forma gratuita en estas visitas guiadas, que tendrán lugar el sábado día 30 a las 10:30 y las 12:00 horas, tienen que dirigir un correo electrónico a la dirección puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925 259 808.

Iluminación de la fachada del edificio los días 30 y 31 de mayo

Además, ese mismo sábado en víspera del Día de Castilla-La Mancha y el propio domingo día 31 por las noches se procederá a la iluminación de la fachada principal del Convento de San Gil con una imagen en movimiento de la bandera autonómica, visible desde el propio patio de las Cortes Regionales, pero también desde diversos puntos de la ciudad de Toledo.

El presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, participará también el domingo en el acto central que la Junta de Castilla-La Mancha organiza cada año con motivo de este aniversario y que acoge este año la ciudad de Cuenca.

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo en la comunidad autónoma.

La propuesta que se ha debatido modifica la Ley 2/2002 que regula las diversas modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha. Las personas arrendadoras deberán depositar la fianza del alquiler ante la Administración pública, en el recién creado ‘Depósito de Fianzas’. Un depósito que será gratuito, sin intereses y se considerará un ingreso de Derecho Público de la Hacienda de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Fomento dispondrá hasta el 80 por 100 del importe total de esos depósitos y reservará, al menos, el 20 por 100 restante para las devoluciones (urgentes) que procedan. Mientras se mantiene el contrato de alquiler ese dinero no permanecerá inmóvil.

Se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, a actuar en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana, al fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción, a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda, a cooperar con los ayuntamientos para el impulso de actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana y a otras cuestiones como como avales, garantías públicas y ayudas en general para mejorar el acceso a la vivienda.

Además, hay otro cambio relacionado en este caso con la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) que se refiere al suelo de equipamiento público residencial destinado a “satisfacer las necesidades temporales de vivienda”, no solo para colectivos vulnerables, sino que se abre el abanico de posibles beneficiarios.

La vivienda dotacional pública es la que se construye sobre suelos de titularidad pública calificados urbanísticamente como sistema general o local de equipamientos. La norma permite la construcción de viviendas públicas de titularidad temporal mediante alquiler u otra fórmula temporal.

Se destinarán a residencia habitual de personas cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado. De esta fórmula quedan excluidos los duelos dotacionales de titularidad privada, los destinados a zonas verdes y espacios similares.

PSOE: la ley supone “esperanza” para los jóvenes

El diputado toledano del PSOE Álvaro Toconar ha sido el encargado de presentar la Proposición de Ley destacando que la norma supone “esperanza” para el conjunto de la ciudadanía y, en particular, para los jóvenes.

También ha citado otra de las medidas planteadas y ya en vigor a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la región 2026: “Préstamos del 20% para hipotecas que no dan los bancos, a tipo cero a los jóvenes”, que recoge la norma o al hecho de que se habrá más suelo para construir vivienda. Son, decía, “dos medidas que no hacen daño a nadie, sino que vienen a proteger proyectos de vida de mucha gente joven”.

La modificación legislativa que hoy se ha presentado, decía, está redactada en “poco más de folio y medio” y así ha justificado el procedimiento de hoy en las Cortes regionales para tramitarla. Se ha producido mediante lectura única, con menos nivel de debate del habitual y sin la posibilidad de presentar enmiendas. “No es capricho, sino una decisión de los servicios jurídicos de la Cámara”, ha defendido.

Toconar aseguraba ante el plenario que la norma viene a “aportar soluciones y luz” y por eso ha pedido en varias ocasiones el apoyo a los diputados de PP y Vox. “Esta ley es mejor que las que se están aprobando en otras comunidades donde gobierna el PP con o sin el apoyo de Vox”. Por eso, añadía, ha confiado en que “no les parezca bien que la gente joven pague el 100% de la hipoteca en vez de ahorrarse el 20%”.

Después se ha referido a la medida para aportar suelo al mercado inmobiliario que permita construir vivienda, “sujeta a algún tipo de protección pública”. El diputado socialista ha apelado a la “intervención en el mercado no solo para quienes menos ingresos tienen, sino para la gente en general. Hoy muchos con una situación aceptable no pueden acceder a la vivienda”, recordaba.

También ha reivindicado “valentía política”, no con la fórmula de hacerlo “a voces” sino “con el consenso y la vanguardia que es lo que ofrecemos”. Ha insistido en este punto en pedir “unanimidad” en el Parlamento regional que han rechazado PP y Vox.

PP y Vox calcan argumentos para rechazar las medidas

El diputado de Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina David Moreno ha criticado la forma de presentar la ley. “Es un acto de desprecio de estas Cortes al no permitir que se presenten enmiendas” y también ha cargado contra el “fondo” de lo que busca regular.

Ha calificado la ley de “engaño”. En su opinión, solo sirve al Gobierno regional “para sacar un titular” porque “no contiene ni una solo medida urgente ni eficaz para los jóvenes”. Moreno ha sugerido que se trata de una medida electoralista porque “Page ha incumplido sus compromisos. Anunció 50.000 viviendas que se rebajaron a 30.000 y después a 10.000. La realidad es que no han construido ni 1.000 en diez años”.

El diputado se ha preguntado por qué el Gobierno regional no incluyó estas medidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales para 2026, recientemente aprobada. Cree que ha sido algo “intencionado” además de “oportunismo político”.

El diputado de ultraderecha ha llamado al presidente regional “Emiliano García-Fraude” durante su intervención. En su opinión, las medidas de su gobierno “no favorecen el acceso a la vivienda”.

En concreto ha rechazado que se “imponga” el depósito obligatorio de la fianza en el proceso de alquiler de la vivienda. “Es dinero privado que a ustedes no les pertenece.  La Junta podrá disponer del 80% de esos fondos que son privados, insisto”, ha comentado durante su intervención. “Pretenden financiarse con las fianzas depositadas por el arrendador”, ha criticado, mientras “la vivienda en Castilla-La Mancha sigue encareciéndose”.

En este punto ha aprovechado para colar la agenda de Vox con la manida “prioridad nacional” para los españoles frente a “los que acaban de llegar” y en su argumento ha llegado a mezclar vivienda con niños y niñas migrantes, durante su intervención parlamentaria.

La diputada del PP Carolina Agudo se ha mostrado también muy crítica, y ha utilizado el mismo argumento que Vox para rechazar la propuesta. Cree que esta ley “es una operación de ingeniería jurídica” que quiere “usar el dinero de las familias para financiarse”.

Ni Vox ni el PP han contado que la medida para que la fianza del alquiler sea depositada ante la Administración pública busca que quien pague el alquiler tenga ese dinero garantizado. Un depósito que será devuelto al finalizar el contrato de alquiler y mientras será utilizado por el Gobierno regional precisamente para implementar medidas relacionadas con la vivienda.

La diputada ‘popular’ también ha criticado que la norma busque “abrir una vía excepcional” para liberar más suelo y construir vivienda y que no se haya aprovechado para modificar la Ley de ordenación del territorio y la actividad urbanística (LOTAU) o de la Ley del Suelo. “El modelo del PSOE quiere invertir el orden de la construcción, primero se dota de servicios y luego se construye. Page quiere hacer lo contrario”.

En opinión Agudo el Gobierno regional “quiere avanzar hacia un modelo de control” mientras que “nosotros queremos un modelo de libertad y de protección de la propiedad privada”.

Como Vox, el PP tampoco cree que vaya a solucionar el problema de la vivienda. “Lo que definen como la esperanza de muchos jóvenes de Castilla-La Mancha es folio y medio”, decía, de una iniciativa de “papel mojado” y opina que “el Gobierno de Page solo sabe anunciar, pero no gestionar y no tiene ni idea de lo que hacer con las políticas de vivienda”.  

También, al igual que Vox, ha criticado la forma en la que se ha debatido esta proposición de ley que es, dice, “una auténtica chapuza”. Ha reivindicado el “derecho” de la oposición para enmendar leyes y ha asegurado que “esto no es política de vivienda” sino “un parche”.  

Agudo ha llegado a asegurar que la normativa que presenta es Gobierno regional es una “copia” de la propuesta presentada por el presidente del PP, Paco Núñez. “Pues no les queda otra que votar a favor”, ironizaba el diputado socialista, para negar a continuación que eso sea así.

Hernando a PP y Vox: “Abandonen el espíritu de trinchera”

Nacho Hernando ha cerrado el turno de intervenciones asegurando notar a los partidos de la oposición “un tanto rabiosos” para, a renglón seguido, pedir que abandonen “el espíritu de trinchera” y su apoyo a la construcción de vivienda. “Lo único que hacen ustedes es construir un muro”.

“Me dolería mucho que no apoyasen la ley y después estuvieran, en sus consultorías y asesorías, tramitado préstamos de tipo cero porque también se están oponiendo a la regularización de migrantes y luego vemos cómo concejales del PP en Escalona y en El Casar de Escalona la tramitan”. Por eso pedía “coherencia”.

“Va a dar la sensación cuando voten en contra, que votarán en contra de la gente joven y de que puedan disponer de unos préstamos tipo cero y de que los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por ustedes, puedan contar con aún más suelo que van a poder gestionar para ofertar más viviendas a sus vecinos y a sus vecinas”, argumentaba el consejero.

Después, ha afirmado que buscarán “dinero debajo de las piedras y no será a través de los impuestos” y ha rechazado las críticas a la nueva modificación legislativa.

“Tenía que ser una ley exprés y les digo por qué: estamos haciendo algo que no hace nadie en España” para paliar la problemática relacionada con la vivienda, defendía el consejero. “La homeopatía ya no funciona y hay que acudir a cirugía mayor”, comentó introduciendo una de sus habituales metáforas. En este punto ha afeado a PP y Vox que no se muestren predispuestos a pactar sobre el “principal problema social” que es la vivienda.

En su opinión, “tan urgente es esta ley que no nos vamos a esperar a que Europa despierte”. El consejero ha puesto sobre la mesa la necesidad de nuevos fondos europeos “para invertir en materia de vivienda lo que hay que invertir, que es mucho”. En su opinión, “el problema de la vivienda afortunadamente se resuelve con dinero”.

Ha defendido también que “en lugar de tener el dinero de las fianzas muerto de asco, queremos que el dinero retorne a las familias y no que duerma el sueño de los justos en una cuenta bancaria sin que nadie lo pueda usar y garantizando la liquidez. ¿Que se piensa usted, que soy el gestor de las cuentas de Vox? Soy infinitamente más responsable y transparente”, ironizaba.

Después ha justificado la necesidad de habilitar más suelo “porque el disponible ya se ha utilizado” y en este aspecto ha comentado que en la actualidad hay 18.300 visados de obra nueva y que el 20% de las viviendas tendrá algún tipo de protección. Ha citado en concreto 170 viviendas con protección pública que se construirán en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en colaboración con el ayuntamiento.

No ha obviado el argumento de Vox sobre quién debe acceder antes a las viviendas. “Lo de la prioridad nacional… ¿Se imagina que aplicásemos el criterio en las Cortes de Castilla-La Mancha para los que acaban de llegar? Porque ustedes acaban de llegar y no me plantea ningún dilema. ¿O damos menos minutos de intervención en los debates para Vox porque acaban de llegar? ¿Es eso lo que plantean?”, preguntaba al partido ultra.

Ustedes hablan de prioridad nacional y quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia

Nacho Hernando — Consejero de Fomento

Hernando ha seguido insistiendo en esta cuestión. “Quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia. O que los que quieren eliminar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales… a la cola. ¿Ven cómo es absurdo?”, preguntaba a Vox.“Nos diferenciamos en que yo sí defiendo los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y ustedes todo lo contrario”.

Nacho Hernando ha pedido además “corregir el lapsus con el apellido del presidente”, al que el diputado de Vox había llamado ‘Emiliano García-Fraude’. “No creo que deban tener ese tipo de lenguaje soez y malsonante. Son ustedes de risita cobarde”, ha dicho, al “insultar” en el Parlamento regional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Vox, la reforma del Estatuto de las Personas Consumidoras, una modificación legal que actualiza el marco autonómico vigente desde 2019 para adaptarlo a la normativa estatal y europea, especialmente en materia sancionadora y de protección de derechos.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, de quien también dependen las competencias en materia de Consumo en la Administración regional, ha defendido que la reforma responde a la necesidad de ajustar el régimen sancionador autonómico a los cambios en la legislación nacional, que habían dejado obsoleta la normativa regional.

Según ha señalado, con el nuevo texto “se gana en seguridad jurídica y claridad normativa”, al adoptar las infracciones ya previstas a nivel estatal.

Además, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección de las personas consumidoras mediante mecanismos como el arbitraje de consumo y ha apelado al apoyo unánime de los grupos parlamentarios al considerar que la norma mejora la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Más precisión  y posibilidad de indemnización

La modificación del Estatuto introduce una definición más precisa de las infracciones, diferenciando con ejemplos concretos cuáles son leves, graves o muy graves, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas. Entre otras cuestiones, se consideran leves conductas como la falta de hojas de reclamaciones, mientras que se tipifican como graves fraudes en la información o características de productos y servicios, incluyendo la obsolescencia prematura o el uso de etiquetados engañosos.

Entre las infracciones muy graves se recogen situaciones como el corte de suministros básicos sin notificación previa o la subida de precios en contextos de emergencia o necesidad.

Uno de los principales avances del texto es la incorporación de la posibilidad de exigir la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños y perjuicios en el propio procedimiento sancionador, lo que evita que los consumidores tengan que acudir a la vía judicial para reclamar compensaciones.

Críticas de PP y Vox

Desde el Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy ha defendido que la reforma impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page busca reforzar la protección de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha y ha subrayado que es fruto del consenso.

Ha destacado mejoras en información y derechos, especialmente en vivienda, así como un mayor peso de la inspección, la mediación y el arbitraje, junto al impulso del consumo sostenible.

El diputado de Vox Iván Sánchez ha rechazado la norma al considerar que no protege suficientemente a los consumidores y que se centra en “endurecer sanciones”, además de advertir de un “laberinto normativo” y carencias en el acceso digital.

Desde el Partido Popular, Juan Antonio Moreno ha criticado que el Ejecutivo regional “pierde una oportunidad clave”, especialmente en el ámbito sanitario.

Ha recordado que el PP presentó 13 enmiendas para mejorar el texto, muchas de ellas rechazadas, y ha lamentado que la ley no aborde la regulación de la publicidad sanitaria ni refuerce los controles frente a prácticas engañosas como los “productos milagro”.

En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no dé respuesta a problemas reales de los consumidores y ha defendido la necesidad de garantizar una protección más efectiva, con mayor control de las prácticas abusivas y medidas concretas que eviten fraudes en el mercado.

Tal vez por inesperado suena singular que durante un foro sobre salud mental en la infancia y adolescencia pensado para denunciar la falta de recursos y alertar contra la “patologización” del malestar juvenil, un psiquiatra reivindique la filosofía para intentar entender el contexto. qué es lo que nos está pasando. Así ha ocurrido durante la celebración del I Foro 'Crecer con Bienestar organizado en Toledo por las Cortes de Castilla-La Mancha junto a UNICEF.

El reconocido psiquiatra Gabriel Rubio Valladolid, Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital universitario 12 de octubre, participó en la mesa de debate sobre 'Estrategias preventivas y asistenciales'. Natural de Torrejoncillo del Rey (Cuenca) ofreció “una foto muy real” de la situación que arroja la salud o enfermedad mental de niños y jóvenes, sobre la que la comisionada de Salud Mental, Belén González se había preguntado antes: “¿Estamos escuchando a los jóvenes o simplemente diagnosticándolos?”. La comisionada se mostró muy preocupada porque “el malestar juvenil tiene causas más profundas que, en muchas ocasiones, no se están abordando”.

El doctor empezó hablando del área que cubre su servicio, integrada por los distritos madrileños de Usera, Carabanchel y Villaverde con una sobresaliente población china, latina y procedente del norte de África “cuyos problemas son mayoritariamente atendidos por la sanidad pública porque no hay seguro privado apenas”.

Pero pronto se apartó del ámbito puramente asistencial para evidenciar “la necesidad de que podamos entender las angustias del hombre postmoderno, ahora que las humanidades han salido de los institutos”, dijo.

Este médico, que se dedica al área del alcoholismo con todas sus patologías asociadas, explicaba que en 15 años se ha dado cuenta de que ha cambiado mucho “la expresión clínica” y “los pacientes ya no son los mismos”.

Nos está faltando la psicopatología

Lamentó que a los psiquiatras “nos está faltando la psicopatología (disciplina científica, que estudia el origen, naturaleza y causas de los trastornos mentales y la conducta anormal) y por eso hemos recurrido a la filosofía”. Citó por ello a dos filósofos uno coreano y el otro germánico, el escritor y ensayista alemán Rüdiger Safranski, reconocido internacionalmente por sus profundas biografías filosóficas y sus ensayos sobre temas culturales y existenciales.

“Nos dan pistas sobre cómo el hombre moderno ya no se parece a los postmodernos que estamos aquí”, y señaló la importancia de que los profesores entiendan la necesidad que tiene un adolescente de responder la pregunta ¿quién soy yo? en una sociedad “que le ordena continuamente lo que tiene que ser”.

“Me siento extraño y lo tengo que decir por no aprovechar el foro para pedir más psicólogos. Van a pensar ustedes que soy gilipollas. Yo no quiero que haya más psiquiatras y policías en los centros porque serían psiquiátricos o cárceles”, añadió posteriormente.

Y en esa necesaria búsqueda de explicación para lo que nos afecta y condiciona hoy a las personas, el psiquiatra consideró que es la universidad “la que puede explicar a nuestra comunidad de profesores que está pasando en los últimos 25 años en nuestro país”. “Están para eso. Ser un lugar donde pensemos y dar ideas para políticos”.

Contó que en el año 2021 se creó en su hospital una unidad de ingreso de adolescentes y llamó la atención de los asistentes sobre La Fundación Teatro Joven, una plataforma sin ánimo de lucro de ámbito nacional que actúa como punto de encuentro entre jóvenes apasionados por el teatro, profesionales de las artes escénicas y cientos de profesionales de la docencia.

Obras de teatro para concienciar

“En colaboración con las consejerías de educación de las comunidades autónomas pasean las obras por teatros de toda España. Se organizan matinales para institutos y luego los profesores establecen coloquios en sus clases sobre el tema de la obra. En una temporada remarcó el impacto es de 200.000 adolescentes en todo el país”.

El doctor Rubio captó para la Unidad de ingreso del Hospital 12 de octubre a actores de esta fundación para que realizaran con los pacientes actividades como bailar y pintar, ajenas a su trastorno, de manera que pudiera ser la fundación un lugar donde puedan continuar colaborando en adelante. “Si ha tenido que venir el teatro a los institutos es porque falta más Shakespeare o más Rousseau. Hablemos con serenidad y pongamos en la educación lo que le falta”.

“Hemos propuesto la realización de talleres dirigidos al profesorado de centros de enseñanza de nuestra área de influencia sobre adicción a las pantallas y acoso escolar y hemos adaptado la novela 'Invisible' (De Eloy Moreno), una obra dirigida a ese amplio grupo de chicos y chicas que mira para otro lado (…) No queremos que la prevención vaya de arriba abajo. Hay que empoderar a jóvenes para que sean vectores”.

La mencionada novela narra el doloroso proceso de acoso escolar (bullying) desde la perspectiva de un niño que desea ser invisible para escapar del maltrato. La obra visibiliza cómo las víctimas son ignoradas por su entorno.

Para terminar su intervención, el especialista llamó la atención sobre un colectivo al que dijo que él no puede ayudar, el de los adolescentes que han delinquido y permanecen recluidos. Pidió unificar criterios para el funcionamiento de esos centros. “Porque me dicen que son diferentes en cada comunidad autónoma. Poneos de acuerdo para que sean más homogéneos”.

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá y votará el Proyecto de Ley de Modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras, que supone la adaptación del actual texto, vigente desde 2019, a la normativa estatal y europea, especialmente en lo relativo al régimen sancionador y al reconocimiento de la posible indemnización para el consumidor.

El nuevo texto destaca especialmente porque actualiza el régimen sancionador, ajusta mucho más con ejemplos claros que son fracciones leves, graves o muy graves y contempla la indemnización por daños a la persona consumidora, según ha valorado Fernando Mendoza Carpio, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM)

Así lo señalaba también tras la aprobación del texto por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre la consejera Portavoz, Esther Padilla, destacando que la legislación básica estatal ha experimentado cambios importantes, sobre todo en relación con el régimen sancionador, de manera que dejó desajustada la regulación autonómica, lo que hacía necesaria su actualización.

La modificación consolida un marco autonómico más claro y más útil. “Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor. Queremos una Administración que proteja y que elimine lagunas y contradicciones”, señalaba Padilla.

Tipos de infracciones con ejemplos

El nuevo texto elimina posibles interpretaciones concretando con ejemplos lo que son infracciones leves, graves y muy graves, “han acotado más enumerando las sanciones que hasta ahora no se hacía”.

Así por ejemplo, el texto contempla con leves la incorrección, falta de consideración o respeto a las personas consumidoras, no tener o negar las hojas de reclamaciones.

Son graves, entre otras, “el fraude en el origen o en la presentación de los productos o servicios, en su calidad, en su marca, en su composición, peso o medida, en su duración, o cuando los mismos no se ajustan a lo declarado o contratado por cualquier medio. La obsolescencia prematura también se considera fraude en la duración. También se considerará fraude el uso de etiquetas, rótulos o cualquier otra información que induzca a engaño o confusión o enmascare la verdadera naturaleza del bien o servicio y en particular la comercialización, distribución o venta de productos sin marcado CE o con el marcado CE falsificado o sin documentar”.

En las infracciones muy graves se contempla, por ejemplo, “el corte de suministro de servicios básicos sin constancia efectiva de recepción previa por la persona consumidora de una notificación”, o “en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora, el incremento de precios finales de venta cuando se produzca un incremento de la demanda de los productos afectados por las citadas situaciones de emergencia”.

La modificación mantiene, además, las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia.

Según Fernando Delgado, el nuevo texto “refuerza también la protección de los entornos digitales y se refuerza la protección y la transparencia” y considera que “hay un impulso de consumo responsable en cuanto modifican los hábitos de consumo y se le da cabida en esta modificación”.

En su caso, lo que más ha valorado es la modificación del artículo 149 del nuevo texto que establece que “en el procedimiento sancionador podrá exigirse a la persona infractora la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios causados a la persona consumidora. ”Según el presidente CAVE-CLM, “el problema que teníamos los consumidores a la hora de denunciar un hecho o recurrir a un arbitraje de consumo por vía amistosa es que se producía una alteración y se te reconocía, pero el derecho a la indemnización no se contemplaba; en este nuevo texto se habla ya de reposición de situación alterada o indemnización de daños y perjuicios y ahí sí que ha habido un adelanto sustancial porque hasta ahora se te reconocía el dolo pero la vía indemnizatoria por perjuicio, no”. Esto suponía que para pedir una indemnización tenía que recurrirse a la vía judicial.

En este mismo sentido, en la presentación del texto, la consejera Portavoz señalaba que la reforma incorpora también un bloque de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mediante la eliminación de ambigüedades y la definición precisa de los conceptos que determinan cuándo existe una infracción. “Es importante destacar que ahora queda claramente definido qué es una infracción y qué sanción corresponde, lo que evita dudas en los tribunales y redunda en la protección de las personas consumidoras”.

Según el Gobierno,  el texto regional va más allá de la regulación estatal concretamente expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden dar lugar a dudas cuando se produce un conflicto. “¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?”, señalaba la Ester Padilla tras la aprobación, pero con esta reforma se elimina esa subjetividad. Para ello, se detallan casos concretos como no entregar hojas de reclamaciones, no dar un presupuesto por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones que todas y todos conocemos, y recogerlas expresamente garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, afirmaba.

14 enmiendas aprobadas

El texto de la modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha llegará al Cortes regionales con 14 enmiendas aprobadas, 8 de ellas transadas entre PSOE, PP y Vox, pero deja fuera la regulación de la publicidad sanitaria que reclaman los 'populares'. Tras pasar por la Comisión de Sanidad el pasado marzo rechazaron 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, y se aprobaron las cinco del PSOE, una de ellas transada.

La enmienda del PP, según explicaba su portavoz, Juan Antonio Moreno Moya, exigía garantizar en la región una publicidad sanitaria “veraz”, información sobre los tratamientos y precios de esas prestaciones y que la administración refuerce el control sobre prácticas engañosas.

Entre las mejoras al texto, el PP también proponía que las entidades que operen en Castilla-La Mancha garanticen mecanismos accesibles de información a las personas consumidoras sobre la cesión de sus créditos cuando esta afecte directamente a la gestión ordinaria del contrato o a los canales de interlocución existentes.

De las 14 mejoras enmiendas propuesta por Vox tan solo prosperaba una, que ha sido transada. El resto, se mantiene 'vivas' para su debate en pleno.

Una de las enmiendas rechazadas, Vox pedía evitar que se eliminase la obligación de generalmente una entidad bancaria o un fondo, de informar al consumidor deudor cuando un acreedor, generalmente una entidad bancaria o un fondo, cede el crédito, denunciando que el Gobierno regional, que se apoya en posibles conflictos competenciales y su encaje con la normativa europea, “deja al consumidor desamparado”.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido el apoyo del PP regional a la reactivación de la carrera profesional sanitaria, “que deje el cabreo y se sume” al acuerdo que han suscrito este lunes el Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes sindicales.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha anunciado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE que el Grupo Parlamentario Socialista va a llevar a las Cortes regionales una iniciativa para conseguir el apoyo del PP y pedir al Gobierno regional que apruebe esta Ley cuanto antes.

Ha recordado que el PP eliminó la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha, y ha estado 11 años, “diciendo día sí y día también que hay que recuperarla, pero hoy, cuando el Gobierno de esta región y los sindicatos se reúnen para firmar y acordar la recuperación, hoy no tiene nada que decir”, solo demostrar que les molesta. Considera que el único mensaje que tendría que haber tenido hoy el PP es que se comprometen a apoyarla.

En este punto, Abengózar ha reclamado a los 'populares' “que dejen ese cabreo a un lado y que se sumen a remar a favor de Castilla-La Mancha y, en este caso, del servicio público de salud”, que de verdad se comprometan a favor de los profesionales sanitarios, porque, hasta ahora, lo único que han demostrado es “pura hipocresía”, en todas sus declaraciones, ha lamentado.

“Hipocresía cuando decían que querían recuperar la carrera profesional sanitaria y hoy, sin embargo, muestran cabreo; hipocresía cuando hablan de corrupción, pero Castilla-La Mancha fue el epicentro de la 'Kitchen' con Cospedal; hipocresía cuando hablan y critican la regularización de inmigrantes, y tenemos a dos concejales del PP promocionando esa regularización y lucrándose de ella. Esta es la hipocresía constante del PP, hablemos del asunto que hablemos”, ha criticado.

Los socialistas dicen que hoy es un “día histórico”

Abengózar ha aseverado que hoy es un “día histórico” para la sanidad pública regional, y ha recalcado que con la carrera profesional sanitaria se culmina la recuperación del sistema público de salud que lleva realizando desde hace 11 años el Gobierno del presidente Page.

Un Gobierno “empeñado” en recuperar servicios, en recuperar derechos, en recuperar todo lo recortado y suprimido en la época del PP, ha apuntado.

Así, ha concluido, hoy hay 13.000 profesionales más, con mayores derechos laborales, hay mejor tecnología, hasta cinco hospitales públicos nuevos que el PP eliminó de su planteamiento, y una mayor cartera de servicios.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este lunes que se niega a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea como el Estatuto de Bayona, “un estatuto impuesto, cercenado por las Cortes Generales y manipulado”.

“Lo que no se permitiría para Cataluña, para Andalucía, para el País Vasco o para cualquier comunidad autónoma, no se debe permitir para Castilla-La Mancha”, ha apostillado Bellido en Toledo durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Parlamentario celebradas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Su posición personal --ha abundado-- es que el Estatuto de Castilla-La Mancha debe ser aprobado con las correcciones que los constitucionalistas establezcan para ajustar las cuestiones competenciales oportunas y para respetar evidentemente el marco estatal en su totalidad.

“Nosotros no hemos querido provocar en ningún caso” y “nadie espera en la Comisión Constitucional ni en el Congreso de los Diputados que el Estatuto de Castilla-La Mancha suponga cercenar las competencias del Estado como sí ha ocurrido en otros estatutos”.

Dicho esto, y “salvando estas cuestiones que evidentemente son técnicas y que deben ser muy pulcras”, ha apuntado que “ha de respetarse lo que se aprobó en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha y sobre todo lo que fue confeccionado con la participación de los principales poderes sociales y representativos de Castilla-La Mancha, además de los partidos políticos”.

Por eso, ha confiado en que “en algún momento podamos tener un magnífico Estatuto de Autonomía a la altura del resto de comunidades autónomas y aprobado por amplísimo consenso”. “Si hemos sido capaces de darle trámite y de iniciar el debate, debemos ser capaces de concluirlo satisfactoriamente y sin traicionar lo que en Castilla-La Mancha es un deseo y es la voluntad mayoritaria del pueblo de esta tierra”, ha apuntado el presidente de las Cortes regionales.

Durante su intervención, Bellido ha dicho que es “la quinta, pero más sustancial” reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y cuenta de origen con el 90% de consenso entre los representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha. “No solamente es que haya un gran consenso político, sino también un enorme consenso social”.

“Es el Estatuto de la sociedad de Castilla-La Mancha”

“Se puede decir sin exagerar que es el Estatuto de Castilla-La Mancha de la sociedad de Castilla-La Mancha, el que desea la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha subrayado.

Entre sus principales novedades, ha citado, aparece un blindaje de servicios públicos muy ligados a los servicios esenciales y al mundo rural, “una defensa de nuestros recursos hídricos”, y también por medidas ligadas a la accesibilidad y a la extensión de nuevos derechos, como la protección de las víctimas de violencia machista o aportaciones muy novedosas en el marco constitucional, como la primera referencia a la inteligencia artificial.

Ha rememorado que el asunto que ahora mismo impide que este Estatuto de Autonomía haya sido aprobado y que permanezca en este preciso instante congelado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es el número de diputados para 2031. En el mismo se aumenta el número de diputados para situarlo en torno “a 50 y tantos”, muchos menos que por ejemplo en Castilla y León, en Aragón o en Extremadura.

“Todos los partidos políticos han asumido que en Extremadura, por ejemplo, se hayan elegido 66 diputados”, que es el doble de los actuales de Castilla-La Mancha. “Esto mismo ocurre con Aragón, que también ha elegido 67 diputados, con 1.400.000 habitantes”, mientras en Castilla-La Mancha, con 2.100.000, “tenemos 33”, ha dicho.

Dicho todo esto, ha querido hacer hincapié en que el Parlamento de Castilla-La Mancha es “con mucha diferencia” el Parlamento “más infrarrepresentado de todo el país” y además “se hizo por una decisión unilateral”, ha criticado.

“Era razonable que una decisión unilateral haya sido revertida por una decisión colegiada, compartida, pero bueno, parece que lamentablemente esto no va a ocurrir, salvo que al final del ciclo electoral de 2026 haya una rectificación por parte de quien aquí votó una cosa, aquí aportó una cosa y ahora en Madrid dice la contraria”, en referencia al Partido Popular de la región.

“¿Alguien me puede explicar del PP y Vox en Castilla-La Mancha por qué en Extremadura han pactado que en esa región tengan 65 diputados (el doble que en Castilla-La Mancha) siendo la mitad de habitantes?”. Es la pregunta que este viernes ha planteado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, después de conocer el texto del acuerdo suscrito entre ambas formaciones en la vecina comunidad extremeña para permitir al configuración del Gobierno regional, cuatro meses después de las elecciones autonómicas.

En diciembre de 2025, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea regional de los 65 actuales a 33, los mismos que tienen ahora las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo justificaba en la necesidad de reducir el “gasto en política” que, según dijo el bipartidismo de PSOE y PP “engorda” constantemente.

Sin embargo, en el pacto de Gobierno suscrito ayer mismo entre PP y Vox para facilitar el Gobierno en Extremadura, este aspecto no aparece.

Sergio Gutiérrez se ha preguntado por las razones que han llevado al PP castellanomanchego a romper el pacto suscrito con el PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía, dando marcha atrás a la posibilidad de que el Parlamento regional pase de poder tener un máximo de 35 diputados (ahora tiene 33) a un máximo de 55, según el texto de la reforma. “¿Cómo es posible que permitan que Tellado [en alusión al secretario general del PP nacional] humille el pacto firmado entre todos en Castilla-La Mancha, con un argumento que no sostienen en las regiones vecinas?”, ha comentado en una publicación a través de las redes sociales

El secretario de Organización de los socialistas en la región cree que el presidente de PP castellanomanchego, Paco Núñez, “debería dimitir por su traición al pacto del Estatuto de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el pacto extremeño ha pemitido a María Guardiola volver a gobernar en Extremadura, “donde Vox pidió reducir diputados y no lo ha permitido el PP” y eso, cree, demuestra que los 'populares' en Castilla-La Mancha “son unos títeres intervenidos por Tellado”.

El PSOE anunció que esperará a la celebración de las elecciones en Andalucía para retirar la reforma -cuyo texto está ahora varado en el Congreso de los Diputados, a la espera del debate de enmiendas- o seguir adelante con su tramitación.

El PP se mantiene: “No más diputados”

Sin embargo, la postura del Partido Popular castellanomanchego parece inamovible. Este viernes, a preguntas de los medios sobre este asunto recogidas por Europa Press, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha manifestado que él quiere que haya Estatuto de Autonomía pero no “que haya más diputados”, insistiendo en su intención de dejar la horquilla de parlamentarios donde estaba.

A juicio del líder regional del PP, la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha “está viva”, por lo que ha invitado a los socialistas a decir qué es lo que quieren hacer con este texto y a tramitarlo en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convocar la Comisión de Constitucional para ver las enmiendas que tanto el PP como otros partidos han presentado.

“Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga. Pero es que el pacto está vivo, el Estatuto está vivo y se está tramitando en el Congreso de los Diputados”, ha subrayado el presidente regional del PP, quien ha asegurado que “comprar el argumentario del PSOE es muy peligroso” y que, en cualquier caso, el PSOE debe “explicar por qué no quiere tramitarlo en el Congreso”.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir hoy explicaciones sobre cómo gestiona Vox el dinero público y ha reprochado al líder regional David Moreno que no se pronuncie cuando otros dirigentes de su partido están reclamando cambios internos, más transparencia y la convocatoria de un congreso extraordinario en la formación ultra.

De igual forma ha pedido a Paco Núñez -presidente del PP de Castilla-La Mancha- que exiga a los alcaldes de su partido que gobiernan con Vox que investiguen cómo usa su socio de gobierno el dinero público.

Los socialistas se pronuncian así después de que la vicealcaldesa de Toledo y líder local de Vox en la capital volviese a pedir a su partido “más transparencia” sobre la gestión interna del dinero porque hay “dudas”, tal y como explicaba en una entrevista publicada este fin de semana el The Objetive. Inés Cañizares volvía a insistir en la necesidad de una reflexión interna apenas unas semanas después de firmar un manifiesto para exigir un congreso extraordinario.

Hoy el PSOE, a raíz de estas declaraciones, se pregunta “cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha y si van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos” cuando el pasado mes de diciembre se conocía que habían destinado parte del dinero que la formación recibe por su representación en las Cortes de Castilla-La Mancha “para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido”.

La Intervención del Parlamento autonómico detectó la práctica y eso provocó un cambio en el Reglamento que rige el funcionamiento de las Cortes regionales. Se aprobó una modificación con el fin de que los fondos públicos que reciben los grupos parlamentarios se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional, sin que puedan desvivarse a otros fines, como por ejemplo mejorar las finanzas de los partidos nacionales.

Un dardo a Paco Núñez para investigar a sus socios de gobierno

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha dirigido también al Partido Popular. Ha dejado caer que esta misma práctica “se habría reproducido en distintos ámbitos municipales de Castilla-La Mancha”, donde los 'populares' gobiernan con Vox.

Los socialistas lanzan un dardo a Paco Núñez al que interpelan sobre la cuestión, sobre cómo está usando Vox el dinero en el ámbito local. “No puede seguir guardando silencio ante unos hechos que afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación”, señalan.

Los socialistas preguntan directamente al presidente regional del PP si va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, “va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada”.

“Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular”, señalan desde el PSOE regional.

Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular

Por otro lado, han apuntado a que una de las primeras comprobaciones “debería realizarse en municipios como Talavera de la Reina”, donde consideran necesario “esclarecer con detalle” cualquier actuación relacionada con el uso de los fondos públicos por parte de Vox. En aquella localidad, el teniente de alcalde es David Moreno, líder regional de la formación ultra.

“El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades”.

Sin embargo, desde el PP, la secretaria general Carolina Agudo se ha limitado a decir que su formación no valora los asuntos internos de otros partidos.

La grieta de Vox sigue agrandándose

Los socialistas consideran que la “crisis abierta de Vox ya no puede ocultarse” y creen que la situación ha ido escalando en los últimos meses.

Sobre la falta de transparencia, el runrún interno en Vox, han recordado varios casos que consideran “de enorme gravedad” como las supuestas irregularidades contables de la asociación juvenil satélite de Vox, Revuelta, relacionadas con fondos destinados a víctimas de la dana y que llegaron a salpicar al diputado por Toledo en el Congreso, Manuel Mariscal.

Que la grieta se agranda en Vox lo ha vuelto a poner hoy en evidencia el portavoz de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que ha cargado contra Inés Cañizares, una de las más críticas en su exigencia de cuentas a su partido: “Cuando estuvo en las altas esferas del partido y vio cómo funcionaba, no se quejó absolutamente de nada”.