El PP valenciano y Vox validan ‘prioridad nacional’ en vivienda por arraigo de 10 años pese a que la UE solo permite cinco

La regulación del principio de “prioridad nacional” aprobada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana se sitúa al margen de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea. La doctrina fijada por la propia Comisión Europea –tal y como explica el Ejecutivo comunitario en respuesta a una iniciativa parlamentaria sobre el acceso a la vivienda y las ayudas públicas– concluye que los Estados miembros carecen de cobertura legal para imponer requisitos de residencia superiores a los cinco años a los extranjeros legalmente asentados, conforme marca la legislación europea.

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes han aprobado, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

Durante una sesión dedicada de manera monográfica a la crisis habitacional y la inmigración, el debate ha evidenciado la profunda división en la cámara. Mientras el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido las medidas para atajar los problemas del sector frente a quienes considera que “nunca han dado un palo al agua en materia de vivienda” –en referencia al PSPV y a Compromís–, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la restricción de acceso argumentando la limitación de recursos frente al incremento de la población inmigrante.

Por su parte, los grupos de la oposición han rechazado de forma tajante esta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurado un modelo que contrapone la protección de las personas vulnerables con el respaldo a “los fondos buitre y la pura especulación”, al tiempo que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Vox de eludir las soluciones reales en materia residencial para “inocular odio” en el debate político valenciano.

La “prioridad nacional”, rechazada por Bruselas

Toda esta controversia tiene su origen en la Ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. En su artículo 45, la norma valenciana habilita el desarrollo reglamentario de la “prioridad nacional” en materia de vivienda de protección pública en régimen de compra y exige para la inscripción como demandante “un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España de manera continuada o interrumpida”.

Esta exigencia de una década de arraigo duplica el tope fijado por el Derecho comunitario. Así lo establece el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en su respuesta a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, en la que la Comisión aclara que el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración la plena igualdad de trato con los nacionales en el acceso a las prestaciones sociales y a los procedimientos de vivienda.

Brunner recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide el endurecimiento unilateral de estos criterios por parte de las administraciones regionales o nacionales. “Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido”, asevera en su contestación. Asimismo, la Comisión advierte de que cualquier requisito de residencia que perjudique de manera desproporcionada a los residentes de otros Estados o a los nacionales de terceros países incurre en una “discriminación indirecta” prohibida por el ordenamiento europeo.

Con la posición de la Comisión Europea por escrito, Marzà ha registrado una nueva pregunta ante el Parlamento Europeo dirigida de manera específica a la Ley de Acompañamiento aprobada en las Corts Valencianes. En su texto, el eurodiputado inquiere directamente al Ejecutivo comunitario si considera que el artículo 45 de la norma valenciana incumple el marco legal europeo y qué medidas prevé adoptar frente a una disposición que ya se encuentra en vigor.

Marzà, en declaraciones a elDiario.es, admite que la primera consulta, motivada por los acuerdos de gobierno impulsados por la derecha y la extrema derecha en comunidades como Aragón, persigue acorralar las políticas de exclusión social: “La Comisión ha confirmado que es ilegal y PP y Vox han aprobado una cuestión que, según lo que afirma el comisario Brunner, es ilegal”, argumenta el parlamentario para fundamentar la invalidez de la norma valenciana.

A juicio de Marzà, la posición emitida por el comisario austríaco, encuadrado en el Partido Popular Europeo, evidencia que las medidas de la derecha valenciana se alejan del propio consenso comunitario. “Se demuestra claramente que no tienen ninguna solución viable para nada y que lo único que quieren es generar odio y confrontar a la gente. Todo lo que dicen que van a aplicar es falso que puedan aplicarlo”, sostiene el eurodiputado valencianista a la espera de respuesta a su última pregunta.

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha explicado tras conocer la respuesta de Brunner que la formación valencianista ya había denunciado este criterio y ha recordado la presentación de un requerimiento ante el Defensor del Pueblo por la “presunta inconstitucionalidad” de este concepto. “La Comisión Europea ha dicho claramente que la Ley de Acompañamiento incumple la normativa europea en lo referente al concepto de Vox de 'prioridad nacional'; veremos qué hace el Partido Popular”, ha apuntado Baldoví. El portavoz ha añadido además que sumarán la contestación de la Comisión Europea a la denuncia ante el Defensor del Pueblo para dar más fuerza a su acción legal.

Pérez Llorca no ve “ningún problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la misma línea manifestada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la “prioridad nacional” pactada con Vox en materia de vivienda y ha restado importancia a las advertencias jurídicas tras la respuesta de Brunner a Marzà. El jefe del Consell ha asegurado que no existe “ningún problema” con estas medidas y ha argumentado que su aplicación es habitual en las ordenanzas de la mayoría de los ayuntamientos al margen de su color político.

Asimismo, Pérez Llorca ha calificado de “estéril” el debate generado en torno a este asunto y se ha reafirmado plenamente en los acuerdos de gobierno con sus socios. El mandatario autonómico ha afirmado que no se arrepiente “de nada del pacto”, destacando que este entendimiento aporta estabilidad a la Comunitat Valenciana, rebaja la presión fiscal y promueve la construcción de vivienda protegida en el territorio.